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Autor: María José Ferlini Cartín

El Gobierno de Chaves presentará retrocesos y erosión de controles en materia de plaguicidas como avances

Trece acciones de la administración Chaves-Robles que han empeorado la crisis por contaminación con plaguicidas.

(21 de agosto 2025. Bloqueverde) El día de mañana viernes 22 de agosto, los ministros de ambiente, salud y agricultura harán una conferencia de prensa en el IICA en Coronado titulada “Avances en la gestión responsable de Agroquímicos” Un intento desesperado por hacer campaña política con la contaminación por plaguicidas.

La administración Chaves Robles ha agravado la crisis por contaminación con plaguicidas, incluso peor que administraciones anteriores, la diferencia es que ahora la erosión de controles y la tolerancia a la contaminación por parte de las autoridades se volvió política pública. Aunque no es una lista exhaustiva pasamos a mencionar algunos puntos relevantes sobre el agravamiento de crisis de contaminación con plaguicidas.

1. El Ministerio de Salud ha modificado el Reglamento de Agua Potable para permitir una mayor concentración de plaguicidas en el agua que tomamos en Costa Rica. Esta desmejora se hizo en el marco de la crisis de contaminación por Clorotalonil que viven diversas comunidades, un plaguicida prohibido en más de 35 países y que es catalogado como cancerinogénico. La ministra de Salud intenta aumentar en 800 veces el valor vigente en la norma nacional de residuos del agrotóxico clorotalonil.

2. En esta administración se ha implementado una forma de registro de plaguicidas que se le conoce como “registro por homologación” en la que se están registrando las moléculas viejas y que deberían de salir del mercado por su peligrosidad. Pero esto lo plantean las autoridades como “una modernización de alternativas para el agricultor”. Esos registros por homologación sólo los revisa el MAG-SFE y están permitiendo registros con información incompleta y evaluaciones ambientales parciales.

3. Se flexibiliza el registro de plaguicidas. El gobierno de Chaves incorporó otra forma de registro para facilitar aún más y que cualquiera que no tenga información propia de su producto, la pueda sacar de Internet y con eso registrar y vender. Existen inconsistencias técnicas para que avalen estos registros

4. MAG no permite el avance en la emisión de un reglamento para aplicaciones terrestres, porque quiere que las distancias entre una casa y la aplicación de venenos sea entre 0 y 5 metros. Es decir, EL MAG desea que le apliquen plaguicidas en el portón de su casa o escuela, clínica, etc.

5. Las escuelas que han tenido que ser evacuadas por ser impactadas por la deriva de las fumigaciones con agroquímicos no han recibido ninguna atención por parte de las autoridades. Cientos de niños y niñas que esperan recibir enseñanza han tenido que ser llevados al hospital con cuadros de intoxicaciones graves con plaguicidas debido a sus vecinos negligentes. El proyecto de ley 23697 que ayudaría a evitar este tipo de percances ha recibido la oposición de la fracción oficialista.

6. Este gobierno insiste en que los drones se consideren “equipo terrestre” para poder usar cualquier plaguicida sin las regulaciones de seguridad que pide Aviación Civil y las regulaciones de fumigación aérea existentes.

7. MAG ha impedido que se prohíba el fipronil en la agricultura, desobedeciendo el fallo de la Sala Constitucional para proteger las abejas y otros polinizadores. Hay que recordar que el insecticida fipronil es catalogado cómo el mayor asesino de abejas y se encuentra prohibido en muchos países del mundo por esta misma razón. Sumado a esto, la administración chavista engañó al país con el decreto que según ellos prohibía el fipronil, pero esto no era así. Es falso que el decreto ejecutivo 43767 proteja a las abejas, porque el uso industrial y profesional solamente se refiere a la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas. En cambio el uso en campos agrícolas es el que verdaderamente mata a las abeja, y esa aplicación sigue siendo legal.

8. Las autoridades justificaron ante el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes la necesidad de mantener el uso de clorpirifos en Costa Rica a pesar de que este convenio de Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de retirarlo del mercado desde el año 2022 por sus impactos a la salud humana, especialmente en niños y niñas.

9. El día de mañana se anunciará una lista de 18 moléculas como una supuesta reducción de plaguicidas, pero sólo es una limitación para una forma de registro (ya que existen varias). En realidad, sólo se dejarán de usar ciertas formulaciones, mientras que el grueso de los formulados con esas mismas moléculas seguirá a la venta. Para que esas moléculas se dejen de usar realmente, hay que hacer informes entre los 3 ministerios (MAG, MINAE, MINSA), como lo dicta la legislación y analizar qué criterios tienen más peso; la protección de la salud y el ambiente o la producción agrícola con plaguicidas.

10. El SFE está obligado todos los años a medir los residuos de plaguicidas que tienen los alimentos frescos que se comercializan en Costa Rica. Para el informe publicado este año las muestras de frutas, hortalizas y vegetales fueron recolectadas en fincas con programas de reducción de plaguicidas, parte del programa de Buenas Prácticas Agrícolas en su gran mayoría y no reflejan de ninguna manera una muestra representativa de la realidad nacional. Ya que el grueso de la producción no implementa ningún método de reducción de pesticidas.

11. El Ministerio de Salud durante esta administración ha debilitado la Unidad de Registro de Plaguicidas quitándole personal y erosionando la capacidad de advertir los riesgos a la salud de los plaguicidas que se comercializan en el país. Debilitando así el criterio técnico que por ley le corresponde al MINSA.

