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Autor: Hector Ferlini Salazar

¿Quién ha fracasado?

Seidy Salas y Juan C. Cruz, comunicador@s

“La democracia está muriendo”. “No funciona más”. “Es un modelo que no ha logrado cumplir las promesas de bienestar que le hizo a la ciudadanía”. Estas son frases que se repiten en cientos de análisis y que cobran aún más sentido ante el auge de regímenes autoritarios que llegan al poder utilizando procedimientos democráticos. Pero ¿estamos ante un fracaso de la democracia o la responsabilidad es del sistema socioeconómico que la sustenta?

Para responder a esta pregunta, es importante considerar varios aspectos. La democracia occidental, es el resultado de una larga y cruenta lucha de la burguesía juntos con otros sectores sociales, contra el absolutismo y que tuvo un momento culminante con la Revolución Francesa. Desde entonces, los avances y los retrocesos democráticos han sido el resultado de distintas correlaciones de fuerza, en diferentes contextos espaciotemporales, asimismo, las nociones de “libertad”, “igualdad” y “justicia” derivadas de dicha revolución, no han sido productos acabados, sino conquistas por mantener y profundizar.

Lo mismo sucede con los pilares que sustentan la edificación democrática: el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que ninguno prive sobre otro; el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía y la posibilidad de que cualquier grupo de ciudadanos, reunido en un partido político, pueda aspirar a gobernar el Estado y que esta potestad de gobernar se someta a la voluntad popular, que podrá decidir periódicamente cuál grupo gobierna.

Mientras existió el campo socialista, los Estados del «mundo libre» se presentaron como los modelos de democracia frente a lo que calificaron como gobiernos totalitarios antidemocráticos. Estableciendo Estados de derecho y optando por modelos de bienestar social, buscaron garantizar el ejercicio de los derechos básicos a la mayoría de sus habitantes, mostrando el bienestar logrado como fruto de la democracia. Todo esto sobre un modelo económico que permitía lucrar y acumular riquezas, pero con mecanismos de redistribución más o menos eficientes.

En América Latina, en la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de las democracias formales no lo eran en la práctica y las desigualdades socioeconómicas generaron tensiones que explotaron en graves conflictos armados, dictaduras y represión, especialmente en el cono sur y en Centroamérica. En los países tomados por la violencia, la democracia ni siquiera llegaba a hacer promesas.

Con la caída del socialismo, las potencias capitalistas iniciaron el proceso de desmantelar el marco jurídico del estado social de derecho, incluyendo compromisos con la salud y la educación públicas, así como con los derechos laborales conquistados a inicios del siglo XX. Se mantuvieron las libertades individuales, pero se erosionaron profundamente los derechos colectivos.

Esta nueva etapa del capitalismo mundial, caracterizada por «más mercado y menos estado», implicó la privatización de servicios públicos y medidas restrictivas de inversión social, profundizando las brechas sociales y la pobreza.

Para los países de América Latina que habían sufrido las dictaduras y los conflictos armados, el “retorno a la democracia” coincidió con la implantación de las medidas neoliberales[1], (con la excepción de Chile, donde el neoliberalismo floreció sobre la dictadura) y la construcción de la institucionalidad democrática tuvo que hacerse en el marco de los discursos de reducción del Estado. ¿Qué podría prometer la democracia en términos de bienestar e igualdad en ese marco de capitalismo salvaje?

No se puede dejar por fuera el fenómeno de la corrupción que crece y se multiplica entre las élites políticas en contubernio con sectores tanto empresariales como del crimen organizado, que minan desde dentro de los estados, la confianza ciudadana en la institucionalidad pública y en la política.

Ya entrado el Siglo XXI, la sindemia[2] generada por la pandemia del COVID 19, evidenció las profundas desigualdades sociales y desnudó las deudas de los estados con las personas más desfavorecidas, deudas forjadas desde la década de los 80 por el capitalismo neoliberal. La forma tan clara en cual las sociedades se dividieron entre las personas que tenían su supervivencia asegurada en medio del encierro y quienes sintieron que lo perdían todo, propició el resentimiento de estas personas hacia quienes conservaron sus empleos e ingresos. Esto llevó a importantes sectores de la población a reaccionar contra un sistema “que les abandonó” y a apoyar a figuras mesiánicas que prometen venganza contra las élites y libertad frente a los gobiernos.

Profundizando en los principales impactos socioeconómicos y políticos de la pandemia del COVID-19:

Socioeconómicos

  1. Desempleo: La pandemia provocó un aumento significativo del desempleo a escala mundial, con millones de personas perdiendo sus trabajos debido a la interrupción de actividades económicas. Las personas que generaban ingresos en el sector informal se vieron también entre la población más vulnerable.
  2. Recesión Económica: Muchas economías entraron en recesión en 2020, con una caída drástica en la producción económica y el cierre de numerosas empresas.
  3. Desigualdad: La pandemia amplificó las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a las personas y comunidades más vulnerables.
  4. Industria del Turismo y Servicios: Sectores como el turismo, la aviación y los servicios se vieron gravemente afectados, con pérdidas económicas significativas.
  5. Educación: El cierre masivo de escuelas y la transición a la educación en línea en sistemas que no estaban preparados para ello, generaron desigualdades en el aprendizaje y afectaron el desarrollo educativo de millones de estudiantes.

Políticos

  1. Gobernanza y Respuesta: Las respuestas gubernamentales variaron significativamente, con medidas de confinamiento de diversos grados y restricciones que generaron controversia y protestas. En muchos casos, las restricciones sanitarias sirvieron de laboratorio para el autoritarismo.
  2. Políticas de Estímulo: Muchos países implementaron programas de estímulo económico para mitigar los efectos de la crisis, aunque por lo general fueron insuficientes.
  3. Desconfianza en las Instituciones: La pandemia aumentó la desconfianza en las instituciones gubernamentales y sanitarias, en parte debido a la propagación de desinformación y teorías de conspiración.
  4. Políticas de Salud Pública: Hubo un enfoque renovado en las políticas de salud pública y la importancia de la preparación para futuras pandemias. Pero también se evidenció la falta de soberanía de los sistemas nacionales y la dependencia de la industria farmacéutica globalizada.

