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Autor: Hector Ferlini Salazar

PANDEMIA: LA PEOR – poema

Un dolor
más grande que
la luna de esta noche
orbita sin rumbo sus pasos
pisoteando mi mundo. Hay
tristeza en mi corazón y cero
resignación en mi Alma. Se
resiste mi sangre a bajar la
guardia y darle ese triunfo
fácil que desea la ignominia
que le demos. Estamos en
guerra y esta se gana
peleando cada palmo
en todas las batallas.

Se van llenando las
nubes de un cardumen
de escualos que como
jauría rabiosa está lista
para desprenderse sobre
la yugular del pueblo como
lluvia malvada. Sentados
sobre sus caudales reunidos
explotando a los pobres,
aprueban sus planes de hambre
y más miseria para todos aquellos
que le han surtido sus riquezas
soportando puñales
camuflados de beatificadas
plumas. Pandemia peor son
ellos: corazones de estiércol
enchapados con el oro que
usurparon evadiendo al fisco
y chupando el alimento que
quitaron al pobre. Pandemia
son ellos, y Pandemia también
los Gobernantes que olvidaron
la Historia y sumisos apagan
la tea gloriosa que nos dio
dignidad y Patria para todos.

Pandemia son esos que
comiendo caviar y tomando
champaña comulgan gustosos
con el diablo del Fondo
sentado en sus regazos.

Pandemia lo fueron y
Pandemia son. Pandemia
insensible de fieras rabiosas
pelando sus fauces y garras
en ristre para seguir robando.

Hoy me disculpo con la Luna
y le pido que aguarde por mí
hasta otro momento: yo le
aseguro que mi amor por ella
me palpita en la sangre como
un lucero abierto.

ClaMo
Toyopán, ZURQUÍ

Honduras en desgracia

Marlin Óscar Ávila

Es fácil concluir que los daños causados a la población hondureña han sido por la desorganización, ausencia de un plan estratégico, improvisación, ineficiencia y la ignorancia sobre los conocimientos de la ciencia médica con respecto al Covid-19, además, de la manipulación de los medios en crear pánico general.

Esto, añadido al robo, sin precedentes, de los recursos (más de 3 mil millones de dólares) destinados al equipamiento de los centros hospitalarios y medios de bioprotección, medicamentos, además de un hospital decente, producen una especie de catástrofe humanitaria.

En cualquier país del mundo, es el gobierno quien debe responder por la salud, estableciendo políticas para salvaguardar la salud de la sociedad a la que se debe. Sí se trata de un gobierno como el de Honduras, los resultados que se observan son como de una película de terror, excepto que, lamentablemente, no se trata de una película de miedo. Lo que apreciamos es dolor, impotencia, indefensión, llanto, clamores al cielo, enojo, frustración y cólera, frente a esta tragedia donde el causante tiene un ejército dispuesto a hacer más trágica la vida del humilde pueblo, hambriento, enfermo y desempleado.

La otra desgracia es que los organismos multilaterales y bilaterales se escudan en la diplomacia para no actuar ante las violaciones permanente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás convenios suscritos por el Estado de Honduras. Un Estado disfuncional, amparado en la fuerza del poder militar para mantener su gran negocio de estupefacientes, blanqueo bancario y del crimen organizado.

La gran pena es que, por más que se clama y ora hacia el cielo, tampoco aparece una fuerza sobrenatural que ayude a 9 millones de habitantes, con 28, 090 contagios y 774 decesos, hasta este domingo.

Es un país controlado, tras bastidores, por una oligarquía indolente, casi medieval en su estilo y ambición de acumular capital a cualquier costo, utilizando los medios que le permita el contexto, sin el menor respeto a las normas del mercado y las leyes existentes. Su principal preocupación actual, es abrir lo antes posible toda la actividad comercial y, si los medicamentos, insumos y equipos para combatir el Covid-19, incluso, el invertir en funerarias, pueden generar un cien o doscientos por ciento de ganancia, en hora buena. De todas maneras, no hay institución que controle la especulación, excepto como distractivo.

Finqueros amenazan con agresiones a indígenas malekus

Conflicto de tierras/territorio

La Comisión Coordinadora y Facilitadora del Congreso Indígena Nacional – COCOFA / COIN, emite la presente ACCION URGENTE ante la Comunidad Nacional e Internacional, sobre la situación de un nuevo y reciente conflicto por tierras en el Territorio Indígena Maleku, al norte del país, en el Cantón de Guatuso, fronterizo con Nicaragua.

La situación se ha tornado muy tensa, a raíz de las amenazas de agresión por parte de finqueros/as NO Indígenas, que se reclaman “dueños” de al menos 5 fincas recuperadas por familias Indígenas Malekus desde el pasado 09 de julio del 2020 a la fecha. Las fincas están ubicadas en diferentes zonas del Territorio entre Palenques Margarita y Tonjibe, Camino Silencio, Curirre y Viento Fresco.

Este conflicto es de muchos años, además de ser uno de los heredados por la Conquista hace más de 520 años. Algunas de estas Fincas fueron “adquiridas” hace pocos años, por NO Indígenas, a través de negocios que la misma Comunidad Maleku ignora.

El Gobierno envió desde ayer 11 de julio del 2020 un grupo de funcionarios, encabezados por el viceministro de la Presidencia para el Diálogo y Encargado de los Asuntos Indígenas, Randall Otárola, que según se informó, se reunieron ayer mismo con autoridades Municipales y los/as Finqueros/as, hoy han visitado las Recuperaciones.

Las propuestas del Gobierno son que las personas indígenas recuperantes malekus se queden en las fincas “sin tocar nada”, o sea “cuidando las fincas de los No Indígenas usurpadores” mientras se buscan soluciones, como el Plan de Recuperación Territorial Indígena (RTI), que el Gobierno ha impulsado en la Zona Sur desde hace 5 años sin resultados positivos, más bien en los últimos 18 meses han asesinado a dos indígenas, como parte del conflicto de Tierras en Salitre (Sergio Rojas Ortiz) y en Térraba (Jery Rivera Rivera).

En Maleku los/as finqueros/as están amenazando con acciones violentas, se encuentran cerca de las recuperaciones y con la experiencia de las otras agresiones a comunidades indígenas, es posible que esperen la noche y aprovechándose de las medidas de restricción vehicular a causa de la pandemia, pretendan atacar a las familias recuperantes.

La Ley Indígena establece que “los Territorios Indígenas son inalienables, intransferibles y exclusivos de las comunidades indígenas que las habitan (Art. 3º.), por lo que ningún NO Indígena puede alegar posesión o propiedad de tierras indígenas, con pocas y muy restringidas salvedades, de quienes adquirieron antes del Decreto de Reconocimiento del Territorio Indígena o antes de la Ley Indígena 6172 de 1977.

