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Autor: Hector Ferlini Salazar

Nuestro mundo: hegemonía, narrativas, el lobby sionista y la transición hacia la multipolaridad

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

¿Cómo llegamos hasta aquí?

La geopolítica contemporánea no puede tratar de entenderse sin desenredar la compleja maraña de historia, religión, influencia de las élites económicas y control de narrativas que define a Occidente. En el centro de este entramado se encuentra uno de los debates más profundos de nuestra era: el papel del Estado de Israel moderno, su influencia en las potencias occidentales y las contradicciones estructurales que sostienen la actual hegemonía de Estados Unidos. A medida que las placas tectónicas del poder global se desplazan, los paradigmas que definieron el siglo XX comienzan a fracturarse.

Redes de poder y la injerencia geopolítica

En la política exterior moderna, la influencia de élites o grupos de poder sobre las grandes potencias es un tema de intenso estudio. Diversos analistas e historiadores han documentado cómo operan las redes de cabildeo (lobbies) en Estados Unidos y Europa, moldeando decisiones estratégicas y garantizando un apoyo férreo al Estado de Israel.

En la era de la información, la opacidad de estas redes ha sido desafiada por filtraciones masivas. Casos como WikiLeaks, los Panama Papers o los archivos de la red de Jeffrey Epstein han expuesto las intrincadas y oscuras relaciones entre las élites financieras, los líderes políticos y los aparatos de inteligencia. Aunque en el debate público y en ciertos análisis críticos se señala a intereses sionistas como un eje transversal en estas redes de chantaje y control financiero, la realidad geopolítica revela un entramado de intereses donde convergen las oligarquías de múltiples naciones. No obstante, estas filtraciones han erosionado profundamente la confianza pública, revelando que las decisiones de Occidente a menudo responden a presiones de élites interconectadas más que al consenso democrático.

La batalla cultural y las narrativas de masas

Para sostener agendas geopolíticas, el control militar o económico no es suficiente; se requiere el control de la narrativa. Durante décadas, la maquinaria cultural de Occidente, liderada por industrias como Hollywood, ha operado como un sofisticado sistema de programación neurolingüística y propaganda.

Bajo la apariencia de entretenimiento, se ha cimentado una dualidad maniquea: Estados Unidos y sus aliados como defensores del mundo libre, frente a una rotación de “villanos” convenientes según la época (soviéticos comunistas, árabes etiquetados uniformemente como terroristas, o latinos estereotipados como narcotraficantes). Como advirtió el lingüista y filósofo Noam Chomsky en su teoría sobre la “manufactura del consenso”, los medios de comunicación de masas estructuran la percepción pública para legitimar las políticas imperiales. Paradójicamente, la complejidad y el alcance de las redes de las élites occidentales es tal que figuras críticas como el propio Chomsky se han visto tangencialmente aludidas en escándalos de relaciones impropias con esas élites (como su asociación financiera documentada en los archivos de Epstein), demostrando que las esferas del poder, la academia y la riqueza están profundamente entrelazadas.

La paradoja religiosa: sionismo cristiano y el Talmud

Uno de los pilares más irracionales, pero políticamente determinantes, del apoyo occidental a Israel es la manipulación religiosa. En Estados Unidos, partes de Europa y América Latina (a través de estrategias como el Plan Cóndor), el movimiento evangélico y neo pentecostal ha abrazado el “sionismo cristiano”. Bajo una interpretación teológica particular, consideran al Estado de Israel (fundado en 1948) y a sus ciudadanos como el “pueblo escogido por Dios”, otorgándoles un estatus de intocables.

Esta ferviente base de votantes obliga a los líderes políticos, especialmente a aquellos de corte populista o conservador, a brindar un apoyo incondicional a las genocidas políticas israelíes. Esto ocurre a pesar de las crecientes condenas de la comunidad internacional, frente a lo que sus críticos y organismos de derechos humanos denuncian como políticas militares expansionistas, de apartheid y acciones de limpieza étnica, en los territorios palestinos ocupados, además de ataques a naciones árabes que se encuentran en la región que ellos consideran parte de su “tierra prometida” o el llamado “Gran Israel” (Eretz Yisrael HaSheleima) que abarca territorios bíblicos que incluirían Cisjordania, Gaza, y partes de Jordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak.

La mayor paradoja de esta alianza radica en la profunda ignorancia o la omisión deliberada de la historia teológica. El celo evangélico ignora que textos fundamentales del judaísmo rabínico, como el Talmud de Babilonia (ej. Tratados Sanedrín 43ª y 107b), presentan a Jesús (Yeshu ha-Notzri) desde una perspectiva sumamente crítica que para cualquier cristiano debería ser ofensiva e inaceptable. En estos textos, redactados entre los siglos III y V EC para proteger la naciente identidad judía frente a la expansión del cristianismo, la figura cristiana es descrita como un falso maestro o un hechicero que desvió al pueblo. La ceguera voluntaria ante estas diferencias históricas demuestra que la alianza moderno-religiosa es, en esencia, una herramienta política más que una convergencia espiritual.

El fin de un ciclo: hacia un mundo multipolar

La historia de la humanidad es cíclica. Los grandes imperios de la antigüedad y la modernidad —desde la Antigua Grecia, pasando por la Roma imperial, hasta las hegemonías española y británica— experimentaron un patrón de ascenso, sobre-expansión militar, decadencia moral interna y eventual colapso económico.

