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Autor: Hector Ferlini Salazar

Comunicado Público: Juez reitera desalojo de Yuwi Senaglö, recuperación en Territorio Cabécar de China Kichá

Estado de Costa Rica insiste en desalojo de miembros del Pueblo Cabecar de China Kichá.
• En el ámbito judicial persisten serias irregularidades y el Ejecutivo no responde a solicitud de declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo de Yuwi Senaglö.

Martes 16 de febrero de 2021. El 28 de setiembre de 2020 un grupo de familias del Pueblo Cabécar de China Kichá (al sur de Costa Rica) ante la ocupación ilegal de su territorio por parte de personas no indígenas y la omisión del Estado de Costa Rica al no garantizar su integridad territorial, decidieron iniciar el proceso de recuperación del terreno Yuwi Senaglö, ejerciendo su derecho humano colectivo a la tierra-territorio de acuerdo al bloque de constitucionalidad y legitimados por su cultura e historia.

Hasta ese momento el terreno estaba siendo ocupado ilegalmente por Miguel Vargas Mata, persona no indígena. Ese mismo día Vargas Mata logró ingresar a la casa que se ubica en el terreno, casa que se encontraba rodeada y custodiada completamente por la Fuerza Pública, donde se mantiene atrincherado hasta el día de hoy y sin existir una explicación satisfactoria y verosímil por parte del Ministerio de Seguridad sobre la forma en que Vargas logró ingresar a la edificación.

El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) Expediente No. 20-000018-1555-AG-1, mediante resolución 48-2020 acoge la medida cautelar solicitada por Miguel Vargas (como parte actora) y ordena el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares (como demandados), resolución que es ratificada el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado, ordenando a la Policía de Proximidad de Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las y los recuperadores Cabécar; ambas resoluciones contrarias al Bloque de Constitucionalidad y violatorias de los Derechos Humanos del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Hasta el día de hoy, ambas resoluciones no han sido notificadas personalmente, ni conforme a la ley a la totalidad de las y los demandados; ante evidentes vicios en el cumplimiento del acto de notificación, el 15 de octubre las y los demandados interpusieron un incidente de nulidad del acto de notificación, sin embrago, hasta el momento no se les ha respondido dicho incidente, ni se corrigieron las irregularidades en las notificaciones. Esta causa es conocida por el Juez Jean Carlo Céspedes Mora quien mantiene relaciones de parentesco con personas no indígenas que ocupan territorios indígenas; hoy mismo las y los recuperadores interpusieron 2 incidentes de suspensión y nulidad que esperan se resuelvan conforme a Derecho.

Ante las graves consecuencias que traería la ejecución de esta orden de desalojo judicial, las y los recuperadores acompañados por la Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá, presentaron hoy martes 16 de febrero, formal Solicitud de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö, ante el Viceministerio de la Presidencia y el de Seguridad, este último ente encargado de otorgar dicha declaratoria. (Se adjunta Solicitud).

Esta es la tercera ocasión que se presenta formalmente dicha solicitud, la primera fue el 13 de noviembre de 2020, la segunda el 21 de diciembre de 2020 ante la cual el Ejecutivo sobre la Solicitud indicada “es un tema que está siendo analizado por los Ministerios encargados”.

El día de hoy las y los recuperadores de Yuwi Senaglo con el apoyo de la ADI reiteraron su Solicitud de que el Ministerio de Seguridad declare la Vulnerabilidad Social del Desalojo de Yuwi Senaglö; lo anterior de acuerdo a las facultades y obligaciones que asisten al Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo No.39227-MP-MSP-JP-MIVAH-MDIHS que crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) y el Procedimiento Especial para la atención de desalojos considerados de vulnerabilidad social, tomando en cuenta el antecedente de Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo de Kono Jü y en aras de lograr la paz social del Pueblo Cabecar de China Kichá.

Las y los miembros, recuperadoras y recuperadores del Pueblo Cabécar de China Kichá y las organizaciones y personas que suscriben este Comunicado Público manifestamos:

1. Denunciamos las irregularidades presentadas en el Expediente No. 20-000018-1555-AG-1 que se tramita en el Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia Agraria).
2. Solicitamos al Poder Judicial se investigue una vez más el actuar del Juzgador Jean Carlos Céspedes Mora, encargado de dicho expediente y por fin se establezcan las responsabilidades administrativas y penales del caso.
3. Demandamos que el Poder Ejecutivo emita la Declaratoria de Vulnerabilidad Social del Desalojo Yuwi Senaglö en un plazo máximo de 3 días a partir del día de hoy, ya que han contado con 3 meses para el análisis y resolución de la solicitud.
4. Demandamos que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la integridad territorial del pueblo Cabecar de China Kichá y sin más dilaciones realice los desalojos administrativos de personas no indígenas que ocupan ilegalmente este Territorio y así devolver la totalidad del Territorio al Pueblo Cabecar de China Kichá.

¡NO AL DESALOJO DE YUWI SENAGLÖ!

Organizaciones firmantes:
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Recuperador@s Cabecar de Kono Ju de China Kichá.
Recuperador@s Cabecar de Sa Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperador@s Broran de Crun Shurin.
Recuperador@s Broran de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.

Personas firmantes:
Mauricio Alvarez Mora, cédula 1 0877 0217proyecto ED-3526 Educación Popular y Geografía, Kioscos Ambientales UCR.
Marvin Amador Guzmán cédula 1 0673 0592, docente, investigador, UCR.
Luis Mariano Sáenz Vega, cédula 3 0220 0485, docente e investigador UCR.
Denia Román Solano, cédula: 3 0305 0908. Docente Escuela de Antropología. UCR.
Xinia Zúñiga Muñoz 104880642 investigadora UNED.

Enviado a SURCOS por Mauricio Álvarez Mora,

El cambio de la titularidad de la rectoría del empleo público

“¿Dónde empieza la niebla que te esconde” (Benedetti)

Manuel Hernández

  • De la dictadura de MIDEPLAN a la dictadura de la DGSC

En el trámite motorizado del primer día de mociones, vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la Comisión Permanente de Gobierno y Administración aprobó varias, que asestaron un duro golpe contra MIDEPLAN, aunque no definitivo, en virtud de las cuales la rectoría del empleo público, que el proyecto de ley originalmente atribuyó a este Ministerio, se transfirió mecánicamente a la Dirección General de Servicio Civil (DGSC).

La rectoría consiste en la potestad que tiene este órgano de “establecer, dirigir y coordinar la emisión de políticas públicas, programas y lineamientos generales que tiendan a la estandarización, simplificación y coherencia en el empleo público” (artículo 6 y 7).

Algunos consideran que este navajazo constituye una contención que limita la intervención política del Poder Ejecutivo, y otros piensan, con cierto conformismo, que es menos malo que la rectoría del empleo público la ostente la Dirección General de Servicio Civil.

Mi opinión, por lo contrario, es que este cambio de la titularidad de la rectoría en nada mejora el impresentable proyecto, y mucho menos se atajan los vicios de constitucionalidad que tiene en esta materia.

Resulta necesario, por tanto, advertir los alcances e implicaciones jurídicas que tiene esta enmienda legislativa, las cuales se desarrollan de seguido.

Hasta ahora, la Dirección General de Servicio Civil ha sido una dependencia técnica del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica instrumental, únicamente para el efecto de su manejo presupuestario (artículo 7 bis del Estatuto de Servicio Civil), que le corresponde realizar las competencias que establece esta ley (artículo 13 íd).

La cuestión que tiene que quedar muy clara -que no ha sido objeto de mucho análisis-, es que aquella modificación legislativa transmuta la naturaleza jurídica de la DGSC y la convierte en un órgano, siempre residenciado dentro del Poder Ejecutivo, que le corresponderá realizar una función de naturaleza eminentemente política: la gobernanza del empleo en toda la Administración Pública.

