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Autor: Hector Ferlini Salazar

Piratería en el siglo XXI: Estados Unidos asalta Venezuela

Félix Madariaga Leiva
Periodista

Conocí las historias de piratas en los dibujos animados y en los cómics de los años setenta, cuando era un niño. Eran aventuras de otros tiempos, antiguas casi míticas, basadas —decíamos— en hechos reales, pero completamente ajenas a la realidad que vivíamos entonces, marcada por la cruel dictadura militar de Pinochet. A diferencia de los militares, los piratas de barbas largas, cicatrices en el rostro, un ojo perdido, piernas de madera; hombres de mar armados con espadas y pistolas de una sola bala, bebedores de ron, eran asaltantes de barcos mercantes y de turistas, no de sus pueblos. Todo eso pertenecía al imaginario del pasado, a la fantasía infantil, a las películas y a los cómics. Jamás pensamos que esa historia volvería a escribirse en el presente.

La piratería del siglo XXI: de interceptar barcos a bombardear capitales

Sin embargo, comenzando el año 2026, Estados Unidos ya se ha encargado de demostrar lo contrario. Aquella práctica que creíamos sepultada en los libros de historia ha sido reactivada en pleno siglo XXI, esta vez en el Caribe y en territorio continental, con una intervención militar directa contra Venezuela que marca una escalada sin precedentes en las relaciones hemisféricas.

Lo que empezó como un creciente despliegue naval en la región y operaciones destinadas a interceptar embarcaciones vinculadas al comercio petrolero venezolano —a las que Washington calificó de combate al “narcotráfico”— culminó, la madrugada del 3 de enero de 2026, con ataques aéreos y terrestres sobre múltiples localidades venezolanas, incluidas la capital Caracas, Fuerte Tiuna y otras instalaciones estratégicas.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que las fuerzas estadounidenses realizaron un “ataque de gran escala”, tras el cual capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron fuera del país para ser enjuiciados por cargos como narcoterrorismo y conspiración criminal según autoridades de Washington.

¿Piratería o intervención “legítima”? El relato de Washington

Desde la narrativa oficial estadounidense, la operación tiene dos justificaciones principales:

  1. La lucha contra el “narco-Estado” venezolano, que según Washington está profundamente implicado en el tráfico de drogas y actividades criminales transnacionales.
  2. La detención y enjuiciamiento de Maduro, presentándolo como un líder criminal cuya captura y traslado a juicio sería una victoria de la justicia internacional.

Trump y altos funcionarios de su gobierno han defendido que la operación fue cuidadosamente planificada y ejecutada con precisión, incluyendo la participación de unidades especiales, y que Maduro y su esposa enfrentarán procesos legales en Estados Unidos.

La otra cara: soberanía, violación del derecho internacional y rechazo global

El propio gobierno venezolano ha catalogado la operación como una “agresión militar” y una violación flagrante de la soberanía nacional y del derecho internacional, señalando que no existe mandato internacional, resolución de la ONU ni declaración de guerra que legitime la acción estadounidense.

La respuesta diplomática y política internacional ha sido inmediata y polarizada:

  • México, entre otros países latinoamericanos, ha condenado enérgicamente la intervención, calificándola de violación del principio de no intervención consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.
  • Colombia ha movilizado fuerzas en su frontera por temor a una crisis humanitaria, y su presidente ha demandado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Estados europeos como España han llamado a la desescalada, mientras que Rusia, Cuba e Irán han denunciado la acción como una violación del derecho internacional y un acto de “estado terrorista”.

De la “piratería marítima” a la intervención continental.

Lo que comenzó como una escalada de presión en el mar —con interceptaciones de embarcaciones petroleras y sanciones económicas— ha desembocado en una intervención militar sobre un Estado soberano con la captura de su jefe de Estado. Este salto cualitativo no se limita a un episodio más de coerción económica; representa una redefinición del ejercicio del poder estadounidense en la región, donde la fuerza se usa no sólo para bloquear y saquear recursos, sino para sustituir gobiernos.

Si en el pasado las acusaciones de “narco-Estado” y los bloqueos económicos eran las coartadas para presionar a Caracas, hoy esa narrativa se usa para justificar bombardeos y operaciones especiales que culminan en lo que muchos analistas describen como un secuestro de facto de un jefe de Estado extranjero.

Piratería moderna: qué significa realmente

La historia que creímos enterrada no solo ha regresado: ha vuelto con bombarderos, fuerzas especiales y discursos moralizantes, pero con un objetivo que no difiere en esencia del de los viejos piratas: la apropiación de riqueza ajena bajo la máscara de una misión noble.

Cuando la potencia más poderosa del mundo decide quién es criminal, quién debe ser capturado, y cuánto vale su libertad, fuera de cualquier mecanismo multilateral, el derecho internacional deja de ser una norma común y se transforma en una herramienta al servicio del más fuerte.

