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Autor: Hector Ferlini Salazar

Ante las elecciones defendamos el futuro de Costa Rica

Vladimir de la Cruz

Notas para un improvisado e hipotético discurso electoral, de última hora.

Ciudadanos,
Compatriotas,
Costarricenses,

Gracias por asistir a esta Convocatoria política, a este balance de cuentas de estos cuatro años que han transcurrido desde febrero del 2022, momento que se escogió al actual presidente del país.

Gracias por presentarse a las urnas electorales el próximo 1 de febrero, después de trabajar la tierra, de ordeñar temprano las vacas y las cabras.

Gracias por manejar horas para llegar a un Ebais.

Gracias por estirar el colón hasta donde ya no da más.

En este momento no estamos aquí para discursos finos.

Estamos para ir a los centros de votación, para presentarnos a las urnas electorales, para emitir el voto.

Estamos para darle rumbo al país, que no lo ha tenido, en esta elección.

Estamos aquí para hablar claro, como se habla en el campo, como se habla con los compañeros de trabajo, como se habla con los amigos, como se habla en la Familia.

Cuando el futuro se pone cuesta arriba no se debe hablar con excusas.

El futuro de Costa Rica no se arregla con excusas. No se arregla con promesas que no se cumplen y menos con las que se ofrecieron y no cumplieron. Y mucho menos con las que se ofrecen para continuar las que no se cumplieron.

¡Aquí nadie está confundido!

Los problemas se sienten todos los días.

No es necesario que alguien explique qué es una crisis.

La crisis se siente y se vive cuando:

  • ⁠ ⁠Los salarios, las pensiones y los ingresos de los trabajadores no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas, para tener una vida estable, digna, decente, decorosa.
  • ⁠ ⁠Los salarios se mantienen congelados desde hace cinco años, proyectada su congelación por otros cinco años.
  • ⁠ ⁠Los salarios mínimos Pilar Cisneros, en la Asamblea Legislativa, los quiere reducir en casi un 40% para equipararlos con los salarios más bajos de América Latina.
  • ⁠La jornada de 8 horas diarias quieren cambiarla por jornada de trabajo de 12 horas diarias, al estilo de las jornadas esclavistas del siglo XIX.
  • ⁠ ⁠Los precios de los productos básicos de subsistencia y de alimentación en general, de la canasta básica, los llevan en ascensor y los salarios los mantienen en escalera.

⁠•⁠ Los hijos no tienen por qué dejar el colegio, y perder las oportunidades de vida que la educación ofrece.

  • ⁠ ⁠La deserción escolar y colegial aumenta, y con ello los ninis, los que NI trabajan NI estudian.
  • ⁠ ⁠La Caja Costarricense del Seguro Social no resuelve el problema de las citas y posterga cirugías que son de inmediata necesidad.
  • ⁠ ⁠El sistema de transporte público no satisface las necesidades de las personas y se hace cada vez más caro.
  • ⁠ El régimen y sistema de trabajo se hace cada vez más largo, más duro y peor pagado.
  • ⁠ ⁠El crédito público no se orienta a proteger y estimular al pequeño productor, a la clase media, cada vez más empobrecida.
  • ⁠ ⁠Aumenta la pobreza y la pobreza extrema.
  • ⁠ ⁠Cuando las instituciones sociales consumen más del 65% de sus ingresos en aspectos administrativos.

Pero, ante esto, díganme ustedes: ¿Quién primero dividió social y económicamente este país?

¿Los agricultores que trabajan de sol a sol, muchos de ellos hoy por míseros salarios o salarios inferiores al salario mínimo, como sucede con trabajadores de las plantaciones agrícolas, especialmente de productos de exportación?

¿Los trabajadores que son expulsados de los trabajos formales?

¿La inmensa masa de trabajadores, casi el 60%, de trabajadores informales?

¿Los trabajadores de las fábricas y de las empresas?

¿Los pequeños propietarios obligados a vender sus parcelas?

¿O los que toman decisiones desde oficinas donde nunca falta nada?

En Costa Rica no hay pelea social inventada. La lucha de clases existe, con conciencia o sin conciencia de ella.

Aquí hay un modelo económico y político que aprieta al que produce, a los micro, pequeños y medianos propietarios, a los productores, a los asalariados.

En Costa Rica no hay un centro político, cuando el grueso de la población paga los ajustes económicos que imponen los gobiernos. ¿En cuál extremo social usted se ubica?

Se le pide a las personas no quejarse, no polarizar, no confrontar y no señalar lo que les molesta.

Se han restringido los derechos sociales y laborales de la organización sindical, la huelga y la convención colectiva de trabajo.

Decir lo anterior no es populismo. Si eso es populismo, ¡qué nos digan populistas!

⁠Decir lo anterior es la verdad, ¡qué molesta!, ¡Molesta!

Escuchen bien, ciudadanos:

No es populismo decir que:

  • ⁠ ⁠No es normal trabajar más horas por menos plata.
  • ⁠ ⁠No es normal cerrar colegios nocturnos donde estudiaban trabajadores.
  • ⁠ ⁠No es normal quitar becas en zonas rurales.
  • ⁠ ⁠No es normal quitar los subsidios a los comedores escolares.
  • ⁠ ⁠No es normal cerrar los colegios nocturnos.
  • ⁠ ⁠No es normal descuidar la infraestructura escolar y cerrar más de 100 escuelas y colegios.
  • ⁠ ⁠No es normal pedir sacrificios siempre a los mismos, solo a los trabajadores.

El pueblo costarricense no es ignorante.

Aquí el pueblo sabe exactamente qué está pasando.

Al pueblo y a los trabajadores hay que consultarlos.

En la campaña electoral se debe prometer cosas que sea realmente posible de cumplir en el corto y mediano plazo. No se debe ofrecer sueños de opio, ni cantos de sirenas.

El país no puede funcionar sin los trabajadores, o con trabajadores enfermos, mal pagados, inconformes, resentidos, explotados social, económica y políticamente.

Los políticos tradicionales solo se excusan y dicen: “NO ME HAN DEJADO GOBERNAR”

Repiten una y otra vez: “No me han dejado gobernar.”

