Sobrados motivos le asistieron a Rusia para realizar la obligada intervención en Ucrania. En cuenta, para proteger a la población ruso parlante del Donbás. Protección plenamente justificada en la llamada asistencia humanitaria ante el genocidio que radicales nacionalistas, que no ocultan y más bien exhiben sin tapujos sus simpatías nazis, vienen perpetrado desde el Golpe de Estado del 2014 contra una población de más de siete millones que ha vivido por generaciones en ese casi veinte por ciento del territorio de la llamada hoy Ucrania.
Pero hay algo más que decir. Cierta razón les asiste a quienes señalan la carencia de valores y la ignorancia de los actuales líderes occidentales frente a los acontecimientos que se viven en Ucrania. ¿Pero no es acaso eso parte de las mentiras, de lo que quieren vender a quienes aún los escuchan y les creen?
Cabe llamarlos Ulises modernos, viles y aviesos, que en sus ADN de colonialistas han querido poner de rodillas una vez más a Rusia.
En cuanto a lo que repiten hasta la saciedad de que Rusia “no produce nada”, en ausencia de algo substancioso para continuar denigrando al gran país euroasiático: Rusia si produce, no solo energía para calentarnos del frío y mover la producción, sino fertilizantes y demás bienes para alimentar al mundo. Produce arte, cultura, ciencia y por sobre todo una permanente voluntad de crear un mundo humanizado, de paz y amistad entre todas las naciones.
¿Es eso poco?
Desnudar a la mentira vestida de verdad es lo más importante. Al menos para quienes sentimos la imperiosa necesidad de responder a lo que nos dicta nuestra conciencia, llamando a las cosas por su nombre.
Los rusos son parte de la humanidad y merecen el debido respeto como cualquier otro pueblo que habita este planeta.
A partir de esta semana Estados Unidos estará viviendo una situación nunca antes vista, el que un expresidente sea llevado a enfrentar una causa penal. La acusación contra el expresidente Donald Trump por un jurado investigador de Nueva York empujó a la nación a aguas políticas, legales e históricas desconocidas, y planteó una serie de preguntas sobre cómo se desarrollará el caso criminal.
La oficina del fiscal del distrito de Manhattan investigó a Trump en relación con su presunto papel en un esquema de pago de dinero por silencio y encubrimiento que involucra a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels que se remonta a las elecciones presidenciales de 2016.
Para Trump y sus partidarios esto se trata “de persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia».
El asunto es que, el sistema judicial de los Estados Unidos no asume roles político-electorales, si no que se fundamenta en cuestiones de derecho y de justicia. Precisamente por ello, el tema ha acaparado la atención mundial ya que es la primera vez que sucede algo como lo que estamos viendo y escuchando.
Es que, si los hechos existieron, no solo en cuanto a la relación íntima con la señora Daniels, si no y especialmente el de haber pagado para lograr su silencio, lo que al final no se dio ya que en el 2018 rindió una entrevista en la que informó los detalles de esa relación y del pago para que callara.
Como se dice popularmente, creo que el señor Trump está “metido entre un zapato”, sin embargo, habrá que esperar a que avancen las audiencias para saber el resultado.
Lo que si es importante y Dios quiera así suceda, que los políticos del mundo entiendan que los actos de corrupción y de pretensiones de ocultar hechos que afectaron el proceso electoral puede salir muy caro y como se dice también le puede “salir el tiro por la culata” y queda demostrado que “entre cielo y tierra no hay nada oculto”.
A partir de hoy el mundo pondrá sus ojos y oídos en este caso.
El presidente Chaves Robles no se mide a la hora de expresar sus opiniones y pensamientos y en cada oportunidad que las emite abre un frente en su contra. El tema de la comunicación es delicado bajo cualquier circunstancia y mucho más si se tiene la investidura de presidente de la República.
No se puede emitir criterio sobre situaciones concretas si no se tienen las pruebas para demostrar lo dicho. Esto es así en cualquier circunstancia y con mucha más razón si lo que se dice implica la comisión de actos delictivos, o al menos, contrarios a la moral y las buenas costumbres.
Gobernar es la ciencia de lograr acuerdos, convenios, consensos y allanar aquello que se ha convertido en problema y solventar las diferencias a través del diálogo y eso implica hablar, pero sobre todo escuchar.
Considero que el señor Chaves Robles perdió una oportunidad de oro de diálogo y acercamiento con los sectores que desfilaron en las calles la semana pasada. El ignorarlos y aún más el reaccionar con frases despectivas no ayudó a buscar ese acercamiento, como tampoco lo expresado con relación a actuaciones de jueces en el poder judicial.
