Hay una escena que se repite una y otra vez en nuestro país, “Las pavas les tiran a las escopetas”, los farsantes y manipuladores se roban el “show”, hacen circo y manipulan al pueblo costarricense con falsas promesas.
El gobierno de Rodrigo Chaves 2.0 se autodefine como un supuesto “enemigo” de las élites económicas, habla contra los privilegios y se presenta como la voz del pueblo. Pero cuando llega el momento de gobernar, las decisiones siempre terminan favoreciendo al mismo sector financiero y empresarial que concentra la riqueza del país, mientras las cargas recaen sobre quienes viven de su trabajo. Esa es la verdadera hipocresía, el discurso cambia, la estructura de poder permanece intacta.
Cada reforma fiscal, cada intento de trasladar impuestos al consumo, cada congelamiento salarial, cada debilitamiento de los servicios públicos y cada ataque a la organización sindical terminan protegiendo el mismo modelo económico. Un modelo donde la riqueza producida por millones de trabajadores termina concentrándose en pocas manos, mientras el pueblo recibe salarios de hambre, servicios públicos deteriorados y un costo de vida cada vez más alto.
Sin embargo, tampoco basta con creer que el problema se resolverá únicamente aprobando algunos proyectos de ley para combatir la evasión o haciendo más eficiente la recaudación tributaria. Esa es la enorme limitación de la propuesta que presenta el Frente Amplio.
Por supuesto que combatir la evasión y la elusión fiscal es necesario. Nadie puede defender que los grandes capitales sigan ocultando fortunas mientras el pueblo sostiene el Estado con impuestos indirectos. Pero convertir esa lucha en el centro de toda una estrategia política significa aceptar que el capitalismo puede corregirse desde adentro y que el Estado, construido históricamente para garantizar la reproducción del propio sistema, terminará disciplinando a quienes concentran el poder económico.
La experiencia demuestra exactamente lo contrario.
Los grandes grupos financieros y empresariales no dominan únicamente porque evaden impuestos. Dominan porque controlan buena parte de la economía, influyen sobre las instituciones, financian campañas políticas, moldean la opinión pública y condicionan las decisiones fundamentales del Estado. Pensar que esa correlación de fuerzas puede transformarse únicamente mediante reformas parlamentarias es sembrar expectativas que difícilmente podrán cumplirse por sí solas.
Mientras el gobierno protege los intereses del gran capital y el reformismo deposita su esperanza en nuevas regulaciones, el pueblo sigue esperando respuestas que nunca llegan.
La historia de Costa Rica, como la de tantos pueblos, demuestra que las grandes conquistas sociales nunca nacieron de la buena voluntad de los gobiernos ni de la generosidad de las élites económicas. Fueron producto de la organización popular, de la movilización social y de la capacidad del pueblo para convertirse en un sujeto político con fuerza propia.
Por eso la tarea más urgente no es confiar ciegamente ni en un gobierno que administra el modelo neoliberal ni en la ilusión de que unas cuantas reformas fiscales bastarán para humanizar un sistema construido sobre la brutal explotación de la clase trabajadora, la tarea es mucho más profunda.
Hay que reconstruir la organización popular desde los barrios, las comunidades, las provincias, los centros de trabajo, las universidades, el campo y cada espacio donde hoy el pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que concentra riqueza para unos pocos y precariza la vida de las grandes mayorías. Comunidades organizadas y luchando, es la tarea fundamental para esa construcción desde abajo.
Ningún cambio verdadero será obra de un caudillo, de una bancada parlamentaria o de un tecnicismo jurídico. Los cambios profundos siempre nacen desde abajo, cuando el pueblo organizado deja de pedir permiso para defender sus intereses y comienza a disputar el rumbo del país. La acción política también debe buscar cumplir esa tarea, «teoría y práctica» decimos los comunistas.
