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Autor: Hector Ferlini Salazar

Carta abierta a Pilar Cisneros – Honrar la memoria, defender la justicia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

San José, 5 de agosto de 2026

Estimada doña Pilar:

Le escribe una jueza costarricense preocupada por el rumbo nacional y por el debate público alimentado con narrativas inadecuadas. Lo hago no para negar yerros en la institución en la que laboro, que los tiene y muchos. Mucho menos para pedir silencio ante sus errores; toda entidad pública debe aceptar el escrutinio ciudadano, corregirse y rendir cuentas. Le escribo porque la crítica pierde fuerza argumentativa —que es la única fuerza válida para el Derecho— cuando se sustituyen las razones por palabras elegidas para dividir, incluso a quienes se sientan cada noche en torno a la misma mesa.

Rosaura CHinchilla-Calderón.

Usted y yo, doña Pilar, seguramente coincidimos en que Costa Rica necesita mejorar su justicia. Pero si en vez de reparar la casa la incendiamos nos quedaremos sin techo común. Presentar cada decisión adversa al proyecto político que usted lidera como una conspiración contra “el pueblo” o contra quienes gobiernan y, a partir de ello, lanzar calificativos inadecuados deteriora el debate público y fomenta todo tipo de violencia. De allí la motivación de esta misiva. En nuestra América Latina expresiones como «golpe-de-Estado» o «dictadura» evocan desaparecidos, muerte, exilio y terror. Usarlas consciente y repetidamente en un contexto inadecuado no solo desplaza la atención de los temas urgentes sino que reabre heridas de quienes aún tienen marcadas en su piel las cicatrices de la tortura.

Dado que las formas y las palabras importan, me permito, con profundo respeto, apelar a su historia familiar, no con afán de mortificarla —nada más lejos de mis pretensiones—, sino porque esta contiene lecciones que pertenecen también a nuestra historia latinoamericana y que conviene que repasemos.

Poco se sabe por acá que su abuelo, Máximo Cisneros Valle, desarrolló una larga carrera en la docencia y la magistratura en Perú: fue juez de primera instancia en Tarma, relator de la Corte Superior de Justicia de Lima desde 1899, juez interino del Crimen entre 1906 y 1912 y, posteriormente, vocal de esa Corte Superior.[1] No puedo atribuirle opiniones que no conozco sobre los conflictos de su tiempo, pero sí infiero que si su vida estuvo ligada al oficio de juzgar y a la tradición jurídica de una República que buscaba ordenar el poder por medio del Derecho, tuvo que atravesar el dilema de toda persona dedicada a la justicia penal: apegarse a la prueba y a las normas y decidir con valentía, aunque su decisión no fuera popular y eso implicara linchamientos como los que hoy son frecuentes sin siquiera analizar las decisiones.  

Máximo Cisneros Sánchez.

En ese ambiente de respeto por la legalidad creció también su padre, doña Pilar: el honorable Máximo Cisneros Sánchez, abogado, profesor de Derecho Comercial y Derecho Aeronáutico, integrante del Cuerpo Jurídico de la Marina de Guerra del Perú y magistrado de la justicia militar. Su carrera también fue prolífica en el ámbito judicial: desde secretario de juzgado, relator, fiscal y auditor del Consejo de Guerra Permanente hasta procurador general para los asuntos de Marina y primer contralmirante de su Cuerpo Jurídico. Al retirarse en enero de 1972, el Estado peruano le reconoció más de 35 al servicio de la justicia[2] y lo hizo porque la estabilidad judicial es un derecho ya recogido, en beneficio de la ciudadanía, en casi todos los tratados de derechos humanos tanto como el derecho a la jubilación y porque ninguna persona debe ser denostada por ajustar su vida a las normas cuando actúa con probidad, como lo hizo su padre y lo han hecho tantas magistraturas costarricenses, como don Orlando Aguirre y don Fernando Cruz, a las que hoy se les vilipendia mediante generalizaciones apresuradas.

Su papá unió la defensa del derecho y de la soberanía de su país con su propia actividad empresarial como fundador de una aerolínea peruana. Desde la asesoría jurídica naval, participó en el desarrollo de la argumentación peruana relativa a las 200 millas marítimas[3] y en 1954 era auditor letrado de la Zona Judicial de Marina cuando se tramitó el célebre caso de la flota ballenera vinculada con Aristóteles Onassis: un proceso que terminó con una multa millonaria y el decomiso de productos obtenidos en aguas reivindicadas por el Perú. Fue un fallo histórico para toda la región, precursor en materia de derecho ambiental y que nos inspira para seguir defendiendo la soberanía de nuestros países y sus recursos naturales contra quienes pretenden enriquecerse a costa de nuestro patrimonio común.

Tales episodios dibujan a un jurista que creyó en la capacidad del derecho para defender al Estado sin renunciar a reglas jurídicas. Un jurista que hizo su carrera para fortalecer la independencia judicial.

La prueba más dolorosa llegó el 3 de octubre de 1968, cuando el general Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, disolvió el Congreso, concentró el poder, afectó las garantías individuales, expropió los periódicos y restringió el pluralismo al instalar el “Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada”, régimen que gobernó hasta 1975, siete años suficientes para sembrar división y dolor por doquier.[4] El posterior derrocamiento de Velasco, mediante otro golpe de Estado por las Fuerzas Armadas, anticipaba la inestabilidad política que, hasta nuestros días, ha vivido el noble pueblo peruano. Para evitar episodios similares, Costa Rica abolió el ejército y hasta los grados militares en las fuerzas policiales, aunque ahora se pretendan restaurar. La sustitución del gobierno elegido por un poder de facto que incide arbitrariamente en los derechos de las personas es el signo inequívoco del autoritarismo que hay que combatir y es todo lo contrario de resoluciones que protegen derechos y obligan a la Asamblea Legislativa a cumplir con un mandato constitucional expreso.

Su propio testimonio, doña Pilar,[5] da cuenta de que el golpista Velasco[6] no perdonó a su padre cuando este se negó a utilizar un vuelo comercial de su empresa APSA para sacar a Belaúnde fuera del itinerario regular y eso generó una persecución contra él, usando el aparato estatal: a su padre se le abrió un juicio por obligaciones tributarias de la empresa y, aunque obtuvo decisiones favorables de los tribunales, usted cuenta que el régimen sustituyó a los jueces por unos complacientes generando el temor de que finalmente apareciera uno dispuesto a condenarlo. Eso llevó a don Máximo a salir con la familia del Perú en 1972. ¡Miserable todo aquel que, como Velasco, use el poder contra sus adversarios políticos! ¡Repudiable Velasco por manipular el aparato de justicia a su antojo para proteger sus intereses! Precisamente para evitar actos como esos es que la estabilidad en la judicatura y la independencia judicial son tan preciadas y emergen como un horizonte, siempre mejorable, al que nunca hay que renunciar.

Solo conociendo esa historia se entiende la profundidad y el valor del discurso que don Máximo Cisneros Sánchez pronunció ante la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en San José el 4 de septiembre de 1979, al ser recibido como vicepresidente de la naciente Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí afirmó que el Poder Judicial costarricense administraba una “justicia ejemplar”; recordó el proceso de extradición seguido en su contra y resumió su experiencia con una frase conmovedora:

“No fui nunca fugitivo hacia la libertad, sino un fugitivo hacia la justicia.” [7]

Periódico La República, 8 de enero de 1974 (referencias al proceso de extradición de Máximo Cisneros).

Costa Rica no fue para él únicamente un lugar seguro. Fue la demostración concreta de que la independencia judicial puede proteger a una persona cuando el poder político de su país ha dejado de ofrecerle confianza y extiende su brazo allende fronteras. En aquel discurso don Máximo explicó que escogió Costa Rica por el prestigio de su Poder Judicial y celebró que el país hubiera aceptado tempranamente la jurisdicción interamericana, esa que hoy se considera “alcahuetería de la agenda 2030”. Su gratitud no fue una cortesía vacía: habiendo comparecido en condición de acusado, algo que puede ocurrirle a cualquier persona, encontró respeto a sus derechos (¡esas garantías tan atacadas!) y una respuesta jurídica a su conflicto en vez de una orden dictada desde el poder de turno o un acto de humillación pública. ¡Jueces valientes aquellos que, pese al asedio internacional, tutelaron sus derechos y dignidad!

El proyecto político que usted apoya, doña Pilar, con frecuencia afirma que Costa Rica “tiene una dictadura de 70 años” y que gran parte de esa supuesta dictadura proviene de un Poder Judicial que —se da a entender— desde siempre y generalizadamente ha sido corrupto. Eso no concuerda con la valoración expresada por su padre, cuyas apreciaciones se ubican en el mismo rango temporal. Es cierto que en la historia costarricense ha habido abusos de quienes ejercen el poder, corrupción y ello ha generado un deterioro importante en diversos indicadores, sobre todo sociales, como el incremento en la deuda del Estado hacia la CCSS y la violencia social. No obstante, en estos más de 70 años se forjó un sistema de educación pública que le permitió a una hija de campesinos, como yo, estudiar junto a quienes pertenecen a las élites locales en universidades del máximo prestigio mundial. En este lapso se universalizó la seguridad social, se aumentó la cobertura boscosa y se hizo del país un referente en materia ambiental. A diferencia de verdaderas dictaduras siempre se han celebrado elecciones con una amplia oferta de posiciones políticas, la prensa no fue expropiada y funcionó el Congreso. Es cierto que toda democracia formal debe siempre profundizarse, pero inclusive la omisión en tal sentido no la convierte en dictadura.  

En materia de justicia se fue ampliando la cantidad y calidad de los servicios y aunque hay discusiones en política pública, señaladas por el Estado de la Nación, que deben emprenderse, los indicadores comparativos con otros países siguen siendo ventajosos. Pero eso no permite hablar seriamente de un sistema fallido, ni generalizadamente inoperante, como ahora se hace ver mediante recursos retóricos populistas y demagógicos.

