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Autor: Hector Ferlini Salazar

Crónica: Las fronteras que me cruzan

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Es marzo de 2021. Ya se va, mejor dicho y continúo confirmando las sospechas que semanas atrás había adelantado en una observación participante, acerca de la pretendida tonalidad progresista con que alegremente se recibió en algunos círculos políticos y académicos al binomio Biden-Harris en cuanto a su política migratoria, especialmente la que interesa a la región centroamericana.

Es marzo de 2021 y tan pronto como se acaba, la primera gran coyuntura migratoria de la administración estadounidense entrante ha sido declarada.

La disuasión desde Estados Unidos hacia las movilidades humanas centroamericanas ahora no se realiza por medio de lacónicos tweets del tipo “aquí no vengan porque no serán bien recibidos”; no se hace así ahora, pero el discurso sigue siendo el mismo: no vengan, las fronteras para ustedes, pobres, desplazados de forma forzada, expulsados de sus comunidades, de sus países, están cerradas.

Pero la gente que no viaja en avión ni tiene condiciones materiales y subjetivas para contender con la pobreza, la exclusión, la violencia de los estados, las instituciones y las élites empresariales acumuladoras y despojadoras, sigue saliendo, sigue yendo a tratar de cruzar las fronteras. Y va. Y choca con discursos y puertas fortificadas desde las palabras hasta los operadores de las acciones de seguridad implementadas en las regiones de cruce entre países.

Hablamos de coyuntura y no de discursos. Es una decisión no solo semántica, sino política. Los discursos sobre las crisis migratorias, valga recordarlo, suelen colocar el acento en las personas que se movilizan. “Son muchos”, dicen. “Desbordan la capacidad de los Estados para atenderlos”, señalan. “Son incontenibles”, vociferan. «Vienen enfermos y sucios», murmuran.

Pero nada dicen esos discursos sobre las políticas de hambre y desigualdad, la rapiña de quienes buscan más para enriquecerse a partir de pactos de corrupción y silencio, la acumulación devastadora, racista y clasista que se contornea en todos los países centroamericanos. Por eso la gente se va. Por eso Biden-Harris disuaden. Y generan junto a los medios de comunicación hegemónicos la impresión de que la crisis la producen las personas que caminan. Para vivir. Para salvarse.

Es otro marzo. El de 2020. 15 de marzo para ser exacto. Llegamos con cierta urgencia a la línea fronteriza terrestre entre Honduras y Nicaragua llamada simbólicamente “Las manos”. Bajamos del autobús transnacional y una aguja que se levanta y baja al compás de las seis de la mañana en una frontera llena de polvo y pasos invisibles a vista y paciencia de todos, indica el corte: estar aquí, estar allá es cuestión de un solo movimiento del involuntario del dispositivo que flanquea los movimientos.

Nos anuncian que seremos testeados. Lo que posteriormente consistió en unas preguntas sobre las quince horas previas, monitorea el curso de mi vida en una Tegucigalpa que ya empezaba a cerrar sus puertas ante la pandemia. La urgencia de un país que solo meses después sufriría la devastación como consecuencia de dos huracanes seguidos en formación, una tras otros, como si hubieran sido planificados.

De un país así, de un escenario así, salpicado también por la corrupción y el crimen organizado como política de estado, sale la gente que Biden-Harris, los progresistas en materia migratoria, disuaden hoy bajo el discurso de la crisis y la contención militar en las fronteras de México y Guatemala.

Luego del testeo regresamos al autobús para continuar el viaje. En el camino leo el texto profundo y desgarrador de los hermanos Martínez (Oscar y Juan José) sobre la formación transnacional y compleja de las agrupaciones delictivas salvadoreñas llamadas pandillas. Debo la lectura a una de las pensadoras centroamericanas que más admiro y a quien tengo el gusto de conocer más allá de la academia. Para vos, Amparo Marroquín, va mi abrazo y agradecimiento por este libro que me regalaste.

 En una parte de la introducción de “El niño de Hollywood” (Editorial Debate, 2016) se lee lo siguiente:

“Este libro no es sólo sobre la vida de un sicario de la pandilla más grande del mundo, la única en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la que recurrentemente vuelve a los incendiarios discursos de Donald Trump, la que tiene presencia en cada uno de los departamentos de El Salvador. Este libro es, en el fondo, nuestra forma de entender y explicar el patio trasero de Estados Unidos. “Shithole”, dijo Trump, hablando como algo lejano de lo que gobernantes como él ayudaron a construir, a destruir”

Al recordar esa introducción ahora, pienso en la continuidad y linealidad de la historia hegemónica, en la fuerza del lenguaje, en el rigor de las fronteras para determinadas poblaciones. Al cabo de más de un año de escenario pandémico global, las excusas de la soberanía y la protección sanitaria fueron instrumentalizadas por los estados y otros actores, para construir nuevas argumentaciones respecto a las movilidades forzadas en la región. Ese es quizá uno de los saldos más profundos que debemos revisar “cuando todo esto termine”.

