El grupo de trabajo de CLACSO Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano invita al foro virtual La geografía critica latinoamericana frente a la crisis mundial de Covid·19.
Es hoy miércoles 10 de junio a las 16 horas de Costa Rica.
Vía: Facebook Live
@pensamientogeocriticolalinoamericano
Puede ver el detalle de las personas participantes en el siguiente afiche:
La Confederación de Trabajadores Rerum Novarum solicitó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte Romero, que se active la protección para la dirigenvia del recién constituido Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).
Una nota firmada por el secretario general de la CTRN, Mario Rojas Vílchez, señala:
“El pasado 7 de junio de 2020, se constituyó el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), que lo conforman trabajadores de AMP Terminals y Rada Maersk, entre otras empresas”.
“El sindicato, desde su Asamblea Constitutiva tomó la decisión de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), por lo que desde ya solicitamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar su inmediata inscripción y a su vez autorizarles a sus constituyentes el fuero de protección sindical establecido en la legislación nacional y los convenios 87 y 98 de la OIT”.
El secretario general del Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA), Leslie Azofeifa Quintana, explica en este video la situación que viven en su lucha por asegurar sus derechos laborales:
Posicionamiento de las universidades latinoamericanas y caribeñas tras la reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Declaración.
En el marco de la reunión Retos del sector educativo post pandemia: Encuentro Universitario Ministerial, convocada por la CELAC, se planteó que la propagación del virus Sars CoV 2 ha provocado una crisis sanitaria, económica y sobre todo humanitaria de inmensas proporciones que abarca a todo el planeta. Las estimaciones estadística s mencionan, a finales de mayo de 2020, más de 6 millones de casos confirmados y una cifra superior a 370 mil muertes, en el mundo. Además, el desempleo afecta a muchos millones de personas, la pobreza aumenta considerablemente y todo ello ha producido miseria y hambre. En este escenario, se intensificarán las tensiones nacionales, regionales e internacionales.
La crisis sanitaria, económica y humanitaria no podrá ser resuelta por la vía de propuestas aisladas. En el seno de cada país, se requerirán esfuerzos colectivos e integrales, con participación de todos los sectores, tanto públicos como privados.
Nadie ninguna persona, institución o empresa deberá quedarse fuera, ni en dar ni en recibir, según sus posibilidades y necesidades, con justicia y equidad.
En la dimensión regional e internacional, una economía interconectada en múltiples aspectos no podrá salir adelante sin la cooperación entre los Estados. La crisis sanitaria demuestra, con absoluta claridad, que la interconexión, en todas las direccione s y latitudes, nos incorpora en una especie de burbuja planetaria, de la cual somos parte.
En la sociedad global, cada país constituye un eslabón de muchas cadenas de procesos esenciales para todas las naciones, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, la preservación del medio ambiente, el aseguramiento de la salud pública, y muchos otros aspectos que abundan en cantidad. Debido al intenso intercambio de personas, bienes y servicios, lo que sucede en un país afecta necesariamente a muchos otros países, y las decisiones que un gobierno adopte tiene repercusiones sobre la salud, la economía y la vida de las personas dentro y fuera de sus fronteras.
Esta compleja imbricación de países, economías y poblaciones obliga a pensar en que es la hora de combinar la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación entre los países de la región latinoamericana y caribeña; a decir verdad, se trata de un reto que involucra a la humanidad entera.
Es también la hora de la compasión: de identificarnos con el sufrimiento ajeno; y es la hora de la generosidad, y de superar “el laberinto de la soledad” que sume a nuestros pueblos en el aislamiento, y de promover soluciones conjuntas que permitan visualizar soluciones a la actual crisis y una mejor vida para todas nuestras naciones y sus habitantes.
Con el fin de hacerle frente a esta pandemia e interrumpir la cadena de contagios, muchos países del mundo con notorias excepciones han instado a sus poblaciones a quedarse en casa. Esta no es una decisión fácil, sobre todo si se tiene en cuenta que la informalidad es una característica sobresaliente de nuestras economías y las personas deben salir a la calle a ganarse el sustento de cada día.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos, aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
Por otro lado, la propagación del virus ha significado ya un alto precio para la mayoría de los países del continente: el colapso de los sistemas de salud, los cuales deberían ser fortalecido s, no debilitados, para hacerle frente a las demandas actuales y futuras de la pandemia.