 Por tanto, no hay punto de comparación entre el sistema político que llevó a su familia al exilio y el de Costa Rica, que la acogió. En honor a la precisión conceptual no dudo que usted aclarará, públicamente, que el uso de las palabras “dictadura” y “golpe de Estado” desde el Ejecutivo y el Legislativo están absolutamente fuera de lugar, explicará a sus seguidores lo inapropiado de su uso e instará a que quienes las utilizaron brinden disculpas públicas no solo a la comunidad costarricense, sino también a quienes han sufrido los embates de verdaderos regímenes tiránicos.

Primera conformación de la Corte IDH
(con Máximo Cisneros y Rodolfo Piza).

Entre 1979 y 1985 su padre integró, como juez, la primera Corte Interamericana y fue su primer vicepresidente, período en el que coincidió con Rodolfo Piza Escalante,[8] ideólogo y fundador de nuestra Sala Constitucional que, por décadas, fue un referente latinoamericano. Si hoy ha perdido parte de ese reconocimiento no ha sido producto del diseño normativo de la jurisdicción constitucional sino de las decisiones en la selección de quienes ostentan algunas magistraturas, reglas que tampoco se cambiaron en la anterior legislatura. Don Máximo participó en el asunto Viviana Gallardo e intervino en las cinco primeras opiniones consultivas del tribunal regional.[9] Esa jurisprudencia estableció que los tratados de derechos humanos protegen a las personas frente a su propio Estado; que la pena de muerte no puede expandirse ni utilizarse contra delitos políticos pues aún los sentenciados no pierden su dignidad humana; que las diferencias legales no pueden perseguir fines arbitrarios o despóticos; y que la libertad de expresión es una condición de la democracia.[10] Dos de esas opiniones consultivas firmadas por su padre dialogan, de manera especial, con Costa Rica y con su justicia de hoy. VA IMAGEN 3

Esa herencia intelectual de dos ilustres juristas de su familia no la obliga a usted a pensar como ellos ni a defender tales ideas. Las biografías no son cadenas. Sin embargo, sí nos invitan a preguntarnos: ¿qué aprendemos de ellas? Don Máximo conoció un régimen que removía a su antojo las garantías y a quienes debían juzgar. No obstante, encontró refugio en un país donde los tribunales podían decidir sin recibir instrucciones del Ejecutivo. Cuando en los años 70 se detectaron vicios que podían afectar la objetividad, se trasladaron al Poder Judicial la investigación criminal y la acusación pública, con el propósito de alejarlas de la dirección inmediata del Ejecutivo (aunque manteniendo el porcentaje de presupuesto originalmente asignado en la Carta Magna solo para la judicatura).[11] Hoy, ese modelo se pretende revertir pese a las debilidades demostradas antes. Inclusive, el presupuesto aprobado legislativamente para sostener ese andamiaje se disminuye a partir de directrices ejecutivas.

Cisneros Sánchez ayudó a construir una Corte Interamericana destinada a limitar los abusos estatales. Su vida enseña que la justicia independiente incomoda precisamente porque no pertenece a ningún gobierno. ¿No son esa idea y esa lección lo suficientemente poderosas para que sigamos luchando por ellas? ¿No merece la justicia que encontró su padre que distingamos entre una reforma cuidadosa y la destrucción de aquello que todavía funciona?

En diciembre de 2023 usted calificó una decisión electoral como “golpe de Estado político-electoral” y habló de una “dictadura legal y constitucional”. En octubre de 2025 también aludió a una actuación del Tribunal Supremo de Elecciones como un “golpe de Estado institucional”.[12] Ahora las propias autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora utilizan la referencia a golpe de Estado. Duele, doña Pilar, escuchar esas expresiones aplicadas al quehacer de los órganos constitucionales creados para contener el poder, cuya actividad puede ser siempre mejorable, pero nunca prescindible. Al margen de que las decisiones se compartan o no, el recurso retórico es inadecuado y debe reconocerse, máxime si, además, se obvia cómo se generaron tales decisiones: por el incumplimiento de la letra expresa del artículo 164 de la Constitución Política en manos de las diputaciones afines a su proyecto político.[13] Duele que usted, habiendo intervenido como diputada en la Comisión que votó las nóminas de magistraturas suplentes, ahora guarde silencio ante la descalificación dirigida contra jueces y juezas de carrera que se encuentran en esas listas quienes, como su abuelo y padre, se someten de buena fe a las reglas del juego y sufren los embates de quienes opinan sin contar con información suficiente o contratados para tal fin.

Es legítimo considerar que una resolución sea errónea, excesiva o jurídicamente insostenible. También es legítimo pedir responsabilidades. Lo que resulta peligroso es borrar la frontera entre un desacuerdo sometido a procedimientos constitucionales y la ruptura del orden democrático. Usted, como asesora de comunicación de ese proyecto político, por respeto a la memoria de las víctimas de las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica, ¿no cree prudente desaconsejar y condenar esta escalada narrativa? Su historia, doña Pilar, es parte de una experiencia latinoamericana mayor: la de quienes perdieron seguridad, trabajo, patria y hasta seres queridos cuando el poder dejó de aceptar límites.

Un golpe de Estado no es simplemente una resolución que disgusta al gobierno, a la oposición o a una mayoría legislativa. Supone la sustitución o anulación del orden constitucional por medios ajenos a él: fuerza, coerción, desconocimiento de los poderes legítimos o captura de las instituciones. Las democracias, en cambio, viven de conflictos regulados. Los poderes se controlan, se contradicen y a veces se frustran entre sí. Esa fricción puede ser incómoda, pero es justamente lo que impide que una sola voluntad se convierta en ley. Llamar golpe-de-Estado a la sentencia antes de debatir sus argumentos no fortalece a la Asamblea Legislativa ni debilita jurídicamente a la Sala Constitucional: solamente eleva la temperatura pública, convierte al adversario institucional en enemigo, puede afectar la confianza institucional y la imagen del país y, lo que es peor, banaliza las heridas de quienes sí sufrieron regímenes despóticos y que escogieron este terruño para encontrar paz y nutrirnos con su visión de mundo.

Doña Pilar, no le pido que abandone su crítica a ninguna institución. Le pido algo más fácil y valioso: que en honor a los Máximo Cisneros de su familia —que hoy se encarnan en jueces y juezas honestos que cumplen a diario con su labor aunque sean objeto de burla e incomprensión como seguramente pronto lo seré yo— esa crítica se realice con la fuerza de los hechos y del derecho, sin distorsiones, sin adulteraciones, sin violencia verbal, con disposición al diálogo y a la construcción conjunta, de tal forma que pueda diferenciarse la deficiencia de la conspiración y una divergencia interpretativa de una ruptura democrática. Recuerde que la independencia judicial real cobija a todas las personas, no solo a quienes comparten la decisión de un tribunal: protegió a su padre cuando era extranjero, exiliado, imputado y sometido a un proceso de extradición. Protege hoy a muchas personas víctimas de una furia alimentada con algoritmos y amañada con una amplia variedad de mecanismos de manipulación y aspiramos a que mañana todavía nos pueda resguardar si somos víctimas del abuso de poder que se vuelve cada vez más visible en el mundo actual.

También le solicito que esa crítica no acalle la que requieren todos los movimientos políticos y los otros poderes del Estado, porque la coherencia la verdad y la ética exigen aplicar el mismo escrutinio a todos por igual.

El proyecto político en el que usted participa ha incumplido mandatos constitucionales en materia de nombramientos y presupuestos aprobados. Ello no aporta a una justicia eficaz y confiable. El Poder Judicial requiere ejercer sus funciones con autocrítica y ajustar los indicadores que fallan. Ningún poder está por encima de la Constitución ni puede borrar al otro mediante consignas. No es válido incrementar el volumen del ruido para distraernos de los gravísimos problemas que tenemos enfrente: en seguridad tanto como en educación, en corrupción pero también en salud pública, en finanzas públicas y generación de empleo pero también en ética pública.

Me he tomado el atrevimiento de invocar la memoria de su familia porque la trayectoria de hombres públicos de bien no pertenece solo a sus parientes. La vida de don Máximo Cisneros Sánchez —tanto por su experiencia como perseguido político como, sobre todo, por su trayectoria como juez— nos sigue inspirando y nos recuerda que la función pública implica educar. Honrar esa memoria no exige idealizar nuestras instituciones; exige impedir que el lenguaje de la democracia se vacíe hasta que cualquier contrapeso parezca una traición. Exige conciliar y aceptar el error cuando este se produce. Hagamos honor a quienes buscaron justicia aquí, cuando la justicia dejó de ser segura allá. No destruyamos con palabras de confrontación la institucionalidad que, hace más de medio siglo, abrió a su familia una puerta de refugio y de derecho. Costa Rica necesita reformas, firmeza y verdad. También necesita serenidad. Nuestros problemas no se solucionan inventando golpes de Estado o dictaduras por doquier ni gritando e insultando al adversario: se empiezan a desenredar cumpliendo la Constitución y las leyes (las que nos gustan y las que no), respetando los contrapesos y cuidando la casa común, incluso —y sobre todo— cuando disentimos.

Por ello, doña Pilar, parafraseo a Oscar Arnulfo Romero y le imploro que interponga sus buenos oficios ante las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo a las que usted asesora para que cada cual cumpla con los deberes constitucionales que le corresponden y que cese la violencia verbal y simbólica, alimento de otras formas de violencia social. Alce usted, doña Pilar, la voz para desescalar esta narrativa hostil que tanto divide a las familias. Que ese gesto de respeto a las normas sea el primer paso para emprender modificaciones de gran calado que honren la memoria de quienes, aquí y allá, han servido con rectitud a la justicia.