Al regresar a casa el 15 de marzo de 2020, venía tras de mi como dominó inclemente el cierre de fronteras centroamericanas. La de Las Manos por ejemplo fue clausurada esa misma noche y así el resto. Hasta el día de hoy pienso en lo simbólico de ese viaje y mi paso por tres escenarios fronterizos regionales por aquellos días de cierres y suspensiones, comprobando su porosidad, observando sus condiciones para el rigor de las exclusas cuando los estados se resguardan con miedo, con temor.

Que aún persisten, hasta el día de hoy.

Imagen de cabeceras: https://www.conclusion.com.ar/religion-y-espiritualidad

La ansiada recuperación económica

Óscar Madrigal

Los grandes empresarios reclaman cotidianamente por medidas para la llamada recuperación económica. Ellos conciben que la misma llegará siempre y cuando les aprueben algunas medidas, tales como reducciones en las tarifas eléctricas, disminución en las cuotas patronales de la Caja, moratorias a los que no las han pagado, eliminación de controles (lo que ellos llaman trámites), en fin, reducción de impuestos.

Estas medidas que exige el gran empresariado podrán ayudar, aunque no son las fundamentales e incluso en otros países se ha demostrado que la reducción de impuestos no ha contribuido en nada a aumentar la producción.

Lo que estamos viendo en estos momentos es lo que fundamentalmente ayuda a elevar la producción y a generar empleo: la invitación a que los costarricenses asistan a las playas y centros vacacionales.

Es en el fondo una invitación a los trabajadores y trabajadores para que vayan a los hoteles, restaurantes o parques a disfrutar de las vacaciones, pero fundamentalmente a GASTAR, a COSUMIR. Esto es lo que realmente levanta y reactiva los negocios, el turismo y las industrias.

Pero las personas para gastar o consumir necesitan tener plata o dinero y en el caso de los asalariados, tener buenos y jugosos salarios. Para que se eleve el consumo y reactive la economía se necesita que la gente gaste y esto solo es posible si tiene un salario que le permita hacer eso.

Los grandes empresarios y el Gobierno de Alvarado pretenden -como se dice- hacer chocolate sin cacao. Reactivar congelando los salarios de los empleados públicos por 10 años o más y pagando salarios raquíticos a los trabajadores de la empresa privada, es imposible.

Una verdadera política de reactivación económica necesita urgentemente de buenos salarios que logren aumentar el consumo. Esta es la ruta de la reactivación: SALARIOS CRECIENTES.

Si los empresarios y el Gobierno quieren realmente reactivar la economía, disminuir el desempleo, aumentar ingresos tributarios, la mejor receta es aumentar salarios.

Pueden empezar.

Denuncia: Fuerza Pública tira gases lacrimógenos contra Pueblo Cabécar de China Kichá

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

-Fuerza Pública tira gases lacrimógenos contra Pueblo Cabécar de China Kichá.

Miércoles 24 de marzo de 2021. Al ser las 11:25, la turba que se encuentra por la plaza de China Kichá se acercó al cordón policial y comenzaron a insultar a las compañeras/os Cabécar que se encuentran en la vía pública vigilando la seguridad de su pueblo y sus casas, la turba también comenzó a tirar piedras al salón comunal del Territorio.

Ante esta situación, la Fuerza Pública atacó con gases lacrimógenos (al menos 6) al Pueblo Cabécar de China Kichá y sus casas de habitación.

Denunciamos y condenamos este ataque y violación de los derechos del Pueblo Cabécar de China Kichá por parte del Estado de Costa Rica. Este grave ataque por parte de la Fuerza Pública se dio, mientras los Viceministros de Presidencia y Seguridad dialogaban con las y los recuperadores de Yuwi Senaglö.

Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Más detalles: https://www.facebook.com/111882987093775/posts/264997668448972/

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO. Integrantes de Grupo de Garantes Administración Alvarado Quesada (2018-2022)

Los abajo firmantes, como parte del grupo de garantes de la ética del gobierno encabezado por el señor Presidente Carlos Alvarado Quesada, queremos dejar manifiesta nuestra posición con respecto al proyecto “Ley de Empleo Público” (Expediente No. 21.336) en discusión en la corriente legislativa.

  1. La Constitución Política vigente establece con claridad la división de poderes de la República y distintos grados de desconcentración y autonomía para instituciones con misiones especializadas como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, las universidades y las instituciones autónomas. Estas autonomías van desde lo estrictamente administrativo (autogestión de un ente sin dependencia de otro), hasta la autonomía política (capacidad de autogobierno) y la autonomía organizativa (capacidad de auto-organización). El caso de las universidades públicas incluye las tres modalidades de autonomía constitucionalmente previstas.
  2. La norma 191 C.P., por su parte, prevé la creación de un Estatuto de Servicio Civil, concebido para regular la relación entre los servidores públicos y el estado, sin hacer, ciertamente, distinciones. Sin embargo, una interpretación histórica de este mandato, confirma que la intención del constituyente fue asegurar el acceso al empleo público, creando un ente descentralizado que, en condiciones objetivas de independencia e idoneidad, así como lejos de la influencia y control del gobernante de turno, condujera los procesos de designación del funcionariado y demás empleados de este sector. No hay que olvidar que esta fue una de las cuestiones detonantes de la crisis de 1948. Una visión también histórica del desarrollo de las entidades autónomas en el país a lo largo de casi setenta años, han afianzado el principio de división de poderes y de autonomías en distinto grado, con diversos estatutos especializados que han permitido apartar las  influencias político-partidarias en la gestión, organización y autogobierno de las instituciones públicas. A nuestro entender, el espíritu del constituyente, aunque nunca se concretó en la existencia de un estatuto único, se ha afianzado y fortalecido a través de los años, incluso con la labor interpretativa de la Sala Constitucional.
  3. Las cuestiones relacionadas con la definición de perfiles de los servidores, sus requisitos, las calificaciones de idoneidad, rendimiento y régimen disciplinario, así como escalas salariales deben considerarse como parte de la autonomía de que gozan estas instituciones. Es muy riesgoso poner en manos de un ente controlado absolutamente por el Poder Ejecutivo, la determinación última de estos aspectos en alguna instancia no especializada, sino que pueda, además, ser proclive a la manipulación tratándose, por ejemplo, del nombramiento de jueces, autoridades y docentes universitarios y técnicos especializados en distintas entidades públicas. Por el contrario, cualquier tipo de exceso o contradicción que pueda haberse dado en este campo, es perfectamente corregible y mejorable, sin sacrificar la misión esencial que cada institución autónoma tiene. Para ello se cuenta con instancias controladoras que ninguna institución autónoma puede obviar.
  4. Si bien entendemos que esta es una discusión también de carácter ideológico-política por tratarse de la administración del Estado, siendo que respetamos las distintas posiciones que hay al respecto, no podemos ignorar en este debate la existencia de una  arista ética, puesto que durante la campaña electoral pasada, el actual Presidente Alvarado Quesada fue claro al señalar que la cuestión del empleo público no podía reducirse a un tema eminentemente fiscalista, -como evidentemente lo está siendo-, y que había que dar un tratamiento integral que respetara la complejidad y especificidad de un ámbito vital para la prestación de servicios públicos esenciales, en un régimen democrático de derecho -como evidentemente no lo está siendo-. Encontramos pues, en este punto,  un incumplimiento de orden moral a los compromisos asumidos para con el electorado nacional.

Margarita Bolaños Arquín                José Manuel Arroyo Gutiérrez

San José, 23 de marzo de 2021.

Los diviesos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público

Manuel Hernández

Los diviesos o forúnculos son infecciones de la piel, que van llenando de pus la parte del cuerpo afectada y producen inflamación, mucho dolor, incomodidad y hasta fiebre.

En el campo, de donde vengo, se decía que los diviesos o abscesos nacen porque la sangre está contaminada.

En la avanzada fase legislativa de la cruzada en que se encuentra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público (discusión mociones de reiteración), se pueden advertir 3 grandes nacidos o diviesos que lo tienen muy contaminado:

1.- El primer absceso corresponde al ámbito de la cobertura de las instituciones, que quedarán sujetas al imperio del emergente Leviatán.

La discusión concierne principalmente a la sumisión del Poder Judicial y la regulación de las autonomías de determinadas instituciones, principalmente las universidades públicas y gobiernos locales.

