El historiador y analista político Óscar Aguilar Bulgarelli difundió un video en el que se refiere a la captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias «Diablo», calificándola como un hecho de enorme significado para el país. Según Aguilar, no se trata de la detención de un delincuente más, sino posiblemente del criminal más peligroso en la historia reciente de Costa Rica, al que describe como «un verdadero tumor en ese cáncer social que es el narcotráfico».
El analista atribuyó la captura al trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, «desde sus jefes, desde sus directores hasta los más humildes servidores», y expresó su agradecimiento y reconocimiento a quienes participaron en el operativo, recordando que hay cinco personas heridas tras un enfrentamiento armado con la estructura delincuencial. Aguilar subrayó que quienes arriesgaron su vida en el operativo fueron funcionarios costarricenses, independientemente de que se contara o no con apoyo de agencias extranjeras, y pidió cesar «tanta crítica malsana» contra estas instituciones.
Aguilar vinculó este hecho con la reciente disputa presupuestaria entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en la que este último había señalado el perjuicio que representaría una disminución de su presupuesto para organismos como el OIJ, la Fiscalía y los tribunales de justicia. A su juicio, la captura demuestra la necesidad de respaldar la independencia del Poder Judicial, y advirtió que «nadie venga a ponerse ahora una flor en el ojal que no le pertenece», al aclarar que la acción fue exclusivamente del Poder Judicial, sin coordinación visible con el Poder Ejecutivo.
El analista dirigió críticas directas al diputado Nogui Acosta, jefe de fracción del partido de gobierno, por declaraciones en las que Acosta habría minimizado el hecho al señalar que se trataba de un delincuente que llevaba diez años prófugo, y por poner en duda lo que podrían hacer los tribunales de justicia con el detenido. Aguilar calificó esa actitud como «mezquina» e «injusta», y retó públicamente a Acosta a renunciar a su inmunidad parlamentaria para permitir que la Fiscalía abra lo que Aguilar describió como doce expedientes que, según afirmó, existen en su contra por acusaciones de delitos penales y administrativos. El analista cerró su intervención señalando que, cuando la inmunidad de Acosta expire, «también se sentará en esos tribunales».
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Organizaciones audiovisuales exigen claridad y transparencia al Ministerio de Cultura y Juventud sobre la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual N.º 10657. https://wp.me/p6rfbZ-zBW
Centro Cultural de España invita al conversatorio «El odio profundo a las minorías étnicas». https://wp.me/p6rfbZ-zBB
Los alcances del Convenio 169 de la OIT en Costa Rica: la consolidación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y tribales afrocostarricenses. https://wp.me/p6rfbZ-zC4
Los diputados sediciosos del partido Pueblo Soberano. Vladimir de la Cruz. https://wp.me/p6rfbZ-zC6
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Advierten que conformar el Consejo de Cinematografía y Audiovisual sin reglamento a la Ley debidamente publicado, ni reglas claras de participación, atenta contra la seguridad jurídica, resta competitividad al sector y debilita la representación de áreas como animación, videojuegos, distribución, actores, actrices y personas intérpretes.
San José, Costa Rica, 23 de julio de 2026. Organizaciones y personas trabajadoras del sector audiovisual solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud que brinde información clara, pública y verificable sobre el estado real de la reglamentación de la Ley de Cinematografía y Audiovisual, Ley N.° 10657, así como sobre los criterios y plazos que regirán la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual.
Con el espíritu de reunir la diversidad del sector y entender la situación actual con la reglamentación de la Ley N.º 10657, la Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA), la Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC), Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica (CCR), la Unión de Directoras de Cine de Costa Rica (UDCCR), Asociación de Documentalistas de Costa Rica (DOKUS), InterArtis Costa Rica, Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV) y la Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense convocaron una reunión sectorial el miércoles 22 de julio del 2026.
El llamado responde a los vacíos legales, reglamentarios, administrativos y presupuestarios que persisten en la implementación de la ley. Entre los puntos críticos están la publicación pendiente del reglamento, la integración y operación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual, y la continuidad de programas estratégicos como el Fondo El Fauno, el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) y la participación del país en Ibermedia.
