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Autor: María José Ferlini Cartín

Colectivo Mujeres por Costa Rica se opone a que se debilite la autonomía de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

En defensa de la CCSS y contra la propuesta de ley N° 25181
Manifiesto del Colectivo Mujeres por Costa Rica

Desde el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestro firme rechazo al proyecto de ley N° 25181, que pretende reformar el artículo 73 de la Constitución Política con el fin de debilitar la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Nuestra posición se fundamenta en lo siguiente:

  1. La autonomía de la CCSS es garantía de derechos
    Desde su creación, la Caja ha sido pilar del modelo de bienestar social costarricense, asegurando acceso a la salud y la seguridad social como derechos universales. Quitarle autonomía es poner en riesgo su capacidad de responder a las necesidades del pueblo.

  2. Un ataque al principio de seguridad social como derecho humano
    El artículo 73 constitucional consagra la seguridad social como obligación estatal. Debilitar la CCSS abre la puerta a su manipulación política y a intereses económicos que no velan por la vida digna de todas las personas.

  3. Amenaza de privatización y exclusión
    Las voces sociales han advertido que esta reforma favorece una visión privatizadora que dejaría a miles de familias —especialmente mujeres, personas trabajadoras informales, adultas mayores y población en condición de pobreza— en situación de mayor vulnerabilidad.

  4. Riesgo para la equidad y la justicia social
    La Caja no solo brinda salud, sino también oportunidades de igualdad. Reducir su fortaleza institucional significaría retroceder décadas en conquistas sociales que garantizaron educación, salud y pensiones para todas y todos.

  5. Una profunda contradicción histórica
    Resulta alarmante que este proyecto sea impulsado por una diputada perteneciente al partido que se inspira en las ideas socialcristianas del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, el mismo líder que, con visión de justicia social, promovió la creación de la CCSS en 1941. Pretender ahora desarticular la institución que encarna ese legado constituye una contradicción histórica y una traición a la memoria de quienes lucharon por consolidar la seguridad social en Costa Rica.

  6. El pueblo costarricense ha defendido históricamente la CCSS
    Los movimientos sociales han sido claros:     la autonomía de la CCSS se respeta. Esta institución pertenece a la ciudadanía, no a intereses particulares ni coyunturales.

Por estas razones, declaramos:

  • No al proyecto de ley N° 25181.

  • No a cualquier intento de debilitar o desmantelar la CCSS.

  • Sí a la defensa de la autonomía y fortalecimiento de la seguridad social como principio irrenunciable de nuestra democracia.

Convocamos a todas las mujeres, comunidades y organizaciones sociales a unirse en defensa de la CCSS, patrimonio colectivo y garante de derechos humanos fundamentales.
La salud y la seguridad social no son mercancía.
¡La autonomía de la CCSS se respeta!
Setiembre del 2025

UNDECA exige justicia para los trabajadores de la CCSS por atrasos en el pago de salarios

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado

UNDECA denuncia públicamente, que pese a todos los esfuerzos que hemos realizado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mantiene a cientos de personas trabajadoras con atrasos salariales por varios meses.

Esta problemática no solo constituye una violación directa a los derechos laborales, sino que además genera una serie de consecuencias colaterales que afectan la estabilidad financiera, el bienestar y la dignidad de las y los trabajadores.

Exigimos que los salarios se paguen, a más tardar, en el mes de octubre, ya que estos atrasos también provocan la postergación, por más de un año, de los montos correspondientes al aguinaldo y al salario escolar. Además, las personas trabajadoras se ven obligadas a pagar el impuesto sobre la renta como si hubieran recibido todos los salarios en un mismo mes, cuando en realidad corresponden a varios meses acumulados.

Esta injusto y desproporcionado incumplimiento patronal no solo afecta la economía de las familias trabajadoras, sino también su salud emocional. El retraso en el pago de los salarios compromete el cumplimiento de obligaciones personales y familiares (alquileres, préstamos, alimentación, servicios públicos), generando un clima de incertidumbre y estrés permanente.

UNDECA recurrirá a las acciones que correspondan en defensa de la dignidad salarial.

¡Exigimos justicia laboral y respeto a los derechos de las y los trabajadores de la CCSS!

¡Pongamos un ascensor para llegar a la cima del Chirripó!

