Energía – Entre el mercado y los derechos de la gente y la naturaleza
Participan:
Osvaldo Durán Castro ITCR/FECON
Mariana Porras Rozas COECOCEIBA/FECON
Alberto Gutiérrez Arguedas UCR
Moderador: José María Gutiérrez – Alianza por una Vida Digna
Miércoles 21 de junio a las 6pm
FB Live @ SURCOS Digital
José Luis Pacheco Murillo
La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ha sido por muchos años un botín del que se han querido apropiar muchos. Esa apropiación no ha consistido en una acción encaminada a mejorarla sino, al contrario, a tratar de desmantelarla y ojalá desaparecerla para así, con total tranquilidad la medicina privada imponga sus reglas y se acabe la seguridad social pública en el país.
La semana pasada nos dieron a conocer detalles de cómo se han venido saqueando los recursos de la CCSS. La institución insignia de la seguridad social del país es tan robusta que a pesar de todos los embates de que ha sido objeto para destruirla sigue en pie y sigue brindando un servicio, que, aunque deficiente, mejorable.
El “plan escudo” fue un golpe bajo y casi que mortal para la CCSS. Crear de golpe 10 mil plazas para funcionarios administrativos, fue debilitar las finanzas de la institución y aumentar la burocracia.
El sistema de compras ha sido una oportunidad de corrupción y saqueo desmedido.
Los enemigos de la CCSS están dentro y fuera de la institución y hay que acabar con ellos, pero se debe tener mucho cuidado con las formas porque está muy bien que se ataque la corrupción y se despidan funcionarios corruptos, pero no deben paralizarse las obras urgentes y necesarias para mejorar las posibilidades de una mejor atención para los asegurados.
Está muy bien que se limpien y transparenten las finanzas de la CCSS, pero no está bien que se dejen de construir las obras que se requieren con urgencia en diversos hospitales del país, por ejemplo, el más nacional de todos por el área de atracción que tiene, me refiero al hospital San Rafael de Alajuela, con una área de atención de más de 750 mil personas, dos autopistas, un aeropuerto internacional, un complejo penitenciario, la zona franca más grande del país. Dejar de hacer lo que se requiere en este hospital es condenar a la población a tener pequeños servicios de salud aumentando filas y requiriendo de equipo vital.
Está muy bien que se hagan los esfuerzos por limpiar la corrupción que existe en y por medio de la CCSS y que se envíen al Ministerio Público todas las denuncias del caso, pero debe mantenerse el equilibrio demostrando que el deseo es fortalecer la institución y no quebrarla, y por ello, la necesidad de que se construyan las obras urgentes que se requieren.
Dios quiera que podamos tener un CCSS fuerte, sana, limpia de corruptos y de corrupción, fortalecida con los aportes que deben darse incluyendo los del Estado y que pueda servir a los ciudadanos por muchos años más.
Edison Valverde Araya, miembro Comunidad Buen Vivir
Empresarios, alcaldía y regidores de la Municipalidad, así como funcionarios que debieran velar por el ambiente, amenazan la Zona Protectora El Chayote metiendo maquinaria, arrancando árboles de raíz, dañando nacientes y escorrentías, destruyendo la flora y desplazando la fauna, amenazando además con la contaminación de suelos, aguas, aires y seres humanos, con el intento de sembrar miles de árboles de aguacate, ante el posible uso de agrovenenos en este monocultivo.
Por eso se manifestó la comunidad naranjeña el pasado domingo 18 de julio. Ahí estuvieron vecinos, amigos y dirigentes de las asadas, el Cerro Espíritu Santo, Buen Vivir, El Rosario de Naranjo que también sufre la amenaza por el tajo Gavilanes y la naciente la Estrella y diversos distritos del cantón, preocupados por la naturaleza, por el agua, por el presente y futuro de sus hijos y nietos.
Próxima acción de la comunidad en defensa de la Zona Protectora El Chayote: lunes 26 de junio, sesión del Concejo Municipal, se invita a todas las personas interesadas en apoyar esta lucha.