Una convocatoria apresurada y sin reglamento publicado
El día 15 de julio, el Ministerio de Cultura realizó una convocatoria para que las organizaciones postularan las ternas de personas que conformarían un nuevo Consejo de Cinematografía y Audiovisual. Si bien esa convocatoria fue publicada en el Alcance N.° 90 a La Gaceta N.° 131 del 15 de julio de 2026, no fue difundida en diarios de circulación nacional y únicamente se socializó el día 21 de julio en redes sociales. Sin embargo, las organizaciones del sector audiovisual consideran que, sin un reglamento debidamente emitido por el Poder Ejecutivo (el cual debe hacer operativa la ley vigente desde octubre de 2025), sin claridad sobre la situación jurídica e institucional del Consejo de Cinematografía y Audiovisual y sin la definición de un procedimiento transparente para la presentación, valoración y selección de las ternas, resulta un despropósito exigir la participación del sector en estas condiciones, pues implica transferir una carga institucional sin ofrecer las garantías mínimas de legalidad, seguridad jurídica, transparencia y legitimidad que el proceso requiere.
El edicto no precisa los requisitos de las candidaturas, los documentos por presentar, los mecanismos para acreditar la pertenencia a cada sector, la forma de resolver la eventual presentación de varias ternas ni los criterios que usará el Ministerio para efectuar los nombramientos. Esta falta de información es, precisamente, lo que el Reglamento debía definir y lo que las organizaciones piden subsanar de forma inmediata y pública.
Un borrador de reglamento que genera incertidumbre
Existen serias dudas acerca de la regularidad jurídica de la convocatoria pública para postulación de ternas para el nombramiento de miembros del Consejo de Cinematografía, sin que haya sido debidamente decretado el reglamento de la Ley. En efecto, el artículo 7 de la Ley expresamente indica que el procedimiento para el nombramiento del Consejo “será establecido mediante el reglamento respectivo”. En consecuencia, no es legalmente viable que tal nombramiento pueda realizarse sin un procedimiento establecido en la norma que reglamenta la ley, debidamente decretada por el Poder Ejecutivo.
La incertidumbre se agrava porque la versión del borrador del reglamento que circula públicamente identificada como versión 14, fue previamente socializada mediante un proceso de consulta pública y a la fecha continúa disponible como documento descargable en el sitio web del Centro Costarricense de Cine, aunque no ha sido firmada por el Poder Ejecutivo.
Las organizaciones señalan que los plazos de postulación que propone el Ministerio contradicen de forma directa incluso el borrador del reglamento ya socializado. El artículo 7 del borrador del reglamento dispone que debe otorgarse un plazo de 15 días naturales para recibir las postulaciones de las organizaciones. Sin embargo, la convocatoria del Ministerio brinda apenas 9 días naturales después de la publicación oficial, seis días menos del mínimo que establece el propio texto reglamentario que el Ministerio sometió a consulta pública.
A esto se suma que el Ministerio envió un oficio a ciertas organizaciones con requisitos de postulación, sin que quede claro el criterio de escogencia de las organizaciones a las que se dirigieron. Además, varios requisitos no están contemplados en la Ley, ni en el borrador de reglamento socializado ni en el edicto publicado en La Gaceta. Es decir, no se explica públicamente el fundamento jurídico de estas exigencias adicionales ni el plazo real con que contarían las organizaciones para reunir dicha documentación.
Estas inconsistencias refuerzan la necesidad de que el Ministerio aclare, de manera pública, con base en qué marco normativo vigente sustenta la convocatoria actual.
“Solicitamos que ambos procesos se realicen con legalidad, transparencia, participación y seguridad jurídica. La urgencia institucional no puede sustituir el procedimiento que la propia ley ordena desarrollar mediante reglamento”, señalaron las organizaciones firmantes.”
Un Consejo con poder decisorio
El Consejo de Cinematografía y Audiovisual no será una instancia meramente consultiva. La Ley N.° 10657 le asigna funciones determinantes para el funcionamiento del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual: aprobar políticas, planes, estrategias y presupuestos; definir las reglas de los recursos concursables; nombrar a los jurados que seleccionan proyectos; nombrar y remover a la Dirección General del Centro y la Dirección de la Cinemateca Nacional; aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento; y supervisar la ejecución de programas y recursos públicos.
Por la magnitud de estas responsabilidades, las organizaciones consideran que su conformación debe estar precedida de reglas claras, plazos razonables y condiciones que permitan una participación efectiva de todos los sectores representados. Una integración apresurada podría debilitar la legitimidad del órgano colegiado, comprometer la idoneidad técnica de sus integrantes y generar cuestionamientos posteriores sobre su representatividad, transparencia y validez.
Riesgo de menor representatividad para sectores históricamente excluidos
La nueva ley amplía la composición del Consejo de tres a siete integrantes e incorpora formalmente representaciones de sectores que antes no tenían voz ni voto en ese órgano, entre ellos la animación digital, los videojuegos, actores, actrices y personas intérpretes así como otros oficios creativos vinculados con la dirección y la escritura cinematográfica y audiovisual.