Culturales

  1. Como ya se mencionó, la pandemia hizo evidente la convivencia de personas privilegiadas y desprotegidas, fomentando la fragmentación social. En muchos casos, las personas que estaban seguras en sus casas, con sus despensas llenas, recriminaban fuertemente contra quienes rompían el encierro para buscar ingresos.
  2. El sentido de libertad: La imposición del encierro con la consiguiente limitación a la libertar de tránsito y reunión se vivió en muchos sectores, especialmente entre las juventudes, como un abuso del Estado. Las personas de jóvenes de los sectores privilegiados, pero también en las clases populares, burlaron este sistema organizando fiestas clandestinas y rechazado las restricciones.
  3. El auge de las teorías de conspiración y el sentimiento anti-ciencia: Sobre bases reales que exponían el sentido de lucro de la gran industria farmacéutica, se crearon fuertes teorías antivacunas que impulsaron corrientes totalmente anti-ciencia. A la vez, la noción de que existen élites globales súper poderosas que buscan controlar las mentes y voluntades de las mayorías, se expandieron. La facilidad con que la información falsa y la desinformación se mueven en las redes sociales, ampliamente accesibles para todas las personas, contribuyó a este fenómeno.
  4. El gran agotamiento: En la post pandemia, se generó un estado emocional -y físico- caracterizado por un enorme cansancio que se expresa en todas las esferas de la vida social. Hay una disminución del activismo presencial, un rechazo generalizado a la información que genere preocupaciones, y un aumento en la búsqueda de “información” de fácil consumo que genere gratificaciones inmediatas.

Estas consecuencias profundas y variadas en diferentes aspectos de la vida global, aunadas al deterioro generalizado de las condiciones de vida de grandes sectores de la población, ayudan a responder la pregunta que da origen a esta reflexión.

La pandemia de COVID-19 ha tenido efectos profundos en la economía y la sociedad. Ha amplificado las desigualdades existentes, aumentado el desempleo y generado una crisis económica global. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han afectado a diferentes grupos de manera desigual, exacerbando las tensiones sociales y económicas. Por su parte, el neoliberalismo, con su énfasis en la desregulación, la privatización y la reducción del gasto público, ha contribuido a aumentar la desigualdad económica y social. Las políticas neoliberales han debilitado las redes de seguridad social y han dejado a muchas personas más vulnerables a las crisis económicas. En este contexto, las propuestas formales de la democracia no tienen mucho que ofrecer y los mecanismos que ofrece se muestran obsoletos o insuficientes.

Quienes sí parecen estar ofreciendo respuestas a esta crisis, o al menos narrativas que son bien recibidas, son los movimientos de extrema derecha. La ultraderecha viene ganando terreno en varios países, aprovechando el descontento social y económico generado por la pandemia y las políticas neoliberales. Estos movimientos suelen prometer soluciones rápidas y simples a problemas complejos, lo que les atrae a muchos votantes desilusionados.

La pandemia de COVID-19 y las políticas neoliberales han creado un contexto de inestabilidad y descontento, que ha sido aprovechado por los movimientos de ultraderecha para ganar apoyo. La combinación de crisis económica, aumento de la desigualdad y la percepción de que las instituciones tradicionales no están respondiendo adecuadamente ha llevado a muchos a buscar alternativas más radicales.

Entonces, el retroceso en los procesos de democratización expresado en la desconfianza o desprecio hacia el Estado y capitalizado por la ultraderecha en auge, el influyente tecno-feudalismo y la poderosa narco burguesía, más que una falla democrática, obedece a la naturaleza del sistema económico capitalista, al que nunca le interesó el bienestar de las mayorías. Ha sido sobre esa base en la que surgieron y se desarrollaron las democracias. Si seguimos culpando a la democracia por su fracaso, estaremos dejando impune al capitalismo, que seguirá rampante su curso hacia el control total de las sociedades. Sin justicia social y económica, no hay democratización que perdure.

Imágenes: 1- https://www.anred.org, 2- OXFAM

[1] El neoliberalismo surgió en la década de los 80, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, liderados por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, promoviendo la reducción del papel del estado en la economía, la desregulación de los mercados y la privatización de empresas públicas. Estas políticas se basaban en la creencia de que los mercados libres y competitivos eran la mejor manera de generar crecimiento económico y prosperidad. Sin embargo, llevaron a un aumento de la desigualdad y la pobreza, ya que los beneficios del crecimiento económico no se distribuyeron equitativamente.

En América Latina, el neoliberalismo se implementó a través de programas de ajuste estructural promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, que exigían a los países reducir el gasto público, privatizar empresas estatales y abrir sus economías al comercio internacional. Estas medidas provocaron mayores niveles de pobreza y desigualdad.

El neoliberalismo promovió políticas de austeridad, que implicaban recortes en el gasto social y la reducción de los servicios públicos. Esto llevó a un debilitamiento de las redes de seguridad social y a un aumento de la precariedad laboral. La globalización y la liberalización del comercio favorecieron la expansión del neoliberalismo, permitiendo a las empresas multinacionales operar en múltiples países y aprovechar las diferencias en costos laborales y regulaciones ambientales.

[2] Sindemia es un término acuñado por primera vez en la década de 1990 por el antropólogo estadounidense Merrill Singer y proviene de la unión de los conceptos de sinergia y pandemia. Se considera sindemia cuando dos o más enfermedades interactúan de forma tal que causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades.

La inexcusable indiferencia frente a los autoritarismos: ¿ignorancia o estupidez?

La teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer.