Invitación del Ciclo de conferencias 80 años Del Código de Trabajo
Alcances jurídicos del Código de Trabajo, 1931 hasta la actualidad, Dr. Walter Antillón Montealegre Premio Rodrigo Facio Brenes 2022, catedrático UCR.
Conferencia Presencial con transmisión por Comunica – Territorios Onda UNED.
Jueves 22 de junio 05:00 p.m.
Sede San José contiguo al Boliche Dent.
Invitación
El próximo jueves 22 de junio, a las 6 de la tarde, en la sala de Audiovisuales de la Facultad de Ciencias Sociales UCR, se llevará a cabo el conversatorio «¿Qué papel juega la comunicación en las agendas de defensa territorial de las comunidades?», en donde estarán participando personas representantes de distintas organizaciones con las cuales trabajamos.
La actividad está organizada por el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social, la Escuela de Comunicación Colectiva, el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones Sociales, y además son organizadores el Departamento Ecuménico de Investigaciones, la Asociación Voces Nuestras y la Coordinadora de Lucha Sur-Sur.
Mesa de Articulación de Niñez
Expresamos nuestro repudio a la represión que se está desplegando, por orden del Gobernador Gerardo Morales, contra el pueblo jujeño, en el marco de su legítimo derecho a la protesta social en contra de la reforma a puertas cerradas de su constitución provincial. La misma fue recientemente aprobada sin seguir los lineamientos que la constitución hasta entonces vigente prevé y sin permitir la participación social en el recinto.
Referentes sociales denuncian que el texto constitucional aprobado dispone el cercenamiento de la división de poderes, una reforma electoral que contribuye a la concentración de poder en manos del poder ejecutivo y la afectación de derechos básicos a la población que apuntan a diezmar la capacidad de protesta de los movimientos sociales.
La reforma también avanza con modelos extractivistas que afectan los territorios ancestrales de los pueblos originarios y sus modos de vida, así como su derecho a la consulta previa e informada, y creando vías expeditas para disponer desalojos, en abierta contradicción con la prohibición de desalojos de los territorios ancestrales, previstos en la ley 26.061.
Esto se ha conjugado con la huelga docente que fue ampliamente apoyada por el pueblo jujeño, en masivas movilizaciones y marchas de antorchas, en las que participan niños, niñas y adolescentes, en ejercicio legítimo de sus derechos políticos.
Mesa de Articulación de Niñez
Hermanas y hermanos de Buen Vivir Mendoza y Buen Vivir Jujuy de Argentina, así como Buen Vivir Costa Rica, suscribimos estas demandas y nos solidarizamos con el pueblo de Jujuy, Argentina.
Édison Valverde Araya
Freddy Vargas Aguilar
La protesta es reacción popular para hacer frente a las acciones contra la educación. Pero, además, es acción para confrontar una práctica política de violencia, de autoritarismo. Práctica que tiende a profundizar el miedo, la actitud de docilidad mientras se destruye el tejido de convivencia social, política.
Debe ir acompañada por la construcción de una voluntad, de un proyecto popular. Integrar el corto plazo, con el largo plazo, lo táctico con lo estratégico. En particular, construir formas integradas de educación y comunicación permanentes desde lo local, desde cada institución. Dialógicas, solidarias.
No hacer protesta sería un error.
No construir educación y comunicación popular, sería una tragedia.
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
Es fácil hacer los cálculos: contabilice el número de minutos, exposición de imagen, análisis periodísticos, transmisiones en vivo, retransmisiones en plataformas virtuales sobre el affair doméstico entre una exreina de belleza (la hipérbole se explica sola) y un empresario acostumbrado a las luces y reflectores, pero no precisamente por sus actividades y negocios.
Saque conclusiones. El affair fue construido por una agenda que no repara en el vaciamiento de contenidos una y otra vez. En la necesaria era de la reflexión, cada vez más el análisis adelgaza y en su lugar una lista de temas inyectados de esteroides artificiales domina casi todos los ángulos de las noticias diarias.
Mientras se invitaba al público costarricense a observar en vivo la requisa in situ de las “joyas de la corona”, a cientos de miles de kilómetros de palacio, un nuevo drama tocaba las puertas de la europea fortaleza.
