Autor: María José Ferlini Cartín

Juan Francisco Campos

Mayo 2022

Sin representar el único punto flaco de su gestión gubernamental y sea este por omisión o extralimitación, es constatable que, las autoridades costarricenses 2018-2022 desde el presidente, primera dama, ministros como los de Ambiente y Energía más los jerarcas de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA); se desbordaron en hipocresía con el tema ambiental. Así sucedió en su perenne recorrido por el mundo desde que asumieron el gobierno hasta el final. Por ejemplo, durante sus últimos paseos, el presidente una vez más discursea en España y Francia sobre un supuesto entusiasmo del país bajo su gobierno, por mantener valores como la democracia, los derechos humanos y la sostenibilidad. A lo cual no faltaron adulaciones para resaltar “…el compromiso del presidente Alvarado y del país para liderar con el ejemplo en la lucha contra el cambio climático y por impulsar el desarrollo sostenible tanto en el nivel nacional como en el internacional”¹.

Otro ejemplo reciente, fueron las emociones expresadas por el actual ministro de turismo, a partir de las cuales, en México el diario El Heraldo se rajó con lo de “Costa Rica: el edén sustentable del mundo”². Posiblemente el joven ministrito, desconoce que un anterior colega suyo de los años noventa, por tan embusteros discursos y actuaciones inconsecuentes, recibió en sus propias manos el más justo premio conocido como el “Diablo Ambiental 1993”; entregado al entonces titular costarricense de la cartera de turismo por parte de organizaciones ecologistas alemanas^3,4 .

Pero, hay de los falsos profetas, porque, lo realmente hecho en este país con la política ambiental del gobierno saliente, más allá de la lista de premios y sus dádivas millonarias, viajes por el mundo y los puestos asignados o por asignar en entidades extranjeras; altamente relevante y probado con suficiencia, es su boicot a la ratificación del Acuerdo de Escazú durante estos cuatro años, por parte de los tres poderes de la república. Acciones sin duda indicadoras de que, aplicaron un rechazo ad portas de los pronunciamientos y excitativas por parte de organizaciones sociales y hasta de los equipos humanos de mayor renombre científico del país^5,6. También, la regresión en normativa de evaluación de impacto ambiental y la arremetida e impunidad en la violación de derechos humanos^7,8,9, contra diferentes actores sociales representantes de pueblos indígenas¹⁰, organizaciones sindicales¹¹, campesinos, ambientalistas¹², etc.