Hoy, presenciamos un punto de inflexión histórico análogo con el imperio estadounidense. La dependencia de la deuda y combustibles fósiles, las fracturas sociales internas, la pérdida de credibilidad narrativa ante la aparición de las NTI (redes sociales por Internet) y el agotamiento de su modelo militarista marcan el ocaso de la hegemonía unipolar que prevaleció desde el fin de la Guerra Fría.

El surgimiento y consolidación de la alianza BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y sus nuevos miembros) no es solo un bloque comercial; es el síntoma definitivo de un cambio de paradigma. Representa el rechazo del Sur Global a las instituciones financieras controladas por Washington y a las narrativas morales dictadas desde Occidente. A medida que el monopolio del dólar se debilita y el poder se redistribuye hacia Eurasia y el Sur, el mundo transita inexorablemente hacia la multipolaridad. En esta nueva era, los actores políticos que cimentaron su poder en el chantaje de las élites, el cabildeo desproporcionado y la manipulación religiosa tendrán que enfrentarse a un tablero global donde las viejas reglas han dejado de aplicar.

En medio de todo esto, el actual gobierno tico al igual que otros países del sur del continente, están apostando todo al caballo equivocado…

Escuela Las Brisas de Pocosol está en condiciones precarias

La Defensoría de los Habitantes realizó una inspección a la Escuela Las Brisas, ubicada en el distrito de Pocosol, cantón de San Carlos y alertó sobre el estado crítico de la infraestructura y las carencias que vulneran el derecho a una educación de calidad y en condiciones dignas para los 25 estudiantes y el personal del centro educativo.

Durante la visita a esta escuela unidocente, el equipo de la Defensoría constató que el centro educativo opera bajo una orden sanitaria vigente desde el año 2015. A pesar de esto, las soluciones definitivas por parte del Estado han sido lentas, obligando a la comunidad estudiantil a convivir diariamente con graves deficiencias estructurales y sanitarias.

El centro no cumple con la Ley 7600. Carece de rampas para ingresar al centro educativo; tienen dos pequeños servicios sanitarios para toda la población: estudiantes, personal y visitas. El espacio no es apto para una persona adulta y las aguas desembocan en un tanque séptico que nunca se le ha otorgado mantenimiento. Algunas latas del baño se encuentran prensadas con una tuca de madera. Las paredes externas de las dos únicas aulas están cubiertas con latas, carecen de cielo raso en pasillos y comedor, y las rejas de las ventanas de las aulas presentan un desgaste peligroso.

Tienen problemas de plagas como el comején y la presencia constante de serpientes. La Junta de Educación con la colaboración de vecinos, padres y madres de familia limpian constantemente las áreas verdes. Además, el centro cuenta con un solo extintor y no tiene señalización de rutas de evacuación.

El área de comedor opera con limitadas condiciones. La cocina eléctrica solo tiene un disco funcional y la de gas es muy pequeña. Las y los estudiantes no cuentan con sillas, debiendo sentarse en banquetas empotradas de cemento, y el lavamanos está ubicado en el jardín sin un soporte adecuado.

Los estudiantes deben caminar rutas de al menos tres kilómetros diarios al no contar con transporte estudiantil que llegue a la zona escolar. Asimismo, el centro educativo no imparte materias complementarias de inglés, música, educación física o religión, las computadoras asignadas están dañadas, y la conexión a internet es sumamente básica (3 a 5 megas).

La Defensoría determinó que existe una falta de comunicación clara y acompañamiento técnico por parte de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública hacia la Junta de Educación. Aunque existe un trámite en curso en SICOP para la emisión de la orden de inicio de los planos constructivos a cargo de una empresa consultora privada, la Defensoría subraya la urgencia de que estas etapas de diseño y presupuesto se agilicen y se garantice una total transparencia con la comunidad sobre el cronograma de la obra. Asimismo, la Defensoría hace un llamado urgente a las autoridades competentes para que se priorice la atención de la Escuela Las Brisas, pues es inaceptable que, tras casi 11 años de una orden sanitaria, los niños y niñas de zonas rurales sigan recibiendo lecciones en condiciones que ponen en riesgo su integridad física y limitan su derecho a la educación.

La DHR continuará dando un seguimiento estricto a este caso y a los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación Pública, velando por que los derechos de esta comunidad estudiantil no sigan siendo postergados.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

El aporte de la mujer campesina nicaragüense al sistema productivo agrícola del valle de Ujarrás, Paraíso, Cartago – Un análisis descriptivo

Por Luis Fernando Mata Solano
Extensionista Agrícola

Luis Fernando Mata Solano

Desde hace más de 20 años aproximadamente la presencia de peones agrícolas nicaragüenses en el valle de Ujarrás y sus comunidades periféricas como Río Regado, Piedra Azul, El Yas, y Santiago han contribuido con la mano de obra agrícola que se ocupa en las plantaciones de chayote y otros cultivos menores en esta tierra bendecida por su alta productividad gracias a sus terrenos de color negro con origen volcánico. Ya han pasado muchos años y estos nicaragüenses echaron raíces en esta zona y muchos de sus hijos han nacido aquí en Costar Rica y muchos estudian en las escuelas y colegios y además reciben la asistencia de los servicios de salud publica etc. Han encontrado en estas tierras oportunidades que tal vez no tuvieron en sus lugares de origen y con mucho trabajo y esfuerzo aprendieron las técnicas del cultivo de chayote, tomate, vainica, zuquini etc. y sin embargo mantienen su tradición del cultivo de frijoles y maíz netamente nicaragüenses y que es parte de su subsistencia regional.