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo y ecologista, Asoc. PROAL/JÄKÜII-FECON. Catedrático TEC

Los parques nacionales son áreas de conservación de biobiversidad por cuyas condiciones únicas y frágiles están protegidos y no deben ser alterados. Mantener el 26% del territorio nacional con distintos niveles de protección resulta cada día más difícil; empezando por el desfinanciamiento estatal. A modo de ejemplo para ver el abismo entre discurso verde y realidad, en el 2025 el presupuesto del Ministerio de Ambiente, MINAE, fue de ¢59.092,0 millones, 1,6% menos que 2024. Los gastos corrientes que incluyen salarios y contribuciones sociales de los y las funcionarias se redujeron ¢1.555,3 millones en 2025 con respecto de 2024. El MINAE no pelea contra esto, si no que ayuda a disminuir y hasta anular sus competencias y capacidades, como lo hizo con el proyecto de ley 23.213 para su supuesto “fortalecimiento”, que lo que buscaba deliberadamente era mutilar el ministerio.

Ese debilitamiento a veces incluye chambonadas como la de “instalar una escalinata en los últimos metros de acceso a la cumbre del cerro Chirripó”. Esto es del todo inadmisible porque pretende alterar o intervenir un sitio cuyas características propias limitan el acceso. No todas las personas podemos llegar a todo lado, y esto no es discriminación de ningún tipo. Los ecosistemas nos ponen sus propias limitaciones, y eso es “natural”. Si queremos facilitar el ingreso a éstos, los cambios nunca deben impactarlos severamente; este es un principio elemental e ineludible de la conservación.

En el Chirripó, ciertamente el último tramo de subida a la cima es difícil. Hay personas que llegan a la base y no suben, otras lo intentan y no lo logran, otras suben de “4 patas”, y todo eso es parte de la aventura. Pero igual, se disfrutan otros sitios como Laguna Ditkevi, Valle de los Conejos, Valle de las Morrenas, Crestones, Sabana de los leones, etc., todos en lo alto del parque. Incluso Ventisqueros es muy difícil para algunas personas y no por eso debemos ponerle un pasamanos o una cortina metálica. No todas las personas llegamos a todo lado, ni seremos los hermanos Messner escalando la montaña Nanga Parbat.

Hace tiempo detuvimos la “mágica” idea de construir un teleférico en el Parque Nacional Chirripó que justificaban diciendo que era para dar acceso a más gente. Ningún argumento se sostenía porque no hay forma de justificar una alteración de alto impacto en un ecosistema tan frágil como este parque. Nunca presentaron ningún estudio técnico y, sin embargo, la Municipalidad de Pérez Zeledón lo aprobó. Con ese teleférico de más de 15 kilómetros ya el parque estaría desbordado de todo tipo de turistas y de seguro ya venderían comidas rápidas y gaseosas en la cima del Chirripó.

Los senderos en el Chirripó permanentemente se erosionan; tanto los tres principales de llegada como los de la cima. Pero, darles mantenimiento en lo que corresponde es muy diferente a alterarlos con construcciones que desvirtúan la naturaleza del parque en sí. Esto sólo puede estar asociado con el posible aumento de visitantes y los negocios que, eventualmente, mejoren para las empresas concesionarias que operan los servicios dentro del parque (ya de por sí abundan las quejas por el acaparamiento y reventa de entradas y costos exorbitantes para muchos bolsillos). Nada justifica el tipo de “facilidades” que pretende el ministro. Eso estimularía que más gente vaya y por tanto que aumente la presión sobre los ecosistemas. En terrenos escarpados como la cima del Chirripó, toda la fila Urán y en otros sitios similares, siempre se van a presentar cambios/erosión por agua, viento y movimientos de suelos. Esas son sus cualidades que el cemento ni otros materiales (aunque sean “amigables”) deben sustituir.