Esta transformación de la naturaleza jurídica, que no es cualquier cosa, responde a la misma lógica y objetivo político del proyecto, que pretende la mayor concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, un poder absoluto, centralizando ahora en la emergente DGSC -en lugar de aquel Ministerio que le robaron la gallina de los huevos de oro- la regulación, planificación y coordinación del empleo público.

Entonces, la DGSC viene a ser el nuevo y sobreviniente Leviatán, que tendrá bajo su imperio y gobernanza política la rectoría del empleo público, la cual comprende prácticamente la entera Administración Pública, cuyo disciplinamiento se realizará de la misma forma que se le cometió al desbancado MIDEPLAN; es decir, de manera autocrática, vertical y unilateral.

Es decir, no porque se traspase la gobernanza del empleo público a la DGSC, la rectoría va a ser más técnica y democrática. Por contrario, se mantiene incólume la misma dictadura estatutaria, solo que únicamente cambia la titularidad del mando. Como dice el refrán: aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Por los mismos motivos de constitucionalidad, y otros de carácter institucional y operativo, que se cuestionó la rectoría que se le confirió a MIDEPLAN, se puede reprochar, con mayor razón, la pertinencia jurídica, constitucional y administrativa, de ese hurto -aun no consumado- de la rectoría a favor de la nueva mega y supradependencia política DGSC.

Los excesos, defectos y vicios de constitucionalidad que contiene el proyecto original, no se pueden encubrir o blanquear con este engañoso cambio de la titularidad de la rectoría, que ha logrado seducir a algunos.

De toda manera, independientemente del órgano del Poder Ejecutivo en que se radique la rectoría del empleo público, es necesario precisar dos cosas muy importantes:

En primer lugar, la rectoría tiene límites bien definidos en nuestro ordenamiento jurídico. El proyecto desborda estos límites -aunque la rectoría la sostenga la DGSC-, porque en virtud de las múltiples competencias que se le está atribuyendo al órgano rector, más allá de la dirección, planificación o coordinación de la actividad de los entes sometidos a esa rectoría, la potestad de imponer actos concretos, órdenes, instrucciones y mecanismos de control a dichos entes, excede el marco constitucional de la autotutela administrativa.

En segundo lugar, ni MIDEPLAN, ni la DGSC, ostentan legitimación, por mínima que sea, para asumir la rectoría del Poder Judicial y la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y las municipales, salvo que sea violentando la autonomía que reconoce la derrumbada Constitución Política.

Finalmente, mucho menos puede un órgano desconcentrado, como la DGSC, asumir la rectoría del empleo público, porque es una potestad reservada al Poder Ejecutivo, lo cual así lo ha resuelto la Sala Constitucional.

Esto último no puede interpretarse de suerte que se está alentando que se restituya la rectoría a MIDEPLAN -como ya se dijo, manifiestamente contraria a la Constitución-, sino advirtiendo otro vicio de constitucionalidad, otro más que se suma a los múltiples que contiene el desaguisado Frankenstein legislativo.

Probablemente el bloque de poder hegemónico calcula que con ese acto de ilusionismo legislativo, se disipen sospechas acerca de la verdadera finalidad política que persigue el proyecto, y en la de menos se allanen algunas resistencias.

Quedaremos a la espera de las resultas de la disputa política-legislativa, que determinará, en definitiva, cuál de los dos órganos, MIDEPLAN o la DGSC, pese a las concurrentes inconstitucionalidades, se alzará con la rectoría y se vestirá de seda.

