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Autor: Hector Ferlini Salazar

Publican cuaderno Acerca del Proyecto de Empleo Público

Las organizaciones sindicales UNDECA, BUSSCO y FSM publicaron el cuaderno: Acerca del proyecto de Empleo Público. Derecho de la función pública del enemigo, que contiene una compilación de artículos del especialista en derecho laboral Manuel Hernández.

SURCOS comparte esta producción que aborda un análisis de los elementos que llevan a constituir una nueva superestructura política normativa.

La presentación de este documento expone:

«En el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, el Gobierno de la República se comprometió a tramitar un proyecto regulatorio de la gobernanza del empleo público.

En atención a este compromiso, el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, en el primer semestre de 2019, el denominado Proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente N° 21.336.

Más recientemente, en el contexto de la crisis fiscal, este proyecto se ha convertido en moneda de canje para negociar un préstamo con el FMI por el monto de $1.750.000.

El proyecto se tramita a ritmo motorizado, que ha experimentado un desarrollo en clave regresiva, en una suerte de evolución genética degenerativa, que viene a consumar, a estas alturas del procedimiento parlamentario, una especie monstruosa de Frankenstein legislativo, absolutamente impresentable.

Totalmente impresentable porque, por una parte, violenta la arquitectura constitucional democrática de nuestro ordenamiento jurídico, y, por otra parte, vulnera los derechos fundamentales de las y los servidores que laboran en la Administración Pública.

Este proyecto, junto con la aprobada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, a finales de 2018, y la contrarreforma del Código de Trabajo, contenida en la Ley N° 9808, de 21 de enero de 2020, que en términos generales prohibió la huelga en los servicios públicos, constituye la nueva superestructura política normativa, que el bloque de poder hegemónico requiere para metabolizar y consolidar el modelo económico neoliberal.

Este Cuaderno acerca del Proyecto de Empleo Público contiene una selección de artículos, que, desde una perspectiva jurídica–política, examina, al hilo de su desarrollo legislativo, el contenido y los alcances de dicho proyecto, que viene a consolidar el Derecho de la función pública del enemigo.

Se configura este Derecho o antiderecho político, porque conjuntamente con aquellas leyes, se crea un régimen de excepción, autoritario, antidemocrático, que expulsa del ordenamiento jurídico los derechos de ciudadanía social de los y las servidoras públicas, particularmente los derechos colectivos, cuyo régimen se radica en una construcción cultural de odio y violencia institucional contra este colectivo laboral.

El Derecho de la función pública del enemigo representa un desafío histórico que los sindicatos tendrán que asumir».

SURCOS comparte el documento para descargar en formato PDF:

Un país extraño

Memo Acuña, (sociólogo y escritor costarricense)

El día 2 de febrero el presidente estadounidense Joe Biden firmó una segunda ronda de órdenes ejecutivas vinculadas con la migración. En el marco de la estrategia para transformar la política migratoria impulsada por su antecesor, la administración Biden-Harris ha delineado un conjunto de disposiciones que proponen, al menos en teoría, cambiar la estructura institucional y normativa diseñada para disuadir la migración e implementar un enfoque punitivo y castigador en particular para aquellos que cruzan las fronteras en condiciones irregulares.

La retórica de las disposiciones, su lenguaje técnico y a veces, muchas veces, frío y distante, continúa superponiendo su sentido ante una realidad compleja, difícil, absolutamente dura para cientos de miles de personas que desde Centroamérica ven en la movilidad una acción urgente para salvar sus vidas, continuarlas.

Entre las directivas emitidas por el presidente estadounidense se encuentra » creando un marco regional para atender las causas de la migración, para atender la migración entre Norte y Centroamérica y para proveer un proceso de asilo seguro y ordenado en la frontera de Estados Unidos». En síntesis, emite un conjunto de acciones para «revisar», por ahora, políticas en materia de control fronterizo, expulsiones en frontera, el sistema de asilo.

En mucho, dichas orientaciones importan a las migraciones centroamericanas, que un día si y otro también continúan saliendo a pesar de la crisis sanitaria, las disposiciones de confinamiento, las prohibiciones administrativas y securitarias para cruzar las fronteras internacionales. Importan también porque las necesidades y las urgencias para básicamente ejercer el derecho humano de «vivir», no pueden esperar los acomodos, los lobbys políticos, los acuerdos y desacuerdos de las bancadas demócrata y republicana.