Una “escalinata” en la cima del Chirripó sería como que “arregláramos” el río Jäküii/Pacuare porque tiene rápidos peligrosos para mucha gente. En este caso el ministro podría meterle dragas y aplanarle el lecho para hacerlo suavecito y calmado y cambiar a rectas y llanas las orillas para que la gente pueda acercarse con más facilidad. Pero lo cierto es que es sencillamente absurdo pensar en alterar severamente las condiciones naturales de un ecosistema para hacerlo más accesible. No todo el mundo se anima a tirarse al agua en los rápidos categorías 2, 3, 4 y 5 del Jäküii, pero pueden navegar en aguas calmadas (¡de repente en las presas del río Reventazón que fue el más usado para rafting hasta que lo llenaron de represas como las dos más grandes: Angostura/174 megavatios y Reventazón/304 megavatios!). En su vida cada río moldea y rehace sus orillas y su lecho, de tal forma que los cambios son permanentes y “naturales”. Igual los cambios ocurren en cualquier otro ecosistema.

Estas “intervenciones” del MINAE provocan que otros parques nacionales, como el Manuel Antonio, ahora sea como una fiesta patronal o turno abarrotado, o si quieren un centro comercial repleto. Los números son lapidarios: en menos de un año la entrada subió de 1120 a 1568 personas y de 1800 personas que fue el tope hasta el 29 de mayo de 2024 a 2501 (701 más sólo en el último salto). Ya el año anterior la Sala IV había condenado al Estado por permitir que la visitación diaria al Parque Nacional Manuel Antonio se superara en un 267.9%. En el PN Manuel Antonio se sobrevenden las entradas de US$ 5,65 hasta en más de US$100. Las y los empleados del SINAC esculcan los bolsos de la gente en la entrada para que nadie meta ni un “guevo duro” y así no disminuir ni en un peso el negocio privado de comidas, ropa, artesanía y otros chunches, que está en el parque metido como un tórsalo (por cierto, re-caro y la comida de pésima calidad como se pude constatar con turistas de cualquier procedencia). Las multitudes abarrotan todas las playas y bosques y favorecen a quienes usufructúan con el patrimonio natural de Costa Rica privatizado en la práctica con el sexy apodo de “concesión”.

Aunque asuste coincidir con el ministro de Ambiente y Energía, está en lo cierto cuando anota que el PN Chirripó es de “gran importancia tanto desde el punto de vista ecológico, geológico y cultural, lo cual lo hace atractivo para la visitación turística”. Pero pare de contar, porque son esas atribuciones y cualidades del PN Chirripó las que lo hacen un sitio de altísima fragilidad. Si de ideas absurdas se trata, podrían incrustar una escalera eléctrica o un asensor en la llegada a la cima, lo cual implicaría clavar torres y tirar líneas de transmisión, ¡que sin duda llevarían progreso al páramo! Repito, no podemos llegar a todo lado y no debemos admitir propuestas demagógicas sobre más y mejores accesos, que lo que esconden es mayor mercantilización de nuestras áreas silvestres (des)protegidas.

El ministro debería estudiar o pedir que le expliquen todas las cualidades insustituibles del PN Chirripó y así tal vez deseche su escalerita (¡aunque pienso en Gandoca-Manzanillo y pierdo la ilusión pues está más que demostrado que los negocios y las ocurrencias le ganan a la inteligencia, la cordura y la conservación!).

¿Se necesita una ley para modificar los límites del Parque Braulio Carrillo y la Ruta 32?

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Bloqueverde

En relación con los anuncios recientes del MINAE sobre estudios que plantean la ampliación del derecho de vía para la intervención de la Ruta 32, es necesario precisar varios aspectos:

Rodrigo Chaves en primer momento estuvo en lo correcto. Se necesitaría una reforma legal para intervenir el Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC), aunque luego se dejó convencer por Franz Tattenbach, el cual lo induce a error planteándole que pueden hacerlo sin pasar por la Asamblea Legislativa.

Aproximadamente se intervendrían más de 125 hectáreas de PNBC, según el plan del ministro Tattenbach 25 metros de cada lado de supuesto derecho de vía. Una modificación de esta magnitud requiere un proyecto formal de redefinición de límites, respaldado por estudios suficientes y acompañado de medidas de mitigación y compensación para desafectar un área protegida.

No obstante, el ministro de Ambiente parece optar por una vía irregular y apresurada, consciente de que al gobierno le quedan pocos meses y de que, por esa ruta, no logrará consolidar una solución de largo plazo. Sus decisiones no reflejan una defensa firme de lo ambiental, sino más bien una postura complaciente hacia intereses empresariales e infraestructurales. En la práctica, actúa más como funcionario del MOPT o de la UCCAEP que como jerarca del MINAE.

