SURCOS comparte el siguiente informe recibido en nuestra redacción:
Este lunes 07 de abril, las familias del Proyecto de Vivienda las Rosas, el cual se ubica en Río Jiménez, siguen protestando desde las 10 am para exigir los permisos de construcción para 82 familias del cantón de Guácimo”.
Por: Bernardo Archer Moore
En el corazón del Caribe costarricense, un grupo de indígenas del Territorio Kekoldi-Cockles, ubicado en el distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, ha decidido iniciar un proceso de recuperación de tierras prometidas por el Estado. Siguiendo el precedente de las comunidades indígenas del sur —especialmente en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas— estos pueblos optan por la acción directa ante la falta de respuestas concretas.
Pero el escenario aquí es distinto. Las tierras que reclaman no están en manos de personas blancas, como en otros territorios indígenas, sino de afrodescendientes costarricenses. Ambos grupos —indígenas y afrodescendientes— cuentan con el respaldo de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen sus derechos culturales, territoriales y sociales como pueblos históricamente marginados.
Este conflicto expone una tensión profunda y poco discutida: ¿qué ocurre cuando dos poblaciones igualmente protegidas por los mismos instrumentos legales se enfrentan por el mismo territorio? ¿Hasta qué punto puede el principio constitucional de igualdad ante la ley responder a realidades históricas, culturales y sociales que son distintas, pero igualmente legítimas?
Lo que está ocurriendo en Kekoldi-Cockles va más allá de una simple disputa por la tierra. Es un llamado urgente a repensar cómo aplicamos los principios de justicia e igualdad en contextos pluriculturales. No se trata solo de leyes, sino de memorias, identidades y deudas históricas no saldadas. En este cruce de caminos, la igualdad ante la ley se pone a prueba, y con ella, nuestra capacidad como sociedad para construir una justicia verdaderamente intercultural.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo contra el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), relacionado con las condiciones de seguridad en las rotondas de la Ruta 32.
El expediente N° 25-008703-0007-CO, tramitado el 8 de abril de 2025, señala que el tribunal ordenó al ministro y al director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) rendir informe sobre los hechos alegados en un plazo de tres días hábiles.
Según la documentación oficial, la persona recurrente denuncia las condiciones inseguras que prevalecen en la Ruta 32, especialmente en sus rotondas, y solicita medidas urgentes para mejorar la seguridad.
El recurso menciona un accidente ocurrido el 25 de marzo de 2025, cuando un tráiler no logró maniobrar adecuadamente en una rotonda de esta ruta. Levy Virgo argumenta que este tipo de incidentes se ha convertido en un problema recurrente, respaldado por advertencias de especialistas del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
La solicitud presentada ante la Sala IV señala que la decisión de implementar siete rotondas en lugar de pasos a desnivel en esta vía representa un riesgo para la integridad física de las personas usuarias.
En su recurso, Levy Virgo cita varios documentos técnicos que advierten sobre las deficiencias en estas infraestructuras, incluyendo oficios del Lanamme dirigidos a autoridades del MOPT.
La magistrada Ingrid Hess Herrera fue designada como instructora de este proceso constitucional.
Levy Virgo ha hecho un llamado a diferentes sectores, incluyendo alcaldías, diputaciones, empresariado y personas usuarias de la Ruta 32, para unirse al proceso y exigir soluciones urgentes que garanticen la seguridad vial en esta importante conexión con la región caribeña.
Comunicado del Partido Acción Ciudadana
A 169 años de la Batalla de Rivas, honramos el valor de Juan Rafael Mora Porras y Juan Santamaría, quienes enfrentaron con coraje y dignidad la amenaza al proyecto de libertad centroamericano.
Hoy, sus ideales resuenan más vivos que nunca.
Desde Acción Ciudadana reivindicamos su lucha por la soberanía, la paz y la convivencia democrática. Porque los enemigos de la libertad no solo visten uniforme: también se esconden en discursos de odio, en la polarización, y en los ataques a nuestras instituciones.
En ocasión del 169 aniversario de la Batalla de Rivas, el historiador Óscar Aguilar Bulgarelli expresó su preocupación por la disminución de las celebraciones públicas que conmemoran esta fecha histórica en Costa Rica.