Esa es, hoy, la piratería moderna: no espadas ni garfios, sino bombas, drones y portaaviones, con jurisdicciones salteadas y soberanías pisoteadas, en pleno corazón del Caribe. Y atención, conocemos bien esta historia, sabemos cómo actúa Estados Unidos cuando decide que sus intereses están por sobre los demás. No sólo Venezuela está en peligro, hoy toda la región se puede convertir en objetivo del saqueo de estos piratas neoliberales y globalizados.

Fuentes

https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/1/3/tras-intervencion-militar-en-venezuela-mexico-condena-rechaza-energicamente-captura-de-maduro-365762.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.cbsnews.com/live-updates/venezuela-us-military-strikes-maduro-trump/?utm_source=chatgpt.com

https://elpais.com/internacional/2026-01-03/ultima-hora-de-las-explosiones-en-venezuela-en-directo.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/1/3/live-loud-noises-heard-in-venezuelas-capital-amid-us-tensions?utm_source=chatgpt.com

https://www.reuters.com/world/americas/loud-noises-heard-venezuela-capital-southern-area-without-electricity-2026-01-03

CONCEVERDE solicita información detallada sobre estado de finca para protección del Cerro Chompipe

El conflicto en torno a la protección del Cerro Chompipe, en el cantón de San Rafael de Heredia, suma una nueva acción. El colectivo ambiental CONCEVERDE presentó una solicitud formal de información a la alcaldía municipal, en la que expone inconsistencias registrales y catastrales relacionadas con una finca ubicada dentro de la zona inalienable establecida por la Ley N.° 65 de 1888 y posteriormente incorporada al Parque Nacional Braulio Carrillo.

La gestión se da como seguimiento a la controversia pública generada tras la negativa del alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia a ejecutar un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, orientado a garantizar la protección absoluta del Cerro Chompipe. Dicha posición fue manifestada por el jerarca local mediante una publicación en Facebook, donde sostuvo que la municipalidad no está obligada a traspasar terrenos al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y cuestionó la pertinencia de que estas áreas pasen a administración estatal.

La posición de CONCEVERDE

En el documento enviado a la alcaldía, CONCEVERDE recuerda que dos resoluciones firmes de la Sala Constitucional (2008-12109 y 2023-017109) ordenan al Estado recuperar y administrar los terrenos comprendidos dentro de la zona inalienable, resoluciones que —según el colectivo— tienen efectos erga omnes, es decir, obligan a todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades.

El escrito señala que la finca identificada bajo el folio real 4-156766, ubicada en el Cerro Chompipe, forma parte de dicha zona inalienable desde 1888 y que, aunque ha permanecido bajo administración municipal, constituye patrimonio natural del Estado. Además, se documenta que esta finca se originó en la reunión de tres propiedades registrales, cuya suma totaliza más de 1,5 millones de metros cuadrados.

Inconsistencias registrales y solicitud de aclaraciones

Uno de los puntos centrales de la gestión ciudadana es la diferencia significativa entre el área que consta en el Registro de la Propiedad y la superficie consignada en el mosaico catastral municipal, donde aparece una extensión considerablemente menor. Ante esta situación, CONCEVERDE solicita explicaciones formales sobre:

  • La información brindada por la alcaldía al Concejo Municipal en acuerdos anteriores sobre el estado de la finca.
  • Las razones técnicas y administrativas de la discrepancia entre el área registral y la catastral.
  • La posibilidad de que parte del terreno no esté debidamente incorporado a la finca matriz, lo que podría requerir una revisión exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

El colectivo aclara que estas observaciones se formulan con prudencia, solicitando información oficial y sin adelantar conclusiones definitivas, precisamente para evitar afirmaciones sin sustento técnico o jurídico.

Un debate de fondo sobre legalidad y protección ambiental

Para CONCEVERDE, la discusión no es una diferencia de criterios políticos, sino el cumplimiento estricto del marco legal vigente, que incluye la Ley de Parques Nacionales, la Ley Forestal y las resoluciones constitucionales. En ese sentido, cuestiona que la municipalidad pretenda asumir funciones de administración ambiental en territorios que, por ley, deben ser gestionados por el MINAE a través del SINAC.

El colectivo también advierte que cualquier intento de impulsar proyectos de uso turístico o recreativo en terrenos del Cerro Chompipe debe ser analizado con extremo cuidado, dado su estatus legal y su importancia estratégica para la protección del recurso hídrico y la biodiversidad de la región.

Documento disponible para consulta pública

Como parte de este seguimiento, SURCOS Digital pone a disposición de sus lectoras y lectores el documento completo enviado por CONCEVERDE a la alcaldía de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, con el fin de facilitar el acceso a la información y promover un debate informado.

👉 Descargar el documento:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/1a-FINCA-CHOMPIPE-SOLICITUD-INFORMACION.pdf

Concierto folk rock para comenzar el año con música y encuentro en San Pedro

Un concierto de folk rock propone iniciar el año con música, presencia y afecto, en una tarde dedicada al encuentro y a la escucha compartida. La actividad se realizará el domingo 11 de enero de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde, en Mundoloco, en San Pedro.

