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Autor: Hector Ferlini Salazar

Realicemos el Funeral de Estado que le debemos al Presidente y Benemérito de la Patria, Juan Rafael Mora Porras y las Honras fúnebre de Honor a los Generales Ignacio Arancibia y José María Cañas

Vladimir de la Cruz
Secretario de la Academia Morista Costarricense

Un día como hoy, 30 de setiembre, hace 164 años se escribió “la página más triste y sangriente de la historia de Costa Rica”, como lo expresara el gran historiador Rafael Obregón Loría, quien tuvo a su cargo, con motivo de la celebración del centenario de la derrota de los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, el escribir el mejor libro y relato de aquella epopeya nacional y centroamericana, “La Campaña del Tránsito, 1856-1857” y ”Costa Rica y la guerra contra los filibusteros”, títulos con que se ha publicado su investigación histórica.

“La página más triste y sangriente de la historia de Costa Rica”, haciendo relación al crimen de Estado que se cometió aquel 30 de setiembre, de 1860, cuando se acabó con la vida del Prócer, del Benemérito de la Patria, del gran Capitán General, del Libertador de Costa Rica y Nicaragua, ante las amenazas de extender e imponer la esclavitud en nuestros países, como parte de las intenciones de William Walker, de apropiarse de los territorios centroamericanos, incorporarlos a la Unión Americana, acabar con la Independencia y Soberanía de nuestros países, y acabar con la Libertad convirtiéndonos en pueblos esclavos, de conformidad a los intereses sureños de los Estados Unidos.

Dos días después del fusilamiento de Juan Rafael Mora, el 2 de octubre, también acabaron con la vida del General José María Cañas Escamilla, por una orden del Consejo de Gobierno, habida cuenta que un Tribunal Militar, como falsamente se montó contra el Presidente Mora, no hubiera tomado una decisión de ese tipo, además de que se había tomado un acuerdo, con el Presidente Mora, de acabar con su vida, respetando la de sus compañeros, que habían venido con él desde El Salvador con el propósito de retomar el poder, que le había sido arrebato el 14 de agosto de 1859, por un golpe de Estado.

El tres veces Presidente de Costa Rica fue derrocado, de su tercer gobierno, por quien le sucedió a la presidencia, José María Montealegre, quien había estado casado con una hermana del Presidente Mora, por los militares, que se habían distinguido en la Campaña contra los filibusteros, el Mayor Máximo Blanco y el Coronel Lorenzo Salazar, a quienes Montealegre había ascendido a Generales, y quienes formaron parte del Tribunal Militar que acordó su ejecución.

El Presidente Mora había tomado la decisión de regresar al país de su exilio en El Salvador a retomar el poder arrebatado. El 17 de setiembre de 1860 llegó a Puntarenas. Traicionado, que fue, y por una falsa información que había recibido, fue derrotado en la llamada Batalla de la Angostura por fuerzas leales al gobierno de José María Montealegre Fernández. Terminó siendo capturado y sometido a un juicio militar sumario, condenándosele a la muerte. Su muerte, informó el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias Llorente, al Presidente José María Montealegre, “fue con dignidad y valor”.

En la negociación de su fusilamiento se había eximido de igual desenlace al General José María Cañas.

Junto al Presidente Mora fue fusilado el General Ignacio Arancibia, de origen chileno, distinguido militar que también había participado en la Guerra Nacional contra los filibusteros y acompañaba al Presidente Mora.

El acto traidor e infame del fusilamiento se llevó a cabo el 30 de setiembre de 1860, a las 3 de la tarde, en el sitio conocido como Los Jobos, en Puntarenas. Allí mismo, luego fusilaron el General Cañas.

El Consejo Militar, que actuó como Consejo de Guerra, y Consejo de Asesinos uniformados, que lo fusilaron tres horas después de su entrega, estuvo integrado por el General Máximo Blanco, el General Florentino Alfaro, el Coronel Pedro García, Francisco Montealegre Fernández, que era el Primer Designado a la Presidencia de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco María Iglesias.

El trato que le dieron a los cuerpos fusilados del Presidente y del General Arancibia fue de desprecio total. Los dejaron expuestos, a la intemperie, con el ánimo de que las aguas del estero se los llevaran, y los animales hicieran de las suyas.

Gracias a un grupo de entrañables amigos, y parientes, del Presidente, entre ellos los Cónsules de Gran Bretaña y de Francia, los señores Richard Farrer y Jean Jacques Bonnefil, junto con los yernos de Bonnefil, Santiago Constantine y Julio Rosat, y el Capitán Francisco Roger, se impidió que los cuerpos acabaran en el estero.

Una vez que recuperaron los cuerpos procedieron a enterrarlos en el cementerio del estero, en una fosa cavada por ellos mismos, donde depositaron también el cuerpo de General José María Cañas, y resguardada por los siguientes seis años.

El 20 de mayo de 1866 el Cónsul francés Jean Jacques Bonnefil, con cuatro personas, marineros, Carlos Leonara, Enrique Ligoneff, Francisco Hervé y Guillermo Noubée, exhumaron los cadáveres, los recogieron y mantuvieron durante un breve período de tiempo en la residencia del Cónsul, en Puntarenas, de donde los trasladaron después a San José, a la residencia del Cónsul, que estaba frente al Hospital San Juan de Dios.

En su casa se guardaron los restos de los Héroes hasta que el 13 de mayo de 1885 fueron depositados en el Cementerio General de la ciudad de San José, sin que se hubiera hecho nunca, a partir de esta fecha, ningún ceremonial oficial de Entierro de Estado, de Funeral de Estado, al Presidente de la República, Benemérito y Héroe de la Campaña Nacional de 1856 y 1857

La sociedad costarricense, el mundo político nacional, tiene una gran deuda histórica con el Benemérito de la Patria, con el Héroe y Libertador Nacional, con el gran conductor, gran estratega y táctico, de la Guerra Nacional contra los filibusteros norteamericanos, en 1856 -1857, el tres veces Presidente de la República, el Capitán General Juan Rafael Mora Porras. Es hora de saldar esa deuda.