Henry Mora Jiménez

Dietrich Bonhoeffer (4 de febrero de 1906 – 9 de abril de 1945) fue un teólogo y pastor luterano alemán y un activista contra el régimen de Adolf Hitler que pasó los dos últimos años de su vida en prisión, antes de ser ejecutado en un campo de concentración nazi.

Durante su encarcelamiento, una de las preocupaciones sobre las que reflexionó fue la siguiente: ¿cómo fue posible que uno de los pueblos más educados de Europa, que dio al mundo grandes filósofos, científicos y poetas, haya sido presa de la ideología y de la violencia extrema llevada a cabo por el fascismo nazi? Encontró una respuesta en la estupidez, pero vayamos con calma.

La teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer no es realmente una teoría (en el sentido científico del término), pero sí una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y cómo la estupidez puede ser más peligrosa que la maldad y más extendida que la ignorancia.

Para Bonhoeffer, la estupidez no es simplemente una falta de inteligencia o torpeza para comprender las cosas, sino una condición humana que puede ser influenciada por factores sociales y políticos. Las personas estúpidas se vuelven manipulables, pierden su independencia y dejan de pensar por cuenta propia, lo que las hace especialmente peligrosas porque no pueden ser persuadidas con argumentos racionales. Entonces, la estupidez sería un problema sociológico más que psicológico, y se manifiesta cuando las personas son sometidas a la influencia de inmensos poderes externos o de ideologías extremistas que buscan la manipulación y el control total de la población, a través de medios como la propaganda y la desinformación, como ocurrió en la Alemania de su tiempo bajo el régimen nazi.

Hoy en día estas causas no son suficientes para explicar la estupidez a la que se refiere Bonhoeffer, pero aun así, sus reflexiones nos pueden orientar para explicar lo que está pasando en el mundo frente a líderes de extrema derecha como Trump o Milei, e incluso, en el caso particular de Rodrigo Chaves en Costa Rica.

Pero ¿qué causa esta estupidez socialmente determinada?

Bonhoeffer reflexionó sobre las causas de la estupidez, especialmente en el contexto del ascenso del nazismo en Alemania. Sus observaciones no solo son relevantes para entender ese período histórico, sino que también ofrecen pistas valiosas para analizar fenómenos similares en otras épocas y sociedades.

Bonhoeffer creía que la estupidez surge cuando las personas renuncian a su capacidad de pensar y actuar de manera autónoma. En lugar de cuestionar y reflexionar, se dejan llevar por opiniones mayoritarias, por alguna ideología o por algún líder carismático o con cierta autoridad. Esta renuncia no es tanto intelectual como moral: es una elección de no asumir la responsabilidad de pensar por uno mismo.

Además, en situaciones de crisis, incertidumbre, temor o desesperanza, muchas personas prefieren la comodidad de seguir a otros antes que enfrentar la dificultad de pensar críticamente. El miedo al aislamiento o al castigo puede llevar a la gente a actuar de manera estúpida, incluso cuando saben que están haciendo algo incorrecto.

De manera especial, Bonhoeffer observó cómo el régimen nazi utilizaba la propaganda a gran escala para manipular a las masas y cómo la estupidez se generaliza cuando las personas aceptan pasivamente los mensajes de líderes o medios de comunicación sin cuestionarlos. La propaganda aprovecha los prejuicios, los miedos y los deseos de las personas para anular su pensamiento crítico.

No menos importante, para Bonhoeffer, la estupidez florece en sociedades donde las relaciones humanas auténticas se han debilitado o fragmentado. Cuando las personas están aisladas o se relacionan de manera superficial es más fácil que caigan en la estupidez, porque no tienen una comunidad real que les cuestione o les ayude a pensar de manera crítica. Este elemento es mucho más importante hoy en día, cuando las llamadas redes sociales y los algoritmos pulverizan la convivencia real entre las personas, las vuelve adictas al entretenimiento superficial y las hace incapaces de cuestionar su propia realidad.

Como teólogo, Bonhoeffer veía la estupidez como un problema espiritual. Creía que cuando las sociedades pierden sus fundamentos éticos y espirituales, las personas se vuelven más susceptibles a la estupidez, porque carecen de un marco de referencia para discernir entre el bien y el mal. Un efecto similar ocurre cuando nos gobiernan antivalores como el individualismo exacerbado y la competitividad compulsiva del capitalismo globalizado.

¿Se puede enfrentar la estupidez cuando esta se generaliza?

Bonhoeffer creía que el primer paso para enfrentar la estupidez es recuperar la capacidad de pensar y actuar de manera autónoma. Esto requiere, entre otros: i) cuestionar las narrativas dominantes; ii) no aceptar pasivamente lo que dicen los líderes, los medios o las masas, sino analizar críticamente la información; iii) asumir responsabilidad personal, tomando decisiones basadas en principios éticos, incluso cuando esto implique ir contra corriente.

Y como la estupidez florece en entornos donde el pensamiento crítico es desalentado, para combatirla, es esencial: i) educar en la reflexión, enseñando a las personas a cuestionar, analizar y debatir ideas, en lugar de aceptarlas sin más (de ahí la importancia central de una educación que potencie el pensamiento crítico); ii) promoviendo el diálogo, creando espacios donde las personas puedan discutir abiertamente temas difíciles, sin miedo al rechazo o al castigo.

Como ya mencionamos, Bonhoeffer enfatizaba la importancia de la comunidad como antídoto contra la estupidez. Una comunidad auténtica fomenta la solidaridad, ya que las personas se apoyan mutuamente para resistir la presión del conformismo.

Además, en una comunidad sana, sus miembros se ayudan a reconocer y superar la estupidez, tanto individual como colectiva.

En situaciones donde la estupidez se generaliza, es necesario actuar con coraje y valentía. Esto exige: i) denunciar incansablemente la injusticia, no quedarnos callados ante lo que nos parece mal, incluso cuando esto implique riesgos personales; ii) resistir activamente, siendo el mismo Bonhoeffer un ejemplo vivo de esto, ya que participó en la resistencia contra el nazismo, a pesar de las consecuencias.