Esa diferencia la marcaban los diputados comunistas, la curul era el espacio que utilizaban para hacer propuestas a favor del pueblo que marcaban la diferencia, luego se ponías las botas, se subían las mangas y se plantaban junto al pueblo en la lucha por sus derechos. La alfombra roja quedaba para otros, no para los comunistas. Así que, Rodrigo Chaves, deje de vender humo de una supuesta «lucha» contra comunistas.
El pueblo es, ayer como hoy, la única fuerza capaz de enfrentar el poder del capital y abrir el camino hacia una transformación estructural de la sociedad, la construcción de una verdadera democracia popular.
Había oscuridad todavía cuando ellos salieron. Sin fanfarria. Sin aplausos. Con la certeza fría de que esa madrugada podía ser la última.
El Organismo de Investigación Judicial, ejecutó la operación más compleja y arriesgada de los últimos años: la captura del criminal más peligroso, más armado y mejor financiado que haya operado en este país. Meses de planificación en silencio absoluto, porque los intentos anteriores habían fracasado y una sola filtración podía costar vidas. Las de ellos. Las de inocentes.
Y a las cinco de la mañana, cuando los sinvergüenzas dormían convencidos de que el dinero, las armas y la impunidad los protegían para siempre, el Estado de derecho llegó a cobrar la deuda.
Lo que vino después no fue una detención de película. Fue una hora de infierno.
No respondieron con pistolas de barrio ni con carabinas de patrulla. Respondieron con armas de guerra. Armas diseñadas para matar con eficiencia brutal. Una lluvia de fuego de alto poder destructor cayó sobre los agentes del OIJ como si la vida de esos servidores públicos no valiera nada frente al poder de una organización criminal que se había creído intocable.
Cinco oficiales cayeron heridos. Cinco servidores que esa mañana besaron a sus familias sin saber si regresarían.
Pero ninguno echó para atrás.
Que se entienda bien lo que eso significa. Frente a armamento de guerra, con compañeros heridos, en medio de la oscuridad y el caos, ninguno abandonó su posición. Ninguno traicionó su juramento. Ninguno dejó sola a Costa Rica.
Eso no es trabajo. Eso es heroísmo en su forma más pura y más humilde. La de quien no sale en las portadas de las revistas, no gana premios en actos de gala, no cobra un centavo extra por poner su cuerpo entre el crimen organizado y la ciudadanía que duerme tranquila sin saber el precio que otros pagan por esa tranquilidad.
Mi reconocimiento más profundo y emocionado al director del OIJ y a cada uno de los agentes que participaron en esta operación. Pero especialmente a esos cinco hombres y mujeres que recibieron balas de guerra y siguieron en pie. A sus familias, que esa mañana esperaron noticias sin saber cuáles iban a ser. A los que los atendieron. A los que los acompañaron.
Pundonor. Lealtad. Patriotismo. Amor por Costa Rica. Esas palabras se escriben fácil en un discurso. Ellos las escribieron esa madrugada con su propio cuerpo.
Los verdaderos héroes no llevan capa ni buscan reconocimiento. Llevan una placa, un chaleco antibalas y una convicción que ninguna ráfaga de fusil puede quebrar: que la ley no se negocia, que el crimen no gana y que este país vale cada sacrificio.
Costa Rica tiene hoy una deuda con ellos que no se salda con palabras. Se salda con presupuesto, con equipamiento, con salarios dignos, con el respaldo irrenunciable del Estado que juraron proteger.
Hoy, con orgullo y con emoción, les digo: gracias. Desde lo más profundo. Gracias por ser quienes son. Gracias por no echarse para atrás cuando el miedo era la respuesta más razonable. Gracias por recordarnos que en Costa Rica todavía hay personas dispuestas a dar lo máximo por todos los demás.
Merecen nuestro respeto, nuestra gratitud y todo nuestro respaldo.
Las políticas públicas dirigidas a adolescentes deben sustentarse en evidencia científica y en la protección integral de sus derechos
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica expresa su profunda preocupación y desacuerdo con la propuesta de la Presidencia de la República de trasladar estudiantes de secundaria, especialmente de comunidades en condición de vulnerabilidad social, para hacer recorridos en centros penitenciarios de adultos, en esta ocasión el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), con el supuesto de desalentar la delincuencia juvenil.