Atentamente,
Rosaura CHinchilla-Calderón
Jueza

[1] Fernando Ayllón Dulanto, “Manuel Benjamín Cisneros”, Museo del Congreso y de la Inquisición del Perú, pp. 4-6. La reseña documenta la formación y carrera de Máximo Cisneros Valle como juez, relator y vocal de la Corte Superior de Lima. Texto completo.

[2] Hernán Ponce Monge, “Semblanza del señor Contralmirante CJ. (f) Máximo Cisneros Sánchez”, Revista de Marina, núm. 2 (2014), pp. 191-197. Texto completo.

[3] La tesis de las 200 millas marinas fue una política peruana destinada a afirmar soberanía y proteger los recursos naturales del mar adyacente a sus costas. En 1947, Máximo Cisneros Sánchez participó, como auditor de la Zona Judicial de Marina y asesor del Ministerio de Marina, en el estudio jurídico del decreto que proclamó esa extensión marítima, junto con diplomáticos peruanos. La medida buscaba conservar los recursos pesqueros y se convirtió en antecedente del nuevo Derecho del Mar. Más tarde sirvió como fundamento histórico de la posición peruana en controversias de delimitación marítima, incluida la resuelta por la Corte Internacional de Justicia en 2014.

[4] Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social del Ministerio de Cultura del Perú, reseña sobre el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada; véase también la bibliografía histórica sobre el golpe de 3 de octubre de 1968 y el gobierno de Velasco hasta 1975. LUM Perú.

[5] Ángel Hugo Pilares, “Pilar Cisneros, la peruana que es la mujer más influyente de Costa Rica”, El Comercio, 13 de junio de 2013. La entrevista recoge el relato de Pilar Cisneros sobre APSA, el proceso tributario y la sustitución de jueces. Entrevista.

[6] La historiadora Anna Cant, en un estudio sobre la propaganda política del velasquismo, señala que ese gobierno militar proclamó su propósito de derribar a la oligarquía y ejecutar grandes cambios sociales en beneficio de sectores populares. También subraya que fue una “revolución desde arriba por decreto”, apoyada en propaganda estatal y movilización simbólica y agrega “…el Gobierno utilizaba la comunicación de masas de una manera innovadora y extensa para generar el respaldo popular, por lo que acudieron a periodistas, artistas e intelectuales para promover sus reformas […] la propaganda política del Gobierno de Velasco tuvo un impacto acumulativo en el espacio público, es decir, hubo una “invasión” de mensajes políticos en las plazas, las calles y las paredes de los edificios públicos.” Ver: https://books.scielo.org/id/cw5zr/pdf/schuster-9789587389456-12.pdf

[7] Máximo Cisneros Sánchez, discurso pronunciado el 4 de septiembre de 1979 al ser recibida la Corte Interamericana por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en Memoria de la Instalación de la Corte IDH, pp. 48-50. Texto completo.

[8] Ambos juristas tienen sesudos estudios que aún hoy son consultados: Cisneros Sánchez, Máximo. “Algunos aspectos de la jurisdicción consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. En La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estudios y documentos, San José: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1986. Piza Escalante, Rodolfo, y Cisneros Sánchez, Máximo. “Algunas ideas sobre la incorporación del Derecho de Asilo y de Refugio al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. En Asilo y Protección Internacional de Refugiados en América Latina, UNAM, México, 1982.

[9] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Historia. Máximo Cisneros Sánchez fue juez entre 1979 y 1985 y primer vicepresidente. También intervino en el asunto Viviana Gallardo y otras, Serie A núm. 101 (1981).

[10] Corte IDH, opiniones consultivas OC-1/82, OC-2/82 y OC-3/83. Estas decisiones trataron, respectivamente, el alcance de la función consultiva, las reservas a la Convención Americana y las restricciones a la pena de muerte. OC-1/82; OC-2/82; OC-3/83. En la OC-4/84, la Corte IDH examinó una reforma constitucional sobre naturalización y desarrolló un criterio temprano de igualdad y no discriminación. Años después, la Sala Constitucional (voto de la Sala Constitucional 3435-92) utilizó los instrumentos internacionales de derechos humanos para interpretar el artículo 14 de nuestra Constitución sin la discriminación de género que contenía su antigua redacción. Valga aclararle a uno de los comentaristas de los canales oficiales que ni el de la reelección presidencial fue el único pronunciamiento constitucional que modificó la propia Constitución, ni tal pronunciamiento es único en la región, pues ha sido un recurso frecuente en los tribunales constitucionales de cara a lo dispuesto por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, como se extrae con cualquier búsqueda de internet. En la OC-5/85 la Corte declaró incompatible con la Convención la colegiación obligatoria cuando impidiera a cualquier persona utilizar plenamente los medios para expresarse o transmitir información. La opinión sostuvo que la libertad de expresión es “piedra angular” de una sociedad democrática y que una sociedad mal informada no es plenamente libre. Máximo Cisneros firmó la opinión y agregó una declaración individual sobre el papel legítimo de los colegios profesionales cuando no restrinjan la libertad de expresión.

[11] Abusos de poder en la investigación y acusación condujeron a pasar la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) al Poder Judicial bajo el nombre de Organismo de Investigación Judicial (O.I.J.) y a excluir, de las potestades de la Procuraduría General de la República, el ejercicio de la acción penal pública creando el Ministerio Público, ambas con desconcentración máxima.

[12] Revista del TSE, núm. 38, sobre la reacción de diciembre de 2023; EFE, 7 de octubre de 2025, sobre la expresión “golpe de Estado institucional”.

[13] El artículo 164 de la Constitución encomienda a la Asamblea Legislativa su nombramiento a partir de una nómina propuesta por la Corte Suprema. La Sala Constitucional sostuvo desde 2013 (valga decir, decidió así contra un grupo político diferente al actualmente en el poder) que el Congreso debe escoger dentro de esa lista y que el procedimiento no contempla devolverla. En junio de 2026, la Presidencia de la Sala informó que la falta de designaciones ya incidía en decenas de expedientes con inhibitorias; semanas después, el Tribunal Constitucional resolvió un amparo interpuesto por un ciudadano directamente afectado por esa decisión. Todo ello ocurrió dentro del procedimiento previsto por el ordenamiento. El único punto discutible de la resolución puede ser el de la medida provisional destinada a conservar la integración necesaria para que el tribunal pudiera funcionar. Esa decisión puede y debe ser examinada críticamente: su fundamento, alcance, temporalidad y relación con las competencias legislativas son cuestiones constitucionales discutibles. Pero discutirlas exige razones que al 5 de agosto de 2026 no se conocen.

Panoramas SURCOS | 5 de agosto de 2026

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Panoramas SURCOS | 4 de agosto de 2026

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RENASES celebra su II Asamblea Nacional, refrenda el Pacto Patriótico Costarricense con 25 nuevas organizaciones y respalda plantón por la democracia

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Comunicado

RENASES: II Asamblea Nacional, Diálogo Social, Plantón, refrendo de Sectores al Pacto Patriótico Costarricense y movilización.

La Red Nacional de Sectores Sociales convocó a más de 200 activistas de diversos sectores sociales, para celebrar la II Asamblea Nacional de RENASES, con la participación de fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa, representantes de Partidos Políticos y líderes de organizaciones sociales.

José María Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.

El pasado 29 de junio se estableció un Pacto Patriótico Costarricense entre las fracciones del PLN, FA y CAC y RENASES. Hoy refrendaron dicho pacto 25 nuevas organizaciones con el compromiso de construir una agenda nacional, que permitirá evidenciar los graves problemas que afrontan y buscar vías de solución.  Así, la consigna fue optar por el diálogo social y la movilización, con miras a provocar el contrapeso necesario para fortalecer el régimen democrático, la defensa de la institucionalidad, la libertad de expresión, la atención a los costarricenses empobrecidos y vulnerables, la paz social fruto de la justicia y las urgentes respuestas que requiere el momento político del país.

La participación de organizaciones sindicales, agroalimentarias, ganaderas, ambientales, estudiantiles, comunales, territoriales, feministas, académicas, religiosas y otros movimientos sociales permitió la formulación de estrategias e incidencia política.

La II Asamblea toma acuerdos en medio de la tensión institucional

La Asamblea de RENASES se realizó en un contexto de creciente tensión entre poderes de la República, tras el señalamiento de la Presidencia sobre una resolución de la Sala Constitucional y los posteriores rechazos de fracciones de oposición y del Poder Judicial.

En ese escenario, RENASES reivindicó el papel de la sociedad civil organizada como contrapeso y expresión de una democracia participativa. Así, instó a defender la Constitución, la separación de poderes, la democracia, y la institucionalidad pública. En consecuencia, la II Asamblea acordó apoyar la convocatoria al “Plantón por la democracia” a realizarse el jueves 6 del presente mes.

También, enviar una misiva a la presidenta de la República, Laura Fernández; solicitando audiencia donde RENASES instará a un proceso de diálogo social, con miras a la solución conjunta de los principales temas-problemas expuestos en la II Asamblea.

Acerca de RENASES

La Red Nacional de Sectores Sociales es un espacio de articulación de organizaciones sociales y una plataforma de diálogo social, bajo la coordinación y representación a cargo del Equipo Timón, integrado por representantes de ANDE, ANEP, SEC, UNAG y UNDECA, que fomenta una agenda nacional que vincula a las diversas organizaciones y la problemática que cada una afronta y un Pacto Patriótico Costarricense con fracciones de oposición.

Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Panoramas SURCOS | 3 de agosto de 2026

Escrito en . Publicado en Panoramas.