El país está viviendo situaciones apremiantes en muchos campos y lo que menos ayuda a solventar esas situaciones son la división y abrir frentes de batalla por aquí o por allá. Es tiempo de buscar unión y apoyo, pues a pesar de que las encuestas le brindan el favorecimiento de la mayoría a su gestión no es con eso que se resuelven los problemas que aquejamos.
Más prudencia, más decoro y más comportamiento de altura ligado a la investidura que ostenta. Se acerca el primer año de gestión presidencial y lo mejor sería celebrarlo reconociendo errores y enmendado acciones equivocadas, desde luego, eso requiere una buena dosis de humildad y Dios quiera que el señor Chaves Robles la tenga para que enderece el camino y pueda lograr las metas y cumplir con los compromisos para bien de todos.
En noviembre del año pasado la figura emblemática de la causa Palestina en Costa Rica participó en el Acto organizado por la Red de Solidaridad con Palestina para el día Mundial de Palestina.
Abdulfatah Sasa (Dr Sasa) llegó a Costa Rica después de estudiar medicina en Europa y habiendo tenido que huir, cuando era niño, de la limpieza étnica y de la usurpación del territorio palestino por parte del «sionismo» israelí.
La Palestina donde el Dr Sasa había nacido y sus ancestros habían vivido toda la vida, había sido ocupada a sangre y fuego por población judía que bajo la ideología y organizaciones terroristas sionistas fue traída de Europa especialmente y bajo el objetivo, con sostenimiento económico, financiero y militar, del imperialismo norteamericano para contar con una base militar de gran escala en el estratégico Medio Oriente.
El Dr Sasa, además de trabajar en el Hospital San Juan de Dios por muchas décadas hasta su jubilación, trajo a Costa Rica la voz, acallada y desconocida aquí, de la otra «verdad» que Israel y los gobernantes pro sionistas del país siempre ocultaron. La Palestina usurpada por el proyecto sionista de construir un Estado sobre una nación, un pueblo y un territorio que no les pertenecía, expulsando, apropiándose ilegalmente de sus tierras y como hemos visto en las últimas décadas, fragmentando y reduciendo a «bantustanes» (como hicieron los racistas en Sudáfrica) cada vez más reducidos por la instalación de colonias y expansión de las mismas, contra toda ley y condena internacionales, incluyendo la desobediencia de resoluciones de la misma ONU y sus reiteradas condenas.
Hoy nos embarga un gran sentimiento de solidaridad con el Dr Sasa y su familia, porque el Dr Sasa está librando una lucha con la tenacidad y convicción por la vida que siempre lo ha caracterizado, ante un quebranto serio de su salud. Es nuestro deseo que el Dr Sasa pueda salir airoso de esta difícil situación y le hacemos llegar nuestra voz de afecto, ánimo y fuerza para que se recupere.
En la primera imagen el Dr. Sasa está con Marcela Liñieiro de la Coordinación de la Red de Solidaridad con Palestina en el acto del 29 de noviembre de 2022 en la Casa de la Cultura Bolivariana. En la segunda imagen el Dr Sasa estña junto a Pablo Hernández de la Red de Solidaridad con Palestina y se dirige a la audiencia el 29 de noviembre de 2022 en dicho acto.
La que se llamó hegemonía conservadora provino del férreo control estatal luego de los triunfos de la caverna durante las guerras civiles del siglo XIX y luego de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), la cual imperó hasta que se produjo el triunfo a la presidencia del liberal Enrique Olaya Herrera en el año de 1930. Transcurrieron escasos 18 años en que hubo violencia partidaria (entre liberales y conservadores) hasta que Jorge Eliécer Gaitán perdió la aspiración presidencial, y retornó la hegemonía conservadora con Mariano Ospina Pérez. Continuó con el gobierno de Laureano Gómez y luego con la instalación en el poder del teniente coronel Gustavo Rojas Pinilla, que personificó una táctica oligárquica de alternancia en el poder al destituir a Laureano Gómez (“el monstruo”) quien seguía siendo el verdadero poder en el poder. Gómez, fogoso orador, expresó en el senado: “llegaremos hasta la acción intrépida y el atentado personal(…) y haremos invivible la república”. Hoy se aplica en voceros del Centro Democrático. Laureano Gómez editorializaba en el periódico “El Siglo”, los púlpitos confesionarios reproducían la consigna y acto seguido sobrevenía el crimen aleve contra liberales, sindicalistas, socialistas, comunistas, protestantes, masones, etc. El ejercicio del poder político hegemónico conservador ha sido lo impositivo y violatorio de los derechos humanos y las libertades individuales. Con los resultados del contubernio del llamado Frente Nacional, que se extendió más de los 16 años inicialmente pactados y aún existen vestigios en el manejo del poder estatal. Desde los inicios de esa etapa bipartidista se agudizaron las contradicciones de la lucha de clases en Colombia y como resultado de la violencia política las guerrillas de autodefensas liberales se transformaron en las guerrillas comunistas, de las cuales surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, ejercito del pueblo. Las traicionadas “guerrillas liberales” se transformaron en “guerrillas comunistas” y como un tejido de los intereses imperiales, junto con la CIA y luego la DEA, se conformó la actual hegemonía oligárquica contrainsurgente, expresada en los partidos liberal y conservador, nuevo liberalismo, de la U, Cambio Radical, de Salvación Nacional, Dignidad, y variados grupos y sectas como el Centro Democrático, los Verdes, etc., hoy entronizados con la alcaldesa de Bogotá DC, que no oculta su posición militarista contrainsurgente, se viste de camuflado e invita a una salida no política sino militar del conflicto armado interno colombiano.