Esta propuesta responde a una lógica de intimidación que ha sido ampliamente estudiada y descartada por la evidencia científica. Las revisiones sistemáticas de mayor calidad metodológica concluyen que los programas conocidos como Scared Straight (Asustar para Enderezar), basados en visitas de adolescentes a centros penitenciarios, no disminuyen la delincuencia juvenil y, por el contrario, aumentan la probabilidad de conductas delictivas posteriores. Lejos de generar procesos de reflexión positiva, la exposición a cárceles de adultos puede normalizar la violencia, fortalecer la identificación con modelos antisociales y aumentar el riesgo psicosocial en jóvenes que ya enfrentan múltiples factores de vulnerabilidad. Por ello, la comunidad científica internacional no recomienda este tipo de intervenciones como política pública.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece que toda actuación del Estado debe responder al principio del interés superior del niño y promover su desarrollo integral. De igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa Rica reconoce a las personas menores de edad como sujetos plenos de derechos y obliga al Estado a implementar acciones preventivas, educativas y de inclusión social, nunca medidas basadas en la intimidación o el estigma. Estas disposiciones son coherentes con las recomendaciones de organismos como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) establecen que la prevención debe promover el desarrollo integral de las personas jóvenes mediante políticas sociales, educativas y comunitarias, evitando respuestas basadas en la represión o el estigma. De igual forma, las Reglas de Beijing y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño enfatizan que toda intervención dirigida a personas menores de edad debe respetar su dignidad, su desarrollo y su interés superior.
La adolescencia es una etapa de extraordinaria plasticidad cerebral, caracterizada por la construcción de la identidad, el desarrollo del autocontrol y la consolidación de habilidades socioemocionales. La prevención de la violencia y de la delincuencia requiere intervenciones integrales basadas en factores protectores: educación de calidad, permanencia en el sistema educativo, fortalecimiento familiar, oportunidades de recreación y deporte, acceso a salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, capacitación para el empleo y desarrollo de proyectos de vida.
Resulta especialmente preocupante que la propuesta se dirija hacia estudiantes de comunidades vulnerables, reforzando procesos de estigmatización y discriminación que pueden profundizar la exclusión social. Ningún adolescente debe ser considerado potencial delincuente por el hecho de vivir en condiciones de pobreza o exclusión.
La Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, hace un respetuoso llamado a las autoridades nacionales para que las políticas orientadas a prevenir la violencia juvenil se construyan con base en el conocimiento científico, la salud pública, la educación y la protección de los derechos humanos.
Reitera además su disposición para contribuir, desde el conocimiento científico y la experiencia técnica, al diseño de políticas públicas eficaces y respetuosas de la dignidad humana.
La delincuencia juvenil no se previene sembrando miedo; se previene creando oportunidades, fortaleciendo los factores protectores y garantizando que cada adolescente pueda desarrollar plenamente su proyecto de vida.
Academia Nacional de Medicina de Costa Rica 24 de julio de 2026
El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».
El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.
Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.
El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».
Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:
Organizaciones audiovisuales exigen claridad y transparencia al Ministerio de Cultura y Juventud sobre la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.º 10657. https://wp.me/p6rfbZ-zBW
Centro Cultural de España invita al conversatorio «El odio profundo a las minorías étnicas». https://wp.me/p6rfbZ-zBB
Los alcances del Convenio 169 de la OIT en Costa Rica: la consolidación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y tribales afrocostarricenses. https://wp.me/p6rfbZ-zC4
Los diputados sediciosos del partido Pueblo Soberano. Vladimir de la Cruz. https://wp.me/p6rfbZ-zC6
Las voces sociales necesitan circular. Publicar no basta. Le invitamos a compartir esta edición utilizando los vínculos que aparecen al pie de cada publicación en SURCOS: Facebook, WhatsApp, X, Telegram, correo electrónico, Threads y LinkedIn.
