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Autor: Hector Ferlini Salazar

No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres

Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.

Comunicado

Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.

Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.

Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.

Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.

Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.

Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción  estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.

Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.

Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.

Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.

En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.

Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.

Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.

¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!

Pronunciamiento Ecofeminista

El modelo extractivista que rige el desarrollo en Costa Rica se sostiene sobre una lógica de explotación que somete tanto a la naturaleza como a los cuerpos de las mujeres. La misma mentalidad que permite la destrucción de bosques, ríos, mares y territorios en nombre del «progreso» es la que reduce a las mujeres a meros recursos dentro de un sistema económico que invisibiliza sus aportes y precariza sus vidas. En este 8 de marzo, denunciamos que la devastación ambiental y la opresión de las mujeres son dos caras de un mismo sistema patriarcal y colonial que debe ser desmontado.

El derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental, pero su acceso no es equitativo. Las mujeres, especialmente en comunidades rurales, costeras y las mujeres indígenas en las recuperaciones de tierra, enfrentan mayores obstáculos para acceder a recursos naturales, tierras, mares y agua potable, a pesar de que son ellas quienes sostienen las economías de cuidado y la producción de alimentos. La justicia ambiental no puede lograrse sin justicia de género; por ello, exigimos políticas públicas que garanticen la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones ambientales y que reconozcan su rol esencial en la conservación de la biodiversidad y la protección de los bienes comunes.

Las mujeres en Costa Rica han estado al frente de innumerables luchas por la defensa del agua, los bosques, los mares y la soberanía de sus comunidades, enfrentándose a megaproyectos mineros, monocultivos y la expansión turística descontrolada. Sin embargo, muchas de ellas sufren amenazas, violencia y criminalización por resistir. Casos emblemáticos como el de María del Mar Cordero, asesinada en 1994 junto a otros ambientalistas de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO), evidencian los riesgos que enfrentan las defensoras del medio ambiente en el país. De igual manera, la canadiense Kimberly Blackwell, reconocida por su trabajo en conservación, fue asesinada en su casa en Costa Rica en 2011.

La criminalización y las amenazas contra defensoras ambientales en Costa Rica son estrategias de intimidación utilizadas para silenciar la protesta y frenar la denuncia contra industrias extractivas. Casos como el de Sonia Torres, enjuiciada por la minera Posesiones Gran Galaxie S.A., o Marta Blanco, demandada por Ríos Minerales, evidencian esta realidad.

Las agresiones también incluyen ataques directos, como el sufrido por Erlinda Quesada, quien fue blanco de una bomba casera, después de una acción en la Ruta 32, tras denunciar el comercio ilegal de madera. Asimismo, activistas como Anacristina Rossi, Patricia Sánchez Lurueña, Marianela Fournier, Marta Castro Bolaños, y Kiana Waltraud, han recibido amenazas por su lucha en defensa del Refugio Gandoca-Manzanillo y la denuncia de proyectos destructivos.

Estos casos reflejan el riesgo que enfrentan las mujeres que defienden el medio ambiente y la urgencia de garantizar su seguridad y reconocimiento, y reflejan la impunidad que rodea la violencia contra defensoras ambientales y la urgencia de medidas de protección.

Este 8 de marzo, exigimos garantías para la seguridad de las defensoras ambientales, así como el reconocimiento de su labor como un pilar fundamental para la sostenibilidad del país. No puede haber justicia climática sin protección para quienes arriesgan sus vidas por el planeta.

El cambio climático no afecta a todas las personas por igual. En Costa Rica, las mujeres de comunidades costeras y rurales son de las más golpeadas por la erosión, la sequía y los desastres naturales que ponen en riesgo su seguridad alimentaria, su vivienda y su salud. Sin embargo, las estrategias gubernamentales siguen ignorando este impacto diferenciado, perpetuando la desigualdad de género en la crisis ecológica. Demandamos políticas climáticas con enfoque de género que atiendan las necesidades de las mujeres, fomenten su autonomía económica y garanticen su acceso a recursos esenciales.

Frente a la crisis ambiental y social, las mujeres han construido alternativas basadas en el cuidado de la vida, la agroecología y el manejo comunitario de los recursos naturales. Las redes de mujeres productoras, las guardianas de semillas y las defensoras de la soberanía alimentaria demuestran que es posible otro modelo de desarrollo, uno basado en la regeneración de la naturaleza y la equidad social. Apostamos por una economía feminista y ecológica que ponga en el centro la vida y no la acumulación de riqueza; una economía que valore el trabajo de las mujeres y su conocimiento ancestral para la protección de los ecosistemas.