El repertorio rendirá homenaje a referentes del folk y el rock como Bob Dylan, The Byrds, Crosby, Stills, Nash & Young, con interpretaciones que evocan una tradición musical asociada a la palabra, la sensibilidad social y la búsqueda de sentido. Le invitan Manuel Monestel, Álvaro Fernández y Máximus Psicodélicus.

La actividad invita a compartir una experiencia cercana y cálida, pensada como un espacio para comenzar el año desde la música y el encuentro humano.

La entrada tiene un costo de ₡8.000 en preventa y ₡10.000 el día del concierto.
Las reservaciones y consultas pueden realizarse por WhatsApp o SINPE al 8827-4036, indicando el nombre de la persona interesada.

Desde la organización señalan que se trata de una propuesta para encontrarse a través de la música y abrir el año con una experiencia cultural que privilegia la cercanía y el disfrute colectivo.

No podemos equivocarnos… esta vez

Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli

En la campaña política del 2022 Rodrigo Chaves ocupó el segundo lugar en la primera votación del 6 de febrero con un pírrico 16.8% de los votantes lo que equivale a un 9.92% del Padrón Nacional, y en la segunda votación o balotaje lo favoreció solo el 28.7% del total de ese Padrón. Es decir, hubo 667.000 votos de ciudadanos que no votaron por él la primera vez, y se negaron a darle su voto a José Ma. Figueres en la segunda votación y, de acuerdo con los análisis hechos entonces, la mayoría de ellos salieron de las filas de los partidos Liberal Progresista, Nueva República, PUSC y Frente Amplio. Evidentemente una minoría obnubilada por el mensaje de odio y vanas promesas que hicieron Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros, nos llevaron a la tragedia nacional que hoy vivimos, y que nos tiene al borde del abismo autoritario y, más grave, fascista.

Pero el próximo 1 de febrero los costarricenses no pueden equivocarse otra vez, no queda espacio para ello, estas elecciones no son las más importantes en la Historia de Costa Rica, son las definitivas, lo he dicho muchas veces. O salvamos la democracia liberal o la hundimos y perdemos para siempre en manos de una horda de advenedizos, nacionales y extranjeros, que quieren tomar la Patria por asalto para saciar sus ansias de riqueza, a través de ejercer el poder con una amplia base de evidente narco corrupción. Como dice Giuliano Da Empoli en su libro “La Hora de los Depredadores”, para ellos nada del pasado tierne importancia, ni la división de poderes, el respeto a las instituciones, a las minorías y los derechos humanos, nada de eso tiene el menor valor, pues la “hora de los depredadores” se anuncia con bombos y platillos, voces altisonantes, lenguajes grotescos y corrupción galopante.

Para entender por qué son los “jaguares depredadores” es importante recordar algunas palabras de Rodrigo Chaves y de su acolita candidata Laura Fernández: “somos un tsunami que vamos a destruir todo” dijo en campaña, luego el 24 de julio del 2024 en Peñas Blancas sentencio que “queremos destruir ese sistema” pues según su insano criterio, quienes quieren darle un imaginario golpe de estado “se han atrincherado en lo que llaman la institucionalidad”. Además, su dócil delfina y candidata Laura Fernández, cuando era ministra de Planificación dijo, a raíz de la obsesión por hacer la Ciudad Gobierno saltando por encima de la Constitución y las leyes, que “el problema es el Estado de Derecho que nos obliga a las instituciones públicas a hacer lo que la ley dice”; entones ¿pretende que no haya leyes, ni controles, y que puedan hacer lo que les dé la gana? Obviamente NO, por eso, entre muchas otras cosas, este régimen autócrata, populista y con ínfulas de fascismo no puede continuar.

Para convencer al costarricense del mensaje mesiánico del culto chavista y de su sumo sacerdote, crearon lo que acertadamente Ignacio Ramonet llama en su libro “La Era del Conspiracionismo” el culto de la mentira, con el cual se logra provocar una triple crisis que él considera es la principal desazón contemporánea: crisis de la verdad, de la información y de la democracia. Para lograr este objetivo integraron en primera línea, a la par de Chaves, a la más importante sacerdotisa del culto a la mentira Pilar Cisneros y ambos, con una envidiable habilidad histriónica y circense, propalaron por todo el país el odio y la mentira. Cisneros, según su propio dicho, se dedicó a ser, no la docente sino la indecente, de la mentira, dedicada a entrenar a ministros y altos funcionarios a mentir, pues según ella, los “ticos básicos” todo se lo creen, y es fácil engañarlos.

De esa manera el culto chavista logró algo fundamental en todos los regímenes de orientación autocrática y fascista: que sus actos y acusaciones de odio, se convirtieran en actos de fe, que como en cualquier religión, son incuestionables y aceptados sin el menor análisis crítico. Igualmente, a Chaves y Cisneros, el sumo sacerdote y su sacerdotisa, les dieron casi el don de infalibilidad, así todo el odio y rencor que expelen se convirtió en verdad absoluta. Veamos un ejemplo: la corrupción.