La pobreza, la desigualdad, el extractivismo empresarial, los impactos socioambientales, la corrupción impune, la relación trenzada y amañada entre élites y actores políticos y las múltiples violencias que campean en toda la región centroamericana, son determinantes como condiciones causales de la expulsión.

Contar estas dimensiones políticas y sociales de la movilidad humana en la región centroamericana ha sido una labor amplia y sistemática de la academia regional. Sus lecturas, sus reflexiones e interpretaciones son necesarias para ubicar motivos, efectos, implicaciones tanto desde el punto de vista subjetivo como estructural.

Pero esta labor no es suficiente, porque a la dimensión analítica debe complementarla otra narrativa posible. En anteriores columnas hablamos de esas otras posibilidades como la comunicación implicada y producida en la región, por ejemplo.

Al tiempo que Biden estampaba su firma en estas órdenes ejecutivas, desde la región se presentaban esfuerzos desde la «poética de los exilios» para decir, con imágenes certeras y profundas, lo que la perspectiva académica puede contar desde la teoría y la epistemología de los desarraigos. Una y otras son necesarias, complementarias, precisas.

Desde El Salvador, el recién lanzado proyecto editorial virtual «El escarabajo» (elescarabajo.com.sv) publicó un numero especial titulado «Vámonos patria a migrar, yo te acompaño», incluyendo una selección poética producida desde la región sobre el tema. El nombre de la edición proviene de un verso del poeta Chiapaneco Balam Rodrigo incluido en su «Libro Centroamericano de los muertos», publicado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica y ganador del prestigioso «Premio Bellas Artes de Poesía Aguas Calientes» en México, ese mismo año. En este libro, el escritor precisa con maestría y crudeza la realidad del tránsito de las migraciones centroamericanas a través de territorio mexicano.

En el número especial de El Escarabajo confluyen voces, estilos, propuestas, narrativas diversas. Es el caso del escritor salvadoreño Vladimir Amaya, de quien consignamos uno de sus textos.

Viajar en bolsa plástica

Madre:
la mañana te recuerda
que anocheció en mi frente,
que muy poco de mí ha quedado en las fotografías,
que mucho de vos se ha gastado entre las noticias y el papeleo.

Tan escaso ahora todo mi cariño
que no alcanza a descubrirte el retozo;
perdió asombro y altura
entre los alacranes y la hierba seca del desierto.
Extranjeros mis días que ya no son míos ni son días.

Son los peces que tienen por ojos lenguas de niños
y que un ángel, en sueños, puso sobre tu mesa la madrugada en que me fui.

Aquí se echa de menos
lo cálido que fue tu vientre.

«Regresaré,
serán doce meses,
a lo mucho un año y medio», te dije.

Pero no me escuchaste,
todas mis palabras eran el devastador paso de un tren que aullaba.

Las lágrimas que ya no pude entregarte,
seguro las lloraste vos.

«Regresaré», dije.

No pude llegar. Jamás lo hice.

Hoy abrí esta placenta de nuestra muerte.

Abrí este útero donde los hombres pusieron mis pedazos
y me catalogaron en los imperios de la ausencia.

Hacé que el viaje termine, madre.

Abrí la noche de mis ojos cerrados.

Reconoceme,
deciles que soy yo,
y llevame a casa.

La misma semana en que esta selección vió la luz, fue presentado el Libro «Llévate los sueños, déjame los recuerdos» de la poeta mexicana Chary Gumeta. El libro, publicado por Coneculta-Chiapas, expone desde la poesía testimonial, las vivencias recogidas por la autora en una investigación en campo en la frontera entre México y Guatemala. De su libro, es el siguiente poema:

Un país extraño

Bajo el cielo azul de un país extraño
te busco en la profundidad de mis adentros,
en cada mujer que veo pasar por este bosque de miradas,
en cada olor, sonrisa o lugar, te busco.