Y como para Bonhoeffer la estupidez es en última instancia un problema espiritual, enfrentarla también requiere reconectarse con principios éticos, volviendo a valores como la justicia, la compasión, la solidaridad y la dignidad humana.

Pero ¿puede esto funcionar en la práctica?

Bonhoeffer no solo teorizó sobre cómo combatir la estupidez, sino que también lo puso en práctica. Algunas de sus incansables acciones incluyeron:

– Educar y concienciar: como profesor y pastor, Bonhoeffer trabajó para formar a personas críticas y éticas.

– Crear redes de resistencia: participó en la Iglesia Confesante, un movimiento cristiano que se oponía al control nazi de las iglesias.

– Actuar con integridad: aunque sabía que su oposición al régimen nazi podía costarle la vida, Bonhoeffer nunca renunció a sus principios.

Bonhoeffer nos enseña que la estupidez no es invencible. Aunque puede generalizarse en ciertas situaciones históricas, siempre hay formas de combatirla: recuperando la autonomía moral, fomentando el pensamiento crítico, construyendo comunidades auténticas, actuando con coraje y reconectando con valores éticos y espirituales. Estas herramientas no solo son relevantes para el contexto del nazismo, sino para cualquier situación en la que la estupidez amenace con dominarnos.

Ciertamente, las formas actuales de dominación cultural que nos ciegan y nos llevan a la estupidez son hoy más complejas y diversificadas: la adicción al entretenimiento, el declive intelectual y cultural, el hedonismo y el individualismo radical, el populismo, el mesianismo, el ocaso de pensamiento crítico, la cultura del espectáculo y la distracción, la primacía de la inmediatez, la sumisión voluntaria, la mentira sistemática, el anonimato de las redes sociales, la censura y manipulación sofisticada de los algoritmos, etc. Aun así, las reflexiones de Bonhoeffer nos brindan un marco conceptual básico para comenzar a entender el problema y buscar soluciones.

Solicitan hacer pública la información recabada durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna enviaron una carta funcionarios de la Superintendencia de Pensiones, en la cual solicitan hacer pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Para la solicitud las organizaciones se basan en los artículos de la Constitución Políticas que tutelan la participación ciudadana, la rendición de cuentas. Asimismo, se indica en la nota otros artículos de la Carta Magna que respaldan a las organizaciones que presentan el documento.

Le invitamos a leer el documento.

3 de febrero del 2025

Señores
Adrián Pacheco Umaña, Intendente
Mauricio Soto Rodríguez, Director de División
Superintendencia de Pensiones

Presente

Estimados señores:

La Asociación de Cotizantes, Jubilados y Pensionados del Magisterio Nacional y el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna, en cumplimiento del mandato constitucional establecido en los artículos 9 sobre la participación ciudadana en la toma de decisiones en las políticas públicas y el artículo 11 sobre la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y la evaluación de los resultados, requerimos que en aras de la transparencia y porque así lo demanda nuestra Constitución Política, se haga pública la información recabada en la matriz, generada por todos los participantes durante el proceso de la Mesa de Diálogo Social promovida por SUPEN, la cual se realizó durante los meses de julio a diciembre del 2024.

Nuestra organización tuvo una participación activa desde el momento que se nos permitió ingresar a la mesa como ciudadanos, cotizantes, jubilados y pensionados, parte sumamente interesada en el proceso que se estaba llevando a cabo por ser los propietarios de los fondos de pensiones, por lo que presentamos una propuesta construida dentro del marco constitucional y los derechos humanos inalienables, con la característica de ser cuantificable y contando con la asesoría de especialistas en economía, sociología, derecho y administración pública.

De tal manera que, siendo los legítimos dueños de los fondos que administra JUPEMA y supervisa SUPEN estamos muy preocupados de que no se haya “presentado al país”, tal y como anunciaron a lo largo de las reuniones, el resultado del supra citado proceso sobre todas las propuestas presentadas para que tengamos la posibilidad, como propietarios de los fondos, de hacer la evaluación respectiva sobre esos resultados, según se establece en el artículo 11 de nuestra Carta Magna.

Les reiteramos que los fondos de pensiones son propiedad privada, pertenecen a los cotizantes, jubilados y pensionados, no se pueden tomar decisiones sin consultar a los legítimos dueños de los mismos. De tal manera, que cualquier decisión que se haya tomado sin consultar y ni siquiera comunicar pierde totalmente legitimidad y es inconstitucional (art. 45 C.P.).

No omitimos manifestar que la metodología empleada en dicha Mesa de Diálogo Social fue creada al margen de la Constitución Política, es antidemocrática y falta de transparencia, tan es así que en realidad no hubo un espacio de discusión para poder afirmar que había debate de ideas, y muy poco espacio para hacer preguntas. Por lo que no se permitía el disenso, pero tampoco hubo consensos.

No existió una grabación de lo que allí se presentó, ni una minuta que reflejara todo lo que se trató, pues era responsabilidad de cada participante el grabar sus intervenciones y enviarlas entrecomilladas para que se publicara en la misma. Esta metodología coartó totalmente el derecho a recibir la información de lo que se dijo de manera textual y el derecho a votar y ser votado. Esto hace que no tenga validez ni legitimidad todo el proceso.

Es excluyente y discriminatoria (art.33 C.P.) porque no todos los participantes fueron tratados como miembros de la mesa, sino que algunos fuimos relegados a un panel de observadores, siendo parte totalmente interesada por ser los propietarios del patrimonio sobre el cual se está decidiendo.

