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Autor: Hector Ferlini Salazar

Ver la crisis como una oportunidad

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia? Otra razón es ver la crisis cómo una oportunidad.

Jorge Luis Hernández Cascante

Algunas personas por su condición de vida solo conocen o leen de crisis. No la viven, no la experimentan.

Nacen en nido de plumas y con aire acondicionado de por vida.

Otros todo lo contrario.

Desde corta edad afrontan la brutalidad y el frío, el dolor, hambre y explotación.

Ahora todos, en mayor o menor medida, estamos bajo este tiempo de crisis, muchos sin dinero, sin trabajo; con miedo, rabia, reclusión, inseguridad, impotencia.

Esas y otras muchas palabras se atiborran y aturden nuestra cabeza y agobia, paraliza.

Aun así, todos entendemos que después vendrá otra rutina, otra “normalidad”, un reinicio quizás.

Y si lo pensamos bien, entendemos que la crisis también es una oportunidad de cambio. Esto nos llama a mantener firmes algunos de nuestros dones, valores o criterios; a la vez aceptando el rudo desafío de este confinamiento y esperando con esperanza.

Quizás esa sea la oportunidad en toda nuestra vida de madurar y resolver o superar vicios, ideas fijas o torpes, muchas formas de ser, actitudes… y finalmente arribar a esas metas, esa persona que algún momento soñamos ser.

Quizás volver a lo simple y sencillo.

Crisis oportunidad para soltar, superar esos días circulares o rutinarios y en su lugar abrazar la vida de otro modo, de otra manera, realizando-me construyendo-me, dando-me, entregando-me.

Como dar un “salto hacia dentro de un horizonte más rico en vida humana y divina”. (L. Boff).

¡Seguimos!

Efectos de la pandemia sobre la producción agrícola para el mercado interno

German Masís

El Ministerio de Agricultura y Ganadería estimó recientemente que la pandemia ha afectado la producción agrícola destinada al consumo interno en un monto cercano a ¢1.322 millones, luego de consultas hechas a los productores por los funcionarios de las oficinas regionales.

Ubicando la afectación por cultivo, señala que el mango, ha tenido una pérdida estimada de ¢350 millones, le siguen el plátano con ¢269,5 millones; la zanahoria con ¢250 millones; la leche con ¢156,8 millones; la cebolla y el ajo con ¢76 millones; y el queso con ¢ 63 millones.

También se encontraron pérdidas importantes en fresas, frutas, guayaba y otras hortalizas, además en empresas que producen para el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que en el sector de cárnicos reportan ¢194 millones y en el de pollo y huevo, por ¢121 millones, para un total de ¢315 millones. (LN, Economía,17-4-20)

Esta afectación se debe principalmente a variaciones en la demanda y a cambios en las cadenas de distribución debido a las medidas de restricción que impone la pandemia, dijo el Ministro de Agricultura. (CRHoy,17-4-20)

No obstante, frente a la valoración de las pérdidas en actividades dirigidas al mercado interno, la principal preocupación debe ser profundizar en los efectos en los sistemas de producción de la agricultura familiar y en las alternativas que los pequeños productores y microempresarios están desarrollando para reestablecer la producción y el comercio agroalimentario.

Es oportuno recordar que en nuestro país hay más de 50 mil fincas ligadas a la agricultura familiar, que representan el 55% de las fincas dedicadas a la actividad agropecuaria (RedCostarricensedeAgriculturaFamiliar,2017) y que hay cerca de 76 mil productores por cuenta propia y microempresarios agrícolas (FAO,2011, p.12) que son los que garantizan la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país.

Así mismo, que estas unidades de producción familiar, aportan, el 85% de la producción de frijol, el 80% de la cebolla, el 75% de la de yuca, el 70% de la papa, el 70% de la de café, el 55% de la de leche y el 40% de la carne, siendo la principal y a veces única fuente de empleo e ingresos de la población rural. (Masís, G. 2018, p.229)

La importancia de este sector en el abastecimiento alimentario, torna urgente la implementación de estrategias para enfrentar la disminución de la demanda de productos y la reducción de los ingresos de las familias rurales.

En ese sentido, es satisfactorio conocer que los agricultores están impulsando acciones como el fortalecimiento de las rutas urbanas de comercio, el comercio virtual, la creación de nuevos espacios y ferias, pero también la reprogramación de las cosechas, la disminución de insumos y la articulación con otros productores para generar soluciones conjuntas a los efectos de la emergencia.

La gobernanza de las relaciones laborales en la pandemia

Ojalá que el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras” (E. LLedó)

Manuel Hernández

  • La proscripción de la participación de los sindicatos y la contribución normativa del subgrupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva

1.– El tema y objeto de esta entrega

Ahora que las autoridades del Ministerio de Salud esperan hacer un giro de tuerca y flexibilizar las medidas sanitarias, tendiente a normalizar la actividad productiva y “un retomar organizado” y controlado de las actividades comerciales, que prometedoramente se anticipó que se anunciará el lunes de la próxima semana, en la infaltable y aséptica conferencia de prensa del medio día, cuya primicia ha generado mucha expectativa, es pertinente y oportuno, después de más de un mes de aciaga pandemia, tratar de hacer un intento jurídico, que es mi trinchera, de análisis y caracterización del manejo de la gobernanza de las relaciones laborales, en estos tiempos tan difíciles e inciertos.

2.– La importancia y urgencia del diálogo social

La cuestión tiene que ver con la importancia y urgencia del diálogo social, la participación de los agentes sociales y la intervención de los órganos paritarios o tripartitos radicados en nuestro ordenamiento, en materia relaciones laborales, prevención y protección de la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

La OIT estableció en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, que el Diálogo Social constituye uno de los pilares fundamentales, dirigido a fortalecer la negociación colectiva, las instituciones y los mecanismos de relaciones laborales.

Desde luego que el asunto tiene que ver, en definitiva, con la gobernanza democrática de las relaciones de trabajo.

3.- Algunas experiencias internacionales de gobernanza laboral

Pero antes de cumplir mi objetivo, no deja de ser relevante, aunque sea de manera muy general, reseñar la experiencia de algunos países de Europa y América Latina, en los cuales los agentes económicos, pero no sólo los productivos, sino también los agentes sociales, han tenido una significativa participación en la determinación conjunta de la protección del empleo, los salarios y la salud de las y los trabajadores, hasta donde políticamente ha sido posible.

En algunos de estos países, incluido Argentina, se llegó hasta la prohibición del despido, por motivos de fuerza mayor o causas económicas relacionadas con la pandemia del covit-19.

En Italia, por ejemplo, los sindicatos CGIL, CISL y UIL pactaron con la patronal un acuerdo de 13 puntos, que contiene medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores (control de ingreso al centro trabajo, limpieza y saneamiento de locales de trabajo, precauciones higiénicas, uso de mascarilla y guantes, vestuarios, tiempos de entrada y salidas escalonados, comité de aplicación del protocolo, entre otras).

En España, los principales sindicatos de trabajadores (CCOO Y UGT) y la patronal (CEPYME Y CEOE), desde el principio de la pandemia, celebraron un sustantivo acuerdo que contiene un conjunto de medidas extraordinarias para abordar la problemática laboral generada por el coronavirus.

Ahora que varios países de Europa llegaron al punto alto o pico y se está aplanando la famosa curva, con lamentable pérdida de tantas vidas humanas, la negociación colectiva tiende a volcarse y priorizar en la definición de las condiciones y medidas laborales atinentes a la vuelta de la reactivación de la actividad económica y normalización del funcionamiento del aparato productivo, garantizándose el papel activo de los sindicatos, como tiene que ser en un ordenamiento democrático, en el diseño de protocolos, control y cumplimiento de las medidas de protección de las y los trabajadores.

La discusión está enfocada en la consecución de un equilibrio, hasta donde sea posible pactarlo, entre la protección de las y los trabajadores y la regularización de la actividad productiva.

En Uruguay, en el ámbito del comercio y la industria de la construcción se han celebrado importantes arreglos. El sindicato de la construcción SUNCA pactó con la Cámara de la Construcción un acuerdo que establece las condiciones del retorno de operaciones de esta actividad y las medidas de protección y seguridad de los trabajadores para mitigar el contagio.[1]

No deja de ser interesante un acuerdo global que pactó esta misma semana, la Confederación Sindical Internacional (CSI), IndustriALL y la Organización Internacional de Empleadores (OIE), cuyo objetivo es construir un espacio para el desarrollo de medidas dirigidas a proteger los ingresos de los trabajadores de la industria de la moda y las empresas integradas en la cadena mundial de producción y suministros, con la finalidad de mitigar los efectos del COVID-19.

A este acuerdo se han adherido fuertes empresas del sector, como Inditex, C§A, Adidas, Primark, Bestseller, Tchibo, Zalando y otras.

4.- La gobernanza de las relaciones laborales en Costa Rica en el escenario de la crisis sanitaria

Mientras en otras latitudes se ha venido gobernando así las relaciones laborales, ciertamente en un escenario inédito, complejo y dinámico, marcado de tensiones entre los intereses patronales y los trabajadores, entre el poder de dirección del patrono y la autonomía colectiva, en nuestro país, el manejo de la crisis ha sido radicalmente no sólo distinto, sino diametralmente opuesto.

El tratamiento político de la emergencia sanitaria se ha caracterizado por una gobernanza unilateral de las relaciones laborales –mejor dicho, relativamente unilateral, por el motivo que se expone en el próximo acápite-, cuya nota más relevante consiste en la exclusión total de la participación de los sindicatos, pero no sólo de los sindicatos, sino además, en la eliminación de los foros institucionales establecidos en nuestro ordenamiento, particularmente en materia de salud ocupacional.

5.– Las medidas laborales de emergencia

Hagamos un ligero repaso de las medidas laborales más significativas, tratando de enfocarnos, no tanto en su contenido, que ya abordé en varios artículos precedentes[2], sino más bien centrándonos en la forma en que se instrumentaron esas medidas, prácticamente sin ninguna resistencia.

Los invito a que realicemos una rápida revista de las principales medidas de carácter laboral impuestas.