14/02/2021

SanCalentín Emo

Macv Chávez

Después de haber contemplado unos días extremadamente intensos pienso en los anuncios publicitarios de la trilogía del amor sanvalentinesco, es decir, en el 13, 14 y 15 de febrero, donde el 13 se viste de un tono surrealista o norrealista, de cualquier forma en ambos extremos se encuentran los témpanos de hielo, según mi profesora de la escuela, donde todavía las y los amantes eran consideradas como personas frías, sin corazón, capaces de destrozar lindos hogares y parejas bonitas -al menos eso decía el floro barato de una sociedad todavía ignorante, ahora ya solo es mediocre-, porque el 14 representa al día del gran derroche de amor, motivo por el cual la mayoría de parejas se quedan con una espiritualidad famélica los 364 días del año, debido a que todos los te amo hecho acción fueron entregados el día de SanCalentín Emo, perdón, San Valentín, donde los más embriagados del amor romántico son los hoteles, restaurantes, florerías y condones, por la inmensa muestra de amor que fluye en las ciudades y países que celebran dicha festividad, esa que no deja de engordar los bolsillos corporativos hasta transformar el 15 en el día del libre negocio de las píldoras del día siguiente, pruebas de embarazo, aguita de calzón para atrapar al ser querido y uno que otro amarre para engatusar a las más inocentes románticas y a los más incautos galanes, entre tantos otros mejunjes que sirven para atrapar la lotería del amor romántico, olvidando que casi todos son incentivados por la enfermedad socialmente aceptada, al que yo llamo el síndrome de febrero, aunque otros lo llaman amor.
Esta celebración nos sirve para darnos cuenta de cuán doméstica es la masa y, por ende, cuán vacía es la sociedad civilizada, aunque debería llamarse suciedad, en vez de sociedad, porque nos mostrará la evidente falta de amor propio que existe en la mayoría y con la cual la masa que mueve el mundo se embarra el ser. Bueno, masa que se deja mover por el sistema para mover el mundo hacia un punto específico del desarrollo o evolución malformada del hombre, casi como antiguamente se movían los esclavos por voluntad del emperador, rey o patrón, porque lastimosamente el hombre (varón, mujer y todos los demás) no ha aprendido a ser.
Por otro lado, me gustaría poder decir como la masa, que anda repitiendo que el día de San Valentín es para celebrar el amor -porque la amista también implica amar-, pero afirmar dicha cosa es asegurar una mentira, porque aquello que la gente llama amor es solo una respuesta biológica ligada a la necesidad de afecto y, por ende, también a la sexualidad del hombre, que es inherente al ser como animal que somos, y por eso podemos ver que algunas mascotas responden afectuosa o cariñosamente ante determinada muestra de interés o afecto que le muestra su amo o los amantes de los animales. Por ende, quien dice que quiere estar con alguien, o sea tener una relación, y dice que no quiere tener sexo simplemente está mintiendo a la otra persona o a sí misma, porque toda relación amoroso no amical conlleva al uso de la sexualidad, ya que es la forma en la que las personas se entregan a plenitud, salvo que sean personas asexuales, porque en ellos no existe dicho deseo, algo que es inherente a su ser, a su composición biológica, tan igual como se da en las amistades con ese tono de hermandad, donde el deseo sexual desaparece de ambos seres, debido a que genéticamente ninguna de las dos personas huele a deseo sexual para la otra persona, y es así cómo se desarrollan la mayoría de amistades entre varones y mujeres, de forma instintiva, simplemente por pura ausencia del olor sexual ante la otra persona.
Entonces, como iba diciendo, el amor que tanto se profesa en estos días no es más que un impulso instintivo de una necesidad biológica, esa que se intensifica con los avisos publicitarios del síndrome febrero, donde existe una necesidad desesperada en la gente, la masa, de encontrar pareja para no sentirse solos, dolidos, sufridos, despechados y demás términos en masculino y femenino que usan para los que andan sin pareja durante ese día, para los solteros románticos que buscan desesperadamente al amor.
Debo confesar que este escenario desesperado lo he podido contemplar desde que era un niño, cuando las chicas volvían con su ex a pesar de que la relación ya había fracasado, de una a más veces, sin ver ni verificar la existencia de cambios o mejoras positivas en la otra persona, simplemente retornaba al tormento solo por oír frases como “lo extraño”, “lo amo”, “me necesita” y demás tonterías que suelen servir de justificantes para una inminente reconciliación, mostrando una vez más la falta de amor propio, ese amor que es el principal responsable de que dicho día festivo sea tan paupérrimo de ser, celebrando un famélico amor, un desnutrido y hambriento amor, uno que nunca llega a saciarse porque no sabe alimentarse, motivo por el cual va de un lugar a otro, girando en un círculo vicioso, donde se repite la misma historia de amor fracasado, solo que con otro nombre y otro rostro, debido a que se inicia una relación de amor bajo las mismas modalidades de siempre, es decir, sin tener conciencia de sí ni de quién es en sí la otra persona, simplemente viendo las cualidades de escaparate que uno suele mostrar cuando quiere conquistar o enamorar a alguien, algo que es parte del apareamiento animal, es decir, simple y pura necesidad biológica, mero sentimentalismo barato o simple sensación física, nada más animal, solo que desde la apariencia de lo humano.
Ahora sí, empecemos a analizar ¿qué es el amor según San Valentín? Un mito, un mito que buscó justificar la promoción de la fertilidad bajo el sutil disfraz de la eliminación de prácticas salvajes ante los ojos moralizadores de los fanáticos del dios bueno y todopoderoso que todo lo ve y que nada hace, -porque es un dios tan poderoso que no necesita hacer nada para defender su honor ante los amantes de la manipulación espiritual, quienes usan su nombre para enriquecerse a costa de los pobres ilusos, como lo hacían antiguamente los reyes y demás ladrones de la historia, como lo hacen hoy los políticos,- logrando iniciar de ese modo la legendaria historia de San Valentín, esa que con el tiempo se transformaría en SanCalentín Emo, debido a que el amor se ha convertido en una pretexto o justificante para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, sin la necesidad de asumir el compromiso del matrimonio religioso que implicaba tener la voluntad propia amenazada por el temido fuego del infierno -según la publicidad religiosa que conmovía a los grandes suicidas de la historia familiar-, cosa que nos puede hacer decir que hoy el SanCalentín Emo puede ser considerado como un acto rebelde o revolucionario ante lo religioso, ese que suele ser opresor y represor, motivo por el cual todavía seguimos viviendo en sociedades -o con personas- indudablemente esclavas o reprimidas, pasando de guatemala a guatepeor, debido a que el hombre en vez de ser racional se está convirtiendo en más animal, porque va por la vida en piloto automático, logrando actuar dentro de “las libertades modernas”, sin darse cuenta que es simplemente guiado por el instinto animal y no racional, como un buen animal doméstico.
Y esta es la razón por la cual las personas en estos tiempos modernos van de una relación a otra, logrando responder a Neruda su pregunta: “¿Es verdad que las golondrinas / van a establecerse en la luna?” Sí, en esos campos minados de la nada, de vacíos existenciales, con ese pensamiento incapacitado para razonar y descubrir las razones del ser, estar, querer y amar que son los cimientos de una relación amorosa, esa que empieza en uno para ir al otro. Siendo este el modo de cómo se transforma una relación de amor en una mera utilidad emocional, solo para satisfacer la necesidad sexual como la emocional, y por eso yo lo llamo SanCalentín Emo en vez de San Valentín, debido a que las personas que dicen amarse solo ven el amor como la idea de vivir algo bonito con la otra persona, tan igual de lindo como cuando vemos a los animales apareándose por mera predisposición biológica, sin caer en ese sentido trascendental que tiene en sí el amar, simplemente por ser un sentimiento o acto netamente humano, porque el amor no es un sentimiento sensitivo o instintivo, sino racional, debido a que uno lo mira, contempla, analiza y decide, razón por la cual la persona que ama entrega lo mejor de sí para sí y para el otro, acorde a su conciencia, sin actos de doble moral, sin ir en contra de la dignidad humana en sí, motivo por el cual no puede hacer daño ni dañarse, debido a que ese amar nunca va por encima ni por debajo del otro, sino en igualdad y equilibrio del ser libre y consciente, algo que debemos aprender antes de querer darnos a otros, para poder saber quiénes somos, de lo que somos capaces o no, para no ir con medias tintas y así evitar caer en el acto de amar como en una actuación o fingimiento, en vez de accionar lo mejor de uno en pro de la relación, esa relación que nos permitirá alcanzar el equilibrio entre el ser de nosotros y de los otros, esa relación que meramente tiene un fin social y, por ende, trascendental, porque si bien es cierto que uno representa a toda la humanidad, porque todos somos imagen de todos, también es cierto que dos personas -y más una familia- son el fiel reflejo de la sociedad, por ende, podría decir que el desarrollo social de los pueblos y naciones depende netamente de la familia, por tanto, si la familia está en crisis, la sociedad también está en crisis, porque todo se expande, tan igual como se expandió la festividad de SanCalentín Emo que habla del amor romántico y que termina engordando el comercio y la desesperación del corazón, porque quien celebra el amor por una orden mundial -que es esta festividad- solo demuestra que no tiene personalidad, por ende no tiene ni la menor idea de quién es, y como no tiene idea de quién es, no tiene amor propio, por ende, no tiene amor para sí ni para el otro y dicha celebración de amor no es más que otro engaño de sí mismo, solo que justificado por la orden superior de quienes controlan el mundo con celebraciones estúpidas como el día del amor y otros mejunjes de la esclavitud moderna, como si las acciones humanas necesitaran el reconocimiento de los demás para ser reales, o sea, como si necesitarían ser gritado a todo el mundo para ser cierto, verdadero, único, simplemente porque siempre andamos ausente de nosotros mismos y no sabemos ni lo que somos ni lo que queremos ni deseamos ni soñamos, sencillamente porque no hemos aprendido a ser libres.

Lima, 09 de marzo de 2020 a las 19:57 horas

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

La ilegalidad normalizada en territorios indígenas de Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos emite 18avo informe sobre situación en Térraba.

A solicitud y por invitación de Recuperantes de la Finca Crun Shurín y del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) se llevó a cabo la 18ava. Misión ODHAIN en Territorio Brörán de Térraba, en vista del aumento de la violencia, por amenazas de muerte, hostigamiento y daños de la naturaleza mediante incendios provocados, destrucción del patrimonio arqueológico y profanación de lugares sagrados, quema de cultivos, daños a cercas y enseres domésticos, así como instigaciones racistas contra las personas recuperadoras.

El surgimiento de nuevos episodios de violencia por conflictos de tierra y territorio se suma al aumento de la tensión que eventualmente podría desembocar en hechos lamentables de pérdidas de vidas humanas como ya ha sucedido en fechas recientes.

El informe presentado hoy 12 de febrero recoge la información sobre la misión que visitó el pueblo Brörán, territorio Térraba, en Buenos Aires de Puntarenas, al sur del país, los días 24,25 y 26 de agosto del 2020. El informe es un documento extenso que recoge testimonios de entrevistas realizadas en el territorio y por vía digital así como registros fotográficos de la vista. La Misión estuvo conformada por Ana Castillo Delgado, del Servicio de Paz y Justicia, Sussy Gonzáles Gonzáles de la Comisión Justicia, Paz e integridad de la creación y Víctor Madrigal Sánchez por el Proyecto Tierra Encantada de la Universidad Nacional.

El documento será enviado a autoridades nacionales e internacionales, entre ellas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como un llamado de atención y de alerta temprana sobre la situación conflictiva, tensa y de irrespeto a los derechos humanos. La violencia, una constatación del Informe del Observatorio, se origina en las invasiones a las tierras ancestrales del pueblo Brörán de Térraba y en la inoperancia del Estado/gobierno de Costa Rica en realizar la devolución de la tierra a sus legítimos dueños.

