Este miércoles 9 de agosto de 2023, un cahuiteño adulto mayor de impecable estatuto moral y descendiente de uno de los más notorios fundadores de la comunidad; en pleno ejercicio de su derecho consuetudinario y siendo residente afectado, presentó una solicitud formal al Municipio de Talamanca para una SUSPENSIÓN INMEDIATA e indefinida del proceso en curso del Plan Regulador Costero.
Lo anterior se basa en CUATRO puntos específicos:
PRIMERO: El uso de las obsoletas Declaraciones de Aptitud Turística TIC emitidas en 1970, 1988 y 1995. Las de Cahuita se realizaron siete años antes de la promulgación de la propia Ley 6043 de la ZMT; como si la costa hubiera permanecido estática durante MEDIO SIGLO.
SEGUNDO: Por no haber tenido en cuenta el carácter Tribal de las comunidades de Cahuita y nuestro derecho a la Consulta previa, libre e informada durante todo el proceso.
Es decir, la planificación (Zonificación y Regulación) excluye y va en contra de las aspiraciones de nuestros pueblos de mantener nuestra forma de vida, desarrollo económico y variables para fortalecer nuestras identidades, lenguas y religiones.
TERCERO:
Las ZONIFICACIONES descritas en los mapas del Proyecto de Plan Regulador Costero Incluyen áreas costeras que no pertenecen a la ZMT del Distrito de Cahuita. Eso sin el consentimiento de sus poseedores, propietarios registrales u sucesores conforme derecho.
CUARTO:
La Zonificación y su Reglamento son incompatibles con el Plan Nacional de Desarrollo vigente de nuestro país formulado por MIDEPLAN (2016), en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda ONU 2030.
Más precisamente, el IMPUGNADO Proyecto de Plan Regulador Costero del Distrito de Cahuita, Cantón de Talamanca, Limón; viola la Resolución 17/1 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 18 de septiembre de 2015.
“La Agenda 2030 es un plan de acción cuyo fin último es erradicar la pobreza y la desigualdad, proteger el planeta contra la degradación y los efectos del cambio climático y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.
PROPUESTA:
En resumen, la propuesta fue la siguiente:
UNO:
Que el Municipio de Talamanca, solicite al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) la emisión de una Declaratoria de “NO Aptitud Turística” para todas las zonas costeras del Distrito de Cahuita.
DOS:
La Elaboración de un NUEVO Plan Regulador Urbano basado en la Ley INVU, en el cual se respete el Derecho Consuetudinario de los Pueblos Tribales Costeros con base en la protección que ofrece el Convenio 169 de la OIT a los pueblos Tribales, donde los ciudadanos afectados tengan participación directa en la totalidad proceso.
Publicado por Bernardo Archer Moore en Las Cosas Son Lo Que Son y compartido con SURCOS por el autor.
Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.
El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.
Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.
Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:
Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.
No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.
Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.
‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.
Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.
Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.
Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.
Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.
Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.
Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.
En este mismo sentido y frente a la apropiación de territorios de los pueblos originarios, la construcción de gobiernos autónomos es fundamental para preservar la integridad cultural, social y humana de nuestras comunidades.
Para ello es indispensable continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria, generar modelos comunitarios de manejo de bosques y construir nuestros propios mecanismos de comunicación frente a los medios convencionales, en su mayoría cómplices del gran capital.
En esta defensa integral del buen vivir, las mujeres jugamos un papel fundamental. Sostenemos la vida desde diferentes ámbitos, somos las cuidadoras dentro y fuera de nuestras casas y protegemos los bienes naturales que nos brinda la Madre Tierra. Las mujeres debemos enfrentar la discriminación, el racismo y machismo, para dar voz y formar parte de las decisiones colectivas sobre la preservación de nuestros territorios y bienes.
Creemos en la importancia del cuidado de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, para desde ahí crear estrategias colectivas, formarnos políticamente y continuar en la defensa de nuestros territorios y recursos naturales y culturales. No podemos quedar excluidas de estas luchas, que con nuestra participación se enriquecen y fortalecen.
Asimismo, rechazamos categóricamente los monocultivos y el modelo extractivista. Defendemos los modelos comunitarios de manejo de bosques, que permiten la autonomía de los pueblos y la continuidad de la vida.
Reconocemos como estratégico el conocimiento de marcos legales institucionales que ayuden a la protección o restauración de bosques, tanto en áreas rurales como en contextos urbanos. Ratificamos el derecho a la defensa de la tierra y el modo de vida y organización tradicionales como base de garantía del buen vivir. Nos comprometemos a buscar formas de involucrar a las futuras generaciones para que continúen la defensa de nuestros bienes naturales y culturales. Por todo lo anterior, declaramos el 5 de agosto como Día del Hermanamiento de Bosques a nivel nacional y mesoamericano.