En campaña Chaves ofreció luchar contra la corrupción, que metería a la cárcel a los que se habían apropiado del país, en su plan de gobierno ofreció nombrar a funcionarios eficientes y probos, pero, que pasó en la realidad. Tenemos el gobierno más corrupto de la Historia: nunca fue acusado ni encarcelado un solo funcionario de administraciones pasados, tenemos al narcotráfico corriendo campante por el país, favoreció a sus amigos arroceros con 60.000 millones de colones y no bajó el precio del arroz; cambió la forma de declarar el precio de vehículos nuevos para que pagaran menos impuestos y derechos de circulación y favoreció a sus amigos importadores de vehículos de alta gama con 32.000 mil millones de colones. Sus funcionarios han sido tan ineficientes y corruptos que tiene casi cien remociones en su gabinete, presidentes ejecutivos y directores de instituciones, de los cuales muchos están acusados penalmente ante el ministerio público en más de 50 causas, algunos de ellos como Nogui Acosta, Marta Esquivel, Stephan Brunner, José Miguel Villalobos, Katharina Müller y la propia candidata presidencial Laura Fernández, gracias a la red de cuido chavista, están en las papeletas para presidente y diputados, buscando el refugio de una inmunidad que se vuelve inmundicia, como en el caso del propio Chaves y más de cien acusaciones penales y administrativas, que lo esperan para ser enjuiciado después del 8 de mayo.

Pero si se le pregunta a un chavista, dice que le Rodrigo Chaves y Pilar le abrieron los ojos y que luchan contra la corrupción; porque si le abrieron los ojos es para que vea para otro lado, se tape la nariz, y acepte el desmadre como acto de fe… ¡por ser un básico! Diría con sarcasmo Pilar Cisneros.

Por todo esto y para evitar que caigamos más abajo en el despeñadero al que nos tiró Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros, la candidata Laura Fernández…muy básica precisamente, y todos sus secuaces desde altos funcionarios hasta el último creador de contenidos basura y troles, debemos decir con determinación fuera Chaves y su pandilla, porque esta vez, definitivamente no cabe quedarse en casa, hay que ir a votar por cualquiera que no sea un chavista evidente o solapado, pero debemos salvar el país del caos fascista que ya se nos metió en la casa, y como con las cucarachas…barrer ¡pa´juera!

Comisiones de tarjetas: cómo Costa Rica frenó un abuso silencioso

Welmer Ramos González
Economista

Durante décadas, el mercado de pagos con tarjeta en Costa Rica operó como una caja negra. Los comercios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, pagaban comisiones excesivas, sin transparencia ni capacidad real de negociación. El argumento era siempre el mismo: no se debe regular, el mercado se autorregula. Cinco años después de la entrada en vigencia de la Ley 9831, los datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR) demuestran exactamente lo contrario. Regular fue necesario. Y regular dio resultados.

Antes de la Ley 9831, las comisiones que los bancos cobraban a los comercios permanecieron prácticamente intactas por más de 30 años. Esto ocurrió a pesar de una transformación tecnológica profunda: pagos electrónicos masivos, automatización, reducción de costos operativos y un crecimiento exponencial del número de transacciones.

El Estudio Técnico del BCCR 2025 es claro: en 2019 muchas pymes en Costa Rica pagaban comisiones hasta del 12%, una de las cifras más altas del mundo. No había justificación técnica ni económica. Era, simplemente, el reflejo de un mercado altamente concentrado y con prácticas oligopólicas. Cuando no hay competencia real, hay abuso.

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio del BCCR es el impacto económico agregado de la regulación. Entre 2020 y 2025, la reducción de comisiones significó un ahorro acumulado equivalente a cerca de 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, distribuido entre comercios y consumidores.

Ese dinero no desapareció:

– se tradujo en precios más bajos,

– mayor liquidez para pymes,

– más inversión,

– y mayor inclusión financiera.

Regular no destruyó valor: lo devolvió a la economía real.

El estudio también confirma que, si bien aún existe dispersión en las comisiones, el rango se ha reducido de manera significativa. Hoy, los comercios pagan comisiones que van aproximadamente del 0,1% al 1,95%. En 2019, ese rango iba del 0,1% hasta el 12%.

Esto importa —y mucho— porque esa dispersión extrema generaba competencia desleal: pequeños comercios pagando varias veces más que grandes cadenas por exactamente el mismo servicio. Aún queda mucho por hacer en este aspecto. La cancha todavía no está completamente nivelada, pero ya no está inclinada de forma escandalosa.

La regulación no eliminó la competencia: eliminó el abuso.

Contrario a los augurios catastrofistas, el estudio del BCCR muestra que hoy hay más competencia de los oferentes de datáfonos y mayor dinamismo en el mercado.