Al mismo tiempo, la medida de “quedarse en casa profundiza la crisis social, ejerce una enorme presión emocional sobre las personas y provoca una gran tensión sobre las actividades económicas. Estas circunstancias obligan a que las medidas sanitarias sean acompañadas de garantías básicas para la vida.
La ausencia de esas garantías conduce a la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento social y el hambre. Por esta razón, debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a toda la colectividad.
El mensaje debe entonces ser claro: nos quedamos en casa con el apoyo del Estado y toda la sociedad. Atendemos así las medidas de emergencia sanitaria, el cuidado de la vida de todas las personas, la necesidad de reactivar la economía y de preservar el orden social.
En virtud de lo expuesto, quienes suscribimos esta declaración, rectores y rectoras de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, reunidos con los representantes de los Estados que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (convocados por el Secretario de Relaciones Exteriores de México, presidente pro tempore de la CELAC, frente a la crisis sanitaria, económica y humanitaria provocada por la pandemia de COVID 19, manifestamos lo siguiente:
Por estas razones, luego del intercambio con los representantes de los Estados latinoamericanos y caribeños, hemos acordado los siguientes compromisos.
La finalidad será contribuir a alcanzar un manejo sustentable de los sistemas socioecológicos.
Exhortamos a nuestros gobiernos y a todas las universidades de la región a apoyar decididamente la construcción de un espacio universitario común para trabajar conjuntamente en la solución de estas problemáticas fundamentales de América Latina y el Caribe, acentuadas por la pandemia.
De manera enfática y respetuosa, solicitamos a los gobiernos de América Latina y del Caribe a crear un fondo especial de investigación científica e innovación tecnológica, con el fin de fortalecer las capacidades de generación y transmisión de conocimiento relevante y pertinente sobre los problemas de nuestra región.
Convocamos a todas las comunidades científicas de nuestros países a dedicar un espacio específico para el análisis profundo de este momento histórico y vislumbrar derroteros novedosos que aporten mayor dignidad a la vida de todos y todas. Con ello, los invitamos a contribuir con libertad a la toma de decisiones acertadas en favor del bienestar social.
Llamamos a crear, activar y fortalecer grupos y redes de trabajo que capitalicen los talentos y fortalezas de nuestras instituciones académicas y científicas para generar soluciones a las diversas problemáticas que se han abierto y profundizado en esta coyuntura crítica.
Es fundamental hacer sinergias entre los sectores público, privado, gubernamental y social para enfrentar decididamente la pandemia y sus lamentables efectos económicos y sociales. Requerimos fomentar coordinadamente una sociedad del cuidado, desde la escala familiar, con economías bajo control social, así como desincentivar actividades ambientalmente peligrosas que agravan la bioinseguridad.
Solicitamos a los gobiernos que alienten el diálogo continental, incluyendo pueblos y comunidades en el nivel local, regional y global como una estrategia primordial de resistencia frente al desgaste social que ha implicado la pandemia y las medidas de mitigación que se han implementado. Requerimos de todo ello con urgencia, con el fin de adoptar estrategias regionales y enfrentar conjuntamente los desafíos comunes.
Nuestras universidades conocen, dialogan, inciden, para transformar la realidad y hacerla más humana, justa, incluyente y sustentable.
5 de junio de 2020
Dr. Enrique Graue W, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Dra. Dolly Montoya, Rectora de la Universidad Nacional de Colombia y Presidenta de la UDUAL.
Dr. Henning Jensen, Ex-Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) y ex-Presidente de la UDUAL.
Mtro. David Fernández Dávalos, Rector de la Universidad Iberoamericana y Vicepresidente de la Región México de la UDUAL.
Dr. Hugo Juri, Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina y Vicepresidente de la Región Cono Sur de la UDUAL.
Dr. Marcial Rubio, Ex-Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mtra. Ramona Rodríguez, Rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua) y Vicepresidente de la Región Centroamérica de la UDUAL.
Dr. Carlos Alvarado Cerezo, Secretario Ejecutivo del Consejo Superior Universitario de Centroamérica (CSUCA).
Dr. Fernando Sempértegui, Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE).
Dra. Miriam Nicado, Rectora de la Universidad de La Habana (UH), Cuba.