Al final,
con la sal entre las manos
sé que te he perdido,
la sensación de vacío repasa mi mente,
tu rostro se desmorona,
hace un ruido silencioso
como un sollozo.

Aprenderé a no pensar
en tu larga cabellera con olor a duraznos
y en tu rostro, donde se posa la tarde.

El amor es un huérfano que camina solo por las calles.

Hoy más que nunca precisamos otras formas de acercanos a la realidad centroamericana, objetivarla desde las narrativas que nos atraviesen la epidermis y nos hagan abrir los ojos. En el tema migratorio, aguardaremos por el arte como recurso para no volver a cerrrarlos más.

Imagen: https://elescarabajo.com.sv/

El emblemático ministro Garnier

El ministro André Garnier pertenece al grupo empresarial más poderoso del país y está en el Gobierno de Alvarado para representar y defender directamente sus intereses. Garnier es el prototipo del Gran Empresariado Costarricense agrupado ya no en Cámaras sino en asociaciones, fundaciones o grupos donde solo están los verdaderamente ricos. André Garnier resume en sí mismo las principales características de ese grupo.

1-. Son reacios a pagar impuestos. El canon por las “casas de lujo” al decir del director de Tributación es de los más difíciles de cobrar. Se acogen a recursos, interpretaciones con tal de disminuir o eludir el pago de impuestos de cualquier naturaleza. Por esta razón es que la elusión y evasión es mayor a un 4% del PIB, según cifras oficiales.

2-. Tratan de pagar salarios muy bajos. Como lo dijo Garnier el salario mínimo en Costa Rica es muy alto. Su objetivo es pagar los salarios más bajos que sea posible y para ello recurren a la tercerización de tareas como la forma más efectiva de acrecentar sus patrimonios o a la flexibilización laboral.

3-. Manejan sus patrimonios fuera del país. El ministro Garnier reconoció sin enojo alguno que buena parte de sus recursos patrimoniales están colocados fuera del país. Los papeles de Panamá evidenciaron esa realidad para todo un grupo grande y poderoso que ubican su riqueza en paraísos fiscales. De esta manera no pagan los impuestos que deberían al fisco costarricense y tampoco cuando repatrían esas ganancias.

4-. Critican al Estado, pero viven a su sombra. Este poderoso empresariado son críticos del Estado cuando se habla de un Estado solidario o de bienestar, pero siempre están usufructuando de él que les da o ha dado subsidios para amansar sus grandes fortunas a través de contrataciones millonarias, licitaciones, subsidios al turismo, a la banca, a los bananeros, piñeros, exoneraciones a las de zonas francas o la construcción de infraestructura al servicio de sus negocios.

5-. Adoran el mercado libre, pero odian la competencia. Hablan mucho de las bondades de la competencia, pero controlan sus negocios de manera monopólica u oligopólica, ahogando a los potenciales competentes.

El ministro Garnier recoge en su persona las principales características de este grupo que son los verdaderos privilegiados del país.

El asunto se redondea sabiendo que son insaciables cuando se trata de concentrar riqueza y que ello siempre será a costa de otros.

Representan a ese 1% costarricense.

A propósito del Día Mundial de los Humedales: Humedal Urbano Laguna de Chacarita

Guillermo Dinarte García *

Entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 1971 tuvo lugar la celebración de la Conferencia Internacional sobre Conservación de Zonas Húmedas y Aves Acuáticas de Ramsar, a orillas del mar Caspio, en Irán, en donde se fraguó lo que a día de hoy sigue siendo el único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular, el denominado Convenio Ramsar.

A pesar de que considero la historia de agresiones y degradación es harto conocida por los tomadores de decisión y la población puntarenense, para este 2 de febrero del 2021 al celebrarse el Día Mundial de los Humedales en el marco del Convenio Ramsar (que cumple su 50 aniversario) he querido llamar la atención una vez más sobre dos importantes humedales urbanos nuestros: El Humedal (salobre) Laguna de Chacarita y El Humedal (reservorio de agua dulce) Laguna Bonilla.

Los humedales son los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, permanentes o temporales, lenticos o loticos, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en marea baja. (Art. 40, de la Ley Orgánica del Ambiente.1996).