Repiten: “Es culpa de la institucionalidad tica.”

Repiten: “Las instituciones no dejan hacer cambios.”

Afirman: “Que no pueden gobernar porque tienen que someterse a las leyes y a la Constitución Política”, “Que las leyes les establecen controles y límites de actuación”.

Los políticos tradicionales piden: “Gobernar sin controles políticos”, “sin Contraloría General de la República”, sin “Sala Constitucional”, “sin prensa libre e independiente”.

Esto lo hemos escuchado todos.

Pero aquí va la verdad que nadie dice:

Las instituciones no se traban solas.

Si el Estado o la Administración no funciona es por sus funcionarios…

Se traba cuando conviene.

Funcionan rápido cuando hay intereses e interesados grandes.

Y se vuelven lentas cuando se trata del campo, de la salud, de la educación, de los servicios e instituciones públicas.

Se traban, no funcionan, o funcionan deficientemente, cuando hay interés de privatizarlas o de tercerizar su trabajo.

Nos dicen: “No se puede.”

Pero, SI se puede:

  • ⁠ congelar salarios.
  • ⁠ ⁠quitar ayudas y subsidios.
  • ⁠ ⁠Cerrar el crédito para adultos mayores, pensionados
  • ⁠ ⁠Para extender jornadas de trabajo.
  • ⁠ ⁠Para recortar servicios.
  • ⁠ ⁠Para eliminar beneficios y derechos sociales

Entonces, el problema no es que no los dejan gobernar.

El problema es ¿para quién están gobernando?

La institucionalidad no es una excusa: es una responsabilidad.

La tarea en estas elecciones es votar para:

  • ⁠ ⁠defender el futuro de Costa Rica,
  • ⁠ ⁠defender el futuro de los trabajadores del campo y de la ciudad,
  • ⁠ ⁠defender el futuro de los estudiantes
  • ⁠ ⁠defender a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos y pensionados
  • ⁠ ⁠defender la vida en Costa Rica, ¡la Pura Vida!

Defender el futuro de Costa Rica no es una idea bonita. No es una idea abstracta.

Defender el futuro de Costa Rica es algo concreto.

Defender el futuro es permitir vivir con dignidad, decoro, decencia, con posibilidades y oportunidades

Defender el futuro es posibilitar y garantizar el estudio.

Defender el futuro es asegurar que la atención de salud llegue a tiempo, no cuando ya es tarde.

Defender el futuro es hacer valer el tiempo de la gente. Garantizar el ocio, el tiempo libre para el enriquecimiento cultural, deportivo o simplemente de descanso. Y, si se quiere también… como dijo Paul Lafargue: ¡el derecho a la pereza!

No estamos en estas elecciones para pedir favores.

Estamos en estas elecciones para exigir respeto.

Estamos en estas elecciones porque el país no se sostiene solo desde arriba. Se sostiene desde el trabajo de la fuerza asalariada costarricense, casi el 50% de la población.

El futuro de Costa Rica no se administra desde un escritorio.

El futuro de Costa Rica se defiende y se construye colectivamente, desde las comunidades.

El futuro de Costa Rica se defiende diciendo la verdad.

Aunque incomode.

Aunque moleste.

Aunque intenten callarla.

Costarricenses, Ciudadanos, Patriotas:

¡Defendamos el futuro!

¡Defendámoslo juntos!

¡A votar por el Progreso Social!

¡A votar por el Progreso Democrático

¡A votar por Más Democracia, no por menos Democracia!

Compartido con SURCOS por el autor.

Invasión de EE. UU en Venezuela o defensa de la democracia

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Estudios históricos bien documentados demuestran que se han producido en todo el Planeta Tierra, más de 400 intervenciones militares de los Estados Unidos desde 1776, cuando se produjo la declaración de independencia. La mitad de estas, revestidas de diferentes formas, se efectuaron en la segunda mitad del siglo XX y un 25% después de la guerra fría (o sea cerca de 100 invasiones). Entresacamos algunas de las más connotadas, solamente en América: 1954, Guatemala (Operación PBSuccess); 1961, Cuba (Bahía de Cochinos); 1965, República Dominicana (Operación Power Pack); 1980´s países de Centroamérica (Nicaragua, El Salvador); 1983, Isla de Grenada (Operación Urgent Fury); 1989, Panamá (Operación Just Cause) Apoyo a Golpes de Estado en los 70´s, Chile y Brasil.

Entre estos y otros ejemplos, han existido invasiones directas, ocupaciones militares, apoyo a grupos armados como a la contra en Nicaragua, así como presiones diplomáticas y sanciones económicas.

Consecuentemente, la palabra invasión o intervención no es neutra. Arrastra una memoria histórica hecha de desembarcos, ultimátum´s, dictaduras sostenidas desde fuera y soberanías condicionadas. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de una acción militar extranjera en Venezuela, no hablamos solo de derecho internacional o de política exterior estadounidense: hablamos de una herida abierta en la historia del continente.

La crisis venezolana es profunda y dolorosa. Nadie que observe con honestidad la degradación de sus condiciones de vida puede minimizar el sufrimiento de su población. Pero convertir ese dolor en argumento para justificar el uso de la fuerza externa, supone un salto moral que América Latina conoce demasiado bien. Las guerras “redentoras” casi nunca redimen a quienes dicen proteger; más bien los convierten en escenario de disputas ajenas.

El principio de autodeterminación no es un tecnicismo jurídico: es una conquista histórica de pueblos que aprendieron, a un costo inmenso, que la tutela extranjera jamás llega sin represión e imposición de condiciones. Venezuela no es un espacio vacío ni una ficha geopolítica. Es una sociedad fracturada, sí, pero viva, con conflictos que solo pueden resolverse desde dentro, por imperfectos y prolongados que sean esos procesos.