El emulo de Laureano Gómez en el siglo XXI es el expresidente Innombrable. Con el legado de sus dos gobiernos narco-paramilitares refundo “la horrible noche”, creando una secta -que no partido- denominada el Centro Democrático. Comparativamente, el innombrable resulta más sanguinario y eficaz que Pablo Escobar, Laureano Gómez y el peruano Fujimori juntos. No es ocasional la cita del Innombrable con Fujimori en la avanzada fascista latinoamericana.
Una concepción jurídica de alcance
Desarrollando la tesitura jurídica de la teoría de la con causalidad con el hecho punitivo, aplicada al asesinato de líderes y lideresas sociales, populares, comunales, sindicales, de negritudes, indios, excombatientes guerrilleros desarmados, titulares de restitución de tierras, defensores del medio ambiente, de la sustitución de cultivos ilícitos y hoy en día ensañados contra miembros del partido Colombia Humana (CH), así como de activistas del Pacto Histórico (PH), destaca como común denominador que todos, cual víctimas, sin excepción, son contrarios a los postulados de la derecha militarista del CD. Representan un peso político en cada región donde actúan y afectan y ponen en peligro la aceitada maquinaria clientelista de votos cautivos de la derecha militarista que actúan, en consonancia y alistamiento, para arrasar, bajo la violencia y el terror, en las próximas y fundamentales elecciones del 29 de octubre en Colombia.
Todos los asesinados estuvieron en contra de sus postulados políticos. Resulta procedente sustentar que la carencia de una Fiscalía General, al no revisar hechos como los acá enunciados, que pudieren revestir características de un delito, en sustentación doctrinaria y teleológica, que marchare acorde con la denuncia política y paralela a la investigación penal respectiva, genera un vacío en la función pública de la Administración de Justicia. Una Fiscalía General que marchase acorde con las corrientes criminalísticas y las motivaciones de los intereses políticos, se detendría en la concordancia y relación para investigar al ente jurídico Centro Democrático junto con sus directorios, como potencial sujeto de investigación penal. Esto, repito, bajo el presupuesto de la responsabilidad con causal penal con el hecho delictivo.
¿A quiénes asesinan?
Asesinan a quienes van en contra de la explotación ilegal minera y por el equilibrio ecológico en todas sus dimensiones; a quienes luchan contra el uso de combustibles fósiles y bio combustibles orgánicos, propugnando por energías alternas saludables; a los y las que defienden una Reforma a la Salud que encauce los dineros públicos y los arrebate a las detentadores EPS, intermediarias benefactoras de la mafia blanca corrupta; a todo quien luche contra la privatización de los Servicios Públicos esenciales. También asesinan a quienes propugnan por la implementación de los Acuerdos de La Habana y enarbolan, levantando en alto el estandarte de la Reforma Agraria Integral (RAI) para acabar con la ganadería extensiva y el hato ganadero terrateniente y latifundista. A los lideres en los barrios de las grandes, medias y medianas ciudades que luchan por una reforma urbana contra los casatenientes y por una vivienda digna para la totalidad de la población colombiana. A quienes se erigen en luchadores por la Educación Pública y que también denuncian las ganancias irracionales e inconmensurables del capital financiero parasitario bancario, lavador de activos en función de las importaciones desenfrenadas y al servicio de los grupos económicos, monopólicos y de presión, cual manifestaciones de poder dominante. A todo quien impulse la sustitución de cultivos y denuncie el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”. Asesinan a quienes proponen salidas políticas y no militaristas a los múltiples conflictos que asolan a la nación colombiana: 1. El conflicto político; 2. el conflicto económico; 3. el conflicto social; 4. el conflicto armado interno, y 5. el conflicto ecológico.
