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Autor: María José Ferlini Cartín

El impuesto a los combustibles: La historia que nunca nos contaron

Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista, CICDE-UNED

¿Es este un “impuesto al carbono”? ¿Quizá un “impuesto verde”? Es decir, ¿es un impuesto cuyo objetivo es desestimular el uso de combustibles fósiles y promover el cambio hacia formas de energía limpia? ¿Es entonces un impuesto animado por el objetivo de combatir los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global?

Remotamente podría tener ese aspecto. Pero hay al menos dos graves problemas que lo lastran significativamente: su mal diseño y su desconexión respecto de cualquier estrategia de políticas, más o menos integral y coherente.

En primer lugar, para darle viabilidad política y legitimidad social, un impuesto de esta naturaleza debía cumplir con al menos dos condiciones:

  • Debieron contemplarse mecanismos que redujesen su efecto sobre los grupos de ingresos medios y bajos, de modo que su incidencia se hiciera sentir principalmente en los de más altos ingresos. No es un problema fácil de resolver, pero podría intentarse por medio, por ejemplo, de algún tipo de subsidio, y mediante créditos fiscales a favor de micros y pequeñas empresas.
  • Los recursos provenientes de un impuesto con estas características, deberían destinarse principal -si no exclusivamente- a satisfacer objetivos ambientales. Claramente no es el caso, puesto que solo una fracción muy pequeña (3,6%) de la recaudación del impuesto, se destina a objetivos propiamente ambientales.

En segundo lugar, y si los objetivos fuesen realmente de combate al cambio climático, el impuesto no debería quedar como una medida aislada, sino como una pieza dentro de un engranaje mucho más amplio. Junto al impuesto, y mucho más allá de éste, se requieren al menos dos grandes políticas, ambas de amplia envergadura.

Primero, un programa de inversión a gran escala, que mejore radicalmente la calidad y eficiencia del servicio de transporte público. Se hace necesario todo un cambio cultural, que despoje al auto personal del aura de prestigio que recubre, y que lo convierte en una ambicionada meta dentro de los patrones de consumo de amplios sectores de la población. Pero es innegable que ello no se logrará si persisten las graves y evidentes deficiencias del transporte público, las cuales proporcionan un poderoso estímulo a favor del uso de ese tipo de vehículo.

Segundo, un programa de inversión, igualmente ambicioso, que promueva la migración hacia energías limpias en el transporte y en otras actividades en las que los combustibles fósiles siguen desempeñando un importante papel. O sea, más allá del limitado estímulo que el precio pueda proporcionar, es necesario que existan las condiciones efectivas para que otras fuentes de energía, realmente limpias, estén disponibles a costos razonables.

Nada de eso es posible, sin un vigoroso liderazgo estatal. Y la verdad es que el viraje ideológico que se hizo dominante desde hace más de 35 años, ha despojado al Estado costarricense de ese liderazgo. En el proceso ha proliferado un picadillo institucional, con organizaciones inconexas y sumamente débiles. En ello ha incidido una ideología que combina el antiestatismo con la idea de que la institucionalidad pública, tan solo debe cumplir un rol como facilitadora de la inversión privada en obra pública, lo que implica la privatización de facto de esa infraestructura pública. Esto ha dado lugar a un coctel tóxico: una institucionalidad débil y troceada, incoherente y muy vulnerable a la corrupción.

En el caso del transporte público ello es clarísimo, lo que ha facilitado que algunos cuantos consorcios privados impongan sus intereses a capricho, mientras las inversiones necesarias se posponen de forma indefinida, y los servicios resultan cada vez más defectuosos.

En lo que a las nuevas energías se refiere, el prejuicio ideológico impide impulsar las reestructuraciones y reorientaciones necesarias, y bloquea los necesarios mecanismos de coordinación. El ICE y RECOPE son, naturalmente, las instituciones públicas que deberían asumir ese liderazgo, en colaboración con las universidades públicas y algunas otras entidades. Un detalle curioso es que el famoso astronauta Franklin Chang tiene esto muy claro, pero, en cambio, estas ideas, absolutamente elementales, no logran taladrar la coraza ideológica que anestesia la inteligencia de las élites políticas y empresariales de Costa Rica. Debe quedar claro que esto no lo puede resolver el libre mercado. Si el Estado no asume un rol de liderazgo, el mercado a lo sumo aportará soluciones inconexas y muy parciales. Lo que, a fin de cuentas, significa no resolver nada.

Pero hay todavía un detalle adicional que no podemos omitir: el diseño actual del impuesto a los combustibles tiende a ser injusto y regresivo. Su incidencia sobre las tarifas del transporte público implica trasladarlo al bolsillo de los hogares y personas pobres. Pero tratándose del transporte privado, su peso relativo es mayor conforme más bajo el ingreso de la persona u hogar. Para micros y pequeñas empresas que requieren del uso de un vehículo, resulta una carga onerosa.