12. En esta administración la inacción ante eventos de contaminación ha sido la constante. La biodiversidad ha sufrido repetidos eventos de contaminación en cuerpos de agua como el Humedal de la Laguna Madre de Dios en Batán donde han sido ampliamente denunciadas por vecinos y pescadores de la zona, pero sólo reciben silencio institucional.

13. El año pasado vimos cómo el gobierno chavista desmanteló el Departamento de Agricultura Orgánica, pese a denuncias de los productores agroecológicos.

Mientras esto pasa, la Casa Presidencial impulsa la Alianza del Pacífico con impactos irreversibles a la soberanía alimentaria de nuestro país. El ministro de agricultura no deja de defender la importación de arroz, cebolla, papa y cualquier otra cosa que le pidan los financistas de la campaña chavista.

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Como parte de los grupos que respaldan y se solidaricen con la lucha de los pueblos originarios para recuperar sus territorios, su cultura y su espiritualidad, apoyamos los recientes comunicados del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) para denunciar y detener la reciente ola de hostigamiento y amenazas en contra de la vida e integridad de Pablo Sivas.

También la compañera indígena bröran Melissa Garbanzo ha recibido, una vez más, merodeo y estacionamiento sospechoso de motociclistas frente a su vivienda y lanzamiento de piedras contra su casa, tanto ella como sus hijos e hijas se encuentran desprotegidos. Se debe recordar que el testimonio de esta compañera ha sido fundamental durante los dos juicios acerca del asesinato de Jehry Rivera R.

La Coordinadora de Lucha Sur Sur reportó, durante el año 2024, diecinueve amenazas de muerte contra personas indígenas de diferentes pueblos y territorios originarios.

El horror y el terror ejercido por parte de los ocupantes ilegales y las personas allegadas a estos contra la población habitante de los territorios ancestrales son práctica cotidiana a la vista cómplice de las autoridades locales y nacionales.

Por tanto, exigimos que el Estado costarricense cumpla con:

• La Constitución Política de Costa Rica.

• El Convenio 169 de la OIT.

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

• La Ley N.º 9038 sobre violencia contra las mujeres.

• La jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por el respeto a la integridad y la vida de los pueblos originarios

Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera

Asociación de Cooperativas Europeas Longo Mai, Asociación UNAPROA,

Frente Ecologista Universitario-FECOU,

Fundación Pedagógica Nuestramérica,

Movimiento de Trabajadores y Campesinos-MTC,

Movimiento Ríos Vivos

Libertad inmediata y respeto a su integridad a Leocadio Juracán Salomé, líder kakchikel y exdiputado del Congreso de Guatemala

Adendum:

Compartimos la alegría, con el compañero Leocadio, su familia y comunidad, porque el pasado lunes 18 de agosto, en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Puerto Barrios, Izabal, el juez Fabián de León Pérez dictaminó Libertad condicional, aunque imponiéndole una multa de Q50 mil. Antes del 5 de febrero, 2026, el Ministerio Público presentará la conclusión de este claro proceso de criminalización y judicialización, como defensor comunitario.

Urge mantenernos en alerta ya que estos atropellos a los derechos humanos de los pueblos, lideresas y líderes indígenas son sistemáticos en Guatemala.

20 de agosto, 2025

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos denunciamos a nivel internacional que el día 13 de agosto, 2025, en Guatemala fue detenido arbitrariamente Leocadio Juracan Salome, dirigente histórico del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), una de las principales organizaciones indígena-campesina de Guatemala.
Leocadio es el fundador de Café Justicia, instancia social colectiva del CCDA que apoya a pequeñas y pequeños productores en el altiplano guatemalteco, gracias a la solidaridad de organizaciones canadienses. También fue diputado entre 2015 y 2018 por el partido Convergencia.


Actualmente, Leocadio tiene el cargo de director del programa de Justicia Agraria del CCDA que acompaña a comunidades campesinas amenazadas por desalojos forzosos. Leocadio fue detenido el 13 de agosto en el aeropuerto Aurora de la Ciudad de Guatemala, cuando iba a abordar vuelo hacia Suráfrica, invitado como ponente en una conferencia sobre campesinado en defensa de la sostenibilidad ambiental. Está acusado de «usurpación agravada» por su acompañamiento a una comunidad amenazada con desalojo, en el departamento de Izabal, retenido en la cárcel Mariscal Zavala, en la ciudad capital.


¡Liberen inmediatamente a Leocadio Juracán Salomé!


Garanticen su protección.


Cumplan con las recomendaciones recientes del Relator Especial de la ONU de declarar una moratoria inmediata de los desalojos forzados y de otorgar la amnistía

a todas las defensoras y defensores criminalizados.

Pongan fin a la criminalización de las y los integrantes, lideresas y líderes de las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas.