Las principales conclusiones de la 18ava Misión del Observatorio de Derechos Humanos (ODHAIN):

  1. Se constata en las entrevistas realizadas, las denuncias de amenazas de muerte y la necesidad de presencia policial preventiva y disuasiva ante el clima de violencia y tensión que se vive en el Territorio indígena de Térraba. Esa situación de violencia podría intensificarse y generar eventos lamentables con pérdida de vidas humanas.
  2. El origen de la violencia contra los pueblos indígenas no debe situarse en el legítimo reclamo del derecho a la tierra, ni en la recuperación de hecho de la tierra por parte de personas brörán, sino que el detonante de la violencia debe ubicarse en la injusta invasión histórica de la tierra y el territorio indígena y en la inacción del Estado costarricense en implementar el derecho indígena.
  3. La recuperación territorial indígena emprendida para romper el injusto orden establecido desde el periodo colonial estriba en la claridad de conciencia de los pueblos originarios acerca del derecho indígena nacional e internacional y el arraigo a la espiritualidad en torno a la perspectiva de la tierra como Madre que nutre y sostiene la vida. “La tierra es Madre y hermana de caminada cultural”.
  4. La información recopilada evidencia una lucha para recuperar y retomar la tierra y el territorio ancestral brörán por medios pacíficos, sin ostentación de fuerza o violencia, apenas con la convicción y confianza de que se trata de una lucha justa.

El Observatorio (ODHAIN) recomienda:

  1. Al Ministerio de Gobernación y Policía. La presencia policial en el territorio Térraba debe cumplir una función preventiva y disuasiva de violencia para lo cual debe atender de forma pronta y oportuna al llamado que realizan desde las recuperaciones territoriales. Dado a la existencia en el cantón de Buenos Aires de actitudes de odio y racismo contra indígenas deben seguirse protocolos estrictos de formación y capacitación al interno del cuerpo policial a fin de que su actuación sea ejemplar.
  2. Al INDER como institución del Estado a cargo de la tierra, debe priorizar y asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley Indígena 6172, sin más dilaciones.
  3. Que el Estado/Gobierno cumpla de inmediato con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares establecidas por la CIDH para los Territorios de Salitre y Térraba e informe de manera pública y periódica a los pueblos interesados y al país.
  4. A los tribunales de Justicia. Que atiendan el clamor de justicia por los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera Rivera. Recordando que los Estados siempre serán responsables, en sus países, de cualquier violación a los Derechos Humanos, sean estas por acción u omisión.

Finalmente, el Informe destaca la percepción de un clima de racismo e incomprensión de la lucha indígena por recuperar sus tierras ancestrales, abonado por el sentimiento de inseguridad por el asesinato impune de sus líderes, así como de incredulidad en la política pública del Estado que no logra el saneamiento o devolución de las tierras invadidas.

Síntesis. Víctor Madrigal Sánchez vic705@gmail.com

Puede descargar el informe en el siguiente enlace:

El circo legislativo del 10 de febrero

Vladimir de la Cruz

Primer acto:

El pasado miércoles el Presidente de la República se presentó al recinto parlamentario, obligado bajo amenaza de ser llevado con la Fuerza Pública, de la cual el Presidente es su máximo jerarca, pero convencido de que lo que estaba sucediendo no era constitucional, ni podía ser conminado de esa manera por un grupo de diputados, donde parecían más una recua política, en la cual uno tras otro rebuznaba, más que razonaba, procurando ver cómo encontraban algún resquicio que les permitiera aprovechar algo para solucionar el problema que se ha creado, más artificial y políticamente, que de la realidad real de la Casa Presidencial, alrededor de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Entró el Presidente, al Palacio Parlamentario, con la entereza y la dignidad de su cargo, portando la Constitución Política bajo su brazo izquierdo, llevándola muy cerca de su corazón, y en conciencia, sabiendo y teniendo en su mente que había jurado defenderla y, convencido, de que su presencia de esa forma era inconstitucional, pero que en esa inconstitucionalidad provocada por los diputados que le obligaron a presentarse de esa manera, él estaba defendiendo la Constitución Política que juró defender y cumplir, y se las estaba enrostrando en su cara, y la defendía de cara a la ciudadanía que seguía el show circense, montado con ese propósito, en el escenario que habían montado alrededor de esa llegada, y en el Teatro que convirtieron el Plenario Legislativo.

No tuvo gran sorpresa, en esa entrada, de lo que parecía, viéndolo en la televisión, un ring de boxeo o de lucha libre, cuando era la plataforma, la pista de circo, donde iban a operar el grupillo de presentes, con voz y voto, y algunos solo con voz, que como no tenían nada que decir, pasaban la voz, como en el viejo teatro griego donde se ponían la máscara para representar otro personaje, o para hacerse representar por otro, en cierta forma, o hablar por otro, en este caso, de una manera cobarde y escapista.

En el aparato de televisión se distinguía bien cuando los actores de ese circo se ponían la máscara de la comedia, la de la tragedia, o la del drama. Era una mezcla de llanto y de risa, símbolos de las máscaras, ahí en ese escenario, para los espectadores serios a la distancia, que veían aquella escena, que parecía una farsa, en este caso, no tan breve, de 8 horas, de teatro cómico y satírico que exhibe aspectos ridículos y grotescos de ciertos comportamientos humanos, entre ellos el comportamiento de legisladores.

Entre los actores del circo había orgásmicamente felicidad y tristeza, emoción y depresión al enfrentar al Presidente, que parecía más un convidado de piedra, que no le permitían explicar y dar respuesta ampliamente a lo que se le preguntaba, le interrumpían o le pedían que no siguiera explicando. Probablemente, para el Presidente quienes ante él actuaban, de esa manera, y usaban esas máscaras, de conformidad a la tradición teatral árabe seguramente se le mostraban como bufones, payazos, y personas risibles.

La acrobacia, el contorsionismo, la cuerda floja, la cama elástica, el balancín, el equilibrismo, el escapismo, la magia, el malabarismo, el trapecismo, el forzudismo, y las otras artes circenses estaban dispuestas para que el gran público apreciara por donde se iban a mover los actores del circo y por donde querían llevar al invitado a esa actividad teatral. Faltaron tragafuegos, que sí había quienes escupían fuego, tragasables que al menos los exhibían, al estilo de los tribunales religiosos medievales e inquisitoriales.

No se sorprendió el Presidente cuando vio que los presentes, con ropa de diputados, actuando como diputados, en ese circo político que se había montado, mientras él llevaba su Constitución en su corazón y en su mente, los veía de pie y sentados, poniéndoles sus zapatos encima a esa Constitución Política. Bastaba ver cuando le preguntaban tontamente si él, el Presidente, estaba convencido de que el acto en que participaba era inconstitucional, cuando ellos, con la Constitución, bajo sus zapatos, estaban ensuciándola y pateándola, y le conminaban con esa pregunta.

Uno de los presentes al menos tuvo la gallardía de decir y reconocer que se trataba de un verdadero juicio político, que de eso trataba porque esa era la labor que ellos hacían en el llamado control político legislativo. Un personaje circense que quiere llegar a ser Presidente de Costa Rica defendiendo los juicios políticos, al estilo de cualquiera de los grandes, medianos o pequeños déspotas, dictadores, tiranos, sátrapas, de todos los continentes, de todos los que han existido usando su poder político sobre el judicial.

Segundo Acto:

El escenario, la pista del circo. El Presidente fue llamado por una Comisión Investigadora del caso UPAD. Las Comisiones tienen recintos o espacios en el nuevo Edificio Legislativo para trabajar y llevar a cabo sus funciones. Están también los escenarios de los Mini Plenarios, donde se reúnen con capacidad legislativa grupos de 19 diputados. Son espacios abiertos a la prensa y al público que puede asistir a ver las sesiones.