Digámoslo claro: este impuesto existe para satisfacer objetivos recaudatorios, o sea, para llevarle dinero al Ministerio de Hacienda y reducir un poco el déficit fiscal. Sus objetivos son fiscalistas y nada más. Hasta 2019, antes del impacto de la pandemia que, en 2020, e incluso en 2021, redujo la circulación de vehículos, este impuesto aportaba arriba del 11% de todos los ingresos tributarios (más de ₡ 600 mil millones en 2019). Claramente no hay detrás de este tributo ni objetivos ambientales, ni mucho menos objetivos de promoción de la equidad social.

Pero, en realidad, la existencia de este impuesto, tan mal diseñado y, en muchos sentidos, tan dañino, se explica porque no existen los impuestos que SI deberían existir, aquellos que gravan los rentas y ganancias de capital más elevadas, los grandes patrimonios privados y las grandes herencias. La cuestión es que la ideología de moda ordena que a los muy ricos de Costa Rica no se les deben cobrar impuestos, como asimismo prescribe que las corporaciones transnacionales, que tan jugosas ganancias obtienen en Costa Rica, tampoco tienen obligación alguna con nuestro país, no obstante, las beneficiosas condiciones que les ofrecemos. Pero, además, recordemos que en los últimos años se ha afirmado la tendencia que convierte las zonas francas en paraísos fiscales insertos en el propio territorio nacional, un refugio legalizado para la evitación de impuestos, en favor de un número creciente de grandes empresas costarricenses.

Es por eso, a fin de cuentas, que existe el impuesto a los combustibles: para intentar llenar una parte del hueco que abren esos manirrotos privilegios tributarios a favor de los grupos más ricos y poderosos.

Artículo relacionado: La ilusión del oro negro

https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/08/la-ilusion-del-oro-negro.html

La suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: algunos apuntes

Nicolas Boeglin (*)

El pasado 7 de abril del 2022, la Asamblea General de Naciones adoptó una resolución mediante la cual se suspende la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Su párrafo dispositivo primero establece que la Asamblea General:

«1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos ../ .. 1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation»

Remitimos sobre esta votación a esta nota de prensa oficial de Naciones Unidas (así como su versión en francés), y se reproduce el texto de la resolución adoptada al final de esta misma nota en español, en inglés así como en ruso.

Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos constituye la máxima instancia en materia de derechos humanos dentro del actual organigrama de Naciones Unidas, compuesto por Estados electos por la  misma Asamblea General de Naciones Unidas. Tuvimos la oportunidad de analizar la elección reciente de Argentina, Honduras y Paraguay por parte de América Latina y el Caribe, acaecida en el mes de octubre del 2021 (véase breve nota nuestra al respecto);  la de Bolivia, Cuba y México en el 2020 (véase nota); así como la de Brasil y Venezuela en el 2019 (véase nota). Los 8 precitados Estados constituyen los actuales representantes de América Latina en este órgano intergubernamental que se compone de 47 Estados Miembros. Cabe recordar que el actual Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, la cual funcionó  hasta el mes de marzo del 2006, compuesta por 53 Estados. 

En el mes de marzo del 2011, Libia fue objeto de una resolución suspendiendo su membresía del Consejo de Derechos Humanos muy similar (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas); en junio del 2018, Estados Unidos optó por retirarse del Consejo de Derechos Humanos de manera voluntaria, en señal de solidaridad con su incondicional aliado israelí (véase breve nota nuestra al respecto titulada «El retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos: breves apuntes«).

El voto registrado este 7 de abril en breve

La resolución A/RES/ES-11/3 votada este 7 de abril contó con 93 votos a favor,  24 en contra, 58 abstenciones y 18 Estados cuyos delegados optaron por el siempre peculiar «No Show» (véase detalle del voto en este enlace de Naciones Unidas).

Entre los que votaron en contra, aparecen en el hemisferio americano Bolivia, Cuba y Nicaragua. Al tiempo que, entre las 58 abstenciones, aparecen Brasil, El Salvador, Guyana, México, San Cristóbal y Nevis, así como San Vicente y las Granadinas.

Cabe indicar que por tercera vez consecutiva desde que se adoptan resoluciones sobre la agresión de Rusia a Ucrania (véase nuestra breve nota sobre la resolución adoptada el 2 de marzo y nuestra nota sobre la resolución adoptada el 24 de marzo), el delegado de Venezuela optó por la particular opción del «No Show» (ausencia de su delegado a la hora de registrarse la votación).

Con relación a algunos Estados que resultan de la desaparición de la URSS en 1991 y que aún mantienen una relación privilegiada con Rusia, es de notar que Armenia, Arzeibaidján, y Turkmenistán optaron por el «No Show«, al tiempo que los demás acuerparon a Rusia votando en contra de la resolución (Bielorusia, Kazakhstán, Kyrgyzstán,  Tajikistán, Uzbekistán).

Algunos detalles de interés sobre la estrategia diplomática de Rusia

Ante una nueva probable victoria diplomática de Ucrania contribuyendo a aislar aún más a Rusia ante los ojos de la comunidad internacional, eran de esperar inéditas gestiones, y ello al más alto nivel por parte de Rusia para frenarla días antes del 7 de abril.