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Carta abierta de solidaridad y comunión eclesial.
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El día después.
Memo Acuña.
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¿Así o más claro? La Constitución habló.
Jaime E. García González.
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Plantón por la justicia y la democracia convoca a encender una luz en cada sede judicial del país.
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“Las convenciones colectivas se respetan. Los acuerdos salariales se honran”. Solidaridad con SINDEU.
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Caballo desbocado.
Freddy Pacheco León.
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El día después

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Imagine despertar en Santiago de Chile el 12 de setiembre de 1973. Ahora imagine hacerlo en Buenos Aires o en cualquier lugar de Argentina el 25 de marzo de 1976. Haga el ejercicio de estar en Tegucigalpa el 29 de junio de 2009.

En los tres casos el elemento común es que el día anterior hubo una ruptura del orden institucional y constitucional y los mandatarios de los tres países fueron depuestos.

Hubo un golpe de estado. Real. Consumado.

Lo que siguió a continuación fue una escalada de violencia en la que la tortura, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos estuvieron a la orden. Las persecuciones en contra de los adversarios a los nuevos regímenes instalados se multiplicaron.

En los tres países hubo ciertamente golpes de estado de facto, porque fueron consumados con graves resultados para la ciudadanía y el tejido social en dichas sociedades.

Ahora haga el ejercicio de pensarse en cualquier lugar de Costa Rica el día después que irresponsablemente la presidenta de la República denominara como “golpe de estado” la decisión de la Sala IV para nombrar en prórroga a 12 magistrados suplentes para el Poder Judicial.

No solo fueron irresponsables y temerarias estas aseveraciones, que además se realizaron en un acto teatral y simbólico de muy pobre escenario, con parte de la fracción oficialista detrás suyo sin ninguna participación activa más que asentir mecánicamente a su discurso.

Es que, de un plomazo, la mandataria igualó sin reparo y consideración los graves hechos ocurridos en otros contextos latinoamericanos, a una estrategia espuria y manifiesta del Ejecutivo por controlar el Poder Judicial costarricense.

Visto entonces el error técnico, político y ético cometido, habría que señalar algunas acciones que podrían definirse en el campo de los autoritarismos y que provienen justamente de ese mismo poder ejecutivo que denunció ese supuesto golpe de estado en contra de la Asamblea Legislativa.

Entre algunas de ellas, destaca la preocupante prohibición de estimular el pensamiento crítico en las aulas del sistema educativo costarricense, lo cual nos parece de sumo cuidado y debe alertarnos sobre los límites que este gobierno quiere imponer.

Ciertamente es una hora compleja para la democracia costarricense. Como modelo perfectible que es, debe ser protegida de acciones como las impulsadas por el propio gobierno de Costa Rica.

A cuidarla estamos llamados.

Carta abierta de solidaridad y comunión eclesial

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Los abajo firmantes, miembros de la Iglesia católica y como personas comprometidas con la vida pastoral y el bien común de nuestro país, manifestamos nuestra cercanía fraterna, respeto y solidaridad con el padre Jeison Víquez Acuña, Vicario Parroquial de San Blas de Nicoya y con toda nuestra Iglesia. Nos identificamos con las palabras pronunciadas por el sacerdote durante los actos conmemorativos de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica, el pasado 25 de julio. Por ellas, nuestro hermano sacerdote ha sido el objeto de una injustificada campaña mediática que no solo nos preocupa, sino que nos llama a la reflexión.

Padre Jeison Víquez Acuña en la fecha de su ordenación en 2024. En la imagen está junto a Monseñor Manuel Eugenio Salazar, Obispo de Tilarán.

Lo hacemos movidos por el espíritu de comunión que caracteriza a la Iglesia y por la convicción de que sus ministros están llamados a anunciar el Evangelio con fidelidad, iluminando la realidad desde la Palabra de Dios y el Magisterio de la Iglesia. Cuando un sacerdote recuerda los principios de la dignidad humana, la justicia, la paz, el bien común, la responsabilidad de quienes ejercen la autoridad y la reconciliación entre los pueblos, no expresa simplemente una opinión personal; es una voz que forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia y de su permanente misión evangelizadora.

La Constitución Política de Costa Rica reconoce el lugar histórico de la Iglesia católica en la vida nacional, mientras que el orden democrático garantiza plenamente la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ambas libertades permiten que la Iglesia continúe ofreciendo, con respeto y sin pretensión de imponer criterios, una reflexión moral, inspirada en el Evangelio, sobre aquellas realidades que afectan la vida de las personas y de la sociedad. Esta misión no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas, sino al mandato recibido de Cristo de anunciar la verdad, promover la justicia y servir a la reconciliación.

La Constitución Pastoral Gaudium et Spes (n. 76) reconoce la legítima autonomía de la comunidad política, pero afirma la misión de la Iglesia de emitir un juicio moral cuando lo exijan los derechos fundamentales o la salvación de las personas.

La discrepancia es parte de la vida democrática; sin embargo, ella debe ejercerse siempre dentro del respeto mutuo, sin descalificaciones personales ni intentos de desacreditar la misión pastoral de quienes sirven al pueblo de Dios.

Recordamos también las palabras pronunciadas por monseñor Javier Román Arias en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, al inicio del actual período constitucional, cuando exhortó a quienes recibían la responsabilidad de gobernar a ejercer la autoridad como un servicio al pueblo, con humildad, respeto por la institucionalidad democrática, búsqueda del diálogo y compromiso con la justicia y el bien común. Aquella exhortación pastoral mantiene hoy plena vigencia y constituye una expresión del servicio que la Iglesia sigue ofreciendo a la sociedad costarricense.

En la misma línea, el Santo Padre León XIV ha insistido en diversas ocasiones en que la Iglesia está llamada a ser signo de unidad en un mundo marcado por las divisiones, promoviendo una cultura del encuentro, del diálogo respetuoso y de la fraternidad, rechazando toda forma de odio, exclusión o polarización que fracture a los pueblos y debilite la dignidad de las personas.

Invitamos a los creyentes, más allá de sus opciones políticas, a poner sus energías al servicio de los valores del Reino, que trasciende todo proyecto político y sitúa en el centro a los más pobres, como nos lo recuerda el Papa León XIV en la exhortación apostólica Dilexit te.

Por todo ello, aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro reconocimiento a todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral que, con prudencia, caridad y fidelidad al Evangelio, continúan ejerciendo su misión profética al servicio de Costa Rica.

En las fechas de la celebración nacional en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, renovamos nuestra oración por el llamado de los obispos en favor de la unidad entre los costarricenses y de la protección del orden institucional. En momentos en que el mundo y nuestra patria enfrentan profundas tensiones sociales, económicas y culturales, el camino no puede ser el de la polarización permanente, sino el del encuentro, la escucha y la búsqueda sincera del bien común.

Pedimos a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por nuestra patria, para que fortalezca nuestra convivencia pacífica, inspire a quienes ejercen responsabilidades públicas y nos conceda a todos la sabiduría necesaria para construir una nación reconciliada, donde el respeto, la verdad, la justicia y la paz prevalezcan sobre toda forma de división.