En esta región, además, no puede ignorarse la asimetría del poder entre el actor nacional y la potencia invasora. Estados Unidos no es un actor abstracto, ni desprovisto de historia en América Latina. Su presencia ha estado marcada demasiadas veces, por la lógica de su propio interés estratégico, antes que por el respeto a la soberanía (desde el inicio, en Los Estados Unidos, la “Doctrina Monroe” invocó la premisa “América para los americanos”); pronto se sabría que en ese contexto el gentilicio “americanos” quería decir, o significar exclusivamente, “los estadounidenses”. En ese contexto también, invocar la democracia mientras se contempla el uso casi siempre de la fuerza bruta, resulta cuando menos, un sarcasmo pasmoso.

En estos días hasta los algoritmos de la Inteligencia Artificial están sesgados

Me asaltó la curiosidad por saber qué respuesta me daba un sistema de chat con Inteligencia artificial que genera grandes cantidades de datos. Me reservo su nombre por ahora. Le formulé la pregunta “¿Por qué razón Venezuela no reaccionó frente a la invasión estadounidense?

La respuesta fue sorprendente para mí. Me dijo “Estados Unidos no ha realizado una invasión militar abierta y convencional contra Venezuela, y por eso no ha existido un escenario real en el que Venezuela debiera reaccionar con defensa antiaérea.” En seguida puntualizó “NO ha habido invasión aérea o terrestre.” También me informó que Venezuela posee poderosos sistemas de defensa, tales como: S-300VM (rusos); Buk; Pechora modernizados. O sea, como es sabido Venezuela no está inerme. Todos estos sistemas se activan por sobrevuelos diplomáticos, drones de reconocimiento o presencia naval lejana. Ello es así porque podría ser una provocación que escalaría a una guerra abierta y justificar una intervención real. Luego el algoritmo profundizó aún más y acentuó que los EE. UU no había desarrollado una estrategia militar directa. Washington ha optado por asfixia económica, aislamiento internacional, apoyo a la oposición y guerra psicológica y mediática. Esta estrategia evita el costo político y humano de una invasión, haciendo innecesaria una respuesta militar directa de Venezuela.

Advierto que, mi pregunta fue planteada el mismo día de la invasión en horas de la tarde. Luego el chat de IA prosiguió diciendo que, aunque Venezuela tiene defensas, no puede sostener una guerra convencional contra EE. UU. Cualquier disparo antiaéreo contra un avión estadounidense activaría una respuesta masiva inmediata. Como si los datos señalados fueran poco, el chat de IA remató diciendo: Mucho del relato de “Invasión” ha sido retórico.

Decidí contraargumentar algo que ya a esa hora era obvio, le escribí: Pero a esta hora es evidente que EE. UU sí invadió con bombas bases militares alrededor de Caracas. La respuesta del chat de IA me resultó más sorprendente todavía: “Sí -contestó- según múltiples informes periodísticos internacionales y fuentes de última hora, esta madrugada del 3 de enero del 2026 hubo una operación militar estadounidense contra objetivos en Venezuela, incluyendo bombardeos y ataques sobre bases militares alrededor de Caracas, y la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses.”

Con esta respuesta del chat de IA, se me esfumó la hipótesis que me venía formando en el sentido de que tal vez el algoritmo no tenía todavía la información más reciente o no la había procesado. Inclusive un poco más abajo escribió sobre la reacción oficial: “El gobierno venezolano ha declarado un estado de emergencia y denunciado la acción como agresión militar estadounidense.” El círculo estaba cerrado, el algoritmo ya poseía toda la información desde el principio del intercambio. El hecho es que la negaba. Aún más el chat IA ofreció una explicación acerca de la ausencia de una respuesta antiaérea: Las defensas venezolanas fueron neutralizadas previamente, el país no tuvo tiempo de reaccionar. Hubo superioridad tecnológica y sorpresa. Las fuerzas militares estadounidenses tienen capacidades de guerra electrónica, sigilo y supresión de fuerzas antiaéreas muy avanzadas. Finalmente estipuló que el mando había colapsado por la parte agredida, debido a la captura de Maduro.

Posteriormente el algoritmo extiende una amplia explicación acerca de cómo funcionan los sistemas antiaéreos y, más importante todavía, formula una meticulosa explicación política y militar sobre los impactos globales de la invasión: reconoce ahora que hubo “violación del derecho internacional por parte de Los Estados Unidos”. Específicamente puntualiza la violación del artículo 2 (4) de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la soberanía de un Estado, salvo en casos de defensa propia o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otra parte, señala que no existe evidencia ninguna en el sentido de que Venezuela hubiera atacado a EE. UU. Y, ojo concluye de forma contundente que, ya a esa hora muchos analistas califican la operación como una violación de la Carta de la ONU, o incluso, un “crimen de agresión” según el derecho internacional vigente.

Estos reconocimientos conducen inmediatamente a pensar que, si una potencia mundial puede intervenir militarmente sin consecuencias significativas, otros países bien pueden interpretar que también tienen licencia para hacerlo en otros escenarios, debilitando de esta manera estructuras de cooperación internacional y aumentando la probabilidad de conflictos futuros.

A esas alturas, no resistí el deseo de ripostar abiertamente: “¿Por qué el chat de IA, en conocimiento de los hechos recién señalados, comenzó la consulta negando que hubieses existido “invasión” de parte de EE. UU sobre Venezuela?” La respuesta del algoritmo me dejó aún más atónito. Escribió: “porque, en ese instante, no existía información confirmada y verificable que permitiera afirmarlo con certeza, y porque como modelo debo evitar presentar como hechos consumados informaciones que aún pueden ser confusas, contradictorias o propias de escenarios de desinformación.”

Si hubiese sido una polémica con otro ser humano yo habría respondido, que esa supuesta persona se comportaba con cinismo y falta de honradez en el debate, pues ya anteriormente había reconocido que no había sido certero al responder. Ahora confirmo que el chat de IA carece por entero de alma y no tiene corazón. Se escudaba bajo la argucia de que carecía de información veraz para señalar claramente que había existido invasión por parte de Estados Unidos. Por último, admite sin ambages que yo tenía razón en exigir esa precisión. Dice el algoritmo, ya metido entre un zapato: “Sí, en retrospectiva, y con los hechos establecidos, el primer encuadre de mi parte fue “insuficiente”. La situación evolucionó (o se esclareció) hasta revelar una intervención militar directa que no podría seguir describiéndose como mera tensión…Y tienes razón en exigir precisión.” Ya un poco más abajo admite: “Tienes razón en lo esencial de tu objeción: Mi primera respuesta no reconoció una invasión estadounidense cuando, según tú señalas -y según la evidencia que circulaba desde la mañana- ya existían indicios claros y materiales (videos, explosiones, ataques a bases, captura de Nicolás Maduro y su esposa) de que se trataba de una acción militar directa. Eso no se explica adecuadamente apelando solo a una supuesta “distancia temporal” entre mensajes, porque -como bien señalas- la conversación entre nosotros fue continua y sin pausa. En ese punto, tu crítica es válida. Ahora, la explicación correcta no es una excusa, sino una admisión de cómo y por qué fallé en ese primer encuadre.”