Sobre los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas nativas de los pueblos en Mesoamérica y América Latina están enfrentando grandes desafíos y amenazas. Empresas semilleristas transnacionales como Bayer/Monsanto y Syngenta, entre otras, están imponiendo sus intereses por encima del derecho humano a la alimentación y la protección de la Madre Tierra. En ese sentido, valoramos las resistencias y luchas que se oponen a la mercantilización de los alimentos; condenamos la privatización de las semillas nativas ancestrales y milenarias, el saqueo y despojo de los conocimientos ancestrales, y exigimos la aplicación de los derechos campesinos. Consideramos a la agroecología como el sistema ideal para superar la crisis alimentaria, combatir el cambio climático y revalorar el aporte de los pueblos originarios en la producción de alimentos, sobre todo el trabajo de las mujeres, que es fundamental e incalculable. Rechazamos rotundamente la privatización de nuestras semillas, así como el despojo de los conocimientos ancestrales sobre medicinas y alimentos. Exigimos sistemas alimentarios y semillas libres para los pueblos, y que las decisiones sobre los sistemas alimentarios sean consultadas y consentidas por los pueblos indígenas, por campesinos y campesinas previa y libremente informados, pues son ellos y ellas quienes generan un gran aporte a la alimentación de la humanidad.
Hay diferentes visiones y formas de nombrar los territorios ancestrales y compartidos, es decir, los territorios hidro-sociales que incluyen la tierra, el agua, los árboles, los bienes comunes, el subsuelo y la Madre Tierra como unidad. La afectación al agua se manifiesta en el acaparamiento de su uso, en la contaminación e incluso en la captura y desaparición de ríos. El aniquilamiento de nuestras fuentes de agua está en manos de las grandes trasnacionales, que logran además infiltrarse en las cúpulas de gobierno y de poder, generando la colusión de la institucionalidad con los proyectos extractivistas y sin control de estas compañías. Ante esta realidad, las diversas etnias indígenas y comunidades locales que defendemos la Madre Tierra exigimos a los Estados nacionales la garantía y el respeto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos mesoamericanos.
Estamos absolutamente en contra de las “grandes soluciones” que, disfrazadas de propuestas para el desarrollo, imponen las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices para incrementar su poder económico y político. En este esquema de depredación y destrucción, resalta la industria aeroportuaria. Considerando que la aviación es el medio de transporte que más contamina, el que, por su alto costo a los usuarios, menos población moviliza pero que, paradójicamente, es el que recibe más subsidios, expresamos nuestro firme rechazo a proyectos encaminados a acrecentar la infraestructura aeroportuaria, una vez más en detrimento de la integridad territorial de nuestros pueblos y bajo tramposos mecanismos de simulación como lo son los bonos de carbón y el llamado lavado verde.
Por último, vemos con profunda preocupación la creciente y criminal complicidad del narcotráfico con los proyectos extractivos. Esta realidad se ve reflejada en el aumento exponencial de la violencia brutal contra la población y el consecuente desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos.
Pese a todo lo anteriormente descrito, los pueblos mantenemos nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra creatividad y esperanza en la construcción de nuevas realidades de vida, de dignidad, de oportunidades.
¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS EN MESOAMÉRICA!
¡VIVA EL REENCUENTRO DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS MESOAMERICANOS!
Asociación CEIBA (Guatemala)
Asociación de Comunidades para el Desarrollo, Defensa de la Tierra y Recursos Naturales (ACODET) (Guatemala)
Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) (Guatemala)
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) (Internacional)
Asociación de Mujeres Ixmucané (Guatemala)
Asociación de Mujeres Mam (Guatemala)
Barracón Digital (Honduras)
Código Sur (Internacional)
Coecoceiba Amigos de la Tierra Costa Rica (Costa Rica)
SURCOS publica un video de Giovanni Beluche Velásquez como homenaje a los pueblos indígenas en su día. La producción fue compartida con este medio por Arabella Salaverry.
En la exposición, Beluche expone datos significativos sobre los pueblos indígenas.
Los procesos democráticos en cualquier país del mundo deberían de fortalecerse mediante una mayor participación ciudadana y además, con un reordenamiento de aquellas actividades en las que esa ciudadanía debe participar para escoger a quienes les representarán en los puestos de elección popular.