La mayorías de ellos vienen de diferentes lugares de Nicaragua como Muy Muy en departamento de Matagalpa, Chontales, Juigalpa, Nueva Guinea, Boaco, etc. y los primeros en llegar fueron hombres y muchos con su esposa e hijos, sin embargo, en los últimos años han arribado mujeres solas con hijos que vienen a trabajar al campo y encuentran refugio en otros nicaragüenses que ya habitan en esta zona y las incentivan para que se venga a estas tierras de oportunidades. Estas mujeres con poca escolaridad encuentran trabajo en el campo y en las empacadoras de chayote y en su mayoría dejan a sus hijos mas pequeños en casa de otras nicaragüenses y ticas que les cuidan a sus hijos durante la jornada laboral que inicia a las 6 de la mañana y termina a la 1 de la tarde donde se ganan un jornal de 12000 mil colones.

Se destaca de esas mujeres humildes y trabajadoras su valentía y esfuerzo para trabajar en labores importantes como la deshoja del chayote y la recolección de la fruta que con su delicadeza recolectan fruta de mucha calidad. Algunas de ellas han aprendido igual que los varones las técnicas del cultivo y se han atrevido a alquilar terreno para su propia producción con la ayuda de sus esposos e hijos.

Todas las mañanas se observa a muchas mujeres nicaragüenses rumbo a las fincas y a las empacadoras aportando su esfuerzo a la economía regional y que mucha de esas producción se exporta a otros países. Sin embargo, es importante reglamentar esta labor para que ellas tengan mejores oportunidades como el cuido de sus hijos y el tipo de trabajo y remuneración que deben tener, así como las garantías de una póliza de riesgos del trabajo y la asistencia a los servicios de salud.

¿Por qué hoy más que nunca debemos defender los derechos humanos?

Instituto Sindical de Formación Política

Hoy los derechos humanos están bajo ataque directo. No es un discurso exagerado: es la realidad que viven millones de personas en el mundo.

Gobiernos que se presentan como democráticos persiguen la libertad de prensa, silencian voces críticas y manipulan la información. Se castiga al periodista, se intimida al que denuncia y se premia al que calla.

El derecho internacional es ignorado cuando no conviene. Las grandes potencias actúan con impunidad, mientras los países más pequeños guardan silencio o se subordinan.

Las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación, violencia y exclusión. Mucho discurso, pocos cambios reales.

Mientras tanto, los derechos de la clase trabajadora son debilitados: salarios injustos, precarización del empleo, persecución sindical y abandono de las condiciones laborales dignas. Se gobierna para el capital, no para el pueblo.

En nuestra región, la situación es aún más preocupante. Gobiernos como los de El Salvador y Costa Rica han claudicado frente a políticas antiinmigrantes impulsadas por los Estados Unidos. Se criminaliza a quienes migran por necesidad, se les trata como enemigos, y se abandona toda noción de solidaridad.

Se violan garantías individuales, se debilita la soberanía y se instala una peligrosa lógica: mano dura contra los débiles y sumisión frente a los poderosos.

Por eso, hoy más que nunca, defender los derechos humanos es una tarea urgente. No es un tema lejano: es la defensa de la dignidad, del trabajo, de la justicia y de la democracia real.

Cuando un derecho se pierde, lo pierde todo el pueblo.

Y cuando el pueblo pierde, ganan los mismos de siempre.

Ley en papel, derechos negados: la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas

SURCOS. En Costa Rica existe una ley que, en el papel, reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de la Ley Indígena N.° 6172, aprobada en 1977, que establece principios contundentes: la propiedad colectiva de los territorios, la exclusividad de su uso por parte de las comunidades indígenas y la obligación del Estado de garantizar su protección.

Sin embargo, casi medio siglo después, la realidad en los territorios indígenas muestra una profunda contradicción: lo que la ley reconoce, en la práctica se incumple de manera sistemática.

Un marco legal preciso… que no se cumple

La Ley Indígena no deja espacio para ambigüedades. Desde su inicio define a los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidad propia y reconoce sus territorios como propiedad exclusiva de las comunidades. Además, establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, y prohíbe expresamente que personas no indígenas puedan adquirirlas o utilizarlas.

Asimismo, la ley dispone que el Estado debe reubicar o expropiar a las personas no indígenas que ocupen tierras dentro de los territorios, y actuar de inmediato ante nuevas invasiones. También declara el cumplimiento de esta legislación como una prioridad nacional, obligando a todas las instituciones públicas a colaborar en su ejecución.

El reglamento complementa este marco, señalando mecanismos organizativos, representación jurídica y coordinación institucional para hacer efectivos esos derechos.

En otras palabras: la ley existe, es precisa y otorga herramientas suficientes para garantizar los derechos territoriales indígenas.

La realidad: territorios invadidos y derechos vulnerados

Pese a este marco jurídico, múltiples denuncias —como las que hemos venido documentando en SURCOS— evidencian una realidad muy distinta:

  • Territorios indígenas ocupados por personas no indígenas.
  • Procesos de recuperación de tierras enfrentados con violencia.
  • Ausencia de acciones efectivas del Estado para cumplir la ley.
  • Condiciones de vida marcadas por exclusión social, pobreza estructural y falta de acceso a servicios básicos.