Cc.
Ana Glenda Tager Rosado, Secretariada Privada al Presidente, – informacion@secretariaprivada.gob.gt
Francisco Jiménez Irungaray, Ministro de Gobernación – despachoministerial@mingob.gob.gt
Claudia Samayoa, Asesora al Ministro de Gobernación – ddhh3@mingob.gob.gt

FIRMAS

Apoyo a nivel nacional e internacional

Argentina

Patricia Isabel Machado/Colectivo Rodolfo Walsh/6137305

Bolivia

Adriana Guzmán Arroyo/ /Feminismo Comunitario Antipatriarcal/ZE96639

Costa Rica

Allen Cordero Ulate/Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)

Amalia Vargas/Personal

Ángelo Monge Montero/Personal/112430155

Astrid Barrera/Partido Vanguardia Popular (PVP)/117000648326

Clarita Quiel Torres/Cabagra, Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök

David Morera Herrera/Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores (PRT)

106440113

Edison Valverde Araya/Buen Vivir-Costa Rica/103460024

Eli Ortiz Torres/Organización Autónoma Propia del pueblo Bribri

Consejo Iriria Sätkök 602620750

Esteban Fernández/Organización Socialista Revolucionaria-Costa Rica (OSR)

Guadalupe Urbina Juárez/Música Gestión cultural comunitaria /501830490/

Guiomar del Rocío Martín Tedman /Personal/103550418

Hazel Hernández Coronado/Sind. de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)

B00302127

Isabel Ducca Durán/Personal/105640060

Joaquín Meléndez González

Ligia Barrantes Cartín /Justicia para Jerhy/900710454

Luis Sarkis Salas/Partido Izquierda Costarricense (PIZCO)/105600606

Marbella Martín Fragachán/Internacional Antifacista Capítulo Costa Rica

María Trejos Montero/MTC y activista DDHH /106890938

María Vázquez Orozco/Personal/207330880

Marielos Muñóz Solórzano/MTC y Bloque de Vivienda/603340348/

Marylin Morris Zúñiga/MTC

Orlando Barrantes Cartín/MTC y Bloque de Vivienda/104260775

Miguel Barrios Gutiérrez/ PRT/301560323

Mónica Alemán Araya/Coordinadora por la Liberación Animal/116540961

Ronald Solís/MTC/204940381

Rosángela Cortés Barquero/MTC/701400120

Tyron Esna Montero/ SITRAPEQUIA/70090574

Wilson Arroyo Oconitrillo/Músico e historiador/206880354

Yamileth Monterrey López /Justicia para Jerhy/800580801/

Ecuador

Fabiola Falconi /Aula de Derechos Humanos de la Universidad de Cuenca/0101667848

Kemi María Loor Solórzano/Unión de Educadores de Ecuador (UNE)/1306642735/

Isabel Vargas Torres/Presidenta Federación de Barrios de Quito

Sisa Pacari Saraguro /Organización del Pueblo Saraguro

Suy Wong/Red de Solidaridad con Palestina

El Salvador

Javier Sibrián, personal/Maestro jubilado/02607648-5

Rosa Cándida Membreño Hernández/Maestra jubilada/027135494

Estados Unidos

Ivonne García Bueso/Asociación Solidaria Comparte/0501-196003679

Estado español

Pedro Polo Fernández/Ensenyans Solidaris/04517921P

Honduras

Gerson Miller Wood/Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH) /902199100295

María Dolores Escobar Salgado/Presidenta COLPEDAGOGOSH/1503196901251

Roy Marín Hernández/Guancasco/1006 1973 00217

Guatemala

Delmi Arriaza Pontaza/Activista

Egil Iván Galindo Ovalle/Personal/1869916731009

Elvira López/Personal/2423737980101

Ricardo Gabriel Vázquez/Instituto Maya Mam K’ulb’il Nab’il /1725146491319

México

Raquel Godínez Solíz/MMPV-CNTE/GOSR680710

Panamá

Luzmila Sánchez Cosio/Personal

Venezuela

Alba Carosio/REMTE LA/11858059

Isidro Ramírez /Lauicom /5459169

Otros países

Aída Campod

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Integrantes del Consejo Consultivo:

Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Guatemala Hugo Garrido Secretario Ejecutivo de la Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Honduras Coordinador General Christopher Castillo de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACMDr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.

Organizaciones integrantes:

Soldepaz – Pachakuti de España; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza, de Suiza; Observatorio de Derechos Humanos Capítulo EU, Alianza por la Justicia Global, SOA Watch – Observatorio por el Cierre de las Escuela de la Américas de Estados Unidos; Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Red de Colectivos La Araña Feminista, Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Movimiento Cultural Campesino Los Arangues de Venezuela; Colombianas y Colombianos por la Paz, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Observatorio de Paz, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Sur Occidente Colombiano Antonieta Mércury; Sindicato Nacional Memoria Viva de Colombia; Conferencia de Iglesias Evangélicas de Guatemala – CIEDEG Guatemala; Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha (UOSISP) de Ecuador; Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB); Alianza por un mejor Darién – AMEDAR de Panamá; Movimiento Alfa y Omega de Perú; Movimiento de Favelas de Rio Janeiro Brasil; Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid (Stop the Wall), Coalición de la Defensa de la Tierra Palestina Unión Palestina Campesina (Palestinian Farmers Union) de Palestina; Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) de Honduras; Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), Centro de Atención en Derechos Humanos a la Mujer y el Menor Indígena (CADHMMI) y Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH), Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en San Salvador Atenco (FPDT-Atenco), Taller del Sur, Colectivo de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México – Centro Cultural Las Jarillas, Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas (OPEZ – FOSICH), Colectivo Ocho Trueno, Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino (CUSPPA), Colectivo Insurrección Visual, Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA – UNAM) de México; Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC de Costa Rica; Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América y ComuniSur referentes internacionales de comunicación popular.