Para efectos de este artículo me concentraré en el primero, en virtud de acciones próximas a emprender.

El Humedal Urbano Laguna de Chacarita

Este ecosistema se encuentra en el distrito doceavo del cantón central de la provincia Puntarenas, conocido como La Gran Chacarita, sobre la carretera principal Alberto Echandi Montero, entre el costado oeste del cementerio municipal y la Ciudadela El Porvenir.

Descripción

El Humedal Urbano Laguna de Chacarita es el remanente de los esteros y manglares rellenados después del abandono del botadero municipal ubicado en La Angostura y las ocupaciónes de precaristas en los predios de Chacarita. Tiene una extensión aproximada de 3 hectáreas y se encuentra unida al estero de Chacarita a través de un canal natural que permite el flujo y reflujo del agua. Este humedal está rodeada aún por un bosque de mangle que constituye un dormitorio y área de alimentación para aves acuáticas de varias especies, así como de una variada flora local.

Observaciones de campo y mapas de la ciudad, preguntas a vecinos y dirigentes comunales, lecturas de pequeños artículos, así como entrevistas dirigidas a diferentes actores en algunas instituciones, indican que el Humedal Laguna de Chacarita hace aproximadamente cincuenta años formaba parte de una gran masa de manglar que se extendía desde el Cementerio Municipal hasta el sector conocido como “La Angostura” en un área aproximada de dos kilómetros de largo por medio kilómetro de ancho.

Importancia de este humedal

Ha sido un criadero natural de peces y camarones, los que son utilizados mayormente en su fase larval y juvenil por los pescadores como carnada viva para pescar. Además, es área de pernoctación de aves marinas muy propias de la vertiente del pacífico de nuestro país, que han hecho de este sitio en particular su dormitorio, a pesar de las migraciones estacionales. En determinados periodos se ha obtenido avistamientos de hasta 20 diferentes especies de aves marinas.

La vegetación en los alrededores está compuesta principalmente por mangle mariquita (Laguncularia racenosa), mangle salado (Avicenia germinan), y botoncillo (Conocarpus erecta). Existen otros árboles plantados como almendro de playa (Terminalia cattapa), árboles de guindas.

Sirve como sitio de reproducción de camarones (blanco juvenil y concha dura), cangrejos (tajalines y marineras), peces pequeñitos (unos llamados “chovotes” por los vecinos y otros sardinas “ojo blanco”). También se ha visto Sariguellas (o zorro pelón), palomas de castilla, garrobos, tortugas de tierra, y hasta se ha mencionado un cocodrilo mediano que entra y sale con las altas mareas.

Problemática encontrada

Falta de controles en cuanto a construcción de edificaciones, debido a invasiones precaristas mediante las cuales se fueron ubicando una serie de barriadas populares, provocaron extrangulamiento y la asfixia del área verde hasta reducir la laguna en poco menos de medio kilómetro cuadrado, dejando tan solo un pequeño parche de bosque.

El humedal siempre ha estado amenazado por las actividades humanas desarrolladas en el lugar que provocan una fuerte contaminación, por mal manejo de residuos sólidos, por aguas servidas (incluidas aguas crudas o negras de las descargas sanitarias), quemas, deforestación, relleno con escombros, residuos de plomo en determinada ocasión provenientes de una fábrica de extracción casera y gran cantidad de basura no tradicional que es acumulada por toneladas durante el año.

Se carece de protección efectiva tanto de la flora como de la fauna, de educación a nivel comunal sobre el sitio en sí y su caracterización e importancia como reducto de un otrora pulmón de la ciudad, que procure la concientización general sobre su condición y sus implicaciones para el entorno inmediato.

Además, antiguas administraciones de la Municipalidad de Puntarenas con la intención de expandir hacia el oeste el área del cementerio, hicieron un relleno dentro de la laguna dividiendo la misma en dos secciones (la laguna oeste y la este), con lo cual se interrumpio el discurrir natural del agua de la laguna oeste a la laguna este, causando que esta última se secara y por falta de oxigenación sufriera un proceso de eutroficación entre los años 1997 a 2004. Con el agravante que en ese sector es donde dormían la mayoría de aves liberando sus excrementos y provocando la muerte del manglar y limitando la vida de la misma.