En Cristo y bajo el amparo de Nuestra Señora de los Ángeles,

  1. Javier Hernández Quirós, cmf. Prefecto de Apostolado, Misioneros Claretianos de Centroamérica.
  2. Daniel Monge Sandoval, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan vida».
  3. Gustavo Meneses Castro, Diócesis de Puntarenas, Secretario Ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Conferencia Episcopal de Costa Rica.
  4. José Manuel Díaz Cantero, Arquidiócesis de San José.
  5. Glenn Gómez Álvarez, Arquidiócesis de San José.
  6. Marco Antonio Oviedo Núñez, Diócesis de Alajuela.
  7. Rigoberto Segura Godoy, Catedral de Puntarenas.
  8. Ricardo Brenes Méndez, Diócesis de Puntarenas.
  9. Miguel Rojas Castillo, Diócesis de Puntarenas.
  10. Luis Carlos Aguilar Badilla, Diócesis de Puntarenas.
  11. Mario García Montoya, Diócesis de Puntarenas.
  12. Rafael Aragón Marina, CENDHU.
  13. Alexander Alfaro Chavarría, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
  14. Erick Marín Carballo, Franciscanos Conventuales, Colegio Saint Francis, Moravia.
  15. Edgar Muñoz Fonseca, Arquidiócesis de San José.
  16. Arturo Morales Funcín, Arquidiócesis de San José.
  17. José Eduardo Bolívar Rojas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  18. Rodolfo Araya Rojas, Parroquia de Liberia, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  19. Diác. Francisco Venegas Castro, Parroquia de Tilarán, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  20. Diác. Mark Vincent Valenzuela Giera, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  21. Elkin Eduardo López Alfaro, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  22. Fray Oscar Alvarado Rojas, Terciario Capuchino.
  23. Diác. Allan Siles Ríos, Arquidiócesis de San José.
  24. Félix Ríos Gadea, Laico de la Diócesis de Tilarán y miembro de la Pastoral de Movilidad Humana.
  25. Abelardo Morales Gamboa, Catedrático Universitario, Miembro del Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
  26. Juan José Romero Zúñiga, Catedrático de la Universidad Nacional.
  27. Rafael Ángel Villalobos Segura, Solidaridad y Misión, Centroamérica.
  28. Magaly Zúñiga Céspedes, Psicóloga, Investigadora, Equipo de apoyo a la Pastoral de Movilidad Humana.
  29. Gabriel Putoy Cano, CENDHU.
  30. Hazel María Jiménez Eduarte, Parroquia de Guadalupe, Arquidiócesis de San José.
  31. Fidelina Mena Corrales, Abogada defensora de Derechos Humanos.
  32. Martha Zulay Castro Calderón, Parroquia del Roble, Diócesis de Puntarenas.
  33. Adriana Elizondo Vargas, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
  34. Mayela Bolívar González, Parroquia de Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  35. Ricardo Meneses Castro, Parroquia de Bagaces, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  36. Nancy Sing Ávila, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
  37. Saúl Vidal Valerín Chévez, Parroquia Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  38. Erick Jiménez Madrigal, Parroquia de la Gloria de Puriscal, Arquidiócesis de San José.
  39. Róger Edward Meneses Castro, Parroquia de Turrialba, Diócesis de Cartago.
  40. Juan Carlos Sing Ávila, Parroquia de Cañas, Diócesis de Tilarán-Liberia.
  41. Marjorie Ávila Salas, Arquidiócesis de San José.
  42. Eugenia Ávila Chavarría, San Ramón de Alajuela.
  43. José Antonio Arley Arley, Arquidiócesis de San José.
  44. Marta Ávila Solera, Arquidiócesis de San José.
  45. Manrique Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  46. Narciso Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  47. Ileana Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  48. Ingrid Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
  49. Randall Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
  50. Siulam Li Jiménez, Arquidiócesis de San José.
  51. Dyala Apuy Ocampo, Arquidiócesis de San José.
  52. Sandra Ávila Cerdas, Arquidiócesis de San José.
  53. Celeste Murillo Meneses, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
  54. Karolina Ávila Valverde, Arquidiócesis de San José.
  55. Kattia Sing Ávila, Arquidiócesis de San José.
  56. Fernando Alfaro Ávila, Arquidiócesis de San José.
  57. Diego Pérez Vásquez, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
  58. Andrés Pérez Sing, Parroquia Bethania, Arquidiócesis de San José.
  59. María Fernanda Alfaro Solís, San Carlos de Alajuela.
  60. María del Rocío Meneses Castro, Parroquia Corazón de Jesús, Heredia.
  61. Néstor Zúñiga Pereira, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  62. Juan Carlos Mora Sánchez, Parroquia San José en Parrita, Diócesis de Puntarenas.
  63. María Esther Céspedes Morales, Parroquia S. Juan de Tibás, Arquidiócesis de San José.
  64. Germán Pochet Ballester, Parroquia Santa Bárbara de Pavas, Arquidiócesis de San José.
  65. Luis Fernando Carvajal Ortiz, Parroquia de Esparza, Diócesis de Puntarenas.
  66. Juan Ignacio Torres Carvajal, Parroquia de Tambor, Diócesis de Alajuela.
  67. Ana Isabel Umaña Araya, Centro Claretiano de Ayuda al Migrante, San José.
  68. María Alejandra Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
  69. Lucía Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
  70. Esteban Villalobos De Ycaza, Juventud Claretiana, Heredia.
  71. Orlando Navarro Rojas, director del Hogar de la Esperanza, Paso Ancho.
  72. Beatriz De Ykaza Vélez, Arquitecta, Heredia.
  73. María Auxiliadora Chávez Loáisiga, San Juan de Dios de Desamparados, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
  74. Dulce Umanzor Alvarado, Abogada, Activista por los derechos humanos, Puntarenas.
  75. Giselle Zamora Arroyo, Moravia, Centro Bíblico Claretiano «Para que tengan Vida».
  76. Carmen María Conejo Solera, San Francisco de Guadalupe, Centro Claretiano de Atención al Migrante.
  77. Rocío Hernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
  78. Giselle Fernández Salazar, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San José.
  79. Lilliana Montoya Conejo, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
  80. Randall Rivera Rodríguez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Aurora de Heredia.
  81. José Francisco Brenes Quirós, Centro Claretiano de Atención al Migrante, Calle Blancos.
  82. Margarita Murillo Montoya, Centro Bíblico, San Francisco de Goicochea.
  83. Mariano Sáenz Vega, Encuentro Ecuménico, San José.
  84. Andrea Esquivel Villalobos, Heredia.
  85. Angélica María Villalobos, Heredia.
  86. Vilma Álvarez Rodríguez, Trabajadora Social-Abogada, Puntarenas.
  87. Víctor Hugo Romero Coto, Agrónomo, Puntarenas.
  88. María T. Biamonte Colombari, Ama de Casa, Puntarenas.
  89. Mario Chaverri Sánchez, Médico, Puntarenas.
  90. Daniel Morales Marín, Tibás, San José.
  91. Patricia Reyes Arguedas, Moravia, San José.
  92. Olga Marta García Arguedas, Moravia, San José.
  93. Mayra Delgado Benavides, San José.
  94. Marvin Bolaños Delgado, San José.
  95. Ana Reyes Arguedas, Tibás, San José.
  96. Kathya Brenes Mata, Hatillo 3, San José.
  97. Roberto Reyes Arguedas, Moravia, San José.
  98. Flerida Martén García, Moravia, San José.
  99. Eugenia Vargas Carpio, Moravia, San José.
  100. Ana Leonor Ramírez Montes, psicóloga, investigadora independiente, San José.
  101. Laura Chinchilla Barrientos, Psicóloga, San José.
  102. Javier Tapia Balladares, Catedrático Universidad de Costa Rica.
  103. Sonia Johnson Rosales, Pensionada CCSS, Puntarenas.
  104. Ana Beatriz Ramírez Guerrero, Pensionada MEP, Alajuela.
  105. Manuel Alvarado Murillo, profesor universitario jubilado, Puntarenas.
  106. María Pérez Iglesias, Escritora, San José.
  107. Alicia Eugenia Vargas Porras, Catedrática UCR, San José.
  108. Arabella Salaverry Pardo, Escritora, San José.
  109. María de los Ángeles Miranda Méndez, Enfermera pensionada.
  110. Marco Vinicio Fournier Facio, Psicólogo, San José.
  111. Yolanda Bertozzi Barrantes, Abogada y teóloga.
  112. Daniel Cordero Ramírez, Estudiante, San José.
  113. Giselle Gamboa Cordero, Directora, JN Riojalandia, Puntarenas.
  114. Yamileth Torres Delgado, Psicóloga, San José.
  115. Álvaro Campos Guadamuz, Prof. jubilado Universidad de Costa Rica, San José.
  116. Adilia Solís Reyes, Docente pensionada, San José.
  117. Florencia Jiménez Antillón, Jubilada, San José.
  118. Marta Eugenia González Madriz, Psicóloga, San José.
  119. Cecilia Cortés Quirós, Escazú, San José.
  120. Eduardo Solano Coghi, Paraíso de Cartago.
  121. Victoria Brenes Moya, Paraíso de Cartago.
  122. Miriam López Badilla, MSc. San José.
  123. Ana Lupita Chaves Salas.
  124. Yadira Matarrita Brenes.
  125. Luis Alberto Ramírez Montes, jubilado.
  126. Ana Lucía Gutiérrez Espeleta, Jubilada, UCR.
  127. Yamilette Fontana Coto, Socióloga, Jubilada del MEP.
  128. Marlidian Rivas Bascon, Socióloga, Jubilada de la CCSS.
  129. Mónica Vargas Córdoba, Orientadora.
  130. Abigail Hernández Chavarría, Odontóloga.
  131. Yorlenny Fontana Coto, Profesora UNED y consultora.
  132. Isabel Avendaño-Flores, Profesora Universitaria, Facultad de Ciencias Sociales, UCR.
  133. Esperanza Tasies Castro, Profesora Universitaria.
  134. Amalia Fontana Coto, Curadora, museografía, Pensionada de la UCR.
  135. Erika Sevilla Zepeda, ingeniera informática, Profesora UNED.
  136. Marta Sánchez Mora, Educadora pensionada.
  137. Nieves Monge Fonseca, Gerontóloga y Profesional de Enfermería.
  138. Laura Varga, Socióloga.
  139. Natalia Dobles Trejos, Pensionada.
  140. Karla Monge Sánchez, Máster en Lingüística, profesora en UCR.
  141. Yolanda Rojas Rodríguez, Catedrática jubilada.
  142. Aurora Sánchez Monge, jubilada Escuela de Salud Pública, UCR.
  143. Vera Victoria Sancho Mora, Lic. Enseñanza de la Matemática, Jubilada.
  144. Lorena Flores Solano, Jubilada.
  145. Adriana Sancho Camacho, Licenciada en Orientación.
  146. Marcos B. Arguedas Castro, Profesor Jubilado.
  147. Rose Mary Araya Sancho, Profesora Jubilada.
  148. Asdrúbal Duarte Esquivel, Matemático Jubilado.
  149. Millaray Villalobos Rojas, antropóloga.
  150. Gustavo Gatica López, Investigador, Universidad Estatal a Distancia.
  151. Roberto Mata Montero, Profesor jubilado.
  152. Guiselle Solera Mora, Pensionada, Psicóloga.
  153. Rosemary Gómez Ulate, Trabajadora Social, Pensionada.
  154. Alexander Castillo Monge, administrador, psicólogo y educador.
  155. Ligia Martín Salazar, Antropóloga, Catedrática Jubilada.
  156. Helvetia Cárdenas Leitón.
  157. Eugenia Solís Umaña, Arquitecta.
  158. Virginia Ramírez Cascante, Docente.
  159. Antonieta Camacho, Catedrática Jubilada, Estudios del Desarrollo, Socióloga Rural.
  160. Javier Morales Gamboa, Cervantes de Alvarado, Cartago.
  161. Giovanni Morales Gamboa, Paraíso de Cartago.
  162. María Picado Ovares, Psicóloga.
  163. Sharon Montoya Azofeifa, Psicóloga y Docente.
  164. Krissian Barrios, Socióloga.
  165. Yamilé Salas Sanz, Pensionada.
  166. Isabel Ovares Ramírez, pensionada.
  167. Margarita Jiménez Ramírez, Pensionada.
  168. Flora Ovares Ramírez, Pensionada.
  169. Héctor Ferlini-Salazar, comunicador, docente UCR.
  170. Mayela Ríos Barboza, Profesora jubilada.
  171. Rosendo Pizarro Moraga, Profesor jubilado.
  172. Lorena Mora Rodríguez, profesora jubilada.
  173. Álvaro Artavia Alpízar, profesor jubilado.
  174. Sandra Sánchez Agüero, profesora jubilada.
  175. María Alicia Niklitschek, Profesora pensionada.
  176. Teresita Vargas, Profesora Jubilada.
  177. Damaris Rodríguez Lara, Ing. Agrónoma, Docente, Guanacaste.
  178. Ana María Botey Sobrado, Docente Jubilada.
  179. Sara Salazar Badilla, Ingeniera jubilada.
  180. Junny Rodríguez, Profesora jubilada.
  181. Josefa Guzmán León, profesora jubilada.
  182. Guillermo Sojo Picado, Abogado, Curridabat.
  183. Marielos Castro Umaña, Profesora pensionada.
  184. María Laura Sánchez Rojas, Socióloga y dirigente social, Goicoechea, San José.
  185. Ana Rodríguez Badilla, San José.
  186. Sandra Cartín Herrera, San José.
  187. Patricia Mora Castellanos, Socióloga, San José.
  188. Ivonne Jiménez Villalobos, Periodista, La Unión.
  189. Luis Enrique Ortega Gutiérrez, Comunicador, Director de Paraíso Con Voz, Paraíso de Cartago.
  190. Fernando Solano Coghi, Paraíso de Cartago.
  191. Elisa Vega Monge, Paraíso de Cartago.
  192. Daniela Solano Vega, Paraíso de Cartago.
  193. Diego Solano Vega, Paraíso de Cartago.
  194. Eduardo Calderón Araya, Paraíso de Cartago.
  195. Fernando Solano Vega, Paraíso de Cartago.
  196. Ana Orozco Sánchez, Periodista, Montes de Oca.
  197. Carlos Bonilla Avendaño, Presidente Iglesia Luterana Costarricense.
  198. Erick Umaña Castro, Secretario Junta Directiva Iglesia Luterana Costarricense.
  199. Ana Lorena Castillo Mata, Jubilada, Paraíso de Cartago.
  200. Adriana Jarquín Coto, Abogada, Paraíso de Cartago.
  201. Ariadna Quesada Zúñiga, Concepción de La Unión.
  202. Heiner Quesada Porras, Concepción de La Unión.
  203. Gladys Quesada Porras, Granadilla de Curridabat.
  204. Shirley Quesada Porras, Granadilla de Curridabat.
  205. Luis García Menéndez, Granadilla de Curridabat.
  206. Milagro Zúñiga Céspedes, Concepción de la Unión.
  207. Dinnia Araya Martínez, Birrisito de Paraíso de Cartago.
  208. Rosaura Solano Araya, Paraíso de Cartago.
  209. Marlene Víquez Salazar, Profesora jubilada y perteneciente a la Parroquia de Barva de Heredia.
  210. Vicente Gómez Meneses, Orden Franciscana Seglar, Cartago.
  211. Lidieth Murillo Madriz, Orden Franciscana Seglar, Cartago.
  212. Gloria María Bonilla Solano, Profesora jubilada y Servidora Parroquia Mercedes Sur de Heredia.
  213. Julieta Rodríguez Arias, Profesora jubilada, Curridabat.
  214. Aída Ríos Quintero, profesora jubilada.
  215. Xenia Madrigal García, Profesora jubilada.
  216. Marino Marozzi Rojas, Economista.
  217. Alejandra Espinoza Arias. Músico y Poeta.
  218. Pierina Garino Herrera, San José, San Isidro, Heredia.
  219. Miguel Ángel Zúñiga Brizuela, Ministro Auxiliar de la Eucaristía, Parroquia de Concepción de La Unión.
  220. Rita Céspedes Castillo, Parroquia de Concepción de La Unión.
  221. Gregorio Brenes Moya, Cartago.
  222. Kathia Quesada Bonilla, Cartago.
  223. Mayranrita Ramírez Brenes, Cartago.
  224. María Elizabeth Zúñiga Garro, Centro Bíblico Claretiano. San Francisco, Goicoechea.
  225. María Dolores Ocón Núñez, Centro Claretiano de Atención al Migrante, San Francisco de Goicoechea.
  226. Nicole Cisneros Vargas, filóloga, Heredia.
  227. Roberto Orozco Sánchez, Alajuela.
  228. Raúl Francisco Silesky Jiménez, Cartago.
  229. Patricia Blanco Picado, Montes de Oca.
  230. Denia Zumbado Retana, Montes de Oca.
  231. Vínyela Devandas Brenes, docente jubilada.
  232. Mabel Figueroa Ramos, Trabajadora social, jubilada.
  233. Ana Victoria Chacón Abarca, educadora pensionada.
  234. Isabel Álvarez Rodríguez, economista, pensionada.
  235. Yenory Murillo Coto, docente jubilada.
  236. Marcela Eduarte Rodríguez, Bióloga, docente UCR.
  237. Ana Tristán Sánchez, psicóloga y pedagoga, pensionada.
  238. Grace Camacho Barquero, Orientadora jubilada.