La ley que licenció la reducción de la jornada de trabajo, por voluntad unilateral del patrono, con la consecuente disminución proporcional hasta de un 75% de los salarios, se aprobó a expensas de un procedimiento legislativo, fast track y a la carta, a instancia del Poder Ejecutivo, sin que se concediera ninguna instancia de participación a los sindicatos.

La creativa y generosa normativa reglamentaria promulgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció un mecanismo ultra rápido y unilateral de suspensión de los contratos y reducción de las jornadas de trabajo, que se estableció también sin conceder, por lo menos, audiencia previa a los sindicatos.

Pero hasta aquí no llega esta política de Estado de corte unilateralista.

6.- La defenestración de los órganos tripartitos y paritarios en salud ocupacional

Cómo si lo anterior no fuera poco, el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) ha sido confinado a una participación simbólica, prácticamente sustituido por un grupo ad hoc de trabajo institucional, con participación del sector privado, que de facto asumió la rectoría de la salud ocupacional.

Las comisiones de salud ocupacional, que por mandato de ley deben funcionar en todas las empresas e instituciones, integradas paritariamente por representantes del patrono y trabajadores, fueron inutilizadas, bloqueadas, que sólo están a la espera que algún samaritano les retire el respirador mecánico, que les conectaron desde que empezó la pandemia.

7.- El cogobierno de los empresarios y patronos

Toda esta política sistemática de interdicción de la Libertad Sindical, la negociación colectiva, la exclusión de la participación de los sindicatos y la defenestración del órgano tripartito (CSO) y los bipartitos en materia de salud ocupacional, contrasta ostentosamente con el co-gobierno y la participación hegemónica del sindicato patronal UCCAEP.

Este sindicato corporativo asumió un rol conductor y determinante en la emisión de aquella ignominiosa ley de rebajo de jornadas, en la reglamentación inconsulta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con base en la cual, como he dicho en artículos anteriores, las autorizaciones administrativas de suspensión de los contratos y reducción de jornada de trabajo, se editan masivamente como rotativos de periódicos impresos.

Ya llevamos al hilo, de acuerdo con el corte de la Inspección de Trabajo, de 20 del mes en curso, cuya misión es -por contrario a lo que ha hecho- velar por los derechos de trabajadores, más de 39.000 personas trabajadoras, con contratos “temporalmente” suspendidos y más de 71.000 a quienes se les redujo la jornada de trabajo y los salarios.

La suspensión “temporal” de los contratos de trabajo, hasta por un período de tres meses, prorrogables por un período igual, configuran materialmente despidos encubiertos, que han sido cohonestados por esa normativa de muy dudosa constitucionalidad y legalidad, para favorecer los intereses del empresariado costarricense y transnacional.

8.- El grupo de trabajo de la Mesa de Infraestructura Productiva: el golpe de facto al CSO y las comisiones de salud ocupacional

Pero en esta entrega, para ir cerrando, quiero concentrarme en un tema, que me permito llamar poderosamente la atención de las y los lectores, ampliamente desconocido, que no podría dejar pasar inadvertido, expresión de esa política de Estado de carácter unilateral y antisindical.

En el seno de la Mesa de Infraestructura Productiva se aprobó la “Guía para la prevención, mitigación y construcción del negocio para la pandemia COVIT-19 en los Centros de Trabajo”.

Esta guía define los lineamientos generales orientados al empresariado, para que implemente las medidas de prevención de salud de los trabajadores, desde la lógica la continuidad de las operaciones de las empresas.

La guía fue elaborada por esa instancia, integrada exclusivamente por varias autoridades institucionales, representantes y asesores del sector privado.

La guía comprende tres áreas: recurso humano, implementación de protocolos y condiciones de trabajo.

El instrumento es bastante extenso del cual se pueden inferir las siguientes conclusiones:

En primer lugar, fue elaborado por un grupo de trabajo, con representantes del sector privado, que excluyó totalmente la participación de los representantes de las y los trabajadores.

La guía contiene medidas concernientes a las condiciones de trabajo, implementación de protocolos, obligaciones que deben cumplir las y los trabajadores y otros aspectos relacionados con el recurso humano, que son del interés natural de la clase trabajadora; por lo que resulta totalmente insólito que ese instrumento se haya construido privándose a la representación de los trabajadores toda clase de intervención.

No puede ser que un grupo institucional, conjuntamente con representantes del sector privado, regule esta importantísima materia, de la mayor trascendencia de la clase trabajadora, dejando por fuera a las representaciones sindicales.

La segunda conclusión a la que uno puede llegar es que las medidas de protección de los trabajadores quedan subordinadas a las necesidades prevalecientes de preservación del tejido empresarial y la continuidad de operación de las empresas: “orientar al empresariado costarricense hacia una cultura de prevención en sus centros de trabajo, desde una lógica de continuidad del negocio.”

Es decir, se privilegia el interés económico y productivo de las empresas, sacrificando el interés público fundamental de tutela de la vida y salud de los y las trabajadoras.

Esto es sumamente grave, pero responde a esa “lógica” empresarial que privilegia las ganancias del capital, a costa de los intereses supremos de la clase trabajadora.

En tercer lugar, lo cual no es menos grave, las competencias que por ley le corresponden al Consejo de Salud Ocupacional, fueron asumidas por ese grupo de trabajo, que con participación de autoridades del Ministerio de Trabajo y otras instancias institucionales, consintieron que esas atribuciones se las arrogara, contra legem, ese grupo de trabajo con participación determinante y exclusiva del sector privado.

9.- Un virus contagioso de la democracia

En conclusión, la gobernanza de las relaciones laborales se ha manejado de manera unilateral, a merced de un ejercicio autoritario del poder político, al mejor estilo neoliberal, al que ya, a fuerza de tanta normativa heterónoma, nos quieren acostumbrar.

El coronavirus pareciera que convenientemente está hecho a la medida de los grandes intereses económicos del empresariado y sus interlocutores políticos, que se aprovechan de la pandemia para reforzar todavía más su sistema de dominación política y económica.

El profesor Cas Mude, autor del libro “La extrema derecha de hoy”, (Polity Press, 2019) a propósito de las medidas extraordinarias que el Gobierno de EEUU aprobó a raíz del 11 de setiembre de 2001, se planteó tres preguntas, que resulta legítimo hoy rescatar y testearlas a la aplicación de aquellas medidas laborales de emergencia:

¿cuál es la contribución efectiva y real que tienen esas medidas en la lucha contra el coronavirus?,

¿cuáles son las consecuencias que tienen para la democracia?, y por último:

 ¿cuándo serán abolidas?

No existe la menor duda que el coronavirus plantea un serio desafío para el sistema democrático.

26/04/2020

Imagen: https://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/ataque-cibernetico-como-protegerte-con-ia

[1] El acuerdo firmado el 12 de abril, establece, entre otras estipulaciones, que los trabajadores que no tengan acceso al subsidio por enfermedad, durante la cuarentena tienen derecho a 16.377 pesos, los trabajadores con enfermedades preexistentes a una partida de 23.822 pesos mensuales, hasta por un máximo de 2 meses, incluidos aquellos trabajadores mayores de 65 años que no tengan acceso al susidio por enfermedad. El protocolo pactado estipula que el personal que trabaje en cuadrillas debe mantenerse a una distancia mínima de un metro, la obligatoriedad del uso de la mascarilla, que las herramientas deben estar desinfectadas previo a su uso, rutinas de lavado de manos, focalizarse únicamente en el lugar de trabajo de trabajo de la cuadrilla, entre otras.

[2] Pueden consultarse de mi autoría los siguientes artículos acerca del contenido de las medidas laborales de emergencia: La distribución de los riesgos laborales, sociales y económicos de la pandemia, La participación autónoma y orgánica de las personas trabajadoras en la lucha contra la pandemia, Dos rutas políticas muy diferentes para mitigar la situación de las personas trabajadoras, Trabajo doméstico remunerado, Reducción de la jornada laboral y suspensión contractual, Suspensión exprés y a la carta de los contratos de trabajo, Neoliberalismo en tiempos de pandemia, El procedimiento extraordinario de suspensión de los contratos de trabajo, y Pandemia y suspensión de los contratos de trabajo (2020).

 

 

Lecciones de un microbio

Hernán Alvarado

            La tragedia COVID-19 suma más de 182.000 fallecidos y contando. El 17 de marzo, el senador colombiano Gustavo Petro afirmó que solo hay dos medidas efectivas contra esta pandemia:

            «a) Confinar drásticamente a la población en sus casas y

    b) Aumentar sustancialmente la capacidad hospitalaria».

            La primera es más importante dada la debilidad de los sistemas de salud, mas no cabe descuidar la segunda. Tal la enseñanza de otras virosis, así que obviarla configura un «genocidio por omisión». Tómese en cuenta para evaluar las diferentes respuestas gubernamentales. Este microbio sacude nuestras certezas y sin decir nada cambia los términos del debate ideológico, al desnudar las aberrantes desigualdades que la globalización neoliberal ha auspiciado. Asimismo, facilita una expansión de conciencia que presagia aprendizajes significativos.

  1. El mercado es de cristal opaco

            En el mercado, la mercancía preñada de ganancia representa el valor en su máximo esplendor, aunque la inversión pasa por su momento más crítico. Ahí el valor parece sólido, pero su dueño lo necesita líquido. Por lo demás, el dinero es un invento fabuloso, como medio de cálculo e intercambio facilita la distribución del producto social; pero cuando se convierte en un fin, como en la usura, resulta tan peligroso que debiera vigilarse como una central atómica.

            En cuanto todo transcurre normalmente el mercado luce tan útil como una columna, pero se hace añicos en las crisis. Además, su falsa transparencia oculta la desigual distribución de riqueza, es decir, el mecanismo mediante el cual pocos se enriquecen cada vez más, mientras la gran mayoría se empobrece. Pese a que Jeffrey Sachs mostró, en 2005, cómo se puede conseguir El fin de la pobreza, Costa Rica es ahora uno de los diez países más desiguales del mundo.