Carta de la contralora al presidente y anexos que deben leerse en conferencia de prensa

La contralora general, Marta E. Acosta Zúñiga exigió al presidente Chaves un derecho de respuesta que debe leerse en la próxima conferencia de prensa. SURCOS transcribe la carta íntegra y ofrece en el último párrafo el enlace al documento anexo que contiene el texto que debe leerse. La exigencia de la contralora se da al “amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”.

Señor
Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Señor Presidente:

El pasado miércoles 20 de agosto, al final de la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial y dirigida por usted, en el período de consultas, pero también en otros espacios públicos en los que participa, falsamente se atribuyen actuaciones a los funcionarios y funcionarios de la Contraloría General de la República; falsedad que se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos. Lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud; entre otros, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable.

Estupor causa que durante la conferencia y ante consulta de un periodista, su respuesta haya sido decir: “Uy don Nino, yo creí que ya le había dado suficiente a la Contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar, je je je”. Respuesta violenta y además misógina hacia mi persona, así como irrespetuosa hacia la entidad que represento. Han sido meses de agresiones; todas ellas debidamente documentadas como lo exige la ley para cualquier demanda o proceso judicial posterior.

Uno de los temas expuestos en la conferencia corresponde a las Escuelas Santa Elena en Monteverde y Portalón en Quepos, con respecto a las cuales se nos endilgan actuaciones ilegales cuando lo cierto es que la actuación de la División de Contratación Pública de la CGR se enfoca en resolver dos recursos de apelación, respetando los procedimientos BCIE y las condiciones específicas, a partir de las cuales se anuló la decisión del Ministerio de Educación Pública de declarar fracasadas las licitaciones.

No es ganancia para las comunidades que por aspectos intrascendentes se declaren fracasadas las licitaciones promovidas para construir las escuelas, ni tampoco plantear cuestionamientos que no fueron vistos en apelación. El MEP es quien puede seguir con los procedimientos y permitir la construcción. A las comunidades afectadas y al país debe decírseles la verdad, la resolución de la Contraloría General permite seguir con el trámite que el mismo Ministerio de Educación frenó en su momento por un tema intrascendente.

Si ya es nefasto pretender obstaculizar que se sigan los procedimientos iniciados para la construcción de las escuelas también lo es referirse al Hospital de Cartago para atribuirle a la Contraloría el supuesto incumplimiento de plazos para resolver. Le recuerdo que esta contratación cuenta con adjudicación en firme y que pese a ello la CCSS demoró un mes el envío de información necesaria para concluir el estudio del proceso de refrendo, siendo responsabilidad de la CCSS presentar los documentos completos oportunamente, máxime que se trata de la satisfacción de necesidades apremiantes de las personas.

A todo ello, se suma utilizar la inauguración de la nueva sede de Coopesalud, en el Llano de Desamparados, el 19 de agosto anterior como espacio para atacar a los funcionarios de esta Contraloría General en relación con el caso “Barrenador”, llamándonos “sinvergüenzas” y acusándonos de tener una alianza “inmoral” con otros funcionarios y de los delitos de colusión y corrupción.

Rechazamos las declaraciones difamatorias y calumniosas que con tanta facilidad y sin prueba alguna se lanzan contra funcionarios de la Contraloría General. Nuestras actuaciones ajustadas a la técnica y a la ley no han tenido nunca un afán intimidatorio como sí lo tiene la campaña sistemática de ofensas, violencia y mentiras que desde hace meses recibimos. Demandamos que cese inmediatamente ese tipo de manifestaciones y si tiene pruebas presente las denuncias que correspondan. La dignidad de nuestros funcionarios y la autonomía de esta institución son innegociables.

Por la extensión de sus declaraciones, las respectivas transcripciones y nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por brindar las declaraciones en un formato de amplia difusión en youtube y por redes sociales en el que se intercalan también presentaciones en videos previamente preparados.

Seguiremos cumpliendo con nuestra responsabilidad de forma firme e indeclinable.

Sin otro particular,
Marta E. Acosta Zúñiga
Contralora General de la República

Pueblos que defienden sus ríos se reúnen en el Encuentro «Jäküii-Pacuare+20+10»

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. Proyectos Alternativos/PROAL-JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Matando la electricidad pública

El gobierno de Costa Rica dirige el capítulo actual de la guerra para demoler de cualquier institución de servicio social y solidario; y eso incluye el sistema público de electricidad. La visión original del modelo eléctrico impulsado a partir de 1949 se orientaba a fortalecer el servicio social y público de electricidad para atender las necesidades del crecimiento productivo, pero además las necesidades de toda la sociedad, incluidos los grupos sociales más pobres y vulnerables. Ese modelo respondía a la inclusión y la solidaridaridad. Por eso la cobertura universal y las tarifas justas también fueron atributos del modelo original.

Pero, desde la aprobación de la ley 7200 “Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, el 18 de octubre de 1990 (gobierno PUSC/Calderón Fournier), y el cambio del capítulo II de esa ley, conocida como Ley 7508, el 9 de mayo de 1995 (gobierno PLN/Figueres Olsen), gobiernos, partidos políticos y empresarios privados, formaron un único equipo para implantar un nuevo modelo eléctrico dirigido al lucro privado. A pesar de que con esas dos leyes siguen ganando verdaderas forturnas , lo cual está comprobado y expuesto por la Contraloría General de la República, han llevado a la Asamblea Legislativa al menos ocho proyectos de ley para mayor “apertura”, es decir, más privatización del sistema eléctrico público.