Dr. Roberto Escalante, Secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).
Testigo de Honor
Mtro. Maximiliano Reyes Zuñiga, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (México).
Hernán Alvarado
Los reclamos y argumentos se han multiplicado contra la disparatada ley 9796, que ya suma más de 400 demandantes. Además ha movilizado a las principales organizaciones de trabajadores. Se oyen pasos de animal grande, mientras se acumula evidencia de que es otro autogol político del populismo reinante.
Una chispa podría encender la pradera
El Foro de presidentes y secretarios generales del Magisterio Nacional (constituido por representantes de ANDE, SEC, APSE, ADEP, AFUP, COLYPRO, AFITEC, SINDEU, UNEUNED y SITUN) ha hecho circular su «Rechazo rotundo a la unificación de los regímenes de pensiones». Ellos repasan la historia del régimen destacando el desfalco sistemático que ha hecho el Estado de su fondo solidario; así como la historia de sus luchas, especialmente, la huelga de 1995. Esas organizaciones reafirman que «Defenderemos hasta sus últimas consecuencias la estabilidad de nuestro régimen de pensiones, propiedad de todas las personas trabajadoras de la educación. No permitiremos que este pilar de la seguridad social sea debilitado». También se reunieron con la titular de la SUPEN, el 5 de junio pasado, para hacer notar que el gobierno no está jugando solo en esta cancha embarrialada.
Por otra parte, una publicación reciente del Sindicato del Poder Judicial revela que su fondo de pensiones goza de buena salud y «no requiere ajustes», según estudio actuarial del 20 de marzo pasado. Eso confirma que la ley 9796 carece de fundamento técnico, por lo cual resulta jurídicamente improcedente.[1]
Un remedio peor que la enfermedad
El Msc. Francisco Esquivel ya demostró que la ley 9796 es regresiva, pues obliga a pagar más a quienes menos tienen.[2] Por su lado, el Dr. Jorge García, llegó a la misma conclusión. El siguiente gráfico de su autoría, con datos emanados de JUPEMA, compara montos netos de los jubilados del Magisterio Nacional con la ley vigente y los que recibirán con la nueva ley.[3] En el eje horizontal se observa una serie de montos nominales en millones de colones y en el eje vertical los montos netos correspondientes, es decir, una vez hechos los rebajos que se desprenden de la ley 2248 (en azul) versus la ley 9796 (en rojo).
Ahí se observa que, en efecto, las pensiones entre 2,2 y 5 millones recibirán bastante menos con la ley 9796. Lo mismo sucede con el rango entre 5 y 9,5 millones, aunque en menor medida conforme el monto nominal crece, pues esas pensiones serán menos afectadas por la nueva ley (por eso las curvas se aproximan). Esto es suficiente para comprobar que el impuesto es regresivo.
Pero encima de los 9,5 millones el monto neto se revierte, es decir, que será mayor con la ley 9796, pues esta aumentará lo que reciben quienes más tienen. De modo que una pensión de 14 millones, por ejemplo, que recibe 4,3 millones, sería premiada con 2 millones más por mes; nada menos que 24 millones de colones al año. O sea, el señor Presidente protegió con su coadyuvancia a los que más pensión reciben. Espectacular autogol que desnuda el populismo de la clase política. ¿Se dignará algún día a explicarnos por qué?
Esto no solo niega todo lo que se ha dicho sobre la ley 9796, sino que también contradice su propósito: «El objeto de esta ley es contribuir con las finanzas públicas del país aplicando un rediseño de los topes de pensión máxima y de la pensión exenta de la contribución especial solidaria (…)». Y de manera inapelable contradice su fin principal: «Contribuir con la eliminación de las desigualdades en los beneficios sociales de las pensiones y jubilaciones, así como en las cargas tributarias.»[4] En breve, esta ley se contradice a sí misma, se auto anula.
No solo es regresiva sino también desproporcionada
Esto resulta así, entre otras cosas, porque la ley 9796 se atiene al tope máximo que internacionalmente había establecido la OIT para un impuesto de este tipo, que es del 55%;[5] mientras que en 1997 se admitió rebajas mayores, hasta un porcentaje del 69% para las pensiones más altas, según la ley 7531. Pero en ambos casos se trata de porcentajes usureros que nadie puede aceptar sin poner su grito en el cielo; porque se trata de impuestos confiscatorios, además de discriminatorios ya que a nadie más se le cobra tanto.