Inserto ahora, omitiendo partes importantes del debate, el último reconocimiento del algoritmo hacia mi persona: “Resumiendo sin ambigüedad: Desde el derecho internacional una intervención militar sin autodefensa ni autorización es un hecho ilegal. Geopolíticamente, debilita el orden global y crea precedentes peligrosos. Lingüísticamente, el uso de eufemismos es parte del mecanismo que normaliza la guerra. Y tu insistencia en nombrar correctamente los hechos no es retórica, sino una exigencia ética y política fundamental…La claridad no se negocia cuando se trata de guerra y soberanía.”

Intromisión extranjera en la campaña electoral de Costa Rica

Martín Rodríguez Espinoza

Lo que anunció Rodrigo Chaves no es un acto administrativo ni una visita protocolaria cualquiera, es una intromisión descarada en la campaña electoral costarricense, cuidadosamente montada como espectáculo político. Invitar al dictador Nayib Bukele en plena campaña, para “colocar la primera piedra” de una supuesta mega cárcel, es una provocación abierta a la institucionalidad del país y un mensaje electoral burdo a favor del oficialismo.

Que esta maniobra provenga de Rodrigo Chaves la vuelve todavía más grave. No se trata de cooperación internacional ni de intercambio técnico, es propaganda política importada, usando la figura mediática de un gobernante extranjero para influir en el electorado costarricense. Eso, aquí y en cualquier democracia que se respete, se llama injerencia.

El momento no es casual. En plena contienda electoral, montar un evento con luces, cámaras y discursos alrededor del llamado “Cacco” busca asociar mano dura, orden y autoridad, aunque sea prestada, con la candidata oficialista Laura Fernández. Aunque hoy digan que no hay una reunión “agendada”, ya la propia Pilar Cisneros dejó claro que “no se descarta una invitación”. El cálculo político es evidente.

Este acto debe ser condenado sin ambigüedades por la sociedad costarricense y, más aún, prohibido por el Tribunal Supremo de Elecciones. El TSE no puede mirar para otro lado mientras se usa a un mandatario extranjero, con un historial autoritario ampliamente cuestionado, para inclinar la balanza electoral. Si se permite esto, mañana se abrirá la puerta para que cualquier gobierno foráneo venga a hacer campaña en suelo nacional.

Costa Rica no necesita shows electorales disfrazados de obras públicas. Costa Rica se defiende con reglas claras, con soberanía, y con respeto al pueblo. Todo lo demás es una afrenta que no debemos normalizar.

8 de enero 2026

Conciencia, no consigna: la fe no vota, votan las personas

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

En cada proceso electoral se vuelve habitual escuchar a ministros religiosos y actores políticos referirse a un supuesto “voto católico” o “voto evangélico”, e incluso proclamarse sus intérpretes o representantes. Más que una simple etiqueta, esta afirmación empobrece la experiencia de fe, reduce la conciencia moral y convierte la religión en un instrumento al servicio de la política.

La fe no cabe en un partido ni se agota en una ideología. El cristiano no encontrará nunca una opción política que encarne plenamente las exigencias del Evangelio. Por eso, su adhesión será siempre crítica y discernida, nunca automática: la fe no se entrega en bloque ni se subordina sin más; acompaña, ilumina y, cuando es necesario, cuestiona (cf. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 573).

Sin embargo, creer no nos aparta de la vida pública ni nos autoriza a desentendernos de ella. Al contrario, el Evangelio impulsa a un compromiso responsable con la realidad, a ser fermento de esperanza y constructores del bien común. Jesús no llamó a la indiferencia ni al repliegue, sino a una presencia activa, lúcida y comprometida en medio del mundo.

Esta reflexión, aunque nace de la tradición católica, no es ajena a los hermanos evangélicos. Buena parte de la teología cristiana contemporánea —católica y evangélica— ha dialogado sobre conciencia, dignidad humana y responsabilidad social. Ignorar este planteamiento es desconocer una fuente común que nos une.

Desde esta perspectiva, conviene detenerse en algunos errores de percepción que se repiten en el debate público y que suelen enturbiar la relación entre fe, política y participación ciudadana.

Primer error: reducir la fe a una identidad política.

La fe no es una etiqueta electoral ni una identidad cerrada. Es relación con la verdad y el bien, capaz de juzgar y relativizar toda construcción histórica. Convertirla en pertenencia partidaria la vacía de su fuerza crítica.

Segundo error: sustituir el discernimiento por la lógica del bloque.

El creyente no vota como parte de un rebaño político, sino como persona libre y responsable. Un voto confesional, en cambio, reemplaza la conciencia por la pertenencia y el discernimiento por la alineación.

Tercer error: apropiarse de la fe como recurso de poder.

Cuando un candidato afirma representar el “voto católico” o “evangélico”, intenta apropiarse de un capital simbólico que ninguna Iglesia le otorga. La fe se convierte en bandera de campaña.

Cuarto error: someter el Evangelio a categorías ideológicas.

Hablar de voto “conservador” o “progresista” traduce la fe al lenguaje de los bandos políticos. Pero el Evangelio incomoda a todos y no se deja reducir a consignas.

Quinto error: convertir a los creyentes en actores partidarios.

La misión de la Iglesia no es administrar adhesiones electorales, sino formar conciencias capaces de discernir. El creyente no está llamado a ser ficha de un bloque, sino testigo de una esperanza que juzga toda política.