En ocasiones se puede solicitar a los diputados que una situación de una Comisión se trate y se conozca en el Plenario legislativo, actuando todos los diputados como Comisión al efecto, y así se sesiona en el recinto del Plenario Legislativo.

En esta ocasión no se acudió a pedir al Plenario de los Diputados que actuaran como Comisión todos y hacer del Plenario el escenario de la Comisión Investigativa de la UPAD.

Para esta oportunidad, obviamente, por el magnicidio que se pretendía montar se solicitó el Salón Plenario, donde se reúnen los 57 diputados, para que allí se realizara el teatro, o el circo, donde se esperaba que se llenaran los palcos con los restantes 57 diputados que no son miembros de la Comisión, actuando como palcos del circo que se montaba. Los de la gradería se sol, o del último piso de ese circo, estábamos a la distancia, siguiendo el show desde las casas o desde la radio, en casas o en autos.

La sorpresa fue que esa gradería de los 57 palcos estaba literalmente vacía. Solo estaban, en la pista del circo que se montó, los diputados de la Comisión, y unos pocos, poquísimos, que llegaron a pedir la palabra para cederla, y unos para hablar por ellos mismos. Para el resto de diputados, para los ausentes al Plenario, parecía que eso no tenía ninguna importancia ni trascendencia.

Si se esperaba por los organizadores del circo que aquello iba a ser apoteósico, fue un verdadero desastre, eso sí político. Fue una función circense que no provocó el aplauso, ni el compromiso del resto de los diputados, ni del gran público a la distancia, lo que no quiere decir que estén de acuerdo con UPAD. Pero sí evidencian el repudio a la forma teatral con que se montó ese acto inquisitorio.

Si podía o no actuar la Comisión en el Plenario legislativo es una discusión de poca monta. Perfectamente podían hacerlo siguiendo los rigores de los trámites administrativos y políticos para hacerlos. Los trámites políticos, porque tiene que haber habido acuerdo político de los Jefes de las Fracciones parlamentarias para proceder de esa manera, con acuerdo también del Directorio Legislativo.

La Asamblea Legislativa a todos los efectos es su Edificio, es la representación genuina de la máxima Casa del Pueblo. El Plenario es su símbolo supremo, donde se reúnen los 57 diputados, los representantes populares, los diputados que expresan de la forma más amplia la voluntad política, electoral y soberana del pueblo costarricense.

Si la Asamblea Legislativa puede cambiar su recinto de sesiones plenarias, y trasladarlo fuera de San José, como a veces ocurre, obvio es que el recinto de comisiones pueda cambiarse dentro del mismo edificio legislativo, incluso usando el Salón Plenario si así se dispone por acuerdos legislativos de carácter administrativo. Lo han hecho en el pasado para ir a la Casa Presidencial también.

Tercer Acto:

La inconstitucionalidad del acto circense. Que las Comisiones Especiales Investigadoras de la Asamblea Legislativa puedan hacer comparecer a cualquier persona, para interrogarla, no quiere decir que puedan hacer eso con quien ejerce la Presidencia de la República, en su condición de Presidente. Esa es la única persona que está excluida constitucionalmente de ese llamado, ni por la fuerza. No existe la figura constitucional, ni legislativa, ni del reglamento legislativo, que tiene fuerza de ley, para llamar al Presidente a estos interrogatorios, interpelaciones y conminaciones.

El único acto al que el Presidente está obligado ante la Asamblea Legislativa, ante sus Diputados, es a presentar en forma escrita el 1 de mayo de cada año su Informe sobre la Buena Marcha de la República. Ni siquiera está obligado a irlo a leer. Bien podría enviarlo y que el Secretario del Congreso lo lea.

La tradición ha establecido que el Presidente se presente a leerlo, en un acto de la mayor solemnidad establecida. Este Informe sobre el Estado de la Nación ni siquiera se discute con el Presidente. Se le recibe y luego, en los siguientes tres días, por un corto espacio de tiempo, los diputados y sus fracciones tienen unos minutos para referirse a este Informe. Esa sería la gran oportunidad de discutir a fondo, y con sesiones de ocho horas, como la del miércoles pasado, ese Informe, que a todas luces es más importante.

La discusión del Informe Presidencial que hacen los diputados es en mucho ridícula, vacía, y no deja nada de resultado, es un canto a la luna.

Los Ministros, que sí pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa, y hasta sancionados, están igualmente obligados a entregar anualmente, un Informe similar al del Presidente, ante los diputados, antes del 15 de mayo de cada año. ¿Cuándo han sido llamados los Ministros o interpelados sobre sus informes a la Asamblea Legislativa? Nunca, que yo recuerde, han llamado a algún Ministro, que además tienen asiento legislativo, con voz, que pueden asistir o concurrir en cualquier momento, si así quisieran, a las sesiones.

Ni siquiera sobre parcialidad política del Presidente podría ser llevado a la Asamblea Legislativa. En este caso tan solo se tramitaría ante la Asamblea Legislativa la acción respectiva para “dar cuenta del resultado de la investigación”. Ni siquiera se señala en la Constitución que sea para levantarle la inmunidad y someterlo a los Tribunales de Justicia.

La Asamblea Legislativa puede admitir acusaciones, en trámite judicial, contra el Presidente, que no es el caso de esta situación de la UPAD, para levantarle su inmunidad.

Cuando en la Constitución se habla de que a la Asamblea se puede hacer comparecer a cualquier persona, a renglón seguido se menciona que se puede interpelar a los Ministros, pero se excluye al Presidente, por el rango de la investidura y representación que tiene. Y esto tiene que respetarse, lo que no se hizo, violentando la Constitución Política con el acto bochornoso del pasado miércoles 10 de febrero, y con los actos envalentonados, al estilo de Trump, de algunos diputados, que provocadoramente le solicitan al Presidente que acuda a la Sala IV para reclamar su inconstitucionalidad, y poner a chocar a los tres Supremos Poderes de la Republica. ¿Qué quieren con esto? ¿Más circo en el período pre electoral?

La Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que asesora en materia jurídica a todos los diputados y a sus respectivas fracciones partidarias había establecido que era inconstitucional lo que se pretendía con el Presidente. ¿Por qué el grupillo de diputados de esta Comisión se empeñó en actuar contra la Constitución Política? ¿Fue solo por hacer un montaje politiquero, en este momento que está en marcha la campaña electoral?

Enseñar de esta forma, por parte de los diputados, a irrespetar la Constitución Política es introducir la violación de la Constitución como una práctica cotidiana por cualquier persona o grupo de personas, es debilitar el sistema jurídico nacional y las bases del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho que hemos construido en estos 200 años de vida Independiente, es llamar a ejercer el autoritarismo en cualquiera de las formas que pueda manifestarse.

La inconstitucionalidad realizada es también un acto de ilegalidad contra el Estado de Derecho existente, que pone en entredicho la relación jerárquica de los Poderes Públicos, haciendo del Legislativo un órgano autoritario que, con este comportamiento, no se aleja mucho de las formas fascistas de gobernar.

En Costa Rica al Presidente de la República no se le puede parlamentaria o legislativamente interpelar, censurar ni darle aplausos, menos conminar, como se hizo con él.

Cuarto Acto:

Cuando el diputado Dragos Dolanescu, luciéndose de payazo en la arena del circo, manifestó que conocía, y le hizo recordar al Presidente la clave de su teléfono, que estaba en el expediente que se tiene en el Ministerio Público, en la Fiscalía, cometió la estupidez más grande que se puede haber hecho ese día. Sencillamente dio los instrumentos legales para invalidar toda la prueba, que se quiera montar, contra el Presidente, de todos los objetos personales que le fueron decomisados, asociados al teléfono confiscado. Ese era más que un dato sensible, era una situación sensible de trámite judicial.