Las acciones violentas que se puedan generar, serán responsabilidad del Estado/Gobierno costarricense, que tiene la obligación de sanear los Territorios y garantizar los Derechos Indígenas, así como la paz y la tranquilidad de nuestras comunidades en todos los Pueblos Indígenas en Costa Rica.

Comisión Coordinadora y Facilitadora -COCOFA-
CONGRESO INDIGENA NACIONAL -COIN-
Costa Rica, 12 de julio del 2020

La Pandemia, una reflexión obligada

German Masís Morales

El virus covid-19 o SARS 2 está entre nosotros y no sabemos qué tan cerca.

Esa enfermedad que podría no ser más que un nuevo tipo de gripe pudo haberse modificado con respecto al que surgió en el continente asiático, pero se ha diseminado por el mundo con la certeza de la letalidad y el poder de contagio.

En un momento nos pareció lejano, luego “lo hemos visto” recorrer los países como una peste que no reconoce fronteras, ni origen étnico o social, llevando muerte y desolación a lugares inimaginables, ciudades y poblaciones notables que parecían inmunes, generando imágenes dantescas propias de una película de terror.

Los medios de comunicación informan en crudo tiempo real y hemos aprendido a recibir listados de enfermos y de muertes como si un escenario de guerra hubiera regresado, no han sido suficientes los sistemas, equipos y personal de salud tampoco los cuantiosos recursos económicos de algunos países.

De pronto un virus invisible nos ha igualado y nos ha mostrado la fragilidad de la vida, la vulnerabilidad de las poblaciones humanas y la debilidad de las sociedades y de los sistemas políticos.

Un virus ha paralizado lenta y progresivamente el mundo, ha detenido sorprendentemente las actividades económicas, ha suspendido la desenfrenada dinámica comercial, ha dejado desoladas las calles, los parques, los estadios y las iglesias.

Como por arte de magia o como en una obra de teatro la tragedia, la ficción y la realidad se reunieron, lo impredecible e inimaginable sucedió, la libertad de movimiento y de desplazamiento dejo de ser útil, dejó de ser importante.

Por el contrario, el confinamiento ha sido la estrategia de sobrevivencia, el distanciamiento social la recomendación, las medidas de prevención y protección la obligación, el hogar y la familia es la trinchera.

La convivencia social se ha transformado, la salud y la vida han vuelto a ser prioritarias, los hospitales vuelven a ser lugares esenciales, el personal médico el recurso más valioso.

La solidaridad humana ha despertado escenas del pasado, vuelven a ser presente, el trabajo dejó de ser obligatoriamente presencial, la comunicación electrónica y virtual surge como la solución profundizando el abandono de la relación interpersonal.

El comercio exprés dejó ver sus bondades, el comercio minorista resultó ser el gran ganador y las empresas que elaboran las vacunas lo serán aún más.

Los gobiernos siguen buscando diversas formas de ayuda a los desempleados y desplazados, pero también a las empresas, han recordado las dimensiones de la pobreza y la indigencia y han constado que hay condiciones que favorecen el contagio.

Las ciudades y pueblos ahora se diferencian por cuál tiene más o menos contagios o muertes, pero también por cuáles tienen centros de salud adecuados.

Las familias se han convertido en burbujas, algunas reales y otras forzadas, unas satisfactorias otras complicadas, la gente podría morir del virus o de hambre, ciertos sectores sociales no podrán escoger.

El dilema entre la salud y la economía está presente, algunos países ya han definido cuál de las dos privilegian.

Una nueva normalidad vendrá … pero nada volverá a ser igual.

Sin autonomía no hay universidad

Hernán Alvarado

En la calle aprendimos, hace muchos años, que «sin autonomía no hay universidad», mientras defendíamos como estudiantes nuestro derecho al estudio. Pronto completamos esa consigna con: «sin presupuesto no hay autonomía». Lo mucho que aprendimos entonces, tomando la escena pública, no lo habríamos encontrado en libros ni en aulas, pese a la excelencia de los profesores. Para el movimiento estudiantil universitario, la autonomía no ha sido su gran maestra, pues sin libertad el pensamiento se asfixia, como quien lleva una bolsa plástica en la cabeza. De ahí que atentar contra la autonomía es atentar contra la universidad misma, la cual debiera ser la más alta expresión de democracia. Además, cada vez que se la intenta restringir se trastoca la República establecida en 1949. Por eso digo que los «neoliberales» del gobierno ni liberales son; para esos populistas nuestro marco jurídico resulta ser una camisa de fuerza.

Según la carta magna, la «independencia funcional» de las universidades públicas incluye la «plena capacidad jurídica» (…) para «darse su organización y gobierno propios». Implica además la administración del «patrimonio propio» y de sus «rentas propias». En lo que respecta al saber, su independencia es absoluta; no obstante, su plan general debe tomar en cuenta «los lineamientos que establezca el Plan Nacional de desarrollo vigente». Así que no se limita a la «libertad de cátedra», por mucho que sea su núcleo palpitante y un «principio» que debiera extenderse a toda la educación pública, no solo a la «enseñanza universitaria».[1] Así lo haría un pueblo inteligente y correspondería a una democracia realmente participativa. Aunque sea el fantasma que asusta a todo pichón de tirano.

Dicha independencia es con respecto al Ejecutivo y al Legislativo, por lo que el Poder Judicial debe protegerla.[2] El artículo 88 incluso obliga a la Asamblea Legislativa a «oír previamente» al Consejo universitario «para la discusión y aprobación de proyectos» de su competencia. Y se estampó así, como norma superior, precisamente para que ningún político o funcionario se atreviera a menoscabarla. En sentido estricto, se trata de un «estado» dentro del Estado, una auto limitación de su propio poder omnímodo, pues la voluntad expresa del Soberano fue proteger el pensamiento crítico. Como si un gigante se amarrara voluntariamente las manos para no estropear las alas de una mariposa.

¿De qué se quería proteger a la universidad pública? De las múltiples formas que adopta la recurrente pasión fascista contra «la inteligencia». También quiso protegerla de las recurrentes tentativas del pensamiento utilitario que confunde el desarrollo del país con el comportamiento del PIB. En suma, el constituyente quiso proteger la crítica y la creatividad de quienes creen que la educación es un gasto, no una inversión social, y que solo se justifica si sirve a la acumulación capitalista.