  1. La crisis como modus operandi

            El Subcomandante Marcos denunció, desde el año 2000, que la crisis es el modus operandi del neoliberalismo.[1] En rigor, así opera el capitalismo para concentrar la riqueza. En la crisis, el pez grande se come al chico, mientras la clase trabajadora se encarga de los desempleados vía solidaridad familiar. En realidad, la crisis es una fase necesaria y cíclica de la acumulación capitalista mediante la cual se aumenta la productividad promedio, o sea, la innovación del capital es tan destructiva como su desarrollo.

            La crisis no se origina en el sistema financiero, pero se incuba ahí, por eso resulta su principal protagonista. Mediante maniobras monetarias y crediticias genera las condiciones para ese sorprendente fenómeno que es la desaparición del dinero. Entonces, ramas enteras de la producción colapsan y reestructuran. De carambola, los negocios mejoran su rentabilidad empeorando las condiciones laborales. De hecho, esta crisis ya había sido anunciada, el Covid-19 la desencadenó y hará más dura la reactivación.

  1. Una economía para la vida

            Entre otros efectos, este microorganismo contrasta esa economía para la concentración de riqueza con la alternativa que sería para la vida. Además de condenar a millones de personas a la pobreza, esa economía letal ha eliminado a millones de especies vivas, cuyos beneficios potenciales, ecológicos y económicos, ni siquiera fueron explorados.

            Pero ahora ha quedado claro que el motor de la economía son las personas que trabajan, producen y consumen. Sin personas las empresas son meras ficciones jurídicas; la producción de riqueza se detiene cuando ellas no trabajan, la ganancia se congela si no compran. En una cuarentena, el capital se muere de sed, como un vampiro en su cueva.

            Paradójicamente, una economía para la vida debe superar primero el antropocentrismo, puesto que el ser humano no sobrevive sin el ecosistema. Edgar Morin ha mostrado el camino en La vida de la vida, donde el sujeto no es el ser humano sino la vida misma. Al destruir su ecología el Homo Sapiens cava su propia tumba o, como dice Franz Hinkelammert, corta la rama en la que está sentado. Sin embargo, la economía para la muerte contamina el aire, recalienta la Tierra, contamina los ríos y ensucia los océanos; pareciéndole solo un daño colateral del desarrollo.

  1. Huelga general de compras

            Según Zygmund Bauman (1925-2017), en la post modernidad el trabajador ha sido licuado como consumidor, en rigor como comprador; del mismo modo el productor ha sido licuado como inversionista. La mayoría son consumidores, la minoría inversionistas. Si las huelgas de trabajadores públicos se restringen y el sector privado no admite más sindicato que el de los empresarios (UCAEP), al pueblo todavía le queda la huelga de compras.

            Ahora los compradores finales saben que la producción responde a su demanda y que muchas cosas son más publicitarias que necesarias. Podrían abandonar entonces lo que arruina su salud o daña a la Madre Tierra. Ese poder de compra puede usarse, por ejemplo, para reducir la ingesta de animales y el uso de plásticos. Solo los compradores detendrán el consumismo voraz que conduce al colapso planetario. Eso viene sucediendo espontáneamente, verbigracia el caso del petróleo. No comprar es más potente que cualquier acción; de hecho no puede reprimirse, no infringe la ley y detiene la codicia más irresponsable. Como esta crisis revela, el capitalismo es una máquina ciega que debe ser conducida mediante una coordinación facilitada por la tecnología colaborativa. Según Manuel Castells, la política es hoy fundamentalmente comunicación.

  1. El Estado no basta

            Existe un impulso irrefrenable hacia la comunidad y la solidaridad, cual instinto de especie o de «manada» que se manifiesta en el cuerpo médico, los empleados públicos y las miles de personas que se quedan voluntariamente en casa. Además, como escribiera Alan Woods, nada puede reprimir el «deseo inconsciente» de transformar el mundo preservado en la clase trabajadora. A la vez, hay una resistencia tenaz al trato indiferenciado que la política pública impone como parte de la reacción inmunitaria revelada por Roberto Esposito (Véase: Communitas e Inmunitas). Esto significa que el éxito de una política pública depende sobre todo de la colaboración de sus destinatarios.

            El poder real radica en los ciudadanos que mueven las ruedas del mundo cotidianamente y no, como pareciera, en sus delegados. Quienes gobiernan ostentan el poder formal, como ilusión de élite sostenida por la creencia mayoritaria en ficciones del tipo Estado y empresa; fenómeno destacado por Harari en Homo Deus. Por eso, al final depende del monopolio de la violencia legítima. Pero separado del representado, el poder del representante deviene fetiche que oculta en vano su ejercicio ilegítimo; según lo ha revelado Enrique Dussel en sus 10 tesis de política. Ese poder «legal» pero ilegítimo es una bomba de tiempo. Poder formal cada vez más difícil de alcanzar, ejercer y sostener, según lo descrito por Moisés Naím en el Fin del poder. En realidad, el poder formal parece sólido solo mientras el Soberano está silente.

            Además, el Estado costarricense existe en el Gran Área Metropolitana, pero conforme se aleja del centro se va desdibujando, hasta que en lugares remotos, como fronteras y costas, se reduce a la policía. Hay comunidades que ni cuentan con eso, como se sufre particularmente en el sur, donde se asesinan dirigentes sociales en territorio indígena.

            En el mar patrimonial el Estado prácticamente no existe; ahí yace buena parte de la riqueza de la nación, pero es coto de caza de atuneros y narcotraficantes. Una gestión de desarrollo de espaldas al mar significa que se ha abandonado el 92% del territorio nacional (574.725 km²) mientras las comunidades pesqueras se convierten en las más vulneradas. Alguna vez la burguesía costarricense fue patriótica, pero ha dejado de serlo, salvo honrosas excepciones. Tal vez comenzó a desnacionalizarse desde que fusilaron a Juanito Mora (1814-1860), cuyo cadáver quisieron arrojar al estero de Puntarenas.

  1. La democracia representativa no es suficiente

            La democracia representativa pasa por su peor crisis, a despecho del Fin de la historia y el último hombre, anunciado por Francis Fukuyama. Los ciudadanos creen cada vez menos en la «clase» política, en sus partidos de pacotilla y en las instituciones que dirige. Hasta las judiciales se están desprestigiando porque su independencia es una aspiración más que una realidad. En América Latina, según Manuel Castell, alrededor del 80% de la población no se siente representada por sus gobernantes.[2]

            Aunque sea claro que las elecciones limpias y transparentes son necesarias, también lo es que no son suficientes. De hecho, los representantes ganan con «mayorías» reglamentarias, no de verdad, y rápido su legitimidad se erosiona. Los ciudadanos tampoco creen en los medios de comunicación, por su servilismo a mezquinos intereses económicos. Esa crisis crónica de gobernabilidad es en términos de Antonio Grasmci (1891-1937) una crisis de hegemonía moral y cultural.

            En suma, sin una renovación radical la democracia representativa se seguirá desplomando como los glaciares por el cambio climático. La oligarquía, menos del 1% de la población, se ha vuelto su peor enemiga porque boicotea sistemáticamente el Estado de derecho y la institucionalidad pública, dejando de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social, exportando sus ganancias a los paraísos fiscales, cabildeando para obtener cuantiosas exenciones y amnistías, incidiendo en el poder judicial, haciendo campañas truculentas para disimular su evasión tributaria y cargando sobre los hombros del pueblo los costos hundidos de todas sus crisis. A la vez que usufructúa de la deuda, la inversión y los servicios públicos. Su liberalismo in extremis conduce al caos o al fascismo y desemboca, en el mejor de los casos, en la indignación y la movilización general.

  1. La renovación democrática impostergable

            En 2003, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional más importante después de la abolición del ejército. Consistió en una modificación aparentemente inocua que a algunos les pareció redundante y muchos ni se dieron por enterados. El artículo 9 describe nada menos que las características del gobierno: popular, representativo, responsable y alternativo. La reforma agregó «participativo» significando que el gobierno es ejercido por el pueblo junto a tres Poderes independientes. A la letra dice:

El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (…).[3]

            O sea, renovar la democracia es un imperativo constitucional desde hace 17 años, pero se ha avanzado poco o nada. Al respecto, la Asamblea Legislativa ha pecado por omisión, incumpliéndole al Soberano que ya debería haber sido apoderado. Eso hubiera sido más digno de su investidura que dedicarse a confiscar pensiones a personas adultas mayores, cohonestando la violencia simbólica del estigma difamatorio que se ha usado contra ellas cual caballo de Troya.

            Tal reforma política es urgente e indispensable porque ninguna democracia puede llamarse realmente representativa si no es participativa y ningún gobierno puede decirse popular y responsable sin una ciudadanía activa. Ella implica formas de participación, directas e indirectas, en todas las instituciones de los tres Poderes. Asimismo, se trata de garantizar que los reguladores de servicios públicos no sean capturados por los proveedores. Toda la institucionalidad pública debe hacer efectivo ese gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, simplemente por ser un mandato superior. En cuyo caso ¿cuántos desfalcos, confiscaciones, evasiones y extorsiones dejarían de ser viables? Además supone la aprobación de mecanismos como el plebiscito revocatorio de mandato de todos los representantes, incluyendo diputados. Así como prácticas regulares de rendición de cuentas, como la patrocinada, ejemplarmente, por el «Movimiento Territorios Seguros».

            Por su parte, los tres Poderes deben ser independientes entre sí para que el diseño de Estado funcione, si no se pierde el contrapeso. A la Asamblea Legislativa le toca una oposición visionaria ante el Ejecutivo y al Judicial parar los abusos de ambos. Sin embargo, esos Poderes lucen hoy confundidos, configurando un tipo de gobierno antidemocrático. En consecuencia, ya no debieran valerse esas leyes que un grupito de iluminados aprueba a espaldas de la ciudadanía, aplaudidos únicamente por la prensa desprestigiada, como fue el «plan fiscal» y la ley 9796 contra el derecho a una pensión digna. En contraste, pese a ser inmoral e ilegal, los diputados no se han atrevido a poner fin a la usura, lo cual no se limita a poner un tope de verdad a la tasa de interés. Alguien debiera recordarles que un gobierno de los ricos y para los ricos no solo es ilegitimo, además es anticonstitucional.