Que la Fiscalía investigue cómo Dolanescu obtuvo esa, y quien sabe qué otra información logró, tan solo un trámite interno de la Fiscalía de investigación de cómo se le suministró, o si él mismo Drago se la robó. Lo que es obvio es que se inutilizó una prueba y toda la que esté ligada a ese dato. ¿Será imbécil o tonto?

La violación de datos que se le imputa la Presidente con su UPAD quien la realizó fue el payazo principal de este circo, Dolanescu, cuando él si violó la confidencialidad, la privacidad de datos del Presidente y de un Expediente en tramite de investigación judicial, cuando con su acto irresponsable creó la condiciones para que todo esto se anule.

¿Oh, estaré pensando a lo Dolanescu? ¿Será que Dolanescu en todo este espectáculo le hizo el juego al Presidente para anular su expediente investigativo? Esto sería como el Premio Mayor de la Lotería de diciembre.

Dragos Dolanescu sí cometió un acto ilícito, de manera pública, con cámaras de televisión y micrófonos de radio, que consta en actas legislativas, al declarar que conocía la clave del teléfono del Presidente y además decirla con luces y altoparlantes. Además, seguramente se la robó del expediente que se tiene en la Fiscalía, si no dice quién se la dio.

Su exhibicionismo político no dista mucho de los exhibicionistas sexuales, solo le faltó salir corriendo en esa pista legislativa desnudo, al estilo de los viejos sátiros de barrio que mostraban tan solo sus menudencias…

Quinto Acto:

Por más tonto que pudiéramos pensar que es el Presidente, que no lo es, bien sabe que no puede hacer nada, incluso en Decretos, que no esté facultado para realizarlos, ni pueden esos Decretos ser ilegales, estar contra una Ley o inconstitucionales porque violen la Constitución. En la jerarquía del ordenamiento jurídico del país los Decretos están debajo de las Leyes y la Constitución Política. Es un principio de legalidad básico, que nos permite disfrutar el Estado de Derecho que tenemos, y de confiar en él. Si se produjera abuso de poder se puede castigar.

El Control Político de los diputados es irrenunciable para investigar cualquier actuación de cualquier funcionario público, sobre actos políticos y morales, sancionables o reprochables, o inconstitucionales o ilegales que afecten los intereses públicos.

Sexto Acto:

Nunca en el país, al menos durante la Segunda República, en estos 72 años, se había visto tal bochorno contra un Presidente, allanarle la Casa Presidencial, decomisarle objetos personales, teléfonos y computadoras, revisarle sus comunicaciones oficiales y personales…

Sétimo Acto:

La discusión sobre la UPAD debió haber sido sobre la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Esta sí es una policía política, directamente dependiente del Despacho del Ministerio de la Presidencia. Aquí sí se recaba constantemente datos de costarricenses y se llevan expedientes con todo lo que se pueda saber de ellos, por sus militancias políticas, sus actuaciones públicas, sus viajes a países socialistas, cuando existían esos países, seguramente se siguen llevando sobre quienes simpatizan con Venezuela, Cuba, Nicaragua, la China Comunista, Corea del Norte, Vietnam, o con algunos dirigentes políticos de izquierda de Suramérica, o de los países árabes. En época del Presidente Rodrigo Carazo se dio orden de llevar información de miembros del Movimiento Costa Rica Libre. Se llegó a decir que la DIS tenía capacidad de ubicación de una persona que estuviera en sus archivos y datos en 8 minutos.

Todavía se sigue llevando información política, y también bancaria, asociada a los nuevos delitos de blanqueo de capitales, y otros. Todas las personas que participan en partidos políticos como candidatos, o en puestos de elección popular están clasificados, para efectos bancarios, como “sospechosos” de blanqueo de capitales. Así operan los bancos hoy, y tienen que rendir declaraciones de sus ingresos o movimientos bancarios cuando pasan de 10.000 dólares

A todos los que participan en política y en partidos políticos les tienen un expediente personal. Me consta. La DIS solicita esta información al Tribunal Supremo de Elecciones, que la entrega sin discusión.

La DIS no solo hacía expedientes sino que decomisaba libros, hojas sueltas, periódicos de izquierda, detenía arbitrariamente, en casas y en el aeropuerto, donde tenían agentes destacados, amenazaban con detener y hasta con torturar.

Todo disidente, contestatario, opositor al sistema político ahí se le anotaba, y se le sigue anotando. Lo hemos visto en las últimas marchas y movilizaciones ciudadanas.

De la DIS salía información clasificada hacia los diputados para evitar nombramientos como los de magistrados y magistradas, por sus vinculaciones de izquierda o por sus amistades de izquierda. Fui testigo de un caso hace pocos años, en que se hizo circular una información pidiendo a los diputados que no votaran por una candidata a Magistrada.

Por ello, si se trata de discutir de DATOS, debió haberse empezado a discutir de los datos que maneja la DIS. Los de la UPAD pareciera menos politizados, son una pulga comparados.

La información de todos los costarricenses está bien documentada públicamente, en el Registro Civil y en el Tribunal Supremo de Elecciones, en todo el Sistema Bancario Nacional, en el ICE, en el SNAA, en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en Migración, en todo el sistema escolar, secundario y universitario, en la Dirección General de Tránsito, en el Registro Nacional, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en las Encuestas de Hogares, en la Caja Costarricense del Seguro Social y de todos los EBAIS, incluso se han abierto los expedientes médicos, en todos los Tribunales de Justicia, en todas sus instancias y regiones, en todas las empresas que venden a crédito, y en otras instituciones, así como en Waze, y en todas las redes informáticas, en todas las cableras…hasta hay empresas privadas que venden información de personas a empresas y a quien la pague…

Todo esto lo accesa la DIS. ¿Por qué entonces tanto alboroto con la UPAD que pareciera más para la toma de decisiones de políticas públicas, de ejercicio de gobierno, de este y de los que vengan, como herramientas estadísticas, así como seguirá existiendo la DIS con el próximo gobierno sea cual sea?

Si de datos personales, sensibles se trata, esta es la discusión nacional que se debe llevar, la de todas las bases de datos que existen de los costarricenses.

Octavo Acto:

El Presidente no salió mal parado de la función circense. Los actores de ese circo del miércoles no dieron la talla, fueron ellos los que perdieron. Los que estábamos de público a la distancia y en la virtualidad quedamos decepcionados por los hechos pero sobre todo por la pésima función, por la mala actuación, por payazos que daban lástima de su papel y actuación, por el mal circo que se montó y ejecutó, por la mala imagen que le ocasionaron estos actores de vodevil barato, de enredo y poca trascendencia. Salió desmejorada la imagen del Poder Legislativo.

Para los que pensaban politiqueramente que el Presidente y el Partido Acción Ciudadana iban a quedar en el suelo, preocúpense, porque el Presidente no salió más débil de cómo llegó, y su Partido no fue objeto de discusión en esa pista circense.

Siendo un Partido en el Gobierno no hay que descartar la posibilidad de un tercer gobierno del PAC, considerando el descalabro que tienen todos los otros partidos políticos. Así vi el espectáculo del circo del miércoles pasado.

OIDH pide que Colegio de Abogadas y Abogados controle irrespeto a personas trans en procesos legales

COMUNICADO DE PRENSA

En agosto del 2020 se presentó una denuncia ante la Fiscalía del Colegio de Abogados y Abogadas por irrespeto a la identidad de género en un proceso judicial por parte de un abogado litigante. En sus escritos usó frases antiéticas y que riñen con el respeto que se debe a la dignidad humana.