Entonces, no sorprende que el Ejecutivo intente imponer de manera temeraria el mecanismo de la “vía rápida” para tramitar el proyecto de ley 23.414 que contrario a “armonizar”, asegura la privatización y entierro del servicio eléctrico público . De aprobarse este proyecto todas las cualidades de nuestro sistema eléctrico desaparecerán. No hay un solo país en el que se registren mejores tarifas para la gente tras la privatización, como en los mercados de Centroamérica, que los generadores privados quieren arrebatarle al ICE. España es un caso de revisión obligado si de conocer el fracaso rotundo de la privatización se trata . En todo el mundo lo que ha habido tras la privatización es racionamiento, apagones y tarifas más altas y, en consecuencia, mayores fortunas para las empresas privadas. Ahí radica la diferencia entre un modelo público, incluyente, solidario y justo y un modelo privatizado.

Pueblos que defienden y salvan ríos

En el marco de esta nueva arremetida privatizadora es que celebraremos el 20 aniversario del plebiscito del 28 de agosto de 2005, en el que 8.159 personas (97%) votaron “NO” a las represas en el río Jäküii/Pacuare. Y también conmemoramos diez años de refuerzo de la defensa del Jäküii porque el 29 de agosto de 2015, el Gobierno de Costa Rica, atendiendo los argumentos de organizaciones sociales y comunidades, firmó un Decreto Ejecutivo para impedir, por 25 años, la construcción de represas en los ríos Jäküii/Pacuare y Savegre. Por eso nuestro Encuentro se llama JÄKÜII-PACUARE +20 +10.

Esos triunfos se alcanzaron tras décadas de organización y trabajo conjunto entre el Pueblo Originario Cabécar de muchas comunidades de Duchíí Täwä y de Nairí Awarí, comunidades campesinas de la cuenca media del Pacuare y organizaciones nacionales con la dirección de la Asociación Proyectos Alternativos, PROAL, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra, FECON y muchas organizaciones locales de Turrialba y algunas autoridades políticas y empresas de rafting.

Otro triunfo de las mismas organizaciones sociales que defendimos el Jäküii se logró ante el proyecto hidroeléctrico Boyei o Ayil en territorio Cabécar en el río Duchíí (Chirripó) donde se pretendía construir una mega hidroeléctrica de 200 megavatios que hubiera sido devastadora para decenas de comunidades cabécar. Luego se sumó la “suspensión” de la hidroeléctrica Diquís (635 megavatios), aunque ya reapareció en los planes de expansión de electricidad de Costa Rica. A esos casos de proyectos estatales se han sumado muchos más de empresas privadas, como el PH San Rafael, derrotado tras muchos años de lucha comunitaria y nacional. También, por la lucha de organizaciones y comunidades de Turrialba no se construyeron los proyectos privados PH Bonilla 510 y PH Bonilla 1320 de la empresa HSolís, igual que el PH San Rafael. Estos y muchos otros casos son evidencia de que seguimos priorizando el bienestar y los derechos de la gente y los ecosistemas frente a la explotación ilimitada de la Tierra y los negocios privados que, en el caso de la electricidad, es lo que asegura el proyecto 23.414.

Si bien el plebiscito y el decreto fueron avances importantísimos, la presión por construir más hidroeléctricas se mantiene. Las siguen calificando como energía “limpia” y “verde” y se desconocen sus impactos destructivos, con lo cual se justifican los negocios privados de generación y venta de electricidad. Ante esas amenazas, también desde hace más de tres décadas, somos las organizaciones y comunidades las que hemos colocado la discusión para definir topes al crecimiento energético ilimitado y asegurar respeto a pueblos, ríos y ecosistemas. También hemos hecho preguntas indispensables como ¿cuál es el modelo energético y eléctrico que necesitamos? pues de esto depende si la electricidad se fortalece como servicio público o se degenera como negocio privado.

Celebramos JÄKÜII-PACUARE +20 +10” (ver documental) porque mantenemos la defensa de los derechos de los ríos y buscamos que la electricidad sea un derecho fundamental de todas las personas, independientemente de su condición económica. Ésa es una meta en Costa Rica y en todo el mundo; pero sobre todo en muchos países de Latinoamérica y África, donde pueblos enteros son reprimidos, asesinados y desplazados de sus territorios para construir megarepresas y otros proyectos energéticos. Nuestros logros se suman a las luchas y resistencias en América Latina pero defender esos derechos tiene consecuencias tenebrosas: tan solo en 2023 fueron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el mundo. Según el Informe de Global Witness publicado el 10 de setiembre 2024 en Londres, Inglaterra, el saldo de asesinatos acumulados entre 2012 y 2023 es de 2.106 .

Derechos para los ríos

En el encuentro Jäküii-Pacuare-Costa Rica reforzaremos vínculos para la organización por la defensa de los derechos de los pueblos, los ríos, los territorios, los bienes de la Tierra de uso colectivo y, con toda preocupación, los derechos de los Pueblos Originarios pues sus territorios contienen ríos que gobiernos y empresas consideran de “gran potencial energético”, lo que provoca su asedio permanente. Para los pueblos y nuestras organizaciones se trata de avanzar hacia modelos energéticos y eléctricos que aseguren servicios públicos con acceso universal y justo, a precios regulados, subsidiados y bajos según la condición económica de la gente. Desde una visión incluyente y solidaria con todas las poblaciones, las energías y la electricidad deben ser derechos humanos básicos de las personas.