Bloqueazul

Bloqueverde

Defensores de la Casa Común

Eco Bichotas

COVIRENA Caribe Sur

Costa Rica por el Océano

Grupo Organizado de Cabuya, Montezuma

Talamanca Siempre Verde

ProBae Cuencas Hidrológicas Ojo de Agua, Belén

Un día como hoy debemos comprometernos… Día Internacional de la Mujer

Por: Ph.D Álvaro Martín Parada Gómez
Académico-Universidad Nacional

El día Internacional de la Mujer nos convoca a denunciar las desigualdades en torno a los derechos de las mujeres persistentes aún hoy en nuestro país y en el mundo entero.

Las mujeres, que han sido las principales responsables de cuidar y reproducir la vida, han tenido que lidiar con el peso de un sistema político-económico construido desde su invisibilización, con una institucionalidad que legitima muchas veces la desigualdad.

En Costa Rica, tenemos largo camino por recorrer, las cuentas nacionales evidencian que el trabajo de cuidados no remunerado representa el 21,3% del PIB, y es realizado principalmente por mujeres. Ese trabajo, fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad, tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y de salud para las mujeres, quienes por su causa presentan una mayor dependencia económica y junto a ello son sujetas de múltiples tipos de violencias que deben erradicarse.

Desde la Universidad Nacional, que ha sido además enriquecida y diversificada desde lo epistémico, cultural, administrativo, político y en el mantenimiento de sus espacios por miles de mujeres a lo largo de estas décadas, debemos continuar en la defensa y lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de cada una de las mujeres que integran nuestra institución, en este sentido, cada una de nuestras áreas sustantivas ha venido aportando y además desde el quehacer extensionista se ha logrado catapultar los hallazgos y experiencias hacia el trabajo conjunto con comunidades y localidades, donde se amplían las brechas de género.

Las mujeres que estudian, que colaboran en las gestiones administrativas y de limpieza, las investigadoras, las extensionistas y las que asumen nuestra mayor vocación que es la docencia, son imprescindibles en nuestra querida UNA y son merecedoras de entornos que respeten cada uno de sus derechos, al igual que todas las mujeres que habitan nuestro país.

Un día como hoy debemos sumarnos al cambio necesario para darle paso a una sociedad costarricense que respete y custodie la vida de las mujeres, y preocuparnos por la ola de feminicidios que nos azota. Un día como hoy, lejos de celebrar debemos comprometernos con el cambio necesario con la justicia y equidad de género.

Voces de fe contra la violencia de género

Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.

“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).

Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.

Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.

Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.

Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.

Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.

Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.

Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:

  • La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
  • La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
  • La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
  • La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).

Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.

Proponemos:

Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.

Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.

Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.

Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.

Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.

¡Ni una menos!

Suscriben

Equipo de trabajo:

Voces de Fe contra el femicidio en CR

Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica

Foro de Educación Religiosa

Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica

Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.

Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL

Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI

Movimiento Reflexión en Acción

Colectiva Coexistir. Cartago

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense

El saqueo de las pensiones que nadie quiere hablar

Por Marco Leandro

  • 61 años de promesas rotas: Los abogados de Costa Rica exigen su dinero perdido.

  • El Timbre que nunca llegó: El escándalo que podría dejar sin pensión a miles de abogados»

  • ¿Incompetencia o corrupción? El Misterio del Fondo de Pensiones que nunca se implementó»


Mañana viernes abogados litigantes de todo el país se presentarán a los Tribunales de Justicia para pedir audiencia a un Juez Penal para evitar que la Fiscalía archive la demanda que tiene más de 10 años bailando de oficina en oficina, con la que piden se cumpla la ley y se les asegure su derecho a pensionarse.

Los abogados, todos ya en edad de pensionarse o ya pasados de años solicitarán al juez penal que rechace tajantemente la solicitud de Katia Azofeifa (otra abogada, solo que con la camiseta de fiscala) de la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de desestimar la demanda con la cual pretenden que se cumpla la Ley 3245 art 3 del 31 de diciembre de 1963, la que fue refrendada por una sentencia firme del Tribunal Contencioso Administrativo, que condenó al Colegio de Abogados y Abogadas.

Ante el desacato de la sentencia del Contencioso, los abogados presentaron una denuncia, querella y acción civil por los delitos de desacato a la autoridad, presunción de malversación de fondos, ya que desde 1963 han pasado por las manos del Colegio de Abogados y Abogadas más de 60.000 millones de colones que nunca fueron ocupados para crear el fondo de pensiones.

Después de un baile por diferentes Fiscalías, Adjunta de Probidad y Fraudes y Cibercrimen está última desestimó la denuncia.