Por esa acción de rellenar la laguna y dada su importancia, en el año 1997 se emitió una ordenanza en el Concejo Municipal de Puntarenas declarando dedicar este humedal, a un Refugio de Vida Silvestre (Acuerdo de Sesión Ordinaria N°. 499 del 5 de noviembre de 1997, Art. 4° Inciso E, por moción de los regidores Jorge Eduardo Acon Li, Chepita Falcón Calero y Guillermo Dinarte García).

Procesos que se realizan

Ante esa situación y a pesar de la poca ayuda estatal y de otras fuentes, especialmente en el aspecto económico, entre los años 2000 al 2005 se realizaron grandes esfuerzos por evitat la desasparición de este humedal, a través de campañas de limpieza promovidas y coordinadas por dos importantes organizaciones: La Comisión Interistitucional Salvemos El Estero (Liderada por el Biólogo Berny Marín de INCOPESCA), y La Asociación Cultural y Ecologísta de Pueblo Redondo (ACEPUR), con estudiantes del Liceo de Chacarita y Liceo José Martí Nocturno, y el apoyo de La Asociación Comunidades Usuarias del Golfo de Nicoya (CEUS del Golfo) y La Red de Salud Comunitaria Chacarita Roble Barranca. Fue así como, gracias a la intervención de los vecinos y las organizaciones anotadas, se logró revertir el proceso degenerativo a partir del año 2002 con las campañas de limpieza y siembra de arbolitos cada seis meses, con la decidida participación de personas como Adriano Medina, Carmen Nuñez, Elécer Abarca, Miguel Bravo, Gerardo Rojas, Sonia Torres, Manuel Maffio, Guillermo Dinarte, Manuel Segura, entre otros tantos voluntarios.

Campañas que aún se realizan de manera esporádica (no calendarizadas) por otros actores sociales, como los estudiantes de TCU de las Universidades Públicas, el colectivo Puerto Limpio y la Municipalidad de Puntarenas, entre otras.

Conclusiones

Aún existe falta de concientización ecológica de la población aledaña a la zona, donde fueron construidos casas y pequeños negocios cerca de la laguna y han tomado esta área como basurero.

El Humedal Urbano Laguna de Chacarita es un ecosistema importante en los ciclos de vida de diferentes especies de aves marinas y otras criaturas terrestres. Por sí sola la laguna es un atractivo turístico potencial para el Cantón Central de Puntarenas, desconocido como tal por propios y extraños.

La contaminación en esta zona y su aislamiento ha puesto en serio peligro el ecosistema que ahí se encuentra y por lo tanto la permanencia de las aves a las cuales sirve de refugio.

Sin embargo, no existe una bien estructurada campaña de divulgación y educación de la población, ni a nivel literario ni a nivel gráfico. Por lo que se requiere implementar la estrategia propuesta y financiar el diseño y reproducción del material específico para empezar el proceso planteado en procura del rescate y conservación de esta interesante área.

Recomendaciones

Diseñar una campaña de información para concientizar a la población sobre la importancia ecológica y turística del área en estudio y despertar en ella la necesidad de proteger y hacer uso sostenible de los recursos naturales.

Buscar financiamiento oportuno para una distribución masiva de material educativo, en dos frentes bien definidos: a nivel de la comunidad aledaña al humedal y a nivel de los centros educativos del distrito, como primera medida.

Incentivar a los educadores y grupos organizados para que realicen visitas de campo y trabajo extra-clases que permitan a los educandos conocer de cerca el humedal y los ciclos de vida de las especies de aves más permanentes.

Elaborar un Programa de limpieza permanente que contemple al menos cuatro campañas en cronograma anual, debidamente coordinado y financiado a nivel de instituciones públicas para dar sostenibilidad como área fijadora de carbono y productora de oxígeno, manteniendo su importancia como purificador natural y permanente del aire para las áreas aledañas, que sufren por la polución y el monóxido de alrededor de 17 mil vehículos circulando a diario en su extremo sur por ruta nacional número 17 (Brenes Diego, Tesis de Maestría). Esas campañas pueden disminuir con el tiempo en la medida que logre un aceptable nivel de concientización que disminuya la permanente deposición de desechos.

