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Autor: Hector Ferlini Salazar

Martha Rodríguez González denuncia persecución con fines políticos

La representante laboral en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Martha Rodríguez González, ha denunciado públicamente ser objeto de un procedimiento administrativo disciplinario que considera «profundamente viciado, desproporcionado y ajeno a los principios del debido proceso». Según Rodríguez González, estas acciones, impulsadas por el Consejo de Gobierno, «no se sostienen en criterios técnicos ni jurídicos legítimos», sino que responden a una «estrategia política para forzar [su] salida de la Junta Directiva de la Caja».

En su mensaje dirigido a la clase trabajadora y al pueblo de Costa Rica, Rodríguez González afirmó que la persecución es «sistemática, cuidadosamente orquestada, disfrazada de legalidad, pero revestida de intenciones políticas mezquinas». Explicó que la excusa oficial fue el pago de una deuda de 7.500 colones a las trabajadoras y los trabajadores de la Caja, la cual, indicó, se canceló a todas las personas empleadas públicas. Sin embargo, sostiene que la verdadera razón es su postura crítica y sus denuncias: «por denunciar dudosas contrataciones, por cuestionar sobreprecios, por exigir rigor técnico en criterios y estudios actuariales, por velar por el EDUS y señalar las evidentes situaciones relacionadas con el RNP, por las listas de espera, las juntas de salud y la construcción de obras como las de Cartago, Golfito, Limón».

Rodríguez González detalló que ha sido «suspendida de [su] cargo ilegítimamente», aunque fue restituida por orden de la Sala Constitucional. También mencionó haber sido «citada insistentemente» y expuesta a «intimidaciones y hostigamientos», todo con el propósito de «apartarme de la Junta Directiva por no ser complaciente, por alzar la voz, por fiscalizar sin miedos». Calificó su situación como un «ataque personal» y una «señal inequívoca de que cuando una mujer denuncia, cuando incomoda, cuando no se somete, el poder responde con violencia política institucional», llegando a denominarlo «terrorismo de estado».

A pesar de la situación, la representante laboral enfatizó que no renunciará. Subrayó su compromiso con la institución y con el bienestar de su personal profesional, afirmando: «Aquí estoy de pie, sin miedo, con la frente en alto, porque los principios no se venden, porque las convicciones no se negocian». Concluyó su mensaje reiterando su lucha por «la verdad y la justicia», destacando que Costa Rica «merece una Caja fuerte, autónoma, libre, transparente y humana».

Invitación al curso «¿Cómo empiezo a sembrar sin químicos?»

La Maestría en Agricultura Ecológica, en alianza con Mojojoy Agri-Cultura Orgánica, tienen el agrado de invitarle a participar del curso «¿Cómo empiezo a sembrar sin químicos?» los sábados 23 y 30 de agosto, de 8:00 a.m. a 12 m.d. en la Finca Experimental San Lucía, Barva, Heredia.

El curso está orientado al público en general, en especial para aquellas personas que quieren iniciar huertas orgánicas en sus casas o comunidades, así como a personas agricultoras que deseen conocer más sobre cómo producir sin químicos en sus parcelas, entre otros.

Se ofrecerá una merienda ambos días del evento y 1 kg de abono bocashi al cerrar el segundo día de taller, además de material didáctico. El costo es 22,000 mil colones por ambos días y no se requieren conocimientos previos en agricultura.

Para más información pueden escribir a: maestriagroecologia@una.cr

Enlace de matrícula: https://matriculaep.una.ac.cr/…/detalleCursoMatricula…

Revisión de donaciones de caminos y detención de obras en el proyecto Puket para proteger Gandoca-Manzanillo

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita al Concejo Municipal de Talamanca la revisión de donaciones de caminos, detención de obras en el proyecto Puket y protección del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Se solicita que se proceda de manera conjunta a revisar todas las donaciones de caminos autorizadas por este Concejo Municipal desde el año 2014 en el sector de calle Paraíso y áreas aledañas, en atención al fallo de la Sala Constitucional que declara inconstitucional la Ley 9223 y ordena la restitución de 188 hectáreas de bosque al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

Dicha revisión es imperativa debido al alarmante fraccionamiento de terrenos de bosque en los sectores mencionados, llevado a cabo por nacionales y extranjeros, con la aparente permisividad de autoridades y funcionarios municipales.

Asimismo, se solicita que, se ordene la detención de todas las obras relacionadas con el proyecto denominado Puket, ubicado dentro de un área silvestre protegida. Este proyecto evidencia una intervención sistemática por parte de sus desarrolladores, lo que refleja graves omisiones por parte de la administración municipal y las autoridades del Área de Conservación Amistad Caribe.

