José Manuel Arroyo Gutiérrez
La crisis mundial de la democracia liberal se refleja, entre otros síntomas, en un conflictivo desbalance entre los poderes republicanos. En especial, está en cuestión el principio de “contrapeso” por medio del cual cada Poder puede actuar dentro de su competencia, pero claramente vigilado y equilibrado por los otros.
La situación particular de cada país suele tener diversos matices y hasta grandes diferencias. Se trata de realidades más complejas y específicas de lo que en principio parecen. El ejemplo de Guatemala es atípico puesto que en la mayoría de los casos, digamos El Salvador y Nicaragua, es el Poder Ejecutivo el que asume un rol dominante y avasallador respecto de los otros órganos de control, mientras que en la antigua Capitanía General, el fenómeno es el inverso.
En Guatemala, la víctima del desbalance y abuso de poder, es en efecto el Presidente Arévalo. En Costa Rica, las víctimas de ese conflicto son, por el contrario, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y los demás órganos constitucionales de control.
Como ya son varias las ocasiones en que de manera pública el Presidente Chaves Robles se compara con el Presidente Arévalo de León, para insinuar que ambos sufren el mismo problema de acoso en su relación con los otros poderes públicos, he querido desmentir este infundio recordando algunos hechos históricos, para destacar las radicales diferencias entre uno y otro caso.
Después de siglos de incompetencia, corrupción e impunidad en el sistema judicial guatemalteco, en diciembre de 2006 se constituyó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mediante convenio entre ese Estado y la Organización de Naciones Unidas. Se trataba de una misión de intervención y acompañamiento al sistema judicial que diera respuesta, especialmente a graves casos de impunidad contra personajes de gran poder político, económico y militar. Se trataba también de fortalecer al Ministerio Público como ente investigador y acusador, así como hacer realidad el principio de independencia en los tribunales de justicia.
Importantes procesos contra el crimen organizado y anticorrupción público/privada pudieron llevarse a buen término; se desmantelaron amplias redes de corrupción y se obtuvieran sentencias condenatorias contra personajes muy poderosos. También se invirtieron grandes recursos en capacitación, equipamiento y fortalecimiento del Ministerio Público y de los juzgados y tribunales de justicia.
La reacción de los sectores políticos tradicionales no se hizo esperar. Con la elección de Jimmy Morales a la Presidencia de la República, en 2019 no se amplió el Convenio de la CICIG, y a partir de este momento, el Congreso Nacional se aseguró de nombrar una Corte Suprema (que incluye una Sala de lo Constitucional), decidida a arrasar con todos los avances que se habían logrado.
- Se tergiversó todo el procedimiento de nombramientos de altos jueces (magistrados y jueces de apelación), a cargo del Congreso Nacional, mediante el control de la Comisión de Postulaciones, donde en principio había representación de varios sectores académicos y profesionales, pero que revelaron acciones corruptas donde políticos y agentes del crimen organizado, mediante la compra del voto, intervinieron para colocar sus fichas.
- La Corte Suprema despojó de sus competencias al Consejo de la Judicatura y volvió a concentrar poder para hacer nombramiento del resto de los jueces y personal relevante del Poder Judicial. Se han hecho denuncias fundadas por realizarse nombramientos de personas en que no concurren los requisitos, la idoneidad profesional o la constancia de honorabilidad.
- Se aseguraron de colocar en la cabeza del Ministerio Público, a personas adeptas a las fuerzas político-partidarias en mayoría, poniendo a este importante órgano de persecución penal al servicio de intereses y vendetas particulares.
Para sólo mencionar dos consecuencias aberrantes de este proceso, mediante excusas pueriles, el Ministerio Público quiso impedir que el Presidente Arévalo asumiera como Presidente de la República legítimamente electo. Sólo la enorme presión interna e internacional impidieron este despropósito. Y lo que resulta más grave aún, la Corte Suprema y el Ministerio Público actuales, se han encargado de levantar procedimientos disciplinarios y denuncias penales (auténticos ejemplos de Law Fare) contra aquellos fiscales y jueces que en su momento –el de la CICIG- cumpliendo con sus obligaciones condujeron investigaciones y pronunciaron sentencias condenatorias en sonados casos de corrupción y crimen organizado. En su mayoría, estos profesionales han pagado el precio del desempleo, la cárcel y, en su mayoría, el exilio por temor a atentados contra su integridad y la de su familia.
Se vuelven claras las diferencias cualitativas. Chaves fue electo y asumió de la manera pacífica y respetuosa con la que se conducen los procesos electoras en Costa Rica. A nadie se le ocurrió cuestionar la voluntad popular que lo llevo al poder. Fue él solito el que creyó, por ignorancia y prepotencia, que podía gobernar mediante decretos ejecutivos, por cierto chapuceros, brincándose las disposiciones legales y los obligados controles de la Administración; fue él quien quiso paralizar o desechar toda la obra pública en marcha, por puro capricho y para crear ruido, sin tener después capacidad para llevar a buen término nada importante, con los costos descomunales que tenemos que pagar ahora entre todos. Ha sido él quien ha manifestado absoluta incapacidad para el diálogo y la negociación, lanzando la consigna de destruir todos los puentes. Es él quien tiene que responder a los cuestionamientos sobre los gastos de la campaña que lo llevó a la Presidencia; y dar cuenta de la opacidad en relación con concesiones, licitaciones y negocios con algunos de sus financistas, vecinos y amigos. Será él, por último, quien tenga que responder por los llamados a la sedición y al derramamiento de sangre. Aquí no hay ningún aparato judicial persiguiendo sin motivo ni razón a un político (Law Fare); sólo existen hechos y conductas que deben investigarse a la luz de las reglas del debido proceso, como tiene que ser en una auténtica democracia.
La única ruta que Chaves Robles nos ha trazado con claridad a los costarricenses, es la de Nayib Bukele. Sueña con irrumpir con la Fuerza Pública y las brigadas paramilitares en el recinto parlamentario. Sueña con 40 diputados para destituir, aunque sea mediante medidas de facto, a los magistrados constitucionales, a los de otras materias y a los magistrados electorales. Sueña con un Fiscal General que se ponga a sus órdenes, archive todas las causas por abuso de poder y corrupción que puede enfrentar a futuro y, al contrario, comience a perseguir a sus críticos y adversarios. También sueña con despojar a la Contraloría de sus competencias para poder hacer los negocios que le plazca, con sus financiadores y allegados, y con el dinero de todos los costarricenses.
Queda entonces demostrado que Chaves Robles no es Arévalo de León. El Presidente de Costa Rica quiere confundir a un público desprevenido que no tiene por qué conocer los detalles de circunstancias históricas muy distintas entre dos países centroamericanos con grandes diferencias. Chaves sólo pretende seguir, con patetismo, la ruta de Bukele.