Por ejemplo, sería más democrático que los ciudadanos escojan a quienes llevarán a la Asamblea Legislativa y no como sucede actualmente, en donde se vota por una papeleta propuesta por los partidos políticos y que obliga al ciudadano a votar por quienes no les representarán, por múltiples razones. La elección debería ser escogiendo por nombre y no por papeleta. Eso fortalecería la democracia participativa. Otro avance importante sería que, para las elecciones municipales, si fuese factible, que quienes participan lo puedan hacer sin necesidad de tener que ser postulados por partidos políticos, sino que simplemente se postulen y que los munícipes decidan. Y que esas postulaciones puedan ser para un solo puesto ya sea Alcaldías, regidurías o sindicaturas. O bien, como un paso a ese fortalecimiento democrático, que en las elecciones municipales los que participen sean partidos cantonales solamente ya que, al fin y al cabo, la circunscripción en que se disputa la elección es cantonal.
El que sean partidos nacionales puede llevar a que en dichos partidos las decisiones que afectan a un cantón sean tomadas por mayorías que no pertenecen a ese cantón, y por ende, no conocen sobre las problemáticas que se viven en el cantón, incluso pueden llegar a imponer candidatos que no necesariamente sean los elegidos por las estructuras cantonales de dichos partidos, con lo que, antes de fortalecer la democracia se vivirían procesos anti democráticos.
Es tiempo de oxigenar la democracia. Es tiempo de hacer que la participación ciudadana sea real y efectiva y no una simple simulación en la que al final son unos pocos los que deciden por la mayoría y obligan a los demás a elegir a quién no desean, o bien, abstenerse de votar con el daño que eso representa para la democracia.
Dios quiera que se puedan generar los cambios para fortalecer la democracia y que haya más participación real y efectiva en los procesos electorales y con ello, que haya más responsabilidad ciudadana en esa participación y una mayor confianza en el sistema y en la toma de decisiones.
Comunicado de la Escuela de Nutrición – Universidad de Costa Rica sobre la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023
Asunto: Etiquetado frontal de alimentos (sellos de advertencia sobre nutrientes), emitida por la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud
Ante la publicación de la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 Asunto: Etiquetado frontal de alimentos (sellos de advertencia sobre nutrientes), emitida por la Unidad de Registros de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (ENu) desea aportar algunos elementos que contribuyan a la discusión pública generada a partir de dicha circular, en el entendido de que hay aspectos del etiquetado de alimentos que pueden contribuir a la mejora de la salud de la población.
En el país se cuenta con suficiente evidencia científica sobre la cantidad de personas que, desde edades muy tempranas, tienen enfermedades o condiciones relacionadas con la inadecuada alimentación. El Primer Censo Escolar Peso-Talla Costa Rica 2016 (MEP, MS, CEN-CINAI y UNICEF, 2017), identificó un problema de exceso de peso cercano al 34% (21% sobrepeso y 14% obesidad) en la población entre los 6 y los 12 años. Según la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia del 2018 (Ministerio de Salud, UNICEF, INEC, MICS, 2019), en la población preescolar (menor de 5 años), la prevalencia fue de 7,4% y 2,3% de sobrepeso y obesidad respectivamente. La Encuesta Colegial de Vigilancia Nutricional y Actividad Física, 2018, reveló que el 30,9% de los adolescentes en Costa Rica tienen exceso de peso (21,1% sobrepeso y 9,8% obesidad). En adultos mayores de 18 años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad para población en general fue de 39,5% y de 31,2%, respectivamente (Caja Costarricense del Seguro Social, 2018). Vinculado con el consumo de sodio y con el exceso de peso, “En Costa Rica para el año 2021 se notificaron 19.507 nuevos casos con hipertensión arterial, lo que nos da un promedio de 53 personas diagnosticadas diariamente con esta enfermedad. La hipertensión arterial aumenta considerablemente el riesgo de padecer enfermedades renales y cerebrales y es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares, que se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel mundial.” (Ministerio de Salud, 2021, https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/52-noticias-2022/1311-53-personas-son-diagnosticadas-diariamente-con-hipertension-arterial
Estas condiciones de salud, demostradas mediante los diversos estudios, disminuyen la calidad de vida de las personas, aumentan la mortalidad y representan un gran reto para el sistema de salud. Aunque no se puede establecer una causa específica para tener estos padecimientos, ya que el exceso de peso y la hipertensión son manifestaciones de una multiplicidad de factores, se cuenta con abundante evidencia científica de que una alimentación con exceso de energía y de algunos nutrientes críticos tales como sodio, azúcares añadidos, grasas saturadas, entre otros, contribuye de manera importante al desarrollo de estas enfermedades.
Se ha identificado que en el país existe una amplia oferta de productos alimenticios preenvasados, muchos de los cuales contienen cantidades excesivas de estos nutrientes críticos que se relacionan con problemas para la salud cuando su consumo no es el adecuado.
