Autor: Hector Ferlini Salazar

Abelardo Morales Gamboa

Termina mayo florido y comienzan las lluvias. Se ha vuelto una costumbre para mí que esa transición me anime a escribir sobre la coyuntura nacional. Esta vez coincide con el inicio de un nuevo gobierno, uno que ha decidido presentarse como el gobierno de la continuidad.

Y, en efecto, la continuidad más visible es la crisis. No una crisis cualquiera, sino una que atraviesa prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional: la desastrosa gestión del Estado y de la institucionalidad pública, la crisis fiscal latente, el estancamiento económico, el deterioro social y la inseguridad ciudadana.

Otro rasgo de continuidad es la permanencia del mismo grupo político en el poder. Con algunas variantes, claro. Ministros convertidos en diputados, diputados trasladados al gabinete, otros enviados a puestos diplomáticos. A ello se suma la incorporación de varios tránsfugas de los viejos partidos políticos. No hay aquí cambio alguno, sino continuidad: figuras que heredan los estilos clientelares, el intercambio de favores, el oportunismo y la corrupción del viejo modelo aparecen ahora como los nuevos reclutas de quienes controlan el gobierno.

Un tercer rasgo de continuidad es la retórica antiinstitucional, acompañada de poses agresivas y pulsiones autoritarias. La semiótica del escándalo sigue siendo la identidad corporativa del gobierno. El grupo en el poder parece invertir más energía en repartir adjetivos que en construir objetivos.

Pero son las tendencias estructurales las que terminan marcando la coyuntura. Omitiré, por consideración a ustedes, lectores y lectoras, otras referencias a la escasa prestancia política de quienes nos gobiernan.

Todas las señales de una grave crisis fiscal amenazan las condiciones de vida de la población costarricense en el futuro inmediato. Sin excepción. Ya lo habían advertido diversos analistas económicos y lo ha reconocido el propio Banco Central. El resultado previsible será más desigualdad y más pobreza, recortes en programas sociales y el desfinanciamiento de actividades estratégicas consideradas prescindibles por la lógica simplificadora de una narrativa pseudopopulista.

La economía no crece, pero la moneda local permanece sobrevaluada. Sin embargo, lejos de encender alarmas, el problema es reducido a meros tecnicismos. Los elevados niveles de consumo de algunos grupos sociales, en particular de altos ingresos, evidencian no solo una distribución profundamente desigual de riqueza, sino también, en ciertos casos, lo que parece ser el endeudamiento, estilos de vida ostentosos y, en muchos otros, la circulación de capitales al margen de las economías legales. La economía se aproxima a una situación crítica, pero seguimos flotando sobre una burbuja. El mercado laboral ha perdido dinamismo, expulsa fuerza de trabajo y ha clausurado posibilidades de ascenso social para trabajadores y trabajadoras, especialmente entre los jóvenes.

El economista agrícola que presidió el país durante los cuatro años anteriores y que ahora se posesiona como superministro, así como su flamante ministro de Hacienda, hoy jefe de fracción oficialista, no supieron cómo —o no quisieron— resolver esa crisis.

Por su parte, una escalada de violencia criminal galopante, impulsada por el crimen organizado, continúa ensañándose con el costarricense común y corriente, aquel que no dispone de escoltas pagados por el presupuesto público. Los ciudadanos seguirán siendo víctimas de aquella sentencia inescrupulosa: “se matan entre ellos”. Víctimas inocentes de una guerra que durante cuatro años no supieron resolver.

La crisis educativa amenaza con sembrar la ignorancia en un pueblo que durante décadas se distinguió por ser uno de los más educados de América Latina. Este gobierno contó con una ministra que se suponía experta internacional en materia educativa; sin embargo, su currículum nunca se tradujo en una ruta capaz de enfrentar la crisis de la educación.

Además, los programas sociales se han estancado porque el gobierno central les retiene el financiamiento. Las familias que dependen de becas, subsidios y pensiones quedan amenazadas por el abandono y la incertidumbre. Nunca hubo jerarcas verdaderamente comprometidos con la defensa del Estado social de derecho; prevalecieron el miedo y la sumisión.