«Hoy conmemoramos el 169 aniversario de la batalla de Rivas, de la gesta heroica del ejército de Costa Rica, de la gesta heroica de Juan Santamaría, de la gesta heroica de Juan Rafael Mora y todos los que en aquel ejército nacional lograron derrotar a la banda de William Walker», manifestó Aguilar Bulgarelli.
El historiador señaló que, en contraste con épocas anteriores, la conmemoración actual se caracteriza por ser «un día silencioso», donde ya no se observan «aquellas celebraciones de desfiles, de trompetas, de algarabías, celebrando un hecho patriótico indiscutiblemente importante».
En sus declaraciones, Aguilar Bulgarelli expresó que este olvido de las celebraciones patrias tiene consecuencias para la sociedad costarricense, asociándolo con «una indiferencia hacia nuestras instituciones y hacia nuestra historia» y lo que describe como «una esclavitud por el consumo y una esclavitud hacia la ignorancia».
El analista también comentó sobre la limitada cobertura mediática de la fecha, mencionando que «los medios de comunicación hoy, salvo alguna referencia en algún noticiero de la mañana, no dicen absolutamente nada» sobre el 11 de abril.
Para Aguilar Bulgarelli, la conmemoración de las fechas patrias tiene un propósito fundamental: «reverdecer el amor a la patria», pero aclaró que esto no significa «pararse en una tarima en un parque de pueblo a pegar cuatro gritos estridentes, llamando al odio entre hermanos».
El historiador hizo referencia al Pacto de Concordia, primera constitución costarricense, indicando que la verdadera celebración de estas fechas debería orientarse a crear «ese cariño, esa concordia, ese respeto entre hermanos costarricenses».
En su reflexión final, Aguilar Bulgarelli hizo un llamado a recordar «con respeto la gesta heroica de nuestros héroes de Rivas, de Juan Santamaría y de tantos otros de los cuales heredamos esta patria».
Gilberto Lopes
San José, 11 de abril del 2025
Algún día dijo Figueres que la tarea que le quedaba pendiente era quemar La Nación. Representaba mucho contra las ideas por las que él había luchado. Desde mi punto de vista, más que la abolición del ejército (mucho más, mucho más fundamental) fue la nacionalización de los depósitos bancarios. Por algo fue también por donde empezó el ataque al sector público, ante una voracidad insaciable (de los que mandan) y la incapacidad de ver más allá de sus narices (de algunos de los que mandan, y de otros, de los que obedecen).
Esa pelea formidable, en la que se construía una forma de nación, se perdió. Derrota nunca más evidente que en el día en que el director de La Nación se transformó en ministro y embajador de quien, desde adentro, minaba las bases del mundo que construyó Figueres.
Hoy hablan de los peligros que corre la democracia en Costa Rica. Es una visión corta, en mi opinión. Los peligros son antiguos. Ninguno contribuyó más a eso que el líder más lúcido de ese proyecto de mirada corta. En beneficio propio, manoseó la Constitución, el Poder Legislativo, el Judicial. ¿Para qué? Para aprobar un proyecto desquiciador del sector productivo nacional, para avanzar en la privatización de las telecomunicaciones y echar a andar, de manera lesiva para los intereses nacionales, la privatización de las obras públicas.
¿Cómo sorprendernos del desencanto con la “democracia”?
La 27 nos recuerda todos los días el perverso mecanismo mediante el cual se mete la mano en el bolsillo de los costarricenses, con la complicidad de los organismos del Estado que deberían controlarlo. En esto, fueron muchos los cómplices, encargados de desmontar una capacidad pública eficiente, para entregarla a los mismos que hacen clavos de oro con un mecanismo perverso.
Hay quienes piensan que todo eso es cosa vieja. Del pasado. Y no se explican cómo hemos podido llegar tan lejos y tan hondo, ni esa lógica que, después de un Alvarado, entrega el país a un Chaves.
Para mí está claro. ¿Ningún daño ha hecho a nuestra institucionalidad el manoseo de los tres poderes para satisfacer ambiciones personales desmedidas? Ese tipo de acciones son como echar un químico corrosivo en los engranajes de la historia.