Está pendiente desde aquel Asesinato de Estado es un gran acto nacional, que debe realizarse con un Gran Funeral de Estado, donde se cumpla, con el reconocimiento oficial, a la figura del Presidente Juan Rafael Mora Porras, y que se realice con toda la pompa, ceremonia y desfile que merezca, y donde resultado de este Funeral de Estado, se celebren las Honras Fúnebres Oficiales, y se reivindique, de esa manera, su memoria depositándolo oficialmente en su sepultura, en el Cementerio General, o en el Mausoleo, que con ese motivo se podría erigir de manera distinguida en el mismo Cementerio.

El Funeral de Estado comprende el acto, en este caso, el acto de exhumación, de exequias o del cortejo fúnebre que debe realizarse acompañando los restos, los actos oficiales que se realicen en su Memoria en la Asamblea Legislativa, bajo capilla ardiente, u otros sitios que se dispongan a este efecto, incluyendo un acto ceremonial religioso, católico, que también se le podría tributar, por razones de su credo y de la tradición de mediados del siglo XIX, y el de nuevo depósito de sus restos en el Cementerio General.

La exhumación de los restos del Presidente Juan Rafael Mora, a los efectos del Funeral de Estado, deben sacarse del Cementerio General en un acto absolutamente privado, y llevado al sitio donde se le rendirá el Funeral de Estado.

El Funeral de Estado es la ceremonia pública que en Honor de la figura política del Presidente Juan Rafael Mora Porras debe realizarse.

Un Funeral de Estado no es un funeral religioso. Con el Funeral de Estado se decretan por lo menos tres días de Duelo Nacional, con el Pabellón Nacional y la Bandera Nacional a media asta, en todos los edificios e instituciones de la administración pública, de las Escuelas y Colegios, en que se exhiban banderas en el exterior. A esas banderas no se les deben poner crespones o lazos negros

Las fuerzas de escolta que acompañen el féretro deben ir a pie, no a caballo, de manera que nadie esté por encima del féretro.

En el Funeral de Estado que se organice para el Presidente Juan Rafael Mora Porras se puede contemplar la realización de una Vela Pública, de uno a tres días, con Guardia de Honor, de la Fuerza Pública y de civiles que quieran participar de ella, donde los costarricenses, escolares, estudiantes, ciudadanos, sean invitados, a acompañar los restos del Héroe, antes del ceremonial oficial y de su entierro definitivo, resultado de este Funeral de Estado.

La Guardia de Honor, debe estar en absoluto silencio, durante unos minutos alrededor del féretro. Su silencio es para manifestar el respeto y el afecto hacia la persona a la que se le está rindiendo el Homenaje. La Guardia de Honor se hace por turnos de varias personas, dos, cuatro o seis.

La Vela Pública es para que el Pueblo de manera directa pueda despedirse del Presidente Juan Rafael Mora Porras, el Presidente más amado, más querido, más admirado de la Historia Patria.

Un Funeral de Estado, para el Presidente Juan Rafael Mora Porras, servirá no solo para reivindicar el acto de su muerte, sino para fortalecer su Memoria, el culto y el respeto al Héroe, para fortalecer la identidad nacional en lo que el Presidente Mora evoca y significa, para enriquecer la conciencia histórica, pero sobre todo para hacer Justicia Histórica con el Héroe Nacional, que no tuvo su Funeral de Estado, su Funeral Oficial, con el que estamos en deuda nacional, quien le aseguró la Soberanía y la Independencia nacional al País, a la Patria, al Pueblo costarricense y centroamericano.

Este Funeral de Estado no será de despedida, es de bienvenida y de inserción oficial a la Memoria Histórica nacional.

El féretro del Presidente debe cubrirse con el Pabellón Nacional, para indicar en este caso, además, que el Estado se hace responsable de lo que ocasionó su muerte.

El Funeral de Estado es el máximo respeto a su memoria, el que no se le tuvo en el acto vil de su fusilamiento.

De igual modo, para esta ocasión del Funeral de Estado, debe tenerse presente la obra musical el “Duelo de la Patria”, un Himno que evoca la tristeza, la pena y el dolor nacional, de todo el pueblo, del Maestro Rafael Chávez Torres, discípulo de Manuel María Gutiérrez, y sucesor de él en la Dirección de Bandas Militares, Himno que por primera vez se entonó en el Funeral del Presidente Tomás Guardia Gutiérrez, quien también se había distinguido en la Campaña Nacional, bajo las órdenes del General José María Cañas Escamilla.

El fusilamiento de los Héroes de 1856 y 1857, especialmente el del General Cañas, fue el acto que impulsó al Presidente Tomás Guardia Gutiérrez a abolir la pena de muerte en el país.

UNDECA: ¿Puede Marta Esquivel siendo imputada y sujeto de investigación emitir actos administrativos?

UNDECA deplora, que tras ser detenida la señora Marta Esquivel, ella nombró este miércoles a la coimputada Marielos Gutiérrez como Gerente General de la CCSS. Esto a pesar  que tanto Marta Esquivel como María de los Ángeles Gutiérrez, fueron detenidas el lunes 23 de septiembre, por el caso Barrenador.

La señora Esquivel Rodríguez firmó el documento de nombramiento de gerente general de la CCSS a María de los Ángeles Gutiérrez, con un salario de ¢5.415.000 mensuales por 6 meses, en la tarde de este miércoles 25 de septiembre del 2024.