¿Qué haría, por ejemplo, la persona más rica de este país si en aras de equidad tributaria, o para limar odiosos lujos y privilegios, el Estado le obligara a pagar un impuesto de 481,352 millones de colones, el 55% de su ingreso anual?[6] Con lo cual se recaudaría fácilmente 40 veces más que el «ahorro» de la ley 9796. Seguro que veríamos la primera huelga general convocada por la UCCAEP. Entonces, ¿por qué los jubilados deben admitir una carga tributaria del 55% que es 2,5 veces mayor que la carga tributaria del país, suponiendo que esta ronda el 22%?[7] Lo que no es bueno para el ganso ¿por qué lo sería para la gansa?
¿Y encima las personas pensionadas tienen que tolerar ese bullying o acoso mediático que les tilda de privilegiados? Lo más irritante es que se les impone tanta injusticia porque creen que es un grupo pequeño y vulnerable. Se olvidan del poema de Pedro Mir, a propósito del vil asesinado de las hermanas Mirabal que acabó con la dictadura de Trujillo: «Porque hay columnas de mármol impetuoso no rendidas al tiempo/ y pirámides absolutas erigidas sobre las civilizaciones/ que no pueden resistir la muerte de ciertas mariposas…».[8]
Las pensiones del Magisterio han sido gravadas reiteradamente por la ley 7268, la ley 7531, la ley 9635 y ahora por la ley 9796. ¿Quién puede creer justo ese proceder? ¿Acaso no es un comportamiento arbitrario con una población cuyas posibilidades de mejorar sus ingresos son prácticamente nulas? ¿Qué autoriza a redefinir un contrato laboral sancionado por ley, retroactiva y unilateralmente, a favor de la parte más fuerte, la patronal? ¿Cómo se justifica la vulneración estatal de un grupo de ciudadanos honorables que siguen produciendo y sirviendo voluntariamente a la patria? No hay razones actuariales, fiscales, jurídicas, ni morales, que sigan justificando tanto abuso de poder. En cambio, hay muchas razones opuestas que el derecho laboral tiene claras y también los derechos humanos.[9] Que esto provenga de una clase política disque neoliberal deja más que claro lo poco liberales que son esos populistas.
Pero nadie más sordo que quien no quiere oír
No cabe duda de que el tema de pensiones es delicado y complejo, por eso el mayor yerro de los diputados fue no escuchar a quienes les advirtieron sobre las falencias del proyecto. Probablemente descartaron esas voces por considerarlas interesadas. Sin embargo ¿por qué no escucharon a la asesoría técnica de la Asamblea Legislativa?
De hecho, la contradicción principal de la ley 9796 ya había sido advertida en septiembre de 2019: «…es posible que actualmente por el impacto de la nueva estructura del impuesto sobre la Renta, las pensiones de menor nivel podrían realizar un aporte solidario mayor que las de un nivel más alto…»[10] (p. 27). Se había detectado que esto ocurriría con las pensiones del Magisterio porque en este caso «las cuotas ordinarias de cotización tienen una estructura más progresiva.» (p. 30).
Ese informe señala otro punto contundente que la prensa también pasó por alto: una «cuota solidaria» solo se justifica si tiene que ver con la sostenibilidad del mismo fondo, por eso es inadmisible que se pretenda hacer una reforma de pensiones sin los estudios actuariales que la justifiquen; «…si su destino es ajeno a este propósito podría perder su naturaleza y convertirse de hecho en un impuesto a cargo de los pensionados para destinarlo a la reducción de la deuda» (p. 35). Esta es otra contradicción intrínseca de esta ley que pretende poner a los pensionados a pagar lo que no deben. Igual ocurre cuando el «ahorro» obtenido se pretende destinar a personas en pobreza, con lo cual se traslada a los pensionados una responsabilidad del Estado. Esto obliga al ahorrante a «contribuir» con algo completamente ajeno a su expectativa de derecho, «lo cual parece ser una decisión ajena a los intereses propios del ahorrante, y resulta desproporcionada en el trato brindado a este sector poblacional, pues atenta contra la conducta económica del propietario de los recursos» (p.37). En pocas palabras, no se vale seguir desviando el fondo de las pensiones para fines ajenos a su propósito e interés.