Laureano vive
El analista político Cesar Torres difundió a principios del corriente mes de marzo su artículo “Laureano Vive: estrategias para hacer invivible la República”. Extractamos de allí: que se dirige una sedición (mejor llamarla conspiración, digo) desde la derecha militarista como estrategia lauranista, usando la violencia física y verbal, basada en la mentira y los montajes para desprestigiar al gobierno reformista, ganar las elecciones creando una escena para influir en la intención de voto y apoyándose en los militares en uso de retiro impune, con llamados de las fuerzas armadas a los civiles para que tomen las armas y defiendan la propiedad privada de una amenaza inexistente. Impulsan desde los medios de comunicación, con pseudo periodistas prepago, la difusión de mentiras, especulando y creando una especie de “opinión y realidad paralela”. Gestan preparados para hacer invivible la república tal como lo pregonaba el fascista Laureano Gómez. Ese personaje está no solo interpretado y personalizado, sino reencarnado en el expresidente Innombrable.
Pero la secta -que no partido- denominada Centro Democrático no representa una real oposición. Creo y sustento firmemente que a ese compartimento orquestado por la dictadura mediática no se le pueda llamar oposición. Aplican un relato periodístico falsario. Lo que se da es conspiración y matoneo. Es más, la oposición como tal no existe, por eso acuden a figuras como la del Fiscal General, que hace política en forma descarada, hablando sobre lo divino y lo humano (ahora se opone hasta al Plan Nacional de Desarrollo presentado por el gobierno), actuando como un órgano de control. Será que él va contando los días que le faltan para terminar su período…
Una oposición en el marco de un Estado de Derecho propone, agita con programas y salidas políticas. Se ubica en una oposición de democracia representativa o en una participativa directa. Eso no existe ni se está dando en Colombia. Podrá considerarse como un factor de atraso político. En Colombia la izquierda legal no ha sido gobierno (hoy apoya a un gobierno progresista socialdemócrata liberal) y la derecha no ha sido oposición. Una oposición que sea conspirativa no solo va contra el gobierno sino también contra el Estado. En los años de 1970 a 1990 existió en Colombia una oposición de izquierda conspirativa. Hoy la izquierda legal no conspira contra la Constitución Política de 1991 en tanto que si lo hace la derecha militarista. Pero los últimos acontecimientos (“orden público”) por ella inspirados demuestran que se están desgastando en el poder y como poder narco paramilitar. Y esto se explica en una lógica sencilla: aplicando la ley de la contradicción o de los contrarios, el gobierno petrista y de Francia Márquez se va fortaleciendo. La opinión pública no traga embutidos y no acepta la andanada mediática, la cuestiona, la rechaza, la hace inocua.
El Bajo Cauca el escenario que buscan
Los paros que actualmente se viven son impulsados por mafias lugartenientes en el narco paramilitarismo. La realidad por los ataques, asaltos y alteraciones obedece al impulso por mantener la economía ilegal. La derecha narco paramilitar no está ni pasiva ni en inercia. Las ultimas agudizaciones obedecen al conflicto social y político. Corresponde distinguirlos, no refundirlos con el conflicto armado interno, ni permitir que sean echados en un mismo recipiente. Si a eso se suma el mensaje del llamado a la “libertad y orden” con el desusado escudo nacional y la renuncia de mandos militares medios, todo en sí concatenado, refleja un inquietante trasfondo. En particular: el ejército entra en escena. Se dice que la salida de 69 generales del ejército y la policía llevó a pique e hizo que cayera la cadena de custodia de la cocaína en regiones como el occidente del país. El cordón umbilical que une el generalato con el narcotráfico es indiscutible, por no afirmar una verdad sabida y buena fe guardada. En el Catatumbo, al campesino cocalero no hay quien le compre la hoja de la coca y la pasta base, y en el Bajo Cauca antioqueño se presenta la situación de no comercialización de grandes cantidades de pasta de coca, ahora arrumadas y que se están dañando. Igual situación se da en Vista Hermosa, Meta.
No es aceptable que la renuncia en el ejército sea asumida como simple rutina y no obedezca a algo de relevancia… Lo especial podría ser que esa oficialidad teme el rompimiento de las cadenas de custodia en relación con el narcotráfico y ello trae efectos negativos en sus ingentes ganancias al ser desenmascarados. O dentro del mismo concepto de temor, prever o presentir desenlaces golpistas al interior del ejército y para “curarse en salud” prefieren renunciar.