Un buque pesquero convertido en transporte de “carga humana” naufragó en costas mediterráneas.
Zarpó de Libia con cerca de 750 personas (si, esos cuerpos no contabilizados por el capitalismo neoliberal) con rumbo a Italia. Cerca de Grecia, una posible desestabilización de la embarcación habría causado la tragedia.
Al momento de escribir estas reflexiones, se contabilizan oficialmente 79 personas fallecidas, más de 100 personas rescatadas y un número indeterminado de personas desaparecidas en el mar mediterráneo.
Las personas sobrevivientes identificaron aproximadamente 100 niñas y niñas, que junto con mujeres, se encontraban en el fondo de la embarcación al momento del desastre.
Desde que la Europa fortaleza cambió su programa de ayuda humanitaria “Mare Nostrum” por una serie de acciones de control y persecución en alta mar denominadas “Tritón” a inicios de la década anterior, la máquina de triturar personas migrantes en el mar y las costas mediterráneas no ha dejado de funcionar y dar vueltas.
Mientras tanto, a cientos de miles de kilómetros del drama, la agenda mediática criolla ocupa a la gente en el problema social e institucional profundo que representa un affair de élites convertido en tema de alcance nacional. A los 2 minutos que a lo sumo recibió la noticia del naufragio en aguas griegas le contrasta una vasta, amplísima cobertura que tiene a este país en vilo. Mirar para otra parte significa afinar el sentido de lo importante. Es ver más allá del ombligo, de nuestras pequeñeces. Ante el vaciamiento de significado de la comunicación hegemónica, interpongamos el prisma de la urgencia, de lo necesario, de lo importante. Hagamos otra comunicación produciéndola y consumiéndola de una forma políticamente activa.
Domingo 18 de junio a las 11am se movilizarán contra la destrucción del área
Las ASADAS, Asociaciones de Desarrollo, grupos ambientales, grupos culturales, colectivos de ciclistas y en general personas de la comunidad se darán cita Frente a la Iglesia Católica de Naranjo para protestar “contra las instituciones como la Municipalidad de Naranjo que ha permitido se destruya la finca en los Robles de Naranjo” también contra “el SINAC que deben velar por las zonas protegidas”.
¿Por qué protestan? A inicios de la semana la Federación de Acueductos de la Zona Protectora El Chayote (FEDAPRO) denunció “la destrucción de varias hectáreas en la parte de recarga acuífera para la siembra de al menos 40 mil árboles de aguacate”.
De acuerdo con FEDAPRO “las obras preliminares incluyen la apertura de caminos con maquinaria pesada que afectará la infiltración por compactación de suelos, generará erosión y pérdida de suelos fértiles ya se ha destruido cobertura boscosa y se han invadido áreas de protección de nacientes permanentes, además, desplazará especies silvestres de fauna[1]”.
Actualmente las ASADAS temen que resulten afectados los caudales, ya menguados, de las nacientes que les abastecen y que también van a quedar expuestos a la contaminación con agrotóxicos.
¿Cuál es la importancia del área? La Zona Protectora El Chayote (ZP) se ubica en la provincia de Alajuela, entre el Parque Nacional Juan Castro Blanco y el Parque Nacional del Volcán Poás. Tiene 841 hectáreas localizadas en los cantones Alfaro Ruiz y Naranjo. Es una zona de recarga acuífera, de alta fragilidad ambiental y hábitat de especies en peligro de extinción.
Según el plan de manejo de área realizado por SINAC “el área que protege la ZP El Chayote es la única zona de carga que abastece de agua potable a las poblaciones de Naranjo, Zarcero y Sarchí. Además, es una zona de descarga donde se encuentran una gran cantidad de nacientes que son aprovechadas para consumo humano, industria, riego y actividades agropecuarias[2]”.
¿Qué dice y hace la Municipalidad? La Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Naranjo hizo una inspección y emitió un informe[3] donde confirmó la destrucción de un área de recarga hídrica y de un sector de la Zona Protectora El Chayote.