El documento de identidad de la denunciante claramente indica su nombre femenino, pero el abogado solo uso género masculino para referirse a la litigante, agregando el “don” a su anterior nombre, solo se refería a ella como “señor” o “demandado”.

Consideró infringido, la denunciante, justamente el CÓDIGO DE DEBERES JURÍDICOS, MORALES Y ÉTICOS DEL PROFESIONAL EN DERECHO, en los artículos 7, 8, 13,15, 17 y 38.

Veamos:

El Artículo 7: “El abogado y la abogada procurarán situar sus relaciones profesionales y personales en un marco de seriedad, justicia, amabilidad, honorabilidad, tolerancia, comprensión, cortesía y discreción.”

Artículo 8: “El abogado y la abogada han de defender las libertades civiles y políticas que aseguren el respeto de la dignidad humana y el bienestar general, y reprochar toda acción que atente contra estos principios, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.”

Artículo 12: “Quienes ejercen la profesión del derecho han de actualizar y profundizar sus conocimientos jurídicos constantemente.”

Artículo 15: “El abogado y la abogada deberán ser respetuosos en todas sus actuaciones, absteniéndose de utilizar términos despectivos, irrespetuosos o peyorativos, ya sea en forma escrita o verbal…”

Artículo 17: “El abogado y la abogada deberán actuar con corrección en el ejercicio profesional. Su conducta se ajustará al ordenamiento jurídico vigente en la sociedad costarricense, debiendo abstenerse de toda actuación impropia que pueda desacreditar la profesión. Su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz y de buena fe.”

Artículo 38: “Aunque la causa sea justa, el abogado o la abogada no deberán emplear medios ilícitos, incorrectos o desleales.”

El abogado denunciado ni por asomo procuró situar su relación profesional en el marco de amabilidad, tolerancia, cortesía.

La mujer trans fue irrespetada en su dignidad humana.

El denunciado demostró su falta de conocimiento de las actuales disposiciones administrativa de respeto a la identidad de género.

Tampoco aplicó ese abogado la buena fe ni la veracidad.

La Fiscalía del Colegio llevó el asunto, -sin dar audiencia a las partes-, directamente a la Junta Directiva del Colegio, con su criterio que no le toca a la Fiscalía asumir esta denuncia y que no es el Colegio ente capaz de sancionar al agremiado por esas actuaciones.

En octubre del año anterior, la Junta Directiva acordó que no es de su competencia disciplinar a profesionales litigantes por estas actuaciones, resolución que fue notificada recién en enero del 2021.

La mujer trans decidió muy decepcionada no continuar con recurso de revocatoria en este caso.

Públicamente la OIDH pide que el Colegio sí tome como falta de ética de sus agremiados, y de su incumbencia, la sanción a quien la incumpla, y por la falta de respeto a las mujeres trans en procesos judiciales o administrativos.

San José, 9 de febrero de 2021.

Marco Castillo Rojas

Presidente Junta Directiva

Organización Interseccional pro Derechos

Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación: un retroceso para la ciencia del país

José María Gutiérrez. Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. De aprobarse este proyecto, el actual Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) se transformaría en esta Promotora. Este proyecto tiene serias implicaciones para el desarrollo científico-tecnológico nacional; lamentablemente, no se ha dado en la comunidad nacional una discusión lo suficientemente amplia sobre el mismo y sus consecuencias.

Este proyecto parte de una visión limitada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación, lo cual podría tener implicaciones negativas para el desarrollo científico-tecnológico nacional. Se podría pensar que, si se propone que esta nueva entidad absorba las funciones del CONICIT, la misma debería velar por el desarrollo equilibrado de la ciencia, la tecnología y la innovación del país. Ese, desafortunadamente, no es el caso. Veamos por qué, con base en el texto del proyecto del 17 de noviembre del 2020.

El complejo ciencia-tecnología-innovación tiene un carácter sistémico, lo cual implica que se debe mantener un equilibrio y un balance entre la generación endógena de conocimiento científico básico y aplicado, la investigación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento a los sectores sociales y productivos, incluyendo la transferencia tecnológica, y la innovación en muy diversos ámbitos de la sociedad. Se trata de un engranaje con múltiples componentes.

Estos subconjuntos del complejo ciencia-tecnología-innovación deben interactuar entre sí de manera eficaz, pero a la vez requieren mantener un desarrollo equilibrado, y todos han de ser fortalecidos y alimentados para lograr un sistema integrado y holístico. Resulta vital, por lo tanto, mantener ese equilibrio entre los componentes del sistema y evitar la priorización excesiva de unos en detrimento de otros.

La lectura del proyecto deja ver un énfasis desmedido en el tema de la innovación y de la aplicación del conocimiento con fines económico-productivos. Se confiere un peso excesivo al desarrollo tecnológico y la innovación y al papel del sector empresarial en el complejo ciencia-tecnología e innovación, en detrimento de los otros elementos del sistema.

Si bien el texto del proyecto menciona el desarrollo científico y la importancia de la ciencia en diversos artículos, el énfasis se centra de manera inconveniente en la innovación, el desarrollo tecnológico y el rol de la investigación en la esfera económico-productiva. Al hacerlo, se debilita significativamente la prioridad que debe tener el desarrollo de capacidades endógenas para generar conocimiento original a través de la ciencia, lo cual tendría implicaciones negativas en el desarrollo de todo el sistema.

La ciencia es mucho más que la provisión de insumos para la innovación y el desarrollo económico. La ciencia permite comprender la realidad natural y social y genera insumos originales de conocimiento que alimentan todo el engranaje de ciencia-tecnología e innovación. Es, además, un valioso componente de la cultura en un contexto amplio. En este sentido, el proyecto tiene una limitación conceptual de fondo.

Para fundamentar esta crítica, me remito a los siguientes aspectos del proyecto:

(1) En el artículo 2 se señala: “La Promotora tendrá como finalidad la promoción de la innovación y el desarrollo científico y tecnológico como ejes para alcanzar el desarrollo productivo y social del país”. No obstante, la lectura del texto del proyecto no concuerda con esta finalidad, ya que se coloca un énfasis desmedido en el tema de la transferencia de tecnología y la innovación, descuidándose el fomento del desarrollo científico.

(2) En el artículo 6 se dice lo siguiente: “La Promotora tendrá las siguientes funciones:

a) Diseñar, administrar, preparar y ejecutar fondos, instrumentos y programas orientados a promover: (i) la innovación, (ii) los emprendimientos innovadores y de base tecnológica, (iii) la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico, (iv) la transferencia tecnológica y (v) el capital humano especializado en las áreas de ciencia, tecnología e innovación”.

Queda claro, de la lectura de este artículo, que las cuatro primeras funciones se centran en la innovación, el desarrollo tecnológico, los emprendimientos y la transferencia tecnológica. Se omite por completo el fomento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada. Solamente el inciso (v) podría cubrir aspectos relacionados con la ciencia, al enfocarse en la formación de recurso humano calificado. No obstante, tomando en cuenta el espíritu que se desprende de todo el proyecto, es muy factible que esa formación de recurso humano se centre en aspectos tecnológicos y de innovación. Este artículo deja ver claramente la excesiva e inconveniente priorización en las esferas tecnológicas y de innovación, alejándose de la consolidación de una base científico-tecnológica endógena que garantice la creación de nuevas ideas y la comprensión de la realidad, sobre la que se basan el desarrollo tecnológico y la innovación.