En modo alguno se dan las condiciones de renovación de una sub oficialidad o una oficialidad con tendencia al menos socialdemócrata dentro del universo filo castrense colombiano. Una tendencia de jóvenes oficiales renovadores al estilo del ejército venezolano cuando se dio el fenómeno de Hugo Chávez no cabe dentro de las fuerzas armadas colombianas, sino todo lo contrario. Podría parecer que fuertes tensiones de contradicciones internas dentro de la sub oficialidad y oficialidad en el ejército confluyan en la búsqueda de una oficialidad no pusilánime que, respetando la disciplina de cuerpo, aplique la selección natural, cual lucha de especies, en la escogencia de individuos que sean proclives a un golpe de Estado. Quedan muchos Zapateiros dentro del ejército. Indiscutiblemente, en el trasfondo que se pretende negar existe mucha tela de donde cortar.
Me hice presente el pasado miércoles 29 de marzo a la convocatoria agrícola. El compañero Oviedo con su convicción campesina, junto a Jaime en su férrea decisión de ser respetado como productor, unidos a otros dirigentes, se destacaron en el esfuerzo.
La marcha propició el encuentro de los que hace rato se desencontraron, concretamente desde 1982 en la administración Monge, cuando el FMI vino a cobrar venganza, pues Carazo los había expulsado del país por venir a exigir que se cerraran los presupuestos sociales, la salud, la educación pública y la agricultura.
Desde adentro les dijeron: “esperen, ya vienen las elecciones”, los nuevos filibusteros prepararon el terreno, Oscar Arias -cuyo capital familiar se hizo en la agricultura-, despreciaba la actividad, se anteponían las nuevas oportunidades inmobiliarias y financieras, por lo que consolidó el trabajo. Los enfrentamientos que, desde Guácimo, Guatuso y Upala propiciaron los maiceros, fueron ejemplares. El pueblo de Costa Rica se sumó incondicionalmente cuando por primera y única vez, se tomó la Catedral ante el ataque despiadado de la policía el 17 de setiembre de 1986. El problema era tan profundo, que hasta la oligarquía agraria -que todavía existía- hizo alianza sólida junto a los maiceros, pero el esfuerzo no fue suficiente, los intereses económicos, políticos y gremiales firmaron pactos en Palacio -incluso la iglesia- a cambio de darle la espalda al conflicto agrario y apoyar a Arias.
Arias logró detener la lucha, cuando acusó de manera infame al movimiento de ser terroristas financiados por Libia. La “prensa canalla” le apoyó. Fue gracias a un sistema de justica que todavía gozaba de credibilidad, quien los desmintió. Llegando a establecer condenas por difamación.
El principio ideológico en debate era sencillo: o defendíamos la soberanía alimentaria o nos volvíamos dependientes de las importaciones.
El malinchismo siempre nos ha acompañado. De inmediato, la academia -INCAE y universidades públicas- como cuerpo institucional -salvo contadas excepciones de personas académicas decentes- se abocó a destruir ideológicamente la lucha, dándole “sustento tórico” a la propuesta arista: la seguridad alimentaria. Se criminalizó la soberanía alimentaria y ser productor de granos básicos, “por inviable y atentatoria del bienestar del consumidor que tendría alimentos más baratos”. Solo los “países ricos” tenían derecho a mantener subsidios a sus agricultores. En nuestro caso, las tareas agrícolas quedaban relegada a los perdedores y los nicaragüenses.
Fue ahí donde nació la destrucción del sector agrícola como lo conocimos, lleno de labriegos sencillos, campesinos honrados, con apego a la tierra, llenando de valores nuestra patria, al fin y al cabo, ellos de la mano de Juanito Mora y el General Cañas -fusilados miserablemente después-, demostraron su hidalguía, logrando derrotar por primera vez en la historia de América, los intereses imperialistas de Estados Unidos. Ayer Pedro me enseñó que “hoy en las redes sociales, ningún héroe es agricultor”.
En la marcha del miércoles, una pequeña delegación liberacionista, desfilaba con camiseta verde y blanco donde decía cínicamente “sin agricultores no hay comida”. Por la prensa el rector de la UCR dejaba claro que los agricultores fueran a la burbuja de la U a reunirse con Ciencias Agrarias, como si el problema fuera tan simple.
La marcha fue un éxito social, en el sentido del encuentro. La esperanza que quedó sembrada, es que, sin miedo, se manifestó que había que volver a la Soberanía Alimentaria, a pesar del fariseísmo, traiciones y boicots a que nos tienen acostumbrados los dirigentes gremiales y políticos -esta vez no fue la excepción-, pues algunos previamente habían estado en Palacio. Hay que pasar de las peticiones, quejas y denuncias, para resolver la ausencia de propuestas estratégicas, incluyendo la organización a futuro.