En dicha metodología no había congruencia ni con el mandato constitucional ni con lo estipulado por los ODS de la Agenda 2030, tampoco con lo que se habló desde un inicio sobre la inclusión de los diferentes actores, más bien parece que lo que prevalecía era la afinidad hacia ciertos intereses particulares que excluiría a todos aquellos que no coincidieran en la forma de cómo se están manejando los fondos para beneficiar a terceros.

Por otro lado, igual de grave, es que no se haya presentado en enero ante “el país”, como lo afirmaron y lo plasmaron en la sección de Diálogo Social de la página de SUPEN, el resultado final de dicha mesa, la cual consumió recursos que pagamos todos los trabajadores por medio de las instituciones que administran los fondos. Esto es una violación a los derechos de todos trabajadores que cotizan para los diferentes regímenes y un irrespeto total al mandato constitucional.

Por tanto, requerimos que sean presentados de manera pública y a la brevedad posible, los resultados y las métricas empleadas para evaluar las propuestas presentadas durante el proceso de la Mesa de Diálogo realizada en SUPEN, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos para los cual se creó ésta.

Quedamos a la espera de una pronta respuesta según el plazo establecido por la normativa

Marjorie Hernández D. Presidenta.

Gerardo Romero E. Vicepresidente.

Alexander Hernández L. Tesorero.

Anabelle Castillo L. Fiscal.

Encuesta: Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas 2024

Este es un esfuerzo académico de la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos integrada por personas académicas de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y el Instituto de Estudios de Población (IDESPO) de la UNA; la Escuela de Sociología, la Escuela de Psicología y la Escuela de Estudios Generales de la UCR y del CIDE. Fue producida y financiada por la Escuela Ecuménica y organizada y ejecutada por el IDESPO.

Resumen

Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2024

La encuesta “Percepción de la población costarricense sobre valores y prácticas religiosas, 2024”. Este estudio, realizado entre el 18 y el 31 de octubre de 2024 realizó por vía telefónica a una muestra de 1,302 personas mayores de 18 años en todo el territorio nacional, cuenta con un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%. El propósito del estudio es ofrecer una mirada actualizada sobre las creencias, prácticas y valores religiosos en Costa Rica.

Entre sus principales resultados se destaca que la mayoría de las personas encuestadas (96%) cree en Dios, una deidad o una fuerza superior. De ellas, el 50% se identifica como católica, el 31% como evangélica y el 16% como creyente sin afiliación a una religión específica. Aunque el 73% de la población fue criada en la religión católica, solo el 67% mantiene esta afiliación en la actualidad, mientras que un 16% se ha convertido al cristianismo evangélico y un 14% se considera creyente sin religión.

En cuanto a la participación en actividades religiosas, el 34% de las personas católicas asiste a misa semanalmente, mientras que el 48% de las personas evangélicas participa en cultos cada semana. Las prácticas religiosas más comunes incluyen la oración personal (75%) y la lectura de la Biblia (31%). Por otro lado, actividades como visitar curanderos o leer el tarot son poco frecuentes, con un 97% y 95% de las personas encuestadas indicando que nunca las realizan.

En el ámbito de los valores, el 85% de las personas encuestadas está de acuerdo con que las vacunas hacen la vida más saludable, mientras que el 71% considera que las redes sociales provocan pérdida de valores. Además, el 73% opina que hoy en día se depende demasiado de la ciencia y poco de la fe.

En el ámbito político, el 56% de las personas encuestadas cree que el Estado debe ser laico y no guiarse por creencias religiosas. Además, el 90% rechaza votar por un político corrupto, incluso si comparte su religión, y el 76% prefiere votar por políticos honestos, aunque no tengan afiliación religiosa.

Finalmente, el 80% de las personas encuestadas apoya la enseñanza de religión en escuelas y colegios públicos, y el 63% considera que esta educación debe incluir diversas creencias, tanto cristianas como no cristianas.

Le invitamos a descargar y compartir el PDF con el informe de la encuesta.

En la imagen se aprecia a algunas personas del equipo académico de la Comunidad Epistémica de Estudios Socioreligiosos.

Privatizar los sistemas eléctricos: un pésimo negocio

Alberto Gutiérrez Arguedas
Geógrafo y científico social
Universidad de Costa Rica / Coalición en Defensa del Modelo Eléctrico Solidario

Actualmente se discute en la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, expediente No. 23.414. En pocas palabras, se trata de un proyecto ley intencionado para la privatización del sistema eléctrico nacional, de la misma envergadura y alcances del infame “Combo del ICE”, derrotado en las calles hace 25 años en una de las mayores movilizaciones sociales de la historia de Costa Rica.

En términos técnicos, este proyecto de ley tiene tres elementos básicos, que en su conjunto implicarían una reestructuración profunda del sistema eléctrico nacional:

  1. Creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN). Se trasladan las funciones de operación y coordinación del sistema eléctrico nacional del ICE al ECOSEN, una nueva entidad adscrita al MINAE. Con ello se politiza en el mal sentido de la palabra las decisiones y planificación estratégicas sobre el sistema eléctrico y se abre las puertas a conflictos de intereses y dinámicas viciadas de “juez y parte”, pues en dicha entidad tendrían representación los generadores privados de electricidad.
  2. Creación del Mercado Eléctrico Nacional (MEN). Se crea un mercado eléctrico mayorista o de subastas, es decir, un mercado eléctrico privatizado, en donde la electricidad es una mercancía que se transa entre agentes privados. Con ello se elimina la planificación operativa que actualmente ejerce el ICE, la cual garantiza que las decisiones y planes estratégicos sobre el sistema eléctrico respondan a criterios técnicos y a las necesidades sociales, no a intereses particulares.
  3. Exportación de empresas privadas en el mercado eléctrico centroamericano. Se autoriza que los generadores privados exporten directamente en el mercado eléctrico regional, lo cual actualmente solo puede hacer el ICE. Ello es problemático porque, bajo el esquema actual, las ganancias del ICE por exportación de electricidad se rebajan de las tarifas de los usuarios, mientras que si exportaran las empresas privadas esas ganancias serían para el lucro de estas, sin beneficio para la colectividad.