Panoramas SURCOS | 2 de agosto de 2026

Escrito en . Publicado en Panoramas.

Le invitamos a conocer esta selección de temas publicados hoy en SURCOS y navegar en el medio:

Miradas que sanan un mundo herido.
Glenm Gómez Álvarez, Pbro.
https://wp.me/p6rfbZ-zG3

Cuando el lenguaje degrada la República – La palabra presidencial y el deterioro del debate público.
Alberto Salom Echeverría.
https://wp.me/p6rfbZ-zFM

El Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros en Costa Rica.
Marielos Aguilar Hernández.
https://wp.me/p6rfbZ-zG6

Dr. Juan Jaramillo Antillón, in memoriam.
Vladimir de la Cruz de Lemos.
https://wp.me/p6rfbZ-zGg

La mano dura como excusa de la aplicación de una verdadera política criminal.
Francesco Giulietti Silva.
https://wp.me/p6rfbZ-zG8

Candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas: resultados del primer sondeo informal.
Nicolas Boeglin.
https://wp.me/p6rfbZ-zGb

🔹 Sostenibilidad SURCOS
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Dr. Juan Jaramillo Antillón, in memoriam

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz de Lemos

La comunidad cultural y médica de Costa Rica despide al Dr. Juan Jaramillo Antillón con eterna gratitud.

Juan Jaramillo Antillón fue nuestro muy querido colaborador durante una década y acaba de dejarnos

La muerte del Dr. Juan Jaramillo Antillón, colaborador y escritor de esta publicación, Meer en español, deja un vacío enorme, cultural y humanista en estas páginas, pero especialmente en la cultura nacional, en la medicina y la seguridad social costarricense.

Nació hace 91 años, cuando en Costa Rica no se había fundado la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando apenas tenía cuatro años de haberse creado el Ministerio de Salubridad Pública, y cuando la expectativa de vida de los costarricenses apenas rondaba los 40 años.

Su niñez y adolescencia le ubicaron en los acontecimientos bélicos terribles de las décadas de 1930 y 1940, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en el impacto que ambos eventos tuvieron en el país, y en las dificultades políticas e institucionales que se dieron en el país, al calor de esos sucesos.

Con el ascenso al gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en 1940, en plena guerra mundial, se creó la Universidad de Costa Rica, sin Facultad ni estudios de Medicina en esos años, y se creó la Caja Costarricense del Seguro Social, que inició la protección masiva en el campo de la salud de los costarricenses, permitiendo la atención médica de los trabajadores, inicialmente, y luego de sus familiares hasta su universalización.

El joven, entonces Juan Jaramillo Antillón, con deseos de estudiar medicina, estaba a la expectativa de lo que se ofrecía a estudiantes costarricenses en aquellos años: en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala; algunos lo hacían hacia Argentina, otros hacia México, Estados Unidos y los que mayor capacidad económica tenían, hacia Europa. Las becas que daba el Estado en esos años fueron escasas. Así, dispuesto a formarse como médico, se dirigió a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde concluyó sus estudios con los máximos honores en 1959. En esos años, la Universidad de Costa Rica apenas vislumbraba esos estudios, cosa que era una exigencia nacional en cuanto se habían establecido los seguros sociales y se demandaba una formación importante de médicos.

La Escuela de Medicina se instituyó el 25 de agosto de 1947, cuando el Congreso de la República así lo dispuso, pero su apertura quedó sujeta hasta que el Colegio de Médicos así lo estimara necesario y conveniente. Así, la Asamblea Universitaria durante ocho años, desde 1953 hasta el 6 de marzo de 1961, le dio forma y contenido al plan de estudios de la Escuela y Facultad de Medicina, inaugurándose en 1961 para sus primeros estudiantes, graduándose su primera promoción en 1965.

A partir de allí le siguieron sus pasos la Escuela de Enfermería en 1977, anexa a la Escuela de Medicina. Más tarde, en 1980, la Carrera de Nutrición se constituye en Escuela de Nutrición, para que finalmente, en 1996, se cree la Escuela de Salud Pública y, en 2004, la Escuela de Tecnologías en Salud, completando las unidades académicas encargadas de la formación de profesionales y especialistas en estas disciplinas. Su hermano, Orlando, también estudió medicina y fue el sexto decano de la Facultad de Medicina.

A su regreso de México, el Dr. Juan Jaramillo hizo su residencia médica en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social. La medicina como ejercicio privado era muy reducida. No se habían constituido escuelas de medicina privadas ni desarrollado hospitales privados, excepto la Clínica Bíblica en 1929.

En 1963 obtuvo el Dr. Jaramillo su título de especialista en cirugía general. Siguió estudiando y profundizando en el campo de la medicina y volvió a México, donde obtuvo, en el Centro Médico Nacional del Seguro Social, en el Distrito Federal, en 1966, el postgrado en gastroenterología quirúrgica y proctología.

De nuevo en Costa Rica, se integró a la Caja Costarricense del Seguro Social y en 1970, por dos años, se desempeñó como jefe de la Clínica de Cirugía General del Hospital México, entonces uno de los hospitales más modernos que funcionaban en el país.