Además, los datos reflejan que:

– el volumen de transacciones electrónicas crece a tasas anuales cercanas al 10%, reflejando un uso cada vez más intensivo de tarjetas en la vida cotidiana;

– el monto total transado aumenta año a año a ritmos del 8% al 12%, incluso en un contexto de desaceleración económica, lo que evidencia mayor confianza y penetración del sistema;

– y los pagos electrónicos continúan ganando terreno frente al efectivo, cuyo uso relativo se reduce de forma sostenida, especialmente en comercios formales y servicios masivos.

La disputa por nuevos nichos —como el transporte público, plataformas digitales y pagos masivos— evidencia una mayor penetración de los medios electrónicos de pago en la vida cotidiana de la población.

Cuando bajar precios abre mercado, todos ganan.

El mensaje de fondo del estudio es contundente: los mercados oligopólicos y altamente concentrados no se autorregulan en favor del bienestar general. El mercado de tarjetas —dominado por pocos entes financieros y grandes marcas internacionales— requiere límites claros para evitar abusos y proteger la sanidad del sistema. Los oligopolios no se autorregulan

La fijación anual de tarifas máximas, lejos de ser contraproducente, ha sido —en palabras del propio estudio del BCCR— una medida técnica, efectiva y positiva, que no frenó la innovación ni la inversión. Poner topes no destruyó el mercado: lo hizo funcionar mejor.

Costa Rica no está sola en la regulación del oligopolio.

El estudio recuerda que muchos países de la OCDE regulan las comisiones de tarjetas, precisamente porque reconocen las fallas estructurales de estos mercados. Europa, Australia y otras 20 economías avanzadas aplican límites para proteger comercios, consumidores y la competencia. Regular no es una rareza. Es una buena práctica internacional.

Lo que falta por hacer

El propio BCCR señala que Costa Rica aún tiene espacio para mejorar. Las tarifas promedio siguen siendo más altas que las que enfrentan los grandes comercios en mercados más competitivos. El desafío ahora es seguir reduciendo brechas, fortalecer la transparencia y garantizar que las pymes accedan a condiciones similares.

Cinco estudios, una conclusión

Durante la discusión de la Ley 9831, bancos, marcas internacionales de tarjetas y algunos economistas sostuvieron que la regulación de comisiones sería ineficiente y contraproducente. No obstante, la teoría económica reconoce desde hace décadas que en mercados con estructuras oligopólicas o monopólicas, donde existen fallas persistentes de competencia, altos costos de cambio y poder de mercado, la intervención regulatoria es necesaria para corregir precios, evitar rentas excesivas y proteger el bienestar social.

Cinco estudios técnicos elaborados por el Banco Central de Costa Rica confirman empíricamente este principio: la regulación de comisiones no debilitó el sistema, sino que contribuyó a mejorar la eficiencia, fortalecer la competencia y reducir distorsiones regresivas que recaían desproporcionadamente sobre comercios y consumidores. Defender esta ley implicó ir contra intereses consolidados, pero la evidencia es concluyente. Cuando el análisis empírico es consistente, los argumentos ideológicos pierden sustento técnico.

Asociación Jubilados en Acción llama a no votar por partidos que avalen recortes y corrupción en pensiones

La Asociación Jubilados en Acción, organización integrada por personas jubiladas del magisterio nacional, hizo un llamado público a la ciudadanía para no votar por partidos ni candidaturas que se opongan a un proyecto de ley ciudadano orientado a combatir la corrupción y el desfalco de fondos públicos, en particular aquellos vinculados a los sistemas de pensiones.

En su pronunciamiento, la organización recuerda que durante la década de 1950 el Estado costarricense solicitó al magisterio llevar la educación a todo el país, incluso en condiciones adversas, sin caminos y enfrentando enfermedades como la fiebre amarilla y el paludismo. En ese contexto, y considerando que la expectativa de vida rondaba entonces los 58 años, el magisterio aceptó la tarea bajo el acuerdo de contar con una pensión equivalente al último salario, para lo cual comenzó a cotizar una cuota superior a la del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), con el fin de crear su propio fondo de pensiones.

Según la Asociación, el magisterio cumplió con ese compromiso, contribuyendo al desarrollo del país, que hoy ocupa posiciones destacadas en indicadores de producción por habitante y exportación de productos de alta tecnología en América Latina. Sin embargo, denuncian que el Ministerio de Hacienda habría recaudado las cuotas destinadas a las pensiones, pero las utilizó para otros fines, lo que derivó en que las personas docentes jubiladas reciban pensiones tratadas como “de gracia”, a pesar de haber cotizado durante años.

El pronunciamiento señala que esta situación ha permitido recortes discrecionales aprobados por la Asamblea Legislativa, mientras que autoridades actuales del Ministerio de Hacienda han sostenido que la legislación vigente no exigía la creación de un fondo específico. Asimismo, citan criterios jurídicos que afirman que los derechos del magisterio estarían prescritos, lo cual es cuestionado por la organización.