Como parte de su estrategia diplomática, Rusia envió durante los días previos a la votación cartas oficiales a  una gran cantidad de Estados advirtiendo que serían considerados como «Estados hostiles» a Rusia en el caso de votar a favor pero también en caso de abstenerse o bien de no participar al voto como tal («No Show«): una presión a la que sí sucumbieron varios Estados en particular en Asia Central (véase nota de prensa proviniendo de esta región del mundo).

El contenido de estas cartas plantea algunas interrogantes con relación a la abstención registrada de India y el «No Show» de Venezuela, entre otros. La precitada carta enviada por Rusia, según varios medios de prensa (véase por ejemplo esta nota publicada en India) que la citan, expresamente indicaba los términos de la advertencia hecha por Rusia:

«It is worth mentioning that not only support for such an initiative but also an equidistant position in the vote (abstention or non-participation) will be considered as an unfriendly gesture«.

Más allá de las gestiones diplomáticas de Rusia para frenar este tipo de iniciativas, será de gran interés observar si de ahora en adelante, los 58 Estados que se abstuvieron y los 18 que se ausentaron al momento de la votación serán incluidos en su totalidad en la lista de «Estados hostiles» a Rusia: si lo son algunos, pero no lo son todos, será de interés (aún mayor) conocer con exactitud los criterios usados por Rusia. Como se recordará, una primera versión de esta lista fue dada a conocer por las agencias de prensa rusas el 7 de marzo del 2022 (véase por ejemplo nota de la agencia TASS de noticias). Esta lista de Estados declarados oficialmente «hostiles» por Rusia coincide en parte – pero no en su totalidad – con la lista de Estados que solicitaron días antes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) iniciar una investigación (véase listado incluido en este comunicado de la CPI con fecha del 2/03/2022): dejamos a nuestros estimables lectores revisar cuáles Estados aparecen en ambas listas y cuáles no.

A modo de conclusión

Pese a la gestiones  del aparato diplomático de Rusia, este voto viene nuevamente a aislar a Rusia ante la comunidad internacional.

Si Rusia es consecuente con la letra misma de la carta enviada por su aparato diplomático a un gran número de capitales en el mundo, su aislamiento recrudecerá con únicamente 23 Estados que votaron con ella en contra de esta resolución con los que debería mantener relaciones amicales o normales. Se trata de 23 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, lo cual acarrea una pregunta muy válida para los 170 restantes: ¿los demás Estados deben  ahora ser colocados todos en la categoría de «Estados hostiles» a Rusia?

Es probable que, conforme nuevas exacciones cometidas en zonas controladas por Rusia salgan a la luz del día, y nuevos ataques en Ucrania causen más daños a la población civil, como el registrado en la estación de tren de Kramatorsk (véase nota de El Pais del 8/4/2022),  se añadan otras resoluciones  de este tipo y que se busque suspender a Rusia de otros recintos de Naciones Unidas. Estas resoluciones podrían adoptarse en las próximas semanas, en particular si se observa que  Rusia no rectifica su actuar, iniciado el pasado 24 de febrero del 2022 con una masiva agresión militar en territorio ucraniano, que sigue denominándose oficialmente en Rusia (tanto a nivel oficial como en medios de prensa rusos) como una «operación militar especial«.

El pasado 16 de marzo, fue la máxima instancia jurisdiccional de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la que exigió, mediante una ordenanza, a Rusia el cese inmediato de su ofensiva militar en suelo ucraniano. Remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota que concluía indicando que:

«Se puede adelantar que esta providencia leída por la CIJ este 16 de marzo del 2022 constituye también un primer peldaño en una larga batalla judicial por venir, tendiente a obtener reparaciones e indemnizaciones de parte de Rusia por los graves daños ocasionados a Ucrania: fue la misma intención la que tuvo Nicaragua en 1984 ante la CIJ,  ante la destrucción propiciada, financiada y orquestada por Estados Unidos en su territorio a través de la denominada «contra» nicaragüense«.

Texto de la resolución adoptada en español / inglés / ruso (véase texto en las diferentes versiones oficiales de Naciones Unidas)

«Suspensión de los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos

La Asamblea General,

Recordando su resolución 60/251, de 15 de marzo de 2006, en particular el párrafo 8, en que se establece que la Asamblea General podrá suspender los derechos a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de todo miembro del Consejo que cometa violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos,

Tomando nota de la resolución 49/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 4 de marzo de 2022, en particular de la grave preocupación del Consejo por los informes de abusos y violaciones graves y sistemáticos de los derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional humanitario cometidos por la Federación de Rusia durante su agresión contra Ucrania,

Recordando sus resoluciones ES-11/1, de 2 de marzo de 2022, y ES-11/2, de 24 de marzo de 2022.