Este avance representa una oportunidad histórica para reconocer la diversidad del ecosistema audiovisual costarricense. Sin embargo, un proceso acelerado, sin reglamento y sin mecanismos claros de información, podría producir el efecto contrario: limitar la participación de colectivos y organizaciones emergentes, privilegiar a grupos de interés con mayor capacidad administrativa y reducir la representatividad efectiva de los sectores recién incorporados.
Las organizaciones firmantes advierten que la participación no debe reducirse a la presentación apresurada de nombres. Debe garantizarse que las personas postuladas cuenten con respaldo sectorial, conocimiento del ámbito que representarían y condiciones para rendir cuentas ante las organizaciones y comunidades de su sector.
Incertidumbre institucional y pérdida de competitividad
La acumulación de vacíos reglamentarios, administrativos y presupuestarios mantiene al sector en una situación de incertidumbre que podría restarle competitividad al país. La falta de reglas claras y de autoridades plenamente constituidas puede afectar la planificación de producciones, la atracción de inversiones, la creación de empleo, el acceso a coproducciones internacionales, la formación profesional y la continuidad de los programas públicos de estímulo, exhibición y circulación audiovisual.
Costa Rica ha desarrollado en los últimos años capacidades técnicas, profesionales y empresariales que le permiten competir como destino para producciones nacionales e internacionales. Pero esa competitividad también depende de instituciones estables, procedimientos previsibles y políticas públicas sostenidas en el tiempo. La incertidumbre actual podría debilitar la confianza de compañías productoras, inversionistas, fondos internacionales y organismos de cooperación que requieren interlocutores institucionales claros y marcos normativos confiables.
El Fauno continúa sin resultados anunciados
La convocatoria del Fondo de Fomento Audiovisual y Cinematográfico El Fauno establecía el 17 de julio de 2026 como fecha para anunciar los proyectos beneficiados, pero los resultados no se publicaron según lo previsto, y el Ministerio no ha informado públicamente las razones del retraso.
El Fauno es el único fondo público permanente de fomento cinematográfico y audiovisual del país, esencial para el desarrollo de proyectos de cine, televisión, animación, videojuegos y otras expresiones audiovisuales. De acuerdo con su normativa, el Consejo de Cinematografía y Audiovisual debe intervenir en la fase final del proceso, por lo que su falta de integración genera incertidumbre sobre la declaratoria de los proyectos seleccionados, el giro de los recursos y la formalización de coproducciones internacionales.
Las organizaciones solicitan al Ministerio que informe públicamente sobre el estado actual del proceso de evaluación, la situación de las recomendaciones emitidas por el jurado, la nueva fecha para anunciar los proyectos beneficiados por El Fauno y el fundamento jurídico que permitirá concluir la convocatoria.
Debilitamiento de la capacidad operativa del Centro Costarricense de Cine y Audiovisual
La ausencia de un Consejo de Cinematografía y Audiovisual constituido y de una persona a cargo de la Dirección del CCCA genera preocupación sobre la continuidad del Costa Rica Festival Internacional de Cine, la participación costarricense en Ibermedia, el funcionamiento de la Cinemateca Nacional y los demás programas administrados por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual.
El CRFIC es una de las principales plataformas públicas de exhibición, formación y circulación cinematográfica del país. Ibermedia, por su parte, es un mecanismo fundamental para el desarrollo, la coproducción con países de la región y la internacionalización de obras costarricenses.
Las organizaciones consideran necesario que el Ministerio presente, de forma pública, un plan que garantice la continuidad presupuestaria, administrativa y operativa de estos programas, independientemente de los procesos de transición institucional.
Recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas
En 2025, Costa Rica recibió más de US$11 millones en inversiones vinculadas con producciones audiovisuales internacionales, resultado del trabajo de promoción, facilitación de trámites y coordinación institucional realizado por PROCOMER y la Comisión Fílmica. La ley traslada recursos generados a través de incentivos fiscales de dichas producciones al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual. Sin embargo, persisten interrogantes, no resueltas públicamente, sobre la transferencia de dichos recursos derivados de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los cuales a su vez deben contribuir al financiamiento del Fondo El Fauno.
Por ello, las organizaciones solicitan una rendición de cuentas pública sobre los recursos generados desde la entrada en vigencia de la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas, los montos trasladados al Centro Costarricense de Cine y Audiovisual, los recursos pendientes de transferencia, y las medidas previstas para fortalecer los encadenamientos entre la inversión extranjera y el sector audiovisual nacional.