La Fiscalía desestima y avala que transgredan la Ley y una sentencia firme. Si esto es una orden de la Fiscalía General sería parte de la corrupción que tanto se ha hablado en los últimos años, mientras la casta del Poder Judicial se receta pensiones millonarias, a los litigantes nos niegan nuestro derecho consagrado por Ley de la República. “Creíamos que solo en tiempos de Dall Annesse se podía conspirar tanta corrupción”, dijo Francis Tejada, uno de los organizadores.

Historia completa:¿Incompetencia y corrupción? 

En 1963, la ley número 3245 creó el timbre del Colegio de Abogados y Abogadas con un propósito claro: formar un fondo de pensiones y jubilaciones para los profesionales del derecho. Sin embargo, 61 años después, ese fondo sigue siendo una promesa incumplida. A pesar de que los abogados han aportado millones de colones a través de los timbres, el dinero parece haber desaparecido. La Alianza de Abogados CR está levantando la voz para exigir respuestas y justicia.

61 años después, ese fondo no existe. Según los estados financieros auditados entre 2010 y 2023, el Colegio de Abogados ha recaudado aproximadamente 27,987 millones de colones en ingresos brutos provenientes de estos timbres. Pero, ¿dónde está ese dinero?

Una sentencia que nadie escuchó

En 2013, el Juzgado Contencioso Administrativo emitió una sentencia (número 426) en la que ordenó al Colegio de Abogados y Abogadas crear un reglamento para iniciar el fondo de pensiones. Sin embargo, esta orden no fue cumplida. A pesar de la sentencia, el Colegio de Abogados y Abogadas no ha tomado las medidas necesarias para implementar el fondo, dejando a miles de abogados en la incertidumbre sobre su futuro financiero.

La acción de inconstitucionalidad: ¿Un Intentó de Evadir Responsabilidades?

En 2023, el Colegio de Abogados y Abogadas interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la ley que creó el timbre. Según la Alianza de Abogados CR, esta acción tiene como objetivo dejar sin pensión a los abogados, en lugar de resolver el problema de fondo. Esta medida ha generado indignación entre los profesionales del derecho, quienes exigen transparencia y responsabilidad por parte de las juntas directivas que han manejado el Colegio durante décadas.

¿dónde está el Dinero?

La pregunta que todos se hacen es: ¿Dónde están los 27,987 millones de colones recaudados? La Alianza de Abogados CR está pidiendo una auditoría exhaustiva para rastrear el dinero y asegurarse de que se utilice para el propósito original: crear un fondo de pensiones y jubilaciones para los abogados. Hasta ahora, no ha habido respuestas claras por parte del Colegio de Abogados y Abogadas, lo que ha generado sospechas de mal manejo de fondos.

Llamado a la acción

La Alianza de Abogados CR está invitando a todos los profesionales del derecho a unirse a esta lucha. «No permitamos este saqueo a nuestro gremio», es el llamado que hacen a través de su correo electrónico (alianzaabogadoscr@gmail.com) y su número de WhatsApp (83840220). La organización está dispuesta a llevar este caso hasta las últimas consecuencias para asegurar que los abogados reciban lo que por ley les corresponde.

Conclusión: Un escándalo que no puede quedar impune

“El caso del fondo de pensiones de los abogados es un escándalo que ha permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Con 61 años de promesas incumplidas y millones de colones desaparecidos, es hora de que los abogados de Costa Rica exijan respuestas claras y acciones concretas. La Alianza de Abogados CR está liderando esta lucha, pero necesita el apoyo de todos los profesionales del derecho para asegurar que este caso no quede impune”, explicò Didier Carranza, uno de los lideres del movimiento.

La urgencia de permitir en Costa Rica el trabajo de médicos especialistas graduados en el extranjero

Martín Rodríguez Espinoza

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una crisis significativa en su sistema de salud debido a la falta de médicos especialistas. Esta situación ha llevado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud Pública a declarar una emergencia nacional. La escasez de profesionales en áreas críticas como anestesiología, ginecología y radiología ha tenido un impacto directo en la calidad y oportunidad de la atención médica, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes.

En este contexto, el sindicato UNDECA ha elevado una carta pública al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicitando la aprobación de permisos de trabajo para 40 médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales, afiliados a UNDECA, han manifestado su voluntad de trabajar en la CCSS para ayudar a mitigar la crisis y evitar más muertes por falta de atención médica.

Crisis de Especialistas

La falta de médicos especialistas no es un problema nuevo. En 2005, una crisis similar en el área de radioterapia se resolvió permitiendo que médicos graduados en el extranjero trabajaran en el país. Durante la pandemia de COVID-19, esta medida también fue crucial para mantener los servicios de salud, especialmente en áreas como anestesiología, ginecología y radiología.