La Asociación Jubilados en Acción critica que, mientras desde el poder político se promueven leyes más severas y cárceles más grandes, estas medidas se orientan principalmente contra sectores empobrecidos, sin establecer sanciones efectivas para quienes incurren en desfalcos de recursos públicos.

Ante este panorama, informan que están impulsando un proyecto de ley por iniciativa ciudadana que propone penas de cárcel inconmutables y sin prescripción para jerarcas responsables de corrupción y malversación de fondos públicos, con el objetivo de evitar que situaciones similares se repitan tanto en el régimen de pensiones del IVM como en proyectos públicos y sociales.

La organización señala que experiencias internacionales en países como Singapur, China y Vietnam muestran que sanciones severas contra la corrupción reducen estas prácticas de manera sostenida y contribuyen al bienestar de la población. Finalmente, exhortan a la ciudadanía a informarse y a no respaldar electoralmente a partidos o candidaturas que se opongan a este proyecto, al considerar que ello podría poner en riesgo el futuro de la seguridad social.

Alcalde se resiste a acuerdo municipal para proteger el Cerro Chompipe

El alcalde de la Municipalidad de San Rafael de Heredia manifestó públicamente su oposición a un acuerdo del Concejo Municipal que respalda el traspaso de aproximadamente 155 hectáreas del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), con el fin de asegurar su protección absoluta como parte de la zona inalienable establecida por la Ley n.° 65 de 1888.

La posición del jerarca municipal fue expresada recientemente en su cuenta de Facebook, donde afirmó que la municipalidad no ha traspasado ni traspasará terrenos al MINAE, y sostuvo que no existe obligación judicial para hacerlo. Asimismo, cuestionó que áreas boscosas protegidas pasen a manos de un ministerio que, a su criterio, ha sido negligente y desfinanciado, y anunció su intención de vetar el acuerdo municipal, al considerar que responde a posiciones políticas dentro del Concejo.

La posición de CONCEVERDE

Ante estas manifestaciones, la organización ambiental CONCEVERDE reiteró que el tema no depende de la voluntad política del alcalde ni de criterios discrecionales, sino del cumplimiento estricto de la legalidad vigente. Según la organización, existen dos resoluciones firmes de la Sala Constitucional (votos 12109-2008 y 017109-2023) que ordenan al Estado, a través del MINAE, recuperar y administrar los terrenos comprendidos dentro de la zona inalienable, incluso aquellos que figuren registralmente a nombre de municipalidades.

CONCEVERDE subraya que dichas resoluciones tienen efectos erga omnes, por lo que obligan a todas las instituciones públicas, incluidas las municipalidades, y que la administración de parques nacionales y zonas inalienables corresponde legalmente al MINAE, conforme a la Ley de Parques Nacionales y la Ley N° 65.

La organización cuestiona además que la municipalidad haya optado por conformar una comisión interna para analizar el tema, en lugar de consultar a la Procuraduría General de la República, órgano competente para emitir criterios jurídicos vinculantes sobre la administración de bienes del Estado.

Debate sobre protección ambiental y gestión institucional

CONCEVERDE también rechazó los señalamientos del alcalde sobre la supuesta incapacidad del MINAE para proteger estos territorios. A su juicio, las deficiencias de instituciones públicas como el MINAE responden en gran medida a procesos de desfinanciamiento político, lo cual no justifica despojar a estas entidades de sus competencias legales ni trasladarlas a gobiernos locales que, según la organización, han mostrado tolerancia frente a construcciones ilegales y desarrollos desordenados en zonas sensibles.

En ese sentido, la organización ambiental alertó sobre eventuales intenciones de impulsar proyectos de carácter ecoturístico en el Cerro Chompipe, bajo figuras jurídicas que —afirman— no serían viables legalmente por tratarse de terrenos inalienables y parte del Parque Nacional Braulio Carrillo, al que fueron anexados mediante decreto ejecutivo en 2015.

Observaciones preliminares y llamado a la cautela

CONCEVERDE informó además que se encuentra revisando planos e información catastral relacionada con los terrenos del Cerro Chompipe, y que ha detectado posibles inconsistencias preliminares entre las áreas registrales y las medidas catastrales reportadas por la municipalidad. No obstante, la organización indicó que estas observaciones están en fase de verificación, por lo que evitó adelantar conclusiones hasta contar con información plenamente confirmada.

La controversia se suma a una serie de gestiones y pronunciamientos previos, publicados por SURCOS, en los que organizaciones ambientales han exigido el cumplimiento de las resoluciones constitucionales y la protección efectiva de este patrimonio natural, clave para la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas de la región herediana.

Sala Constitucional ordena consulta previa al pueblo afrodescendiente por Plan Maestro Turístico del Caribe

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo contra el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y ordenó realizar una consulta previa, libre e informada al pueblo tribal afrodescendiente del Caribe costarricense, en relación con el Plan Maestro Turístico del Sector Costero del Caribe de Costa Rica.