  1. Refundar la República del bicentenario

            Por eso, la responsabilidad debe asumirla ahora, directamente, el pueblo de Costa Rica. Cuando existan las condiciones este debe impulsar una reforma integral de la Constitución de 1949, que sería la forma más seria de honrar el bicentenario de la independencia. Dicha reforma debería girar alrededor de tres ejes temáticos preliminares:

A. Transformación de la democracia representativa en democracia participativa, según el artículo 9 ya reformado. Eso implica revisar críticamente el sistema electoral y garantizar la independencia absoluta de los tres Poderes respecto a cualquier presión externa política o económica. De igual manera, consolidar y ampliar las autonomías institucionales y territoriales. Asimismo, supone la gestión soberana, participativa, integral, descentralizada, sustentable e inclusiva de la totalidad del territorio nacional, incluyendo el mar en toda su extensión.

B. Garantías jurídicas para un avance progresivo de los derechos humanos de todos los habitantes: personas, poblaciones, culturas, etnias, naciones, comunidades, géneros, edades y condiciones, incluso más allá de las convenciones internacionales ratificadas.

C. Principios de una economía para la vida que implica, por ejemplo, un ingreso digno y universal para cada habitante, de acuerdo con el artículo 50 sobre el «bienestar de todos» y el «reparto de la riqueza»; dignidad y libertad del trabajo que no puede ser degradado, según artículo 50, «a simple mercancía»; reforma tributaria justa y progresiva (que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres); y, de acuerdo con los derechos de la Naturaleza, incentivar la generación de negocios realmente sustentables, socialmente responsables y solidarios.

            La meta mínima debe ser que la Constitución se cumpla sin interpretaciones antojadizas o acomodaticias. El programa mínimo implica avanzar sobre el eje A, que no es negociable. Sin una determinación férrea y unitaria de quienes constituyen la polifonía del Soberano, el futuro de la patria seguirá en manos de cuatro gatos cuya astucia ideológica les permite caer siempre parados al ser fieles a los intereses foráneos.

[1] Hoy Subcomandante Galeano del EZLN de México.

[2] Ruptura fue publicado en 2017 con el subtítulo: La crisis de la democracia liberal, como el libro de Rodolfo Cerdas de 1972 sobre el caso de Costa Rica.

[3] Constitución de la República de Costa Rica, artículo 9. Así reformado en 2003.

¡Quieren destruir la CCSS!

Comunicado de FRENASS:

La CCSS está en el corazón de la sociedad costarricense y ha resguardado la salud de nuestro pueblo, estando en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Por eso, no permitiremos una estocada a nuestra seguridad social por medio del debilitamiento de sus finanzas como lo pretenden el Ministro de Hacienda y el Presidente del Banco Central.

En efecto, en la reunión del pasado 22 de abril del 2020, con el Presidente de la República, el Ministro de Hacienda, la Ministra de Planificación y la totalidad de la Junta Directiva de la CCSS, en este espacio el señor Román Macaya, presidente de la Junta Directiva de la CCSS, expuso la situación de las finanzas de la institución y de la deuda histórica que tiene el Estado con la institución benemérita de la patria, cuya morosidad asciende nada menos que a 1,67 billones de colones, por concepto de seguro de salud y pensiones, deuda que el Estado no ha honrado a la institución desde hace muchos años. Con esos recursos, la CCSS podría hacer frente a una institución de salud fortalecida para la atención de la pandemia y contribuir a la reactivación económica del país y prestar los servicios de salud con la calidad y una cobertura en el futuro cercano que merece el pueblo de Costa Rica.

Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), levantamos la voz y nos unimos a la denuncia pública y que de forma valiente presentara Mario Devandas Brenes, como único legitimado en representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la Caja. Después que Mario Devandas informó al pueblo costarricense que según Hacienda y el Banco Central no hay solución para pagar la deuda que provocaría una crisis financiera de la institución, el Gobierno sigue sin aclarar la situación denunciada ni ha presentado propuestas concretas para honrar esa deuda.

La CCSS está realizando los cálculos del dinero que dejará de recibir en los próximos seis meses. Se pronostica que solo del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), dejará de percibir para marzo y agosto, entre 190.000 millones de colones y 303.000 millones de colones y en régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), alcanzaría en eses periodo un monto de 417.000 millones de colones.

El presidente Alvarado, indicó que “no hay plata” para cubrir las obligaciones que tiene el Estado con la CCSS. Con estas respuestas del presidente, lesiona gravemente nuestra seguridad social.

La denuncia que realizó Mario Devandas como representante del sector laboral en la Junta Directiva de la Caja, el día 22 de abril en la tarde, fue que el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves como el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, les dijeron a los directivos “que no se puede hacer nada para resolver el problema financiero” de la institución.

Como FRENASS, EXIGIMOS que el Gobierno no siga por la ruta de querer dejar desfinanciada a la Caja, y por el contrario le instamos a establecer los mecanismos democráticos e institucionales necesarios para hacerle frente a la deuda acumulada con la institución por 1,63 billones de colones y a los gastos que ha generado la pandemia.

Sería un error histórico para este Gobierno de la República, poner en peligro la institución más apreciadas y que está en el corazón del pueblo de Costa Rica.

¡Ahora sí, la patria nos llama a defender nuestra paz social y a la CCSS!

¿Por qué seguir viviendo/luchando en medio de esta pandemia?

Jorge Luis Hernández Cascante

Una razón para todos/as es la necesidad de rehacer, recuperar nuestra economía y muy en particular nuestras agriculturas.

En estos días nos invitan a sembrar y comer lo que se siembra.

Suena bonito. Pero uno es decirlo y otro es hacerlo, quizás sea algo romántico, en este país volcado al consumo venido del exterior.

Otra opinión puede tener el productor, con su esfuerzo diario, sudor y semilla; implora a lo Alto, para poder seguir produciendo.

Más de 4 décadas sin respaldo de gobiernos y aún las y los agricultores, nos demuestran cada día su capacidad de llenar los mercados, con vegetales y carnes de todo tipo.

Hoy esperan lealtad de quien consume: que prefiera producto nacional. Entonces:

  • Que le ayuden en el acceso directo para que su producto no se encarezca en manos de intermediarios.
  • Que le apoyen para que el sistema financiero no le amarre con sus deudas.
  • Que en este tiempo de crisis por fin haya reciprocidad de apoyo, así como (ellos los productores) nos apoyan, con el aporte de comida.

En mi caso soy parte de esa cultura campesina que se pierde en el tiempo.

Mis padres mis maestros.

Nuestra finquita, un espacio de producción orgánica, espiritualidad y convivencia.

Acá el bosque y sus árboles, la Ermita, la casa de madera, biblioteca, la casa donde vivimos, las áreas de producción (incluye la huerta de plantas medicinales y la de hortaliza), las semillas y almácigos, la cocina, el vivero, el laberinto, el río.

Administradores de esta tierra, para la familia, ¡a su servicio!

¡Seguimos!

Historia de un bloqueo

“La ignorancia mata a los pueblos, y es preciso matar a la ignorancia. Pueblo que se somete, perece”. José Martí

Trino Barrantes Araya*

La potencia imperialista norteamericana, inició oficialmente el Bloqueo contra Cuba, el 27 de agosto de 1959, es a partir de esa fecha en la que el gobierno norteamericano, establece, por primera vez, los mecanismos coercitivos contra la República de Cuba.

Así las cosas, 30 días después del triunfo de la Revolución Cubana, inicia el bloqueo a través de los mecanismos que históricamente se harán presentes en estas 6 largas décadas, de la Revolución Socialista Cubana.

Es claro que el pretexto para esta brutal medida, tiene su anclaje en la derrota contra la dictadura de Fulgencio Batista, La caída de este dictador, abrió, entonces, un abanico de hostilidades que se extiende ya, por cerca de sesenta y un años.

Desde el 27 de agosto de 1959, el bloqueo económico, ha estado presente por medio de una guerra mediática sostenida; como prácticas comerciales y políticas desleales, campañas de desinformación deshumanizadas, sabotajes, inoculación de enfermedades contra la agricultura y el pueblo, son parte del currículo vitae de las diferentes magistraturas de los gobiernos de Estados Unidos contra Cuba.

Pese a todo, los Estados Unidos de América-USA, no ha logrado detener el proceso socialista y los grandes avances culturales, educativos, científicos, en salud y económicos que ha alcanzado Cuba, por el contrario, como lo señala prístinamente, en uno de sus artículos, Manuel Yepe, cuando menciona lo siguiente:

“…la persistencia del bloqueo contra Cuba ha contribuido, al igual que su política de amenazas y agresiones abiertas y encubiertas, a la promoción de una política de unidad popular de los cubanos que ha servido para estimular el apoyo entusiasta de la población al proyecto político (Manuel Yepe, Septiembre 14 de 2017)”.

De manera muy sencilla, pero pese a todo esto, los Estados Unidos no ha logrado detener el proceso socialista y los grandes avances de la revolución social cubana.

De manera muy sencilla, la historia señala que EL BLOQUEO estadounidense contra Cuba, tiene como acuerdo inicial, eliminar la cuota azucarera negociada entre ambos países.

Pero seguidamente, las medidas económicas y políticas trascendieron y llegaron a constituirse en una política férrea e impositiva, que se pueden enumerar sucintamente de la siguiente manera:

1.- A inicios de la revolución, en 1959, la American Foreign Power (Electric Bond and Share) cancela un financiamiento por la suma de $15.000.000 (15 millones de dólares). Esto en respuesta a la medida revolucionaria de rebajar las tarifas eléctricas cerca de un 30%.

2.- El 17 de octubre de 1959, la Casa Blanca se opone al acuerdo militar suscrito entre Inglaterra y Cuba, el cuál invalida el suministro de aeronaves y repuestos.

3.- Un año después, en marzo de 1960, EE.UU. suspende la venta de helicópteros a Cuba y restringe el cabotaje de embarcaciones norteamericanas a puertos cubanos.