Valorar soluciones de tipo sanitario alrededor por aguas negras y otras y hasta replantearse reubicación de viviendas que obstruyen el canal de acceso.

Buscar la declaratoria del Humedal Laguna de Chacarita como atractivo turístico desconocido como tal para propios y extraños.

* Gestor Local.

“Las verdades sobre el Empleo Público”

Disfrute de la nueva temporada del programa de análisis ‘Desde la Otra Acera’, con nuevas secciones: La Presidenta de APSE, Zaray Esquivel Molina, nos ofrece el Editorial “Hablemos claro sobre el empleo público”.

Sofía Guillén entrevistó a los diputados José María Villalta, Jose Heriberto Abarca y a la diputada Shirley Díaz sobre los movimientos del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Además, salimos a la calle para conocer la percepción de la gente sobre las personas servidoras públicas. No se lo puede perder.

Enviado a SURCOS por APSE.

El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Francisco Esquivel V. Enero, 2021*

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La herramienta para lograr tales recortes han sido las modificaciones a las tablas de cotización que deben pagar estos pensionados. Esa cotización sólo se aplica a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y al Régimen de Pensiones del Poder Judicial. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Al respecto se ha demostrado que estos recortes no afectan sustancialmente a las pensiones más altas, sino que su efecto se limita a reducir de manera violenta las pensiones intermedias que se oscilan entre 2 y 4 millones de colones. Esto produce un efecto regresivo en las pensiones que superan los 2 millones: pagan más los jubilados que tienen pensiones menores a 4 millones, mientras que las pensiones mayores se afectan de manera más reducida porque existe un blindaje, justificado, que impide que el total de las cotizaciones sobre una pensión sea superior al 50% del monto bruto de la misma. El autor de este documento ha hecho un análisis detallado de la aberración producida por la ley 9796 (https://www.franciscoesquivel.com/notas-y-comentarios/2020/5/22/53ly73hxxv0rgbh0fgmnb9dtclzuql).

Además, los montos recaudados por estas reformas sobre las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional no son significativos. Por ejemplo, la recaudación que logra la ley 9796 no pasa del 2% del total de las pensiones pagadas en el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), que es el régimen más grande de los mencionados. Es decir, son montos mínimos que no ayudan a una solidez financiera de estas pensiones. En el caso del RTR la verdadera causa del déficit de ese régimen son los incumplimientos del Gobierno, desde la creación del sistema en 1958. A lo largo de 63 años, el Gobierno no ha aportado la contribución que debe hacer por ley, lo que se agrava por el hecho de que las cuotas aportadas por los docentes han sido usadas para otras cosas diferentes al sistema de pensiones.

De esta manera, la política fiscal golpea las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos con ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos 6% del PIB adicional, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Como la regla fiscal, aprobada a fines de 2018, contempla el congelamiento de los salarios de los empleados públicos, cuando el nivel de la deuda del Gobierno Central pasa del 60% del Producto Interno Bruto (PIB), ahora se quiere aplicar lo mismo para las pensiones mencionadas. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

En este documento demostraremos que los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos con el monto bruto de las pensiones. Pero, si se consideran las diferentes deducciones a que están sujetas las pensiones, se observará que hay una pérdida de recaudación “indirecta” en las cotizaciones que se hacen a estos regímenes de pensiones, en el impuesto sobre la renta, en el pago de las cuotas al seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y en otras deducciones similares. Es decir, si se observa el efecto total del congelamiento en la pensión neta, se darán cuenta que calcular el ahorro considerando sólo la pensión bruta es un ejercicio fantasioso que está totalmente desligado de la realidad. Además, el ahorro generado es un monto muy reducido si se compara con el PIB.

Asimismo, mostraremos que ese congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Las pensiones menores a 1,5 millones sufrirán una disminución importante, principalmente si la inflación es relativamente alta como 5% ó 10%.

Este efecto, unido al hecho de que las pensiones bajas son la mayor parte de las jubilaciones afectadas por el congelamiento, hace que la mayor parte del ahorro recaiga sobre tales pensiones. Otra aberración producida por el fanatismo fiscal de los últimos 33 meses, que descarga el costo del ajuste fiscal sobre los segmentos más pobres de la población.