Esta brecha entre ley y realidad no es accidental. Responde a una debilidad estructural del Estado para garantizar derechos cuando se trata de poblaciones históricamente marginadas.

Una ley nacida en un contexto limitado

El análisis de la historiadora Alejandra Boza Villarreal aporta claves importantes para entender esta situación. La Ley Indígena surge en un contexto en el que el Estado costarricense buscaba reconocer la existencia de los pueblos indígenas, pero lo hacía desde una visión todavía limitada, marcada por enfoques asistencialistas e integracionistas.

Si bien la ley representó un avance significativo para su época —al reconocer la propiedad colectiva y la autonomía territorial—, no rompió completamente con las estructuras de poder que históricamente han subordinado a los pueblos indígenas.

Esto explica, en parte, por qué la ley ha sido más declarativa que efectiva: reconoce derechos, pero no transforma las condiciones estructurales que impiden su cumplimiento.

El problema de fondo: voluntad política y modelo de desarrollo

El incumplimiento de la Ley Indígena no puede explicarse únicamente como una falla administrativa. Se trata de un problema más profundo:

  • Falta de voluntad política sostenida para ejecutar desalojos y procesos de recuperación territorial.
  • Conflictos con intereses económicos, especialmente en zonas donde hay presión sobre la tierra.
  • Un modelo de desarrollo que no prioriza los derechos de los pueblos indígenas, pese a lo que establece la ley.

Incluso cuando la legislación establece que solo las comunidades indígenas pueden explotar los recursos dentro de sus territorios, en la práctica se han documentado situaciones de uso indebido, extracción de recursos y afectaciones ambientales que contradicen ese mandato.

Organización comunitaria frente a la ausencia estatal

Ante este escenario, muchas comunidades han impulsado procesos de organización y recuperación territorial. La propia ley reconoce la importancia de las estructuras comunitarias y formas organizativas indígenas, así como su derecho a administrar sus territorios.

Sin embargo, estas iniciativas han debido avanzar, en muchos casos, sin el respaldo efectivo del Estado, e incluso enfrentando criminalización o violencia, con asesinatos y amenazas como expresión de ese clima.

Esto plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a cumplir su propia ley?

Más que una deuda legal, una deuda histórica

El problema no es que falten normas. El problema es que no se cumplen.

La situación de los pueblos indígenas en Costa Rica revela una contradicción profunda entre el discurso de país respetuoso de los derechos humanos y la realidad en los territorios.

Cumplir la Ley Indígena no es solo una obligación jurídica. Es una condición mínima para avanzar hacia una sociedad que respete la diversidad, la dignidad y los derechos colectivos.

Una tarea pendiente

A casi 50 años de su aprobación, la Ley Indígena sigue siendo una promesa incumplida.

Garantizar su aplicación efectiva implica:

  • Recuperar territorios ocupados ilegalmente.
  • Fortalecer la autonomía de las comunidades.
  • Asegurar condiciones de vida dignas.
  • Reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Mientras esto no ocurra, la ley seguirá siendo un texto avanzado… pero insuficiente frente a una realidad que continúa negando derechos fundamentales.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El delirio del gran “América del norte”

Mauricio Ramírez Núñez

El planteamiento atribuido al presidente Trump de extender conceptualmente “América del Norte” hasta Ecuador no debe leerse como un acto geopolítico en sentido estricto, sino como una operación discursiva que intenta reconfigurar la percepción del espacio más que su realidad material. En ese marco, ninguna declaración unilateral tiene la capacidad de alterar la estructura geográfica ni las identidades históricas que configuran América del Norte, Centroamérica y Sudamérica como regiones diferenciadas.

Sin embargo, reducir este tipo de afirmaciones a mera irrelevancia sería un error político. Lo que sí revelan es la persistencia de una visión estratégica en Estados Unidos que concibe el hemisferio como un espacio prioritario de influencia. Esta lógica remite, a la añeja Doctrina Monroe. La diferencia fundamental es que esa concepción ya no opera en condiciones de hegemonía incontestada.

El sistema internacional actual se caracteriza por una creciente tendencia a la existencia de diversos centros de poder (multipolaridad), en la que actores como Xi Jinping y Vladimir Putin han contribuido a erosionar la capacidad de EEUU para imponer unilateralmente sus definiciones del orden internacional y la geografía.

En este contexto, las esferas de influencia no desaparecen, pero se vuelven más porosas, disputadas y sujetas a negociación. América Latina, por tanto, ya no se encuentra estructuralmente confinada a una única lógica de alineamiento, sino que dispone de márgenes, aunque condicionados, para diversificar sus vínculos y afirmar grados relativos de autonomía y neutralidad.

Las reacciones frente a este tipo de planteamientos suelen caer en dos errores simétricos. Por un lado, cierta izquierda tradicional tiende a sobredimensionar el alcance del discurso, interpretándolo automáticamente como una manifestación de imperialismo efectivo y militarista, sin distinguir entre intención y capacidad real de cambiar algo en lo concreto.

Por otro, algunos actores políticos lo instrumentalizan en clave interna para sacar rédito personal, sin comprender que se trata más de una narrativa de posicionamiento que de una transformación concreta del orden regional. En ambos casos, se pierde de vista el elemento central: la distancia entre el lenguaje del poder y su materialización. Trump es un bravucón.