4.- Ese mismo año, en junio, las transnacionales del petróleo TEXACO, ESSO y SHELL suspenden el suministro de petróleo al proceso revolucionario.

5.- En 1960, a un año del triunfo, se afirma el recorte absoluto de la cuota azucarera fijada entre ambos gobiernos. Pero además se restringen las ventas de muchos productos de Estados Unidos hacia Cuba.

6.- El 14 de mayo de 1964, el cinismo y lo más obsceno de este bloqueo se va a manifestar mediante el cierre comercial de medicinas y alimentos para el gobierno cubano y su pueblo. Pero el macabro mapa de datos de este bloqueo va más allá, no solamente se expresa en esas medidas concretas que hemos indicado.

Recordemos que el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia-CIA y el Pentágono inician un cerco violento para aislar a Cuba del ajedrez internacional; primeramente, en 1961, con la expulsión de Cuba de la OEA y posteriormente mediante la aplicación sostenida de las múltiples enmiendas.

“Solo en el quinquenio 1987-1991 en la administración estadounidense se presentan las siguientes enmiendas de ley dirigidas a estrechar cada vez más el cerco de la isla: Enmienda Pepper: limitar el acceso de los buques que arriban a cuba; Enmienda Mack: Prohibición a las firmas subsidiarias de compañías estadounidenses establecidas en terceros países, la realización de operaciones comerciales con Cuba; Enmienda Smith”.

Debemos aquí también apuntar, otras acciones directas como La Ley de Ajuste Cubano, que en lo concreto manifiesta que:

“La Ley de Ajuste Cubano fue creada por el Congreso de los Estados Unidos en 1966, para amparar legalmente a los supuestos refugiados políticos cubanos que llegaban. Como no existía (hasta 1980) una ley de asilo, no había un mecanismo legal que permitiera tramitarlo. El Congreso inventó la Ley de Ajuste con el propósito de facilitar la legalización de los cubanos que decían ser refugiados”.

La Ley de Ajuste Cubano, es complementada por las medidas que aprueba la Casa Blanca, incrementando en 10 millones de dólares su apoyo para darle sostenibilidad financiera a la migración ilícita de los cubanos y cubanas.

Vicky Huddleston, exjefa de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, en una clara posición coherente con la lógica imperialista manifestó en el New York Times, que la Ley de Ajuste se derogará, para poder, entre otras cosas:

“fomentar una migración segura y ordenada, además de salvar vidas /…/ Respecto a esa ley agrega la autora…Es una ley anacrónica. También es una ley dispareja, porque solamente les otorga residencia permanente a los cubanos. El resto de los indocumentados quedan fuera. Finalmente, es una ley que estimula la inmigración ilegal en los Estados Unidos”.

A partir del 2015, Barack Obama abrió, casi medio siglo después, las relaciones diplomáticas con Cuba. Pero este nuevo coqueteo –cuyos intereses y objetivos siguen siendo desconocidos-, no tuvieron mucha duración ni éxito y muy por el contrario, la nueva magistratura de Donald Trump, desde su discurso de campaña electoral anunció las fuertes medidas que aplicaría contra Cuba ante su eventual gobierno, las cuales adquieren luz propia en junio del año 2017.

Así entonces, la magistratura de Donald Trump, certificó la cancelación de la iniciativa Obama, volviéndose a restringir los viajes a Cuba e imposibilitar al gobierno del Comandante y Presidente Raúl Castro Ruz, sostener intercambios con el sistema de los bancos norteamericanos.

Obviamente estas nuevas medidas derivadas del BLOQUEO no se quedaron ahí. Entre otras regulaciones, las limitaciones para viajar a Cuba, sanciones a otros países por transportar pasajeros, prohibiciones en los mercados, restricciones y ataque directos a la agricultura cubana, forman parte de esta larga cadena de latrocinios imperialistas; justificadas y amparadas ahora en la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y otras medidas más agresivas por parte del Gobierno de Estados Unidos, para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba.

Los pueblos latinoamericanos, conscientes de la hermandad y solidaridad, para con el pueblo y el gobierno de Cuba, debemos asumir la tarea de eliminar EL BLOQUEO miserable y mezquino que afecta a Cuba y que atenta contra la hermandad de los pueblos, como lo soñó Martí en su ensayo Nuestra América. Como costarricenses consientes y democráticos, estaremos dispuestos, al igual que el pueblo cubano en apoyar al gobierno dirigido por Díaz-Canel contra todas las acciones devenidas de la Administración Trump.

En el marco de la pandemia del COVID-19, hacemos público el reconocimiento de los profesionales de la salud del pueblo de Cuba y de su gobierno, ante el compromiso y solidaridad expresada a los diferentes pueblos del mundo afectados severamente por esta pandemia.

En este contexto, denunciamos la irracionalidad de Trump, quien agrega un nuevo elemento al Bloqueo contra Cuba, negando al pueblo norteamericano el “interferón” y el apoyo médico y humanitario del personal de la salud, que ofreció el gobierno de Cuba al pueblo de los Estados Unidos.

En esta fecha, cobra total vigencia el lema internacional “CUBA SOBERANA SÍ, BLOQUEO NO”. La aspiración de los pueblos progresistas del mundo, contra el bloqueo en cuba es una legítima reivindicación de hoy y para siempre.

* camilosantamaria775@gmail.com
San José-Costa Rica, 21 de abril de 2020

Imagen: http://www.escambray.cu/2019/onu-debate-hoy-el-proyecto-de-resolucion-de-cuba-contra-el-bloqueo/

Huelgas Inquilinarias y Sindicatos de Desocupados

Vladimir de la Cruz

Las luchas sociales, las de los movimientos obreros y de trabajadores, tienen muchas formas de manifestarse y de realizarse. La historia universal, latinoamericana y costarricense es rica en estas experiencias de luchas.

Los movimientos sindicales, y sus luchas, surgieron especialmente en la segunda mitad del siglo XIX. Desde entonces existen y han contribuido, con sus luchas, movilizaciones y demandas, a desarrollar leyes sociales, leyes laborales, ampliar los conceptos de los Derechos Humanos, han contribuido a la gestación y desarrollo del Estado Social de Derecho y del Estado Social y Democrático de Derecho.

Carlos Marx, estudioso en esos años, del siglo XIX, del desarrollo del capitalismo, como un modo histórico de producción, en esa fase de nacimiento, de este régimen económico, social y político, pudo visualizar el carácter internacional de este sistema. Con ello señaló igualmente el carácter internacional de la clase capitalista, como una clase social aliada, en ese plano internacional, por las interrelaciones que establecían de producción, de comercio, de mercados, que establecía acuerdos para salvaguardar y acrecentar sus intereses económicos y políticos, y de explotación, y sobre explotación, de las clases trabajadoras.

Igualmente, valoró por ello, el papel que los trabajadores, de la clase obrera asalariada, tenía en ese proceso económico productivo, como factor generador de la riqueza social y de la acumulación de capital, a base de la explotación social que sufría organizadamente por las clases capitalistas. Y valoró a esta clase social en su papel estratégico en la lucha anticapitalista. No habían surgido las clases medias, ni el Estado y sus instituciones, ni el sector servicios, se habían desarrollado como lo hicieron en el siglo XX.

Esto lo llevó a visualizar el capitalismo como un sistema universal, igual su clase capitalista, en todas sus manifestaciones, como una clase universal que actuaba unitariamente y, por la misma razón, los trabajadores de todos los países eran a la vez una clase social universal, que se identificaba entre sí, como los capitalistas entre ellos, por la situación y posición que tenían en el proceso de la producción, por las relaciones sociales de producción que en los países capitalistas se daban, y por las condiciones de trabajo que los homogenizaba.

Así Calos Marx impulsó, en 1864, la Asociación Internacional de Trabajadores, como una gran organización internacional para agrupar a los distintos movimientos organizados de trabajadores, en sus sindicatos, sus Ligas de Obreros, y sus organizaciones políticas que se estaban desarrollando, en esa segunda mitad del siglo XIX, los Partidos Obreros Social Demócratas, los partidos Socialistas, y las organizaciones anarquistas, principalmente.

El objetivo de la Asociación Internacional de los Trabajadores fue la unidad internacional de sus luchas, la trasmisión internacional de sus experiencias de lucha y de organización.

La Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como I Internacional, fue reprimida, sus dirigentes igualmente reprimidos y perseguidos por los distintos gobiernos europeos. Tuvo que trasladar su sede en varias ocasiones. Dio paso, todavía en vida de Carlos Marx, a la gestación de la II Internacional, que como organización llegó hasta la I Guerra Mundial.

La I Guerra la fragmentó a la clase trabajadora y sus organizaciones, por la posición que adquirieron los grupos obreros, en los diversos países, en torno al conflicto, donde no vieron las nuevas condiciones internacionales que se vivían a principios del siglo XX, y se pronunciaron unos a favor de participar en la guerra, y en apoyar a sus gobiernos, y otros en contra.

Si en época de Marx, y durante todo el siglo XIX se desarrolló el capitalismo, al finalizar el siglo XIX, desde 1890 hasta 1914, lo que estaba en desarrollo era su fase superior, la etapa del Imperialismo. Fue Vladimir Lenin, el gran líder del movimiento obrero y revolucionario ruso, el que señaló, estudió y puso en relieve esta nueva situación. Así analizó la I Guerra Mundial como una guerra inter imperialista donde se disputaban el control y dominación de áreas de materias primas estratégicas para los nuevos procesos industriales, regiones de mano de obra barata y mercados de colocación de productos caros, realizados con esta mano de obra barata y estas materias primas.

Los planteamientos de Lenin marcaron una orientación política correcta sobre lo que tenían que hacer las clases trabajadoras, oponerse a la guerra y tratar de acabar con los gobiernos que estaban en ese conflicto. Impulsó la organización política a nuevos niveles, constituyendo partidos políticos de nuevo tipo, entre ellos los comunistas, y le dio a la clase trabajadora organizada, derroteros claros para la toma del Poder, como objetivo fundamental de su lucha, lo que lo distinguió de otras corrientes políticas, que se consolaban con la representación parlamentaria y la elaboración de leyes, mientras Lenin proponía la instauración de un régimen socialista y comunista, especialmente al movimiento obrero ruso, desde 1903 hasta 1917, cuando logra triunfar, en Octubre de ese año, de acuerdo al viejo calendario Juliano, y en noviembre, de conformidad al Calendario Gregoriano, que estableció la Revolución Rusa, en febrero de 1918.