Para cerrar el día, el Presidente -muy mal aconsejado y recién llegado de los disturbios de Francia-, dijo con enojo, que aquello fue un “chop suey”, por el revoltijo social que se hizo presente -olvidándose él y sus asesores-, que también -al mejor estilo costarricense-, fue un “chop suey” el que lo llevó con esperanza de unidad nacional, a ser presidente de manera inesperada y eso no es delito.
Porque la unidad y el diálogo se construyen desde el respeto a los mayores disensos.
Lo preocupante, fue su llamado al diálogo a través de la consulta ciudadana, usando para ello la página del MAG y emitir ahí nuestras opiniones. Este instrumento “progre” -que él no inventó- aplaudido e instalado en las administraciones anteriores, ha servido para usurpar la participación ciudadana, violando el principio Constitucional que establece el Art. 9, de que la ciudadanía debe intervenir directamente en la toma de decisiones.
No podemos perder tiempo, debemos apropiarnos del diálogo y la propuesta, asumirnos como una ciudadanía responsable, de intervenir en la toma de decisiones, comportarnos como El Soberano.
El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros se pone a la orden para organizarnos y recuperar lo que nos pertenece, iremos donde nos convoquen, quedamos a la espera de que nos contacten en el celular 8769 8714
Somos personas comunes y corrientes ciudadanos del Mundo que hoy nos unimos para pedir por la Paz algunos estamos reunidos en un mismo sitio, con una acción intencionada, otros nos unimos desde donde estemos mediante el pensamiento, pero en unidad con este sentimiento de comunidad global pidiendo por la paz del mundo.
Pedimos por la paz de nuestro corazón y el de cada ser humano habitantes de este Planeta, unidos como una sola raza, pedimos por la eliminación de todo tipo de violencias en nuestros pueblos y naciones, por la eliminación de los miedos, por la libertad, por que no exista discriminación de ningún tipo y por que existan iguales derechos y oportunidades para todas las personas.
Pedimos también por el cese de la violencia hacia nuestra Madre Tierra, para que se dejen de cometer ecocidios por parte de empresas y gobiernos. Pedimos por que se tome conciencia de los derechos de la Madre Tierra como un ser vivo con el que debemos vivir en armonía.
Pedimos profundamente y con fe para que no exista el sin sentido de la guerra y para que que ningún hermano humano en ninguna parte del mundo, tema ser parte del blanco de los grandes intereses de una guerra , sin importar el bando en el que le ha tocado nacer, estar, o elegir, ni tenga que sufrir el ver como los señores de la guerra justifican acabar con vidas, pueblos y bosques enteros; pedimos para que en el futuro ningún ser humano sea puesto en la situación de matar a otros seres humanos, por ningún motivo, y para que que no tenga que abrazar causas que estén por encima de la vida.
Pedimos a los gobiernos del mundo, que ratifiquen y aprueben el Tratado de Prohibición de armas nucleares TPAN, pedimos por que se elimine el riesgo constante de amenaza por una posible catástrofe nuclear, con lo que se podría extinguir en minutos la vida en la Tierra.
Pedimos para que en el futuro todos los gobiernos del mundo incluyan en sus constituciones políticas, que la guerra no será usada como forma para resolver conflictos entre países.
Pedimos para que las partes en conflicto inicien a hablar de paz, se abran canales de dialogo de negociación y acuerden el cese al fuego. Pedimos para que los organismos internacionales la ONU y las Cortes Internacionales gestionen y colaboren para lograr la firma de acuerdos duraderas entre las partes.
Por último, pedimos para que la tercera Marcha Mundial por la Paz y la Noviolencia, que saldrá de Costa Rica el 2 de octubre del 2024 colabore en la unión de muchas voces, muchas organizaciones, muchas acciones, pensamientos y sentimientos de tanta gente, buena y noble, que queremos la paz.
Tenemos fe y esperanza en que, si nos unimos todos en muchas partes del Planeta, en un solo pedido y una sola voz, todas y todos los que queremos estos anhelos para nuestra humanidad, lograremos cambios que se sumarán y se multiplicarán, convirtiéndose en una fuerza transformadora del planeta entero.
Es por eso que estamos aquí, unidos en este pedido, atendiendo al llamado que impulso ¨Europa por la Paz¨, este 2 de abril, porque queremos vivir en paz y porque creemos que una cultura en donde la noviolencia activa se desarrolle, puede cambiar el giro que lleva la humanidad actualmente.
Asociación Talamanqueña Ecoturismo y Conservación (ATEC)
Mientras la mayoría de las personas se aprestan a vacacionar, descansar o celebrar la Semana Santa otros se apresuran en destruir la naturaleza aprovechando que hay poco personal para proteger y vigilar los bienes comunes. Esto sucede todas las temporadas de vacaciones en el Caribe Sur.