Una lectura realista y critica obliga a reconocer que las potencias siempre intentan expandir su influencia también en el plano simbólico, pero que dicha expansión solo se consolida si encuentra condiciones estructurales favorables. Aquí si, el gobierno actual y el que viene son el verdadero peligro para el país, no los gringos, ya que son las autoridades locales las que abren o no las puertas a este tipo de interferencias externas.

Por eso este tipo de afirmaciones deben ser entendidas con precisión crítica: son expresiones de una voluntad de influencia que puede ser observada y evaluada, pero no sobredimensionada. Que Estados Unidos bajo liderazgos como el de Trump deliren formulando sus propias concepciones estratégicas entra dentro de su lógica de poder; aceptarlas como descripciones válidas de la realidad, en cambio, es otra cosa. La geopolítica contemporánea no se reconfigura por decretos ni por actos de delirio personales, sino por la interacción efectiva de capacidades, intereses y límites.

Desde una perspectiva soberana, el punto crítico no es reaccionar emocionalmente ante estas narrativas, sino evitar quedar atrapados en ellas. La verdadera trampa no está en lo que se dice desde fuera, sino en cómo eso reordena, o pretende, las discusiones internas. Convertir estas declaraciones en ejes de polarización doméstica implica, en la práctica, concederles una centralidad que no poseen en el plano material.

Por ello, más que aceptar o rechazar discursivamente estos delirios, lo estratégico es desactivarlos como factor de división interna. Ni adhesión acrítica ni oposición reflejo: comprensión fría del contexto y comprensión clara que la realidad regional no se redefine desde un centro externo. En un entorno multipolar, la autonomía no se proclama; se ejerce evitando que agendas ajenas dicten los términos del debate propio. Dejemos a los gringos con su derecho al berreo, nosotros sabemos qué somos y dónde estamos.

La encrucijada civilizatoria: ganancia, poder y sobrevivencia ante el cambio climático de origen humano

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La disputa entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles frente a las fuerzas sociales que buscan una transición hacia un nuevo modelo de convivencia civilizatoria.

En este ensayo se examina la crisis contemporánea no solo como un problema ambiental, sino como una encrucijada civilizatoria en la que confluyen las lógicas de la ganancia, el poder y la sobrevivencia humana. A partir de una lectura crítica del cambio climático como fenómeno de origen humano, el texto plantea que los conflictos actuales expresan una disputa estructural entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles y las fuerzas sociales que impulsan una transición hacia formas de convivencia sostenibles con la naturaleza, los ecosistemas y la vida. En este contexto, se subraya el papel de los pueblos —particularmente en América Latina— como actores clave en la construcción de una alternativa frente a una crisis que está limitando el horizonte histórico de la humanidad y de las demás especies vivientes.

Lo anterior se explica porque el modelo de industrialismo, sustentado mayoritariamente en la extracción y uso de fuentes de energía fósil —particularmente los hidrocarburos, o sea el carbón, el petróleo y el gas natural, además del gas metano—, constituye el factor determinante del cambio climático. Este proceso nos conduce hacia un calentamiento progresivamente más inhóspito a escala global, en la medida en que el efecto invernadero intensifica fenómenos extremos que amenazan con volver inviable la vida humana y la de otras especies en un plazo históricamente breve.

En el curso de la historia humana, la guerra ha sido con frecuencia la expresión extrema de tensiones acumuladas en torno al poder, los recursos y la organización de la vida social. Sin embargo, el tiempo presente nos sitúa ante una encrucijada distinta y más profunda: ya no se trata únicamente de quién domina o quién vence, sino de si las condiciones mismas que hacen posible la vida humana organizada podrán sostenerse en el futuro.

El cambio climático introduce un elemento radicalmente nuevo. A diferencia de las grandes conflagraciones del siglo XX, cuyos efectos —por devastadores que fueran— no alteraron los fundamentos biofísicos del planeta, la crisis actual amenaza con desestabilizar los sistemas que sostienen la vida: la atmósfera, los océanos, los ciclos del agua y la biodiversidad. Por primera vez, la humanidad enfrenta una crisis cuyos efectos tienden a universalizarse, diluyendo la distinción clásica entre vencedores y vencidos.

Sin embargo, reconocer la dimensión global del problema no debe conducir a una simplificación engañosa. No todos somos igualmente responsables. La acumulación histórica de emisiones, la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la lógica de la ganancia que ha guiado el desarrollo industrial remiten a centros de poder económico altamente concentrados. En ellos convergen intereses corporativos, financieros y estatales que han sostenido —y continúan sosteniendo— un modelo de producción intensivo en carbono.

Aquí se encuentra el núcleo del problema: la contradicción entre una lógica de acumulación que exige crecimiento constante y un planeta cuyos límites son finitos. No se trata simplemente de una falla técnica corregible mediante innovaciones, sino de una tensión estructural entre economía y ecología, entre la expansión de la ganancia y la sostenibilidad de la vida.

Esta contradicción no es abstracta. Se manifiesta en múltiples planos: en la persistencia de matrices energéticas basadas en hidrocarburos, en la resistencia de sectores económicos a regulaciones ambientales, en la desigualdad global que obliga a muchos países a reproducir modelos extractivos y en patrones de consumo que refuerzan la dependencia del sistema vigente. La crisis climática, en este sentido, no es un fenómeno externo al orden económico, sino una de sus consecuencias más profundas.