Todos esos temas críticos, pero también la alegría de los re-encuentros, los hemos resumido en el objetivo de “fortalecer la organización social para la protección de los derechos de los ríos, los ecosistemas y los pueblos, en el camino hacia una matriz energética y modelos eléctricos sustentables y justos”. Tendremos mesas de trabajo sobre la historia de organización y lo que hacen ahora mismo los pueblos ante proyectos energéticos de todo tipo. Dialogaremos sobre el mercado eléctrico de Costa Rica y de Centroamérica, la privatización de la electricidad, con especial cuidado en el proyecto de ley 23.414 (mal llamado de “armonización”), también sobre una posible transición energética justa y, literalmente, “nos tiraremos al agua” en el Jäküii.

La meta es que definamos pautas de trabajo conjunto en defensa de los derechos de los ríos, los ecosistemas, los territorios y las personas. Buscaremos que, siguiendo las experiencias exitosas de otros países latinoamericanos, hagamos consenso para un proyecto de ley dirigido a la protección jurídica integral del río Jäküii/Pacuare. Además, esperamos que se fortalezcan los vínculos y la solidaridad entre los movimientos sociales en este tiempo de tantas violencias política, judicial y física contra las personas defensoras de la Tierra, los ecosistemas y la vida. Sabemos que nos pueden etiquetar como “terroristas” y eso hace mucho más riesgosa, pero más indispensable nuestra participación social.

En el encuentro JÄKÜII-PACUARE participarán indígenas, ecologistas, organizaciones comunitarias, estudiantiles, culturales, sindicatos, delegaciones internacionales y empresas de rafting seriamente comprometidas con la protección del Jäküii y otros ríos. Eventualmente, se invitará a algunos actores políticos aliados de nuestros movimientos sociales. El encuentro ha sido organizado con y desde los Pueblos originarios y comunidades del Jäküii por la Asociación PROAL-JAKÜII, Coeco Ceiba/Amigos de la Tierra-Costa Rica, Ríos Libres/Turrialba, el Movimiento Ríos Vivos y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON (#jakuii2025). También están comprometidas y apoyando solidariamente redes internacionales y organizaciones de México, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Argentina, Alemania y otros países.

Encuentro “Jäküii-Pacuare“. Convocan:

FECON denuncia complicidad estatal en despojo de territorios indígenas

La Federación Ecologista (FECON) denuncia y alerta la reiterada negligencia y complicidad del Estado costarricense frente a las sistemáticas violaciones a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en incumplimiento directo a la Ley Indígena de Costa Rica y al Convenio 169 de la OIT, ambos instrumentos jurídicos que establecen de forma clara que los territorios indígenas son inalienables, intransferibles y son exclusivos para sus pueblos originarios.

El reciente intento de usurpación del terreno en la Finca San Andrés, del mayor bröran Pablo Sibar, ocurrido el pasado domingo 10 de agosto en el territorio Brörán de Térraba, representa un evento más del despojo, hostigamiento e impunidad que enfrentan los pueblos indígenas en nuestro país. A pesar de que Sibar cuenta con un reconocimiento legal de más de 13 años sobre el terreno en cuestión, la Fuerza Pública se negó a desalojar a los usurpadores, respaldándose en una certificación emitida por la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Térraba a favor de personas no indígenas, la cual fue denunciada como fraudulenta por Sibar.

Para los pueblos indígenas, las ADI son espacios impuestos por el Estado costarricense que operan como mecanismos de despojo, legitimando invasiones y sirviendo a intereses ajenos a las comunidades indígenas. La participación activa de la ADI en este acto de usurpación, sumado al respaldo de la Fuerza Pública y la omisión de acción por parte del Ministerio Público, representan complicidad estatal que pone en riesgo a Pablo Sibar y a todos los defensores indígenas que lo acompañan y que defienden su derecho a su territorio.

Recordamos que Sibar cuenta con una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2015 y que ha sido víctima de múltiples agresiones desde 2012, incluso recibiendo amenazas de muerte similares a las que antecedieron los asesinatos impunes de los defensores del territorio Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera. Estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados, son parte de una política sistemática de abandono estatal y discriminación institucional hacia quienes defienden sus territorios y la vida, la cual no debe de continuar.

Por esto, nos solidarizamos con Pablo Sibar y quienes se encuentran defendiendo su derecho al territorio. Así también, exigimos al gobierno de Costa Rica, quienes el pasado 9 de agosto, en el día Internacional de los Pueblos Indígenas, emitieron en sus canales oficiales una noticia en donde dijeron “reafirmar su compromiso continuo con las poblaciones indígenas”, que actúen de inmediato ante esta situación de clara violación de los derechos de Pablo Sibar y que garanticen su seguridad e integridad física.

En solidaridad con los pueblos que resisten al extractivismo

Esta es una producción del Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR), en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo en la región.

La Primera Declaración de La Habana, en 1960, recordó que la dignidad no se negocia. Hoy, esa enseñanza sigue vigente: denunciar la violencia extractiva no es “injerencia”, sino la continuidad de una tradición emancipadora que atraviesa la historia de Nuestra América.

Mientras en Venezuela y otros países de América Latina se acusa de conspirar a voces críticas y organizaciones sociales, las grandes corporaciones —como Chevron, aliada de Israel y de sus guerras— continúan firmando contratos millonarios con gobiernos que se presentan como “antiimperialistas”.

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR invita a reflexionar sobre estas contradicciones y sobre lo que callan ciertos discursos políticos, cuando se trata de confrontar el poder del extractivismo y sus impactos en los pueblos.