Expresando grave preocupación por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia, incluidas las violaciones y los abusos graves y sistemáticos de los derechos humanos, reconociendo las firmes expresiones de preocupación contenidas en las declaraciones del Secretario General y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y observando la última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania realizada por la misión de vigilancia de los derechos humanos en Ucrania, de 26 de marzo de 2022,

1. Decide suspender los derechos de la Federación de Rusia a formar parte del Consejo de Derechos Humanos;

2. Decide también volver a examinar la cuestión según proceda;

3. Decide además suspender temporalmente el undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General y autorizar al Presidente de la Asamblea General a que lo reanude cuando lo soliciten los Estados Miembros».


«Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council

The General Assembly,

Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006, in particular paragraph 8, which states that the General Assembly may suspend the rights of membership in the Human Rights Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights,

Taking note of Human Rights Council resolution 49/1 of 4 March 2022, in particular the grave concern of the Council regarding reports of gross and systematic violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed by the Russian Federation during its aggression against Ukraine,

Recalling its resolutions ES-11/1 of 2 March 2022 and ES-11/2 of 24 March 2022, Expressing grave concern at the ongoing human rights and humanitarian crisis in Ukraine, in particular at the reports of violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law by the Russian Federation, including gross and systematic violations and abuses of human rights, recognizing the strong expressions of concern in statements by the Secretary-General and by the United Nations High Commissioner for Human Rights, and noting the latest update on the human rights situation in Ukraine by the human rights monitoring mission in Ukraine, of 26 March 2022,

1. Decides to suspend the rights of membership in the Human Rights Council of the Russian Federation;

2. Also decides to review the matter, as appropriate;

3. Further decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to resume its meetings upon request from Member States».


«Приостановление прав членства Российской Федерации в Совете по правам человека

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 60/251 от 15 марта 2006 года, в частности на пункт 8 ее постановляющей части, в котором установлено, что Генеральная Ассамблея может приостановить членство в Совете по правам человека какоголибо члена Совета, который совершает грубые и систематические нарушения прав человека,

принимая к сведению резолюцию 49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года, в частности серьезную обеспокоенность Совета сообщениями о грубых и систематических нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Российской Федерацией в ходе ее агрессии против Украины,

ссылаясь на свои резолюции ES-11/1 от 2 марта 2022 года и ES-11/2 от 24 марта 2022 года,

выражая серьезную обеспокоенность продолжающимся правозащитным и гуманитарным кризисом на Украине, особенно в связи с сообщениями о нарушениях и ущемлениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права со стороны Российской Федерации, включая грубые и систематические нарушения и ущемления прав человека, учитывая решительные выражения обеспокоенности в заявлениях Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и отмечая последнюю обновленную информацию о ситуации с правами человека на Украине от 26 марта 2022 года, подготовленную миссией по наблюдению за правами человека на Украине,

1. постановляет приостановить права членства Российской Федерации в Совете по правам человека;

2. постановляет также вернуться к рассмотрению данного вопроса при наличии надлежащих условий;

3. постановляет далее временно прервать работу одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи и уполномочить Председателя Генеральной Ассамблеи возобновить ее заседания по требованию государств-членов».

 

(*) Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). 

Enviado a SURCOS por el autor.

*Foto de portada: tropas de Ucrania intentando contrarrestar en posición el avance de Rusia en un puente en la misma capital de Kiev. Foto extraída de nota de prensa de The Guardian, edición del 25/02/2022

ESOS OTROS CONFINAMIENTOS

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

La noche del 7 de octubre de 2007, al conocerse los resultados del referéndum que decidiría la incorporación de Costa Rica al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, un grupo de personas asumió la tarima principal del movimiento del «No» y con consignas sobre no dejar morir los procesos sociales de participación y resistencia, sellaron hasta el día de hoy la respuesta desde abajo ante la agudeza y agresividad de la propuesta país desarrollada por los sectores más recalcitrantes del conservadurismo económico y social.

Esa noche sería premonitoria de una dinámica sin pausa, que ha sumido a los sectores sociales, a las poblaciones vulnerables particularmente en la más absoluta indefensión, por un lado, y por el otro, en la imposibilidad de volver a articular un proceso político organizado y robusto para hacer frente a los embates de la propuesta neoliberal en franco ascenso.

Apenas cuatro años antes de aquel evento, Costa Rica asistiría a la primera versión de una segunda ronda electoral en su vida política republicana, una de varias rupturas que su sistema político y democrático habría de experimentar durante los años venideros.

La alternabilidad en el juego electoral que mantuvo invariable los acuerdos de las cúpulas políticas costarricenses durante varias décadas, tuvo su límite al iniciar el presente siglo con la emergencia de nuevas propuestas o al menos de estructuras organizativas no pertenecientes en lo formal a esas cúpulas.

Luego vino el resto: la crisis de representación instalada en los últimos 25 años, la inercia y declive de los partidos políticos tradicionales y la irrupción de los partidos «franquicia» o «taxi» como propuestas orientadas única y exclusivamente a los procesos electorales, terminaron por revocar un modelo argumentado adentro y afuera como fortalecido, sólido y resistente a las fisuras.