Con respecto a la ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica, por intermedio de su gobierno pasó de protagonista a antagonista del citado Acuerdo jurídico cuyo nombre, rememora nuestra historia geográfica y ancestral. Y esto es así, máximo si observamos que, siendo el mismo Acuerdo impulsado al más alto nivel internacional por parte de la ONU a través de la CEPAL; es paradójico que durante el período 2020-2022 aún vigente, esta Comisión Regional haya estado bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica¹³. Es decir, dicho gobierno ha actuado en el Organismo como un vil farsante, y por lo tanto merecedor de juzgamiento y condena; al menos por el agravio a nuestra Nación. En consecuencia, es claro que, mediante lo reseñado, se aportan elementos para la catorceava causa penal que, debería interponerse contra el señor Alvarado Quesada^14,15. Además, téngase presente que, el principal socio en tan hipócrita actuación costarricense, fue el también desprestigiado y represor gobierno chileno del expresidente Piñera, no obstante que hasta el 2018, los gobiernos de ambos países, habían cumplido un meritorio desempeño como promotores del Acuerdo en la Región. Pero por nuestra parte, no fueron los mismos representantes, aunque personificaran el mismo partido gobernante. Hoy, para bien de Chile y lo contrario de Costa Rica, el nuevo presidente Gabriel Boric está rectificando¹⁶ la funesta actuación de su antecesor. Mientras en Costa Rica, por declaraciones ya emitidas¹⁷ y lo intereses economicistas que representa el nuevo presidente tico y la lista de sus colaboradores aparentemente nombrados a partir de una singular “feria de empleo público” a su cargo¹⁸, no hay esperanzas de algo similar o nuevo acompañamiento con los chilenos. De manera que, es poca la duda existente en cuanto a que la hipocresía continuará y posiblemente la lista de “premios” aumente; sin olvidar que, a veces, éstos es más lo que encubren que lo que distinguen.No se observó honradez ni consecuencia, ya sea del presidente Alvarado o al menos de la ministra de Estado Andrea Meza, titular del Órgano “encargado de emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible”¹⁹, al haber desistido de estar presente en Chille durante la COP1 del Acuerdo de Escazú. Fue al canciller, cuyas funciones están también claramente definidas, a quien se delegó la participación presencial y decir algo; así como también a la vice presidenta E. Campbel, pero ella a distancia. Tomemos nota, se ha tratado de la Primera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú con sus 12 estados miembros plenos sin Costa Rica, llevada a cabo en la cede de la CEPAL en Chile del 20 al 22 de abril 2022²⁰. Sin embargo, transcurridos menos de dos meses, en la propia capital costarricense, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible del 7 al 9 de marzo, y el evento paralelo titulado “Los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”; la llamada banca multilateral y la OCDE se pronunciaron señalándolo “…como herramienta fundamental para generar certeza y estabilidad en las inversiones”^,21.¿Dónde quedó el “liderazgo ambiental” de nuestro presidente y su corte? Recordemos que mientras el gobierno de Alvarado llevó a cabo todas las acciones complementarias inclusive sin escatimar los onerosos costos (más de dos mil millones de colones anuales por membrecía) para meter a Costa Rica como miembro de esta alianza de países ricos del Planeta²²; paralelamente sucedió el boicot contra el Acuerdo de Escazú. Estas actuaciones no son jamás de ejemplo mundial; repudio y condena sí.Según el sitio web de la Agencia efe.com y la entrevista por parte de la periodista Alida Juliani a Carlos Alvarado durante su paso por Madrid²³, el presidente declaró que “dejará el poder con la casa ordenada, en lo financiero, medioambiental y en avances en derechos humanos”; lo cual, considera que es «un logro después de mucho tiempo de desórdenes». A su juicio, estos temas representan los grandes asuntos en los que ha trabajado su Gobierno y a la vez, los avances que se deben mantener en un «país moderno». Y si bien hace algunas referencias de los supuestos logros en lo social y financiero, en cuanto a lo ambiental se limitó a la simple cita. Por tal razón, al menos para esta ocasión, planteamos que fue lo mejor que pudo haber hecho, pues ante la regresión de normas y otras acechanzas de su gobierno en materia de evaluación de impacto ambiental y las consecuencias negativas, es decir daños ambientales^24,25 (según la contundente y consistente definición de la Ley 7554 y su Reglamento EIA) que ya se contabilizan, no hay palabras ni discursos que puedan ocultarlos. Para mayor detalle, es oportuno citar el artículo titulado: “La inconsecuente política ambiental de Costa Rica: un producto de las alianzas público-privadas”; publicado en el sitio web Rebelión del pasado 11 de diciembre 2021²⁶.

En la reseña de hechos de dicho artículo, se describe una lamentable situación, a la cual se condujo según su autor, a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental; institución pública de desconcentración máxima por mandato de Ley. De tal caso y dado la aparente ilegalidad, es crítica la intervención política dirigida desde la propia presidencia de la República a cargo de la esposa del presidente y un viceministerio incrustado en la Institución, operando este último por aproximadamente dos años; e irrespetando así el nivel de administración que caracteriza a éste Organo y su funcionalidad técnica. Además, aunque no constituyen los dos únicos puntos, se describe también una serie de reformas normativas, especialmente decretos ejecutivos y acuerdos administrativos que también, aparentemente contravienen el derecho ambiental dispuesto constitucionalmente y las leyes nacionales; en tanto se promulgaron con carácter de regresividad. Asunto verificable en la función rectora de la cual la Institución es responsable: la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de actividades, obras o proyectos irrestrictamente en concordancia a la Constitución, leyes y Reglamento.