Hay responsables. Aunque algunos piensen que están olvidados, nunca dejan de funcionar, corroyendo los engranajes de la convivencia nacional. Lo modosito de las propuestas, los BMW y los Mercedes ofrecidos, son solo humo de paja, hipocresía que la brutalidad del “memorando del miedo” desnuda.
Entonces aparece uno, vivo, que toca los puntos sensibles, los más vulnerables. El primero, esa cúpula ambiciosa, de visión corta, insaciable. Luego los otros poderes, la prensa… La manera chabacana, como lo hacen, encanta a muchos.
Asaltan el Estado gentes sin antecedente político alguno. Las encuestas lo muestran. Sin historial, ni capacidad. Sin propuestas. Pero con estilo. Es suficiente el dedo apuntado a los responsables de la demolición hecha en los últimos 50 años, de la que ellos mismos son acabados representantes.
Nos toca recuperar un rumbo perdido. No es volver atrás. Es avanzar sobre las bases que hicieron de Costa Rica una excepción, las mismas que, desde hace casi 50 años, han venido demoliendo sistemáticamente. Bases tan sólidas que, pese a todo, no han podido ser demolidas del todo. Algo queda, sobre todo en la memoria de los costarricenses.
No se trata de gritos sobre una democracia en peligro. Ese peligro, como hemos visto, viene de larga data. Hace falta la defensa de lo público. En vez de terminar de deshacer el ICE, de vender el BCR, de avanzar en la privatización de la salud, de la educación, en la destrucción de la CCSS, sería prudente reconstruir los fundamentos que hicieron posible que el país creciera con imaginación, sobre la base de recursos propios, sin perder de vista los derechos de las mayorías. Sin rechazar su lugar en el escenario internacional. Pero no un lugar subalterno, mediocre (como una “zona franca”, sugieren algunos). Participar con lo nuestro. Llevar nuestra banca a los mercados internacionales. El ICE a Centroamérica y más allá; ¿por qué no? en vez de destruirlo. No es fácil, pero me parece que es lo que tiene sentido.
Un programa para el 2026 que llene de aire nuevo, de lucidez, una pelea en la que se juega una forma de construcción del país.
Este miércoles 9 de abril tendremos el programa:
“Miramar, un territorio de sacrificio y resistencia”.
Con la participación de:
Integrantes de la Asociación Civil Pro Natura de Miramar de Montes de Oro:
Vera Cecilia Ugalde Ávila, Psicóloga y lideresa comunal.
Dayana Rojas Venegas, Ing. en Biotecnología.
Siria Lorena Alán Gamboa, Abogada y Notaria.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Miércoles 5:00 pm en Radio Universidad 96.7 FM.
Véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica (https://www.facebook.com/radiouniversidadcr)
Le invitamos a conocer CURSOS SURCOS.
Contamos con personas expertas en gran variedad de temas, especialistas en construcción de conocimiento, y comprometidas con el quehacer social y cultural.
Iniciamos con los primeros cinco cursos que puede ver en la siguiente página: https://www.cursossurcos.com/home
La Asociación Jubilados en Acción (AJA) solicitó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, información detallada sobre el Fondo Económico o reserva común que el Estado debió conformar con las cuotas correspondientes a las jubilaciones del personal del Magisterio Nacional.
Según el documento enviado por AJA el 1 de abril de 2025, la solicitud se refiere específicamente al periodo comprendido entre el 7 de setiembre de 1958 y el 14 de noviembre de 1991.
La asociación, representada por su presidente Miguel A. Sobrado, requiere confirmar si dicho fondo fue creado. En caso afirmativo, solicitan un estado detallado de la situación actual del mismo.
Si el fondo no fue creado, la organización pide al ministro de hacienda explicar las razones de esta omisión y detallar el destino específico que tuvieron los recursos captados durante ese periodo.
La misiva señala que la información deberá ser remitida a las direcciones de correo-e facilitadas por la asociación en su comunicación oficial.
La Asociación Jubilados en Acción presentó esta solicitud mediante el oficio JD-001-2025, adjuntando la personería jurídica que acredita a Sobrado como representante legal de la organización.