En Playa Negra de Puerto Viejo en Talamanca un grupo de vecinos denuncia que en su vecindario hay una zona de humedal, declarado Patrimonio Natural del Estado y que colinda con el Parque Nacional de Cahuita. Aseguran que “hace décadas hemos denunciado a las instituciones pertinentes la invasión y destrucción en algunas partes del humedal. Esos casos están en juicio hace muchísimo tiempo”.
Hace dos semanas se notan nuevas actividades destructivas de gran impacto en el humedal, por lo que cuentan: “Hemos llamado al SINAC que llegaron y pusieron, según nos indicaron, demanda en la fiscalía. Pero la destrucción sigue al diario”.
Se está cortando bosque y limpiando el terrero con maquinaria pesada, el área en mención esta rotulado y aparece en la foto.
Según el art. 45 Ley 7554 y art. 7 del DE Nº22550-MINAE “- quedan prohibidas las actividades orientadas a interrumpir los ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la eliminación de tales ecosistemas”
El Caribe Sur es famoso por sus bellezas naturales y cada día vemos como esa belleza está afectada seriamente por el desarrollo devastador del que en nuestra opinión tiene una gran culpa la Municipalidad de Talamanca.
Los humedales son ecosistemas muy importantes no solamente en cuanto a su flora y fauna muy específica, sino también para la prevención de inundaciones y sirven como filtro a la contaminación del mar y el arrecife. Hay un rol especialmente importante del humedal de Playa Negra de Puerto Viejo. El arrecife lo tenemos directamente aquí y la bananera con su contaminación está detrás del humedal.
Antecedentes
La Municipalidad de Talamanca ha sido denunciada por emitir cientos de permisos de uso del suelo en bosques públicos y Zona Marítima Terrestre.
En Semana Santa de 2019 aduciendo la visita masiva de turistas al Caribe Sur, la Municipalidad tomó la decisión de construir un “paso provisional” por la playa, con el fin de descongestionar el puente de la entrada a Puerto Viejo.
Esta construcción ilegal, implicó la corta de vegetación, contaminación de la playa de lastre y dificultó el desove de al menos una tortuga baula en la playa, según denunciaron los vecinos y registraron los medios de comunicación en esa ocasión.
En diciembre de ese mismo año 2019, en días previos a las fiestas de Navidad y el mismo 24 de diciembre, vecinos realizaron denuncias sobre la destrucción de Playa Punta Uva que se encuentra dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
En esa ocasión se cortó una gran cantidad de árboles, drenaron un humedal, y hoy siguen levantando pilares enormes de cemento para secar el Humedal de Punta Uva, así como también, omitieron decir que han rellenado con decenas de vagonetas de piedra, lastre y tierra la frágil e importante área del humedal.
Información enviada a SURCOS por la Asociación Talamanqueña Ecoturismo y Conservación.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
El mismo día que en Costa Rica saltó a la luz pública un caso de racismo contra un jugador de fútbol de su liga profesional, se conocía el horror de la necropolítica sistemática y gubernamental del Estado mexicano contra las personas migrantes que atraviesan su territorio.
Ambos casos se conectan. Invariablemente en una matriz histórica que no cesa y que tiene al poder institucional y el poder cultural como ejes axiológicos de prácticas que siguen evidenciándose un día sí y otro también en este mundo de la post pandemia o la pandemia prolongada.
En el caso del jugador, extranjero en Costa Rica y proveniente de Jamaica, la denuncia implica no sólo el insulto y la provocación. Además, deja ver un escenario de naturalización de las prácticas de racismo instaladas en la epidermis y en la psique de una actividad que no cesa de reproducir día con día estas odiosas formas de discriminación, odio y exclusión sociocultural.
La mínima acción del equipo involucrado (terminar su ligamen con el entrenador al que se le atribuyen las acciones de racismo en contra del jugador) debiera a estas alturas ir acompañada de una actividad educativa a todo nivel, involucrando campañas de formación y sensibilización sobre ese tema, tan delicado en una sociedad como la costarricense.
El drama de las personas migrantes fallecidas en un centro de aseguramiento en México, por su parte, denota el desprecio absoluto por la vida y la desidia de un sistema migratorio basado en la seguridad como su principal derrotero.
Bajo estas premisas, si lo que muere no es “legal”, se naturaliza y hasta se justifica. Las vidas de los centroamericanos en tránsito por México valen menos que el costo de un combo en un restaurante de comida rápida.
Ambos sistemas, el del racismo y el de la secutización migratoria in extremis, asumen que hay un otro inferior al que debe desaparecerse hasta aniquilarlo, desde el discurso y la práctica.