Con el triunfo comunista en Rusia, Lenin impulsó una nueva organización Internacional, la III Internacional, en 1919, con el propósito de unificar los intereses de los partidos comunistas, que la Internacional también impulsó y de los movimientos sindicales de ese momento, muchos de ellos desarrollados y dirigidos por partidos revolucionarios y comunistas. También existían organizaciones sindicales internacionales de otras corrientes políticas y religiosas.

La III Internacional llegó hasta principios de la década de 1940, cuando en el contexto de la II Guerra Mundial se disolvió, dando origen a nuevas organizaciones sindicales internacionales, con iguales propósitos, de trasmitir experiencias de lucha, de organización y de solidaridad.

En el contexto de la Guerra Fría se desarrollaron a niveles mundial, continentales y regionales organizaciones sindicales, de diversas orientaciones políticas, comunistas, socialistas, revolucionarias, socialdemócratas, socialcristianas etc.

La caída del Socialismo Mundial, la desintegración del sistema Mundial Socialista, debilitó, pero no hizo desaparecer estas organizaciones. Siguen existiendo en las condiciones histórico políticas surgidas a partir de 1991, de la globalización mundial, y de la organización capitalista internacional, en las nuevas condiciones desarrolladas desde esos años hasta hoy, con nuevos escenarios de luchas.

En su esencia los problemas de los trabajadores siguen siendo los mismos, los temas originales de lucha siguen vigentes, los salarios, los beneficios salariales, las pensiones, las jornadas de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene ocupacional, las regulaciones de los trabajos de mujeres, menores de edad y de niños, hoy también la situación de los trabajadores migrantes, transfronterizos. A ellos se sumaron problemas sociales de los trabajadores, de sus condiciones de vida, de seguridad social, que se trataban de resolver desde las luchas obreras, que tradicionalmente han sido específicas de los centros de trabajo, fábricas, empresas públicas y privadas.

Las luchas sindicales, sus movilizaciones y su organización se dan, y siguen dando, en función de estos problemas. Hoy no están dirigidas por partidos políticos, como se hacía ampliamente antes de 1990, cuando estos partidos tenían bajo su control esas organizaciones sindicales.

Frente a una situación internacional como la pandemia del coronavirus, las organizaciones sindicales, especialmente europeas, están tratando de dar respuestas colectivas a la crisis, y situación de vida, que están sufriendo los trabajadores de cierre de empresas, cierre de actividades económicas, comerciales y de servicios, de desempleo, de reducción de jornadas, de teletrabajos y de regularlos, de reducción del trabajo empresarial, de asegurar que en estas condiciones no se rebajen salarios, que se den seguros de desempleo, de protección de los distintos sectores sociales de la población y que se estimulen las micros y pequeñas empresas, que se aseguren los fondos para estimular las distintas actividades económicas y productivas, que se atiendan políticas públicas que regulen los intereses en los pagos, que se establezcan moratorias en pagos de préstamos y alquileres, que los alquileres que se congelen en sus aumentos, que se congelen los precios de productos básicos, que se estimule la producción nacional y local etc.

En el siglo XX, a principios, en la década de 1920, en Panamá, se produjeron huelgas inquilinarias, de no pago de alquileres, bien organizadas, con bastante éxito, durante muchos meses, frente a una situación de crisis que condujo a una contracción de los salarios y los ingresos.

En Costa Rica no se han dado estas luchas, pero de agudizarse la situación económica social por el impacto y la prolongación de la paralización económica y de desempleo creciente en el país, y la falta de dinero por la cesación de trabajos, con la imposibilidad de que la gente tenga recursos económicos, si acaso más que para la comida básica, la huelga de pagos de alquileres puede ser inminente, posible y necesaria. La realidad dice que no se puede desahuciar, desalojar, a miles de personas y familias. Tal vez los tribunales tengan la capacidad para hacerlo pero el Estado ni la sociedad no la tienen para soportarlo, y los sectores ricos y acomodados del país tendrían una situación de inseguridad aguda de darse una situación como ésta.

El problema de los ingresos básicos, por subsidios, pagos de jornadas parciales, por bonos, por ayudas estatales y otras modalidades que puedan impulsarse frente a los desempleados existentes y crecientes, debe atenderse con urgencia, procurando asegurar la vivienda que se tenga y la canasta básica de alimentos para los afectados, de esta manera, por esta crisis.

A finales de la década de 1920 y hasta 1933 prácticamente, el impacto que provocó la Crisis Mundial de 1928-1929 que llegó en sus efectos, en Costa Rica, hasta 1934, con tres grandes huelgas, la bananera, las de trabajadores en Turrialba y otra en San José, generando, en esos años, casi un 13% de desempleo, que era desempleo real de familias completas, hizo surgir Sindicatos de Desempleados, que fueron muy importantes en las luchas sociales de esos días, y que igualmente contribuyeron a la gestación en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica, siendo buena parte, esos desempleados, de su base social en esos primeros meses y años.

Como sindicatos de desempleados pasaban constantemente los trabajadores en manifestaciones de calle, con sus instrumentos de trabajo, machetes, palas, picos, principalmente, por el origen agrícola de esos trabajadores desempleados, provocando en una ocasión, mayo de 1933, un enfrentamiento con la policía con saldo de un muerto.

En esa época no había leyes, como hoy, que regularan los sindicatos. Por eso funcionaron los Sindicatos de Desempleados, como Sindicatos de la realidad que se vivía. La organización de los trabajadores puede encontrar formas para situaciones como estas hoy. Al menos las movilizaciones de desempleados sí pueden darse, es un derecho constitucional y ciudadano, una vez que se superen las restricciones, de reuniones públicas, impuestas por la pandemia, en caso de que su situación, la de los trabajadores se agudice, y tengan que movilizarse en busca de trabajo y protección institucional.

En España, en los últimos años del franquismo, las Comisiones Obreras, frente a la represión en las fábricas y centros de trabajo, para impedir la organización sindical, impulsaron con bastante éxito, la organización de los trabajadores de las fábricas en sus lugares de habitación, que generalmente eran alrededor de las fábricas y empresas. Con ello se lograba agitar dobles problemas, los de la fábrica y los de la barriada, que les eran comunes a los trabajadores. Así entraban a las fábricas desde el barrio, desde donde vivían los trabajadores.

A principios de la década de 1970, recién fundado el Partido Socialista Costarricense, intentamos, yo participé en ese esfuerzo, hacer algo parecido, que resultó sin éxito, porque aquí no había barrios obreros alrededor de fábricas, donde los trabajadores de esas fábricas vivieran a la par de ellas. Al contrario, trabajadores que vivían en Curridabat trabajaban en Pavas, o de Desamparados también se trasladaban a otras regiones largo de sus casas. No fue posible articular luchas en este sentido.

Los barrios de trabajadores, cercanos a parques industriales, no necesariamente tienen esta particularidad hoy. Los multifamiliares y condominios que se construyen cerca de las zonas francas, y parques industriales, no son para la clase obrera, que trabaja en esos amurallados centros empresariales, generalmente son para funcionarios medios, jóvenes profesionales, y cuadros calificados, sin ningún interés sindical, donde muchos se desempeñan en las áreas de servicios que se ofrecen desde allí.

El Partido Comunista, Vanguardia Popular, durante muchos años, prácticamente desde su fundación, pero especialmente en los años de la clandestinidad, en la década de 1950 hasta los 70s, desarrolló con bastante éxito las Juntas Progresistas, algunas muy poderosas por sus dirigentes, que gozaban de un buen apoyo vecinal, y por las luchas comunales que daban. Frente a ellas el Partido Liberación Nacional impulsó, con el apoyo del Estado y sus instituciones, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, creando las organizaciones vecinales alternas, copando esas luchas desde el Estado, y debilitando la influencia comunista en ese tipo de organizaciones y en las comunidades.

Frente a la situación que estamos viviendo urgen políticas nacionales, urge que en ellas se tomen en cuenta a todos los sectores políticos y sociales organizados, en procura de impulsar soluciones de común acuerdo, cediendo todos los sectores proporcionalmente en su capacidad de ingresos y su capacidad económica.

De la misma manera como a nivel internacional se abordan políticas de todos los países para enfrentar la pandemia de manera coordinada, a nivel nacional se debe actuar de manera similar.

Urge fortalecer a los pequeños y microempresarios. Esta es la clave. En su defensa y seguridad está la del resto de los trabajadores. Hay que atender el sector agrícola nacional, nuestra soberanía agrícola, y la seguridad alimentaria del país, sobre todo cuando alrededor de productos fundamentales la producción en el país anda alrededor del 50%. Las economías locales y los sectores productivos nacionales hoy son estratégicas.

En la defensa de la Gran Clase Media nacional, incluida la clase media empresarial, pequeños y micros empresarios y emprendedores, está la defensa de todos los trabajadores, de los sectores pobres y de los sectores en extrema pobreza. No es golpeándola en sus ingresos, salarios y pensiones, en la reducción o eliminación de su beneficios sociales y laborales. Es en asegurar sus ingresos de manera decente, decorosa y digna.

La situación de encadenamientos mundiales, que se ha puesto a prueba con la Pandemia, puede hacer que países como el nuestro, Costa Rica, se vuelvan más estratégicos para las grandes inversiones extranjeras, por la amplia calidad de estudios de nuestra población y de los jóvenes, por la cercanía geográfica y de las rutas de transporte aéreas y navieras, con los Estados Unidos que sigue siendo nuestro principal socio comercial. También está México y Canadá, y la misma región centroamericana que sigue teniendo un peso importante en nuestras exportaciones. Si de productos nacionales se trata, tenemos una canasta de exportación de casi 5.000 productos. Esto hay que fortalecerlo para el consumo interno y para fortalecer al productor nacional, y asegurar al consumidor nacional.