Como si fuera poco, el informe es claro en que: «El proyecto no soluciona los problemas de desigualdad e inequidad que se han observado desde la creación de los regímenes especiales de pensiones, pues al no estar sustentado en estudios actuariales no hay manera que se determine su efectividad para cerrar las diferencias de trato entre los afiliados de los diferentes regímenes» (Idem). En las conclusiones cobra relevancia «…que el proyecto no se fundamenta en estudios actuariales, lo cual puede llevar a la determinación de medidas que resulten desiguales, que no estén de acuerdo a los planes de inversión, al financiamiento, a los beneficios, ni con otras variables técnicas propias de un plan de pensiones.» (p. 38). ¿Será que ahora le queda claro, señora diputada Xiomara Rodríguez?
El proyecto de ley creaba un sin número de problemas más que no fueron resueltos, pues «En general, las propuestas estarían afectando en forma directa el flujo de ingresos de los actuales pensionados y las expectativas de los funcionarios activos con derecho a pensionarse. En el caso de los pensionados esta reducción de ingresos impactaría negativamente el nivel de vida de esas personas, tanto en sus patrones de consumo como en sus niveles de ahorro.» (p. 39). Al final el informe insiste en que con «…las medidas podrían estarse presentando desigualdades y tratamientos inequitativos…» (p. 40). Señoras y señores diputados ¿qué parte de este informe fue la que no entendieron?
¿Y cuándo rendirán cuentas?
Un diputado tiene que oír y entender bastante poco este tema para cometer un error tan grande. Sociológicamente, habrá que estudiar la ley 9796 como evidencia de la típica estupefacción del detentor de poder. El llamado «fetichismo» o confusión del poder (E. Dussel). Según la psicología social el representante tiende a perder contacto no solo con su representado sino también con la realidad, fascinado por su poderío o enredado en su propio sortilegio de aprendiz de brujo. Vamos a bautizar síndrome del tirano a esa enajenación, pues corresponde a lo que el sociólogo Rogelio Cedeño ha llamado una «dictadura en democracia», criterio alineado con lo que vienen advirtiendo varios analistas, entre ellos los sociólogos Álvaro Vega y Carlos Campos.
Es un hecho consumado que los diputados conculcaron la Constitución de la República. Ojalá que ahora la Sala IV les saque las castañas del fuego invalidando su desaguisado y reduciéndolo a grado de tentativa. Pero, en tanto representantes electos popularmente ya es una falta grave, porque al asumir su cargo juraron defender la norma superior, pero en vez se propusieron quebrantarla. Cuando se demuestre que ninguna ley puede estar por encima de los artículos 9, 11 y 34 de nuestra carta magna, simplemente por ser norma superior, cabe esperar que los diputados no sigan tan campantes en sus curules. Los que tengan vergüenza deberían renunciar ipso facto, por no haber entendido que un gobierno participativo es hoy un mandato, no una opción; y que «ninguna ley», para ningún ciudadano, debe ser «retroactiva».
La ley 9796 evidencia, una vez más, que la democracia representativa está sufriendo por no contar con revocatoria de mandato, la cual debiera incluir, desde luego, a los diputados. En esa grieta del diseño de Estado reposa el irrespeto a los derechos laborales que se viene observando en esta legislatura y con este gobierno, por lo que cabe esperar otros sismos políticos del mismo corte. Pero tampoco es de recibo que un grupo de representantes ponga en riesgo la seguridad jurídica de toda la población, así como la paz social, mientras se dedica, aprovechando la pandemia, a «jalarle el rabo a la ternera».
Aunque no haya condiciones políticas es evidente que sin un nuevo pacto social, constitucional y popular, nadie tiene un buen motivo para ser optimista sobre el futuro de esta patria. Mientras tanto hay que reclamar otra vez que un gobierno de los ricos y para los ricos, como el que procura la UCCAEP y sus sicofantas del gobierno y la prensa, es anticonstitucional, además de políticamente suicida.[11]
[1] Publicado por Diario Extra el 02 de junio 2020, bajo el título: «Nuestra jubilación no es un sistema de privilegio»
[2] Ver en Surcos: https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/
[3] JUPEMA. JD-PRE-0052-12-2019, Cuadro Anexo 3.