Según las conclusiones del informe “las obras en el sitio no cuentan con permisos municipales ni viabilidad ambiental de SETENA”. También “se evidenció en el sitio que la apertura de los caminos invade el área de protección de múltiples cuerpos de agua”.
Los funcionarios municipales procedieron a paralizar los trabajos de maquinaria pesada como tractores y una draga. Y finalmente recomiendan informar a la Oficina Subregional de Grecia del SINAC para el trámite correspondiente.
Compartimos el informe municipal:
Kioscos Ambientales UCR
Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com
Aplico el término “confiscatorio” en este caso a la actitud voraz del gobierno de Rodrigo Chaves con relación al manejo de los recursos públicos. Sé bien que el término está referido al abuso con respecto a los tributos, pero lo aplico por asimilación al comportamiento de la administración primero frente al propio Ministerio de Educación Pública, segundo en relación con el Ministerio de Cultura y en tercer lugar con respecto al presupuesto de las universidades públicas.
De hecho, en el Diccionario General de sinónimos y antónimos de la lengua española el término confiscar es sinónimo de embargar, decomisar, incautar, requisar y usurpar. Éste último a su vez es sinónimo de detener, arrebatar, extorsionar, expoliar, apropiarse, incautar y confiscar. Esto es lo que viene haciendo el gobierno con el presupuesto público: primero intentó ser confiscatorio del presupuesto del Ministerio de Educación en una suma muy significativa para trasladar esos recursos al Ministerio de Seguridad Pública, con el pretexto de asignarlos diz que para combatir la delincuencia. Solo debido a que en la Asamblea Legislativa no le aprobaron la modificación presupuestaria, esto no lo pudo concretar. Pero después sí le arrebató también nada menos que 4.000 millones de colones a Cultura, y ahora mediante artilugios se pretende confundir a la opinión pública, para confiscar, incautar, apropiarse o usurpar (es lo mismo), un 1% adicional del FEES (presupuesto de las universidades públicas), que el Poder Ejecutivo se había comprometido a otorgarles.
Lo cierto del caso, es que el principio no confiscatorio [de los tributos] se encuentra regulado en el artículo 167 denominado “Principios generales tributarios” de “La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria”; un intento por parte del legislador, nos dice en su tesis de grado Ana María Carrillo Goyenaga, por incorporar los principios constitucionales tributarios al ordenamiento jurídico. (Cfr. Carrillo G. Ana María. “El Principio Constitucional de no Confiscación. Aplicación en el Ordenamiento Jurídico Tributario.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, CR, 2014). Reza el artículo citado de la siguiente manera:
“Artículo 167.- Principios generales tributarios
Por medio de la tributación, no deberá sustraerse una porción sustancial de la riqueza del contribuyente, en tal medida que haga nugatorio, desaliente o limite de manera significativa, el ejercicio de un derecho o la libertad fundamental tutelados en la Constitución Política (…) (Cfr. Código de Normas y Procedimientos Tributarios, artículo 167.)”
Por semejantes razones, tenemos el derecho a considerar el principio no confiscatorio que rige en el derecho tributario, como válido para proteger a las instituciones ministeriales o a las autónomas que, son tuteladas en el ámbito del derecho público ante un Estado que, se viene comportando como un ente hipercentralista, angurriento, avaricioso y codicioso con respecto a la gestión de los recursos públicos. Si es válido tutelar el patrimonio de una empresa privada, ante una eventual voracidad confiscatoria de parte del Estado, es por lo menos igualmente valedero proteger a los entes de derecho público, como en efecto está estipulado en la propia Constitución de la República.