A partir de esos años, una brillante carrera en el campo de la medicina lo llevó a la Jefatura del Servicio y de la Sección de Cirugía del Hospital Rafael Calderón Guardia del Seguro Social de Costa Rica de 1973 a 1998 y a ser profesor de la Cátedra de Cirugía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, a la cual estuvo ligado durante 33 años.

En este caminar fue profesor instructor, profesor asociado y finalmente catedrático de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica.

Su ejercicio profesoral hizo que varias generaciones de médicos le dedicaran su graduación, siendo hasta 1990 el que más reconocimientos en este sentido había tenido.

En 1993, la Facultad de Medicina le distinguió reconociéndole su destacada labor en la difusión de los valores institucionales, declarándole también en 1996 profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. El cuerpo médico nacional en siete ocasiones le dedicó la celebración de los congresos médicos nacionales de Costa Rica y de Centroamérica.

Durante el período de gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, 1982-1986, fue ministro de Salud. Su vida profesional fue reconocida por la Academia Nacional de Medicina y Cirugía de Costa Rica. Ha sido declarado Miembro de Honor de la Unión Médica Nacional, el sindicato de los médicos, de la Asociación Nacional de Salud Pública de Costa Rica, de la Asociación de Cirugía y de la Asociación de Coloproctología de Costa Rica, de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Nacional de Historia de la Medicina de Costa Rica. Sus reconocimientos le han dado 42 premios y honores. El gobierno del Dr. Miguel Ángel Rodríguez, en el año 2002, lo declaró Médico distinguido de Costa Rica.

El Colegio de Médicos de Costa Rica en su Memoria, de 150 años de existencia de dicho Colegio, lo declaró unos de los 35 médicos más destacados que ha tenido el país en ese tiempo de su existencia. También el Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Salud y la ministra de Salud le concedieron la Medalla al Mérito Salubrista Dr. Solón Núñez Frutos en el año 2010.

La International Health Medical Consortium, constituida por las principales Escuelas de Medicina de los Estados Unidos y Canadá, le concedió el Distinguished Health Medical Consortium por sus trabajos y publicaciones para mejorar la calidad de la enseñanza de la Medicina en Costa Rica y América Latina, con las cuales se ha distinguido como un gran historiador de la medicina y la seguridad social nacional, y como un gran humanista por la divulgación de sus artículos sobre temas universales.

Recibió el Diploma de Notable, dado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, por méritos en el campo de la docencia, la ética, la moral, la investigación científica y como pionero en la educación médica continua.

En 1994. Recibió el Premio Áncora en Ciencias. Concedido por el periódico La Nación, de Costa Rica. Igualmente recibió los Premios Nacionales Aquileo J. Echeverría, en el campo del ensayo, y el Premio Nacional de Cultura MAGON, ambos dados por el Ministerio de Cultura de Costa Rica, siendo el Premio MAGON la más alta distinción que se le hace a una persona en Costa Rica, que destaca por su obra y su aporte a la cultura nacional.

Su obra bibliográfica comprende 35 libros en las editoriales de la Universidad de Costa Rica. La Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, la Editorial del Seguro Social de Costa Rica y la Editorial Académica Española, donde aborda distintos temas de medicina, salud, ciencias, filosofía, biografías, historia universal, antropología y cultura.

Su obra comprende también 37 folletos sobre medicina, salud y seguridad social y más de 80 artículos científicos en revistas nacionales o internacionales, así como casi 300 artículos divulgados en los periódicos costarricenses La Prensa Libre, La Nación y en la revista internacional Meer.

Tuvo una intensa participación en 130 congresos médicos, de salud o de seguridad social. Nacionales o internacionales, como ponente, expositor de trabajos o conferencista.

Quienes tuvimos oportunidad de tratarlo siempre encontramos en él a la buena persona, al gran científico y humanista que fue, al hombre bondadoso, sencillo, afable, solidario, preocupado por los problemas sociales y universales, al buscador permanente de la Verdad.

Su reciente fallecimiento ha dejado un gran vacío emocional en quienes lo trataron, cultivaron su amistad y le siguieron devotamente como fanáticos culturales de sus escritos y pensamientos.

Para la sociedad costarricense fue la pérdida de una mente brillante, de un ser humano extraordinario y excepcional, de una luz que no dejará de brillar, de esa persona que siempre vivirá en nuestro pensamiento y en nuestros corazones.

Se le recordará también como el hombre sabio, culto, de una curiosidad ilimitada e insaciable y por su entrega devota al servicio de la salud pública. Físicamente lo extrañaremos, pero su huella y su condición de humanista son indelebles. Nos dejó su legado; parte de él ocupa su espacio en la Nueva Gran Biblioteca de Alejandría desde el 2002 y la publicación Who’s Who in the World. 2003. 20 Editions.

La cultura costarricense perdió físicamente a uno de sus mejores intelectuales, hombre de ciencias, humanista, una gran persona y gran costarricense.

Compartido con SURCOS por el autor.

Candidaturas a la Secretaría General de Naciones Unidas: resultados del primer sondeo informal

Escrito en . Publicado en Análisis.

Nicolas Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR
nboeglin@gmail.com

Este 31 de julio, se dio a conocer el primer sondeo informal entre los 15 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con relación a los candidatos/as en competencia para ocupar la Secretaría General de Naciones Unidas a partir de enero del 2027.

Cabe recordar que además de los cinco Estados Miembros Permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), en la actualidad los demás Estados que integran el Consejo de Seguridad son: Bahrein, Colombia, Dinamarca, Grecia, Letonia, Liberia, Pakistán, Panamá, Somalia, y República Democrática del Congo.

Para la única silla a ocupar de Secretario General a partir de enero del 2027, son 8 las candidaturas oficialmente inscritas (véase enlace oficial de Naciones Unidas con el detalle cada una de ellas). A notar que únicamente las candidatas oriundas de Costa Rica y de Guyana así como los nativos de Argentina y de Uganda han sido postuladas/os por sus propios Estados. En el caso de la candidata nativa de Chile, fue en un primer momento postulada conjuntamente por Chile, Brasil y México (véase carta conjunta): el 24 de marzo del 2026, las nuevas autoridades electas en Chile anunciaron retirarle su apoyo (véase nota de Reuters). Otra candidata oriunda también de Argentina, postulada por Maldivas, al parecer se retiró de la contienda, al no aparecer su nombre en el primer sondeo realizado en el Consejo de Seguridad.

En el caso de las candidaturas provenientes de América Latina, el primer Estado en postular formalmente a su candidato fue Argentina en diciembre del 2025 (véase carta), seguido luego por Chile, Brasil y México en febrero del 2026 y finalmente Costa Rica en el mes de marzo del 2026 (véase carta).

Resulta oportuno añadir que desde su creación en 1945, la Secretaría General de Naciones Unidas siempre ha recaído en un hombre, y que son muchas las regiones en el mundo que consideran que ha llegado el momento de que sea una mujer la que ostente la máxima posición dentro del organigrama de Naciones Unidas: pese a la cacofonía de la región latinoamericana en otras temáticas, las recientes cumbres de América Latina realizadas en el 2025 en el marco de la cumbre China-CELAC y UE-CELAC así lo reflejaron (Nota 1).

Breve puesta en contexto

En este 2026, pese al estruendo de las bombas y a la destrucción total de localidades, al desplazamiento de grandes cantidades de civiles que huyen bombardeos indiscriminados, a las lágrimas de incomprensión y de desesperación de muchos de ellos al volver y descubrir lo que eran sus barrios convertidos en un campo de ruinas y al irrespeto reiterado de las reglas más elementales del derecho internacional público por parte de varios Estados en estos últimos años, Naciones Unidas aparece como el único foro global con el que cuentan los integrantes de la comunidad internacional.

Ignorar las normas del ordenamiento jurídico internacional, cuestionar su utilidad así como la de los mecanismos internacionales, atacar el multilateralismo de Naciones Unidas, votar en contra de una norma fundamental como la prohibición de la tortura, desacatar decisiones de la CIJ, son acciones que responden todas a un mismo objetivo, fomentado por Estados Unidos y otros Estados (en particular desde la llegada de su actual ocupante a la Casa Blanca): volver a la denominada “ley de la selva”, y a la trágica época imperial que experimentó el mundo, en particular en el siglo XIX. Sobre este último punto, no es para nada una coincidencia si algunas declaraciones escuchadas desde el 20 de enero del 2025 en la Casa Blanca sobre Canadá, Cuba, el Canal de Panamá, Groenlandia, Irán o Venezuela, recuerdan la narrativa y la lógica de los emperadores de antaño.

En ese sentido, recordar en este mes de julio del 2026 la importancia del derecho internacional y de la justicia internacional, únicas brújulas con las que cuenta nuestra convulsionada sociedad internacional, cobran una particular relevancia. En particular al observarse en Estados Unidos a un mandatario empecinado, como nunca visto antes, en ordenar sanciones contra el personal de una jurisdicción internacional como la Corte Penal Internacional (CPI) y ello desde su llegada a la Casa Blanca al iniciarse el año 2025, y al vivirse un período en el que varios dirigentes en América Latina (así como en otras partes del mundo) la emprenden a nivel nacional contra el Poder Judicial, y más generalmente contra las entidades nacionales e internacionales a cargo de fiscalizar el aparato estatal y de proteger las libertades fundamentales de sus ciudadanos.

Al respecto, resulta de cierto interés observar que Estados cuyos mandatarios despotrican contra el multilateralismo y contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y vituperan con gran frecuencia contra los mecanismos existentes en materia de derechos humanos, presenten candidaturas oficiales para ocupar la silla del funcionario que ostentará la máxima posición dentro de la estructura organizacional de Naciones Unidas.