Petición al Ministerio de Cultura y Juventud
Las organizaciones firmantes solicitan al Ministerio de Cultura y Juventud los siguientes puntos:
Tramitar la firma definitiva del reglamento de la Ley N.° 10657 de forma inmediata, a efectos de completar legalmente el procedimiento de integración del Consejo.
Actualizar las bases de datos de las diversas representaciones de los subsectores, y comunicar con claridad quiénes son los implicados en las diversas convocatorias.
Una vez conformado el Consejo de Cinematografía y Audiovisual, presentar un plan de continuidad institucional y presupuestaria, con cronograma público, para El Fauno, el CRFIC, Ibermedia, la Cinemateca Nacional y los demás programas del CCCA.
Rendir cuentas de manera pública y detallada sobre los recursos generados por la Ley de Atracción de Inversiones Fílmicas y su traslado al fomento audiovisual nacional.
Las organizaciones reiteran su disposición a colaborar con el Ministerio de Cultura y Juventud para encontrar soluciones jurídicas, administrativas y presupuestarias que permitan implementar la Ley de forma ordenada, transparente y sostenible.
La nueva Ley de Cinematografía y Audiovisual constituye una oportunidad histórica para fortalecer el sector, ampliar su diversidad y consolidar la presencia del país en los mercados internacionales. Aprovecharla exige, ante todo, información clara y verificable, procesos transparentes y pleno respeto por el ordenamiento jurídico.
Organizaciones firmantes
Asociación Costarricense de Sonidistas Audiovisuales (ACSA)
Asociación de Productores Independientes de Cine de Costa Rica (APICC)
CCR – Asociación de Autores y Autoras de Cinematografía de Costa Rica
Unión de Directoras de Cine de Costa Rica
DOKUS – Asociación de Documentalistas de Costa Rica
Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Costa Rica (ASODEV)
InterArtis Costa Rica
Organización Multisectorial del Cine y Audiovisual Costarricense
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RENASES convoca a su segunda asamblea para dar seguimiento al Pacto Patriótico Costarricense y ampliar la participación social. https://wp.me/p6rfbZ-zBd
Colectivo Mujeres por Costa Rica pide al MEP precisar los alcances de la circular sobre neutralidad política en las aulas. https://wp.me/p6rfbZ-zB0
UCR presentará el zine y video Ahí viene(n) la(s) plaga(s), un proyecto artístico y transdisciplinario entre Costa Rica y México. https://wp.me/p6rfbZ-zB2
FECTSALUD propone que se condicione respaldo a eurobonos a que el Gobierno descarte un aumento del IVA y frene los recortes presupuestarios. https://wp.me/p6rfbZ-zBr
Sala Constitucional da curso a amparo por demora en ejecutar sentencia del caso Hotel RIU Guanacaste. https://wp.me/p6rfbZ-zBn
AAJ denuncia suspensión de movimiento político en Ecuador y alerta sobre vulneración de derechos civiles y políticos. https://wp.me/p6rfbZ-zBp
La ilusión del dólar. Apuntes básicos de economía nuclear. Luis E. Araya V. https://wp.me/p6rfbZ-zBk
¿Impunidad o lucha por la justicia? Desde una Costa Rica omisa, reflexiones sobre el día conmemorativo de la justicia penal internacional. Nicolas Boeglin https://wp.me/p6rfbZ-zB9
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El Colectivo Mujeres por Costa Rica envió una carta al ministro de Educación Pública, José Leonardo Sánchez Hernández, a la viceministra administrativa, Sofía Ramírez González, a la viceministra académica, María Alejandra Ulate Espinoza, y al Consejo Superior de Educación, en relación con la Circular DM-CIR-0047-2026. El colectivo coincide en que los centros educativos deben permanecer libres de propaganda partidaria, pero plantea dudas sobre si la circular se limita a recordar obligaciones ya vigentes o si introduce restricciones nuevas mediante conceptos que consideran ambiguos, como «adoctrinamiento ideológico», «objetividad pedagógica» o «conclusión política predeterminada». A continuación, se reproduce la carta completa:
San José, 14 de julio 2026
Señor
José Leonardo Sánchez Hernández Ministro de Educación Pública
Sofía Ramírez González Viceministra Administrativa
María Alejandra Ulate Espinoza Viceministra Académica
Señores y Señoras Consejo Superior de Educación
Estimados señores y señoras:
En atención a la Circular DM-CIR-0047-2026 emitida por ese Ministerio, nos permitimos compartir algunas reflexiones que consideramos relevantes para la misión educativa del país y la formación ciudadana de nuestras futuras generaciones.