En pocas palabras, esta crisis estructural se amplió y profundizó bajo una mezcla de incapacidad política y falta de voluntad. Más allá de las explicaciones oficiales, el efecto acumulado de las decisiones adoptadas ha sido el debilitamiento de las capacidades públicas del Estado y la apertura de espacios para que instituciones estratégicas —como el ICE, la Caja Costarricense de Seguro Social y los bancos estatales— queden sujetas a crecientes presiones privatizadoras y a los intereses del capital transnacional.

Ni qué decir de la política exterior y de su desatinada gestión. Para mal del país, bajo la amenaza de convertir el servicio diplomático en una especie de trofeo político para pagar favores a financistas, incluso para compensar la complicidad política para el ocultamiento de casos de corrupción y otros posibles graves delitos. Seguiremos siendo -quizás en el menor de los casos- motivo de burla en el sistema internacional, ahora representados diplomáticamente por figuras que no reúnen las capacidades para el ejercicio de las funciones propias del servicio exterior, mucho menos la estatura requerida para representar al país en el cargo de embajadores. No se trata solo de posible corrupción sino de poner en riesgo la imagen internacional del país.

Y, sin embargo, en la continuidad, el gobierno sigue encabezado por un grupo que goza de aplauso popular. Al menos, de una porción significativa de los costarricenses. Ello se explica, entre otras cosas, porque el malestar social no ha sido conducido en búsqueda de cambios estructurales, sino que ha sido capturado emocionalmente por narrativas, escenografías mediáticas y símbolos propios de los neopopulismos del siglo XXI. También porque no ha habido capacidad ni voluntad para entrar seriamente en la disputa del control del campo mediático. Algunos medios de comunicación -y que fueron llamados canallas por ser en apariencia críticos al grupo en el poder- han comenzado a alinearse: eso les depara el pago de parte de la pauta publicitaria del gobierno.

Los grupos vinculados a ciertas iglesias, al neoconservadurismo protestante y a sectores del catolicismo llenan con discursos moralizantes y seudorreligiosos los vacíos de contenido cívico y cultural que hoy dificultan la construcción de proyectos políticos transformadores, al menos en el corto plazo. También su oportunismo es evidente: sacan réditos políticos de la crisis de la política social y del recorte de financiamiento a programas sociales. La alianza con el grupo en el gobierno no es solo por interés político u oportunismo religioso, también responde a cálculos clientelares.

También el empresariado ha decidido apostar sus cartas al grupo gobernante y poco parece importarle el oscuro panorama económico y fiscal, la ruina de la producción nacional, la quiebra de empresas o su fuga hacia otros destinos. Su silencio no parece explicarse únicamente por miedo; también da la impresión de responder a un cálculo político.

Todas estas crisis, así como los nuevos e inevitables riesgos políticos que ella entraña, evidencian la declinación del viejo modelo de hegemonía, una reconfiguración de las relaciones de poder y la pérdida de capacidad de dirección por parte de los viejos partidos, sus élites y sus cuadros dirigentes.

Este grupo, carente de dirección, sin proyecto político y aún menos capacidad para responder a los problemas aquí enumerados, apenas ocupa ese vacío. Pero lo hace con materiales tan precarios que el suelo sobre el que todos caminamos se vuelve cada vez más inestable.

La capacidad de resistencia política y social ha comenzado a manifestarse. Esa es una buena señal. Sin embargo, como ocurrió durante los cuatro años anteriores, aparece de forma intermitente, con compromisos limitados y entusiasmo insuficiente. Su conducción sigue siendo débil debido, especialmente, a la escasa voluntad de construir acuerdos y avanzar hacia una unidad estratégica que no se limite a las corporaciones sindicales o académicas, sino que incorpore de manera más amplia a la sociedad civil.

La esperanza debe seguir puesta en un despertar cívico, en esa identidad costarricense arraigada en el valor de las instituciones, los acuerdos y el respeto a las leyes. Pero eso no surge por arte de magia: hay que construirlo y requiere esfuerzo, constancia y trabajo. Así fue como este país logró sobrevivir frente a las dictaduras y los autoritarismos que históricamente lo amenazaron.

Será por ese camino, mediante una identidad costarricense que debe ser reinventada, y nunca por los acantilados del fascismo y las autocracias, que los costarricenses podremos conversar, negociar y concertar soluciones cívicas a nuestros problemas comunes. Con democracia participativa y no con autoritarismos verticales.

Nota editorial: La ilustración corresponde a una obra del pintor costarricense Ricardo Ávila.