Lejos de ser una novedad, lo que propone este proyecto de ley es la vieja receta privatizadora de los años 1990. En aquellos años, al mismo tiempo en que se impulsaba el “Combo del ICE”, los demás países centroamericanos también impulsaron reformas legales para privatizar sus sistemas eléctricos, como parte de los programas de ajuste estructural. Honduras lo hizo en 1994, El Salvador y Guatemala en 1996, Panamá en 1997 y Nicaragua en 1998. A diferencia de Costa Rica, en donde la lucha social logró frenar la privatización, en los demás países sí se concretó.

El proyecto de ley de “armonización” busca cumplir un ansiado sueño de las clases dominantes: completar la privatización del sistema eléctrico de Costa Rica, la cual quedó “a medias” desde los años 1990. Quieren conseguir lo que no pudieron hace 25 años, utilizando los mismos argumentos de aquel entonces: que la apertura del sector eléctrico reducirá las tarifas, que modernizará la gestión y, en general, que mejorará la calidad del sistema eléctrico. Pero, ¿será cierto que privatizar el sistema eléctrico trae todos esos beneficios? La experiencia de los demás países centroamericanos dice lo contrario. Veamos.

En cuanto a las tarifas, a pesar de ser el país más caro de la región, Costa Rica mantiene la tarifa eléctrica más barata. Según datos de 2022, el precio del kilovatio/hora (kWh) en este país fue de $0,15, mientras que en Panamá y en Nicaragua fue de $0,17, en El Salvador $0,24, en Honduras $0,26 y en Guatemala $0,28. En algunos de estos países el pago de la tarifa eléctrica representa una pesada carga en las economías familiares y, de hecho, ha sido motivo de conflictos sociales. Por ejemplo, en el contexto de las grandes protestas en Panamá en 2022, el rebajo de la tarifa eléctrica fue uno de los ocho puntos prioritarios que el movimiento social presentó ante el gobierno en la Mesa Nacional de Diálogo.

Desde el punto de vista de la calidad del sistema eléctrico, los resultados de las privatizaciones han sido igualmente decepcionantes. Costa Rica se mantiene como el país con mayor índice de cobertura eléctrica (99,4%), seguido de El Salvador (97,9%), Nicaragua (97,3%), Panamá (94,3%), Guatemala (89,2%) y Honduras (85,7%). Lo mismo puede decirse de la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico: los apagones y picos de corriente, prácticamente desconocidos en Costa Rica, son una realidad cotidiana en otros países, provocando perturbaciones en la vida de las personas. Por ejemplo, en la ciudad panameña de Colón se han dado protestas contra la empresa de distribución eléctrica, en donde las personas, indignadas, han arrojado a la sede de la empresa sus electrodomésticos dañados.

Lo mencionado anteriormente revela que, contrario a las promesas, las privatizaciones no han traído buenos resultados en Centroamérica. Lo que sí han hecho es abrir un nicho de negocios sumamente lucrativo, del cual se han aprovechado un conjunto de empresas privadas, nacionales y transnacionales. Y aquí está el meollo del asunto: cuando se privatiza un sector estratégico como la energía eléctrica, esta deja de ser un derecho y pasa a ser una mercancía. Por lo tanto, ya no está en función de satisfacer las necesidades sociales sino de las posibilidades de negocio que pueda ofrecer. Aquellas actividades que no resultan lucrativas (por ejemplo, la electrificación de zonas rurales) son deliberadamente descuidadas.

En la coyuntura política actual, es fundamental prestar atención y aprender de la experiencia de otros países, pues pueden dar una idea lo que nos esperaría en caso de aprobarse el proyecto de “armonización”. Este proyecto de ley es anacrónico, pues en otras latitudes más bien se está discutiendo la necesidad de re-estatizar las empresas de electricidad que fueron privatizadas, debido a sus desastrosos resultados. Tal es el caso de Alemania, que en 2022 nacionalizó la empresa eléctrica Uniper, en el contexto de la crisis energética provocado por la guerra en Ucrania.

En conclusión, el motivo por el cual quieren privatizar el sistema eléctrico de Costa Rica no es porque no funcione bien. Al contrario: lo quieren privatizar porque funciona muy bien y por consiguiente es un jugoso botín del cual la oligarquía local y las empresas transnacionales se quieren apropiar. El momento actual nos invita a luchar, pues una vez que se privatiza el sistema eléctrico, es muy difícil revertirlo. Hay mucho en juego.

Referencias

Centroamérica 360º (2023). ¿Quiénes pagan la factura eléctrica más cara en Centroamérica? Centroamérica 360º Disponible en: https://www.centroamerica360.com/economia/quienes-pagan-la-factura-electrica-mas-cara-en-centroamerica/

ElDiario.es (2022). Alemania nacionaliza la eléctrica Uniper por 8.500 millones. ElDiario.es. Disponible en: https://www.eldiario.es/economia/alemania-nacionaliza-electrica-uniper-8-500-millones_1_9556221.html

Gordón, I. (2022). Mesa única del diálogo acuerda ocho puntos para negociar con el Gobierno. La Estrella de Panamá. Disponible en: https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/mesa-unica-dialogo-acuerda-ocho-puntos-negociar-gobierno-IKLE474084

Guillén, S. (2024). La ruta del apagón y la privatización del ICE. Semanario Universidad. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/opinion/la-ruta-del-apagon-y-la-privatizacion-del-ice/

Rojas, M. (2022). Estadísticas del subsector eléctrico de los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 2021. Ciudad de México: CEPAL.