Un comunicado de UNDECA precisa: “Es lamentable la falta de respeto a las autoridades judiciales, un acto éticamente reprochable, en los momentos difíciles que vive la CCSS y el pueblo costarricense. Es inadmisible que continúe en el pleno ejercicio de sus funciones como jerarca de la entidad, como si nada hubiera pasado, hasta que la autoridad judicial determine su situación jurídica en definitiva”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
UNDECA sostiene que esa actuación Marta Esquivel constituye una burla al sistema de administración de justicia..

Le invitamos a escuchar la denuncia completa en el siguiente video:

«Señor presidente, pare ya»

En un comentario cargado de tristeza y preocupación, Óscar Aguilar Bulgarelli, como historiador y ciudadano costarricense, se dirige a la nación con el alma abatida por la situación actual que atraviesa Costa Rica.

Aguilar comienza recordando que desde 1948 el país no había enfrentado un escenario tan cargado de rencor, odio y divisiones, subrayando la gravedad de la coyuntura política. Lo que ha ocurrido recientemente en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un suceso que va más allá de la voluntad de un fiscal aislado o de un acto autoritario individual; es, en realidad, el resultado de un proceso institucional complejo y lleno de irregularidades que no pueden ser pasadas por alto.

Aguilar subraya que las acciones del fiscal no fueron actos arbitrarios o de abuso de poder, como lo acusó el presidente Rodrigo Chaves, sino que estaban respaldadas por una denuncia presentada por la propia auditoría de la CCSS. Añade que también hubo denuncias previas, así como informes y acciones de la Contraloría General de la República. Estas acciones evidencian la existencia de una trama irregular en el otorgamiento de la licitación, que el fiscal tenía la obligación legal de investigar y que estaban amparadas en el marco del derecho.

La crítica de Aguilar se intensifica cuando señala que, lejos de actuar con prudencia y respeto a las instituciones, fue el presidente Chaves quien, con su discurso, mostró un comportamiento autoritario. El historiador destaca que las declaraciones del mandatario no solo fueron inapropiadas, sino también peligrosas. Chaves, en su intervención, expresó que «Dios no quiere que llegue el momento en que tengamos que actuar», dejando en el aire una vaga pero inquietante amenaza sobre posibles acciones futuras de su gobierno. Aguilar, consternado, se pregunta qué es lo que pretende defender el presidente con este tipo de advertencias, cuando todas las actuaciones judiciales y administrativas han sido realizadas conforme a la ley.

Además, Óscar Aguilar Bulgarelli denuncia la existencia de un patrón preocupante en los discursos del presidente Chaves. Se refiere a varias ocasiones en las que el mandatario ha convocado al pueblo costarricense a estar atentos ante amenazas imaginarias y conspiraciones inexistentes, como lo ha hecho en Limón, San Carlos y Guanacaste. Para Aguilar, esta constante retórica de confrontación es una forma de generar odio y divisiones en el país, un comportamiento que, afirma, es inadmisible en un gobernante.

El historiador y analista también menciona los diversos frentes de crisis que enfrenta el país bajo el liderazgo de Chaves: caos en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en el sistema educativo, en el Ministerio de Cultura, en el Ministerio de Hacienda y en otras áreas de la administración pública. Aguilar critica que, en lugar de buscar soluciones, el presidente parece empeñado en acelerar el deterioro de las instituciones, lo que lleva a un desenlace incierto y peligroso para la nación.En sus palabras finales, Aguilar hace un llamado enfático al presidente de la República para que detenga este rumbo de confrontación y caos. Le pide que asuma las riendas del país con responsabilidad y que cesen los discursos de división que solo profundizan la crisis social y política. A través de su emotivo mensaje, Óscar Aguilar expresa no solo su preocupación personal, sino también la de muchos costarricenses que, como él, aman a su patria y desean un futuro de estabilidad y paz. Por ello exclama: «Señor presidente, pare ya«.

Universidades públicas argentinas llaman a marchar ante negativa del gobierno a asignar fondos

El comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las universidades públicas argentinas anuncia su adherencia a la marcha para defender la universidad pública argentina el 2 de octubre a las 5 de la tarde hacia la Plaza de los Congresos.

Esta marcha tiene como fin solicitar la promulgación de la ley de financiamiento universitario, y, en el caso de que se diera un veto por parte del presidente, Javier Milei, la marcha le va a solicitar a los diputados nacionales que puedan acompañar esta ley.

Se menciona que desde hace 20 años no se daba una situación en la que trabajadores y trabajadoras de este sector estaban por debajo de la línea de pobreza.

La ley no pone en peligro el equilibrio fiscal, e ir contra esta ley necesaria para la subsistencia de la educación superior pública destruye la excelencia académica de las casas de estudio y ataca el pilar fundamental de irrestricto acceso a la educación, trayendo abajo las becas y no permitiendo que los estudiantes si quiera puedan pagar el transporte del dia a dia

Se advierte como, si no hay universidades que formen a la juventud, qué clase de país se va a tener, la pregunta es de ciudadanía, del futuro de un país, el cual empieza en la educación. (Esto no solo es verdad en Argentina, sino también en Costa Rica y el resto del mundo, sin educación, no hay progreso ni futuro, y las administraciones recortistas buscan traerse esto abajo).

Este comité llama a toda la comunidad universitaria y a la sociedad argentina a darle un mensaje contundente al presidente: la educación pública no se toca.

Le invitamos a ver el video en el cual rectores y dirigencia estudiantil de Argentina exponen la situación, similar a la que se presenta en Costa Rica.

Los barrenadores de fondos en la CCSS – Parte I: El paciente cero

Rafael Ángel Ugalde Quirós, periodista, abogado y notario
Rodrigo Arias López, matemático y actuario

Con el presente artículo pretendemos explicar en cuatro entregas las complicadas formas cómo los fondos de la CCSS tienen años de ser barrenados; se pretende además que el trabajo sea una especie de “Cuadernillo independiente de educación popular” para sindicalizados, movimientos sociales y estudiantes.