Le invitamos a leer la nota completa en el sitio del Observatorio de Bienes Comunes UCR:

Nuestra América piensa y resiste: en solidaridad con quienes defienden la vida frente al extractivismo

Porque defender la vida y los pueblos no es traición: es verdadera soberanía.

Movimiento Trabajo Digno: la organización laboral de la juventud – en Alternativas

El próximo 22 de agosto de 2025 a las 18:00 horas (UTC-6) el programa Alternativas transmitirá en vivo el panel “Movimiento Trabajo Digno: la organización laboral de la juventud”, un espacio de diálogo y reflexión sobre los desafíos que enfrenta la juventud en la defensa de sus derechos laborales.

El panel contará con la participación de Carolina Zúñiga Castro y Raúl Blanco Chavarría, voceros del Movimiento Trabajo Digno, quienes compartirán la visión y propuestas de la organización en torno a la construcción de condiciones justas y dignas para las personas jóvenes en el ámbito laboral.

La actividad forma parte del programa Alternativas, elaborado por el Colectivo Reflexión Acción, que se emite desde el 13 de enero de 2020 con el lema “Pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores”.

La transmisión podrá seguirse a través de Facebook Live, YouTube y Spotify, además de las emisoras amigas: Guanacast 106.1 FM, Radio Soberanía, Conaicop, Radio Revolución, 506 Ondas de Alajuelita y Alajuelita Radio.

El CAFTA ha muerto, ha sido velado y sepultado

Henry Mora Jiménez

El golpe arancelario y la pregunta incómoda

El 7 de agosto de 2025, la administración de Donald Trump consumó una de las mayores rupturas del orden comercial multilateral en las últimas décadas: la imposición unilateral de un arancel del 15% a las exportaciones de Costa Rica. Este acto, que se suma a tarifas «recíprocas» aplicadas a más de 160 países desde abril, no es simplemente una medida proteccionista más. Es el epitafio de un acuerdo que, durante 16 años, rigió las relaciones económicas entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. La incómoda pregunta que flota en el ambiente es la que planteó recientemente el medio costarricense La Nación: ¿Está muerto el DR-Cafta? La respuesta, tras un análisis frío de los hechos, es un rotundo sí. No solo está muerto, sino que fue velado en silencio por un gobierno temeroso y luego sepultado por la realpolitik de la administración Trump.

La promesa hecha añicos: del blindaje jurídico a la ley del más fuerte

El DR-Cafta se negoció y vendió como un instrumento de certeza jurídica. Su Capítulo 3, artículo 3.3, era explícito: «ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente, o adoptar ningún arancel aduanero nuevo, sobre una mercancía originaria». Este principio era la columna vertebral del tratado en su sección de relaciones comerciales, diseñado precisamente para superar la precariedad de iniciativas unilaterales anteriores como la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que dependían de la voluntad discrecional de Washington. Eso nos dijeron.

La imposición de un arancel del 15% a Costa Rica no es una simple violación del tratado; es su pulverización. Como señaló el experto Álvaro Monge, miembro del equipo negociador costarricense, «el establecimiento de nuevos aranceles no procede; es contrario a lo allí acordado». La administración Trump ha demostrado que los acuerdos bilaterales y multilaterales están supeditados a sus intereses coyunturales, reduciendo el complejo andamiaje legal del Cafta a un grueso portafolio de papeles sin valor. La «ley del más fuerte», que los promotores del «Sí al TLC» aseguraban quedaría descartada, ha regresado con una virulencia inusitada.

Las advertencias ignoradas

Durante el acalorado debate nacional previo a la ratificación del tratado (2003-2007), los defensores del «No al TLC» alertamos sobre riesgos que, en su momento, fueron tachados de alarmistas y anti-comercio. Hoy, aquellas voces resuenan con una claridad dolorosa.

Pérdida de Soberanía y Vulnerabilidad Política: Se advirtió que el tratado no aislaría a Costa Rica de los vaivenes políticos de Washington. «Los defensores del tratado destacaron el aislamiento de coyunturas políticas en las relaciones comerciales», recordó el economista Ottón Solís, quien ahora exige disculpas de quienes promovieron el acuerdo. La actual escalada arancelaria, basada en un superávit comercial de $791 millones que Costa Rica obtuvo en 2024, prueba que Estados Unidos puede usar su poder para castigar … ¡el éxito exportador de sus socios!, un escenario Faustico tan inverosímil que ni los críticos lo vislumbramos.

El Espejismo de la Seguridad Jurídica: La promesa central del Cafta era proporcionar un horizonte estable para la inversión y el comercio. Los críticos siempre sostuvimos que la seguridad jurídica que se vendía era un espejismo, ya que dependía de la buena (o mala) fe de la contraparte más poderosa. La administración Trump ha confirmado esta tesis de la manera más cruda posible. Al quebrantar el principio fundamental del tratado, ha dejado claro que para Washington estos son simples “acuerdos”, “instrumentos flexibles” útiles solo mientras sirvan a sus intereses inmediatos de la potencia en decadencia. La certeza jurídica ha muerto ante la política de fuerza.

El velorio silencioso: la complicidad del miedo y la sumisión

La muerte del Cafta no fue anunciada con estruendo, sino velada en un silencio cómplice. Como apuntó el exvicepresidente Luis Liberman, «el gobierno evita mencionarlo por temor a que Washington responda con algo peor». Esta actitud de sumisión, acusada por Ottón Solís de «servilismo» hacia Trump, ha sido la melodía fúnebre de la agonía del tratado.