Amenazarla so pretexto de un déficit fiscal ficticio solo revela las bajas luces de quienes en la Asamblea Legislativa mal redactaron ese informe de mayoría, aprobado por 31 diputados para vergüenza de la historia patria. Los mismos que no tuvieron la valentía de llevar adelante una reforma tributaria seria, integral y progresiva, pretenden ahora recortar la educación. Tal vez ni se dan cuenta de que ahorrar en educación es invertir en ignorancia. ¿Cuál es el ejemplo que siguen, a qué futuro apuntan, tendrán algún modelo de desarrollo en la cabeza, habrán oído hablar de la sociedad del conocimiento? ¿Será posible que también ignoren la experiencia de Finlandia, por ejemplo?

Llamando las cosas por su nombre, estamos ante un gesto bárbaro y más vale que tomen nota de que el poder tiene que respetar, si quiere ser respetado. Sin embargo, en primer lugar debe ser un signo que nos interrogue como educadores. ¿Cómo se ha estado manejando la educación del país para que se haya reunido en el segundo poder de la República tanta arrogancia? ¿Y no es como decir tanta ignorancia? Solo a los pobres de espíritu un cargo público que ni merecen puede llevarles a asumir tales actitudes. ¿No se trata de una señal alarmante de decadencia educativa? ¿Se puede entender simplemente como un resultado de esas «universidades de garaje» que reparten títulos como si fueran mercancías? ¿Acaso no significa que hemos fracasado en la defensa de una educación de calidad, capaz de defender nuestra identidad y nuestra cultura; que hemos cedido demasiado a los economistas mediocres, a la tecnocracia más obtusa, en definitiva, a las pueriles demandas comerciales? ¿No indica también que hemos renunciado a la acción política para dejarla en manos de oportunistas de todos los colores?

Si de algo ha de servir la autonomía y la libertad, en estos momentos aciagos de la Patria, es para la reflexión autocrítica, para preguntarnos radicalmente sobre nuestro papel como trabajadores y como patriotas. Porque, parafraseando al ex Ministro de Hacienda -que no es santo de mi devoción- este es un momento para próceres. No es para tecnócratas, no para funcionarios del FMI, ni para partidos de pacotilla que olvidaron sus principios ideológicos, extraviados como están en los más retrógrados cantos de sirena de los organismos internacionales. No es este un momento para políticos de «vitrina», como bien los llama el Presidente, que desgobiernan y retro-legislan a favor de la fracción más codiciosa y corrupta del empresariado costarricense.

Por cierto que veo a ese Presidente cada vez más alejado del Pueblo, el que dejará en la peor miseria de la que se tenga memoria en el país. Y ni crea que la pandemia le servirá de excusa, porque ella más bien ha revelado las injusticias que hemos tolerado por más de cuarenta años, junto con la incapacidad de la clase política, pese a la abnegación de los funcionarios públicos. Mientras tanto él prepara, bajo la mesa y aprovechando el encierro, la venta de KOLBI, BICSA, BCR, RECOPE y FANAL, a precio de remate, con el afán de dejarnos tan endeudados como le sea posible, puesto que el FMI acecha de nuevo como un ave de rapiña, ratificando en la crisis que lidera a ese vampiro polimorfo que es el sector financiero, mismo que el microbio ha evidenciado en toda su fría y calculadora falta de solidaridad. En sus fauces quiere entregarnos un gobierno que no cobra lo que le deben, ni paga lo que debe, pero cobra con saña a quienes no le deben.

Ese es un Presidente que ensalza a su pueblo silencioso, como lo dijera en Guanacaste, orgulloso de haber ganado, a sus 34 años, un pulso a los trabajadores públicos; como si la clase trabajadora no fuera el pilar central del Soberano que lo mantiene donde está y que sí contribuye a pagar su salario, justamente lo que no hacen quienes él trata como ciudadanos VIP. Todo por imponer un plan fiscal regresivo que a la postre se ha quedado chingo, por ser demasiado complaciente con exonerados, evasores y elusores. Presidente orgulloso de haber promovido un recorte de las huelgas «políticas» en una democracia disque participativa. Otra barbaridad del tamaño del estadio nacional, porque ¿cómo puede sentirse orgulloso un comunicador y cientista político de restringir libertades políticas?[3] Él sigue sin enterarse de que un Presidente de verdad trabaja para la historia patria, cuyas sentencias son inapelables; no para salir por la puerta de atrás después de cuatro años de aporrear al que menos tiene. En ese sentido, de nada le servirá tampoco si logra salir montado en un tren eléctrico. Sin duda trabaja mucho, que fue lo único que prometió, pero para ser el peor de la segunda República, lo que nadie se esperaba.

Según el sociólogo Alejandro Sura, la profunda crisis actual, no solo sanitaria y económica, sino también ética y moral, se debe a que no hay un «sujeto político», es decir, no hay un liderazgo visible, creíble y lúcido que prenda las luces largas, como pueblo, como nación. Sin embargo, hay muchas voces autorizadas manifestándose; por ejemplo, recientemente y en este tema, voces de la estatura de Walter Antillón, Yamileth González, Gustavo Gutiérrez, José María Gutiérrez, José Manuel Arroyo, Virginia Sánchez, Gilberto Alfaro, entre otros, junto a rectores y sindicatos universitarios que se preparan para la lucha.[4]

Muchas voces comienzan a juntarse, a dialogar, a aglutinar el pueblo. Siempre ha sido así, algunos pocos lo convocan, otros le subestiman, muchos temen su fuerza ciclónica y los demás hunden su cabeza en la arena. Pese a todo y contra todo, poco a poco se va juntando su polifonía, mientras emergen los «metapuntos de vista» (E. Morin) que alumbran la unidad en la diversidad; siempre con la Patria en el corazón (jamás «en el bolsillo», según titula Oscar Aguilar Bulgarelli uno de sus libros), porque defender la autonomía no es cosa de defender solo a la universidad, sino que también es defender el Estado de Derecho y los derechos humanos.

Las condiciones están dadas, a pesar del confinamiento y las carencias del «animal político» (Aristóteles). Recuérdese que las últimas grandes jornadas cívicas han enseñado que, al final del día, los dirigentes caminan detrás de la resistencia hipercreadora del Pueblo. No hay que consultar una bola de cristal para prever que la pandemia también está incubando una crisis política de proporciones inusitadas. Solo falta la chispa que siempre enciende la pradera. Mientras tanto, los que mueven los hilos del poder, la siguen atizando a todo pulmón, por una especie de fatalidad políticamente suicida. Siempre que sucede igual, pasa lo mismo, al decir de Leopoldo Fernández (1904-1985), el famoso «Tres patines». Pero hay que permanecer atentos porque también es cierto que pueblo que se duerme se lo lleva la corriente… ¿Dejaremos que nuestros estudiantes nos enseñen una vez más el camino de la dignidad nacional, o esta vez iremos adelante dándoles ejemplo?