Gracias por acompañar y fortalecer este esfuerzo de comunicación social.
Advierten que conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglamento a la Ley debidamente publicado, ni reglas claras de participación, atenta contra la seguridad jurídica, resta competitividad al sector y debilita la representación de áreas como animación, videojuegos, distribución, actores, actrices y personas intérpretes.
San José, Costa Rica, 23 de julio de 2026. Organizaciones y personas trabajadoras del sector audiovisual solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud que brinde información clara, pública y verificable sobre el estado real de la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual, Ley N.° 10657, así como sobre los criterios y plazos que regirán la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual.
Con el espíritu de reunir la diversidad del sector y entender la situación actual con la reglamentación de la Ley N.º 10657, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica (UDCCR), Asociación de Documentalistas de Costa Rica (DOKUS), InterArtis Costa Rica, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV) y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense convocaron una reunión sectorial el miércoles 22 de julio del 2026.
El llamado responde a los vacíos legales, reglamentarios, administrativos y presupuestarios que persisten en la implementación de la ley. Entre los puntos críticos están la publicación pendiente del reglamento, la integración y operación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual, y la continuidad de programas estratégicos como el Fondo El Fauno, el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) y la participación del país en Ibermedia.
Una convocatoria apresurada y sin reglamento publicado
El día 15 de julio, el Ministerio de Cultura realizó una convocatoria para que las organizaciones postularan las ternas de personas que conformarían un nuevo Consejo de Cinematografía y Audiovisual. Si bien esa convocatoria fue publicada en el Alcance N.° 90 a La Gaceta N.° 131 del 15 de julio de 2026, no fue difundida en diarios de circulación nacional y únicamente se socializó el día 21 de julio en redes sociales. Sin embargo, las organizaciones del sector audiovisual consideran que, sin un reglamento debidamente emitido por el Poder Ejecutivo (el cual debe hacer operativa la ley vigente desde octubre de 2025), sin claridad sobre la situación jurídica e institucional del Consejo de Cinematografía y Audiovisual y sin la definición de un procedimiento transparente para la presentación, valoración y selección de las ternas, resulta un despropósito exigir la participación del sector en estas condiciones, pues implica transferir una carga institucional sin ofrecer las garantías mínimas de legalidad, seguridad jurídica, transparencia y legitimidad que el proceso requiere.
El edicto no precisa los requisitos de las candidaturas, los documentos por presentar, los mecanismos para acreditar la pertenencia a cada sector, la forma de resolver la eventual presentación de varias ternas ni los criterios que usará el Ministerio para efectuar los nombramientos. Esta falta de información es, precisamente, lo que el Reglamento debía definir y lo que las organizaciones piden subsanar de forma inmediata y pública.
Un borrador de reglamento que genera incertidumbre
Existen serias dudas acerca de la regularidad jurídica de la convocatoria pública para postulación de ternas para el nombramiento de miembros del Consejo de Cinematografía, sin que haya sido debidamente decretado el reglamento de la Ley. En efecto, el artículo 7 de la Ley expresamente indica que el procedimiento para el nombramiento del Consejo “será establecido mediante el reglamento respectivo”. En consecuencia, no es legalmente viable que tal nombramiento pueda realizarse sin un procedimiento establecido en la norma que reglamenta la ley, debidamente decretada por el Poder Ejecutivo.
La incertidumbre se agrava porque la versión del borrador del reglamento que circula públicamente identificada como versión 14, fue previamente socializada mediante un proceso de consulta pública y a la fecha continúa disponible como documento descargable en el sitio web del Centro Costarricense de Cine, aunque no ha sido firmada por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones señalan que los plazos de postulación que propone el Ministerio contradicen de forma directa incluso el borrador del reglamento ya socializado. El artículo 7 del borrador del reglamento dispone que debe otorgarse un plazo de 15 días naturales para recibir las postulaciones de las organizaciones. Sin embargo, la convocatoria del Ministerio brinda apenas 9 días naturales después de la publicación oficial, seis días menos del mínimo que establece el propio texto reglamentario que el Ministerio sometió a consulta pública.