Los resultados obtenidos en breve

En este enlace se pueden leer los resultados obtenidos por cada uno/a de los candidatos(as), encabezando con 10 votos favorables la candidata postulada por Costa Rica, seguida de 9 votos favorables por la candidata de Guyana, y de 7 el candidato propuesto por Argentina, al tiempo que la candidata chilena iguala el número de votos favorables (6) con el ex Presidente de Senegal, postulado por Burundi: este último reúne la mayor cantidad de votos desfavorables (7), por lo que deberá multiplicar gestiones de cara al segundo sondeo previsto dentro de algunas semanas o dar por concluida su participación y abandonar la contienda.

La candidata ecuatoriana (postulada por Antigua y Barbuda), quien fungió como Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2018, por su lado registra la mayor cantidad de «sin opinión«, lo cual evidencia que no ha logrado dar a conocer su visión sobre la organización, como los demás contendientes. Finalmente, el candidato presentado tardíamente por Uganda (el pasado 25 de julio, véase carta de postulación) debería decidir si intensifica sus gestiones en los diversos espacios existentes para darse a conocer, o si debería dar por terminada su efímera participación desde ya.

Imagen de tablero extraída de las redes sociales sobre los resultados del primer sondeo informal en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

La candidata de Costa Rica reúne la mayor cantidad de votos a favor, sin que se conozca la identidad exacta de los Estados que la apoyan ni tampoco la del Estado que le recomienda no continuar.

Lo que sigue

Este primer sondeo abre un secuencia de sondeos informales que se van a realizar dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas semanas: la secuencia permitirá medir y confortar el apoyo (o bien, al revés, la reprobación) para que continúen (o al contrario, abandonen) esta contienda algunos/as candidatos. La progresión numérica que se lea entre el primer y segundo sondeo será decisiva para los finalistas de esta contienda, al tiempo que la regresión numérica deberá ser entendida por algunos/as candidatos/as para retirarse a tiempo de la misma.

Es una vez confortada una sola candidatura, que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la tramitará a la Asamblea General para su aprobación por aclamación.

Como siempre en una competencia, iniciar en posición favorable una contienda no necesariamente equivale a garantizar llegar en primera posición.

Con relación a los números de unos/as y otros/as, es de notar que no se conoce la identidad de los Estados que se manifestaron mediante una «opinión desfavorable«, y el hecho que puedan ser uno o varios Estados Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad se mantiene como una interrogante muy válida.

Tuvimos al respecto la ocasión de señalar que con el segundo sondeo, la candidata de Costa Rica en el mes de agosto del 2016 ya podía pensar en abandonar la contienda, al ver aumentando de un sondeo a otro el número de opiniones desfavorables (Nota 2). Los resultados del tercer sondeo (reuniendo 12 votos desfavorables) resultaron innecesariamente negativos para la candidata costarricense, cuyo perfil no se adecuó nunca al todo al perfil de todos los secretarios generales anteriormente electos en Naciones Unidas: a saber, personas que a lo largo de su trayectoria personal, ocuparon puestos ministeriales en su Estado de origen o han sido Jefe de Gobierno (como el actual Secretario General nativo de Portugal, y que ganó cómodamente esta contienda del 2016, su antecesor, ex canciller de Corea del Sur, así como el hasta ahora único Secretario General de Naciones Unidas oriundo de América Latina, ex canciller de Perú).

Toma extraída de esta nota de prensa de UNDispatch sobre resultados obtenidos en Nueva York a raíz del tercer sondeo confidencial realizado el 29 de agosto del 2016 de cara a la designación de un Secretario General de Naciones Unidas, en los que la candidata de Costa Rica registra un total de 12 opiniones desfavorables.

A modo de conclusión

Como bien se sabe, en Naciones Unidas, las normas que se mantienen incólumes desde 1945, permiten que uno de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad (China, Francia, Estados Unidos, Reino Unido o Rusia) pueda recurrir a su derecho a veto para frenar las aspiraciones de los candidatos que no cuenten con su apoyo. Se trata de una prerrogativa con la que no cuentan estos cinco Estados para la designación de los jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) (Nota 3).

Al respecto, cabe recordar que el mandato de un Secretario General es de cinco años, y puede ser reconducido por cinco años más. Con la notable excepción de Boutros Boutros Gali, de Egipto, con un único mandato (enero 1992 – diciembre 1996), todos los demás titulares fueron siempre reelectos para un segundo mandato consecutivo. La no reelección de Boutros Boutros Gali se debió al único voto en contra por parte de Estados Unidos en el seno del Consejo de Seguridad (véase al respecto esta nota de finales de 1996): la sesión de aquella fría noche de invierno del 13 de diciembre de 1996 fue descrita por quién fungió como su Jefe de Gabinete como sigue:

“13 Décembre 1996: Mme Madeleine Albright, Représentant permanent des Etats Unis à l´ONU, sort la première de la Séance officielle privée du Conseil de Sécurité (3725ème séance). Il est 20h 30. Elle passe, sans un mot, devant la presse diplomatique regroupée devant la longue tapisserie de Picasso représentant le massacre de Guernica. Quelques journalistes peuvent entendre un membre de sa délégation leur souffler « We did it » »(Nota 4).

Menos de una semana después, Kofi Annan, oriundo de Ghana, era electo Secretario General de Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1996.

Dada las fuertes tensiones que experimenta Naciones Unidas en su relación con Estados Unidos desde el mes de enero del 2025, y el carácter imprevisible del actual ocupante de la Casa Blanca, es probable que el actual mandatario norteamericano busque la manera de complicar la elección del (o de la) futura Secretario (a) General, con algún capricho personal o provocación en esta recta decisiva.

– -Notas – –

Nota 1: Durante la última cumbre China / CELAC, realizada en China en el mes de mayo del 2025 (véase texto completo colgado por la diplomacia de Colombia) el punto 13 se lee como sigue:

«13. China toma nota de la posición de los países de la parte de ALC de que ha llegado el momento para que una persona nacional de un Estado de América Latina y el Caribe asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas, considerando que, de los nueve secretarios generales que ha tenido la ONU hasta la fecha, sólo uno ha sido originario de la región».

En la parte final de esta declaración final, se indica que el punto siguiente (el punto 14) no contó con la aprobación de Costa Rica (sin que se tenga explicación oficial alguna desde entonces) y que Argentina consideró oportuno no hacerse presente en la plenaria de esta cumbre: «La República Argentina estuvo ausente del Plenario Ministerial en la Cuarta Reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos«. En noviembre del 2025, en otra cumbre, esta vez CELAC / UE (Unión Europea), se precisó en la declaración final adoptada (véase texto integral, y en particular el punto 21) que:«21.The European Union takes note of the position expressed by the countries of Latin America and the Caribbean to have a national of the region serve as the next Secretary-General of the United Nations». Nuevamente la diplomacia de Argentina consideró oportuno hacer ver, de manera estridente esta vez, ante los 27 Estados europeos y ante el resto del continente americano, su profundo descontento con algunos puntos. La total cacofonía de América Latina se dejó entrever de manera mucho más llamativa esta vez, al precisarse al final del texto de esta declaración final lo siguiente: «The Argentine Republic dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 42, 44, the reference to “gender” in paragraph 9, the reference to “Pact for the Future” from paragraph 20 and the reference to “Agenda 20230 and its 17 Sustainable Development Goals SDGs” in paragraph 22; the Republic of Costa Rica dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Ecuador dissociates from paragraphs 10, 15 and 18; the Republic of El Salvador dissociates from paragraphs 10 and 18; the Republic of Panama dissociates from paragraphs 10 and 15; the Republic of Paraguay dissociates from paragraphs 10, 15, 18, 20, 22 and 44; the Republic of Trinidad and Tobago dissociates from paragraph 10 and from the reference to “We reiterate the importance of regional migration dialogue frameworks” in paragraph 47; the Bolivarian Republic of Venezuela withdraws from the declaration«. En el caso de Costa Rica, se desconoce si alguna explicación oficial fue aportada por parte de sus autoridades para explicar su objeción a los puntos 10 (América Latina como Zona de Paz y apoyo a la lucha contra el narco trafico en alta mar) y 18 (levantamiento del embargo a Cuba) de esta declaración final, puntos igualmente objetados por El Salvador. No se tiene conocimiento por parte de la diplomacia de Paraguay (objetando seis puntos), de Argentina (cinco puntos y referencias hechas en tres otros) y de Ecuador (tres puntos) de justificaciones aportadas oficialmente para explicar estas objeciones, ni tampoco de Venezuela (optando por rechazar todo el texto como tal).

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Segundo sondeo en el seno del Consejo de Seguridad de cara a la elección del Secretario General de Naciones Unidas«, DIPúblico, edición del 13 de agosto del 2016. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Con respecto al Consejo de Seguridad, el Artículo 10, inciso 2 del Estatuto de la CIJ (véase texto) establece claramente que no habrá distinción alguna entre los votos de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad, al precisar que: «2. En las votaciones del Consejo de Seguridad, sean para elegir magistrados o para designar los miembros de la comisión prevista en el Artículo 12, no habrá distinción alguna entre miembros permanentes y miembros no permanentes del Consejo de Seguridad«. Se trata de una de las pocas disposiciones en Naciones Unidas en la que resulta irrelevante el tener dentro del Consejo de Seguridad un voto en contra (o varios…) provenientes sea de China, de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido o de Rusia. Dicho en otras palabras, si un jurista se ha manifestado o ha publicado textos sumamente críticos en contra de uno de estos cinco Estados durante su carrera profesional o como diplomático(a), ello no afecta su candidatura: siempre y cuando el Estado que lo proponga sí logre obtener el respaldo necesario mínimo de ocho votos dentro del Consejo de Seguridad, de quince posibles.

Nota 4: Véase CASSAN H., “La vie quotidienne à l´ONU au temps de Boutros Boutros-Ghali (extraits)», Mélanges offerts à Hubert Thierry. L´évolution du droit international, Paris, Pedone, 1998, pp.73-92, p.73.