[1] Idem, artículo 87: «La libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza universitaria»

[2] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 84.

[3] Contra el artículo 9, según fuera reformado en el 2003.

[4] Para muestra un botón: José Manuel Arroyo, «Preguntas esenciales a propósito del FEES». En Surcosdigital: https://wp.me/p6rfbZ-bRM

Imagen: Trabajadores de FANAL produciendo alcohol para la emergencia sanitaria.

Costa Rica no es Uruguay

Abelardo Morales Gamboa
Universidad Nacional / FLACSO Costa Rica

Las comparaciones son odiosas, se dice, pero en el caso del Covid pueden resultar inclusive burdas: Costa Rica está más cerca de la tendencia de contagio de otros países con un crecimiento aún mayor y con los cuales comparte algunas características, que de Uruguay, a pesar de que hay quienes quieren imponerlo como modelo. Si, Uruguay es el único país de América Latina al que le ha ido bien en la contención de la pandemia, pero hay que conocer bien cuáles son las razones estructurales y coyunturales. La extensión territorial del país suramericano es 4,3 veces mayor que la de Costa Rica; mientras tanto la cantidad de sus habitantes equivale a dos tercios de los habitantes de Costa Rica.

Con 20 habitantes por km2 en Uruguay versus 98 en Costa Rica, sin lugar a dudas tanto la geografía como la demografía establecen una singular diferencia entre ambas realidades y entre los posibles determinantes de la suerte de uno y otro país en el manejo de la epidemia.

Pese a que Uruguay comparte extensas fronteras con Brasil y Argentina, países en los que el brote de la pandemia estaba en fases verdaderamente alarmantes; en ninguna de ambas fronteras había grandes empresas agrícolas con los regímenes de explotación laboral y hacinamiento de trabajadores como los que provocaron los primeros disparos de la nueva fase de contagios en Costa Rica; ni tampoco en las zonas metropolitanas de Uruguay existe la concentración de población en condiciones de hacinamiento. San José, la capital de Costa Rica, dista mucho de tener las condiciones urbanas y la disposición espacial de Montevideo.

Hubo diferencias y similitudes en el desarrollo de la estrategia en la primera fase entre ambos países. Contrario a lo que se repite, el Gobierno de Uruguay que asumió el mando al puro inicio de la pandemia, si decretó cierres de fronteras, confinamiento obligatorio, distanciamiento físico, suspensión de lecciones, espectáculos públicos, desde el primer momento. En Costa Rica esas decisiones, debido a presiones políticas y económicas, se demoraron casi un mes desde que llegaron los primeros extranjeros contagiados. Un gobierno de derecha, presidido por Luis Lacalle en Uruguay, recién electo, pese a un ajustado resultado ante su rival de izquierda el Frente Amplio, gozaba de un margen de aceptabilidad política para nada comparable con la del Gobierno de Carlos Alvarado, en Costa Rica que enfrentaba desde inicios de año un fuerte cuestionamiento y escándalos políticos. Eso también establece las correspondientes diferencias en la coyuntura política de ambos escenarios.

Así como el sistema educativo, el sistema de salud en Uruguay son mucho más sólidos y fuertes que en Costa Rica, pese a que este segundo país también cuenta con ventajas frente a sus más inmediatos vecinos. El sistema de salud de ese país es considerado como uno de los mejores del mundo y en Uruguay la educación es pública, gratuita y laica; aunque hay un sistema privado, la población en su totalidad tiene derecho a ella de forma gratuita desde el nivel preescolar hasta el universitario. Los sistemas públicos en Costa Rica siguen siendo fuertes, pero desde hace décadas experimentan el merodeo de la voracidad de los negocios; amenazas de las que tampoco está exento el Uruguay.

En otras palabras, un aparato público y eficiente ha sido clave en el llamado éxito uruguayo frente a la pandemia; pero también una población que ha tenido acceso a la educación, que ha vivido represión, confinamiento, estados de sitio, y dispuesta a adoptar los hábitos de la disciplina sanitaria, fueron fundamentales en el acatamiento de protocolos de salud.

En vez de mirar objetivamente hacia Uruguay, las cúpulas del empresariado costarricense, cada vez más parecidas culturalmente al resto de los centroamericanos, miran a El Salvador como su ejemplo y los desvaríos de su presidente.

Costa Rica no es Uruguay, pero está todavía en la posibilidad de regresar al momento de un mejor manejo de la epidemia; eso sí, si se toman las medidas políticas que quizás tendrán que ser más severas pese a que la población no esté acostumbrada a ellas, y si las fuerzas que ejercen ese poder de facto en este gobierno deponen sus intereses egoístas y aceptan que se han equivocado con sus ciegas presiones.

Al resto de los habitantes nos toca adoptar seriamente la disciplina y asumir la responsabilidad cívica y solidaria que corresponde, para que aquello del país del pura vida, no se quede en un mero recuerdo nostálgico. Es tarde, pero estamos a tiempo de que el tren se devuelva para recoger lo que dejamos olvidado en alguna estación.

Foto: UCR

COVID: nuestra crisis

Manuel Delgado

Los 300 casos nuevos diarios que estamos teniendo es una muestra del fracaso de la gestión que nuestros gobernantes están haciendo de la pandemia.

La política del gobierno ha fracaso porque precisamente este decidió no tener política y dejar la pandemia en manos de las empresas, en manos del capital. Son las empresas las que deciden qué se hace, dónde se hace y cuándo se hace. Veníamos orgullosamente bien, pero de pronto el ministro Salas, a quien todos queremos, se quedó solo, limitándose a leer la cada vez más triste estadística diaria, sometido al capital, con las orejas bajas.

Siento que aquí, en mi país, la respuesta a la pandemia es muy similar a la de Brasil o Estados Unidos: laissez faire, laissez passer, que todo irá de la mano de dios. Para citar solo un ejemplo, son tristemente ridículas las decisiones en torno al uso de las mascarillas. Ellas son obligatorias en Europa desde hace meses e incluso en algunos estados de Estados Unidos desde hace semanas. Pero aquí apenas el viernes pasado se les declaró obligatorias y solo en lugares cerrados. La mascarilla es un instrumento básico en la lucha contra el virus, pero es además un símbolo. Trump y Bolsonaro las han combatido precisamente como instrumento de su política de no hacer nada y dejar libre a los dueños del capital. Parece que lo mismo pasa en Costa Rica.