Se requiere de manera puntual un listado completo de todas las edificaciones ubicadas dentro del sitio Ramsar 783, correspondiente al Refugio Gandoca-Manzanillo, así como un informe detallado de las acciones que se tomarán para detener la galopante destrucción de los 44 kilómetros terrestres que conforman el área territorial de este refugio.

Se insta a que se individualice a los funcionarios responsables de autorizar caminos ilegales y, consecuentemente, del fraccionamiento de bosques, ya que dichas acciones han fomentado la destrucción de áreas esenciales para la conservación ambiental.

Ante la renuncia del vicepresidente Brunner, lo que procede es aceptarla

Vladimir de la Cruz

El pasado miércoles 30 de julio vencía el plazo para que el presidente, o cualquiera de los vicepresidentes, renunciara a su cargo si deseaban participar activamente en la política electoral hacia las elecciones, con posibilidades de aspirar a un puesto legislativo.

La renuncia del presidente era lo que más se esperaba por la comunidad y sociedad política nacional, ya que se especulaba que podría aspirar a una diputación, en las elecciones de febrero del 2026, lo que le está permitido por la Constitución Política, dejando el cargo antes del 31 de julio. Lo que es igual para el presidente lo es para sus vicepresidentes.

Otros funcionarios del actual Poder Ejecutivo, del Consejo de Gobierno, del Gabinete ministerial del presidente Chaves ya habían renunciado antes del 1 de febrero, y otros se sumaron con su renuncia el pasado 30 de julio.

El miércoles 30 de julio ni ayer jueves 31 de julio el presidente Rodrigo Chaves renunció. El que lo hizo con todo derecho fue su primer vicepresidente, Stephan Brunner.

Formalmente la renuncia de estos funcionarios públicos debe hacerse ante la autoridad que los nombra o declara nombrados, que es la única que puede hacer efectiva la renuncia.

El presidente de la República, los vicepresidentes de la República y los diputados son nombrados directamente por el pueblo, mediante los procesos electorales. Para decirlo políticamente, son nombrados directamente por la mayoría del pueblo electoral, manifestado en las votaciones, que se inclina por uno de los candidatos que se presentan a recoger esa voluntad popular de representación, la de los mandantes electorales.

En teoría política y democrática, aun cuando son electos por una parte de todo el electorado, son la representación de todos los electores, de todos los votantes y de los que no votaron o anularon su voto. Así funcionamos como sistema político y como sistema democrático. Por eso, al presidente, los vicepresidentes y sus ministros se les inhibe, se les prohíbe, de identificarse con algún partido de los que participaron en el proceso electoral, o de pronunciarse sobre ellos, a favor o en contra, lo que les provocaría la sanción de la beligerancia política.

Los ministros los nombra el presidente y es ante él que renuncian o él los destituye.

Los vicepresidentes constitucionalmente solo tienen como principal función sustituir al presidente en sus ausencias temporales o definitivas, sin devengar salario alguno.

En las ausencias temporales el presidente pude disponer libremente a quien encarga su sustitución. Generalmente alterna con los dos vicepresidentes, dándoles la oportunidad de aparezcan en La Gaceta firmando una ley con sus nombres. En la ausencia definitiva sustituye en su orden el primer y segundo vicepresidente, o el presidente de la Asamblea Legislativa, como ocurrió en el 2009 con el presidente legislativo, Francisco Antonio Pacheco, varias veces sustituyó al presidente Oscar Arias.

Cuando algún vicepresidente tiene salario en su condición de vicepresidente es porque se le asigna una función que es remunerada. Que recuerdo, solo al inicio del Gobierno de Abel Pacheco, el presidente Miguel Ángel Rodríguez, dejó establecido en el Presupuesto Nacional del 2002, que el vicepresidente tendría un salario. En ese momento el presidente Pacheco, antes de asumir su investidura presidencial se peleó y distanció radicalmente de su vicepresidente Luis Fishman, al punto que no le permitió tener oficina en la Casa Presidencial e intentó que no recibiera el salario que se había presupuestado. Ni siquiera le permitía ingresar a la Casa Presidencial. Tuvo obligación de mantenerle el salario aunque no tuviera ninguna función en el gobierno en su primer año de gestión porque así estaba presupuestado. Al siguiente año, para el Presupuesto Nacional del 2003, Abel Pacheco eliminó la partida del salario y Luis Fishman se quedó sin ese ingreso económico, ostentando la condición de vicepresidente, que mantuvo durante todo el gobierno del 2002 al 2006.

