Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Los proyectos sociopolíticos predominantes desde la década de 1940 hasta la de 1980: el socialcristianismo bajo el liderazgo de don Rafael Ángel Calderón Guardia, la socialdemocracia impulsada por José Figueres Ferrer y el “comunismo a la tica” de don Manuel Mora Valverde convergieron, en buena medida, alrededor de lo que se denominó la “vía costarricense” (Armando Vargas) de desarrollo económico, social y político.
A pesar de las diferencias que siempre hubo entre estos proyectos, se procuraba darle forma a un modelo de desarrollo que permitiera evitar la concentración de la riqueza, contener el empobrecimiento y ofrecer servicios públicos de calidad en salud, educación, agua, electricidad, telecomunicaciones e infraestructura vial. De esta manera, se creaban las condiciones para la movilidad y la inclusión social; es decir, engrosar la clase media y achicar las clases alta y baja.
Esfuerzos sostenidos en esta dirección, condujeron a logros significativos que nos colocaron entre los países latinoamericanos con los mejores índices de desarrollo humano: una sociedad subdesarrollada, pero apuntalando su clase media. Sí, aún y cuando persistía la pobreza al lado de los islotes de riqueza, la tendencia dominante era hacia la inclusión y la justicia social, lo que inducía a un orden social más equitativo y solidario. La inversión social sustantiva por parte del Estado, especialmente en educación y salud, fue un factor determinante para que el país se desmarcara del rumbo oligárquico que predominaba en los países de América Latina.
La década de 1980, con los Programas de Ajuste Estructural impuestos por los organismos financieros internacionales (particularmente el FMI y el BM), marca un antes y un después. Se inicia el camino hacia la oligarquización del país, proceso que se ve fortalecido por los gobiernos del bipartidismo desde esa década, así como por algunas de las nuevas fuerzas políticas.
Una coalición entre viejas y nuevas fuerzas político-partidistas, élites empresariales y organismos financieros internacionales le han declarado la guerra a la clase media, particularmente a profesionales del sector público a quienes se les ha estigmatizado como privilegiados con salarios y pensiones de lujo. De esta manera, se tira una cortina de humo sobre los privilegios que han sostenido las élites empresariales al amparo de gobiernos populistas, que se visten de salvadores de la patria enfilando su “artillería” contra la clase media, convertida hoy en el chivo expiatorio de los males que padece el país.
Con la destrucción de la clase media se está sustituyendo la “vía costarricense” de desarrollo por la vía oligárquica: la que han optado la mayoría de los países centroamericanos, que hoy expulsan significativos contingentes de su población hacia Estados Unidos y construyen mega cárceles, porque el empobrecimiento y la desigualdad de las sociedades oligárquicas solo conducen a la violencia o a la huida, el éxodo masivo.
Todavía estamos a tiempo de dar un viraje, que nos coloque en la ruta de la “vía costarricense” del fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Ello implica, por un lado, alcanzar los más altos niveles de calidad y competencia colaborativa en el ejercicio de la función pública, para garantizar mejores servicios. Y, por otro, enfrentar las medidas y acciones que han venido utilizando reiteradamente el discurso de la ética y la anticorrupción para reducir el Estado y abrir las puertas a la privatización de nuestra institucionalidad pública socialmente “rentable”. Es decir, medidas y acciones que “tiran al niño con el agua sucia de la bañera”.