Es curioso que muchas personas, especialmente las más proclives al partido de gobierno, insisten en que la incidencia (cantidad infectados por población) carece de relevancia, y que lo importante es la letalidad (muertos por número de enfermos). Creo que esa es una apreciación falsa.  La letalidad es baja allí donde la incidencia es baja. No es lo mismo ingresar al CEACO junto a otros tres pacientes y tener todos los recursos técnicos y humanos a tener que hacer fila sentado en una banca uno o dos días en un hospital saturado, esperando que alguien deje libre un respirador, como ha ocurrido en otros países. Ahora tenemos solo (¡solo!) 25 muertos, pero si la incidencia continúa subiendo vamos a tener 250 o 500 fallecidos. Una de las razones es que la alta incidencia la que va a colapsar el sistema de salud.

Es hora de un cambio. No, no de gobierno. Claro que urge un cambio de gobierno, pero eso no se puede todavía. Lo que quise decir es que urge un cambio de político, cuyo primer paso debe ser diseñar una política.

Ciudadanos, necesitamos la voz de todos. Al diablo el miedo. Es hora de levantar nuestra voz.

Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

Pronunciamiento:
5 de Julio, 2020.

Interinazgo en la Universidad de Costa Rica:
Llegó la hora de actuar de manera solidaria y humanista con las personas funcionarias en condición de interinazgo

La Universidad de Costa Rica como lo señala el Estatuto Orgánico es una institución democrática de educación superior y cultura, benemérita de la patria, la cual se ha caracterizado a lo largo de su historia por participar en la construcción de una Costa Rica solidaria y humanista, principios que acompañan sus actividades sustantivas y se fomentan en la vida universitaria.

Sin embargo se ha actuado de forma negligente hacia las personas funcionarias en condición de interinazgo durante décadas, provocando desigualdad salarial, vulneración de sus derechos laborales y que más de la mitad del personal docente contratado se encuentre en esta condición.

Esta desigualdad histórica no ha sido resuelta por ninguna administración de forma definitiva generando afectaciones negativas en la salud y desarrollo vital de personas funcionarias, así como en la calidad educativa y desarrollo institucional, ya que la mayoría de sus docentes tienen que realizar sus funciones sin la posibilidad de tener una estabilidad laboral que les permita un avance continuo de sus labores, y una vida digna. Para poner un ejemplo, a las personas docentes interinas se les contrata durante los ciclos lectivos, esto quiere decir siete meses exclusivamente, así ellas y ellos deben asumir sin pago los costos de la actualización, diseño y propuesta de cursos, aspecto que a todas luces es, no solo un atropello a los derechos laborales sino también una forma de desincentivar el desarrollo de calidad y excelencia de la labor docente que la institución dice promover, dejándolo sujeto a iniciativas individuales que muchas veces riñen con la salud física y mental del personal. Cabe mencionar que en la crisis por COVID-19 esto se ha agudizado, pues además de aumentar las horas de trabajo, la condición de trabajo a remoto ha implicado un incremento en los gastos relacionados con luz, internet, acceso a plataformas digitales, entre otros costos que recaen sobre el personal docente.

Es una práctica común que la institución celebre logros institucionales como los avances en rankings internacionales o la enorme cantidad de proyectos de Acción Social e Investigación que desarrolla la universidad en todo el territorio nacional, o que hable de internacionalización, pero no se hace reconocimiento público del aporte de las personas interinas que impulsan y construyen las actividades sustantivas con la calidad y rigurosidad que se exige.

Por otro lado, es fundamental que las personas subcontratadas para labores de limpieza tengan condiciones dignas y se les asegure su permanencia laboral, en tanto el despido se suma a los niveles de pobreza y exclusión en el país.

La Universidad de Costa Rica, en aras de ser consistente en materia de Derechos Humanos, debe realizar acciones efectivas y diligentes para proteger a todas las personas interinas y modificar las formas de contratación de este personal, siendo urgente en este período de pandemia por el COVID 19.

Por ello exigimos:

  • Que la administración universitaria asegure que ninguna persona interina será cesada durante el periodo de la pandemia, priorizando la inclusión, la vida y el derecho al trabajo.
  • Que la administración universitaria tome acciones para consolidar el nombramiento continuo que establezca como criterio prioritario el nombramiento de personal interino existente y sea de acatamiento por las unidades académicas, garantizando el ingreso a plazas en propiedad mediante concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que la administración universitaria inicie un proceso de reformas al Estatuto Orgánico y reglamentos para que se instaure el voto universal en la Universidad de Costa Rica, que incluya a todas y todos los funcionarios (interinos y en propiedad) así como estudiantes, esto como una acción afirmativa hacia la democratización de las decisiones dentro de la institución.
  • Que la administración universitaria gire directrices claras a las Oficinas de Recursos Humanos, de Administración Financiera y Planificación Universitaria con acciones para proteger a todo el personal interino y tercerizado de la institución.
  • Que las Asambleas de las Escuelas y los Consejos Científicos de las Unidades de Investigación inicien acciones para proteger a todo el personal interino, así como la realización de concursos justos y en equidad de condiciones.
  • Que se inicien acciones para generar dentro de la Universidad de Costa Rica una reforma progresiva y solidaria de los esquemas de remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.
  • Que las candidaturas a la rectoría se pronuncien lo antes posible con las acciones concretas que van a tomar para proteger al personal interino y tercerizado.
  • Que la actual administración del SINDEU termine con sus acciones anti sindicales que desprestigian la lucha trabajadora, y apoye a las personas funcionarias interinas para organizarse como Seccional.
  • Que la Comunidad Universitaria inicie las discusiones respecto a las condiciones laborales del personal de la institución con énfasis en el personal en las condiciones más vulnerables (interinos y tercerizados) para revisar y cambiar en una reforma progresiva y solidaria los esquemas de contratación y remuneración que reconozcan y acaben con las desigualdades internas.