Quienes nos han gobernado desde la Colonia hasta nuestros días, nos crearon una serie de mitos que, en la práctica, nos desenfocan de los problemas serios, encaminado todo a que el engaño, la simulación y las apariencias políticas, económicas, electorales, legales, entre otras, se perfeccionen cada vez mejor; de tal manera que los millares de trabajadores, estudiantes, amas de casa, pensionados, desempleados, etc., vean “progreso” donde existe retroceso y oportunismo y “favores” en lugar de derechos. Por eso, a los costarricenses nos han enseñado que la “chota” es mejor que tomar el toro por los cuernos, y el chiste, la risa y el vacilón reflejan en gran medida impotencia y frustración.

Los ejemplos para desenfocarnos de nuestra cotidianidad abundan a diario: somos el país más feliz del mundo, aunque no seamos tan felices, vivimos la mejor democracia del mundo (con casi un millón de gente sin vivienda digna, trabajadores con salarios congelados, tribunales que absuelven presuntos asesinos de luchadores sociales…), es una dicha vivir en la Suiza Centroamericana, bla bla bla.

Para no ir muy lejos, en estos días, la Fiscalía sorprendió a tirios y troyanos con el “caso barrenador”. En La República lo ilustran con el logo de la Caja lleno de moscas verdes, informan que “supuestamente se creó un sistema corrupto para favorecer a varias cooperativas” y que “la analogía surge porque los huevos del gusano se comen el sistema y al huésped, lo cual sería básicamente lo mismo con la CCSS y las cooperativas supuestamente favorecidas”. [1]. ¿Y cuándo comenzó este gusano a comerse el sistema? Pueblo que pierde su memoria está condenado a cometer los mismos errores. Nada más recordemos: Durante la administración del presidente Luis Alberto Monge (1982-86) se echaron abajo las Asociaciones Cantonales de Salud, que engendraban la participación del ciudadano en el proyecto de “Hospital sin paredes”, sustituyéndolas por dóciles Juntas de Salud, como coadministradoras (paraestatales) de los establecimientos de Salud Pública.

Después de descabezarse el “Hospital sin paredes” en 1985 ([2] página 10), como experiencia novedosa nacida de las entrañas del pueblo, llegamos a lo que experimentamos hoy. Se promovió y apareció la primera forma de “tercerización” de servicios que, aunque haya sabiondos que lo niegan, es una privatización de servicios, al entregarse en administración a cooperativas los primeros centros de salud (el de salud de Pavas fue el primero en “cooperativizarse”, a cargo de quien luego sería viceministro de salud, en la Administración de Oscar Arias).

La experiencia del Hospital sin Paredes nacida hace más de 50 años en San Ramón de Alajuela resolvía integralmente los problemas con el bienestar integral de la persona, pero a la vez resultaba inaceptable para el comercio con el bien salud que ya tenían planeado (Foto tomada de [2]).

Se inició la “desnaturalización” de la Caja, comprando servicios médicos privados, mandando sus pacientes a examinarse a centros empresariales y el derecho a la salud fue visualizado como negocio, con el silencio cómplice, de unos pocos profesionales que vieron la oportunidad de trabajar menos y mejorar sus ingresos, o las pequeñas protestas y pasajeras denuncias de algún que otro sindicato, quizá incrédulos de lo que estaban viendo.

Ya para el 23/9/2024, Noticias Repretel, reporta 20 allanamientos y la detención de 8 personas, entre empleados, directores y exdirectores de la CCSS, realizados por el OIJ y la Fiscalía de Probidad por presunta corrupción. [3]. La misma fuente, un día después, informa de presuntas amenazas con bombas en la Fiscalía (hasta el 28/9/2024 se desconocía sí aparecieron tales bombas, el tipo de material explosivo etc.), mientras el 26/9/2024, la Fiscalía consigna la queja de que le habían borrado 300 correos del dispositivo de uno de estos investigados, estando él detenido y cuando se supone era probanza calificada para determinar la certeza de un indicio de supuesto delito.

Parte de la justificación dada por el fiscal general, Carlo Díaz Campos, es “una investigación que lleva la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a raíz de una denuncia que presentó la propia Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social. En la misma se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS con precios sumamente excesivos. Aquí se denunció una injerencia directa de la Junta Directiva de la Caja para adjudicar una licitación en detrimento de una que llevaba más de dos años de estar en curso. Con esta nueva licitación se causa un perjuicio al Estado de más de 12.400 millones al año. Esta investigación tiene el respaldo de la Auditoría de la Caja quien presentó la denuncia; pero también de la Contraloría General de la República que hizo sus informes y sus observaciones en la misma”. [4]

Díaz también hizo un llamado a la población “a que denuncie y para eso estamos y esperamos que cada persona cuando tenga conocimiento de un hecho delictivo se acerque a la fiscalía y lo denuncie”. Y tomándole la palabra al fiscal general, para que use sus facultades legales y grandes dado por el marco jurídico, es necesario investigar la infección que en epidemiología llaman el “paciente cero”. Investigadores de la Universidad de Buenos Aires mencionan que el “número básico de reproducción 𝑅o = a/b es el definido como el número medio de infecciones secundarias que ocurren cuando un individuo infeccioso es introducido en una población susceptible. Es decir, cuántos individuos va a infectar directamente el paciente cero. La cantidad 𝑅o es de gran importancia en epidemiología, ya que indica si la infección se va a extender.” [5]

El caso cero ayudaría a que la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna de la Caja, el fiscal general y el Poder Judicial, conozcan si el paciente que la Auditoría Interna de la CCSS envió al Ministerio Público, es o no es el paciente cero, así como determinar la cantidad de infectados, con sus nombres y apellidos. Además, podrán medir con mayor precisión que tan avanzada está la infección; es decir, si el daño es solamente ¢12.500 millones anuales o si es mucho mayor y si la podredumbre es a partir de hoy o nació años o décadas atrás. Con esto, los contralores, auditores y fiscales no solamente podrían poner en aislamiento a todos los infectados y vectores, sino que les sería más fácil informar a los jueces que tan profunda debe ser la cirugía para evitar que continúe la corrupción, infección o podredumbre.