[4] Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria. Ley 9796. Artículo 1 y 3, inciso b.
[5] Convenio 102 de la OIT.
[6] Con base en dato publicado por la revista FORBES.
[7] Según CEPAl es de 22,4%.
[8] De su hermoso poema político «Amén de mariposas».
[9] Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores.
[10] Asamblea Legislativa. Departamento Estudios, Referencias y servicios técnicos. Informe de proyecto de ley. Informe económico. Expediente Nº 21.035. 3 de septiembre de 2019. «Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional».
[11] Ver «El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEO», según el grupo pluralista de 25 economistas en: https://anep.cr/el-preocupante-tono-político-y-moral-de-las-propuestas-económicas-de-la-uccaep/
Foto: AFUP
Proponemos la instalación de espacio multisectorial para construir una estrategia de intervención inmediata bajo un enfoque humanitario y de Derechos Humanos.
Asociación de Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad.
Martes 9 de junio del 2020.
La situación de la pandemia por el COVID 19 en Costa Rica -que en este momento supone una segunda ola de contagio- pone de manifiesto un impacto diferenciado en las poblaciones más vulnerables del país, particularmente en la zona norte.
En este momento San Carlos se convierte en epicentro de la pandemia contabilizando la mayor cantidad de casos activos por cantón. Asimismo, en los cantones de Upala, Los Chiles y Río Cuarto se está reportando un incremento importante en los casos activos por COVID19. Estos nuevos focos de contagio están íntimamente relacionados con las precarias condiciones laborales y de salud con las que operan las plantaciones agrícolas, lo cual nos demuestra que estos empresarios nacionales y transnacionales están dispuestos a sacrificar la salud y vida de cientos de trabajadores y trabajadoras en aras de mantener sus negocios y jugosas ganancias.
La agroindustria ha representado para nuestras comunidades serios impactos en el ambiente, en la salud de los trabajadores, en la salud comunitaria y un irrespeto sistemático a los derechos laborales, todo esto de la mano de gobiernos e instituciones cómplices que no ejercen el mandato de las leyes nacionales.
Advertimos un vínculo innegable entre la producción agroindustrial (de piña, naranja y otros productos) y el aumento de casos por COVID19 en la zona norte, que se expresa en las siguientes situaciones que denunciamos:
Por lo tanto, solicitamos al gobierno central y a las autoridades locales:
Compartido con SURCOS por Marcos Chinchilla Montes.
Foto: https://ojoalclima.com
Maikol Hernández Arias
Este domingo 7 de junio, trabajadores de la TCM – APM Terminals y Rada Maersk, en Limón, Costa Rica, tomaron la valiente e histórica decisión de conformar el Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines (SCITA).
Este movimiento de trabajadores nace en un ambiente de represión sindical. Solamente un día antes de la asamblea los trabajadores denuncian que la empresa APM Terminals al enterarse del proceso que impulsaban algunos trabajadores ejecutó el despido de varios de ellos, incluido el secretario general electo.
El SCITA es el primer y único sindicato en Costa Rica que define su accionar en la industria del transporte aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario, integrando todos los eslabones de la cadena de valor.
Muy motivado de haber sido parte de la conformación de esta nueva organización, que nace naturalmente desde los trabajadores.
Los mayores deseos de éxito para estos trabajadores, amigos y vecinos. Grandes retos están por delante.
Es importante mencionar que el acto de asamblea constitutiva se llevó a cabo tomando las medidas de prevención ante el COVID-19, como lo son el distanciamiento social, el uso de tapa bocas y la desinfección de manos.
En este video puede escuchar la explicación del secretario general del nuevo Sindicato Costarricense de la Industria del Transporte y Afines, Leslie Azofeifa Quintana.
El grupo Contrapunto nos ofrece en este bello video un mensaje de esperanza en época de coronavirus:
Grupo Economía Pluralista[i]
(8 de junio de 2020)
En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”
Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.
[i] El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
Imagen con fines ilustrativos: https://www.elindependientedegranada.es/blog/democracia-participativa-aproximacion-radical-parte-i-teoria
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Los Chicago Boys se le denominó a un grupo de jóvenes economistas chilenos que asesoraron a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), formados en la Universidad de Chicago y discípulos de Milton Friedman, uno de los principales ideólogos de la escuela neoliberal, para quien “el mercado siempre acierta”[1].