La Ley Fundamental de Educación establece como propósito esencial el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones intelectuales, físicas y morales, con el fin de que cada persona disfrute de una vida plena y contribuya al progreso de la sociedad. Asimismo, promueve la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, respetuosos de la dignidad humana, la libertad, la democracia y la justicia social.
Esa misión exige, al mismo tiempo, proteger los centros educativos de cualquier forma de proselitismo político y garantizar una educación crítica, plural y de calidad. En ese sentido, compartimos plenamente el principio de que los centros educativos públicos deben permanecer libres de propaganda partidaria. Esta obligación ya está prevista en nuestro ordenamiento jurídico y constituye una garantía para preservar la imparcialidad de la función pública y proteger al estudiantado.
En un Estado democrático de derecho, toda regulación que pueda incidir en el ejercicio de los derechos fundamentales debe respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y proporcionalidad. Las personas requieren distinguir con claridad qué conductas están permitidas y cuáles están prohibidas. Sin embargo, surge la inquietud de si la Circular DM-CIR-0047-2026 se limita a recordar obligaciones vigentes o si introduce nuevas restricciones mediante conceptos ambiguos cuyo alcance no está claramente definido. Expresiones como “adoctrinamiento ideológico”, “objetividad pedagógica” o “conclusión política predeterminada” requieren criterios objetivos para evitar interpretaciones subjetivas o arbitrarias que puedan afectar la labor docente y, en consecuencia, el derecho de las personas estudiantes a una educación crítica y plural.
Nuestra mayor preocupación no se limita a la situación del personal docente, se centra principalmente en el derecho del estudiantado a recibir una formación que fomente el pensamiento crítico, el análisis de distintas perspectivas y el respeto por la diversidad de opiniones. Cuando una norma genera incertidumbre sobre qué puede enseñarse o debatirse, existe el riesgo de que el temor sustituya la libertad de educar, empobreciendo la formación ciudadana.
La democracia se fortalece mediante el diálogo informado, el debate respetuoso y la reflexión crítica. Hablar en las aulas sobre derechos humanos, instituciones públicas, procesos electorales, justicia social, ambiente, participación ciudadana o políticas públicas, dentro del currículo nacional y con pluralidad de fuentes, no constituye propaganda política, sino que es parte esencial de la formación integral de las personas estudiantes.
La educación democrática no consiste en enseñar qué pensar, sino en enseñar cómo pensar. Eso implica desarrollar en las personas la capacidad de analizar información, contrastar argumentos, valorar la evidencia y construir sus propias conclusiones, esa es la mejor defensa frente a cualquier forma de adoctrinamiento político partidario o manipulación.
Por ello, consideramos conveniente que la Circular DM-CIR-0047-2026 precise con mayor claridad el alcance de aquellos conceptos que puedan dar lugar a interpretaciones dispares, de manera que se protejan simultáneamente:
La neutralidad político-electoral.
La seguridad jurídica del personal docente.
El derecho de las personas estudiantes a una educación crítica, plural y de calidad.
La escuela debe ser un espacio libre de propaganda partidaria, pero nunca un espacio donde el miedo sustituya al pensamiento crítico. Defender una educación que enseñe a pensar con libertad es, en esencia, defender la democracia costarricense.
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Las muertes de niñas y niños Ngäbe-Buglé evidencian que el Estado sigue sin garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras de las cosechas de café. https://wp.me/p6rfbZ-zAN
CCSS no cuenta con estados financieros del IVM, SEM y RNC desde hace 14 meses; Junta Directiva mantiene pendiente la aprobación de los del 2024. Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social https://wp.me/p6rfbZ-zAK
UNDECA denuncia convocatoria ilegítima y defiende el acuerdo adoptado por el Movimiento Consejo Sindical. https://wp.me/p6rfbZ-zAQ
Del período de los Recolectores hasta la posible III República. Vladimir de la Cruz https://wp.me/p6rfbZ-zAS
Nicaragua y el anuncio electoral de Daniel Ortega: ¿soberanía y derecho de legítima defensa? Álvaro Fernández González https://wp.me/p6rfbZ-zAy
¿Es posible que la familia sustituya a la ciudadanía? Género, clase y restauración conservadora en las Américas. Rodrigo H. Campos Hernández https://wp.me/p6rfbZ-zAU
Algunos para purificarse han de bañarse en el Jordán. Javier Francisco Cambronero Arguedas https://wp.me/p6rfbZ-zAI
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El Poder Judicial costarricense de hoy, en materia penal, es resultado del proceso de reforma institucional y legal más relevante de su historia. Hace poco más de 50 años un grupo de juristas y políticos visionarios impulsaron la promulgación de un nuevo Código Penal (1970), un Código de Procedimientos Penales (1974), renovaron leyes orgánicas para el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial; se reorganizó y fortaleció también la Defensa Pública y se puso en marcha un modelo penitenciario transformador mediante el proyecto de “La Reforma”.