Estos tiempos son tiempos “bisagra”. La clausura de ciclos y el comienzo de nuevos a los que les está costando dejar atarse el lastre del pasado. Mientras la vida importe menos que el aparto en el que escribo estas reflexiones, seguiremos involucionando hasta encontrarnos con el primer fuego.
Quizá esa sea la tarea civilizatoria que nos tocó vivir. Hagámosla entonces. Bien. Volvamos al principio. Intentemos de nuevo reconocernos en nuestra humanidad.
Primero.- Desde el momento en que asumió el cargo de Presidente de la República, Rodrigo Chaves no ha dejado de atacar al Poder Judicial, con la clara intención de debilitar la institucionalidad republicana que juró defender.
Segundo.- En su último acto de maledicencia a la institucionalidad y al Estado de derecho, Rodrigo Chaves atribuyó a tres jueces integrantes del Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, el gravísimo hecho de haber negociado la pena que se impuso a un ciudadano condenado por el delito de tráfico de influencias.
Tercero.- Si el Presidente sospechaba de la comisión del delito de prevaricato, en su condición de funcionario público tenía el deber ineludible de denunciarlo y aportar la prueba en que sustentaba su afirmación, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código procesal penal. Caso de no denunciar, cometerá el delito de «incumplimiento de deberes» tipificado en el artículo 339 del Código Penal.
Cuarto.- Resulta más que evidente que el Presidente no optó por denunciar la supuesta comisión de delito por parte de tres jueces de la República, por cuanto conoce —o al menos debería saberlo— que una de las funciones de todo juzgador es adecuar la pena al hecho acreditado, conforme a las evidencias reunidas a lo largo del proceso. Solo una persona irresponsable, malintencionada o ignorante de la labor judicial, se atrevería a cuestionar una decisión jurisdiccional, sin conocer los pormenores que rodean el expediente en concreto. En el caso que nos ocupa, haciendo uso del lenguaje chabacano que le caracteriza, impropio de un estadista, en su alocución del día viernes 31 de marzo de 2023, Rodrigo Chaves optó por propalar un ¨chisme¨, profiriendo una clara ofensa al honor y el decoro de los jueces que intervinieron en el juzgamiento de aquel ciudadano, realizando una nueva e irrespetuosa intervención en asuntos que no corresponden a sus funciones, sino a otro Poder de la República.
Quinto.- Un Estado democrático debe ser respetuoso de la separación de poderes. En lo que interesa, al Poder Legislativo corresponde establecer cuáles hechos son susceptibles de ser considerados delito y cuál la pena a imponer en caso de comisión. Al Ejecutivo le corresponde la prevención del delito, esto es, brindar seguridad al ciudadano, evitando que los hechos delictivos se cometan. Al Poder Judicial corresponde juzgar a quienes se atribuye la comisión de los hechos delictivos, una vez que ha fracasado la labor de prevención que, corresponde como se dijo al Presidente y sus respectivos Ministros.
Sexto.- Cada vez que se ha puesto en evidencia durante su mandato, el fracaso en las políticas de prevención del delito, traducidas en el incremento de la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos, el Presidente de la República intenta eludir su responsabilidad, culpando al Poder Judicial. A los ciudadanos les interesa que no les roben, no les violen, no los maten, requieren sentirse seguros. Por supuesto que si el Ejecutivo fracasa en esa labor de su exclusiva competencia, el Poder Judicial tiene la responsabilidad de juzgar a los responsables, pero no se vale atribuir la inseguridad a este último Poder de la República, pues no es esta su función. Tratar de eludir su responsabilidad «echándole la culpa a todos los demás» resulta irresponsable, irrespetuoso y carente de profesionalismo.
Séptimo.- Urge al país que Rodrigo Chaves comience a gobernar y deje de atacar la estructura constitucional que juró cumplir, en vez de utilizar su pedantería para destruir el Estado de derecho.
Por tanto:
La Junta Directiva del SINDIJUD acuerda:
1. Emplazar al Presidente de la República Rodrigo Chaves para que de manera directa y concreta aporte las pruebas que le permiten afirmar que en el caso por él aludido el día viernes 31 de marzo de 2023, los juzgadores «negociaron» con el encartado la pena impuesta.
2. Caso contrario lo emplazamos a retractarse de su dicho, tal cual lo haría una persona de honor.
3. Dada la inseguridad en la que se encuentra sumido el país en este momento y el incremento en los delitos, instamos al Presidente de la República a ocuparse con eficiencia de los asuntos que al Poder Ejecutivo corresponden. Evitar la comisión de delitos corresponde al Ejecutivo, no al Judicial.
4. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de manera expresa, sobre las repetidas e irrespetuosas injerencias del Presidente de la República en asuntos concretos de competencia del Poder Judicial.