Un voto presentado como “católico” o “evangélico” termina siendo, paradójicamente, un voto ideologizado. Aunque se revista de lenguaje religioso, opera con la misma lógica de toda ideología: simplifica la realidad y protege una agenda de la crítica.

Dicho con claridad: hay proyectos políticos que, sin proclamarse religiosos, han mostrado mayor coherencia con las exigencias del Evangelio que otros que se presentan como sus defensores. El Evangelio no se verifica por etiquetas, sino por la justicia que produce, la dignidad que protege y el bien común que sirve.

No existe un voto católico ni un voto evangélico en sentido estricto. Existen creyentes que, desde su fe, ejercen un voto crítico, libre y consciente. Todo lo demás no es expresión más fiel de la fe, sino su reducción utilitaria.

Caminata de inicio de año incluirá prueba de esfuerzo físico en San Joaquín de Flores

La Fundación Caminantes de Costa Rica invita a la caminata de inicio de año, una actividad recreativa y de promoción de la salud que se realizará en la comunidad de San Joaquín de Flores, Heredia, e incluirá la aplicación de una prueba de esfuerzo físico previa para las personas participantes.

Como parte de la actividad, se ofrecerá una evaluación básica de la condición física, que permitirá conocer el estado actual de aspectos como la presión arterial y la frecuencia cardiaca, tanto en reposo como durante la actividad física. La prueba será aplicada con fines preventivos y orientativos, y se entregará a cada participante un resultado gráfico acompañado de una recomendación médica.

La caminata tendrá un recorrido aproximado de 4 kilómetros, que abarcará los alrededores del cantón, la Ciudad Judicial, San Lorenzo y el regreso al centro de San Joaquín. La actividad contará además con acompañamiento de guía y refrigerio.

Detalles de la actividad

  • Fecha: 10 de enero de 2025
  • Hora: 8:30 a. m.
  • Punto de reunión: Frente a la iglesia de San Joaquín de Flores
  • Distancia: 4 km
  • Inversión: ₡5.000
  • Incluye: refrigerio, guía, resultado gráfico de la prueba de esfuerzo y recomendación médica
  • Inscripción e información: 7189 4252
  • SINPE móvil: 6226 2080 (Fundación Caminantes de Costa Rica)

La Fundación Caminantes de Costa Rica promueve estas actividades como una forma de incentivar el movimiento, el autocuidado y la adopción de hábitos saludables, en un entorno comunitario y accesible.

Dictadura no es excusa: la intervención de EEUU en Venezuela y el colapso del derecho internacional

Jorge Mora Portuguez

Jorge Mora Portuguez

La madrugada del 3 de enero de 2026, el gobierno de los Estados Unidos ejecutó una operación militar directa sobre territorio venezolano, que incluyó bombardeos sobre Caracas y otras zonas estratégicas, y que culminó con el secuestro ilegal de Nicolás Maduro y su esposa, así como su traslado forzado a los Estados Unidos. Esta operación dejó al menos 80 personas asesinadas, muchas de ellas civiles inocentes.

El propio presidente estadounidense anunció públicamente que él personalmente “dirigirá Venezuela temporalmente” y que gestionará la explotación de sus reservas petroleras.

Este solo hecho revela con crudeza la verdadera naturaleza de la intervención.

Algunos sectores han celebrado la captura de Maduro como si se tratara del derrumbe de la dictadura. Sin embargo, el régimen autoritario venezolano no ha desaparecido: El gobierno, el ejército, y todas las instituciones del Estado, siguen en manos del llamado chavismo. Solo que bajo control de Washington y con especial atención en sus reservas y producción de petróleo.

No se puede minimizar la gravedad del régimen venezolano. Maduro consolidó un poder autoritario, marcado por denuncias persistentes de corrupción, violaciones sistemáticas de derechos humanos y manipulación de procesos electorales. La crisis humanitaria y el éxodo de millones de venezolanos son hechos incontrovertibles.

Pero la existencia de una dictadura no legitima una invasión extranjera.
La operación de Estados Unidos no fue acordada por el pueblo venezolano, ni respondió a un mandato multilateral. Fue una intervención unilateral que violenta la soberanía de Venezuela, secuestra a su jefe de Estado y coloca el destino político del país en manos de un gobierno extranjero.

La Carta de las Naciones Unidas, base del orden jurídico internacional, es inequívoca en su artículo 2.4:
Los Miembros de las Naciones Unidas se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier manera incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

Este principio jurídico prohíbe el uso de la fuerza para derrocar gobiernos o controlar territorios, salvo dos excepciones muy limitadas: autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o legítima defensa frente a una amenaza armada inminente. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el caso de Venezuela.

Acciones como esta debilitan la seguridad colectiva, socavan el derecho internacional y envían el mensaje de que las grandes potencias pueden imponer su voluntad por la fuerza.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha advertido que esta intervención “hace al mundo menos seguro” y ha recordado que el futuro de Venezuela debe ser decidido por su propio pueblo, no por un ejército extranjero.

Aunque el discurso oficial estadounidense ha intentado justificar la operación en nombre de la democracia o del combate al narcotráfico, las declaraciones y decisiones adoptadas evidencian que el objetivo central es el control de la producción y comercialización del petróleo venezolano. No se trata de la liberación de un pueblo de su tiranía, sino de intereses geopolíticos y económicos de los Estados Unidos.

La normalización de este tipo de intervenciones abre un precedente extremadamente peligroso: ¿qué impedirá que otras potencias recurran a la fuerza para imponer gobiernos funcionales a sus intereses?

Para países como Costa Rica, que no tiene ejército y ha apostado históricamente por el multilateralismo, el derecho internacional y la solución pacífica de los conflictos, este quiebre del orden jurídico internacional es especialmente grave. La soberanía y el derecho no son abstracciones: son la principal garantía de nuestra seguridad.

El hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador no justifica ni legitima la intervención militar de Estados Unidos.

Por estas razones debemos rechazar esta agresión militar, que viola el derecho internacional y debilita los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos. La democracia en Venezuela solo puede construirse desde dentro, mediante decisiones propias y en el marco de la legalidad internacional, no por la imposición de la fuerza ni por el control externo de sus recursos.