Una de las señales inequívocas del tránsito hacia «nuevas normalidades» como es ya lugar común escuchar sobre la convivencia con los procesos sociosanitarios que llegaron para quedarse, ha sido sin lugar a dudas la persistencia del abstencionismo como la verdadera y genuina expresión política colectiva instalada en el país.

Durante años, esa cifra mostró niveles bajos que promediaban el 18%, porcentaje que presentó un salto significativo entre 1994 y 1998, cuando se instaló en un 30% para nunca más volver a bajar de esa cifra. Incluso, en las elecciones de primera ronda de febrero de 2022 se mostró el comportamiento más alto de la historia con un 40% de abstencionismo, cifra que aumentó incluso para la segunda ronda de abril, ubicándose entre los porcentajes mas bajos de participación de las cuatro segundas rondas desarrolladas en los últimos veinte años.

Hablar de causas de este fenómeno es llover sobre mojado. Ya el diagnóstico había sido elaborado años antes con el fenómeno del enojo como principal categoría. Lo que las contiendas electorales de 2018 y 2022 supusieron de novedoso, fue territorializar ese descontento en las costas y las comunidades periféricas, espacios de una geografía donde la desigualdad, la fragmentación y la exclusión han sido marcas registradas de ese modelo avasallador continuado en los últimos cuarenta años.

Con estos escenarios así dibujados, no es difícil imaginar la irrupción de un nuevo actor para quien los acuerdos de las élites políticas, las comodidades vallecentralinas y la apelación a un nosotros retórico y discursivo que no les alcanza, les resultan lejanos, equidistantes.

He insistido en que si hay algo que llegó para quedarse es justamente ese sujeto novedoso desde lo político y organizativo. Con tintes confesionales, ciertamente, desdeña la promesa de un sistema partidario obsoleto, vacío y cascarón y se enfrasca en la toma de decisiones desde sus territorialidades segregadas: en las provincias costeras el promedio de participación en la contienda electoral alcanzó apenas la mitad del electorado, dato que resulta consecuente con esas condiciones materiales y objetivas de existencia que ni el partido tradicional ni el progresista ha podido resolver.

Escribo esta reflexión sobre una suerte de confinamiento de los procesos de representación y participación, al tiempo que se van dibujando los trazos de una nueva administración que se pasea en la incertidumbre por su novedad y desempeño durante la recién campaña política.

Lo primero que hay que decir en clave analítica es que nos encontramos ante la irrupción de figuras que traducen en lenguaje sencillo y correcto, el desdén por la política y hacen suyo el juego del enojo colectivo. Lo asumen para sí. Con tanta estrategia de comunicación política de detalle, gestos, tonos, colores, que a la gente se le terminó de olvidar el fugaz paso de Rodrigo Chaves, el presidente electo, por la actual administración.

Lo segundo a considerar es que por razones obvias y que marcan el camino de los acuerdos de las elites locales, los interlocutores válidos para cualquier persona que asuma desde el punto de vista formal la presidencia del país, seguirán siendo esos grupos de presión que un día si y otro también golpean mesas y hablan fuerte para imponer sus tesis y sus agendas.

Los sectores sociales, valga decirlo, permanecen confinados e invisibilizados y sin músculo para acudir al golpeteo. Por sus propias debilidades y porque la indignación y la rabia son quizá procesados como anomia social, como antisistema, como desestabilización. Y ante esto, una democracia centenaria como la costarricense debe cerrar filas, construyendo consensos y acuerdos de cúpulas en los que sus figuras aparezcan como provenientes de otras trincheras, los outsiders que así se denominan.

Finalmente, la tesis de la figura fuerte que venía apareciendo en varios estudios de opinión pudo haber cristalizado en estas elecciones. Está por verse si discurso y práctica son la misma cosa y si Chaves, el presidente electo, es capaz de mantener esa tesitura rígida, fuerte, dura contra el establishment del que él mismo forma parte. Porque estamos claros en una cosa: un funcionario proveniente de organismos financieros internacionales no puede jamás denominarse a sí mismo como un outsider: es una contradicción hasta histórica.

Costa Rica se enrumba hacia una nueva normalidad, no solo en materia sociosanitaria, sino en las reglas del juego democrático y en la construcción de consensos. Se esperan tiempos complicados pero hay que habilitar espacios para hablarnos. Salir del confinamiento político y procurar nuevas experiencias colectivas, incluso ejerciendo el derecho a la voz, al grito, como lo ha planteado Jonh Holloway (2002) en su trabajo sobre los procesos de transformación que nos toca acompañar. La refundación es urgente. Necesaria.

La Universidad de Costa Rica pide a la Cancillería intervenir en caso de catedrático a quien se le negó el ingreso a Nicaragua

Dr. Carlos Sandoval García. Fotografía: Cristian Araya Badilla, UCR.

Mediante el oficio R-2328-2022 la Universidad de Costa Rica (UCR) pidió, el 6 de abril del 20222, a la Cancillería de la República de Costa Rica interponer sus buenos oficios para conocer las razones por las cuales el Gobierno de Nicaragua negó el ingreso del catedrático de la institución Dr. Carlos Sandoval García a tierras nicaragüenses.