Tanto en el anterior cuatrienio, como en este, se incurrió en el grave error de cercenar a las universidades públicas parte de sus presupuestos, lo cual está expresamente prohibido por el artículo 85 constitucional. Específicamente en la parte que textualmente dice (después de haber dejado clara la existencia del fondo especial para el financiamiento de la “Educación Superior Estatal), que: “Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Constitución de la República. Artículo 85). Pero como lo he advertido supra, no ha ocurrido así. Por eso mismo, hoy sería menester, ante las violaciones que se han perpetrado contra la Constitución, que tales prescripciones fuesen subrayadas, escritas en mayúscula, o en letras doradas. Al respecto, ya la Sala Constitucional dictó sentencia favorable a las universidades públicas (al menos en un caso), ante una acción de inconstitucionalidad interpuesta por ellas por haberles rebajado la Asamblea Legislativa, la suma de 10.000 millones de colones. Están pendientes de resolución otras acciones de inconstitucionalidad presentadas por las universidades públicas hacen más de tres años. (Cfr. Sentencia de Fondo, número 2022017987, del 03/08/2022 a las 12:20:00)
Ahora el punto es otro, como lo aclara un pronunciamiento reciente del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). La Comisión de Enlace, que integran los rectores y ministros de Estado correspondientes, durante las negociaciones del FEES 2023 señalaron, como se expresa en el comunicado de CONARE aludido lo siguiente: (lo transmito textualmente): “la Comisión de Enlace…se comprometió a revisar la viabilidad de otorgar un 1% adicional para este año [además del 1% otorgado a la base]…en atención a las postergaciones y deducciones realizadas a los presupuestos universitarios.” El Poder Ejecutivo, manifestó en varias ocasiones, la mejora en la situación fiscal del país, por lo que no habría razón alguna, para negarle a las universidades públicas ese aumento adicional del 1%, que compensaría, cuando menos en una mínima parte, lo que se les ha arrebatado a las instituciones públicas de educación superior.
Además, con ello se cumpliría con el convenio vigente, es decir el del año en curso del 2023. Se sabe por declaraciones de las autoridades de gobierno, pregonadas hasta por el mismo presidente Chaves, y señaladas por los rectores en su comunicado, que dicha mejora en la situación fiscal y económica del país en este año es debida a que, se produjo una colocación de “eurobonos” por la suma de $1.500 millones de dólares. A la vez, se le ha hecho ver a la opinión pública que, hubo un aumento en la recaudación tributaria del orden de 3,9% del PIB; asimismo se nos ha informado de una reducción del déficit fiscal en menos de 0.5% y finalmente, la reducción de la razón de la deuda con respecto al PIB fue de un 58,4%. Por lo tanto, solamente un claro menosprecio de carácter ideológico de parte del gobierno a las universidades públicas explicaría que no se reconociera el aumento negociado, pues de lo que se trata es de compensar a instituciones que cumplen con tanto fervor su misión civilizadora. Lo anterior lo expreso, aunque haya errores de por medio; ya que no existe una sola institución sin mácula en ninguna parte. Por otro lado, todos los errores son perfectamente subsanables y, es bien reconocido que las bondades a lo largo de una historia de casi 80 años, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica precisamente en la década de los años cuarenta han contribuido de una manera decisiva con el desarrollo económico y social y han ayudado también a forjar la cultura democrática e institucional de la Costa Rica actual.
La realidad es que este gobierno no se ha atrevido a esgrimir como argumento para negar tal aumento, el que las universidades no lo merezcan. Lo que dijo el ministro de Hacienda don Nogui Acosta, es que quien ha complicado el aumento son los diputados, lo que fue claramente desmentido por la mayoría de los líderes de las fracciones parlamentarias, tanto en la comisión de asuntos hacendarios, como en el control político en el plenario legislativo, como consta en las actas respectivas.
Por último, conviene difundir que el comunicado de CONARE, puntualizó con exactitud adónde irían los recursos provenientes de ese 1%, se trata de cubrir necesidades perentorias que Costa Rica siempre ha valorado altamente, como son: mayor número de becas para estudiantes, apertura de nuevos cursos para atender el rezago educativo, mayor inversión para atender la educación universitaria pública en las regiones con menor desarrollo, fortalecer la investigación y la extensión o acción social en la atención de las necesidades específicas de las comunidades y los grandes problemas nacionales.
Tal es el compromiso de honor de las autoridades universitarias mencionadas. A ver si ante todos estos argumentos cede la voracidad centralista del gobierno y se modifica en algo su actitud confiscatoria y usurpadora del erario que pertenece a los costarricenses.