Pensábamos que era una generación “extinta” de los tiempos de aquella nefasta dictadura nazifascista, que heredó al pueblo chileno una macabra historia de vejaciones, torturas y ejecuciones masivas, así como uno de los fracasados experimentos neoliberales en América Latina, con su secuela de privatizaciones en educación, agua, pensiones[2]…En fin, un pueblo sacrificado al dios-mercado.
Resulta que no. Hoy, una nueva generación deambula por nuestro país con el mismo recetario debajo del brazo. Algunos vienen a dictar “cátedra” a su terruño, con aires mesiánicos, después de haber hecho carrera en Institutos (Thinks Tanks) y Organismos Financieros Internacionales, al servicio de los grandes intereses económicos y geopolíticos de los “poderes fácticos” del capitalismo mundial.
Vuelven a su retórica publicitaria de la “eficiencia” del Estado, cuyo único propósito es reducir salarios, precarizar a la clase media y privatizar las instituciones públicas que más han contribuido al bienestar social del pueblo. Es decir, propiciar un Estado menos solidario y democrático y más oligárquico y autoritario.
En una reciente entrevista del periodista Randall Rivera, en el Programa Matices[3] de Radio Monumental, el señor Juan Carlos Hidalgo, ex-analista en el CATO Institute, Washington DC., plantea la opción de la venta de activos del Estado. Sí, las “joyas de la abuela” no se pueden festinar en cualquier subasta, pero al final hay que venderlas. Además, recoge la idea de la nueva supervisora de pensiones y exministra de Hacienda, doña Rocío Aguilar, de la creación de un sistema único de pensiones –“una reforma del carajo”, en sus palabras, a lo tico–. Al ser interrogado sobre cómo garantizar una pensión con un monto mayor que el que ofrece la Caja, el entrevistado patina, y de seguido el periodista le pasa el volado: ahí están las pensiones complementarias. ¡Pues, claro!, de eso se trata: fortalecer el sistema privado de pensiones.
Continuar utilizando la mampara de lo público para justificar el gran negocio de lo privado. Sí, servir en bandeja de plata los ahorros de los trabajadores para que el sector financiero siga cosechando clavos de oro, a cambio de dineros devaluados que se devuelven a cuenta gotas a los “beneficiarios”. Y seguir alimentando un aparato de administración financiera, incluida la Superintendencia de Pensiones con salarios y alquileres millonarios, para enriquecer al “pobre” sector financiero y a una clase política rentista.
Rosa Pavellini, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), hace dos comentarios al Informe de la OIT sobre reversión de la privatización de los sistemas de pensiones en Europa Oriental y América Latina. Por una parte, destaca que “revela con crudeza la hipocresía de la privatización de las pensiones, que básicamente institucionaliza el robo de los salarios de los trabajadores. Muestra la falta de moral de los neoliberales, que sabían exactamente lo que estaban haciendo”. Por otra parte, señala: “Este trabajo evidencia que cuando los trabajadores no participan en las decisiones, podemos estar seguros que su bienestar no será protegido”[4].
Resulta inexplicable que mientras en 14 países de América Latina se están revertiendo los sistemas privados para volver a los públicos, según el informe citado, en nuestro país se busque fortalecerlos, y a espaldas de los trabajadores y sus organizaciones.
Cabe preguntarse, entonces, ¿cómo se explica la resonancia de la nueva generación de “Chicago boys”? Por supuesto, esa escuela neoliberal tiene sus discípulos en el país, quienes los apadrinan y promocionan con pleitesía. De esta manera, logran saltar de las instituciones y organismos internacionales, con gran facilidad, a los más altos puestos del gobierno y también de los partidos políticos –la acrobacia en política es un arte que se practica habitualmente con más maña que ingenio–.
Las andanzas de los “Chicagos boys” de hoy, promoviendo la privatización y el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, a cualquier precio, resultan bastante disparatadas, por decir lo menos. De Norte a Sur ese modelo privatizador hace aguas, y muestra su rostro inhumano de cara a las grandes pandemias sanitarias, sociales y ecológicas.