Mientras Costa Rica priorizó un «diálogo franco y constructivo» según su Ministerio de Comercio Exterior, otros países socios mantienen un arancel del 10%, menor al de Costa Rica, evidenciando la arbitrariedad del castigo estadounidense. La estrategia de negociación bilateral, en lugar de una acción legal contundente y coordinada con los otros firmantes, ha sido un ejercicio de futilidad. La abogada Velia Govaere lo resumió con crudeza: Costa Rica ya negoció desde mayo para revertir el 10% «y no sirvió de nada». La vía legal, aunque existente, es «larga, complicada y posiblemente costosa», y el mecanismo de solución de controversias de la OMC está paralizado. En este limbo, el cadáver del Cafta yace sin que nadie se atreva a certificar oficialmente su defunción.

El entierro y la herencia: hacia un nuevo modelo comercial

Con el Cafta efectivamente muerto y sepultado por la acción unilateral de Washington, Costa Rica se enfrenta a una encrucijada. El modelo de crecimiento basado en la dependencia de la inversión extranjera estadounidense y el acceso privilegiado a ese mercado muestra sus límites estructurales.

La herencia que deja el Cafta es ambivalente. Por un lado, impulsó las exportaciones (crecieron un 285,4% desde 2009, sin que ello sea una consecuencia directa del tratado). Por otro, apuntaló la economía dual donde un sector de Zonas Francas convive con un mercado interno debilitado, todo ello bajo la ilusión de una seguridad jurídica que se esfumó con un tweet presidencial desde Washington.

El futuro no puede ser más de lo mismo. La prioridad debe ser la diversificación comercial y la pluralidad geopolítica.

Sin tiempo para el duelo

El DR-Cafta está muerto. Trump lo asesinó con un arancel unilateral y arbitrario del 15% y lo sepultó con su desdén por el multilateralismo. Su fallecimiento no debe ser motivo solo de lamentos, sino de una profunda reflexión. Aquellos que defendimos el «No al TLC» no nos opusimos al desarrollo ni al comercio, sino a un modelo de integración subordinado que ponía todos los huevos en la misma canasta. Alertamos, tomando en cuenta la historia diplomática y comercial de los EE. UU., que la soberanía se canjeaba por una promesa de seguridad en extremo frágil.

Pero la muerte del Cafta puede ser, paradójicamente, la oportunidad para que el país construya una política comercial y una inserción en el mercado mundial más soberana, inteligente y resiliente, que no dependa del humor de un solo hombre en la Casa Blanca. ¿Lo haremos?

Llamado urgente a la comunidad afrodescendiente: recuperemos el principio Ubuntu para un activismo genuino

El ciudadano afrodescendiente Marco Levy Virgo, se dirige a todas las personas, organizaciones, ONGs, asociaciones y movimientos que dicen representar a la comunidad afrodescendiente en Costa Rica y más allá. Desde su experiencia de lucha, se observa como ciertos liderazgos, tanto políticos como no políticos, han convertido la identidad, la historia y las luchas en un instrumento para su beneficio personal, alejándose de los valores que unen como pueblo.

El principio Ubuntu —“Soy porque nosotros somos”— recuerda el mandato ancestral de las culturas bantúes: la fuerza radica en la interconexión, la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Este principio enseña que no se existe como individuos aislados, sino que el bienestar depende del progreso colectivo, de la responsabilidad compartida y del compromiso genuino con las comunidades.

Es hora de recuperar el principio Ubuntu y transformar el activismo en un movimiento genuino, inclusivo y colectivo. Por ello, se proponen las siguientes acciones urgentes:

  1. Transparencia y rendición de cuentas: Las ONGs, asociaciones y líderes deben abrir sus estructuras, involucrar a las comunidades de base y rendir cuentas claras sobre los recursos que gestionan en nuestro nombre. La confianza se construye con hechos, no con promesas.

  2. Acción colectiva, no individualismo: Basta de cúpulas que priorizan agendas personales. Se necesita un activismo que una a las comunidades de Guápiles, Matina, Siquirres, Talamanca, Limón y Guácimo, trabajando codo a codo por soluciones concretas, como la actualización de planes reguladores costeros que protejan territorios y ecosistemas.

  3. Honrar herencia con hechos: Ubuntu llama a fortalecer la identidad afrodescendiente mediante acciones tangibles que promuevan la pesca artesanal, el turismo ecológico comunitario y la protección de manglares, arrecifes y bosques.

  4. Inclusión de todas las voces: Desde la juventud hasta los mayores, desde las mujeres hasta los pescadores, todos los sectores deben tener un lugar en la toma de decisiones. Esto está respaldado por el Convenio 169 de la OIT y por nuestro derecho ancestral reconocido en la Carta de Independencia de 1821.

No se puede seguir permitiendo que la lucha afrodescendiente sea utilizada como un medio para fines individuales. La exclusión histórica, como la Ley No. 31 de 1935, y las políticas actuales que ignoran los impactos del cambio climático en las costas son pruebas de que tanto el Estado como algunos de los propios líderes han fallado en saldar la deuda histórica con las comunidades. Es hora de que el activismo afrodescendiente adopte el Ubuntu como brújula, transformando el “Poder de Uno” en un movimiento colectivo que garantice justicia, resiliencia y sostenibilidad para todos.