Se requirieron muchos años de estudio y planificación por parte de personas expertas y autoridades, nacionales y extranjeras, para que el país contara con una legislación penal sustantiva -entonces modernizada-, conforme los principios republicano-democráticos; el proceso penal abandonó los oscuros gabinetes de la inquisición medieval (escrito y secreto), para abrir la puerta a los juicios orales y públicos, cuyo aporte principal fue el control político que la ciudadanía podía ejercer sobre los tribunales a la hora de impartir justicia. Por otra parte, se trasladó la función de perseguir y acusar delitos desde el Poder Ejecutivo (Procuraduría General) al Poder Judicial (como órgano auxiliar de justicia), ubicando el Ministerio Público en un lugar más neutral, otorgándole mayor independencia, rango y recursos, así como procurando que el proceso penal no fuera más un arma político-partidaria para perseguir adversarios y proteger correligionarios. Se fundó el OIJ, para la investigación técnico-científica de los hechos criminales, dejando atrás el barbarismo de cuerpos policiacos de detectives improvisados, subordinados al Gobierno de turno, proclives a la arbitrariedad, el abuso y hasta la tortura. Una Defensa Pública eficiente y eficaz, superó los tiempos en que este derecho era un simple nombramiento en el papel, para asegurar en adelante que toda persona acusada pudiera contar con un acompañamiento profesional de calidad, que garantizara el respeto a sus derechos fundamentales. Por último, se abandonó el concepto de cárceles como meros depósitos de desechos humanos, y se apostó por un régimen penitenciario resocializador, profesionalmente asistido (psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, educadores), régimen además, progresivo y humanista, capaz de superar la ideología del punitivismo vengador, al ofrecer mecanismos de superación para los privados de libertad por medio de la educación y el trabajo.
Semejantes transformaciones le dieron a Costa Rica su prestigio y renombre como nación respetuosa y defensora de los derechos humanos, convirtiéndola en líder continental que albergó la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), convirtió nuestro país en sede de la Corte Interamericana (CIDH) y su Instituto, así como del Instituto de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD). También fuimos el ejemplo a seguir cuando las dictaduras militares asolaron la región latinoamericana y nos dieron autoridad para impulsar y mediar en procesos de democratización y negociación que trajeron paz a Centroamérica y a merecer un Premio Novel en la materia. Por cierto, muchos connacionales, dado ese mismo prestigio, asesoraron los poderes judiciales y sus escuelas de capacitación en las democracias nacientes de la región, así como también muchos otros tuvieron oportunidad de servir en organismos internacionales, trabajar como asesores en centros universitarios de alto nivel y en programas de desarrollo humano en múltiples especialidades.
Sin duda, en estos últimos 50 años se ha vivido en el campo penal –y conseguido en parte- una aspiración democrática fuerte, resultado de liderazgos con visión de futuro, con doctrinas sólidas y propuestas de políticas públicas de largo alcance, en dirección hacia décadas por delante, que alcanzaran a muchas generaciones futuras.
Estos esfuerzos no han podido mantenerse lo suficiente en los últimos tiempos. La confianza en la democracia se ha debilitado. Han fallado las instituciones en la prestación de servicios básicos y se ha deteriorado el acceso a derechos fundamentales. La corrupción público/privada ha generado una indignación difusa contra la política en general. Grandes mayorías se han ido quedando fuera del reparto de la riqueza social y todo ese complejo panorama nos ha traído donde estamos: la pesadilla de la demagogia, la mentira y el populismo irresponsables. La cuestión política a resolver siempre ha sido la misma. Ayer como hoy lo fundamental ha sido construir, incluir, avanzar, actualizar derechos para todas las personas, dar un mínimo de calidad de vida a las mayorías y cultivar el sueño de un futuro mejor. Más temprano que tarde seremos juzgados, como generación, por lo que hicimos tanto como por lo que dejamos de hacer. Hay realidades que no pueden esconderse tras discursos virulentos, descalificaciones o insultos destemplados. La realidad siempre terminará imponiéndose con datos duros, evidenciando avances o retrocesos, logaros en paz y justicia o una conflictividad social cada vez más exacerbada.