Esto obliga a caracterizar con mayor claridad la naturaleza de los enfrentamientos sociales contemporáneos. De un lado, se encuentra un modelo productivo que ha conducido a una concentración inédita de poder en torno a grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles, respaldadas por élites políticas que coadyuvan a reproducir ese orden y, en muchos casos, privilegian soluciones unilaterales e incluso la guerra como forma de resolución de conflictos.

En contraposición, emergen organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales que impulsan un nuevo horizonte civilizatorio, orientado a sustituir progresivamente la matriz energética basada en hidrocarburos por modelos sustentados en energías limpias y en una relación más equilibrada con la naturaleza.

La tensión entre estos dos proyectos no es superficial ni coyuntural: remite al núcleo mismo del poder contemporáneo y anticipa conflictos que difícilmente podrán resolverse sin una profunda reconfiguración de las estructuras económicas y políticas vigentes.

Frente a esta realidad, surge una pregunta decisiva: ¿es posible transformar este modelo sin atravesar por un enfrentamiento destructivo? La historia ofrece respuestas ambiguas. El siglo XX mostró que los sistemas pueden sobrevivir incluso a catástrofes extremas, pero también evidenció que los cambios más significativos no han sido resultado de la inercia, sino de procesos prolongados de conflicto social, político y cultural.

El presente, por tanto, no se configura como una disyuntiva simple entre colapso o transformación, sino como un campo de fuerzas en disputa. La confrontación ya está en curso, aunque no adopte siempre la forma de un choque frontal. Se expresa en tensiones entre sectores económicos, en disputas regulatorias, en litigios climáticos, en movilizaciones sociales y en debates políticos y culturales sobre nuevas formas de vivir, ejercer la democracia y comprender el sentido del desarrollo. Es una lucha difusa, prolongada y desigual, pero real.

En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de los pueblos de América Latina. Históricamente situados en la periferia del sistema mundial, pero portadores de experiencias ricas en organización comunitaria, solidaridad y resistencia, estos pueblos pueden desempeñar un papel significativo en la búsqueda de alternativas. Las propuestas centradas en la defensa de los bienes comunes, la participación comunitaria y la construcción de formas de producción más equilibradas con la naturaleza abren un horizonte distinto al de la mera reproducción del modelo dominante.

No obstante, esta posibilidad no está garantizada. El destino no es ineluctable, ni predecible. La región se encuentra atravesada por una tensión persistente entre la continuidad de economías extractivas y la aspiración a modelos sostenibles de desarrollo. Resolver esa tensión exige no solo voluntad política, sino también claridad estratégica: comprender que las transformaciones profundas no se producen únicamente por confrontación directa, sino también por la capacidad de generar nuevas alianzas, reorientar intereses y construir formas alternativas de organización política, económica y social.

La cuestión de fondo es, entonces, civilizatoria. No se trata únicamente de reducir emisiones o mitigar impactos, sino de redefinir el sentido del desarrollo, el papel del Estado, la función de la economía y la relación entre humanidad y naturaleza. En última instancia, se trata de decidir si la lógica de la ganancia continuará organizando nuestras sociedades o si será subordinada a las condiciones que hacen posible la vida.

El optimismo, en este contexto, no puede ser ingenuo, pero tampoco debe ser abandonado. La historia humana es también la historia de la adaptación, la creación y la resistencia. La capacidad de supervivencia de nuestra especie es innegable. Sin embargo, en un horizonte más o menos cercano, lo que está en cuestión es la forma que esa supervivencia adoptará. Esta dependerá de la capacidad de la humanidad para limitar progresivamente —y, en última instancia, socavar— las bases estructurales del modelo extractivista y de la producción de energías fósiles que han sustentado el desarrollo industrial, especialmente desde mediados del siglo XX hasta el presente.

El siglo XXI no nos enfrenta únicamente a un riesgo, sino a una decisión histórica. La confrontación ya está en curso. Lo decisivo será su rumbo: si permanecerá fragmentada, tardía e insuficiente, o si logrará convertirse en un proyecto capaz de reorientar el destino de nuestras sociedades.

La pregunta final no admite evasivas:

¿seremos capaces de subordinar la lógica de la ganancia a las condiciones de la vida, o persistiremos en un camino que convierte el progreso en su propia negación?

Si la lógica de la ganancia no reconoce los límites de la vida, será la vida la que termine imponiendo sus límites a la historia humana.

Cuando la prueba técnica se impone en el juicio

Después de varios años de procurar justicia, Jessica Gamboa, productora de chile, logró ganar su caso gracias a sus registros y a la asesoría técnica de la UNA.

Iret-UNA. La primera señal fue el silencio; no el de la finca, sino el de las plantas. Ese día, en un potrero en Bagaces, Guanacaste, se aplicó un plaguicida formulado para el control de malezas de hoja ancha, de uso común en pasturas para ganadería, conocido comercialmente como Pastar, una mezcla de los herbicidas amynopiralid y 2,4-D. No es un producto diseñado para aplicarse cerca de cultivos como el chile; se trata de un herbicida de acción hormonal que, por sus características de alta volatilidad y, bajo ciertas condiciones como temperatura elevada, viento o aplicaciones fuera del horario recomendado, puede desplazarse muy fácilmente fuera del área donde se aplica…y eso fue lo que ocurrió.