Descargue el documento en formato PDF para ver todo el análisis con los gráficos y un cuadro aportados por el autor.

* Documento compartido por Freddy Pacheco León.

La baja en el contagio por COVID-19 y la lógica mercantil

Marcos Chinchilla Montes

Los datos reflejan una importante caída de contagios de COVID-19 en la población costarricense en las últimas dos semanas; si bien aún no hay una explicación certera del por qué, pudiera ser que la población se esté cuidando más, y que los llamados de las autoridades de salud han llegado a buen puerto. El virus es real, y ya muchas personas tenemos experiencias cercanas de conocidos, amistades o familiares que se han contagiado o que han muerto; eso es aleccionador para muchos, la muerte toca en la puerta del vecino.

Mientras tanto, en Europa, Estados Unidos de América, Perú, México, Brasil y Panamá por solo citar a algunos países, la situación ha sido explosiva por el aumento de contagios y muertes (un manejo deplorable y vergonzoso). A esto se suman los contagios de las cepas inglesa, brasileña, sudafricana y aparentemente, una recién identificada en California.

¿Tendrán nuestras autoridades la capacidad de aprovechar esa baja en los contagios para implementar medidas que nos permitan anticiparnos a la segunda ola?, misma que parece estará determinada por esas cepas más contagiosas.

Semanas atrás cuando se le preguntó al Ministro de Salud sobre la cepa inglesa, afirmó que no tenían sentido nuevos cierres o medidas adicionales, pues posiblemente la cepa ya estaba circulando en el país.

Desaprovechar esa oportunidad para prepararnos mejor, es un indicador de que aprendimos poco o nada, y que la lógica mercantil es la que lamentablemente se ha impuesto en la atención de la pandemia.

El proyecto de empleo público

Óscar Madrigal

El proyecto de Empleo Público obedece a una concepción ideológica absolutamente neoliberal que se orienta no solo directamente contra los empleados públicos, sino contra el Estado de Bienestar. Es en consecuencia un proyecto ideológico impulsado especialmente por el Partido Liberación Nacional, el PUSC, el PAC, los ramashekos en sus dos variantes y algunos independientes. Según el presidente Alvarado, hay que vacunar a los diputados para que continúen su trabajo, sea de desmantelamiento de nuestro Estado de Bienestar.

Lo primero que se debe aclarar es que su fin no es fiscalista, no busca resolver el problema de las finanzas nacionales porque, como lo ha dicho hasta Rocío Aguilar, los empleados públicos no son el problema del déficit. Además, el ahorro que dicen las autoridades de Hacienda que producirá el proyecto, no se debe principalmente a establecer un salario único o global, sino al congelamiento de los salarios de los funcionarios públicos por 12 años. El salario único en la administración va a producir de arranque un aumento de los gastos en salarios, por la sencilla razón que un trabajador que empieza a trabajar va a devengar un salario muy superior a otro que empezaría con salario base más pluses. Será hasta dentro de 15 años que un salario base con pluses se igualaría al salario único. Pero en ese entonces, el gasto de las finanzas ya habrá tenido que haberse equilibrado. El ahorro que se producirá proviene de la congelación salarial impuesta por más de una década a los trabajadores, pero no por el cambio del sistema de pago. Congelar salarios, lógicamente, si producirá el ahorro planteado.

El proyecto crea trabajadores con salarios más altos que otros con funciones iguales. Más de 25.000 trabajadores con salario compuesto, recibirán un salario bastante menor que los trabajadores con salario único, haciendo las mismas funciones. Algunos tendrían un salario de ¢200.000 menos por mes. Este asunto no solo refleja la injusticia del proyecto sino lo que cualquiera entiende, que con el salario único en los primeros 10 o 15 años el gasto salarial del Estado será mayor.

Por otra parte, el proyecto propone eliminar las convenciones colectivas en la práctica, porque solo las limitarán a asuntos menores, dejando de lado la reivindicación principal de todo trabajador, la negociación salarial.