El contraste entre lo mejor que hemos sido y el presente, sobre todo a partir de mayo de 2022, es desolador y dramático. La incapacidad de pensar y proponer soluciones de largo plazo es evidente. En el pasado gobierno y el presente, en materia de inseguridad y violencia social, así como sus respuestas penales, sólo hemos oído estridentes ocurrencias como encerrar a cada vez más gente (al estilo Bukele), pintar a los presos y presas de naranja fosforescente, llevar de paseo a escolares de barriadas pobres a visitar cárceles para que escarmienten sobre lo que les espera, asestar un golpe a la independencia del Ministerio Público otorgándole a la Asamblea Legislativa el nombramiento de su jerarca, propuesta inaceptable por regresiva, improvisada y con aroma a desquites personales. La capacidad de visión ha desaparecido, la ceguera es total.
Además, como de antemano el oficialismo sabe que nada de todo esto funcionará, le han declarado la guerra al Poder Judicial. Lo culpan de la inseguridad que se vive ignorando el mandato constitucional de que la prevención y el orden público son tareas a cargo del Poder Ejecutivo, y no de fiscales o jueces. En el colmo de un ejercicio de poder irresponsable, nos quieren llevar al caos institucional boicoteando el nombramiento de magistrados suplentes en la Sala Constitucional. Con esto no sólo quieren impedir que los jerarcas del oficialismo rindan cuentas ante la justicia, sino que buscan deteriorar el servicio público para continuar en su campaña de desprestigio contra la Administración de Justicia. No les importa que cientos o miles de ciudadanos se queden sin resolver reclamos en defensa de sus legítimos derechos. Pero además, la otra estrategia de “gobierno” es asfixiar presupuestariamente al Poder Judicial y demás órganos estatales de control. De nuevo no hay claridad sobre los propósitos últimos de estas estratagemas, dado que el único perjudicado es un público que requiere de servicios indispensables que le serán retardados o denegados.
Pero quizá lo que mayor desconsuelo provoca es el legado que ya nos está dejando el chavismo: la imagen de una Costa Rica en el mundo degradada y deteriorada. Evaluaciones de la OCDE, Transparencia Internacional, el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, muestran claros retrocesos en los últimos años en materias como educación, seguridad y percepción de la corrupción. También se incluyen dictámenes alarmantes de observadores externos sobre libertad de prensa y amenazas inéditas a la independencia judicial. La cereza de este pastel en franco proceso de descomposición es ver a nuestros representantes ante Naciones Unidas del lado de quienes defienden el bloque inhumano a Cuba, o quienes justifican el genocidio de Israel sobre Palestina, o las declaraciones oficiales contra los derechos de las mujeres o de las minorías identitarias.
El pasado viernes 17 julio un grupo de costarricenses nos congregamos en el bulevar de los Tribunales de Justicia de San José, en defensa del Poder Judicial. Fue una oportunidad para recordar el origen histórico de las instituciones judiciales en el campo penal y un homenaje a los hombres y mujeres visionarios que sentaron las bases de una justicia democrática sólida, respetuosa de la legalidad y los derechos humanos. Una justicia que 50 años después vale la pena conmemorar y defender. Nadie se acordará, dentro de otro medio siglo, de quienes hoy quieren arrasar con todas esas conquistas históricas con medidas improvisadas, intrascendentes e irresponsables.
La Asociación Costarricense de Pediatría (ACOPE), comprometida con la promoción del desarrollo integral de la niñez y la adolescencia costarricense, expresa respetuosamente su preocupación ante la propuesta de que estudiantes de secundaria visiten centros penitenciarios como estrategia para prevenir la delincuencia.
Como organización científica, consideramos que las políticas dirigidas a niños, niñas y adolescentes deben sustentarse en la mejor evidencia disponible y no únicamente en iniciativas que, aunque puedan resultar intuitivas, no han demostrado ser efectivas.
Diversas revisiones sistemáticas y metaanálisis, que representan los más altos niveles de evidencia científica, concluyen de manera consistente que los programas basados en visitas de jóvenes a cárceles o en la exposición directa a personas privadas de libertad con el objetivo de generar temor no reducen la delincuencia juvenil y, en algunos casos, pueden incluso aumentar la probabilidad de conductas delictivas posteriores.
De igual forma, una revisión sistemática publicada posteriormente encontró que estos programas no producen una reducción significativa de la conducta delictiva, a pesar de que puedan modificar algunas actitudes de los participantes, lo que confirma que el cambio de percepciones no necesariamente se traduce en cambios reales de comportamiento.