A esto se suma que el Ministerio envió un oficio a ciertas organizaciones con requisitos de postulación, sin que quede claro el criterio de escogencia de las organizaciones a las que se dirigieron. Además, varios requisitos no están contemplados en la Ley, ni en el borrador de reglamento socializado ni en el edicto publicado en La Gaceta. Es decir, no se explica públicamente el fundamento jurídico de estas exigencias adicionales ni el plazo real con que contarían las organizaciones para reunir dicha documentación.
Estas inconsistencias refuerzan la necesidad de que el Ministerio aclare, de manera pública, con base en qué marco normativo vigente sustenta la convocatoria actual.
“Solicitamos que ambos procesos se realicen con legalidad, transparencia, participación y seguridad jurídica. La urgencia institucional no puede sustituir el procedimiento que la propia ley ordena desarrollar mediante reglamento”, señalaron las organizaciones firmantes.”
Un Consejo con poder decisorio
El Consejo de Cinematografía y Audiovisual no será una instancia meramente consultiva. La Ley N.° 10657 le asigna funciones determinantes para el funcionamiento del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual: aprobar políticas, planes, estrategias y presupuestos; definir las reglas de los recursos concursables; nombrar a los jurados que seleccionan proyectos; nombrar y remover a la Dirección General del Centro y la Dirección de la Cinemateca Nacional; aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento; y supervisar la ejecución de programas y recursos públicos.
Por la magnitud de estas responsabilidades, las organizaciones consideran que su conformación debe estar precedida de reglas claras, plazos razonables y condiciones que permitan una participación efectiva de todos los sectores representados. Una integración apresurada podría debilitar la legitimidad del órgano colegiado, comprometer la idoneidad técnica de sus integrantes y generar cuestionamientos posteriores sobre su representatividad, transparencia y validez.
Riesgo de menor representatividad para sectores históricamente excluidos
La nueva ley amplía la composición del Consejo de tres a siete integrantes e incorpora formalmente representaciones de sectores que antes no tenían voz ni voto en ese órgano, entre ellos la animación digital, los videojuegos, actores, actrices y personas intérpretes así como otros oficios creativos vinculados con la dirección y la escritura cinematográfica y audiovisual.
Este avance representa una oportunidad histórica para reconocer la diversidad del ecosistema audiovisual costarricense. Sin embargo, un proceso acelerado, sin reglamento y sin mecanismos claros de información, podría producir el efecto contrario: limitar la participación de colectivos y organizaciones emergentes, privilegiar a grupos de interés con mayor capacidad administrativa y reducir la representatividad efectiva de los sectores recién incorporados.
Las organizaciones firmantes advierten que la participación no debe reducirse a la presentación apresurada de nombres. Debe garantizarse que las personas postuladas cuenten con respaldo sectorial, conocimiento del ámbito que representarían y condiciones para rendir cuentas ante las organizaciones y comunidades de su sector.
Incertidumbre institucional y pérdida de competitividad
La acumulación de vacíos reglamentarios, administrativos y presupuestarios mantiene al sector en una situación de incertidumbre que podría restarle competitividad al país. La falta de reglas claras y de autoridades plenamente constituidas puede afectar la planificación de producciones, la atracción de inversiones, la creación de empleo, el acceso a coproducciones internacionales, la formación profesional y la continuidad de los programas públicos de estímulo, exhibición y circulación audiovisual.
Costa Rica ha desarrollado en los últimos años capacidades técnicas, profesionales y empresariales que le permiten competir como destino para producciones nacionales e internacionales. Pero esa competitividad también depende de instituciones estables, procedimientos previsibles y políticas públicas sostenidas en el tiempo. La incertidumbre actual podría debilitar la confianza de compañías productoras, inversionistas, fondos internacionales y organismos de cooperación que requieren interlocutores institucionales claros y marcos normativos confiables.