La pandemia ha demostrado la fortaleza y el papel estratégico de instituciones estatales, especialmente las vinculadas a la seguridad social y la salud pública. No es momento para debilitarlas. Es necesario fortalecerlas, ampliarlas en su proyección nacional hasta donde sea posible.

El Coronavirus llegó para quedarse como otros virus lo han hecho, y convivimos con ellos. Hay que prepararse para que un paro similar como el que se está viviendo no vuelva a ocurrir. Otros virus nuevos pueden aparecer de manera similar. Hay que estar preparados, y bien preparados. Lo que no debe ocurrir es que estemos desprevenidos para situaciones similares.

Enviado a SURCOS por el autor.

Colegio de Profesionales de Sociología ante el COVID-19

El Colegio de Profesionales de Sociología de Costa Rica pronunciamiento ante la pandemia del COVID-19
Junta Directiva, 24 de abril del 2020

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica, ante la obligación que le confiere su Ley de creación de pronunciarse en asuntos de interés nacional e internacional, así como de emitir opinión y brindar asesoramiento a los Poderes del Estado, las organizaciones y las instituciones públicas y privadas, nos permitimos emitir nuestra posición sobre la emergencia nacional ante el Covid-19. Para ello dirigimos este pronunciamiento al señor Presidente de la República con copia a otras autoridades que están trabajando en la dirección y coordinación de políticas y acciones para su consideración, tales como el Consejo de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, la Defensoría de los Habitantes, los Rectores y consejos universitarios, las Escuelas de Sociología, la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU), Sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Seguidamente enumeramos algunas consideraciones que desde las ciencias sociales y la sociología en particular, son criterios básicos a valorar en el proceso de diseño de medidas de emergencia y la toma de decisiones de política pública:

  1. En primer lugar, felicitar al Señor Presidente de la República, su Gabinete y autoridades de instituciones públicas por la rápida organización, aplicación de medidas de emergencia sanitaria, cambios y fortalecimiento en la organización interna de centros de salud, centros educativos y la atención de los sectores sociales con mayor riesgo y más afectados por las medidas adoptadas para detener la pandemia del COVID-19.
  2. La emergencia afecta a todos los sectores y actores sociales que requieren trabajar junto con el Gobierno de Costa Rica para direccionar el impacto que esta pandemia ha generado sobre la condición económica y social del país. Sabemos que la cuarentena sanitaria tiene efectos sobre las relaciones del trabajo y la distribución de los ingresos y de capital en los distintos sectores de la estructura social costarricense. Estos efectos impactarán en forma distinta a los diversos estratos socioeconómicos, donde algunos se verán beneficiados y otros muy amplios se verán perjudicados, dependiendo de la actividad económica, la posición socio laboral y la forma en que la legislación establezca la distribución de los beneficios y las personas beneficiarias, así como las fuentes de recursos, empréstitos y donaciones para afrontar la crisis.
  3. Desde la perspectiva sociológica es de fundamental importancia que el Gobierno escuche y tome decisiones considerando estas diferencias al otorgar beneficios y establecer medidas de políticas sociales, económicas y fiscales. Por una parte, la clase trabajadora tiene grandes diferencias entre sí, no solo por su condición ocupacional (ocupados, desempleados, buscan trabajo por primera vez), sino por sus calidades (nivel educativo, capacitación, experiencia laboral, dominio de otros idiomas, etc.), condiciones sociodemográficas (género, etnia, edad, nivel nutricional y de salud, territorialidad), cualidades (habilidades, valores, desempeño) y las remuneraciones salariales que percibe según su estrato sociocupacional (altos, medios, bajos) o su condición de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social. Existen variables e indicadores que permiten sumar estas condiciones que ya existen en registros como el SINERUBE, el SICERE de la CCSS, el INEC y otras fuentes de Información públicas, pero que no son accesibles para la toma de decisiones en el ámbito municipal, empresarial o de las organizaciones sociales, lo cual incrementa el riesgo de filtraciones, exclusiones, duplicidades y trasposición de beneficios y personas beneficiarias.
  4. Por otra parte, en el proceso de toma de decisiones se requiere tomar en cuenta que también existen diferencias dentro del sector privado o empresarial. Entre ellas cabe considerar variables tales como el tamaño de las empresas (pequeñas, medianas y grandes), el volumen de trabajadores/as que emplean, la categoría ocupacional de empresarios/as (patronos, trabajadores independientes o familiares sin sueldo), la condición de ocupación o inactividad (ocupados, jubilados, rentistas u otros), la actividad principal a la cual se dedican (financiera, agrícola, industrial, tecnológica, comercial, turística, etc.), el tipo de empresa (formal, informal, zona franca, otro), el ámbito de su mercado (familiar, comunal, local, regional, nacional, internacional o transnacional), el volumen y uso de servicios públicos (electricidad, agua, carreteras, puertos, salud, seguridad financiera, etc. ), la figura jurídica (sociedad anónima, economía social, organización sin fines de lucro, con fines de lucro y otras), el nivel de ingresos y de bienes de capital (fines y valor agregado, composición, encadenamientos productivos, el capital “golondrina” y otros), origen/destino de productos (importaciones/exportaciones) y su aporte al desarrollo local y nacional (Responsabilidad Social Empresarial, pago transparente o no de impuestos, donaciones, etc.). El apoyo solidario del sector empresarial para salir de la crisis sanitaria y económica es fundamental, así como el apoyo de las alianzas estratégicas con la cooperación internacional, las cuales pueden marcar una ruta necesaria para la consolidación y fortalecimiento del Pacto Social entre el Estado, empresas y ciudadanía.
  5. Ante la urgencia de tomar medidas de política púbica dirigidas a proteger y compensar los sectores más vulnerables y afectados por la pandemia y el aislamiento, implica que todos los sectores deben asumir su responsabilidad. El Estado requiere identificar las principales características de los potenciales sectores beneficiarios por un lado y de los contribuyentes por el otro. El sector empresarial debe asumir su responsabilidad de actuar a derecho pero también de contribuir al desarrollo equitativo del país, eso les beneficia al ampliar los mercados, reinventarse y activar su productividad. Por su parte la población y empresas beneficiarias de estas políticas públicas, deben ser responsables para mejorar sus capacidades, innovar, trabajar duro y reaccionar con nuevas propuestas que aseguren el bienestar social y económico de todos y todas para cuando pase la crisis. Para ello se requiere del esfuerzo solidario tanto del Estado como del sector empresarial y el de los/as trabajadores/as teniendo como norte el bienestar social con equidad, racionalidad y solidaridad.
  6. En este proceso de la toma de decisiones de políticas públicas y el rediseño de programas y proyectos cabe recordar que además de nueva legislación se requiere aplicar el criterio técnico (sociológico, político, económico, tecnológico, gerencial, etc.) que prevea mecanismos de control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas no solo institucionales, sino también de cara a las empresas y a la ciudadanía, con su participación y apoyo, conforme al ordenamiento de nuestro Estado Social de Derecho. Así esperamos que las instituciones públicas, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil juntas eviten que los recursos disponibles y el gran esfuerzo realizado en este tiempo de urgencias puedan dar pie a la desconfianza e incertidumbre o de paso al clientelismo político oportunista, las filtraciones, exclusiones y duplicidades en la identificación de personas beneficiarias y la asignación de los beneficios.
  7. Cabe señalar que el país dispone de muchos estudios e informes sobre el panorama social, económico, político y ambiental que explican la evolución y condiciones de vida de los y las costarricenses, desagregadas por regiones, territorios, sectores sociales, hogares, familias y personas. En las últimas décadas el país ha acumulado la experiencia profesional, académica e institucional en la elaboración de diagnósticos, diseño de programas y evaluaciones sobre efectos e impactos. Entre las principales fuentes de información con estadísticas recientes y periódicas se encuentra el Programa del Estado de la Nación, MIDEPLAN, el Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), institutos de investigación económica y social de las universidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. En todas ellas participa una amplia red de profesionales en las diversas especialidades, en su mayoría afiliados a órganos públicos no estatales como lo son los Colegios Profesionales, los cuales disponemos de la Federación de Colegios Universitarios de Costa Rica (FECOPROU) y las Asociaciones Internacionales de profesionales en las distintas disciplinas.
  8. El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica cuenta con casi mil profesionales afiliados/as que laboran en instituciones públicas y privadas, quienes realizan investigaciones, evaluaciones y acciones sustantivas dirigidas a contribuir en el desarrollo local, nacional e internacional. Una de las principales capacidades desarrolladas por los y las sociólogas es precisamente la realización de diagnósticos sociales, el diseño de los procesos de planificación, ejecución, control y evaluación de planes, programas y proyectos sociales que impactan en forma diferente a ciertos sectores, actores sociales y económicos.
  9. Las metodologías, herramientas y perspectivas sociológicas destacan diferencias sobre las causas, efectos e impactos que se generan de los programas y proyectos, así como si éstos cumplen con ciertos principios fundamentales tales como la equidad, justicia social, la honestidad, la legalidad y solidaridad social. Estos principios y enfoques como la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP), facilitará la empleabilidad estable y de calidad, reinversiones de capital, innovación tecnológica, calidad de resultados y el respeto a la legislación laboral y social, requeridos en estos momentos de crisis y las etapas posteriores.
  10. Los decretos emitidos y los proyectos de ley elaborados por el Poder Ejecutivo que requieren de su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa, deben tener en cuenta la consulta a la opinión ciudadana y los diversos sectores de la economía y sociedad, así como prever los posibles efectos e impactos sociales que estas políticas públicas y programas especiales pueden generar sobre los diversos sectores sociales, económicos y grupos de personas según su condición social, laboral, vulnerabilidad y pobreza distribuidas en las regiones y territorios más afectados por la crisis.