En la búsqueda del paciente cero el fiscal general nos da una pista cuando dice que “se investiga la contratación de servicios de salud de 138 EBAIS”, pues estos son parte de la estructura del primer nivel de atención de la salud o medicina preventiva, que hasta el 3/12/1993 estaba a cargo del Ministerio de Salud (MS). Antes de esa fecha la “Ley Universalización del Seguro de Enfermedad y Maternidad” N° 5349 del 24/09/1973 decía “Artículo 6º.- La atención de las acciones de salud en materia de medicina preventiva no reservadas por ley a la Caja, serán de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salubridad Pública”. Con la Ley N° 7374 del 3/12/1993 se derogó el artículo antes citado y se trasladó a la CCSS la obligación de encargarse de la medicina preventiva con la promesa en su artículo 9 que el Ministerio de Hacienda sería el responsable de financiar su costo.

Esto nos animó a buscar el “caso cero” en la década de 1980, así como sí había indicios del gusanillo “barrenador”, pero no había entonces redes sociales como ahora y las contradicciones de intereses en las altas élites no eran tan marcadas como ahora por la “institucionalidad” y los pocos derechos que aún quedaban a los trabajadores. En 1990, un artículo publicado por Fernando Marín Rojas, fundador de COOPESALUD, R.L., nos da un panorama de esta década, cuando nos ilustraba: “Para enfrentar los problemas mencionados de una manera integral se propuso, en 1986, el desarrollo de un plan piloto en la Clínica de Pavas, en el área metropolitana de la capital costarricense. Después de tres años de trabajo -donde se hicieron arduas negociaciones, se hicieron los estudios de factibilidad y se constituyó la empresa COOPESALUD R.L.-, el 30 de agosto de 1988, se inició el proyecto con los servicios del seguro social, y el 16 de febrero de 1989, el Ministerio de Salud también traspasó a la Cooperativa sus programas, logrando constituir un Sistema Local de Salud “totalmente integrado.”” [6] (Destacados no son del original).

La panacea para los costarricenses sin acceso a clínicas y hospitales privados se llamó “tercerización” del derecho a la salud. Pocos chistaron. (F. tomada de Facebook con fines ilustrativos).

Marín cita que, el objetivo era resolver una serie de problemas y críticas, entre ellos la dificultad para el acceso de los servicios, los largos tiempos de espera, mala calidad de los medicamentos, bajo rendimiento y altos costos de funcionamiento, entre otros. Para tal fin, la cooperativa quedaba autorizada a ofrecer diversos servicios de salud, principalmente preventivos, pero también del segundo nivel de atención.

Además, Fernando Marín nos da cifras monetarias que a la luz del artículo 6 de la Ley 5349 vigente antes de 1993, podían mandarse fondos del Seguro Social hacia el Ministerio de Salud, como gasto de éste hacia la CCSS. Marín reporta que “Para iniciar el proyecto, la Caja Costarricense de Seguro Social proporcionó una clínica nueva, con 4.750 m2 de construcción y 9.000 m2 de áreas verdes y parqueos, la cual estaba equipada en un 80%, aproximadamente. Todo con un costo cercano al millón y medio de dólares. La cooperativa pagó, por una sola vez, un alquiler simbólico de ¢2.000 (US$30).” [6]

Marín también informa: “Por la administración de la Clínica de Pavas, la C.C.S.S. paga, actualmente un monto anual de ¢2.600 (aproximadamente US$30) por cada asegurado residente en el área de salud. Dicha suma se negocia anualmente y es cancelada en cuotas mensuales. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó un aporte mensual permanente de ¢1.375.000 (aproximadamente US$15.000), el cual solo ha honrado, hasta la fecha, en forma parcial.” [6].

Nadie habló entonces de “tercerización” de servicios del sector salud, iniciada por el PLN, como se probó anteriormente, y continuada por el PUSC, con el fin de trasladarle costos a la Caja, barrenarle sus ingresos, satisfacer exigencias de organismos financieros internacionales y promover el negocio de la salud privada.

Este humilde aporte podría ayudar a los fiscales para que en las pesquisas de pruebas que están haciendo, vayan anotando en sus bitácoras los daños ocasionados a los fondos de la CCSS y de los asegurados, en adición a los ¢12.500 millones que ya tienen anotados.

La historia ocurre dos veces, decía a mediados de 1800, un viejillo barbudo, odiado por quienes endiosaban el libre mercado y cascarrabias a todas luces, “la primera como tragedia y la segunda como farsa”.

[1] https://www.larepublica.net/noticia/por-que-le-pusieron-caso-barrenador-a-la-investigacion-de-supuesta-corrupcion-en-la-ccss

[2] https://www.binasss.sa.cr/plannacionalsalud.pdf

[3] https://www.youtube.com/watch?v=vGVIDAzyjNE

[4] https://www.youtube.com/watch?v=-70MuGYKq3I

[5] https://investigacion.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/Gache-Andrea-.pdf

[6] https://ojs.icap.ac.cr/index.php/RCAP/article/view/651/1036

Para firmar – Organizaciones llaman a respetar la independencia del Poder Judicial

SURCOS comparte esta invitación a firmar que fue enviada a nuestra redacción:

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación ante los ataques a la independencia del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo en el marco de la investigación emprendida por la Fiscalía General de la República por el “caso Barrenador”, y hacemos un llamado urgente al respeto de la división de poderes y a la protección de los principios democráticos fundamentales consagrados en el artículo 9 constitucional. 