A pocos cientos de metros, en un chilar de tres hectáreas, los trabajadores percibieron primero “un olor muy particular”. Horas más tarde aparecieron los primeros signos: las hojas nuevas comenzaron a acuchararse, los brotes se retorcieron, los puntos de crecimiento en tallos y raíces se alteraron. En los días siguientes, la planta dejó de responder: abortó flores, perdió hojas y los frutos se quemaron. “Era meterle una cosa y la otra, pero no… él (chilar) se murió como a las dos semanas”, contó Jessica Gamboa Morice, propietaria de la plantación.

Habían sido meses de trabajo: tres hectáreas de siembra, 32 mil plantas y solo faltaban menos de 15 días para iniciar la cosecha.

En 2018, la agricultora había apostado por el chile como su principal actividad productiva. No tenía experiencia, pero aprendió rápido. Llevaba registro de aplicaciones, control de insumos, seguimiento de recomendaciones técnicas. “Yo amarraba chile, lo recogía… me fascinó”, contó ilusionada. El cultivo estaba en condiciones óptimas y con un excelente precio de mercado, según las proyecciones. Ese orden, que en su momento era parte de la rutina, terminó siendo clave en el caso.

El mismo día del incidente, Gamboa decidió dejar constancia: acudió a la policía, buscó respaldo institucional, registró fechas y condiciones ambientales porque “papelitos hablan”, dijo. Esa documentación inicial permitió determinar cuándo ocurrió el evento y en qué condiciones.

Asesoría oportuna

Días después, a través de contactos del área fitosanitaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Jessica contactó a la Universidad Nacional (UNA). Fernando Ramírez, investigador y actual director del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (Iret-UNA), atendió el llamado y visitó la finca pocos días después del daño.

Esta no fue solo una inspección visual: se tomaron muestras de suelo, raíces y tejido vegetal que luego se analizaron en el Iret y en los laboratorios de la Escuela de Ciencias Agrarias de la UNA. El investigador revisó posibles causas biológicas como plagas, enfermedades o desbalances nutricionales, documentó síntomas en campo y registró imágenes.

El análisis descartó otras causas. “No había insectos que transmitieran virus, no había nematodos en niveles que explicaran el daño, no había enfermedades suficientes”, explicó Ramírez. El suelo presentaba condiciones normales y el manejo agronómico era consistente con un cultivo sano.

En cambio, los síntomas coincidían con intoxicación por herbicidas hormonales: deformación de tejidos jóvenes, crecimiento anormal, caída de hojas y aborto de flores. Estos herbicidas “actúan en cuestión de minutos, si hay sol y la planta está activa”, detalló.

También se valoraron las condiciones externas. De acuerdo con Ramírez, la aplicación en la finca vecina se habría realizado después de las horas recomendadas, cuando había presencia de viento y posiblemente con boquillas que favorecieron la deriva. Este tipo de herbicida puede volatilizarse y desplazarse incluso a distancias mayores bajo esas condiciones. En ese contexto, el daño que se observó en el chilar era técnicamente consistente con una fitotoxicidad por deriva.

Justicia decisiva

Con esos elementos, el caso pasó al ámbito judicial. El proceso no fue inmediato, en primera instancia, el fallo no favoreció a Jessica. “Decía (el juez) que no le había quedado claro”. Sin embargo, la base técnica ya estaba construida y era sólida.

La evidencia que se generó a partir de los análisis con muestreos, diagnósticos y registro de manejo, permitió sostener el caso en apelación y posteriormente en casación. Cada argumento de la contraparte fue contrastado con datos: si se alegaba enfermedad, había diagnóstico; si se cuestionaba el suelo, había análisis; si se discutía la causa, estaban los síntomas y su interpretación técnica. “Ellos hablaban, pero nosotros teníamos los resultados”, contó la afectada.

La diferencia fue que se pudo demostrar. “Tiene que haber un diagnóstico de un especialista, documentación, registros”, explicó Ramírez. En muchos casos similares, eso no existe o se pierde en el tiempo; aquí no.

El acompañamiento técnico permitió traducir lo que ocurrió en el campo a un lenguaje probatorio. No era solo una percepción de daño, había evidencia. La sentencia final llegó el año pasado y reconoció el daño causado al cultivo. Jessica Gamboa ganó el caso.

No entra en cifras ni en nombres, prefiere quedarse con lo que la satisface: que fue posible sostener el proceso y demostrarlo. “La justicia sí existe”, dijo.

El caso no es frecuente. “Casi ninguno tiene suficiente evidencia”, reconoció Ramírez. La combinación entre documentación inicial, seguimiento técnico y análisis especializado marcó la diferencia. En ese recorrido, el respaldo técnico y científico de la Universidad Nacional no fue un detalle menor; eso permitió sostener el caso en el tiempo y responder a cada cuestionamiento con datos.

Aun así, el proceso no ha cerrado del todo. La ejecución de la sentencia, la etapa en la que se valoran las pérdidas y se concreta el pago, sigue en trámite. Ha pasado más de un año desde el fallo final y para Jessica en este momento “la ejecución ya tenía que haber estado resuelta”.

Desde el 2018, las deudas crecieron. Hubo intentos por sostenerse: un pequeño negocio, apoyo familiar, trabajo constante. “Esto es una bola de nieve…”, narró consternada.

Pero insiste en contar la historia. No como excepción, sino como referencia para otros productores. Saber qué hacer, a quién acudir, cómo documentar. Que un daño así no quede solo en una pérdida asumida. “Yo lo único que quiero es pagar mis deudas… devolverle a la gente que me ayudó”, dijo. Y después, si alcanza, volver a sembrar. Aunque sea poco e implique empezar otra vez.