La Rectoría señala que este rechazo afecta la labor docente y el ejercicio de la libertad de cátedra del profesor Sandoval, quién ha desarrollado vasta investigación en temas migratorios y otros a nivel regional.

El profesor intentó viajar por vía terrestre el pasado 31 de marzo a Nicaragua en el marco del proyecto Exclusión social y procesos electorales en Honduras, Nicaragua y Costa Rica (2021-2022) (C1365), inscrito en el Centro de Investigación en Comunicación, en el cual se tenía previsto realizar grupos focales en las capitales de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

El objetivo de estos grupos focales es contrastar las narrativas de los partidos políticos y sus candidatos, y las presentes en las redes sociales con aquellas que elaboran las personas que viven en condiciones de exclusión.

La UCR recuerda la importancia de defender el espacio para la generación de investigación académica de calidad que le permita a la población en general contar con información de base para la toma de decisiones. El tema también fue puesto por la UCR en la mesa del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

 

Gabriela Mayorga López,
Editora digital y periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Alternativas: Agua, líquido vital: su realidad en el Valle Central de Costa Rica

En el programa Alternativas de hoy, viernes 8 de abril a las 6 pm, se desarrollará el tema de la realidad del agua y su acceso en el occidente del Valle Central de Costa Rica. Se contará con la participación de los siguientes invitados:

  • Adriana Muñoz Amores, trabajadora social, docente, e investigadora en la Sede de Occidente, UCR, CIDICER,
  • Alberto Gutiérrez Arguedas, geógrafo, docente e investigador en la Sede de Occidente, UCR y CIEP,
  • Rolando Salazar Quesada, administrador de ASADA San Roque en el cantón de Naranjo,
  • Maureen Vásquez Chacón, administradora de ASADA Los Criques, Valle Azul de San Lorenzo en el cantón de San Ramón.

También, habrá una sesión para responder a comentarios y preguntas dejadas en la sección de comentarios del Facebook de Alternativas.

Se le invita a ver el programa transmitido en Facebook Live, YouTube, o a escuchar el programa por Radio 16, 1590 AM.

 

Compartido con SURCOS por el Colectivo Reflexión-Acción.

FRENAPI: Memorial PÖ PATÖK, de Uniwak Sergio Rojas Ortiz a 3 años de su asesinato impune

Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, en apoyo con el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena les compartimos una recopilación del memorial PÖ PATÖK, de Uniwak Sergio Rojas Ortiz, a 3 años de su asesinato impune.

¡Su memoria vive!

¡Sergio Vive, la lucha sigue y sigue!

El video está disponible en Facebook en el siguiente enlace: Memorial Pö Patök de Sergio Rojas Ortiz

 

Compartido con SURCOS por FRENAPI.

Curso de guitarra

Le invitamos al curso de guitarra que se estará impartiendo de manera presencial en Los Yoses los días viernes y sábados por la tarde.

Para más información dirigirse al siguiente número: 8618 4801.

¿Qué es la mafia? ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo combatirla?

MBA Lic. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario, Escritor
Sede Central UTN
www.utn.ac.cr

“¿Plata o plomo?” esa era la frase más usada de Pablo Escobar “El narcotraficante más famoso”. Las “mafias” conforman una macro criminalidad del reciclaje de dinero que opera sin controles en todo el planeta y hace difícil la reconstrucción de los flujos financieros de dinero sucio.

La mafia es invisible, es asociación dirigida y explotada por personas autorizadas por edad, inteligencia, posición social, pruebas, expedientes judiciales, experiencia y pericia en el arte de delinquir impunemente. No existen estructuras organizacionales visibles… son sin rostro. ¿Quiénes conocen la Junta Directiva? ¡Nadie! Solo el “directorio” de los hombres de mayor confianza.

La mafia es “una asociación ilícita, auténtico sistema de poder criminal” que ubican a sus miembros al filo del Código Penal. Es complejidad organizativa y “mafia financiera”. Su estrategia es obtener el máximo prestigio y la máxima ganancia, el silencio y olvido, establecer relaciones e intereses con la política, obstaculizar las investigaciones, campañas de deslegitimación, de desprestigio, de agresiones contra fiscales y magistrados. La búsqueda de coberturas, asesinatos y masacres. El terror y miedo. Impedir el control de la legalidad de sus negocios. La impunidad, falsificación de datos, la santificación de imputados. Desgranar la justicia y la legalidad. Vínculos secretos. La oferta de drogas ilícitas y otras actividades conexas. Legitimación de capitales. Financiamiento del Terrorismo. Como bien expresa el Instituto Costarricense sobre Drogas: “El ánimo de lucro es lo que mueve a las organizaciones criminales a obtener ganancias a través de la comisión de delitos y utilizar mecanismos, como reclutamiento de personas, estructuras de sociedades, empresas y profesionales intermediarios para disfrazar sus ganancias ilegítimas con el fin de darles una apariencia de origen legal” Costa Rica, está en la ruta de la droga y zona regional de logística además es vulnerable y tiene escasos recursos.