La resolución Nº 2025035746, dictada el 31 de octubre de 2025 dentro del expediente 25-028937-0007-CO, reconoce que dicho plan —elaborado en octubre de 2024 por el consorcio Gensler–Ecoplan— genera impactos directos y significativos sobre territorios ancestrales, identidad cultural, recursos naturales y formas de desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la provincia de Limón.

El recurso fue interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo, quien actuó en defensa de los derechos colectivos del pueblo tribal afrodescendiente. La Sala concluyó que el Estado costarricense incumplió su obligación de garantizar la consulta previa establecida en el artículo 6 del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Costa Rica y con rango superior a la ley ordinaria.

Alcances de la resolución

La sentencia ordena al ICT programar, en un plazo máximo de tres meses, una consulta específica con el pueblo tribal afrodescendiente, representado por la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita, encargada del Foro del Pueblo Tribal Afrocostarricense.

El Plan Maestro Turístico del Caribe abarca 212 kilómetros de costa en la provincia de Limón y contempla propuestas de infraestructura turística, insumos para planes reguladores costeros y proyectos habilitantes como el muelle de Manzanillo, el aeródromo de Tortuguero y la revitalización del casco central de Limón. Aunque el ICT alegó que se trata de un instrumento “orientador” y no vinculante, la Sala determinó que su sola formulación incide de manera directa en los territorios y derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes, por lo que requería consulta desde su etapa inicial.

El fallo señala que las sesiones informativas generales realizadas por el ICT no sustituyen una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, ni garantizan la participación efectiva a través de las instituciones representativas del pueblo tribal afrodescendiente.

Antecedentes jurisprudenciales relevantes

La resolución se inscribe en una línea jurisprudencial consolidada de la Sala Constitucional que reconoce a las comunidades afrodescendientes como pueblo tribal sujeto de derechos colectivos. Entre los antecedentes citados se encuentran las sentencias Nº 2023-31756 y Nº 2025-29985, esta última relacionada con el Plan Regulador Costero del Caribe Sur, en la que se ordenó consulta previa a comunidades afrodescendientes de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.

Estos precedentes confirman que el Convenio 169 de la OIT es aplicable no solo a pueblos indígenas, sino también a pueblos tribales afrodescendientes con vínculos históricos y culturales con sus territorios.

Llamado a la vigilancia del cumplimiento

La sentencia refuerza el reconocimiento del pueblo afrodescendiente costarricense como sujeto de derechos colectivos, en concordancia con el Decreto Ejecutivo Nº 43532 de 2022, y establece un mensaje claro al Estado: los planes de desarrollo regional que afecten territorios ancestrales no pueden avanzar sin la participación efectiva de las comunidades involucradas.

Desde el movimiento afrodescendiente se ha hecho un llamado a la comunidad nacional e internacional, a organizaciones de derechos humanos y a la diáspora caribeña, a dar seguimiento al cumplimiento estricto de esta resolución, con el fin de que el desarrollo turístico en el Caribe costarricense sea inclusivo, sostenible y respetuoso de la herencia cultural y territorial de sus pueblos.

Municipalidad de San Rafael de Heredia aprueba traspaso de finca en Cerro Chompipe para su protección absoluta

CONCEVERDE

El Concejo Municipal de San Rafael de Heredia aprobó el traspaso de aproximadamente 155 hectáreas del Cerro Chompipe al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cumpliendo con la obligación legal de proteger terrenos declarados inalienables desde el 30 de julio de 1888 por la Ley 65. Esta norma histórica buscó detener la deforestación y garantizar el recurso hídrico para el Valle Central, estableciendo la protección absoluta de los terrenos de las montañas heredianas, incluyendo la finca del Cerro Chompipe, que registralmente está a nombre de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

El proceso de traspaso ha estado marcado por la resistencia del alcalde Jorge Arias Santamaría, quien se ha negado reiteradamente a ejecutar el traspaso, pese a dos resoluciones de la Sala Constitucional y normativa jurídica, que obligan al MINAE, a recuperar los terrenos de la zona inalienable, aun los que están a nombre de municipalidades.

La organización ambiental CONCEVERDE celebra la decisión de los cinco regidores que respaldaron la moción; sin embargo, denuncia la postura de los regidores del partido del alcalde, Auténtico Rafaeleño, quienes al rechazarla terminan avalando los planes del jerarca de la administración municipal, de impulsar en el Cerro Chompipe un proyecto con fines económicos, más que de protección, encubierto bajo la figura de monumento natural. Esta iniciativa contradice el mandato de protección absoluta y amenaza un patrimonio natural que nuestros antepasados impulsaron con visión y sabiduría desde el siglo XIX.

El Cerro Chompipe no es un terreno disponible para negocios ni proyectos turísticos: es un bien inalienable, parte del patrimonio natural del Estado, y su destino está claramente definido por la ley y la historia. La negativa del alcalde y sus aliados representa un retroceso grave frente a la lucha por la defensa del agua y los bosques heredianos.