Firman,

Carmen Caamaño Morúa, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Adriana Rodríguez Fernández, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Lucía Molina Fallas, Escuela de Psicología.
Andrés Dinartes Bogantes, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Alexia Ugalde Quesada, Maestría en Psicología Comunitaria y Sede de Occidente.
Helga Arroyo Araya, Escuela de Psicología.
Ruthman Moreira Chavarría, Escuela de Psicología.
Josué Arévalo Villalobos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones en Educación.
Adriana Maroto Vargas, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Jorge Esteban Prado Calderón, Escuela de Psicología.
Miguel Márquez Cueva, Sede de Guanacaste.
Kira Schroeder Leiva, Escuela de Psicología.
Andrés Cambronero Rodríguez, Docente interino.
Andrés Castillo Vargas, Escuela de Psicología.
Jimena Escalante Meza, Escuela de Psicología.
Ana Sanabria Villalobos, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de Representación estudiantil CRE y Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Mauricio Álvarez Mora, Programa Kioscos Socioambientales.
Gustavo Jiménez Barboza, Escuela de Sociología, Escuela de Formación Docente e Instituto de Investigaciones Sociales.
Santiago Navarro Cerdas, Escuela de Psicología.
María José Masís Méndez, Escuela de Psicología
María Andrea Araya Carvajal, Sede de Occidente y Escuela de Psicología.
Gabrielle Herrera Arias, Estudiante Escuela de Psicología. Consejo de representación estudiantil CRE y representante titular ante el Consejo Superior Estudiantil.
Marisol Jara Madrigal, Escuela de Psicología.
Shantal Fallas Ruiz, estudiante Escuela de Psicología. Presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Nicole Umaña Molina, Consejo de representación estudiantil CRE.
Adela Herrán Rescia, Escuela de Psicología.
Adriana Villalobos Elizondo, Escuela de Psicología.
Kattya Grosser Guillén, Escuela de Psicología.
Maurizia D’ Antoni Fattori, Escuela de Psicología.
Keithlin Aguilar González, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.
Miguel Granados Rivera, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de
Psicología AEPs.
Laura Álvarez Garro, Escuela de Filosofía y Posgrado en Psicología.
Eduardo Bolaños Mayorga, Escuela de Psicología.
Mikel Quesada Artolozaga, Estudiante Escuela de Psicología.
Teresita Ramellini Centella, Escuela de Psicología y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Marvin Amador Guzmán, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mónica Quirós Villalobos, Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Paola Brenes Hernández, Sede Occidente y Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.
Roxana Hidalgo Xirinachs, Escuela de Psicología y Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura.
Laura Chacón Echeverría, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales.
María del Rocío Murillo Valverde, Escuela de Psicología.
Valeria Dondi Aguilar, Estudiante de Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Vásquez, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Andres Sanabria Zaniboni, Observatorio Bienes Comunes y Programa Kioscos Socioambientales.
Mariana Romero Tortós, Estudiante de la Escuela de Psicología.
Ross Salazar Vargas, Estudiante Facultad de Educación.
Sileny Mena Gómez, Escuela de Psicología.
Vilma Leandro Zuñiga, Escuela de Psicología.
Lucía Rescia Chinchilla, Escuela de Orientación y Educación Especial.
Fabián Alfaro Rodríguez, estudiante de la Escuela de Psicología.
Fabio Romero Salas, Escuela de Psicología.
Marco E. Carranza Morales, Escuela de Psicología y Posgrado en Psicología.
Mariela Richmond Vargas, Escuela de Artes Dramáticas.
José Manuel Salas Calvo, Escuela de Psicología. Profesor Emérito.
Mar Fournier Pereira, Escuela de Psicología.
Luisa Ochoa Chaves, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Centro de Investigación en Comunicación.
Jennifer Mora Román, Estudiante Escuela de Psicología. Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs y Consejo de representación estudiantil CRE.
Roberto Fragomeno Castro, Escuela de Filosofía.
Mariano Fernández Sáenz, Escuela de Psicología y Maestría en Teoría Psicoanalítica.
Sergio Villena Fiengo, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Silvia Azofeifa Ramos, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Sociales, Sede Rodrigo Facio y Sede Guanacaste.
Heidy Hernández Romero, Escuela de Psicología.
Isis Campos Zeledón, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Rebeca Vaglio Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y de Derecho.
Catalina Arce Aguilar, Estudiante Escuela de Psicología y Escuela de Formación Docente.
Carlos Calderón Herrera, Escuela de Artes Plásticas.
Priscilla Echeverría Alvarado, Escuela de Psicología.
Ignacio Dobles Oropeza, Escuela de Psicología.
Bradly Marín Picado, Escuela de Psicología.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y Escuela de Psicología.
Andrés Fernández Ramírez, Estudiante Escuela de Psicología.
Daniela Solís-Rodríguez, Estudiante Maestría Profesional Psicología Comunitaria.
Miguel Regueyra Edelman, Escuela de Psicología.
Ginette Sánchez Gutiérrez, Escuela de Psicología y Escuela de Filología, Lingüística y Literatura.
Adriana Vindas González, Escuela de Psicología.
Mirta González Suárez, Escuela de Psicología. Profesora emérita.
Sofía Cortés Sequeira, Recinto de Paraíso, Instituto de Investigaciones Sociales y Centro de Investigaciones Históricas de América Central.
Soledad Hernández Carrillo, Escuela de Psicología.
Silvia Camacho Calvo, Posgrado en Psicología.
Doris Céspedes Alvarado, Escuela de Psicología.
Nora Chaves Rodríguez, Estudiante Sede de Occidente. Asociación de Psicología Sede de Occidente (AEPSO).
Valeria Sancho Quirós, Escuela de Psicología.
Marcela León Madrigal, Escuela de Psicología.
Elena Andraus Alfaro, Escuela de Estadística.
Eugenia Boza Oviedo, Escuela de Trabajo Social.
Alejandra Paniagua Bonilla, Carrera de Trabajo Social, Sede de Occidente.
Carolina Morales Quirós, Escuela de Matemática.
Mario Salazar Montes, Docente interino.
Damaris García Madriz, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Suhelen Araya Moya, Escuela de Formación Docente.
Amy Hernández Villalobos, Estudiante Escuela de Formación Docente y Escuela de Psicología.
Daniel Fernández Fernández, Escuela de Psicología.
Mario Soto Rodríguez, Escuela de Psicología.
Romel Brumle Kerr, Sede del Caribe y Sede del Pacífico.
Andrea Molina Ovares, Escuela de Psicología y Centro de Investigación sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, Sede de Occidente.
Javier Tapia Balladares, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Enyell Valerio Carranza, Estudiante Escuela de Psicología.
Laura Meza Pineda, Estudiante Escuela de Psicología.
Dunnia Flores Santamaria, Escuela de Orientación y Educación Especial.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas.
Daniel Chavarría Camacho, Sede del Pacífico.
Milena Castro Mora, Escuela de Estadística.
Elías Natán Jiménez Alvarado, Escuela de Química.
Andrés Vargas Abellán, Estudiante Escuela de Psicología.
Patricia Velásquez Prada, Estudiante Escuela de Psicología.
Sergio Salazar Araya, Escuela de Ciencias Políticas.
José Antonio Mora Calderón, Kioscos Socioambientales y Sede de Occidente.
Dylanna Rodríguez Muñoz, Programa Kioscos Socioambientales.
Níoe Víquez Moreno, Escuela de Psicología.
Valeria Montoya Tabash, Programa Kioscos Socioambientales.
Gloriana Rodríguez Corrales, Instituto de Investigaciones Sociales y Radioemisoras UCR.
Zuiri Méndez Benavides, Programa Kioscos Socioambientales.
Elsy Vargas Villalobos, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Mariechen Wüst Picado, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
Benjamín Reyes Fernández, Escuela de Psicología e Instituto de Investigaciones Psicológicas.
Luis Rojas Torres, Instituto de Investigaciones Psicológicas.
José Daniel Jiménez Bolaños, Escuela de Historia.
María Esther Montanaro Mena, Centro de Investigación en Identidad Cultural Latinoamericana.
Roberto Marín Villalobos, Escuela de Psicología, Posgrado de Psicología y Sede de Occidente.
Ricardo Vargas Durán, Escuela de Estudios Generales.
Catalina Ramirez Vega, Escuela de Psicología.
Eleazar Morales Aguirre, Estudiante Escuela de Psicología.
Marialina Villegas Zúñiga, Instituto de Investigaciones Sociales.
Luis Ernesto Aguilar Carvajal, Escuela de Sociología e Instituto de Investigaciones Sociales.
Roxana Vargas Solano, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Maureen Murillo Rivera, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Sanders Pacheco Araya, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
Braulio Solano Rojas, Escuela de Ciencias de la Computación e Informática.
María Barboza Gutiérrez, Sede del Pacífico.
Hazel González Araya, Danza Universitaria, Vicerrectoría de Acción Social.
Miguel Regueyra Edelman, Estudiante Escuela de Psicología, Asociación de Estudiantes de Psicología AEPs.

