Viernes 9 de febrero.
9.00 am ingreso al Parque.
Recorrido interno son 3.5 km entre bosque y senderos
Costo 4.000 colones
Incluye: guía, refrigerio y entrada al lugar.
Confírmar al teléfono 7189 4252
Freddy Vargas Aguilar
Teléfono 8620 0780
En el tico el “yo te llamo” es otro modo de decir no, sin dejar huella de que se dijo que no. El yo te llamo, explícitamente, manifiesta un compromiso de que se va a hacer algo. Empero, disfraza algo diferente. El yo te llamo, tico, significa:
Tanto para uno como para el otro, este entrelazamiento de conductas es perjudicial, así como para el conjunto de la sociedad. Hace perder tiempo, permite lo falso, impide relaciones constructivas.
Óscar Madrigal
Así puede definirse la política penal que marca el país. Efectivamente el país, porque todo mundo está de acuerdo en combatir la delincuencia a base de más punición, castigo y represión.
La Asamblea Legislativa tramita a golpe de tambor leyes que aumenten penas y limiten garantías. Aplican la doctrina Bukele en su esencia: represión y castigo.
Por supuesto que la política criminal, aprobada por los diputados y el poder ejecutivo, con el aplauso generalizado está principalmente dirigida hacia los sectores más pobres y marginados de la sociedad.
Cuando se castiga a la gente mediante reformas penales hay que tener presente que también se les está castigando cuando se reducen las partidas presupuestarias para educación, salud, Cen-Cinai, apoyo a la infancia y reducción de presupuesto universitario. Unas son represivas pero las otras reducen y limitan la prevención. En otras palabras, se privilegia el castigo sobre la prevención.
Un Estado que actúe de esta manera está condenando a los pobres, a los marginados, al círculo de la violencia. Y en esta tesitura está prácticamente toda la sociedad, hasta nuestros llamados “expertos” penalistas y criminólogos. ¿Cómo ir a contracorriente?
Un clásico ejemplo de una política penal o punitiva del Estado costarricense es la reforma que se pretende para aumentar los periodos de tiempo o de vigencia en que los delitos aparecerán en la llamada Hoja de Delincuencia. Si en estos momentos un delito que alguien cometa aparecerá en esa Hoja en un determinado plazo, ahora con la reforma se pretende que aparezca en un tanto de años más. ¿Es esta una política correcta? Las personas que han delinquido y solicitan posteriormente trabajo es porque quieren reconciliarse con la sociedad, pretenden reinsertarse, como dicen. Pero el Estado se las pone más difícil por mayor tiempo. ¿Y quiénes buscan trabajo? Por supuesto no son los hijos de las clases medias altas o clases altas, sino los hijos de los sectores pobres, los más necesitados. Están creando un verdadero círculo vicioso, contra los que más los necesitan.
Aunque no lo digamos, pensamos como Bukele, que las cárceles son la solución a la delincuencia y el narcotráfico.
San José, sábado 3 de febrero de 2024
Partido Vanguardia Popular
La deslegitimación de las instituciones democráticas, la peligrosa incitación a la rebelión, al golpe, a dar lugar a la injerencia imperialista y provocar elementos conducentes para la guerra civil, no es ninguna exageración en este momento en la cartografía política de nuestra hermana República de Colombia.
En situaciones así, los cimientos más firmes de la democracia se ven seriamente afectados. Siguiendo el esquema de G. Sharp, la construcción de los cinco pasos básicos para ejecutar el golpe, están claramente establecidos: En la “dictadura a la democracia” Gene Sharp, analiza, describe y comprueba acerca de 198 métodos para derrocar Gobiernos mediante “golpes suaves o blandos”.
La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores.
La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder.
La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones.
La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de ingobernabilidad; finalmente,
La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle.
En Colombia, a la oligarquía reaccionaria y defensora del terrorismo de Estado y el narcoestado, les ha dolido sobre manera el triunfo de la democracia popular, impulsada por el proyecto de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
No hay golpes de Estado blando ni suaves, todo golpe de Estado tiene un claro contenido reaccionario cuando es impulsado por las burguesías y oligarquías parasitarias o los testaferros internos que sirven incondicionalmente a los intereses perversos del imperialismo yanqui. Hoy con nombres y apellidos: “La fiscalía general de la Nación dirigida por Francisco Barbosa y la Vicefiscal Martha Mancera y la Procuraduría General de la Nación encabezada por Margarita Cabello están atentando contra la institucionalidad, el Estado de derecho e instigando a las Fuerzas Armadas a no respetar el mandato del Presidente Petro”
Colombia, está así bajo una inminente amenaza de golpe de Estado. No es ningún estado paranoico, pero debemos señalar que, el departamento de Estado, el Pentágono y a la CIA, forman esa troika de maldad contra el proceso colombiano.