Sin embargo, en el gobierno anterior, se decidió unilateralmente denegar los permisos de trabajo para médicos graduados en el extranjero, sin justificación técnica alguna. Esta decisión ha agravado la situación, especialmente en un momento en que la CCSS ha declarado una emergencia nacional por la falta de especialistas.

La carta de UNDECA menciona un caso trágico que ilustra la gravedad de la situación: el fallecimiento de un bebé debido a la falta de un ginecólogo de guardia en el Hospital de Alajuela. La madre, que requería una cesárea de emergencia, tuvo que ser trasladada al Hospital México, pero el retraso en la atención resultó fatal. Este caso, actualmente bajo investigación, podría tener implicaciones penales y subraya la necesidad urgente de permitir que los especialistas disponibles trabajen.

UNDECA ha presentado 40 solicitudes de permisos de trabajo para médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales están dispuestos a contribuir inmediatamente a la atención médica en Costa Rica, ayudando a prevenir más tragedias como la mencionada. La aprobación rápida de estos permisos no solo aliviaría la presión sobre el sistema de salud, sino que también salvaría vidas.

La crisis de especialistas en Costa Rica es una emergencia nacional que requiere acciones inmediatas. Permitir que médicos graduados en el extranjero trabajen en el país es una solución probada y efectiva que ya ha funcionado en el pasado. Es imperativo que el Colegio de Médicos y Cirujanos apruebe los permisos de trabajo solicitados por UNDECA para garantizar que los costarricenses reciban la atención médica que merecen y necesitan.

La vida de muchos pacientes depende de esta decisión. No hay tiempo que perder.

28 de febrero de 2025

Imagen generada con base en IA.

La votación en la ONU

Manuel Delgado

En medio de la basura reaccionaria, la prepotencia y el servilismo de gobierno de Chaves, Costa Rica asumió en la votación de la ONU en relación con Ucrania la mejor postura. Abstenerse de votar una moción que pretende perpetuar la guerra es más acorde con nuestra idiosincrasia, nuestra neutralidad y nuestro espíritu de paz.

Que esa moción fue también rechazada por Estados Unidos, es cierto. Pero también es cierto que se abstuvieron, al igual que Costa Rica, naciones con gobiernos de “izquierda” como Cuba, China, Brasil Colombia, Honduras y otros. Esos países respaldaban otro texto que evitaba culpar a Rusia y pedía un final rápido del conflicto, seguido de una paz duradera.

¿Que la actitud de nuestro gobierno es seguidista y hasta servil? Es cierto, pero también lo era la anterior, que coincidía con la votada por la mayoría en esta ocasión y por la cual Chaves fue condecorado por Zelensky.

Pero el fondo es lo que vale. Nuestros diputados están muy molestos porque el gobierno no secundó la moción de Ucrania y la Unión Europea, que pretendían darle largas a una guerra perdida con el fin de obtener utilidades.

Destaca aquí, una vez más, la actitud del Frente Amplio de plegarse a la derecha en cuestiones de política exterior. Una vez más el partido amarillo se pone a la cola de Feinzaig. Ya lo había hecho en otras ocasiones.

Un partido popular, por no decir revolucionario, tiene que poner de primero el fondo de la cuestión y no quedarse en cuestiones secundarias. Y lo que hay de fondo se puede resumir en pocas palabras:

1.- Que esa guerra no la inició Rusia hace tres años, sino el gobierno ilegítimo y racista de Zelensky hace muchos años, con sus ataques contra la población ucraniana rusa, con su violación de los acuerdos de Minsk, con el asesinato en masa de los dirigentes de origen ruso de Odesa, con el golpe de estado fascista que removió del poder al gobierno legítimo e instauró una dictadura filofascista.

2.- Que esa guerra era innecesaria, y que pudo haberse evitado, ahorrándole así dolor y destrucción a ese país.

3.- Que la guerra la tiene perdida Ucrania y desde hace rato, pero tercamente Estados Unidos y la Unión Europea la han mantenido a costa, repito, de grandes sacrificios y de un sobreendeudamiento del que costará décadas salir.

4.- Que a Europa le importa un bledo el pueblo ucraniano, y pide desesperadamente un sitio en la mesa no con fines humanistas sino para ver qué tajada sacan de ese negocio.

5.- Que a Zelensky y su camarilla corrupta también les importa un bledo el país y solo quieren seguir lucrando de la guerra.

6.- Que para una paz duradera hay que hacer un cambio político en Ucrania, derrocando el gobierno corrupto actual, legalizando los partidos políticos que en su totalidad siguen ilegalizados, liberando los presos políticos y realizando elecciones libres que constituyan un gobierno democrático.

Un político responsable tiene que tomar eso en cuenta en sus decisiones y tiene la obligación de educar al pueblo en estas verdades. Lo demás es oportunismo político.