De manera que, debe observarse la gravedad de los hechos descritos y entre las consecuencias directas, determinar puntualmente las cifras (miles) de proyectos, obras o actividades a los que, sólo por medio del decreto ejecutivo No. 41815-2019 se les derogó la responsabilidad y obligación legal de ser evaluados según la herramienta de la EIA dispuesta en el Artículo No. 17 de la Ley 7554. Trabajo a cargo únicamente de la Institución según esta misma Ley, pero que, durante aproximadamente tres años ya no cumple. No puede pasar desapercibido que, mientras esta disposición legal, establece la obligación de llevar a cabo el proceso evaluativo ex ante, y que de concluirse que el estudio técnico del caso que sea es cabalmente satisfactorio, el órgano colegiado resuelve el asunto emitiendo una resolución debidamente fundamentada sobre la aprobación del estudio; a partir de la cual iniciará la etapa de control y seguimiento ambiental. Sin embargo, con la reforma antes citada al Reglamento, no sólo se elimina esa evaluación al cambiarla por el registro administrativo sin mediar estudios técnicos, sino que, un funcionario que verifica el registro también es quien aprueba el proyecto mediante una nota sin fundamentación y ninguna participación del órgano colegiado. Mientras tanto, las mismas huestes de la secretaria anterior (Cinthya Barzuna) elevada hace pocos meses a vice ministra de mares, contingente de donde eligieron el actual y nuevo secretario, llevan más de dos años repitiendo que modernizaron la institución, acabaron con las presas de expedientes, y “están migrando a un sistema de control y seguimiento”; pues como que lo que antes hacían era “evaluación de escritorio”²⁷. Aseveración totalmente falsa. Pues que no lo cumplieran a cabalidad, es diferente.

Pero ¿Qué está sucediendo con los daños ambientales ya causados y los que seguirán acumulándose a nivel nacional, así como la colateral violación de derechos humanos consecuencia de esas decisiones y acciones tanto ejecutivas como administrativas, bajo argumentaciones sesgadas e inconsistentes, con las cuales, se alega que así corresponde por tratarse de proyectos de bajo impacto ambiental? Técnica y científicamente, en ninguna parte del mundo y por ende ni en Costa Rica, se ha demostrado hasta hoy, que alguna categoría de impacto clasificada como alto, medio o bajo; sea insignificante y por lo tanto puede omitirse el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando se desarrollan proyectos que clasifican bajo alguna de ellas; pues la sinergia y efectos acumulativos siempre estarán presentes en todos. Vale como ejemplo, el desastre ambiental de Crucitas²⁸, tan divulgado especialmente por intereses comerciales ligados al neo extractivismo y quienes, no dan igual cobertura a otros casos iguales o peores. Ahí, es real el impacto observado y los obvios daños ambientales causados por un tipo de minería que, no obstante por ser artesanal (coligalleros), definida según nuestra legislación como de pequeños operadores individuales o colectivos que laboran a pico y pala principalmente; podemos plantear que cada uno representa un proyecto de bajo impacto. Pero en este caso, han estado actuando en alto número y localizados en un espacio y tiempo dado; por lo tanto, el impacto que genera el conjunto o contingente de coligalleros, es sin duda alguna similar al de un proyecto de alto o muy alto impacto. Nada garantiza que si fuera la Cía. Infinito quien lleva a cabo tal explotación causara menos daños. Otro caso a la vista, es Guanacaste con la desertificación de suelos e insuficiencia del recurso agua, lo cual, esto no obedece a que un megaproyecto turístico o de otra naturaleza y por tanto de alto a muy alto impacto, se desarrolló por todo o gran parte del territorio provincial. Sino que, su principal causa son los Grandes, medianos y pequeños proyectos allí desarrollados hasta sobrepasar la carga ambiental sobre el recurso hídrico disponible y propia del territorio. Y con PACUME²⁹ que será “agua para ampliar y prolongar la prosperidad del empresariado que seguirá expropiando a los guanacastecos, a corto o mediano plazo pedirá un PACUME 2; así haya que continuar cercenando Areas Silvestres Protegidas de incalculable riqueza bilógica como Lomas Barbudal. Vale recordar que, a PACUME le antecede el proyecto de Riego Arenal-Tempisque.