El Fauno continúa sin resultados anunciados
La convocatoria del Fondo de Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno establecía el 17 de julio de 2026 como fecha para anunciar los proyectos beneficiados, pero los resultados no se publicaron según lo previsto, y el Ministerio no ha informado públicamente las razones del retraso.
El Fauno es el único fondo público permanente de fomento cinematográfico y audiovisual del país, esencial para el desarrollo de proyectos de cine, televisión, animación, videojuegos y otras expresiones audiovisuales. De acuerdo con su normativa, el Consejo de Cinematografía y Audiovisual debe intervenir en la fase final del proceso, por lo que su falta de integración genera incertidumbre sobre la declaratoria de los proyectos seleccionados, el giro de los recursos y la formalización de coproducciones internacionales.
Las organizaciones solicitan al Ministerio que informe públicamente sobre el estado actual del proceso de evaluación, la situación de las recomendaciones emitidas por el jurado, la nueva fecha para anunciar los proyectos beneficiados por El Fauno y el fundamento jurídico que permitirá concluir la convocatoria.
Debilitamiento de la capacidad operativa del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual
La ausencia de un Consejo de Cinematografía y Audiovisual constituido y de una persona a cargo de la Dirección del CCCA genera preocupación sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine, la participación costarricense en Ibermedia, el funcionamiento de la Cinemateca Nacional y los demás programas administrados por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual.
El CRFIC es una de las principales plataformas públicas de exhibición, formación y circulación cinematográfica del país. Ibermedia, por su parte, es un mecanismo fundamental para el desarrollo, la coproducción con países de la región y la internacionalización de obras costarricenses.
Las organizaciones consideran necesario que el Ministerio presente, de forma pública, un plan que garantice la continuidad presupuestaria, administrativa y operativa de estos programas, independientemente de los procesos de transición institucional.
Recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas
En 2025, Costa Rica recibió más de US$11 millones en inversiones vinculadas con producciones audiovisuales internacionales, resultado del trabajo de promoción, facilitación de trámites y coordinación institucional realizado por PROCOMER y la Comisión Fílmica. La ley traslada recursos generados a través de incentivos fiscales de dichas producciones al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual. Sin embargo, persisten interrogantes, no resueltas públicamente, sobre la transferencia de dichos recursos derivados de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los cuales a su vez deben contribuir al financiamiento del Fondo El Fauno.
Por ello, las organizaciones solicitan una rendición de cuentas pública sobre los recursos generados desde la entrada en vigencia de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los montos trasladados al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, los recursos pendientes de transferencia, y las medidas previstas para fortalecer los encadenamientos entre la inversión extranjera y el sector audiovisual nacional.
Petición al Ministerio de Cultura y Juventud
Las organizaciones firmantes solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud los siguientes puntos:
Tramitar la firma definitiva del reglamento de la Ley N.° 10657 de forma inmediata, a efectos de completar legalmente el procedimiento de integración del Consejo.
Actualizar las bases de datos de las diversas representaciones de los subsectores, y comunicar con claridad quiénes son los implicados en las diversas convocatorias.
Una vez conformado el Consejo de Cinematografía y Audiovisual, presentar un plan de continuidad institucional y presupuestaria, con cronograma público, para El Fauno, el CRFIC, Ibermedia, la Cinemateca Nacional y los demás programas del CCCA.
Rendir cuentas de manera pública y detallada sobre los recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas y su traslado al fomento audiovisual nacional.
Las organizaciones reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio de Cultura y Juventud para encontrar soluciones jurídicas, administrativas y presupuestarias que permitan implementar la Ley de forma ordenada, transparente y sostenible.
La nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual constituye una oportunidad histórica para fortalecer el sector, ampliar su diversidad y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales. Aprovecharla exige, ante todo, información clara y verificable, procesos transparentes y pleno respeto por el ordenamiento jurídico.