Es una bodega y puente de las guerras de las drogas. Se movilizan anualmente 1.150 toneladas en ruta a México, Brasil, UE y EEUU –donde hay más de 30 millones de consumidores que gastan más de US$ 30.000 millones anuales de dólares para consumo de cocaína, heroína y marihuana proveniente de Irán y Afganistán, Myanmar, Laos, Tailandia, México, Perú, Bolivia y Colombia- mayor fabricante de cocaína en el mundo-.

¿Cómo combatir la mafia?

Primero, estrategia de seguridad nacional y regional. Estamos inmersos en un área geopolítica, geoeconómica y militar en donde la seguridad nacional tiene un gran peso y cuya agenda tiene temas prioritarios, p.ej. el terrorismo, los grupos armados, los paramilitares, el narcotráfico, el tráfico de personas, las posibilidades de migraciones masivas, el lavado de dinero, los secuestros, las bandas como Mara Salvatrucha, los Zetas y el Populismo Radical. Debemos establecer una política exterior activa en Centroamérica contra el narcotráfico en alianza con EEUU-México. Segundo, estrategia cantonal. Hay que nombrar 83 Comisionados Antidrogas. Tercero, estrategia de premios e incentivos. Requerimos una política seria de incentivo de los arrepentimientos y colaboración con la justicia por parte de quien, por haber sido mafioso, puede revelar desde adentro esos secretos de la organización absolutamente necesarios de conocer. Hay que promulgar una legislación de “premio e incentivo” equilibrada e inclusive de impunidad total (100%) para el colaborador (res) que nos lleven a los peces gordos. Esta estrategia supera “el rastreo de llamadas”, “la prisión preventiva”, “la plataforma de información policial”, el “Centro Judicial de Intervención Policial”, “El secreto bancario” e incluye el perdón por el Poder Ejecutivo para los que colaboren. Cuarto, estrategia de autonomía al Poder Judicial. Elección de magistrados por la Corte Suprema de Justicia. Quinto, estrategia de comunicación pública. Hay que revisar el Plan “LODI” (Logic Distribution), en donde la solución pasa por una forma de legalización que no ha de ser libre, precisamente, sino que viene supeditada a una “distribución organizada y controlada de la droga” que bien puede estar en manos de la CCSS-EBAIS, Ministerio de Salud Pública y Poder Judicial. ¿Cuál es la diferencia entre recetar médicamente un antidepresivo con los efectos secundarios que tiene a recetar de la misma forma un gramo de cocaína, para un adicto mientras gradualmente lo vamos sacando de su adicción?

En conclusión, somos una bodega de almacenaje de drogas al igual que los demás países centroamericanos, hay infiltración de carteles mexicanos y colombianos aliados con nacionales, que están pagando con drogas sintéticas y crack y no solo con dinero por ayudar en el transporte; tenemos un mercado de consumidores nacionales y espiral de violencia por drogas, sabemos que la droga se transporta por vía marítima (78%), aérea y terrestre (22%). Debemos actuar en cada distrito y cantón de lo contrario serán tomados por las mafias mexicanas, colombianas, los yakuza, los trías chinos, la cosa nostra o la rusa. Como bien lo expreso Bob Riley, Ex Gobernador del Estado de Alabama: Las drogas son las enemigas del futuro y de la esperanza, y cuando luchamos contra ellas luchamos por el futuro.

Apoya con tu firma: ¡No más violencia a los pueblos originarios, no más incendios forestales!

Según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012 – 2021: En temporadas de incendios forestales que van del 2007 al 2012, las causas principales se dan por quemas de pastos y agropecuarias) representan un 46.06%, vandalismo un 21.01%, actividades de caza un 12.52% y venganza un 7.68%, son las cinco principales causas por las cuales se han iniciado los incendios forestales (SINAC, PNMF, 2012).

Juntamente los incendios a partir de vandalismo, caza y en especial venganza son el patrón común que se repite en los territorios indígenas, los cuales se han convertido en una de las formas de violencia más constantes sobre todo en las recuperaciones indígenas en China Kichá, como señalan las personas recuperadoras “han sido provocados bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”.

Estos incendios, que han cubierto según las personas recuperadoras un aproximado de 800 hectáreas, es decir más del 72% del territorio que por ley les corresponde y de tierra que han recuperado, han arrasado con áreas boscosas, así como con las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.

China Kichá se ubica en Pejibaye de Pérez Zeledón a 175 kilómetros sureste de San José. Por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá, de ese total para el 2014 los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014).

Por lo que desde el 2019 este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando volver a controlar 800 hectáreas. Para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar; lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Sin embargo, desde que iniciaron las recuperaciones han sufrido violencia constante por parte de terratenientes, quienes desde décadas anteriores usurparon sus territorios para deforestarlos y convertirlos en monocultivos y potreros de ganadería extensiva.

Los incendios provocados son un mecanismo de presión, pero además crímenes de odio hacia las personas indígenas y un desastre ecológico. “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”, expresa Doris Ríos.
En un reportaje realizado por el Semanario Universidad el 15 de marzo del 2022, incluyó dos videos con sobrevuelos de dron donde se puede ver la magnitud y testimonios de la tragedia en China Kichá.