Reconocemos que el etiquetado general y nutricional de los productos alimenticios preenvasados se regula mediante sus respectivos Reglamentos Técnicos Centroamericanos (RTCA 67.01.07:10 y el RTCA 67.01.60:10), y que actualmente, en estos reglamentos no se establecen los parámetros específicos para el etiquetado frontal en el país.
Reconocemos, además, que los sellos de advertencia con los que ingresan los productos elaborados en otros países responden a otras legislaciones distintas de la que rige para nuestra región.
Sin embargo, llamamos la atención sobre el hecho de que es importante recordar que el punto 6 del RTCA 67.01.60:10 establece lo siguiente con respecto a la información nutricional complementaria: INFORMACIÓN NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA
6.1 La información nutricional complementaria tiene por objeto facilitar al consumidor la comprensión de la información relacionada con el valor nutritivo del alimento y ayudarle a interpretar la declaración sobre el nutriente. Hay varias maneras de presentar dicha información que se pueden utilizar en las etiquetas de los alimentos, tales como gráficos, cuadros y otros referidos como valores absolutos o como porcentaje del Valor de Referencia del Nutriente.
6.2 El uso de información nutricional complementaria en las etiquetas de los alimentos debe ser facultativo y no debe sustituir sino añadirse a la declaración de los nutrientes.
Sobre el punto 6 supracitado, la interpretación que hacemos desde la ENu, es que el etiquetado frontal que ingresa en los productos importados es información nutricional complementaria que no riñe con lo que se establece en el RTCA en lo que respecta a facilitar al consumidor la comprensión de la información relacionada con el valor nutritivo del producto. Además, dicho etiquetado frontal cumple con lo especificado en la definición que se hace en este mismo reglamento sobre la información complementaria indicándose en el apartado 3.30. “Información nutricional complementaria: información adicional incluida en la etiqueta de un producto alimenticio, destinada a facilitar al consumidor la interpretación del valor nutritivo y la declaración de propiedades nutricionales y saludables”.
En todo caso, si el Ministerio de Salud de Costa Rica sigue considerando que el etiquetado frontal no está acorde a la legislación costarricense, la circular MS-DRPIS-UR-1588-2023 debería ser extensiva a todo el etiquetado nutricional frontal de los productos; no sólo en el caso de los sellos negros de advertencia, sino a todo tipo de etiquetado frontal o no (por ejemplo: intercambios, semáforo, GDA), que no esté acorde con el reglamento actual.
Si bien los países tienen diferentes parámetros para establecer los sellos, ninguno de estos parámetros va en detrimento de la salud de las personas, todo lo contrario, están establecidos considerando el bienestar de la población. Consideramos que el etiquetado frontal en los productos importados beneficia al consumidor, señalando los excesos en algunos nutrientes críticos para la salud de las personas, aún y si corresponden con otra legislación. Además permite la libre elección de los productos basada en información presentada de diferentes formas que facilita esa decisión informada. El beneficio para la salud del etiquetado frontal está bien documentado, como es el caso de Uruguay, donde la implementación de esta política tuvo un efecto positivo inmediato. A los 10 días de la entrada en vigencia, se observó un alto nivel de conocimiento y aprobación de la medida, así como un importante nivel de utilización para decidir la compra de alimentos. Lo cual podría ser un beneficio del cual se priva a la población costarricense (UNICEF; Efectos inmediatos de la implementación del rotulado nutricional frontal en Uruguay; 2020.Disponible: https://www.unicef.org/uruguay/media/3256/file/Efectos%20inmediatos%20de%20la%20implementaci%C3%B3n%20del%20rotulado%20nutricional%20frontal%20en%20Uruguay.pdf
Por otro lado, es importante enfatizar que la última modificación al RTCA de etiquetado nutricional de alimentos se realizó hace más de 10 años, y que actualmente se cuenta con evidencia suficiente que vuelve imperativo el que las personas tengan acceso a información adicional sobre el contenido de algunos nutrientes en los alimentos, que les permita tomar decisiones más informadas sobre su alimentación.
Adicionalmente, los resultados del primer estudio centroamericano para identificar el mejor sistema de etiquetado en la parte frontal del envase, concluye que: «Los consumidores expuestos al sistema de sellos octogonales de advertencia tomaron las mejores decisiones al elegir con mayor frecuencia comprar los productos alimenticios menos nocivos para la salud e identificar correctamente los productos menos nocivos y la presencia de un exceso de nutrientes críticos». Este estudio fue realizado en el año 2022 por el Ministerio de Salud, mediante el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA), la Asociación Costa Rica Saludable y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Señala además, que esta es evidencia que se suma a la encontrada en otras investigaciones en la Región de las Américas (https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55916/OPSNMHRF220005_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
A nivel nacional, se ha estado trabajando en actualizar el RTCA, así como también se han propuesto proyectos de ley para buscar aprobar el Etiquetado Frontal. Reconocemos que, al ser una legislación para los países centroamericanos, el avance es lento y complejo, pero también urgente.