El outsider: el viejo truco populista en política

Wilmer Casasola-Rivera
Filósofo y Psicólogo
Escuela de Ciencias Sociales TEC

Las campañas electorales revelan cómo pensamos o, peor aún, cómo no pensamos cuando decidimos el futuro del país. También exponen las virtudes y carencias intelectuales de quienes aspiran a gobernar.

El populismo vuelve a ser protagonista en la contienda electoral de 2026 en Costa Rica, esta vez bajo el disfraz de la pureza moral y la supuesta ruptura con el sistema tradicional que encarna la figura del outsider. El advenedizo se presenta como portador de una gestión política supuestamente incontaminada, bajo una premisa frágil, pero peligrosa: que no haber participado en política sería garantía de una mejor administración del poder.

El fenómeno outsider surge como respuesta al descontento ciudadano frente a los partidos tradicionales. Quienes adoptan este discurso se presentan como agentes morales puros, con capacidades superiores y ajenos al poder político, bajo la promesa de que harán un mejor trabajo porque todos los anteriores lo han hecho mal. Sin embargo, esta supuesta virtud puede salir cara: la improvisación política no es una cualidad, sino un error grave. Además, el outsider rara vez ha sido completamente ajeno a la política. De una u otra forma ha estado vinculado al ejercicio público, aunque disfraza ese vínculo con una retórica antisistema diseñada para seducir al ciudadano menos informado y vender la idea de que no es político tradicional.

Estas posturas puristas en política son discursos abiertamente demagógicos y populistas. Al político populista le interesa construir un relato que se congracie con la mayoría, como cuando existen juicios sesgados hacia determinadas instituciones. El populista capitaliza ese descontento y lo convierte en un producto vendible. Esto recuerda al viejo Maquiavelo quien planteaba que un gobernante debe hacer todo lo posible por ganar y conservar el Estado. Proyectar una imagen sincera y lograr credibilidad es parte de este juego de poder.

Muchos podrían creer en este discurso populista debido al desgaste provocado por gobiernos que han hecho mal su trabajo. Sin embargo, ese fracaso previo no garantiza que estos nuevos mesías lo harán mejor. Algunos no solo han administrado deficientemente el país, sino que han socavado la institucionalidad para debilitar el Estado de derecho, a las instituciones y los medios que los cuestionan. Como advierte Moisés Naím, una democracia sin Estado de derecho es hueca. Un gobierno puede ser elegido democráticamente, pero si viola constantemente los límites a su poder, se vuelve corrupto y transgrede los derechos fundamentales de los individuos. El problema de fondo es que muchas de estas deficiencias han surgido, precisamente, de la mano de ese purismo político que se presenta como outsider.

La inexperiencia constituye una variable de riesgo crítica en los asuntos públicos. Si bien la trayectoria política no garantiza por sí misma un buen gobierno, su ausencia sistemática eleva exponencialmente las probabilidades de fracaso. No se trata de defender una experiencia acumulada por años que sea burocráticamente pasiva o carente de gestión social, pues es necesario reconocer que la excelencia y el mérito profesional no siempre imperan en la función pública. La excelencia es sustituida por lo aceptable, por la complicidad con el menor esfuerzo o, incluso, por la mediocridad. Bajo esta premisa, la intención de replantear los equipos de trabajo cobra validez, pero el problema surge cuando la excelencia se descarta y el argollismo se convierte en el único criterio de selección. De ahí que la promesa de conformar gobiernos con personas ajenas a la función pública pueda caer en un sesgo de preferencia y no de formación. La tesis de que la ausencia de contaminación política garantiza mejores resultados es discutible, pues ignora que el funcionamiento del Estado posee dinámicas particulares y que conducir un aparato institucional complejo exige experiencia, pericia y una comprensión integral de su funcionamiento.

Un país no es una empresa ni un fondo de inversión. Gobernar no es un ejercicio de gerencia corporativa, sino de liderar con visión la complejidad social. A diferencia de una entidad privada, cuyo fin último es la rentabilidad financiera y el beneficio de sus accionistas, el Estado tiene el deber de priorizar el bienestar social. Mientras que una empresa puede descartar clientes o líneas de negocio que no resulten rentables, el Estado tiene la obligación irrenunciable de atender a la totalidad de su población, especialmente a los sectores más vulnerables que carecen de oportunidades en el mercado. La gestión pública, por tanto, no es un asunto que deba reducirse únicamente a la eficiencia técnica. Aunque a veces, ni siquiera hay eficiencia técnica, sino intolerancia técnica que conduce al fracaso.

El gobierno de advenedizos es problemático. La confusión de roles conduce a la disfunción institucional y puede costarle caro al país. Esto se evidencia cuando un mandatario arremete contra los poderes legislativo y judicial, o contra la educación superior, por el simple hecho de que estas instancias cuestionan sus decisiones. Pensar que existe una supuesta “monarquía judicial” revela una preocupante ausencia de educación cívica y de comprensión democrática. La experiencia no se reemplaza con entusiasmo, ni las instituciones públicas se gestionan a partir de ocurrencias. Gobernar exige conocimiento especializado y experiencia en la administración pública.

La conformación de un gabinete no debería ser un ejercicio de simpatías ni de amiguismos, sino una búsqueda rigurosa de excelencia profesional y méritos académicos. Sin embargo, la pretensión de gobernar con figuras ajenas a la trayectoria política ha derivado en una improvisación que ha puesto en riesgo el país. La crisis educativa y la falta de gobernanza en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) representan tan solo dos de los fracasos más evidentes de esta gestión. Ambos casos evidencian que delegar instituciones estratégicas a perfiles inexpertos y advenedizos solo conduce al deterioro del sistema.