Mediante consulta al sitio web y archivos de la institución (SETENA), más otras fuentes periodísticas de información, hemos procurado dar seguimiento a estos hechos y actualizar cifras; a fin de procurar mayor conciencia en la ciudadanía acerca del desastre ambiental, y por ende, “el desorden en que dejan la casa” en lo ambiental, producto de las acciones inescrupulosas del gobierno saliente. Por lo tanto, ¿Qué ha sucedido y sigue sucediendo con los proyectos, obras o actividades que, según la Ley vigente se deben evaluar técnica y científicamente, a fin de identificar y prevenir sus impactos ambientales con medidas apropiadas, y de tal manera evitar los posibles daños ambientales cuyo carácter es irreversible; pero que mediante el D.E.N° 41815-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC vigente desde el 05 de julio del 2019 fue derogada tal obligación? Véase por ejemplo lo que al respecto dice el señor Ulises Alvarez secretario actual de la SETENA en su ambiguo e inconsistente Informe 2021: “El principal cambio que aporta este Decreto es que elimina el requisito de los trámites D2 pasen por la Comisión Plenaria”. Ahora, como simple registro y permiso inmediato, es un trámite que tarda 1,9 días. Y para mayores detalles de estos proyectos, estimados a priori como de bajo impacto ambiental por la parte desarrolladora y que luego de presentados casi automáticamente quedan registrados y con permiso dudoso de qué; por ser los más numerosos, se complementa el siguiente abordaje:

Cuadro 1. Efectos en los trámites ante la SETENA producto de reformas regresivas al Reglamento General de la EIA en el período 2018-2022

*Cifras registradas durante el 2022 con corte al 18 de abril

**Cifra registrada a partir del 10 de julio al 20 de diciembre 2019

Corresponde aclarar que, los datos del presente cuadro, si bien no representan la totalidad de los trámites que atiende esta institución anualmente con los denominados documentos de evaluación D1, D2 y otros; estos dos representan un porcentaje mayor al 90 % del total. Razón por la cual, para lo que interesa destacar, se consideró irrelevante la inclusión de los otros.

Como se puede observar, la citada reforma ha contribuido a que, durante lo que lleva de vigencia, aproximadamente 3213 proyectos al parecer categorizados como de bajo impacto ambiental, no han recibido la Evaluación de Impacto Ambiental estipulada por Ley. Es decir, los que se hayan desarrollado, han impactado sobre el medio ambiente en ausencia de las previsiones y mitigaciones técnicas de rigor; consecuentemente derivando daños ambientales a nivel nacional, cuya acumulación, anualmente ha crecido y de hecho es cada vez mayor. Este, es un hecho fehaciente para plantear que el síndrome Crucitas, por esta vía se extendió a todo el territorio de Costa Rica a contra pelo del desarrollo ambientalmente sostenible. Además, estas cifras muestran una correlación significativa con el aumento, también anual de denuncias ambientales registradas por el MINAE. Ya que, de acuerdo con el sistema llamado SITADA^30,31 y que coordina la Contraloría Ambiental para el recibo de las denuncias ambientales, tales acciones “se dispararon en un 86%” a partir del año 2018 con 3620 casos registrados. Luego, 5234 el siguiente año 2019, 5734 el 2020 y 6977 en el 2021. Por su parte, el Organismo de Investigaciones Judiciales (OIJ), integrante de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental; dado sus preocupaciones al respecto, le llevó a hacer efectiva la creación de una unidad especializada y dedicada a investigar los delitos ambientales, asignando 18 funcionarios quienes empezaron su labor el pasado 1 de abril 2022. “Según un comunicado de la Policía Judicial, el incremento en las denuncias por daño al medio ambiente “hace apremiante el abordaje de este delito con una sección especializada…”^32,33. La atención de este tipo de denuncias por parte de la SETENA, es otro tema crítico que merece abordaje específico. En el artículo antes citado del sitio web Rebelión, se refieren algunos casos que deberían estar en manos de la Comisión que integra el OIJ así como de la oficina especializada; y determinar si ahora sí existe esperanza de sentar responsabilidades de quienes dañan el ambiente.