Para sus efectos vicepresidenciales, el primer año intentó Luis Fishman atender público como vicepresidente desde una oficina particular que puso para ello. El segundo año se metió en la oficina de su esposa, entonces diputada, desde donde atendía discretamente, ya sin salario. Para el tercer y cuarto año de su vicepresidencia de papel ya no tenía oficina ni salario. Luis Fishman no renunció a su condición de vicepresidente.

En el gobierno de Oscar Arias, 2006-2010, sus dos vicepresidentes renunciaron a su cargo. Kevin Casas por haber sido increpado de haber redactado un Memorándum, en la discusión y referéndum del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde se elaboraba una estrategia de miedo para atacar a los opositores al Tratado, cuya discusión e impacto provocó su renuncia. Luego, le siguió Laura Chinchilla, que renunció para asumir la candidatura a la presidencia, la que ganó en el 2010.

Ambas renuncias fueron notificadas a la Asamblea Legislativa, como corresponde comunicarlas, darlas a conocer a los diputados, sin que en esas ocasiones se interpusieran acciones para discutir si se aceptaban o no esas renuncias. Las renuncias eran de la realidad, de la voluntad personal de los vicepresidentes y había que acatarlas, y así se procedió, sin bulla ni escándalo legislativo.

El Código Electoral señala que el cargo de diputado a la Asamblea Legislativa es voluntario y se puede renunciar antes o después de prestar juramento, renuncia que será admitida después de la declaratoria de la elección. En el caso de los vicepresidentes, el Código Electoral establece que la vacante se llenará por quien le siga en su orden, lo que es válido para la muerte, renuncia o incapacidad sobreviniente del presidente.

La renuncia al cargo de presidente, vicepresidente, diputado, en estos casos, tan solo implica la cancelación de la credencial de presidente, vicepresidente o diputado, la que se hace una vez que la renuncia sea conocida por la Asamblea Legislativa.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que da las Credenciales de presidente, de los vicepresidentes de la República y de los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Dicho así, la renuncia bien podría tramitarse ante el Tribunal Supremo de Elecciones con copia a la Asamblea Legislativa, para que por conocida y recibida la nota de renuncia ante la Asamblea Legislativa, se prepare el Tribunal Supremo de Elecciones para indicar quien sigue en el orden de sustitución, porque para ello tiene que emitir la Credencial respectiva, hacer el nombramiento pertinente, y hasta tomar juramento del nuevo cargo, si ello fuere procedente.

Si la renuncia del vicepresidente se quisiera someter a debate parlamentario, así debería procederse incluso cuando voluntariamente alguno de los miembros de los supremos poderes renunciare voluntariamente a su inmunidad para someterse a procedimientos judiciales, o cuando se tratare de simples renuncias al cargo, como ha sucedido con renuncias de diputados. La renuncia forzada que hizo el diputado Vargas, del Frente Amplio, de la Provincia de Guanacaste se presentó, en el Tribunal Supremo de Elecciones, un viernes al mediodía, y el lunes inmediato ya estaba acreditado el diputado sustitutivo que seguía en su orden.

El Tribunal Supremo de Elecciones es el que hace la declaración oficial de los candidatos electos a puestos de elección popular. En sencillo, es el que nombra por el resultado de la votación a las personas electas.

Escribí hace poco que para evitar el lío procesal, artificial y politiquero, que se ha levantado con la renuncia posible del presidente Chaves, válida para la del vicepresidente Brunner, las cartas de renuncia pudieron haberse presentado y tramitado una semana antes, haciendo ver en ellas que eran efectivas a partir del primero de agosto.

Con eso esa discusión ya se habría superado y ganado tiempo parlamentario.

El conocimiento de la renuncia jurídicamente también vale en el sentido de dar por recibida y sabida la renuncia. Lo que se vota es el recibo de la nota de renuncia. No se puede votar la aceptación o rechazo de la renuncia. Solo puede renunciar quien tiene derecho a hacerlo. No se está sometiendo al vicepresidente a una destitución. El vicepresidente se somete ante la Asamblea a comunicar su decisión de dejar el cargo. No se le puede obligar a ejercerlo.

El único cargo obligatorio reconocido en la legislación electoral nacional es el de diputado o diputada a una Asamblea Constituyente, que es irrenunciable.

Así, repito, el acto de votación que se quiere imponer para la renuncia al cargo de vicepresidente de Stephan Brunner es el de recepción de la nota de renuncia, es decir, de dar por conocida y aceptada el aviso de su renuncia.