Universidad pública: ámbito libre del conocimiento

Rogelio Cedeño Castro*

La intensa campaña desplegada, desde hace ya más de dos años, en los medios de comunicación de más alcance, tanto en los impresos como en los de la televisión y la radiodifusión, como también a través de las redes sociales donde alcanza los estándares más elevados de una violencia simbólica desmesurada, siempre a un paso de la violencia física o como antesala de ella, lo que se evidencia en la agresividad manifiesta de los “comentaristas” erigidos en una especie de vox populi, para desprestigiar, e incluso desarticular a las universidades públicas y a la comunidad académica que existe en su interior,  con una violencia materializada incluso en los ataques directos más rastreros e insultantes hacia las personas de sus rectores, no constituye en sí misma un hecho aislado o casual ni tampoco una conspiración oculta(afirmación esta que algunos buscarán descalificar diciendo que estamos acudiendo a una falaz y paranoica teoría de la conspiración) sino que se pone de manifiesto en el despliegue de una intencionalidad, casi imposible de ocultar por parte de sus gestores, de establecer un control político de naturaleza autoritaria sobre la educación superior en Costa Rica, como un paso previo para el despliegue de los rasgos más característicos de una sociedad totalitaria, la que ha sido siempre una especie de utopía-distopía de una parte del sector empresarial que se oculta detrás de la sigla UCCAEP, un sueño como el de aquel general de triste recordación que gobernó Chile a la fuerza, expresado en la frase “no se mueve una hoja en este país, sin que yo lo sepa”.

El modelo de universidad con el que sueñan estos sectores recalcitrantes de la derecha totalitaria en este, y en los demás países de la región, oscila entre el modus operandi centralista y autoritario que tuvo hasta 1980 el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), y el de la gran mayoría de las universidades privadas existentes en el país, un tema sobre el que habrá que volver de nuevo, de manera pormenorizada. En el caso del TEC se trataba de una institucionalidad que tampoco estuvo caracterizada por su accesibilidad en términos de becas y en la existencia de criterios de ingreso que favorecieran a aquellos estudiantes de menores ingresos. Cabe destacar que las editoriales universitarias acaban de publicar una obra del historiador Iván Molina Jiménez acerca de la lucha democratizadora de los estudiantes del TEC, durante los primeros años de la década de los ochenta, bajo el título “Huelgas democratizadoras: la rebelión estudiantil en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 1980-1982” CIHAC EDUPUC (Editoriales Universitarias Públicas Costarricenses) Editorial UCR 2020 que como resulta evidente habrá que leer con detenimiento. El propio historiador ha afirmado que además de la determinación de los estudiantes del TEC, que tuvieron una sagaz y valiente conducción en el despliegue de su lucha, el hecho de que la Asamblea Legislativa de la época estuviera integrada por diputados de todas las fracciones, con gran sensibilidad social y espíritu democrático, fue algo que permitió culminar el proceso de democratización del TEC en 1982, el que dio lugar a cambios muy profundos en el rumbo de esa institución. Lo afirmado por Iván Molina confirma la tesis que hemos venido sosteniendo en otros artículos, acerca de la sostenida degradación de la clase política costarricense, cuyos diputados de todo tamaño y color se orientan hoy, de manera exclusiva, hacia la defensa cerrada de los intereses del grupo más regresivo del sector empresarial costarricense, habiendo tomado una franca deriva totalitaria en su proceder, al criminalizar la protesta social y abanderar la ofensiva contra los derechos sociales de los trabajadores y el modelo democrático de educación superior pública en este país. No se puede homologar a los diputados del presente con los de aquellas generaciones en unos tiempos donde hubo gentes muy ilustradas, dotadas de un gran sentido de responsabilidad histórica.

No olvidemos que los ataques contra la universidad pública costarricense se sustentan en las más grotescas mentiras, las que no se cansan de repetir con el mayor desparpajo totalitario, en el estilo del nazi Joseph Goebbels, su mejor maestro aunque lo oculten y lo nieguen con manifiesta ingratitud. Tal es el caso de los salarios de los trabajadores universitarios, un tema que ya aclaró la diputada Paola Vega en el debate sobre ya mencionado informe sobre el FEES, cuando recordó que sólo en un 4% del total alcanzan a los cuatro millones de colones. Sería bueno, como contrapartida, que habláramos de las exiguas remuneraciones de los docentes y administrativos de las universidades privadas, las que conforman un ámbito donde la democracia no pasa de ser una mera expresión, jamás una vivencia plena.