Sánchez, D. (2023). Colonenses se cansan de las fluctuaciones y protestan en Ensa. Critica. Disponible en: https://www.critica.com.pa/nacional/colonenses-se-cansan-de-las-fluctuaciones-y-protestan-en-ensa-451655

Bloque Verde denuncia represión a manifestación pacífica

Intentan silenciarnos: represión contra la manifestación pacífica frente a Casa Presidencial

  • El presidente de la República no toleró la presencia del tumbacocos ecologista en la manifestación del movimiento estudiantil.
  • En un acto de represión, las autoridades multaron y persiguieron al conductor del tumbacocos que nos acompañaba, en un claro intento por silenciar nuestra protesta legítima.

Bloque Verde. San José, 4 de febrero de 2025. Este miércoles, sectores ecologistas llevaron su acción directa no violenta frente a Casa Presidencial, con el fin de unirse en apoyo a la manifestación pacífica convocada por el movimiento estudiantil contra las más recientes políticas del Chavismo costarricense.

Amparados en el derecho a la manifestación y la libertad de expresión, el sector ecologista sumó a la marcha un perifoneo contra el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, y las políticas de destrucción ambiental que ha impulsado como jerarca de esta importante cartera.

Pocos minutos después de iniciada la acción, oficiales de tránsito y de la fuerza pública se acercaron al conductor del tumbacocos y, sin justificación alguna, le exigieron abandonar la manifestación de inmediato. Ante este amedrentamiento, los manifestantes se agruparon en un círculo alrededor del vehículo para impedir que se lo retiraran sin razón alguna.

Acto seguido, los oficiales entregaron una multa al conductor, quien contaba con todos los permisos requeridos para realizar su labor comercial de perifoneo y para circular por las calles de San José. El motivo de la multa fue “irrespetar las instrucciones del oficial de tránsito”, quien le exigía al conductor mover el vehículo, a pesar de que el camino estaba completamente bloqueado por los manifestantes, lo que hacía imposible que pudiera hacerlo.

No conforme con esta acción, al finalizar la manifestación, oficiales de tránsito esperaban al conductor con grúas, aparentemente con el interés de quitarle el vehículo y dejarlo sin su herramienta de trabajo. Ante esta situación, valientemente, los estudiantes rodearon el tumbacocos y lo acompañaron hasta las instalaciones de la Universidad, evitando que el vehículo fuera retirado.

No contentos con el amedrentamiento, oficiales del Poder Ejecutivo ingresaron al recinto universitario con la intención de perseguir el tumbacocos. Sin embargo, poco después fueron obligados a salir de la Universidad. No obstante, los reportes desde la Sede de la UCR en San Pedro indican que la policía permaneció en las salidas de la universidad, esperando presumiblemente la salida del vehículo y su conductor, en clara actitud intimidatoria.

Denunciamos el claro amedrentamiento y la persecución ciudadana por parte del Poder Ejecutivo. No cederemos ante la intimidación. Continuaremos defendiendo el derecho a la protesta y exigiendo acciones reales para proteger el medio ambiente y el futuro del país.

Cabe destacar que esta acción de perifoneo se viene realizando desde el viernes pasado, cuando un grupo de manifestantes del Bloque Verde recorrió las principales calles de la capital (3-2-25, Bloqueverde).

¡No nos callarán!

La pensión de lujo de Rodrigo Chaves Robles

Oscar Madrigal

Cuando concluya su mandato el presidente Rodrigo Chaves recibirá una pensión de lujo de expresidentes por un monto de ¢3.907.000, cerca de 4 millones, sin haber cotizado para ella.

Cuando le preguntaron al presidente Chaves si renunciaría a la misma, contestó con evasivas para el final decir que esa pensión era irrenunciable. Sea, que a ninguna pensión se puede renunciar.

Es posible que el presidente tenga razón por aquello de los derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas e irrectroactividad de la ley.

Pero vean qué interesante compatriotas, como dice un abogado.

El presidente Chaves presenta un proyecto de ley para eliminar las pensiones de lujo, pero no incluye en ellas las pensiones de los expresidentes.

Y más interesante aún.

Las pensiones de lujo de los actuales expresidentes no pueden ser eliminadas y menos se puede renunciar a ellas, como dice Chaves, porque fueron otorgadas conforme a leyes anteriores. Pero las pensiones futuras de los futuros expresidentes (de aquí para adelante) sí pueden ser eliminadas porque no tendrían carácter retroactivo. En otras palabras, la pensión de Rodrigo Chaves como futuro expresidente sí puede eliminarse y en este caso no recibiría la pensión. Pero no lo propone. En estas circunstancias no tendría que renunciar a la pensión de lujo, sino que sencillamente no tiene derecho a ella por disposición de la ley.  

En el proyecto de ley tan publicitado contra las pensiones de lujo no propone la eliminación de las pensiones de lujo de los expresidentes sencillamente porque eso lo perjudica personalmente.

Es evidente la doble moral de Rodrigo Chaves. Vocifera contra las pensiones de lujo de otros, pero se beneficia de ellas.

Encuentro técnico resalta urgencia de la pesca sostenible en Costa Rica

Comunicado
Parlamento Cívico Ambiental

La sostenibilidad pesquera en Costa Rica enfrenta un desafío crítico. Expertos en ciencias marinas, académicos, representantes de la sociedad civil y tomadores de decisión se reunieron el pasado 27 de enero en la Asamblea Legislativa en el Encuentro Técnico sobre Pesca Sostenible, organizado por la Comisión Marino Costera del Parlamento Cívico Ambiental. Esta actividad fue concebida como un espacio esencial para generar insumos que alimenten el debate sobre el proyecto de ley N.° 24263 Ley para el fomento de la pesca responsable en Costa Rica que llegó a consulta al Parlamento Ambiental y que se encuentra actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Durante el conversatorio, especialistas abordaron temas clave como la sobreexplotación de especies, la falta de datos biológicos y socioeconómicos, la captura incidental, los efectos del cambio climático y la necesidad de reformas en la autoridad pesquera. Se destacó la necesidad de un manejo pesquero integral, basado en ciencia y gobernanza transparente, para evitar el colapso de los recursos marinos y asegurar el bienestar de las comunidades costeras.