Reconocemos también, que ningún cambio que se haga a nivel de política pública o legislación puede producir el impacto esperado si no va acompañado de una estrategia adecuada de educación nutricional. En relación con este aspecto, el punto 10 de las Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación de la FAO manifiesta, “10.2. Se alienta a los Estados a adoptar medidas, en particular mediante la educación, la información y la reglamentación sobre el etiquetado, destinadas a evitar el consumo excesivo y no equilibrado de alimentos, que puede conducir a la malnutrición, a la obesidad y a enfermedades degenerativas.”
POR TANTO,
Por lo anterior expuesto, en la ENu consideramos que el etiquetado frontal que presentan los productos preenvasados importados no incumple con lo establecido en el RTCA y por lo tanto no es necesario ocultarlo.
Instamos a nuestras autoridades a trabajar de la forma más ágil posible en la búsqueda de soluciones prontas para que la población tenga acceso a información que desde la evidencia científica es urgente, y que además sea fácil de comprender, partiendo del hecho de que el etiquetado frontal y el nutricional constituyen herramientas informativas complementarias que favorecen al consumidor en la toma de decisiones al elegir un alimento preenvasado. Instamos también a las autoridades a que sean garantes de que la legislación que se genere sobre etiquetado frontal tenga soporte de educación nutricional.
Por último, desde la ENu estamos anuentes a colaborar con iniciativas a favor de la salud de los costarricenses, por lo tanto, nos ponemos a disposición de las autoridades para aportar desde la investigación y la evidencia técnica y científica, a la actualización de la legislación en el etiquetado de alimentos.
Este comunicado cuenta con el voto de apoyo del Consejo del Área de la Salud de la Universidad de Costa Rica y su elaboración contó con el apoyo de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica.
“La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur. Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893”. “En 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”. Así se explica en un documento de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina.
“En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia médica gratuita de parte del propietario del lugar”, agrega el escrito de la Asociación.
Otro dato importante relacionado con la importancia histórica y cultural de La Casona del Coyolar es que fue clave para que en 1902 se diera la llegada del primer tren en la zona, “lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908”.
Foto tomada hace siete años, cuando La Casona ya mostraba deterioro.
Lamentablemente el inmueble se ha deteriorado y la ausencia de una política para su protección ha activado la lucha de la Asociación para la Preservación del Patrimonio Cultural de Orotina. Se espera que la institución a cargo adopte decisiones urgentes para la protección de un espacio que tiene importancia histórica, cultural y arquitectónica.
Está foto es de hace 3 meses, donde ya se aprecia el estado ruinoso de La Casona.
La Asociación ha organizado tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a criterio de la agrupación “va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar”.
SURCOS comparte el documento completo, en el cual se detalla la situación de La Casona del Coyolar y otros aspectos importantes de esta lucha comunitaria y social.
PROMUEVE LA DENUNCIA: ASOCIACION PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE OROTINA
REPRESENTATE: LIC. GIOVANNI CASTALDINI RAMIREZ
MOTIVO DE LA DENUNCIA: ESTADO RUINOSO DE LA CASONA DEL COYOLAR
UBICACIÓN DE LA CASONA: DISTRITO COYOLAR, CANTON DE OROTINA, ALAJUELA
PROPIETARIO DEL INMUEBLE: INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (ANTES IDA)
AFECTACION: DESDE 1994 PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA REPUBLICA
DESTINO DE LA CASONA: DEDICADA COMO OFICINA ADMINISTRATIVA HASTA EL AÑO 2005. DESDE ENTONCES Y HASTA LA FECHA SE ENCUENTRA DESOCUPADA
INVERSION ESTATAL: 1995: GRAN REMODELACION. 2012: PINTURA Y TRABAJOS MENORES. 2019: INTERVENCION DE EMERGENCIA (INFORMACION NO CONFIRMADA)
COLABORACIO EXTERNA: 2016: ARREGLOS MENORES DE PARTE DE ADEPPCO. 2018: PARTICIPACION CONCURSO PATRIMONIO HISTORICO M.C.
CONTEXTO:
La Casona del Coyolar es la edificación en madera más antigua de todo el Pacífico Central y Sur.