Si la Asamblea se enfrasca en una estéril discusión procesal en nada afecta la decisión presentada el 30 de julio para cualquier otro efecto al vicepresidente Brunner, quien renunció y dejó el cargo el 31 de julio, y vale su renuncia desde la fecha en que así comunicó que era efectiva. Lo que provoca es que ya desde hoy primero de agosto perdió, por su propia voluntad, la inmunidad del cargo que ostentaba, y está en el término de plazo que le permite ser candidato a diputado si así se inscribe por algún partido.

La discusión del término “conocer”, que se argumenta para someter a aceptación o no la renuncia, es igualmente válida para dar por conocida recibida la noticia de la renuncia, no necesariamente para aceptarla o rechazarla.

La renuncia es personalísima, es de la propia voluntad de la persona dispuesta a dejar el cargo, por lo que no necesita la aprobación de otra parte. El problema de presentar una renuncia, es la renuncia misma, la que no debe tener discusión, la que por puesta debe tramitarse aceptándola, sin otro efecto o sin intención de impedirla, la que no puede provocar otro efecto más que el de la cesación del cargo.

Todo puesto en el Estado es renunciable, como lo son en el sector privado. Siendo un acto de voluntad de la persona interesada en renunciar, que es también un acto de libertad, que es un acto unilateral, de una persona, no requiere su aceptación para que provoque efectos.

El Plenario Legislativo tan solo debe dar por conocida la decisión del vicepresidente Brunner de dejar el cargo, como cuando da por conocidos los cambios de ministros de la presidencia que se hacen desde la Casa Presidencial, para los trámites legislativos.

La renuncia del vicepresidente Brunner es para disponer libremente de su tiempo personal, para hacer lo que le dé la gana, si de eso se trata.

Si Stephan Brunner por ser electo popularmente se le quiere someter a una aprobación de su renuncia, es al Tribunal Supremo de Elecciones, al que le correspondería el conocimiento de su renuncia por ser este Tribunal quien lo Declara vicepresidente, como resultado de las votaciones.

En la vida diaria, en todas partes, quien tiene la capacidad de nombrar tiene la capacidad de destituir. En todas partes, también, quien tiene la capacidad de renunciar, puede unilateralmente, por acto de libertad y de libre voluntad renunciar, y ante la renuncia lo que procede es aceptarla.

¿Qué ganan los diputados y sus partidos en obstaculizar el trámite de aceptación de la carta de renuncia del vicepresidente? ¡Nada!, ni siquiera bulla a favor de sus partidos políticos o de sus candidatos. ¿A quién amenaza la salida de Brunner del gobierno? Por ahora, a nadie. ¿Quieren los diputados y sus partidos mantener a Brunner en la vicepresidencia por un excelente trabajo de gobierno que realiza con el presidente Chaves? ¡Claro qué no!, ni siquiera se siente su trabajo, y mucho menos su figura política. ¿Quieren los diputados y sus partidos proteger al vicepresidente Brunner en su inmunidad, para que no le sometan a juicios con levantamiento de la inmunidad? ¡Por supuesto que tampoco! Más les interesaría que renuncie, que esté sujeto a la persecución judicial, porque eso les da gasolina para prender algunas llamas en la campaña electoral, ¿o no es así?

Con la actitud que tienen, en la Asamblea Legislativa los diputados y sus partidos, quienes quieren someter a aprobación parlamentaria la renuncia, que no es destitución, del vicepresidente Brunner, pareciera que le están haciendo el juego al presidente Chaves y sus jaguares… Son ellos los que están al frente de la política, del escenario político nacional., aunque se hable mal de ellos. Pareciera no ser el momento para estas nimiedades…

Presentación de los videos musicales “Sebastián” y “Melodía de Abril”

El Centro Cultural de España invita al público a una noche de arte y música con la presentación oficial de los videos musicales “Sebastián” y “Melodía de Abril”, obras del artista costarricense Oscar Espinoza.

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 5 de septiembre a partir de las 7:00 p.m., en Barrio Escalante, 200 metros al este y 200 metros al norte de la iglesia Santa Teresita.

La entrada es gratuita, y el evento contará además con la participación especial de Rialengo, como invitado.

Sin voz en Ramsar: retroceso en la protección de humedales durante el gobierno Chaves Robles

El Observatorio de Bienes Comunes UCR realizó una producción para analiza el retroceso ambiental, en el que Costa Rica se encuentra sin voz en Ramsar, y cómo la vigilancia comunitaria se volvió la última frontera para su protección.

Mientras más de 180 países se reúnen en la COP15 para proteger los humedales del planeta, Costa Rica brilla por su ausencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves no actualizó ni un solo informe sobre los 12 sitios Ramsar del país.