La prevención de la violencia y la delincuencia juvenil es un desafío complejo que no puede abordarse mediante estrategias basadas en el miedo. El conocimiento científico acumulado durante décadas demuestra que los factores que verdaderamente protegen a los niños y adolescentes incluyen:
una educación de calidad que favorezca el desarrollo de habilidades para la vida y que brinde mayores oportunidades de empleo digno;
programas deportivos permanentes y accesibles;
el acceso a actividades artísticas, culturales y recreativas;
espacios seguros para la convivencia familiar y comunitaria;
oportunidades de participación social y liderazgo juvenil;
el fortalecimiento de la salud mental y el acceso oportuno a servicios de apoyo psicológico;
programas de mentoría y acompañamiento para adolescentes en condición de vulnerabilidad;
políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad social, la exclusión y la violencia.
Estas intervenciones fortalecen los llamados factores protectores, ampliamente reconocidos en la literatura científica como elementos esenciales para disminuir conductas de riesgo y favorecer trayectorias de vida saludables.
Como pediatras sabemos que la adolescencia constituye un período de extraordinaria plasticidad cerebral y emocional. Las experiencias positivas, el acompañamiento de adultos significativos, las oportunidades educativas y el sentido de pertenencia tienen un impacto mucho mayor sobre el desarrollo futuro que las intervenciones basadas en la intimidación o el temor.
Desde ACOPE reconocemos y compartimos la preocupación nacional por el incremento de la violencia y la necesidad urgente de proteger a nuestra juventud. Sin embargo, precisamente por la magnitud del problema, las decisiones públicas deben sustentarse en evidencia científica sólida y en intervenciones cuya efectividad haya sido demostrada.
Costa Rica necesita invertir en estrategias preventivas que construyan oportunidades para nuestros niños y adolescentes, no únicamente en aquellas que buscan disuadir mediante el miedo.
La prevención efectiva de la violencia comienza mucho antes de que un joven tenga contacto con el sistema penitenciario. Comienza en la familia, en la escuela, en la comunidad y en una sociedad que garantice oportunidades reales para desarrollarse plenamente.
La Asociación Costarricense de Pediatría reitera su disposición para colaborar con las autoridades nacionales en el diseño e implementación de políticas públicas de prevención fundamentadas en la mejor evidencia científica y orientadas siempre al interés superior de la niñez y la adolescencia costarricense.
Dr. Santiago Batalla Garrido Presidente Asociación Costarricense de Pediatría 18 de julio de 2026.
Referencias:
Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., & Buehler, J. (2003). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency: A systematic review of the randomized experimental evidence. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 589(1), 41–62. https://doi.org/10.1177/0002716203254693
Petrosino, A., Turpin-Petrosino, C., Hollis-Peel, M. E., & Lavenberg, J. G. (2013). Scared Straight and other juvenile awareness programs for preventing juvenile delinquency. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2013(4), Article CD002796. https://doi.org/10.1002/14651858.CD002796.pub2
van der Put, C. E., Boekhout van Solinge, N. F., Stams, G. J., Hoeve, M., & Assink, M. (2021). Effects of awareness programs on juvenile delinquency: A three-level meta-analysis. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 65(1), 68–91. https://doi.org/10.1177/0306624X20909239
El sector costarricense del cine, la animación y los videojuegos manifestó su preocupación por el atraso en la publicación del Reglamento de la Ley de Cinematografía y Audiovisual (Ley N.° 22.852), aprobada en febrero de 2025. A casi año y medio de la entrada en vigencia de la ley, la ausencia de este instrumento impide su aplicación efectiva, genera inseguridad jurídica y mantiene paralizados procesos clave como la conformación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual, la definición de incentivos fiscales, la asignación de fondos y la toma de decisiones estratégicas para el desarrollo de la industria.
El sector hizo un llamado al Gobierno para que publique el reglamento a la mayor brevedad, al considerar que el retraso supera ampliamente el plazo previsto por la legislación. También advierte que la ausencia de una dirección formal en el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual debilita la institucionalidad y limita el crecimiento de una industria con potencial para generar empleo, atraer inversión y fortalecer el desarrollo cultural y económico del país.
Ante esta situación, se convoca a una reunión urgente del sector para analizar estos temas y definir acciones conjuntas, en vísperas de la realización del Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC) 2026. El encuentro tendrá lugar el miércoles 22 de julio de 2026, a las 6:30 p. m., en el Auditorio Roberto Sasso de la Universidad Veritas, y está dirigido a personas y organizaciones vinculadas al sector audiovisual nacional.
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