Con estos incendios los terratenientes sostienen violencia material y psicológica sobre las personas indígenas; destruyendo sus viviendas, negando la posibilidad de que construyan soberanía alimentaria y frustrando su proyecto de revitalización de los ríos y bosques. Jaison Ríos relató que cuando sucede un incendio, las personas recuperadoras se unen para apagar las llamas que alcanzan los árboles de las zonas boscosas y que sus proyectos de crear viveros para reforestar se ven frustrados por los incendios.

Esto llama a recordar la importancia de los pueblos indígenas en la lucha ante el Cambio Climático, y la importancia que tienen en la conservación de las especies y los ecosistemas, rol que se ve amenazado directamente en China Kichá por los incendios forestales provocados y la inacción de las autoridades en el territorio.
Los incendios forestales dentro de territorios indígenas no son nuevos. En el 2020, se contabilizaron 17 incendios provocados en China Kichá. Estos incendios solo son la base de una violencia que escala hasta ataques armados hacia personas indígenas.

En un contexto más general, estos incendios provocados son parte de los incendios forestales que afectaron a 10.724 hectáreas en el 2020 y a 6.411 hectáreas en el 2021. Para este año el Cuerpo de Bomberos a encendido las alarmas pues, a la fecha, se han presentado 41 incendios en comparación al mismo periodo del año 2021, lo que significa un aumento de un 342%, estos incendios han consumido 7.452 hectáreas, es decir, 2.892 hectáreas más que las afectadas en el 2021.La mayoría de estos incendios se dado en Guanacaste y Puntarenas (Cuerpo de Bomberos, 2022).
Vivimos en un mundo en llamas y Costa Rica está en llamas. Los bosques, la vida silvestre, la seguridad alimentaria, todo se está quemando en una hoguera que avanza. Estos incendios no son consecuencia del Calentamiento Global, sino, el resultado de la violencia sistemática y directa que sufren los pueblos originarios en este país.
Ante este panorama de agravios, las personas recuperadoras del territorio indígenas en China Kichá demandan:
1. Apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”.
2. Presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales.
3. Investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios.
Los abajo firmantes en apoyo a estas demandas, en el enlace adjunto podrán firmar estás petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYoJA7pVbKuOjTh1eFuDzdrcU5S2qaHvTqD70RKaJ4mWP6Q/viewform

Las elecciones y el desencanto con la prensa

José Luis Amador

De pronto en estas elecciones, la ciudadanía se dio cuenta que la «prensa canalla» miente, o por lo menos, muchos descubrieron que los periódicos escritos, radiales y televisivos, manejan la verdad a su antojo, juegan con las medias verdades, manipulan la fe de la gente, especialmente la más humilde, favorecen a unos, generalmente poderosos y entierran a otros.

De pronto la ciudadanía descubrió que los periódicos no eran neutros. Que se puede tener durante 20 días una mentira en primera plana o por lo menos se puede mantener una verdad a medias, cuando esto así convenga a ciertos sectores de la sociedad.

Hemos tenido huelgas, hemos tenido presos, hemos tenido combos, hemos tenido Tratados de Libre Comercio mentirosos, hemos tenido sindicatos vilipendiados como un chuica por la prensa, políticos humillados por la prensa, partidos políticos ninguneados por la prensa, hemos tenido la democracias ensuciada por la prensa, el poder arrebatado al pueblo y tomado por la prensa en este país tantas veces… y los ciudadanos no se habían dado cuenta.

Es ahora que les tocaron a un candidato, que se dieron cuenta. De pronto a muchos se les cayó la venda de los ojos y descubrieron que el Rey va desnudo y que la prensa es canalla y responde al mejor postor. Pero… cuánto tiempo tardaremos en volver, como las ratas de Hamelin otra vez al redil de la prensa.

Otra vez al regazo de la prensa, otra vez contra los sindicatos, otra vez contra las comunidades organizadas, otra vez contra los que levantan la voz y señalan las injusticias, otra vez contra los diputados que se atrevan salirse del canasto, otra vez pau pau y manazo a la boca de los que pregonen la verdad y se opongan a la prensa y su verdad a medias. La prensa y sus entrevistas parcializadas, la prensa y sus editorialistas sarcásticos y burlones, la prensa micrófono para unos sí y para otros no. Esa prensa…

Por un minuto los ciudadanos se hartaron de la «prensa canalla» pero igual volverán como los marineros de Odiseo, atraídos por las Sirenas. No se dan cuenta que la prensa es un partido político que ya tomó posición y que nunca, nunca, nunca, estará del lado de las mayorías, sino que siempre está del lado de los «dueños de la prensa», que responden a intereses del más profundo y oscuro origen. Ese poder que nunca fue elegido democráticamente, pero que nos gobierna… mediante la prensa.

 

Compartido con SURCOS por José Luis Amador.

Imagen: https://www.azcleanelections.gov/es/press-room