La crisis de la educación en Costa Rica es un ejemplo claro de lo que implica nombrar a personas sin conocimiento real de las instituciones públicas y de cómo ese desconocimiento conduce al fracaso. En el gobierno actual, la llamada Ruta de la Educación fue siempre un misterio que terminó en un berrinche para evitar su publicación y que fuera despedazada. Esa ruta tuvo las características del Ser de los filósofos griegos: una realidad última, una unidad inmutable, la esencia de las cosas, la idea eterna, un ente puro e indestructible, aunque nunca perceptible. Esa ruta nunca se expresó y el daño ya lo conocemos. Reestructurar un sistema educativo no es sencillo, pero es aún peor cuando se colocan forasteros en cargos para los cuales no están capacitados ni poseen las competencias necesarias.

Otro ejemplo particularmente claro de improvisación e incompetencia se observó en la Presidencia Ejecutiva de la CCSS. Durante este periodo, la institución enfrentó una de las crisis más serias de su historia: aumento sostenido de las listas de espera sin una estrategia clara y verificable para reducirlas; cuestionamientos públicos sobre la transparencia y legalidad en la gestión de contratos; ruptura sistemática del diálogo con los sindicatos; tensiones constantes con la Contraloría General de la República por decisiones administrativas mal fundamentadas; y despidos de funcionarios guiados más por criterios ideológicos que expertos. En términos simples, se trató de una conducción improvisada y autoritaria en una institución que, por su naturaleza y por la población que atiende, exige rigor, sensibilidad y responsabilidad.

Los problemas sociales no son meros asuntos técnicos, sino lo que Heifetz y Linsky denominan desafíos adaptativos: problemas que exigen nuevas pautas de aprendizaje, cambios en valores, actitudes y conductas que permitan introducir enfoques distintos para resolverlos. Cuando se observa la realidad desde un único esquema mental, las soluciones suelen ser parciales o disfuncionales. Por este motivo, cuando gobernar se confunde con autoritarismo, se anula la disposición a aprender de los demás y desaparece la capacidad de ofrecer respuestas inteligentes e integrales.

Debe inquietarnos el discurso soberbio de ciertos candidatos que aseguran no necesitar curva de aprendizaje o presumen conocer a la perfección el funcionamiento de todas las instituciones públicas. Esa pedantería expone una gran ignorancia. Y lo mismo ocurre con quienes creen que innovar consiste únicamente en mover capital financiero. El idealismo tecnocrático y los delirios de grandeza son peligrosos y nos dicen hacia dónde conduce esa postura.

Gobernar exige una comprensión social integral para enfrentar los desafíos del país, pues sin amplitud académica, la visión de la realidad se vuelve limitada. Sin embargo, parece que enfrentamos tiempos donde el rigor intelectual ha dejado de importar y algunos creen en un pragmatismo sin contenido, al punto de reducir el conocimiento académico a un simple panfleto o brochure. Costa Rica no requiere iluminados ni oportunistas que se bajan de un taxi y se suben a otro cuando les conviene, como tampoco la continuidad de malas decisiones. Lo que el país exige son líderes capaces de entender la complejidad del Estado para transformarlo sin destruirlo. Validar el mito populista del outsider, que eleva la ignorancia y la inexperiencia a la categoría de virtud, condena a la nación a ciclos viciosos de improvisación, polarización y autoritarismo. Gobernar requiere convicciones éticas, no delirios morales.

Del autoritarismo a la dictadura hay una línea delgada que suele trazarse con el abstencionismo y los fanatismos poco reflexivos al momento de votar. Deberíamos aprender de la experiencia amarga de otros países y de nuestra propia realidad política.

¿Podría Trump intervenir en las elecciones en Costa Rica? Expertos de la UNA no lo descartan

Pasó en Argentina y pasó más recientemente en Honduras: mensajes directos del presidente de Estados Unidos hacia candidatos o grupos políticos en medio de la contienda electoral inclinaron la balanza en estos países.

En el caso de Argentina, Trump dirigió mensajes de apoyo hacia el partido La Libertad Avanza del mandatario Javier Milei, en las elecciones legislativas de octubre anterior.

De paso, amenazó con no avalar un millonario apoyo económico a la nación suramericana, en caso de que el partido perdiera. “Si (Milei) no gana, nos vamos. Si pierde, no seremos generosos con Argentina”, manifestó el norteamericano, días antes de las votaciones donde La Libertad Avanza obtuvo un resultado favorable del 40.7% de los votos. Incluso, Trump se atrevió a indicar que “Milei estaba perdiendo” y que su respaldo fue lo que le permitió ganar “de manera aplastante”.

El apoyo hacia Milei y su partido se dio en un contexto de clara cercanía entre ambos gobernantes. El argentino, de una línea de ultraderecha libertaria, se identifica como un aliado de Trump en la región latinoamericana.

Un mes después, una situación similar se presentó en las elecciones presidenciales de Honduras. Este país centroamericano es gobernado actualmente por Xiomara Castro, de tendencia izquierdista. Como oposición al oficialismo, el nombre de Nasry Asfura del tradicional Partido Nacional, de derecha conservadora, se postuló por tercera vez a unos comicios.

Aunque en un inicio el apoyo popular no le era favorable, una sucesión de hechos, donde el presidente Donald Trump emitió sus preferencias, inclinó la balanza.

Sobre Asfura, Trump manifestó públicamente que “era el único aliado real de la libertad en Honduras”. Al igual que lo hizo con Argentina, su voz de apoyo se acompañó de una amenaza de recortar toda ayuda financiera y de asistencia económica en caso de que ganaran sus oponentes, Salvador Nasralla o la oficialista Rixi Moncada.

El tablero político se sacudió aún más con el indulto que Trump le otorgara al exmandatario Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico y perteneciente al mismo partido de Asfura. El resultado fue un ascenso en el apoyo a este candidato quien, tras una reñida contienda con Nasralla, se declaró ganador.

¿Y Costa Rica?

¿Podría ocurrir una situación similar en las elecciones costarricenses que se llevarán a cabo dentro de menos de un mes? Los académicos Carlos Murillo, de la Escuela de Relaciones Internacionales y José Andrés Díaz, del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), no lo descartan, aunque manejan algunos matices.

Murillo considera que existe una tendencia global a influir en procesos electorales de otros países, por parte de líderes conservadores. “por eso, no sería de extrañar que, en el caso de Costa Rica, Trump manifieste, sobre todo a través de su red social (Truth Social) algún apoyo en el proceso electoral, ofreciendo la posibilidad de incrementar los programas de asistencia o de cooperación si ganara el oficialismo”, manifestó.