Organizaciones firmantes
Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA)
Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)
CCR – Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica
Unión de Directoras de Cine de Costa Rica
DOKUS – Asociación de Documentalistas de Costa Rica
Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV)
InterArtis Costa Rica
Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense
Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:
RENASES convoca a su segunda asamblea para dar seguimiento al Pacto Patriótico Costarricense y ampliar la participación social. https://wp.me/p6rfbZ-zBd
Colectivo Mujeres por Costa Rica pide al MEP precisar los alcances de la circular sobre neutralidad política en las aulas. https://wp.me/p6rfbZ-zB0
UCR presentará el zine y video Ahí viene(n) la(s) plaga(s), un proyecto artístico y transdisciplinario entre Costa Rica y México. https://wp.me/p6rfbZ-zB2
FECTSALUD propone que se condicione respaldo a eurobonos a que el Gobierno descarte un aumento del IVA y frene los recortes presupuestarios. https://wp.me/p6rfbZ-zBr
Sala Constitucional da curso a amparo por demora en ejecutar sentencia del caso Hotel RIU Guanacaste. https://wp.me/p6rfbZ-zBn
AAJ denuncia suspensión de movimiento político en Ecuador y alerta sobre vulneración de derechos civiles y políticos. https://wp.me/p6rfbZ-zBp
La ilusión del dólar. Apuntes básicos de economía nuclear. Luis E. Araya V. https://wp.me/p6rfbZ-zBk
¿Impunidad o lucha por la justicia? Desde una Costa Rica omisa, reflexiones sobre el día conmemorativo de la justicia penal internacional. Nicolas Boeglin https://wp.me/p6rfbZ-zB9
Las voces sociales necesitan circular. Publicar no basta. Le invitamos a compartir esta edición utilizando los vínculos que aparecen al pie de cada publicación en SURCOS: Facebook, WhatsApp, X, Telegram, correo electrónico, Threads y LinkedIn.
Gracias por acompañar y fortalecer este esfuerzo de comunicación social.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica envió una carta al ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, a la viceministra administrativa, Sofía Ramírez González, a la viceministra académica, María Alejandra Ulate Espinoza, y al Consejo Superior de Educación, en relación con la Circular DM-CIR-0047-2026. El colectivo coincide en que los centros educativos deben permanecer libres de propaganda partidaria, pero plantea dudas sobre si la circular se limita a recordar obligaciones ya vigentes o si introduce restricciones nuevas mediante conceptos que consideran ambiguos, como «adoctrinamiento ideológico», «objetividad pedagógica» o «conclusión política predeterminada». A continuación, se reproduce la carta completa:
San José, 14 de julio 2026
Señor
José Leonardo Sánchez Hernández Ministro de Educación Pública
Sofía Ramírez González Viceministra Administrativa
María Alejandra Ulate Espinoza Viceministra Académica
Señores y Señoras Consejo Superior de Educación
Estimados señores y señoras:
En atención a la Circular DM-CIR-0047-2026 emitida por ese Ministerio, nos permitimos compartir algunas reflexiones que consideramos relevantes para la misión educativa del país y la formación ciudadana de nuestras futuras generaciones.
La Ley Fundamental de Educación establece como propósito esencial el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones intelectuales, físicas y morales, con el fin de que cada persona disfrute de una vida plena y contribuya al progreso de la sociedad. Asimismo, promueve la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, respetuosos de la dignidad humana, la libertad, la democracia y la justicia social.
Esa misión exige, al mismo tiempo, proteger los centros educativos de cualquier forma de proselitismo político y garantizar una educación crítica, plural y de calidad. En ese sentido, compartimos plenamente el principio de que los centros educativos públicos deben permanecer libres de propaganda partidaria. Esta obligación ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico y constituye una garantía para preservar la imparcialidad de la función pública y proteger al estudiantado.