2.- El segundo divieso se radica en la titularidad de la rectoría de la gobernanza del empleo público, tema que después de ser pacífico, ha generado una importante controversia política.

El último texto legislativo que se aprobó, creó un monstruo de dos cabezas, en virtud que, por una parte, la rectoría política la recuperó, en teoría, MIDEPLAN, pero por otra parte, esta rectoría quedó sustancialmente vaciada, a merced de las múltiples y potentes competencias que se le atribuyeron a la otrora famélica Dirección General de Servicio Civil.

La cuestión más relevante, independientemente como se resuelva este pulso político-partidario, es que no puede existir rectoría gubernamental, por mínima que sea, en menoscabo de la autonomía que constitucionalmente tiene asignada la Caja Costarricense de Seguro Social, los gobiernos locales y las universidades públicas, salvo que sea derrumbando la Constitución Política.

3.- El último nacido se relaciona con los alcances de la regulación del salario global, el producto superestrella, pero, a la vez, el más oscuro del proyecto.

El proyecto somete las remuneraciones a un régimen salvaje, más regresivo que la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con esto queda todo dicho; trasladando coactivamente a las y los funcionarios actuales, al esquema único de salario global, a contrapelo del principio de irretroactividad de la ley, principio elemental del Estado de Derecho (artículo 34 constitucional).

Al tenor de las normas del proyecto, las remuneraciones quedarán congeladas, estancadas en el tiempo, hasta después de la segunda venida de Cristo, con la consecuente afectación de la reactivación y eficiencia de la economía nacional.

Estos diviesos están bien maduros, que reventarán el pus maloliente que han cultivado, producto de una sangre más que contaminada, envenenada por el odio visceral contra la clase trabajadora de la función pública y la aversión al Estado Social y Democrático.

No haría nada mal, a quienes urdieron esta conjura contra la democracia, una dosis concentrada de gavilana y güitite, que todavía abundan en mi pueblo, para bajar la fiebre y aliviarles el coma hepático, que produce pérdida de la función cerebral, cuando el hígado ya no es capaz de eliminar las toxinas de la sangre. 

23/03/2021

Por una universidad pública para la vida y al servicio del pueblo

Información de UNED-PRO:

Las organizaciones laborales de la Universidad Estatal a Distancia, como UNED-PRO, se mantienen en lucha por la defensa del Estado Social de Derecho, la autonomía universitaria que protege la libertad de producir conocimiento y aportar a la sociedad sin influencias externas, y contra la amenaza a esos valores que representa el Proyecto de Ley de Empleo Público.

¿Cómo que no lo dice La Nación?

Yamileth González García , Exrectora UCR

Acudo, una vez más, a este medio de comunicación en procura de imparcialidad y seriedad para aclarar las informaciones que hace un conocido periódico, de manera tendenciosa y hasta falaz, empeñado en desacreditar a una de las instituciones más respetables del país por su contribución al desarrollo y desempeño científico, cultural, artístico y tecnológico, en su ya no disimulada intención privatizante de la educación superior.

¿Cómo que no lo dice La Nación? Claro que sí lo dice, solo que lo hace de manera parcializada e interesada, pues menciona únicamente circunstancias negativas en su intento destructivo por atacar a la Universidad de Costa Rica (UCR) y su autonomía y, también, enfila sus ataques, sorprendentemente, hacia mi persona, como si yo fuera candidata a algún cargo de carácter nacional o institucional, ya que como es típico de ese periódico, cuando alguien está por postularse y no es de su agrado, lo atacan.

Los argumentos expresados en el editorial (La Nación, 23 marzo), como ya es su costumbre, son, en este caso, inexactos por parciales:

1- Comenzando porque se refiere a una medida tomada en una sesión del Consejo Universitario, en la que yo no participé. Dice el diario, textualmente, que: “el 29 de setiembre del 2009, González y el Consejo Universitario aumentaron las anualidades del 3% al 5.5%”. Eso es inexacto, yo no estuve presente en la sesión del Consejo del 29 de setiembre, la cual aprobó ese incremento y tampoco firmé, en ese momento, el acuerdo señalado.