Cuando el presidente Alvarado firmó el referido Decreto que llamamos regresivo, en su alocución, entre otras cosas dijo que, la reforma permitiría tramitar “en tiempo récord de 1 minuto” y obviamente sin ser evaluados, un porcentaje equivalente al 54% de los procesos que tramitaba la SETENA³⁴. La cifra en sí misma era cierta. Pero, los datos nos demuestran, que, al llegar aproximadamente a tres años de esa decisión, quizás en unión de otras prácticas comunes y vicios que afectan la Institución (ej.: oficios de exoneración de obligaciones sin criterio técnico), se observa un efecto dominó; pues ese porcentaje ha venido en aumento y ya ronda el 70%. Vale decir: en tres años, un aproximado al 70% de la función esencial de la SETENA, prácticamente no se lleva a cabo. Mientras tanto, en lugar de movilidad laboral como lógica respuesta a la “modernización” y relegación de funciones, lo observado también en el informe 2021del secretario, son recalificaciones y ascensos de personal. Además, entre la lista de debilidades, describe que el recurso humano es limitado, con baja experiencia institucional y poca capacitación.

En fin, este es parte del verdadero ordenamiento de la casa que nos deja Carlos Alvarado Quesada, donde el que la recibe no da señales de rumbo diferente si “por las vísperas ya conocemos el santo y sus ángeles”. Es por ejemplo el caso del entrante ministro de ambiente. Quién lo nombró, a pesar de quien lo presentó, no lo sabemos. Pero, como dicen algunos ecologistas³⁵, a sus “enemigos imaginarios” sí. También, nos recuerda este ungido, la sorpresa vivida por un amigo, cuando, al atender una consultoría internacional para cierto país suramericano y le tocó visitar el despacho del ministro de ambiente; al observar en una pared de la oficina ministerial, nada menos que, la exhibición de una imagen alusiva a la transnacional Monsanto. De seguro, reveladora de los padrinos del ministro de allá, eso sí, sin olvidar que también en nuestra casa hay “anécdotas” de igual tipo.

Y así se empieza a escribir la historia de un presidente parejo, que, como por hechizo o tal vez lo real maravilloso, cayó en el poder con buenas intenciones de alinear un desordenado “Macondo” en América Central. Dijo al inicio que, trabajando y trabajando. Pero hasta ahora empezamos a verlo, era en el rescate de los mitos más profundos o escondidos en este territorio; los cuales, en competencia por el mundo voló y voló a aventurar. Hoy, al final de su novelesca travesía y el liderazgo de que todavía se cree que condujo³⁶ sin igual por las premiaciones recogidas; el premio de lo realmente maravilloso de su obra, es lo último que mejor le han otorgado a nivel continental y lo llevará colgando siempre. Y aunque no da muestra de haber vuelto a la realidad, lo queremos comprender. En su soledad sólo lo acompaña un duque del Sur. Qué pena, pues por el Norte ríen desde lo alto, mientras ni los correligionarios que desde el Buenos Aires se fueron a celebrar su extinción partidaria, lo acompañan. Y como la fantasía es infinita, este espectador desea 100 años “vivir para contarla”. Buen día señor presidente.