(3) Quizá el punto del proyecto que más claramente refleja esta visión sesgada y parcial del complejo ciencia-tecnología-innovación es la integración de la Junta Directiva de la Promotora. Esta Junta estaría integrada por:

“a) La persona jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; quien presidirá y fungirá como presidente de la Junta Directiva.
b) La persona jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
c) Un representante de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE).
d) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
e) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
f) El (la) presidente o un vicepresidente designado por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).
g) El (la) Presidente del INA.
h) Un representante de las Universidades Públicas designado por CONARE.
i) Un representante de las Universidades Privadas designados por UNIRE.”

Tenemos acá un predominio de sectores empresariales e institucionales cuya misión se centra en el desarrollo económico, al tiempo que hay una casi nula representación de la comunidad científico-tecnológica. Los principales reservorios de investigación científico-tecnológica del país son las universidades públicas. Es sorprendente que estas instituciones tengan solo un asiento en esta junta directiva, con igual peso que las universidades privadas, en las que la investigación es muy limitada. Sorprende también que no haya un sitio en esta directiva para la Academia Nacional de Ciencia. El desbalance es más que evidente.

Estamos hablando de una nueva entidad que va a sustituir al CONICIT y que, por ende, debe velar por el desarrollo integral de la ciencia-tecnología-innovación del país. Es preocupante que la junta directiva de una entidad que va a asumir estas funciones tenga esa integración, mostrando una clara tendencia hacia la ‘corporativización’ de este ámbito fundamental del desarrollo nacional. El desequilibrio que traería la integración de esta junta directiva podría afectar seriamente los esfuerzos que el país ha realizado a través de décadas para gestar una comunidad de investigación en ciencia y tecnología, ubicada fundamentalmente en las instituciones de educación superior públicas.

No argumento que la innovación y el desarrollo tecnológico no sean importantes; son fundamentales y nuestro país debe avanzar mucho más en estos ámbitos. Pero son solo dos componentes de un sistema mucho más complejo. Lo aquí planteado es muy claro en los países desarrollados, donde se apoya fuertemente el fomento de la ciencia básica y aplicada, a la vez que se generan mecanismos para que el conocimiento fluya a las esferas de desarrollo tecnológico y de innovación. Pero el sistema debe contemplar y apoyar la investigación científica, en equilibrio con los otros componentes.

Lejos de ayudar al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en Costa Rica, el proyecto pone en riesgo avances importantes que ha tenido el país en dichos campos, no resuelve los muchos problemas que tenemos en estos temas, y excluye a sectores y protagonistas que están llamados a jugar un papel protagónico en estas áreas estratégicas del desarrollo nacional.

65.000 funcionarios públicos ganan menos de ₡500 mil mensuales

Luis Paulino Vargas Solís

La Nación publica un reportaje titulado: “32.000 funcionarios públicos ganan más de ₡2 millones”. Igual pudieron haberlo titulado tal cual yo he titulado este comentario, puesto que ese dato aparece en el mismo reportaje. A lo cual podemos agregar: 107.000 ganan entre ₡500 mil y ₡1 millón.

Vale decir que 172.000 personas que trabajan para el sector público ganan menos de ₡1 millón. De donde igual La Nación pudo haber titulado: “56% de funcionarios públicos ganan menos de ₡1 millón”.

Claro que la nota ofrece datos que deben llamar la atención. Un ejemplo: 107 personas ganan arriba de ₡10 millones.

Sin duda, esos extremos son inaceptables. Entre las reformas que deben hacerse está la de fijación de un límite máximo a los salarios en el sector público, y, asimismo, un límite máximo al múltiplo, para cada institución pública, entre el salario más alto y el más bajo.

Pero, más allá de eso, el titular de La Nación está puesto, con mala intención, para reforzar el odio contra empleados y empleadas públicas y la satanización de lo público. Buscan así justificar ese adefesio contrahecho -el llamado “proyecto de empleo público”- un monstruito que causará mucho más daño que el que presuntamente se quiere corregir.

Pero el problema fundamental tiene que ver con el silencio sobre lo que es esencial: cuando un salario en el sector público excede de ₡2 millones ¿es eso signo inequívoco de abuso o refleja alguna realidad más profunda que deba ser considerada con un mínimo de atención?

La intención de La Nación es plantar la idea de que, sin excepción, son casos de abuso.

En cambio, un enfoque riguroso y no prejuiciado, reconocería la importancia de conocer los niveles de calificación profesional de las personas y el nivel de conocimiento especializado que sus labores demandan. Al fin y al cabo, ser intensivista en las salas de UCI de un hospital público, es una tarea que plantea demandas excepcionalmente exigentes. Pero, y perdone usted el ejemplo, no es cualquiera el que puede conducir una clase para analizar y discutir a fondo una obra tan rica y compleja, y tan fundamental para la historia del último siglo, como la Teoría General de Keynes.

Son sutilezas. Pero sutilezas absolutamente fundamentales. Ocultarlas, como lo hace La Nación, es el camino retorcido que alimenta el odio.

Los (¿escandalosos?) salarios del sector público

Óscar Madrigal

La Nación ha hecho montones de estudios y análisis sobre el empleo público para querer demostrar que los problemas del país se deben a los trabajadores y trabajadoras del sector público. Hoy publica un nuevo análisis que lógicamente manipula, pero que indica lo siguiente:

1-. El 90% de los empleados de todo el sector público (poderes del Estado, instituciones autónomas, universidades, sea de todas las instituciones) reciben un salario menor a 2 millones de colones.

El 33% tienen un sueldo entre 1 millón y 2 millones.

El 35% entre ¢500.000 y un millón.

El 21% ganan menos de ¢500.000. Dentro de este grupo se encuentran un grupo importante de profesores universitarios que no tienen jornada completa.

Observen que el 56% -más de la mitad- de los trabajadores públicos ganan MENOS de un millón de colones al mes.

¿Son estos salarios de lujo?

2-. Los que ganan más de 2 millones (el 10%) trabajan principalmente en:

43% en la Caja. Son principalmente médicos especialistas.

12% en la Corte. Principalmente jueces.

6% cada uno en UCR, ICE y MEP.

Como se aprecia son profesionales muy importantes, médicos, catedráticos, jueces, técnicos especializados, que han dado una gran contribución al desarrollo económico-social del país.

¿Les rebajarán el salario como pretenden algunos?

3-. Ahora bien, sí hay que señalar que 107 empleados reciben más de 10 millones de sueldo al mes, que son a los que siempre recurre La Nación para denigrar a los trabajadores públicos. Habrá que analizar quiénes son, porque siempre se citan algunos médicos especialistas a los que les obliga la Caja a hacer guardias y estar en disponibilidad; hay que ver cómo la Caja logra reducir esas remuneraciones con la contratación o formación de más especialistas.

Sin embargo, llama la atención que uno de esos 100 funcionarios de más de 10 millones de salario mensual sea el señor Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, que un día sí y otro también claman por la austeridad y otro sea el embajador en Japón.

Por otra parte resulta claro que no es posible comparar instituciones o poderes del Estado ya que la realidad de cada uno es muy distinta: en el Poder Judicial y en las universidades predominan los profesionales mientras que en otras instituciones no.

Si alguno quiere comparar el sector público con el sector privado, deberá hacerlo por categorías de puestos. En el sector público, el 21% gana menos de ¢500 mil colones, sea los oficinistas, encargados de mantenimiento, etc.

La Nación echa por tierra lo que se ha venido diciendo desde hace muchos años, que los salarios de los empleados públicos son privilegiados. La realidad es otra como la reflejan los números: 56% de los trabajadores públicos, más de la mitad, reciben un salario menor a 1 millón de colones.

Una vez más queda claro, hasta con los estudios de La Nación, que los trabajadores no son los culpables del déficit fiscal ni de los problemas de las finanzas públicas y que el proyecto de empleo público no es más que una medida para congelar los salarios de los trabajadores y trabajadoras.