Caribe Noreste, Térraba-Sierpe o Gandoca-Manzanillo están en riesgo, pero no hay reportes oficiales, pese a denuncias y evidencias. Esta omisión es parte de una política ambiental marcada por el silencio, la desregulación y el abandono institucional.

Se extiende la invitación a leer el informe completo en el siguiente enlace: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/costa-rica-sin-voz-en-ramsar-el-retroceso-de-costa-rica-en-la-proteccion-de-humedales-durante-el-gobierno-chaves-robles/

Hace 50 años: ataque a balazos contra estudiantes de la UCR en la zona indígena de Cabagra

El diario La Nación recordó hoy, 31 de julio de 2025, una noticia publicada en esa misma fecha, pero de 1975, cuando 12 estudiantes de la Universidad de Costa Rica fueron atacados con armas de fuego mientras se encontraban en la región indígena de Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas. Los hechos ocurrieron cuando el grupo de jóvenes, integrantes de un campo de trabajo organizado por la Federación de Estudiantes (FEUCR), convivían en una comunidad indígena y fueron interceptados por desconocidos que dispararon contra el grupo estudiantil. Tres estudiantes Alejandra Cartín Leiva, Fernando Roldán y Manrique Sibaja fueron heridos.

Según la nota original, los atacantes habrían querido impedir que el grupo continuara su labor de acompañamiento social. Las autoridades locales, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública y la Guardia Rural, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, aunque las denuncias apuntaban a la complicidad de algunos actores políticos y locales.

El recuento histórico se acompaña de una fotografía en blanco y negro donde aparecen tres de los estudiantes heridos. La publicación forma parte de la sección “Hace 50 años” de La Nación, que recupera hechos de relevancia nacional ocurridos en décadas pasadas.

Además de Cartín Leiva, Roldán y Sibaja integraban el grupo Hernán González, Humberto Espinoza, Alejandro López, Carlos Acuña, Rafael Gómez, Juan Carlos Alpízar, Sonia Guevara y Héctor Ferlini-Salazar, quien coordinaba el grupo como parte del directorio de la FEUCR.

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Descubra la historia caminando: invitación a una ruta entre cantones heredianos

El Proyecto Caminatas Urbano Históricas invita a participar en la actividad “A trole de cantón a cantón”, este domingo 3 de agosto, el recorrido iniciará a las 8:30 a.m. en el parque de Barva de Heredia y culminará en la iglesia de San Joaquín de Flores, con un trayecto aproximado de 4.5 kilómetros.

La caminata busca conectar a las personas con la historia y el entorno urbano, guiadas por un especialista acreditado que compartirá detalles del patrimonio de ambos cantones.

El costo de la caminata es de ₡3.000 e incluye refrigerio, souvenir y acompañamiento del guía.

¿Estará cansada?

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

– ¡Ojo, mucho ojo, a la jugada de la diputada Pilar Cisneros!

No le crean esta nueva coartada.

Lo que realmente sucede, es que después de haber renunciado tácitamente, al partido de la que ha sido jefa de fracción, ahora quiere mantenerse como tal, para, entre otras cosas de gran importancia, obstaculizar desde allí, el proceso de levantamiento de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, solicitado por la Corte Suprema de Justicia.

Esta renuncia, de la cual ahora se arrepiente, se ejecutó por varios hechos evidentes, entre ellos, por haberse incorporado, voluntariamente, al equipo de campaña del nuevo Partido Pueblo Soberano, como «directora de estrategia y comunicación». Sin embargo, en forma insólita, porque se reporta cansada, ahora pretende ¡regresar al partido al que renunció» (Progreso Social Democrático, presidido por la también diputada, Luz Mary Alpízar). Pues, a la señora, le cogió tarde; se precipitó, cometió una torpeza, y ya el hecho está consumado.

Ya la distinguida dama, renunció en forma tácita al partido que la hizo diputada, y no puede pretender que las autoridades del TSE y el mismo Directorio Legislativo, le sigan el jueguito, cual si fueren niños inocentes.

Ya Pilar Cisneros Gallo, es diputada independiente. Su renuncia tácita, en buen español, significa que no es que se entiende, se percibe, se oye o se dice formalmente. ¡No! Se trata, más bien, de una renuncia que, indiscutiblemente, se infiere sobre la cual no hay duda alguna, por más malabares que se invente. La evidencia es rotunda, pública, promocionada, por lo cual, la conclusión que emitirán las autoridades, que han de velar por el respeto pleno de la legislación electoral, es solo una, terminante, ejemplarizante.