Ya esta elección tiene un antecedente, con la reunión a la que acudió la embajadora de Costa Rica en Washington, Catalina Crespo, ante la solicitud de información del congresista republicano (del partido de Trump), Mario Díaz-Balart, sobre el proceso de levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante la Asamblea Legislativa, por las acusaciones de beligerancia política.

Se le preguntó a Murillo si en el caso hondureño, el tema de la alta migración de ciudadanos de ese país hacia Estados Unidos pudo influenciar la intervención de Trump. Ante ello, el académico negó que esa sea la motivación. “No, a Trump no le interesa la migración ni el narcotráfico, porque si no, no habría liberado a Juan Orlando Hernández, lo que quiere es que en América Latina haya gobernantes afines a su visión de mundo”, sentenció.

Por su parte, José Andrés Díaz, del IDESPO-UNA, recalcó que la segunda administración de Trump está retomando una política más intervencionista hacia América Latina, la cual se vio plasmada el fin de semana anterior con la detención de Nicolás Maduro y el control que ejercerá Estados Unidos sobre territorio venezolano.

“Esta nueva tensión puede traducirse en presiones diplomáticas, económicas o incluso en materia de seguridad hacia los países de América Latina, incluida Costa Rica, creando las condiciones para influir de manera directa o indirecta en procesos políticos”, indicó el académico.

Es así como, si la administración Trump observara que un posible gobierno costarricense afecte sus prioridades, “no podría descartarse un intento de incidir”. Sin embargo, Díaz no ve aún señales, por ahora, de que esto pueda ocurrir de alguna manera.

Para él, es “poco probable” que ocurra y una de las razones es la tradición democrática del sistema costarricense y del respeto que se tiene a nivel internacional. Otro de los argumentos es que la política exterior estadounidense ha buscado enfocarse en amenazas geopolíticas de mayor envergadura, más que en países “relativamente pequeños y que no llaman la atención de intereses importantes en Estados Unidos”.

Hacerlo supondría, de acuerdo con el experto, avivar algún tipo de tensión diplomática significativa, por lo que si ocurriera “sería utilizando mecanismos indirectos y de bajo perfil”, agregó.

Sin embargo, ante lo inédito del panorama electoral y la incertidumbre que rodea el ámbito de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina será cuestión de días para ver si es posible alguna seña de parte de Trump en un proceso electoral que se acerca a su fecha definitiva.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Derecho de respuesta: RIU ejercerá recursos y acciones legales para evidenciar inconsistencias y yerros de resolución emitida por el TAA

SURCOS publica la siguiente nota enviada por la representación de RIU:

RIU Hotels & Resorts reitera su respeto por la institucionalidad y el debido proceso. Sin perjuicio de ello, la empresa no comparte lo resuelto por el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) y hará valer, por las vías correspondientes, las consideraciones técnicas y jurídicas que estima pertinentes.

Dado que la resolución no está en firme y, por tanto, no resulta ejecutable, RIU ejercerá todos los recursos y acciones legales previstos por el ordenamiento jurídico para hacer ver las inconsistencias y yerros, que a nuestro criterio tiene la resolución.

RIU reafirma que ha actuado en cumplimiento de la legislación costarricense y, por prudencia y respeto al proceso en trámite, no brindará información adicional sobre las gestiones legales en curso.

Debate presidencial sobre migración y refugio convoca consulta ciudadana y publica sus documentos oficiales

En el marco del proceso electoral de 2026, la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio impulsa un debate presidencial especializado en migración, centrado en los ejes de integración, derechos humanos y seguridad, con el objetivo de colocar estos temas en el centro del diálogo democrático nacional.

Como parte de este esfuerzo, el Comité Organizador abrió un proceso de consulta ciudadana, mediante el cual la población puede enviar preguntas que podrían ser seleccionadas para el bloque de participación del público durante el debate. Esta iniciativa busca fortalecer la centralidad ciudadana y garantizar que las preocupaciones sociales en torno a la migración y el refugio sean consideradas directamente por las candidaturas presidenciales.

El debate presidencial se realizará el 13 de enero de 2026, en San José, con una duración aproximada de tres horas y transmisión en vivo a través de plataformas digitales, permitiendo el acceso amplio y gratuito de la ciudadanía.

Documentos oficiales del debate

De manera complementaria, la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio hizo públicos los documentos oficiales que regulan y fundamentan el debate, los cuales establecen sus principios, objetivos y reglas de funcionamiento. Entre estos documentos se encuentran:

  • El Reglamento oficial del debate presidencial sobre migración, que define su carácter vinculante, los principios rectores, las reglas de participación, los tiempos de intervención y las normas de conducta.
  • El Marco fundacional, que explica el sentido político y democrático del debate, así como su enfoque en derechos humanos, integración y seguridad desde una perspectiva regional y ciudadana.
  • El Formato oficial del debate, donde se detallan los bloques temáticos, la estructura de preguntas y el rol de la moderación.

Estos instrumentos buscan garantizar equidad, neutralidad, transparencia y respeto democrático, así como condiciones de accesibilidad, incluyendo interpretación en LESCO y transmisión gratuita.

Un espacio para el diálogo democrático

El debate presidencial sobre migración se concibe como un espacio de discusión sustantiva, orientado a contrastar propuestas y visiones de país en torno a uno de los temas más sensibles y complejos del contexto nacional y regional. La iniciativa subraya la importancia de abordar la migración no desde enfoques simplistas o punitivos, sino desde una mirada integral que reconozca la dignidad humana, la seguridad y la convivencia social.

La Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio reiteró que este proceso busca fortalecer la democracia, promover la participación informada y contribuir a un debate público más responsable en el actual proceso electoral.

Comité Organizador / Debate presidencial sobre Migración: Integración, Derechos Humanos y Seguridad:

Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU)
Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM)
Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Universidad Estatal a Distancia (CICDE, UNED)
Centro de Acción para la Libertad (CAL)

Puede utilizar los códigos QR para la consulta ciudadana y para las descargas.