Ante este panorama, el Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica considera relevante recomendar al Gobierno de la República que tome en cuenta las siguientes acciones:

  1. Fortalecer y dar peso al carácter social del accionar del Estado y su institucionalidad frente a los intereses puramente financieros y lucrativos que subordinan lo social y lo ambiental. Lo anterior bajo el principio de revitalizar el carácter del modelo de desarrollo costarricense basado en nuestro Estado Social de Derecho.
  2. Promover acciones para mejorar la gobernanza desde la Responsabilidad Social de la Administración Pública (RSAP). Poner en práctica los principios y valores como la transparencia en la gestión pública, la integralidad, la objetividad en el desempeño, la honestidad y el liderazgo a favor del interés público que afecta a la ciudadanía. De ahí la importancia de que la administración pública sea accesible, concertadora y evaluadora del trabajo tanto del político y como del funcionario/a. El liderazgo direcciona y facilita la coordinación en la gestión pública para concertar acuerdos entre los diferentes sectores sociales y empresariales para llevar a cabo el “Contrato Social”, más allá de planes y programas coyunturales, de sus intereses o circunstancias, tal como lo ameritan las medidas que se están tomando para evitar la expansión del Covid-19.
  3. Revertir las dinámicas de la desigualdad social y territorial, tanto en el accionar institucional como en la inversión pública en las etapas de atención antes, durante y después de la pandemia, con el fin de generar procesos de inclusión, ampliar las capacidades humanas y las oportunidades laborales y prevenir el riesgo de aumentar los patrones de violencia, en especial de género y étnicas. Lo anterior implica identificar los sectores de la sociedad y de la economía costarricense en los cuales recaerán las mayores cargas económicas durante la crisis. Urge identificar salidas viables y las formas generales de recuperación de la economía nacional y regional con políticas redistributivas y basadas en la justicia social con solidaridad.
  4. Aprovechar esta coyuntura para impulsar con más fuerza el trabajo digno y promover esquemas asociativos y de emprendimiento económico que potencien los territorios y las poblaciones, desde la eco-economía social solidaria. En este proceso es importante la transparencia en las acciones que se realizan y la rendición de cuentas periódicas a la ciudadanía, lo cual promueve la cohesión e integración social.
  5. La identificación y atención institucional pertinente a los sectores de la economía informal, principalmente a las personas trabajadoras que no cuentan con interlocución o tienen una débil organización, desocupados/as, personas en condición de calle, privados/as de libertad y otros/as. Generar medios de articulación con el voluntariado de la red formal y de hecho con el movimiento comunal, organizaciones sociales y ONG´s de las distintas localidades en todo el territorio nacional.
  6. Cultivar mayores niveles de conciencia y compromiso social activo y organizativo de las poblaciones, actores sociales y organizaciones sociales en todos los ámbitos que permitan ser protagonistas de sus espacios de vida, partiendo de estilos de vida saludable, la educación crítica, creadora y generadora de oportunidades, la articulación y encadenamientos económicos entre organizaciones y territorios. Esto implica partir de una visión que rompa patrones de consumo, convivencia y uso social de los recursos y servicios ecosistémicos, de mitigación y transformaciones para la superación del cambio climático, donde cada persona, familia, comunidad y las organizaciones asuman compromisos en sus ámbitos de responsabilidad. De tal modo, es recomendable fortalecer articulaciones territoriales y encadenamiento de activación económica y social en los territorios; no pretender que solo el Estado asume y provee las soluciones y recursos. Una sociedad que exige pero que también se involucra y compromete activamente, revitaliza nuestros liderazgos sociales y económicos.
  7. Potenciar y revitalizar el lugar y el peso de los pueblos indígenas en sus territorios, activando tanto sus modelos de acción, su cosmovisión y gestión como su protección ante las amenazas no solo sanitarias, sino económicas, sociales, ambientales, territoriales y culturales. Respetar la normativa nacional y los Convenios Internacionales que rigen nuestras etnias ancestrales.
  8. Consolidar prácticas de acción gubernamental basadas en la evidencia científica, destaca en especial el papel de la moderna ciencia social, que se basa en enfoques interdisciplinarios que atienden no solo las condiciones, factores y dinámicas sociales sino también previendo los posibles efectos e impactos sociales y ambientales. Así lo demuestran día a día en esta crisis los/as epidemiólogos/as trabajando junto a personal de salud, seguridad pública, emergencias, sociólogos/as, economistas, comunicadores/as y ambientalistas. Se requiere dar mayor peso y reconocimiento a las ciencias sociales, tanto en la comprensión como en el diseño y generación de rutas y soluciones alternativas, basadas en criterios propios de nuestras ciencias.

El Colegio de Profesionales en Sociología de Costa Rica llama la atención al Gobierno de la República sobre los peligros de tomar decisiones aceleradas sin los elementos de análisis sobre las fuentes de ingreso, el control del gasto y la redistribución efectiva de los recursos que se logren recaudar invertidas en las poblaciones objetivo y territorios en riesgo. En emergencias vividas en el pasado se cometieron muchos errores que posteriormente debieron ser ventilados en tribunales de justicia y querellas que generaron dudas sobre el adecuado uso de los recursos públicos. El criterio técnico y normativo debe ser respaldado con adecuados sistemas de información, bases de datos cruzadas entre entidades ejecutoras con los registros nacionales y sistemas de información de potenciales beneficiarios. Los sociólogos y sociólogas desde nuestro Colegio, nos ponemos a la orden del Gobierno en aquellas acciones ligadas a la crisis y acorde con nuestra especificidad profesional. Estamos comprometidos/as a aportar con nuestro conocimiento y experiencia, fundamentados/as en nuestros principios de integralidad, compromiso, solidaridad y respeto al ordenamiento jurídico y defensa del interés público en momentos de emergencia nacional y mundial.

Firma responsable: Dra. Carmen Camacho Rodríguez, Presidenta. Cédula 4-0110-0275

CC Arch.

Adjunto a oficio CPSCR-JD-004-2020 remitido al Presidente de la República el 24 de Abril, 2020

Alerta de amenazas de nueva agresión contra recuperadoras (es) cábecares en el territorio de China Kichá

SURCOS comparte esta denuncia:

“Existen sospechas fundadas de que terratenientes que ocupan ilegalmente tierras del Territorio Cabecar de China Kichá, planean un nuevo ataque contra los y las recuperadoras cábecares del territorio.

Viernes 24 de abril 2020. Personas recuperadoras cábecares de China Kichá recibieron información de una reunión entre finqueros de China Kichá, de San Antonio (comunidad cercana a ese Territorio) y el usurpador del Territorio Bribri de Salitre, Victor Zúñiga. Esta reunión se llevó a cabo en Buenos Aires el domingo 12 de abril.

Según la fuente confiable -que no revela su identidad por temor a sufrir represalias- los finqueros conversaron sobre un nuevo ataque contra los y las recuperadoras cábecares. Incluso, Zúñiga dijo a los terratenientes de China Kichá que no debían preocuparse por armas pues, éstas son fáciles de conseguir. También Zúñiga aludió que podrían hacer lo que quisieran pues, tras “2 indios muertos”, no pasa nada más que el escándalo de varios días.

Víctor Zúñiga es un reconocido terrateniente en la comunidad de Olán en el Territorio Bribri de Salitre. Él y su hijo, Víctor Hugo, han participado en distintas agresiones contra el Pueblo Bribri de Salitre, por lo que tienen causas judiciales abiertas en su contra.

Tras ese encuentro en Buenos Aires, los y las recuperadoras cábecares de China Kicha han visto como se han desarrollado distintas reuniones entre los terratenientes del Territorio Cabecar y del pueblo aledaño, San Antonio. Las reuniones han sido prácticamente todos los días y en distintas localidades: la plaza del territorio cabecar, en San Antonio y en la casa de Wilberth Tabash a 2,5 km del terreno recuperado de Kono Jú.

El pasado 22 de abril a las 7 p.m. se identificó una reunión de los terratenientes en la casa de Wilberth Tabash. Fuentes de confianza, que tampoco revelan su identidad por cuestiones de seguridad, confirman que el terrateniente Miguelin Vargas es uno de los líderes del grupo. Él insistió en llevar a cabo una actividad pronto para sacar a los y las recuperadores del terreno, aseguró contar con gente y un supuesto recurso legal que le respalde.

Además, el martes 21 de abril uno de los recuperadores de Kono Jú encontró a una persona extraña y desconocida dentro del terreno recuperado. El hombre no se identificó, dijo ser de Concepción y encontrarse pescando en ese momento. Ese mismo hombre fue visto en la reunión del 22 de abril de los terratenientes, por lo que se sospecha que éste estuviese realizando alguna acción preparativa a la agresión.

A la tensión se le suma el incumplimiento del Ejecutivo en sus compromisos con el Pueblo Cabecar de China Kichá. Desde hace un mes la Fuerza Pública se retiró de las recuperaciones y ahora se encuentran en la plaza del Territorio. Los terrenos recuperados se encuentran alrededor de 4 Km desde ese punto, por lo que la vulnerabilidad de los y las recuperadoras cábecares aumenta. Este retiro ha provocado que los terratenientes Badilla y Naranjo entren constantemente a sus terrenos usurpados sin ser escoltados por la policía. Todas estas acciones contradicen los compromisos del Ejecutivo con los y las recuperadoras cábecares tras los ataques del 7 marzo.

El 7 de marzo los y las recuperadoras cábecares sufrieron un ataque muy fuerte. Ese día los terrenos recuperados, sus casas y otras pertenencias fueron reducidas a cenizas, además las personas recuperadoras fueron agredidas física y psicológicamente. Desde el 7 de marzo la tensión no ha disminuido en el Territorio Cabecar de China Kichá e incluso el 13 de marzo los y las recuperadoras fueron atendidos por personal de la Cruz Roja debido a que fueron intoxicados con un químico que permaneció en el aire alrededor de 30 minutos.

La amenaza de una nueva agresión es real y contundente, ante ello exigimos:

1) Se inicien de inmediato las investigaciones judiciales respectivas y se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes.

2) Presencia y monitoreo policial permanente en las 4 recuperaciones del Territorio de China Kichá y un retén de control de entrada y salida de personas y armas.

3) Se ejecuten los desalojos de las personas que no pertenecen al Pueblo Cabecar de China Kichá y que ocupan ilegalmente tierras en ese territorio.

Recuperador@s cábecares de China Kichá.

Coordinadora de Lucha Sur Sur”.