El proyecto propone eliminar el consejo salarial del sector público con participación sindical que se encarga de negociar los aumentos salariales por costo de vida, para dejarlo en manos de grupos indefinidos.

Además, se propone que se pueda hacer una reorganización de una institución, sea la posibilidad de disminución de personal o el cierre de departamentos o secciones con menos requisitos y sin los estímulos que actualmente se exigen para llevarla a cabo. Por esta vía se cierran partes importantes de instituciones.

También se propone introducir un sistema de dirección del personal de toda la administración pública, dirigida por el Servicio Civil, cuyo jerarca será nombrado por la Asamblea Legislativa. De esta manera regresamos al estado anterior a la actual Constitución que garantiza que los puestos públicos no son un botín político.

El proyecto de empleo público está enmarcado dentro de las políticas de reforma fiscal, pero va más allá. Es una regresión en derecho democráticos y facilita el desmantelamiento de instituciones del Estado. Por ello este proyecto no solo afecta a los empleados públicos sino a todos sectores sociales.

Y el ataque continúa.

La Constitución Política de MIDEPLAN

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

Despidos colectivos a la carta y al por mayor

Manuel Hernández

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público tiene cuatro objetivos: el primero, de carácter político, otro fiscalista, el tercero, de corte antisindical.

Pero, además, sobresale el cuarto objetivo, cuyo propósito es acelerar el desmantelamiento del Estado y la privatización de los servicios públicos.

Una de las herramientas diseñadas para alcanzar este espurio objetivo es la desregulación y flexibilización de los procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas.

Esta flexibilización se consolida aún más con la exorbitante moción que aprobó la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, el día de hoy, que relajó el correspondiente requisito, bastando que la reorganización afecte por lo menos el 50% de los servidores de la respectiva dependencia pública, en lugar del 60% que exigió el anterior texto dictaminado.

De esta forma, por una parte, se facilitan, como en feria al por mayor, los despidos colectivos, que será suficiente, y nada más, cualquier remedo de estudio “técnico”, para justificar la pretendida reorganización institucional, con el consecuente sacrificio masivo de los empleos.

Por otra parte, a expensas de la reestructuración, se desmantelan los servicios que presta la institución o entidad a la comunidad.

Además, las indemnizaciones tendrán un costo muy barato, porque la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635, derogó varias normas del Estatuto de Servicio Civil, que dispusieron que a los cesados por los anteriores motivos, les correspondía una indemnización tasada, a razón de un mes por cada año de servicio prestado. En lugar de estas normas derogadas, se ha interpretado que la regla que ahora aplica es la contenida en el artículo 29 del Código de Trabajo, que preceptúa un tope de 8 años, norma a la que expresamente remite la Ley N° 9635.

Por último, es importante recordar que el Memorando Técnico de OIT, rendido a solicitud de la misma Comisión Legislativa, advirtió los alcances de esta lesiva propuesta legislativa y recomendó la inclusión de un mecanismo de consulta previa con las organizaciones representativas de las y los trabajadores, cuando la Administración pretende cesar personal por motivos económicos o estructurales.

Esta recomendación de la prestigiosa OIT fue totalmente despreciada por la comisión legislativa -como la gran mayoría de las observaciones y recomendaciones de ese memorando, que tuvieron la misma desafortunada suerte-, dejándose a las y los servidores en una situación totalmente vulnerable y sin ninguna clase de protección legal.

En conclusión, con esta regulación se expulsa de nuestro ordenamiento la estabilidad laboral de los y las funcionarias públicas, cuyo derecho subjetivo se elimina y sustituye por un régimen abusivo de despido colectivo, a la carta, unilateralista, a libre discreción de la Administración, sin garantías de protección para el servidor, devaluado, excluyéndose toda instancia de consulta a los sindicatos que representan los intereses colectivos de las personas trabajadoras afectadas.

Así, se consuma el derrumbe de la institucionalidad pública y la afectación del sistema democrático, porque los servicios públicos constituyen la infraestructura de la democracia.

De esta manera, avanza incontenible, en clave cada vez más regresiva, la consolidación del Derecho de la Función Pública del Enemigo, fundado en la construcción ideológica de una cultura de odio y violencia institucional contra la clase trabajadora del sector público.

27/01/2021