Habla del chile con cercanía: “Qué planta más agradecida…”. La finca sigue en espera, como ella, pero su caso dejó un precedente poco común que puede servir a otros productores.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

¿Unidad o simulación? La verdadera prueba del Convenio 169 en Cahuita

Por Bernardo Archer Moore

Bernardo Archer Moore.

En 1989, cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 de la OIT para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, que Costa Rica ratificó plenamente en 1993, el mundo era muy diferente al de hoy.

La segregación racial y étnica era una norma tácita, y la IA estaba más allá de la imaginación de cualquiera.

La esperanza generalizada era que este acuerdo entre naciones civilizadas se implementara tan pronto como concluye su breve proceso de ratificación en cada país.

Sin embargo, más de tres décadas después, su implementación en Costa Rica sigue siendo una promesa incumplida.

El problema hoy no es la falta de una ley, sino su evasión.

El artículo 6 del Convenio es claro: El Estado debe consultar a los pueblos interesados con el fin de llegar a un acuerdo o consentimiento. Esto no se trata de informarles sobre decisiones ya tomadas, ni de celebrar audiencias públicas. Se trata de garantizar el derecho a la participación colectiva en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, como lo demuestra la resolución constitucional sobre el «Plan Regulador Costero de Cahuita», el Estado ha sustituido la consulta genuina por mecanismos de participación general, diluyendo así la voluntad de los titulares de derechos.

Aquí radica la distorsión central: confundir «población» con «pueblo».

El Convenio 169 no protege a todos los habitantes de un territorio, sino a los pueblos definidos por su autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural; y no por un linaje étnico directo.

En Cahuita, esto implica que el sujeto de consulta no es la totalidad de los residentes, sino el pueblo tribal afrodescendiente, definido conforme a criterios de autoidentificación, continuidad histórica y diferenciación cultural. En consecuencia, aquellas personas que no comparten dicha identidad colectiva —por carecer de vínculo histórico, cultural o de autoidentificación con el pueblo tribal— no forman parte del sujeto titular del derecho de consulta.

En este punto resulta imprescindible apelar al juicio humano, en lugar de depender exclusivamente de la inteligencia artificial, cuya interpretación de los hechos contemporáneos suele estar condicionada por las proyecciones y supuestos de sus desarrolladores sobre un futuro incierto, más que por la complejidad de la realidad presente.

En esta línea de pensamiento, surge un fenómeno contemporáneo ineludible: La creciente complejidad de la identidad, resultado de los procesos de migración, mestizaje y asimilación cultural.

Ante la ausencia de normas claras basadas en la realidad de nuestras comunidades, la ambigüedad genera conflictos internos.

Y este tipo de conflictos, lejos de conducir a soluciones, benefician los intereses del Estado.

Durante el último año, el incumplimiento de la Convención ha encontrado la excusa perfecta en las divisiones internas de las comunidades: permite seguir eludiendo la consulta, justificando la inacción y trasladando la responsabilidad a las propias comunidades afectadas.

Así, el problema deja de ser una cuestión estatal y se convierte convenientemente en una cuestión comunitaria.

Ante este escenario, la comunidad tribal afrodescendiente de Cahuita se enfrenta a un dilema histórico: definirse como sujeto colectivo de acuerdo con los criterios del Convenio 169, o permitir que la ambigüedad siga facilitando la simulación de consulta.

No hay una tercera vía.

La unidad, en este contexto, no es un ideal abstracto. Es una condición jurídica.

Sin ella, no hay consentimiento válido, ni consulta legítima, ni posibilidad de autodeterminación.

En este escenario, incluso los prejuicios históricos —como la narrativa de que «los pueblos afrodescendientes no pueden llegar a acuerdos»— dejan de ser meros estigmas y se convierten en herramientas funcionales de despojo.

La cuestión ya no es jurídica, sino histórica:

¿Permitiremos que se confirme esta narrativa («los negros no se unen«), o construiremos, desde la unidad, el verdadero fundamento de nuestros derechos?

Cahuita, Talamanca

Los hermanos y amigos

Marlin Óscar Ávila

Marlin Óscar Ávila.

En nuestra sociedad, la mayoría, consideramos la amistad en la categoría más superflua. Un tanto ligera. Más útil para su aprovechamiento: para favores, sacar ventaja material, social y hasta económica. Sin embargo, esta podría sustituir la ausencia de un hermano y, en ocasiones, superar a estos.

Hay casos en los cuales se desarrollan amistades, más allá de los clásicos reconocimientos entre amigos, sin insinuar las relaciones sexuales, (morbosidad) pero reconociendo, la existencia de categorías.

Al contar con múltiples amistades, la persona se enriquece más, no porque algunos (as) posean muchos bienes materiales, sino por sentirse acompañadas(os) en hechos de sus historias comunes.

Para muchos es lógico que los hermanos (hijos de la misma madre y padre sean bastante solidarios – apegados), aunque existan excepciones. Hay amistades que se siguen dando pese a las distancias, geográficas y/o de tiempo. Sucede entre hermanos y entre solamente amigos.

Esto explica nuestra expresión común de «hola, hermano o hermana».

No nos extrañemos al escuchar que «dos o más personas se quieren más que hermanos».