Referencias

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2. https://heraldodemexico.com.mx/temas/eden-sustentable-49180.html

3.https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/20565/198_16-17.pdf

4. https://www.ambientico.una.ac.cr/wp-content/uploads/tainacan-items/5/463/7_3-4.pdf

5.https://www.ucr.ac.cr/noticias/2021/05/10/la-ucr-insta-al-gobierno-y-a-la-asamblea-legislativa-a-ratificar-el-acuerdo-del-escazu.html

6.https://www.elpais.cr/2022/03/17/consejo-universitario-de-la-una-a-favor-del-acuerdo-de-escazu/

7. https://www.elpais.cr/2022/02/28/las-palabras-del-padre-de-jerhy-rivera/

8.https://costaricaintegra.org/comunicados-de-prensa/bicentenario-sin-derecho-pleno-de-acceso-a-la-informacion/

9.http://www.oacnudh.org/costa-rica-se-necesitan-reformas-urgentes-sobre-los-derechos-de-los-pueblos-indigenas-dice-el-experto-de-la-onu/

10.https://semanariouniversidad.com/pais/mas-de-80-agresiones-contra-pueblos-indigenas-fueron-documentadas-en-la-zona-sur-durante-2020/

11.https://anep.cr/dirigentes-sindicales-perseguidos-en-el-gobierno-de-carlos-alvarado-violador-de-derechos-humanos/

12.https://www.informa-tico.com/29-03-2016/jairo-mora-justicia-impunidad

13.https://www.cepal.org/es/noticias/presidente-costa-rica-vicesecretaria-general-la-onu-secretaria-ejecutiva-la-cepal

14.https://www.monumental.co.cr/2021/02/09/fiscalia-abrio-17-causas-penales-contra-presidente-carlos-alvarado-en-lo-que-va-de-su-mandato/

15.https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/473293/presidente-tiene-13-causas-penales-abiertas

16.https://www.dw.com/es/chile-quiere-recuperar-el-liderazgo-del-acuerdo-de-escazu/a-61246221

17. Acuerdo de Escazú: la deuda de Costa Rica con las comunidades indígenas | Diario Digital Nuestro País (elpais.cr)

18.https://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/474527/8-000-personas-presentaron-su-curr-culo-a-chaves-

19. ttps://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Ambiente_y_Energ_(Costa_Rica)

20.https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-04-20/solo-12-paises-han-ratificado-hasta-ahora-el-primer-gran-tratado-ambiental-de-latinoamerica.html

21.https://acuerdodeescazu.cepal.org/cop1/es/noticias/banca-multilateral-ocde-consideran-fundamental-acuerdo-escazu-generar-un-clima-inversiones

22. https://www.oecd.org/acerca/miembros-y-socios/
23. https://www.efe.com/efe/espana/mundo/carlos-alvarado-dejamos-la-casa-ordenada-y-eso-es-un-logro/10001-4772294

24.https://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=27738&nValor3=93505&strTipM=TC

25.http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=53029&nValor3=93264&strTipM=TC

26.https://rebelion.org/la-inconsecuente-politica-ambiental-de-costa-rica-un-producto-de-las-alianzas-publico-privadas/

27.https://www.setena.go.cr › documentos › Informes/Informe anual de labores 2021

28.https://semanariouniversidad.com/pais/la-nefasta-herencia-de-la-fiebre-del-oro-en-crucitas/

29.https://www.periodicomensaje.com/guanacaste/5282-al-fin-proyecto-paacume-es-declarado-constitucional-y-podra-seguir-su-rumbo

30. https://www.larepublica.net/noticia/denuncias-ambientales-aumentaron-un-86-en-2018

31.https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/290-21-denuncias-sitada

32.https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/oij-estrena-seccion-especializada-en-dano-a-mantos/JS66LPNS2JE2NNXQIV2REJSENE/story/

33.https://enbcr.go.cr/sites/default/files/informe_labores_2019_comision_nacional_seguridad_ambiental.pdf

34.https://www.larepublica.net/noticia/54-del-total-de-trabajo-que-realiza-setena-se-hara-en-linea

35.https://www.elpais.cr/2022/04/26/los-enemigos-imaginarios-del-ministro-franz-tattenbach/

36.https://www.elpais.cr/2022/04/28/alvarado-abogo-porque-costa-rica-continue-liderazgo-ambiental/

Imagen tomada de civilsocietyreview.org