2- Señala el citado editorial que, como consecuencia de esa acción, la Universidad de Costa Rica vive una situación insostenible financieramente, que esa medida atenta “contra la sostenibilidad financiera de la institución” y que “a corto plazo” “es una «amenaza» para la actividad sustantiva de la Universidad, es decir, el cumplimiento de su misión educativa”. Tremenda responsabilidad la que se me endosa; sin embargo, a pesar de que ese desequilibrio se viene pregonando desde el año de 2009, se reitera en 2013, 2014, 2015, 2018 y hoy de nuevo, la falsa alarma, de torcidas intenciones, como se sabe, no se ha concretado. Estamos ya en el 2021 y, contrariamente a la fatídica premonición, la UCR mantiene su equilibrio en las finanzas y no existe ningún déficit institucional. Aquí podemos citar, con un poco de ironía, el conocido texto de Zorrilla: “Los muertos que vos matáis gozan de buena salud”.

El día 22 de marzo, la UCR, le responde a ese diario y al país, lo siguiente:

“La anualidad que reciben los funcionarios de la Universidad de Costa Rica tiene tendencia a la baja y en el 2018 fue de 1,94% para personas profesionales y de 2,54% para personas no profesionales. En la actualidad este monto es de 0%”.

Si el diario La Nación, utilizara de forma correcta los datos, podría ver, o a lo mejor eso no es posible, que “… para los últimos ocho años la proporción del gasto en salarios se ha reducido pasando de representar un 72%, en el 2012 a un 67,79% en el 2019, y para el 2020 el gasto corriente en salarios se redujo en más de ₡800 millones de colones. Para este año la proporción del gasto en salarios fue de un 71%, debido a la baja general en los recursos que financian a la educación superior. El año pasado el presupuesto de la UCR se redujo en más de ₡34 000 millones”. (La UCR aclara publicación del diario La Nación, 22 de marzo). Una tendencia que se venía dando desde los años de 1990 y que no se detuvo en la última década; al contrario, como se deduce de la afirmación anterior llegó a estar más abajo del 70%. Esta proporción de equilibrio, como lo he señalado en otros momentos, es garantía generalizada de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. A pesar de las diatribas de este periódico, la UCR continúa con su quehacer académico sustantivo de indiscutible impacto en nuestro país.

Reitero lo dicho hace un par de semanas: “Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base, y también que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior”.

En todo caso, por su madurez y por la misma autonomía que la Constitución le da, la UCR ha puesto autos en el propósito de enmendar y corregir cualquier situación que perjudique su cabal funcionamiento, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, consecuente con una Ley de empleo público. Para ello, creó una Comisión encargada de estudiar el esquema salarial de la Institución.

3- También se me acusa de no haber escuchado la voz de la Oficina de Contraloría Universitaria ( OCU), la cual alertó sobre las consecuencias que la medida podría traer; pero lo que no menciona ese diario es que los dos estudios actuariales realizados, el primero, por el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, el Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica (2010) y, el segundo estudio, basado en el mismo modelo, pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, se hicieron para responder a las observaciones y dudas que habían sido señaladas por la OCU. Esos señalamientos si fueron atendidos y la Oficina de Contraloría participa del debate y la aprobación de la propuesta, en la Comisión de Administración y Presupuesto, como consta en el Acta de la sesión 5390 del CU, cuando se señala lo siguiente:

“Para el análisis del presupuesto institucional y el Plan Anual Operativo del año 2010, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Administración y Presupuesto (28 de septiembre de 2009), donde los miembros del Consejo Universitario analizaron cada uno de los documentos presentados por la Rectoría, con la participación de funcionarios y funcionarias de la Oficina de Planificación Universitaria (Licda. Maritza Monge Murillo, jefa de la Oficina; Licda. Carolina Calderón Morales, jefa de la Sección de Presupuesto; Licda. Anabelle Mora Bonilla, jefa de Sección de Planeamiento, y Lic. Johnny Méndez Vargas, jefe de la Sección de Evaluación); de la Oficina de Contraloría Universitaria (Lic. Mario Zamora, Lic. Donato Gutiérrez Fallas, y M.A. Jorge Padilla, Contralor) y el Lic. Ramón Bonilla, Director Ejecutivo de la Rectoría. En esta reunión se discutió ampliamente el Plan-Presupuesto para el año 2010, donde surgieron inquietudes que fueron atendidas por la Administración y que complementa la información que anteriormente había sido presentada”. Como se desprende de los estudios y el análisis realizado, los cuales evidenciaron que el incremento era sostenible, contrariamente a la afirmación del citado editorial.