El principio de independencia judicial se encuentra contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye uno de los pilares básicos del sistema democrático por lo cual, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recordado en numerosas ocasiones la obligación de los Estados de garantizar la autonomía del Poder Judicial y evitar interferencias indebidas por parte de otros poderes públicos o fácticos.   

La reacción del Poder Ejecutivo ante la investigación de un eventual caso de corrupción, fomenta la violencia política y la polarización social, erosiona la confianza en las instituciones públicas y pone en riesgo la convivencia pacífica.  De considerar el Poder Ejecutivo que las instancias judiciales han actuado de forma irregular, deberá acudir a presentar la respectiva denuncia para ser investigada mediante los mecanismos legales previstos en el ordenamiento jurídico. 

En Centroamérica, hemos sido testigos de preocupantes retrocesos en la garantía de  independencia judicial, iniciando este ciclo con la persecución de operadores de justicia -fiscales y jueces- que investigan y juzgan eventuales casos de corrupción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante elecciones populares”. 

Es crucial que los actores políticos y sociales asuman su responsabilidad dejando de lado las retóricas polarizantes y promuevan un ambiente de respeto entre los poderes públicos y un diálogo constructivo que permita avanzar en las metas de desarrollo del país. 

Instamos a la población a monitorear y a defender activamente la independencia de sus instituciones, entendiendo que un Poder Judicial robusto, imparcial y libre de presiones es esencial para la protección efectiva de sus derechos. Las organizaciones firmantes reiteramos su compromiso con la defensa de la independencia judicial y de la autonomía de la fiscalía como piedra angular de la democracia.

El formulario se cierra el domingo 29 de setiembre del 2024 a las 11:59pm y es únicamente para organizaciones, debe firmar una persona como responsable de la organización (el nombre de la persona no se publicará solo el de la organización).

Formulario para firmar – clic aquí.

Grupo Puentes llama a respetar la democracia

SURCOS transcribe el texto del Grupo Puentes. Puede descargar del siguiente enlace el documento original.

UN LLAMADO AL RESPETO A LA DEMOCRACIA

Ante las situaciones que se han presentado a raíz de denuncias por presuntos actos ilícitos en la Caja Costarricense del Seguro Social, y la respuesta del Gobierno de la República ante tales situaciones, manifestamos lo siguiente:

1. Todos los gobiernos han sido respetuosos de la separación de poderes, aún en casos en que las actuaciones del Poder Judicial pudieran no convenir a los intereses del Poder Ejecutivo.

2. La Fiscalía está investigando denuncias muy graves, y es dentro del marco de esta investigación que se dieron sus actuaciones, apegadas a nuestro ordenamiento jurídico. Esta investigación en ningún modo es una declaración de culpabilidad.

3. Considerando que los arrestos no necesariamente implicarán un dictado de prisión preventiva, el gobierno debe garantizar que, a pesar de las situaciones tan delicadas, la CCSS siga funcionando con normalidad.

4. Estamos preocupados que, en el caso que nos ocupa, el gobierno y sus voceros entren a irrespetar la separación de poderes. No es aceptable que se califique de “abuso de poder” las actuaciones legítimas del Poder Judicial o el peligroso llamado a la ciudadanía a “estar vigilante” y no tolerar esos supuestos “abusos”.

5. Hacemos un llamado a la calma y al respeto a nuestro ordenamiento jurídico. Solo así se garantizan la justicia, la democracia y la paz que constituyen el supremo anhelo de la ciudadanía costarricense.

En apoyo a lo anteriormente expuesto firmamos:

Rolando González Ulloa 2-0274-0540

Alexánder Rodríguez Chaves 1-0967-0546

Clemencia Rodríguez Alpízar 6-0118-0392

María Rosa Angulo Angulo 5-0216-0076

Luis Fernando Acuña Loaiza 1-0599-0123

Bernardo Aguilar González 1-0566-0270

Sergio Alfaro Salas 2-0464-0884

Felipe Arauz Cavallini 1-0486-0636

Fernando Berrocal Soto 1-0337-0722

María Gabriela Campos Méndez 1-0510-0893

Manuel Carballo Quintana 1-0300-0515

Anabelle Castillo López 3-0313-0976

José Martín Chacón Chacón 1-0670-0597

Jeannette Cordero Gamboa 4-0119-0233

Marinela Córdoba Zamora 3-0297-0351

Leda García Pérez 1-0487-0511

Ángel Jiménez Segura 6-0359-0767

Rodrigo Jiménez Sandoval 1-0537-0978

Guido Mora Mora 3-0257-0217

Jorge Mora Portuguez 1-0690-0544

Carmen Muñoz Quesada 1-0619-0272

Welmer Ramos González 5-0191-0924

Eduardo Robert Ureña 1-0964-0187

Omar Rojas Donato 1-0460-0740

Melvin Sáenz Biolley 1-0412-0634

Erick Sojo Marín 3-0351-0353

Federico Tinoco Carmona 1-0386-0600

Yayo Vicente Salazar 1-0435-0724

Y 59 nombres más.

La crónica de una muerte anunciada que algunos nos resistimos a aceptar

Carlos Soto

Unos 44 años atrás por iniciativa de productores conscientes de la contaminación de los pesticidas para ellos, sus familias y el ambiente, además de los altos costos de los insumos de síntesis química; la cooperación internacional y algunas ONG nacionales, nos dimos a la tarea de promover la agricultura orgánica en el país.

Al 2023, el MAG reportó poco más de 10.000 ha. bajo producción orgánica en el país, en contraste con las 348.000 ha. de cultivos convencionales; es decir un 2,9% del total de superficie bajo cultivo.