En los siguientes enlaces, se pueden visualizar, algunas de las gestiones realizadas para el traspaso de la finca del Cerro Chompipe:

https://drive.google.com/file/d/116kqQE416-tl1wR9cnf-s4eZhUV4NJoD/view?usp=sharing

https://surcosdigital.com/colectivo-conceverde-exige-respuestas-a-municipalidad-de-san-rafael-por-realizar-actividades-no-permitidas-en-cerro-chompipe/

https://surcosdigital.com/conceverde-solicita-al-alcalde-de-san-rafael-de-heredia-cumplir-con-traspaso-de-finca-que-forma-parte-del-patrimonio-natural-del-estado/

https://surcosdigital.com/demandan-acciones-del-minae-para-recuperar-finca-estatal-en-zona-protegida-del-cerro-chompipe/

Junta Directiva CCSS: vocación para servir, no obediencia política

Bach. Martha Elena Rodríguez González
Exdirectora Caja Costarricense de Seguro Social

A la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se debe llegar con vocación de servicio, humanidad y un compromiso profundo con la seguridad social. No es un espacio para el cálculo político ni para la subordinación, sino un órgano colegiado llamado a resguardar uno de los pilares más importantes del pacto social costarricense.

En la entrevista reciente concedida por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández Delgado, se afirma:

“¿Cómo va a ser posible que siendo la Caja la institución presupuestariamente más grande de toda Centroamérica la dieta que se le paga a cada directivo es de 47.000 colones?

“… la raíz del problema es la conformación y la integración de esa Junta Directiva… hay personas ahí que ni siquiera levantan la mano, que no les he oído la voz porque les da miedo participar… una Junta Directiva donde están los sindicatos, el solidarismo, las cooperativas y el que pone el presidente es solamente un voto dentro de toda esa Junta… entonces en la Caja hay que hacer grandes transformaciones…”

Estas afirmaciones, lejos de constituir un diagnóstico serio, evidencian un desconocimiento profundo del diseño jurídico e institucional de la CCSS y del rol que la Constitución y su Ley Constitutiva asignan a la Junta Directiva. El monto de la dieta no es un incentivo económico, sino un reconocimiento simbólico a una función pública de alta responsabilidad, cuyo fundamento no es la retribución material, sino la vocación de servicio.

Reducir la discusión a la dieta no solo trivializa el compromiso ético que implica ser directivo o directiva de la Caja, sino que desconoce que la institución cuenta con una robusta estructura técnica y asesora -jurídica, financiera, actuarial, logística, médica y administrativa- que respalda la toma de decisiones. Nadie está llamado a ser experto en todas las materias; lo indispensable es la probidad, la independencia de criterio, el conocimiento de la seguridad social y la solidaridad con quienes dependen del sistema de salud y pensiones.

La candidata también afirma que hay directivos que “no levantan la mano” por miedo. Sin embargo, atribuir ese silencio a la composición tripartita resulta falaz. El verdadero problema no es la presencia de sindicatos, cooperativas o solidarismo -expresamente prevista por la ley-, sino la práctica política que ha impuesto, en esta administración, un control absoluto del órgano colegiado mediante presiones, amenazas veladas y destituciones arbitrarias. No es miedo a participar: es el costo real que enfrentan  quienes se atreven a disentir del Poder Ejecutivo.

La Ley Constitutiva de la CCSS es clara: la Junta Directiva se integra de manera tripartita, con tres representantes del Gobierno, tres del sector patronal y tres del sector laboral. Una vez nombrados, deben actuar con absoluta independencia del Poder Ejecutivo, para garantizar un equilibrio de intereses donde prevalezca el bien común y no la agenda política de turno.

Plantear “grandes transformaciones” sin reconocer este marco legal ni el valor democrático de la representación social implica abrir la puerta a una recentralización del poder, incompatible con la autonomía y el modelo solidario que ha sostenido a la CCSS durante décadas. La Caja no necesita una Junta obediente ni homogénea; necesita personas íntegras, con criterio propio, capaces de deliberar, cuestionar y defender la institución incluso frente al Gobierno.

Los hechos recientes -el maquillaje de estudios actuariales, compras a sobreprecio como el caso Barrenador, la crisis operativa asociada al sistema ERP-SAP de la CCSS, los nombramientos ilegales en la Junta Directiva, el crecimiento exponencial de las listas de espera y la escandalosa deuda del gobierno con la CCSS- no evidencian un exceso de representación social, sino un abandono del deber constitucional de proteger la seguridad social.

La Caja no es el problema. El problema es su captura política, que debilita su democracia interna y silencia a quienes piensan distinto.

La CCSS se fortalece recuperando la ética pública, la transparencia y el compromiso humano de quienes la dirigen; defendiendo su autonomía, su independencia y su carácter tripartito como garantías reales del derecho a la salud, a las pensiones y a la dignidad de millones de personas.