Un punto de consenso fue la urgencia de implementar medidas inmediatas, aun cuando la información sobre las poblaciones pesqueras sigue siendo limitada. «No podemos esperar a tener todos los datos; debemos actuar ya con el conocimiento disponible y aplicar el principio precautorio», enfatizó Moisés Mug, biólogo pesquero con más de 40 años de experiencia.

El evento se desarrolló bajo la metodología Speed Talk, en la que cada experto contó con 10 minutos para presentar su visión sobre los elementos esenciales de la pesca sostenible. Entre las principales conclusiones, se resaltó la necesidad de:

  • Generar datos científicos sólidos sobre las especies objetivo para establecer límites de captura sostenibles.
  • Garantizar la transparencia en la actividad pesquera, asegurando que la información sobre capturas y esfuerzos de pesca esté disponible al público.
  • Fortalecer la gobernanza pesquera con un enfoque interdisciplinario e inclusivo, donde la academia, las ONG y el sector pesquero trabajen en conjunto.
  • Promover la diversificación económica en las comunidades pesqueras, impulsando alternativas sostenibles como el ecoturismo marino.
  • Incorporar estrategias de adaptación al cambio climático, ante la inminente reducción de especies y cambios en los ecosistemas marinos.

Los diputados presentes en el evento expresaron su compromiso con la sostenibilidad pesquera. «El desarrollo no puede existir sin equidad y sin respeto por el ambiente», afirmó el diputado Ariel Robles Barrantes del Partido Frente Amplio. Por su parte, la diputada Kattia Cambronero del Partido Liberal Progresista subrayó la importancia de tomar «una posición firme y estratégica para asegurar la conservación de nuestro océano.»

El presidente de la Comisión Marino Costera, Damián Martínez Fernández, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar un enfoque participativo en la creación de políticas públicas: «El desarrollo de una pesca sostenible es vital para la seguridad alimentaria y el bienestar económico de Costa Rica. Mejorar este proyecto de ley con las sugerencias de los expertos y expertas es una oportunidad que no podemos dejar pasar.»

El encuentro concluyó con un llamado a la acción para reformar la gestión pesquera en Costa Rica, reforzar la fiscalización de la pesca ilegal y garantizar que las leyes ambientales sean efectivas y respetadas. Los hallazgos del evento serán recopilados en un documento técnico que se entregará a los tomadores de decisiones para la formulación de políticas públicas.

Con un país cuya economía y seguridad alimentaria dependen en gran medida de sus recursos marinos, el mensaje es claro: la pesca sostenible es una necesidad urgente, no solo para la conservación del ecosistema, sino para la supervivencia de miles de familias que dependen del mar.

Chaves y Müller nos engañaron sobre la educación sexual y los protocolos contra el bullying LGBTIQ+

Comunicado del SEC

Durante la conferencia de prensa del pasado 29 de enero, el presidente Chaves y la hoy exministra Katharina Müller mintieron sobre los Programas de Educación en Afectividad y Sexualidad Integral del MEP. Con ignorancia y cinismo, redujeron la educación a simple erotismo y placer. promoviendo polarización política con fines electorales.

La falsedad de sus afirmaciones se evidencia con una simple revisión de los contenidos:

En primer grado, los estudiantes aprenden sobre el cuidado del cuerpo, la higiene y cómo comunicar situaciones incómodas o peligrosas.

En segundo grado se enfatiza el respeto en las relaciones interpersonales.

En tercer grado, aprenden a evitar la violencia y a cuidarse mutuamente.

En cuarto grado, estudian los cambios corporales y la importancia de los hábitos saludables.

En quinto grado, se abordan cambios en la adolescencia enfocados en igualdad y equidad.

En sexto grado conocen procesos fisiológicos de reproducción y la formación de una familia.

Desde séptimo año, asumen la diversidad de manera respetuosa en el marco de los derechos humanos.

En octavo año, aprenden sus derechos sexuales y reproductivos evitando relaciones violentas.

En noveno año, se fomenta la toma de decisiones informadas, la prevención de ITS y embarazos, y el reconocimiento del abuso sexual.

En décimo año, la asignatura «Educación para la afectividad y sexualidad integral” permite a los estudiantes plantear sus dudas, con orientación de profesores de psicología. Se analizan estereotipos de género, métodos anticonceptivos y el papel de las instituciones en la defensa de derechos.

Como puede verse, la mencionada promoción de la «perversión» solo existe en la cabeza enfermiza del presidente y una exministra que hoy se va, dejando nuestra educación publica en caos, sin haber comprendido que la materia que se imparte en escuelas y colegios no es una sola, ni es lineal, sino que está graduada según el nivel psicosocial, edad y escolaridad de las personas estudiantes en diferentes programas y asignaturas, impartida además por educadores y educadoras con responsabilidad y conocimiento.

Chaves y Müller repitieron comentarios vulgares que circulan como chistes de cantina, que no responden a casos reales. Ningún profesor responsable del MEP ha pedido a sus estudiantes que revisen pornografía, ni que pregunten a vecinos o desconocidos sobre experiencias sexuales. Esas afirmaciones falsas son una ofensa a la inteligencia y a la dignidad del personal docente que con gran dedicación imparten la materia desde el año 2012.

Gracias a estos programas, el país ha reducido la cifra de embarazos adolescentes. Sin embargo, el retroceso provocado por Chaves y Müller atenta contra los derechos de la niñez y adolescencia. La educación sexual no debe limitarse al hogar ya que muchas madres y padres no están preparados para abordarla. Es un derecho fundamental y una obligación del Estado.

Por todo lo anterior. El SEC rechaza la eliminación de estos programas y la derogatoria del protocolo de atención del bullying contra la población LGTBIQ+, como afirma falsamente el MEP.

¡SEC junto al pueblo!
31-1-2025