No obstante, cabe aclarar que el área orgánica está dedicada principalmente a productos de exportación (café, banano, piña, azúcar, entre otros), reduciendo aún más el área destinada para el mercado nacional, propósito principal de los pequeños productores del país, y sobre cuyo esfuerzo y sacrificio de nuevo, se montaron y aprovecharon las grandes empresas exportadoras, que nunca participaron, aportando tiempo y/o dinero, en las negociaciones con el gobierno, para crear la ley del 2007, iniciativa de productores, con el apoyo de la cooperación internacional, las ONG y diputados de la Asamblea Legislativa del momento, de la cual hoy usufructúan.

Así las cosas, queda claro el manifiesto desinterés en la promoción de la agricultura orgánica de los diferentes gobiernos, que al parecer tiene su remate final con el de turno.

Esta afirmación, tiene su evidencia en que 35 años después de la aprobación de la ley de agricultura orgánica, el MAG no había creado aún el «Departamento de Fomento a la Producción Orgánica» (DFPAO), responsable de su implementación; lo que claramente confirma el desinterés de los gobiernos por hacer cumplir la ley y de los diputados por su fiscalización.

Sobre el desmeritamiento histórico que ha sufrido la agricultura orgánica en el país, tenemos algunos señalamientos:

– Ser una actividad productiva inducida inicialmente por pequeños productores, y no por grandes productores o el gobierno.

– Falta de control político de la sociedad civil, productores (por falta de recursos que les otorgue capacidad) y diputados, para el cumplimento de la ley.

– El haber observado la agricultura orgánica como una agricultura donde se sustituyen insumos convencionales por orgánicos, y el productor controla (es el centro) de todo el proceso productivo; y no como una agricultura ecológica, donde el productor más bien es parte del proceso productivo.

– El enfrentamiento de los pequeños productores orgánicos en desigualdad de condiciones, con un sistema político – económico dominante de la economía nacional, que privilegia la importación, elaboración y utilización de agroquímicos, así como el monocultivo de productos convencionales y la exportación.

– La generación de un círculo vicioso limitada oferta – limitado consumo – limitada oferta, que obstaculiza el crecimiento y desarrollo de los mercados nacionales.

– La comercialización en el mercado nacional de productos orgánicos con un mayor costo que los convencionales, sobre la premisa de algunos productores de sus altos costos de producción, en contraposición de quienes los adversan, señalando más bien sus bajos costos.

– La visión negativa que en los últimos tiempos han tomado para los consumidores los productos orgánicos (acceso a ellos), en el mercado nacional, quiénes por su limitada oferta y altos precios, los consideran productos «gourmet».

– Nuestra educación, cultura y promoción alimentaria, dependiente de la producción, dieta y estilo de vida importada de otros países, dominada por comidas rápidas de baja calidad y limitada diversificación.

– Altos costos de certificación de tercera parte para el mercado nacional; y falta de promoción, apoyo e implementación del Estado, de la certificación participativa para este mercado.

– Falta de información y educación al consumidor nacional sobre la importancia y beneficios de la producción orgánica.

– Salida del país de la cooperación internacional, aliado económico de la gestión de la agricultura orgánica nacional.

– Existencia de una escuela de agricultura orgánica (CNEAO) para pequeños productores del INA en la Chinchilla de Cartago, con 28 años de creación, graduando cientos de estudiantes de todo el país, de los cuáles se desconoce la aplicación de los conocimientos adquiridos en su experiencia productiva.

– La confusión generada en los consumidores, a los que el mercado nacional les ofrece una oferta distorsionada de productos orgánicos, bajo calificativos como: producidos de manera natural, sostenible, en equilibrio con el ambiente, sin agroquímicos, como productos eco y/o ecológicos, etc.

Probablemente existan más señalamientos de los aquí anotados, que han limitado el desarrollo de la agricultura orgánica en el país; no obstante, éstos nos llevan a plantear que quizá parte de la solución para que la agricultura orgánica no se quede sin apoyo Estatal, implicará un movimiento social de productores, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados e interesados en la actividad, que busquen y establezcan alianzas y sinergias con entidades de defensa de los intereses de los ciudadanos y diputados de la Asamblea Legislativa, interesados, proclives o sensibles al tema, tal que sean ellos los que se encarguen no solo de llamar a cuentas al gobierno, sino también de salvaguardar el contenido de la ley y su ejecución, dejando para el futuro los mecanismos de control viables, factibles y sostenibles, para garantizar que la ley nunca más vuelva a estar en peligro de ser manipulada, de quedar sin efecto, o de desaparecer.

Imagen: https://agroecologa.org

Movimientos contra el Tope en Goicoechea, Montes de Oca y La Unión

Coordinadora por la Liberación Animal

En este momento se encuentra en discusión en la Municipalidad de Montes de Oca la posibilidad de reactivar el tope nacional para el 26 de diciembre, propuesta impulsada por Domingo Arguello y Enrique Sibaja, alcalde y presidente Municipal, junto con la Cruz Roja.

Además, en La Unión esta actividad se está promoviendo desde una iniciativa privada con permisos y apoyo municipal para el 08 de diciembre.

Mientras que en Goicoechea el alcalde Fernando Chavarría Quirós junto con la empresa EZ Rental Investment S.A. están impulsando el tope para el 15 de diciembre.

Desde el Movimiento de Defensores Animalistas de Guadalupe, Montes de Oca, La Unión y el Movimiento Antiespecista Nacional nos posicionamos en contra de esta actividad de explotación animal, donde el medio ambiente y las personas vecinas del cantón se ven afectadas.

Queremos hacer un llamado a prestarle atención a las necesidades de la comunidad y a fomentar valores que incluyan el respeto a los animales y al medio ambiente, y no actuar por intereses económicos individuales que además tendrían un gran costo económico en limpieza y seguridad para la municipalidad.