En un Estado democrático de derecho, toda regulación que pueda incidir en el ejercicio de los derechos fundamentales debe respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad. Las personas requieren distinguir con claridad qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. Sin embargo, surge la inquietud de si la Circular DM-CIR-0047-2026 se limita a recordar obligaciones vigentes o si introduce nuevas restricciones mediante conceptos ambiguos cuyo alcance no está claramente definido. Expresiones como “adoctrinamiento ideológico”, “objetividad pedagógica” o “conclusión política predeterminada” requieren criterios objetivos para evitar interpretaciones subjetivas o arbitrarias que puedan afectar la labor docente y, en consecuencia, el derecho de las personas estudiantes a una educación crítica y plural.
Nuestra mayor preocupación no se limita a la situación del personal docente, se centra principalmente en el derecho del estudiantado a recibir una formación que fomente el pensamiento crítico, el análisis de distintas perspectivas y el respeto por la diversidad de opiniones. Cuando una norma genera incertidumbre sobre qué puede enseñarse o debatirse, existe el riesgo de que el temor sustituya la libertad de educar, empobreciendo la formación ciudadana.
La democracia se fortalece mediante el diálogo informado, el debate respetuoso y la reflexión crítica. Hablar en las aulas sobre derechos humanos, instituciones públicas, procesos electorales, justicia social, ambiente, participación ciudadana o políticas públicas, dentro del currículo nacional y con pluralidad de fuentes, no constituye propaganda política, sino que es parte esencial de la formación integral de las personas estudiantes.
La educación democrática no consiste en enseñar qué pensar, sino en enseñar cómo pensar. Eso implica desarrollar en las personas la capacidad de analizar información, contrastar argumentos, valorar la evidencia y construir sus propias conclusiones, esa es la mejor defensa frente a cualquier forma de adoctrinamiento político partidario o manipulación.
Por ello, consideramos conveniente que la Circular DM-CIR-0047-2026 precise con mayor claridad el alcance de aquellos conceptos que puedan dar lugar a interpretaciones dispares, de manera que se protejan simultáneamente:
La neutralidad político-electoral.
La seguridad jurídica del personal docente.
El derecho de las personas estudiantes a una educación crítica, plural y de calidad.
La escuela debe ser un espacio libre de propaganda partidaria, pero nunca un espacio donde el miedo sustituya al pensamiento crítico. Defender una educación que enseñe a pensar con libertad es, en esencia, defender la democracia costarricense.
Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:
Las muertes de niñas y niños Ngäbe-Buglé evidencian que el Estado sigue sin garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras de las cosechas de café. https://wp.me/p6rfbZ-zAN
CCSS no cuenta con estados financieros del IVM, SEM y RNC desde hace 14 meses; Junta Directiva mantiene pendiente la aprobación de los del 2024. Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social https://wp.me/p6rfbZ-zAK
UNDECA denuncia convocatoria ilegítima y defiende el acuerdo adoptado por el Movimiento Consejo Sindical. https://wp.me/p6rfbZ-zAQ
Del período de los Recolectores hasta la posible III República. Vladimir de la Cruz https://wp.me/p6rfbZ-zAS
Nicaragua y el anuncio electoral de Daniel Ortega: ¿soberanía y derecho de legítima defensa? Álvaro Fernández González https://wp.me/p6rfbZ-zAy
¿Es posible que la familia sustituya a la ciudadanía? Género, clase y restauración conservadora en las Américas. Rodrigo H. Campos Hernández https://wp.me/p6rfbZ-zAU
Algunos para purificarse han de bañarse en el Jordán. Javier Francisco Cambronero Arguedas https://wp.me/p6rfbZ-zAI
Las voces sociales necesitan circular. Publicar no basta. Le invitamos a compartir esta edición utilizando los vínculos que aparecen al pie de cada publicación en SURCOS: Facebook, WhatsApp, X, Telegram, correo electrónico, Threads y LinkedIn.
Gracias por acompañar y fortalecer este esfuerzo de comunicación social.
Las voces sociales necesitan circular. Publicar no basta. Le invitamos a compartir esta edición utilizando los vínculos que aparecen al pie de cada publicación en SURCOS: Facebook, WhatsApp, X, Telegram, correo electrónico, Threads y LinkedIn.
Gracias por acompañar y fortalecer este esfuerzo de comunicación social.
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