El actual gobierno de Petro y Márquez fue legitimado por una abrumadora mayoría en el último proceso electoral.
Desde su gobierno los planes y proyectos en favor de un desarrollo sostenible, su lucha en defensa de detener el violento proceso del cambio climático, la expectativa de legitimar a las minorías. Los proyectos contra la corrupción en todas las esferas gubernamentales y las fuerzas de seguridad y militares, forman parte de este nuevo ejercicio de poder en Colombia.
Desde Costa Rica, y de cara a esta grave situación, el Partido Vanguardia Popular, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional y condena las acciones de la derecha que se dirigen a romper y socavar el Estado Social y de Derecho de Colombia.
Somos coadyuvantes, así mismo de las peticiones que, la mayor parte de la sociedad civil de Colombia, suscribe en favor y defensa del actual proceso bajo la dirección de Gustavo Petro. Hacemos nuestras las siguientes peticiones a los Gobiernos internacionales, Departamento de Estado Americano, Parlamento europeo y demás países:
1. Solicitar a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con el deber constitucional de elegir nueva Fiscal General de la Nación sin dilaciones.
2. No reconocer a Martha Mancera como Fiscal Encargada o sustituta.
3. Suspender las VISAS de los funcionarios y promotores de este intento de golpe de Estado.
4. Solicitar a estas corporaciones restablecer los derechos de los funcionarios suspendidos y sancionados ilegalmente
5. Suspender cualquier ayuda a todas las Instituciones mencionadas y dirigidas por corruptos
6. Congelar todas las cuentas bancarias en el exterior de todos los funcionarios de las Instituciones mencionadas hasta que se investigue de dónde provienen sus dineros.
EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR BRINDA LA TOTAL SOLIDARIDAD A NUESTRO HERMANA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y A SU PRESIDENTE GUSTAVO PETRO B.
ALFONSO PARDO M. SECETARIO RR.II.-PVP
TRINO BARRANTES ARAYA. SECRETARIO GENERAL PVP
vanguardiainternacional1931@gmail.com
Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan.
No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República.
Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo.
Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero.
No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias «el ñeñe» que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias «el ñeñe» la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas.
Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.
La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó.
Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general.
Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia.
Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular.
Fuente: https://twitter.com/petrogustavo/status/1753562437071061453
José Luis Pacheco Murillo
Mañana serán las elecciones municipales. Mañana se decidirá el futuro de los 84 cantones del país. Mañana los alajuelenses en particular decidirán si desean un cambio para bien o seguir con los mismos de siempre y mantener la corrupción y la ineficiencia en la municipalidad.
Es vergonzoso el observar cómo se han utilizado los dineros de nuestros impuestos para hacer campaña política, eso no solo es ilegal, sino que también es inmoral y por ese solo hecho ya los alajuelenses deberían de saber por quién NO VOTAR.
Resulta ser que la fórmula del Partido Liberación Nacional encabezada por Thompson lleva en la segunda vice alcaldía a un joven de apellidos Chaves que manifiesta abiertamente que él no va con Thompson sino con Soto. Es decir, que ni siquiera su vicealcalde apoya a Thompson. ¿Qué esperar para el futuro?
Por su parte Soto, el alcalde del caso Diamante ha disparado millones de millones de colones haciendo disque obras a la carrera para obtener votos y utiliza las redes sociales de la municipalidad para su propia campaña.
No se dejen engañar alajuelenses de los 14 distritos. Ya no más de lo mismo. Piensen en sus hijos y nietos. Ellos merecen una Alajuela mejor a la que tenemos. Merecen una Alajuela segura y una municipalidad transparente.
Les insto, les invito a que reflexionen su voto. A que voten por RENOVEMOS ALAJUELA, el partido cantonal que es la opción de cambio verdadero.
Dios quiera que nuestra querida Alajuela se deshaga de una vez por todas de los mismos de siempre.
SURCOS comparte información enviada por distintos partidos políticos que participan en la elección municipal, a fin de aportar a un voto consciente.
Por Uriel Rojas
El Territorio Indígena de Cabagra, situado en el cantón de Buenos Aires, presentó el pasado jueves 1 de febrero 2024, un Proyecto de Ley para la creación del distrito decimo del cantón de Buenos Aires, denominado Cabagra, expediente N°24 152.