A continuación, citamos, la visión y misión de la Municipalidad de Montes de Oca:

Visión: «Ser un Gobierno Local inteligente, abierto, competitivo y participativo, que promueva el desarrollo humano equitativo, sostenible y sustentable en el Cantón»

Misión: «Somos un Gobierno Local conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral del Cantón, mediante la innovación en la prestación de servicios de calidad»

Además, rescatamos el valor de la amabilidad que quieren fomentar en el cantón.

Una actividad de explotación animal y uso excesivo de alcohol nos parece que va en contra de fomentar un cantón sostenible, integral y amable. Además, pedimos que, con la apertura que proponen en su visión, tomen en cuenta la presente petición, para que se involucren en otros temas de interés social como la protección y respeto al medio ambiente y a los animales, ya que estos podrían fomentar, de manera integral, una sociedad con menos violencia y más consciente. No donde un ente estatal promueve que se violenten los cuerpos de seres vivos.

En los topes los caballos y yeguas sufren violencia de múltiples formas, estrés incrementado por el trasladado desde largas distancias y por la multitud de personas, lesiones al bajarse de los camiones o durante el tope, negligencia por parte de quienes alquilan estos nobles animales, como si los animales fueran cosas que alquilar. Además, se suelen decomisar caballos porque se encuentran desnutridos, con golpes, heridas, yeguas embarazadas que obligan a desfilar cargando personas y otros con graves síntomas de estrés. También han muerto caballos durante estas actividades dónde el maltrato animal y la violencia son la norma.

Además, recordamos en este momento se encuentra una epidemia del gusano barrenador que lleva varias vidas humanas y no humanas saldadas, este tipo de actividades multitudinarias donde se aglomeran animales de todo el país sin los controles veterinarios necesarios por las limitaciones presupuestarias del SENASA, ponen en riesgo la salud tanto humana como animal.

El tope no aporta a la cultura, ya que los caballos y yeguas no están en su hábitat natural, es un desfile de exhibición de poder económico y comportamientos no empáticos, le enseña a la infancia a abusar de los animales, y las mujeres en estos espacios machistas son afectadas una vez que estas actividades finalizan. La comunidad merece espacios culturales que estimulen sus habilidades y pensamientos, un gobierno local que tenga iniciativas de responsabilidad animal como las Municipales de Cartago y Curridabat que realizan esterilizaciones y procesos de educación para el bienestar animal.

A continuación, proponemos actividades culturales y deportivas de gran provecho social que se pueden realizar en vez de violentar animales, contaminar el medio ambiente, promover una cultura de la violencia y normalizar el consumo de alcohol:

Proponemos la realización de actividades culturales para el beneficio de toda la comunidad y que apoyen a las personas artistas locales como un festival de las artes, un concierto con entrada accesible para la comunidad, que permita generar fondos para la municipalidad y los proyectos que no realizan sobre bienestar animal.

Carnavales abiertos a la comunidad con bandas, cimarronas y otras expresiones artísticas típicas que no giren en torno a la violencia.

Carreras de atletismo que permitan la recolección de fondos para importantes instituciones como la Cruz Roja, desde la ética y el no fomentar una cultura de violencia y el maltrato animal.

Ustedes cómo municipalidad pueden dar mucho más que un espectáculo lleno de violencia, las comunidades merecen mucho más.

Por lo citado anteriormente, le solicitamos a la alcaldía no aprobar la realización del Tope en nuestros cantones.

Que la diversión de algunos y el lucro de pocos no se sostenga en el sufrimiento animal.

Atentamente

Organizaciones y proyectos comunitarios, socioambientales y académicos.

Movimiento de Defensores Animalistas de Guadalupe
Movimiento de Defensores Animalistas de Montes de Oca
Movimiento de Defensores Animalistas de La Unión
Coordinadora por la Liberación Animal (CLA)
Frente Ecologista Universitario (FECOU-UCR)
Micro-santuario el Rinconcito Animal
Colectiva Piapias: educación popular y comunicación antiespecista
Proyecto IE-182: Proceso de formación-reflexión sobre comunicación popular y educación antiespecista (UCR)
Proyecto IE-268: Aula ambulante por la defensa animal y de la tierra (UCR)
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra (FRAT)
Costa Rica Vegana
Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope
Movimiento yo no voy al zoo
Frente por la Vida
Organización Conservacionista Yiski
Ofensiva Animal

Para apoyar esta posición siga este enlace.

Compartido con SURCOS por Ciska Raventós.

Conmemoración de los 100 años del natalicio de Arturo Montero Vega

El Programa de Posgrado en la Enseñanza del Castellano y la Literatura, el Programa de Educación Continua de la Sede de Occidente y el Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo tienen el honor de invitarle a la conmemoración de los 100 años del natalicio de Arturo Montero Vega, destacado intelectual y figura clave en la literatura y política de nuestro país.

La actividad se llevará a cabo el lunes 23 de septiembre de 2024 en las instalaciones del Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo, a partir de la 1:30 p.m. con una conferencia magistral a cargo del poeta y profesor universitario, Dr. Carlos Francisco Monge.

Posteriormente, a las 2:10 p.m., se realizará una mesa redonda titulada “Arturo Montero Vega: literatura y política”, en la que participarán importantes académicos como M.L. Trino Barrantes Araya, Dr. Francisco Rodríguez Cascante y Dr. Walter Antillón Montealegre. La moderación estará a cargo de la Mag. Marianela Fernández Abarca.

Esta jornada será una excelente oportunidad para rendir homenaje a la vida y legado de Arturo Montero Vega, así como para reflexionar sobre su contribución a la cultura y pensamiento nacional. No se pierda esta ocasión especial. ¡Le esperamos!