Y es que en estos tiempos, las salidas antojadizas y las improvisaciones están a la orden del día. La inteligencia y hasta el sentido común ceden a las complicidades con los sectores del poder económico y a la ambición político-electoral cortoplacista.
Entre esas improvisaciones y ocurrencias están los proyectos de ley sobre pensiones que promueven diputadas y diputados actuales, con los que pretenden hacer carrera política y promoverse como candidatos para las próximas elecciones. En palabras de Francisco Esquivel son “aberraciones que se hacen ley”[5]; la legislación más deslucida de la segunda república”, según Hernán Alvarado[6]. El primer proyecto aprobado 9796 (Ley Xiomara) está siendo impugnado por más de 400 recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad.
Ante tanto desacierto y disparate, hay que apostar con seriedad por revitalizar el Estado Social de Derecho, sobre las sólidas bases éticas y afectivas de la solidaridad y la justicia económica y social. Propiciar nuevas formas de sociabilidad para una convivencia inclusiva y digna, es decir, donde se promuevan y respeten los derechos humanos y de la naturaleza.
Se dice que la solidaridad está en el ADN cultural de nuestro país. Efectivamente, somos un pueblo solidario. Hoy se muestra en la generosa entrega de los servidores públicos, para aportar a la contención del impacto de la pandemia del Covid19. Lamentablemente, es un concepto que se ha venido pervirtiendo por parte de gobiernos que se “solidarizan” con los que más tienen, ofreciéndoles generosas concesiones tributarias y no tocando ni un céntimo del gran capital, en medio de una situación de Emergencia Nacional. Mientras tanto, se exige solidaridad a los pensionados y trabajadores del sector público, duplicándoles los impuestos –que se presentan como “contribuciones solidarias” – y congelando el aumento de salarios por decreto.
Para contrarrestar estas medidas antipopulares, se requiere, con urgencia, impulsar un adecuado sistema de justicia tributaria, que no ofrezca concesiones de privilegio a ningún sector, como se viene haciendo, al permitir las evasiones, elusiones y otorgar exoneraciones y amnistías a las grandes empresas nacionales e internacionales. Que los ricos paguen los impuestos y que a los pobres se les ofrezcan oportunidades para salir de la pobreza con dignidad.
Así las cosas, no hay razón que justifique no aspirar a salarios y pensiones dignas. Es decir, volver a la política de salarios crecientes y apuntalar los regímenes públicos de pensiones, atendiendo a criterios de solidaridad, sostenibilidad y equidad.
Para ello, se requiere reactivar la solidaridad y la justicia social. Sin esta reactivación no puede haber verdadera reactivación económica al servicio de la equidad y el bienestar social.
El cuento actual de la “reactivación económica” –publicitado por los “vendedores de ungüento de serpiente económica” (Krugman)– es como el viejo cuento de que los Programas de Ajuste Estructural y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos nos iban a convertir en el “primer país desarrollado de América Latina” (Oscar Arias). Por favor, hay que ser más serios, no estamos para repetir los errores de ayer, sino para corregirlos.
Tenemos un gran reto por delante: recuperar el verdadero espíritu y significado de la solidaridad, para relanzar nuestro Estado Social de Derecho.
[1] https://www.efe.com/efe/america/economia/chicago-boys-los-economistas-que-hicieron-de-chile-un-bastion-neoliberal/20000011-4200772
https://surcosdigital.com/la-chilenizacion-de-costa-rica/
[2] Cfr. Informe de la OIT “La reversión de la privatización de las pensiones. Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”.
[3]https://www.monumental.co.cr/podcasts/matices-programa-del-02-de-junio-del-2020/
[4] https://www.world-psi.org/es/estudio-de-la-oit-revela-quiebra-de-pensiones-por-privatizacion
[5] https://www.laplumacr.com/post/ley-9796-aberraciones-que-se-hacen-ley
[6] https://surcosdigital.com/el-disparate-legislativo-9796/
Foto con fines ilustrativos: CCSS
El sector del arte y la cultura de nuestro país proponen al gobierno medidas concretas para atender la crisis que vive. Entregarán el manifiesto en Casa Presidencial mañana martes y solicitan apoyo. En este enlace puede apoyar con su firma:
Foto: Poemas Gráficos San Ramón / Facebook