Fue construida para el expresidente Rafael Iglesias Castro en el año 1893. Otros propietarios han sido los hermanos Tinoco Granados y Fernando Castro Cervantes. Después de su muerte en 1967, la edificación estuvo a cargo de sus herederos y en 1978 fue traspasada al Instituto de Tierras y Colonización, que después cambió a Instituto de Desarrollo Rural y actualmente se denomina Instituto de Desarrollo Rural.
Las Casona del Coyolar fue la base de operaciones de una de las haciendas más grandes que ha tenido Costa Rica: la Hacienda Coyolar. Principalmente se dedicó a la ganadería y llego a medir más de 20 mil hectáreas, ubicándose en tres provincias diferentes: Alajuela, Puntarenas y San José.
El valor histórico de la casona es incuestionable. En ella se hospedaron personajes como Ricardo Jiménez Oreamuno, León Cortes Castro y Rafael Ángel Calderón Guardia. No obstante, para el pueblo de Orotina su valor socioeconómico fue los más relevante de su historia, pues por más de 50 años desde esa edificación se giraba el pago de salario para cientos de trabajadores cuyas familias vivían de la Hacienda Coyolar. Más aun, los trabajadores recibían beneficios como leche gratis todos los días y asistencia medica gratuita de parte del propietario del lugar.
De igual forma, la casona fue de suma importancia para que se diera la llegada en 1902 del primer tren en la zona, lo cual propició la creación del cantón de Orotina en el año 1908.
IMPORTANCIA ARQUITECTONICA:
Esta edificación tiene fuerte influencia del estilo neo victoriano que predominó principalmente a principios del siglo pasado en la zona atlántica, sobre todo debido a la influencia de la United Fruit Company en la zona del Caribe y en las Minas del Aguacate.
Su construcción es de dos plantas, principalmente en madera de cedro y pochote. Su estructura principal mide aproximadamente 450 metros cuadrados y cuenta con extensos corredores y balcones casi en la totalidad de su perímetro.
La casona está rodeada de interesantes estructuras y bienes de valor histórico y arquitectónico, como una caballeriza, una lechería, un antiguo tanque de agua y mucha maquinaria antigua que fue pionera en su época para la realización del trabajo agropecuario.
Es importante hacer notar que el INDER, además de la Casona del Coyolar, es propietario de otros ocho edificios declarados patrimonio arquitectónico de la República, entre ellos el Monumento Nacional Guayabo en Turrialba. Sería interesante investigar en qué estado de conservación se encuentran dichos lugares.
ESTADO ACTUAL DE LA CASONA
El primer contacto que nuestra asociación tuvo con este edificio histórico fue en el 2016 cuando organizamos un evento de promoción y enseñanza de la Casona del Coyolar. Contamos con la presencia de funcionarios del INDER y de la Dirección de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.
Previo a este evento nuestros voluntarios realizaron labores de limpieza y reparación de las jardineras de piedra de la edificación. En ese momento notamos que ya la casona mostraba problemas estructurales en la segunda planta debido al ingreso de agua por deficiencias en el techo o cubierta de la edificación. El daño era importante, pero estaba localizado en una zona específica.
Asimismo, durante el evento, el entonces director de la Oficina de Patrimonio nos hizo ver que ya la casona mostraba signos evidentes de ataque de comején de la variedad que habita a nivel subterráneo.
Obviamente hicimos ver esto a las autoridades del INDER en Orotina y ofrecimos conseguir recursos para la colocación de parte del techo y gestionar los permisos ante el Ministerio de Cultura, por tratarse de una edificación declarada patrimonio arquitectónico de la República.
Lamentablemente, después del 2016 perdimos contacto con los funcionarios del INDER y desconocemos si finalmente lograron obtener el permiso para el cambio de techo de la casona.
Al no encontrar continuidad en la gestión de la colocación del techo de la casona, la asociación volvió sus ojos a la estación ferroviaria de Orotina donde hasta el día de hoy realiza trabajos de restauración en bienes propiedad del INCOFER, institución que ha colaborado con nosotros en todo el proceso de preservación histórica.
En algún momento de este año pudimos desatender las labores de restauración que hacemos en la estación central de Orotina y en abril de este año solicité a un funcionario del INDER en Coyolar que me permitiera visitar de nuevo la casona, pero esta vez en compañía del arquitecto de la asociación.