4- Por otra parte, quiero resaltar que lo que dice el editorial, en el sentido de que el incremento del año 2009 es una feliz iniciativa de quienes estábamos, en ese momento al mando de la administración superior de la Universidad, no es cierto. El diario omite que durante 30 años todas las autoridades universitarias nos opusimos al incremento del incentivo médico para el área de la salud , lo peleamos en los tribunales y, no fue sino por la resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007), que se nos obligó a subir la anualidad al 5.5% para el personal, en principio de la Facultad de Odontología, y que tuvo que ser reconocida de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. En aquel momento, ya toda el área de la salud se preparaba para solicitar ese mismo incentivo, vía judicial y si lo ganaban (tenían un claro precedente) incluyendo el pago obligatorio retroactivo desde el año 1982, habría constituido una verdadera ruina para la institución.

La sentencia 655 del 12 de agosto de 2011, de la Sala Segunda, que según el editorialista viene a explicar lo obvio, señala: «Para poder acceder a esa clase de pluses salariales es necesario que el profesional, además de serlo en Ciencias Médicas, realice sus labores en un ente dedicado a la prestación de servicios hospitalarios».

Al contrario, la sentencia viene a ratificar el argumento de la UCR durante los 30 años que dura ese pleito: la UCR no es un centro hospitalario, por lo que la Ley de Incentivos Médicos no debía ser aplicada en la Institución. Eso es así, tanto para los odontólogos, médicos, nutricionistas, farmaceuticos etc, etc, como para cualquier profesional de otras disciplinas ajenas a la salud, ya que todas las personas que laboran en la Universidad lo hacen como docentes. Incluidos los funcionarios de la salud, quienes ejercen la docencia médica, pues las clínicas ubicadas en esa área son centros de enseñanza y no centros hospitalarios.

La Sala comete un error en 2007 al fallar en contra de la Universidad, como lo viene a corroborar la sentencia del año 2011. Lo que la administración universitaria hizo en 2009 tiene que ver con un asunto de justicia laboral, remunerado de la misma manera a todo los que ejercían la misma función, es decir, la docencia.

5- Ha insistido este periódico en su agresión al mandato constitucional de la autonomía universitaria y en influir en la Asamblea Legislativa en su propósito, en este embate que ya tiene vieja data, que lo vienen orquestando diversos poderes nacionales, sobre todo, desde el momento en que el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial suscribieron, en junio del año de 2009, un documento llamado Competitividad en Costa Rica, cuyo entramado ideológico ha venido sustentando los diferentes gobiernos nacionales y que, en relación con las universidades, señala que “Los mecanismos de financiamiento tradicionalmente usados en Costa Rica, combinados con la autonomía universitaria, limitan la capacidad del Gobierno para influir enormemente en el sistema”. Y fue a partir de ese momento que se empieza a actuar con mucha más prepotencia, buscando romper la autonomía universitaria y debilitar su financiamiento. Pareciera que ese es el propósito final de este periódico y de otras fuerzas políticas y económicas empeñadas en desacreditar a la UCR.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Hoy: Voces y Política en Radio Universidad con Patricia Mora y Laura Martínez

Voces y Política: Hoy conversaremos sobre “El gobierno del PAC y el debilitamiento de la institucionalidad democrática costarricense” con la participación de Patricia Mora: Diputada en el periodo 2014-2018, Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez: Directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria. Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica.
Teléfono: 2234 3233 ⏰5:00 pm 📻Radio Universidad 96.7 FM ¡Nos escuchamos!

Acto en Memoria de la Vida de Monseñor Romero

Comunicado. El Centro de Amigos para la Paz CAP, les invita de manera muy cordial y fraterna al Acto de Celebración de la Vida de Monseñor Romero, este miércoles 24 de marzo del 2021, a las 6:00pm, hora de Costa Rica.

Acompáñenos por Zoom: t.ly/xIv4
ID de reunión: 865 5422 7177
Código de acceso: 684912

Vea el acto por Facebook Live: t.ly/pbmD

Una actividad especial que realizaremos de manera virtual, con la participación musical de Mezcla de Elementos y Son de la Tierra, la participación de personas que en su momento compartieron con Monseñor Romero, información documental relativa a la vida y muerte de Monseñor Romero y un cierre con peticiones y devocional.

Con el apoyo de la Red Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia.

A 41 años del asesinato de Monseñor Romero, su mensaje sigue vigente hoy más que nunca, cuando la represión y la injusticia retoma fuerza en nuestra América Latina y el mundo en general.

POR LA JUSTICIA, LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS.

Para preguntas: centroamigosparalapaz@gmail.com

Acompáñenos y Apoye en la divulgación de la actividad