El control de las dimensiones esenciales de la cultura y su reproducción, como también la elaboración de conocimiento científico y su divulgación en nuestro medio, se han convertido en el núcleo central de la agenda de las élites oligárquicas en el poder. Para ello, les resulta  una condición indispensable el terminar o cercar, reduciéndolos a la mínima expresión, a aquellos núcleos de pensamiento y producción de conocimiento científico que estén fuera de su control, tal es el sentido esencial de los contenidos del Informe de mayoría del grupo de diputados que “investigaron” acerca del Fondo Especial de la Educación Superior FEES en el que figuraron como firmantes, de manera muy notoria, los diputados Wagner Jiménez y Erick Rodríguez Steller, quienes al parecer lo hicieron con “preocupaciones” de orden presupuestario, o de facilitar el acceso a la educación superior a un grupo mayor de estudiantes provenientes de los sectores populares, cuando en realidad es precisamente lo contrario, dado el modelo que subyace implícito en sus ataques a la universidad pública, a la que acusan de suministrar los cuadros políticos de la izquierda costarricense, aunque si ese fuera el caso los resultados serían notoriamente malos para ese sector del espectro político.

Lo que ya no pueden ocultar los señores de la UCCAEP y sus sirvientes de la clase política es su odio a la cultura, a la inteligencia y al pensamiento libre que conforman una triada esencial para la vida democrática, hoy amenazada de muerte en medio de la puerilidad de muchas gentes que no todavía no terminan de abrir los ojos. El viejo fascismo siempre odió a la intelectualidad, quemó libros, destruyó pinturas y esculturas y persiguió a los escritores, artistas, científicos y pensadores más destacados, allá en los años treinta del siglo anterior, tanto en Alemania como en Italia, y en la España Franquista surgida de la guerra civil. Sucede ahora que el “nuevo”, con sus próceres mucho menos ilustrados que los de entonces, disfrazado con un “ropaje democrático” dada su cobardía y mediocridad, quiere aprovecharse de nuestra perplejidad, de nuestras dudas sobre el desafío que nos han lanzado sobre la mesa. Como recordaba Karl Jaspers, en el título de una de sus obras más famosas, nos encontramos, de nuevo, frente al incesante desafío que experimenta la razón frente a sus enemigos.

Dado este panorama, y asumiéndolo en todos sus alcances, es que estamos en capacidad de afirmar que Costa Rica se encuentra atravesando uno de sus momentos históricos más sombríos, al cabo de muchas décadas, en medio de un clima social y político sólo comparable, en gran medida, al propiciado por aquella dictadura que el pueblo costarricense tuvo que derrotar en las calles de San José, durante la segunda mitad del año de 1919. Debemos estar preparados para defender la democracia verdadera, la libertad y la autonomía universitaria, como uno de los ámbitos esenciales de la libertad de pensamiento y de los derechos esenciales del pueblo costarricense; pues sucede, al parecer que como en el mito de Sísifo, al que hacía alusión Albert Camus en una de sus obras más conocidas, estamos condenados a volver hacia el fondo del abismo, y llevar de nuevo esa gran roca de la libertad hasta la cima de la montaña, nunca podremos estar seguros de haberla conquistado, de una manera definitiva.

* Sociólogo y escritor.

ONU: “Para prevenir nuevas pandemias hay que cambiar el modelo agrícola que deforesta y destruye la biodiversidad»

  • En Costa Rica el sector piñero ha invadido 16.385 hectáreas de humedales y ha deforestado 5.500 hectáreas de cobertura forestal;
  • Al menos 1.300 hectáreas de Áreas Silvestres Protegidas han sido invadidos por piña.

(8/07/2020). El Programa para el Medio Ambiente de la Naciones Unidas (PNUMA) pone el foco en el avance de la agricultura industrial factor que podría desencadenar nuevas pandemias en el futuro y llama a cambiar el modelo agrícola que deforesta y destruye la biodiversidad.

El informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión es un esfuerzo conjunto del (PNUMA) y el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI, por sus siglas en inglés).  El reporte identifica siete tendencias que impulsan la creciente aparición de las zoonosis, entre éstas, la mayor demanda de proteína animal, el aumento de la agricultura intensiva e insostenible, la explotación de la vida silvestre y la crisis climática.

En Costa Rica el según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2019 el 87% de la superficie cultivada en el país está ocupada por monocultivos intensivos. Solamente entre 2001 y 2015 la industria piñera deforestó más de 5.500 hectáreas de según información del Proyecto de Monitoreo del Paisaje Productivo (www.mocupp.org).

Además se registra en Costa Rica la perdida de bosques avanza fuertemente de la mano de la expansión piñera. El último informe del Estado de la Nación de 2019 reveló, utilizando datos satelitales, que 3.824 hectáreas de piña invadieron áreas protegidas y 16.385 hectáreas invadieron humedales.

La lucha contra la expansión piñera cumple casi dos décadas denunciando los abusos de las empresas y entidades estatales aliadas de este modelo insostenible. Cientos de comunidades se han visto impactadas por las fumigaciones y los impactos a la salud de las personas que viven y trabajan en las plantaciones son evidentes y pueden ser más graves conforme pasen más años de exposición a estas sustancias.

Esta semana el Ministerio de Ambiente y Energía ha publicado la Directriz No-0006-2020 que reafirma lo existente en el marco normativo nacional sobre conservación y señala que las actividades agroindustriales dentro de las Áreas Silvestres Protegidas deben de salir de dichas zonas. Les da un año a las empresas de agronegocio para hacer efectivo el cese de estas actividades ilegales. Es un paso en la dirección correcta pero insuficiente para proteger la salud humana, ambiental y de los ecosistemas.

Es un error pensar en la re-activación económica continuando con un modelo de agricultura basado los monocultivos, los paquetes tecnológicos de agrovenenos y destrucción de la biodiversidad. Hay que implementar modos de producción de alimentos basados en la agroecología el cuido del bosque y la biodiversidad.

Henry Picado Cerdas. Es apicultor y agricultor miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad y Federación Ecologista FECON

Referencias:

1)        La salud humana, animal y ambiental debe considerarse una sola para prevenir la próxima pandemia. https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-salud-humana-animal-y-ambiental-debe-considerarse-una

2)        Informe Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión https://www.unenvironment.org/es/resources/report/preventing-future-zoonotic-disease-outbreaks-protecting-environment-animals-and

3)        Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 https://www.inec.cr/encuesta-nacional-agropecuaria

4)        MOCUPP http://www.mocupp.org/

5)        Investigación Base del Informe del Estado de la Nación. https://estadonacion.or.cr/wp-content/uploads/2019/12/Gonzalez-V.-2019.-Piña.pdf

6)        Directriz MINAE No-0006-2020 https://feconcr.com/wp-content/uploads/2020/07/NO-MONOCULTIVOS.pdf