Ese mismo mes me hice presente en las instalaciones del INDER en Coyolar y mi sorpresa fue mayúscula al ver el avanzado estado de deterioro de la casona en tan solo 7 años. Junto con el arquitecto Rodolfo Mejías realizamos una inspección interna y se pudo comprobar que ya toda la segunda planta estaba clausurada por peligro de desplome. Era evidente que el problema del agua ingresando a dicho recinto todavía continuaba; peor aún se había extendido a varios puntos de la estructura a tal punto que ya en la primera planta era evidente el trazo del agua corriendo por el piso. Adicionalmente una enorme rama de un árbol aledaño a la casona atravesó el techo desde la segunda planta llegando a hacer contacto con el piso de la primera planta. La rama aun estaba en el lugar cuando se realizó la inspección.
El daño más grave que se pudo apreciar en la edificación histórica fue el eminente peligro de derrumbe del balcón del ala este de la casona. De ahí entonces que en el año 2019 el INDER realizara una intervención de emergencia en dicho lugar donde se apuntaló dicho balcón con una estructura de perling para que no se desplomara. Desconocemos el monto del presupuesto para dicha intervención y quien la realizó, o bien si además se invirtió en la reparación del principal problema estructural, esto es, el techo de la casona.
Una estimación preliminar del arquitecto para restaurar la casona se aproxima a los 300 millones de colones, aunque él fue enfático en sus conclusiones al indicar que la principal intervención para evitar el colapso total del edificio es la reparación de cerchas y el cambio de techo en forma urgente, lo cual hasta la fecha obviamente no ha sucedido.
GESTION ADMINISTRATIVA
Con motivo de la inspección realizada, el funcionario a cargo nos mostró un enorme expediente de las gestiones realizadas en la casona desde el año 2000. Este señor fue enfático en que desde hace varios años la sede regional del INDER en Coyolar ha venido solicitando recursos para el mantenimiento de la casona, siendo que la respuesta a dichas gestiones, la mayoría de las veces fue negativa, aleándose falta de contenido presupuestario en las oficinas centrales del INDER en San José.
Alarmado por el crítico estado en que encontré la casona el mismo mes de abril procedí a solicitar explicaciones directamente ante la Presidencia Ejecutiva del INDER y ante la Directora de la Oficina de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura.
En el caso del INDER, la Presidencia Ejecutiva remitió mi solicitud a la Gerencia General quien a su vez la remitió a la Dirección Financiera. En esta última instancia su directora me indicó vía telefónica que la posibilidad de asignar presupuesto para la casona estaba para el año 2025, aduciendo motivos presupuestarios y limitaciones impuestas por la regla fiscal.
En la Oficina de Patrimonio, la secretaria de la directora me contactó vía telefónica y me indicó en abril que ese asunto fue remitido a los arquitectos de la institución, siendo que hasta la fecha no se tiene conocimiento de si se ha realizado o no una inspección del lugar o si se va a abrir un procedimiento administrativo por infracción a la Ley de Patrimonio Histórico.
La gestión administrativa de nuestra asociación también se ha extendido a la Municipalidad de Orotina, donde se emplazó a dicha institución para que hiciera valer la ley de patrimonio, pero se emitió un criterio legal de parte de ellos indicando que no es responsabilidad de las Municipalidades intervenir en asuntos relacionados con edificios declarados patrimonio arquitectónico.
Finalmente, hace poco la asociación organizó uno de tres conversatorios para tocar el tema de la casona desde el punto de vista histórico, arquitectónico, patrimonial y legal, lo cual, a nuestro criterio, va a generar un nivel de apoyo mayor a nivel de la población de Orotina que es, en última instancia, la que más tiene que luchar por el rescate de la Casona del Coyolar.
En SEIS meses serán las elecciones municipales y es importante insistir en ello porque históricamente han sido las elecciones poco concurridas, a pesar de la importancia que tienen para el desarrollo de las comunidades y de los cantones. La prestación de los servicios municipales es de suma importancia para los ciudadanos y para su calidad de vida.
Desde el servicio de agua potable, hasta el tratamiento de las aguas negras, desde el tema de la seguridad ciudadana librándola de la delincuencia común y organizada hasta la seguridad ciudadana por la atención de las aceras y calles, desde el aseo y ornato en vías públicas, parques y plazas, hasta la transparencia en el manejo de los dineros que pagamos en impuestos y tasas. Desde la atención a la población de calle de manera digna pero efectiva hasta las acciones para la protección de los adultos mayores. Desde la posibilidad de colaborar con el tema de vivienda para quienes la necesitan pasando por reformas al plan regulador para lograrlo, hasta la colaboración a centros educativos y de salud para lograr esa mejor calidad de vida de los munícipes que somos todos los que pertenecemos a un municipio. Y desde luego la atención a la población infantil y juvenil proporcionándoles oportunidades de estudios, de deportes, de cultura y entretenimiento de manera segura.