Esta iniciativa es impulsada por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Cabagra con el apoyo de colectivos y organizaciones que han considerado la importancia de constituirse como distrito, esto con el fin de garantizar mayor inclusión en las dinámicas cantonales, en especial respecto a la participación en los procesos de distribución de recursos y la participación política en los espacios de toma de decisiones dentro de las estructuras del gobierno municipal.
Se trata de un acto de reivindicación política y de acción afirmativa por el impacto y el beneficio a los pobladores de este pueblo indígena.
El proyecto de ley fue un esfuerzo de trabajo en coordinación con el despacho de la diputada Sonia Rojas y el apoyo de los distritos de Potrero Grande y Buenos Aires que brindaron su anuencia para con esta gestión.
Los impulsores agradecen también el aporte de algunas personas como Curime Arguedas y Andrea Sánchez Romero quienes a través de su comprometido acompañamiento empujaron esta iniciativa.
Cabagra espera con optimismo que dicho proyecto avance por la vía de la aprobación, según el debido proceso legislativo.
Por Sofía Jiménez Murillo
El programa radial Alternativas transmitió una programación enfocada al acontecimiento de las elecciones municipales 2024, programas para el domingo 04 de febrero.
En el segmento de esa emisión, Luis Ángel Salazar Oses, filósofo y promotor de desarrollo comunal, recordó el lema de Alternativas —Pensar libremente para crear un país integralmente mejor—. Recuerda que el gobierno es popular, representativo y participativo, según la Constitución Política del país. Frente a las elecciones municipales del próximo domingo, el Sr. Salazar invita a considerar que las alcaldías deben estar al servicio de la comunidad.
En conjunto con la licenciada Irené Barrantes Jiménez —candidata a la segunda vicealcaldía en San Ramón por el partido Frente Amplio—, la Sra Edna Julia Rodríguez —candidata a síndica por el partido Avance Santo Domingo— y la bachiller Alejandra Valverde Alfaro —candidata a regidora por el partido Alianza por Sarchí— se efectuó un diálogo crítico sobre las propuestas de cada partido.
¡Le invitamos a escuchar la programación de Alternativas a través de éste enlace: https://www.facebook.com/AlternativasGrecia/videos/1449120735959795!Le recordamos que la programación de los viernes de Alternativas puede escucharla, retransmitida, los sábados a las 10 p.m a través de Radio Actual – 107.1 FM.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
En el mes de marzo de 2020, cuando el planeta detenía sus pasos ante la llegada de la primera pandemia posmoderna, saltó a la luz una nueva forma de actividad económica caracterizada por su concentración en los servicios, las entregas express y principalmente la precarización en el trabajo.
Pronto el mundo se haría consciente de que al tiempo que una porción de su población privilegiada era enviada a sus casas a guardar cuarentena y, en el mejor de los casos, a hacer teletrabajo, otro grupo de personas trabajadoras menos privilegiado continuaban sus labores cotidianas desde la “uberización”, el “delivery” y la entrega personalizada puerta a puerta, propiciada por una de las formas más despersonalizadas y desubjetivadoras que llegó para quedarse en el marco de la coyuntura: las plataformas de servicios de entrega a domicilio.
Conocer esa modalidad de trabajo y sus alcances socio laborales fue uno de los objetivos perseguidos por un equipo investigador de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Los resultados de su estudio fueron recientemente socializados.
Tres datos llamaron mi atención, dado el carácter profundamente informal que reviste la actividad: la alta proporción de personas trabajadoras de estas plataformas sin ningún tipo de seguro social (un 78%); más de un 65% reconoció la posibilidad de quedar excluido de la plataforma en cualquier momento, revelando una profunda desprotección e inseguridad laboral; un 40% de la población consultada en el marco del estudio percibe menos del salario mínimo de ley.
Es ya lugar común escuchar esa frase contundente de “lo que llegó para quedarse” en el marco de la pandemia: la modalidad de teletrabajo, las medidas de higiene y, yo diría, la precariedad laboral para un conjunto considerable de personas trabajadoras a nivel global.
El equipo investigador fue concluyente acerca de la necesidad de una respuesta organizativa y colectiva para hacerle frente a estas condiciones de trabajo. Una primera forma de cambiar la comprensión de la precariedad que les aqueja es modificar los designios de poder producidos desde el lenguaje: la “colaborización” como mecanismo de desubjetivación de la identidad laboral de la persona, debe ser erradicada. No son “colaboradores” quienes hoy se enfrentan a estas dinámicas excluyentes. Son personas trabajadoras con derechos, que deben empezar a ser respetados.