Todos esos aspectos son relevantes para la ciudadanía, por eso la importancia de hacer una elección certera, adecuada y con la visión clara de elegir a quienes mejor les pueden brindar esos servicios.
Ya algunos que han ejercido esos cargos por años han demostrado su incapacidad para lograr el propósito de darle solución a las problemáticas que vivimos. Han demostrado que poco les importa el desarrollo cantonal pues a pesar de contar con recursos económicos simplemente los van guardando como si no hubiese necesidades que atender. Además, en algunos casos, la corrupción tiene tomado el aparato Municipal y no se hace nada si no es bajo acciones corruptas que al final impiden el desarrollo efectivo del cantón.
Estamos a seis meses de que la ciudadanía tome la decisión si desea continuar con esa ineficiencia y esa corrupción o si desea un cambio y RENOVAR lo que desde hace años no funciona.
Las elecciones municipales son una oportunidad para decirle a los corruptos e ineficientes que ya basta y los queremos fuera de las municipalidades, que ya han hecho suficiente daño manteniéndonos en condiciones de subdesarrollo permanente.
Dios quiera que los ciudadanos entiendan lo importante de su participación y de hacer la mejor elección.
Debo de reconocer que luego de la alharaca de vestimentas rosa relacionadas con el lanzamiento de la película Barbie, tanto en Costa Rica como a nivel internacional, no tenía la menor expectativa sobre los alcances de la misma.
La primera advertencia vino de parte de una de mis sobrinas, quién haciendo un resumen de la misma, trajo a colación los conceptos de machismo, patriarcado y misoginia; todo un logro comprensivo para una chica de quince años, formada toda su vida en centros educativos de naturaleza católica, y para rematar, viviendo en una sociedad que privilegia valores conservadores que cosifican y discriminan a la mujer.
El empujón definitivo para verla lo encontré en un video que me llegó por Whatsapp, en el cual una mujer del movimiento profamilia atacaba la película, y aducía que la misma procuraba destruir los valores de la familia tradicional.
Barbie plantea una ficción temporal y espacial que se enfrenta de manera violenta en varios planos con la realidad en la que nos desenvolvemos. En primera instancia, encontramos una sociedad material, perfectamente organizada alrededor de la protagonista, y en la cual dominan las mujeres hermosas y estilizadas, con una organización social superficial, inamovible, repetible todos los días.
En contraposición a ese escenario, el acercamiento de Ken a la sociedad humana, le hace copiar y disfrutar de los “mejores valores” del patriarcado, para imponerlos en Barbieland, mediante un supuesto proceso democrático (dicho sea de paso, manipulado) que terminaría beneficiando a los machos.
Barbie, la película, coquetea con algunas explicaciones y posibles soluciones al nefasto patriarcado, incluso hace una velada crítica a la sociedad capitalista norteamericana. Aunque, es insuficiente en explicaciones (léase a Simone de Beauvoir, Rita Segato o Judith Butler) hay que reconocer que para ser una comedia de cuño hollywoodense, se toma algunas libertades políticas de mal gusto para algunos de los sectores más conservadores: la mujer dueña de su cuerpo, de sus afectos, de sus proyectos personales, de su capacidad organizativa.
Barbie, la película, habría sido imposible en nuestras sociedades hace unos 15 o 20 años, lo que hace alusión a los limitados, pero decididos avances que el movimiento femenino ha venido alcanzado, pero que en cualquier momento pueden ser cercenados como de hecho ya ocurre en El Salvador, Estados Unidos de América o Polonia.
Tengo la sospecha que a diferencia del capítulo titulado “Lisa contra la Baby Malibú” (Los Simpson, 1994, quinta temporada), en el cual solo una niña aprovechaba el trabajo crítico de Lisa, esta producción cinematográfica influirá de manera positiva en millones de mujeres y varones, deconstruyendo así prácticas nocivas para el desarrollo de la humanidad. Sobre el particular, en 1992 Gabriel García Márquez externó una idea que tiene plena vigencia: “Lo único realmente nuevo que podría intentarse para salvar la humanidad en el siglo XXI es que las mujeres asuman el manejo del mundo (…) Sería, por primera vez en la historia, una mutación esencial del género humano (…) Pero, aunque solo fuera por eso, la inversión de poderes es de vida o muerte”.
Al final de la comedia, en esas reservas que permite la ficción, me encantó que Barbie, la muñeca, se convirtiera en una humana imperfecta, y que, de paso, se decantara por ser una chancletuda; el pensamiento crítico en plena construcción, tan necesario en una sociedad en que se exaltan la discriminación, el odio, la exclusión social, el individualismo, y el nefasto neo fascismo que ya toca a nuestras puertas.
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