Resulta vergonzoso que un ministro de Ambiente celebre la posibilidad de “meter tractores y sierras en un parque nacional” y afirme que ya no existe ningún problema porque, según un estudio de escritorio, el parque “pierde” hectáreas que serían sacrificadas sin ninguna compensación ambiental. Es ingenuo e irresponsable suponer que un procedimiento administrativo borra de un plumazo ecosistemas frágiles, bosques y fauna silvestre. Es un razonamiento más propio de un ministro de magia o hechicería.

Debe aclararse que estos no son estudios finales ni integran de manera adecuada la variable ambiental, ya que no han pasado por ningún proceso de evaluación público en ese sentido. Lo que se observa es un intento de forzar la legislación para ampliar el derecho de vía y así “desafectar” áreas de un parque nacional sin pasar por el procedimiento que corresponde en la Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, no se ha presentado un diseño final de las obras, lo que impide garantizar que, además de los aspectos técnicos de la carretera, se contemplen medidas de salvaguardia ambiental reales y efectivas.

Es importante recordar que la definición de los derechos de vía está regulada por ley y no puede modificarse arbitrariamente mediante disposiciones administrativas de menor rango. Pretender hacerlo sin una reforma legal carece de fundamento, sería irregular y, además, constituiría una regresión ambiental, es decir, un retroceso en las garantías de protección de la naturaleza.

Modificar los límites de un parque nacional bajo la figura de derecho de vía no puede hacerse de manera irrestricta: debe existir razonabilidad, proporcionalidad y una justificación sólida. Estamos hablando de un área de altísimo valor ecológico, y lo que aquí se decida sentará un precedente crítico para el futuro de todas las áreas protegidas del país.

No se debe olvidar que la construcción de la Ruta 32 interrumpió procesos ecológicos fundamentales, inestabilizó montañas enteras y generó impactos que aún hoy persisten en forma de derrumbes. La carretera ocasionó una ruptura total en la conectividad del área, partiendo el ecosistema en dos y desencadenando múltiples consecuencias ecológicas, entre ellas los cientos de atropellos de fauna reportados cada año. Todo esto fue producto de decisiones tomadas únicamente desde la lógica de la ingeniería y los costos económicos, sin integrar de manera seria la dimensión ambiental.

Por estas razones, cualquier modificación debe ser evaluada por instancias como la SETENA y pasar por espacios de participación social que garanticen el derecho constitucional a un ambiente sano, así como los derechos de participación ciudadana y los propios de la naturaleza. Esto es aún más urgente si se considera que el actual ministro de Ambiente ha demostrado una total falta de voluntad para defender lo ambiental, privilegiando intereses ajenos a la conservación.

Los estudios a los que aluden el MINAE y el MOPT no pueden limitarse al plano ingenieril: deben ser públicos y sometidos a escrutinio ciudadano, incorporando variables ambientales y medidas claras de protección. Si las obras implican intervenir ecosistemas con especies endémicas o modificar cursos de ríos y quebradas, debe asegurarse que el daño ambiental sea mínimo y que se priorice mantener la integridad del Parque Nacional.

Existen alternativas para no impactar más el Parque Braulio Carrillo y hacer que las personas y mercancías pueda transitar desde el caribe hasta el Área Metropolitana y viceversa. El olvidado tren a Limón es una muy buena manera. Reactivaría una forma eficiente en materia ambiental de transporte público sino además traería nuevos encadenamientos económicos. Sistemas de transporte que todos los países comprometidos con el transporte público tienen

En conclusión, cuando se presenten los diseños finales de intervención, estos deberán ser de acceso público y sujetos a un debate amplio, evitando que se consolide un daño ambiental irreparable y que se sienten precedentes de regresión en la protección de nuestros parques nacionales.

OMERCON exige acciones urgentes a CONASSIF y SUTEL ante «pandemia» de fraudes digitales

Escrito en . Publicado en Derechos.

El Observatorio del Mercado y Derechos del Consumidor (OMERCON) ha alzado la voz con preocupación ante la alarmante proliferación de fraudes digitales en Costa Rica, instando a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) a tomar medidas inmediatas y efectivas. La organización, de carácter sin fines de lucro, ha remitido los oficios OM 040-2025 a CONASSIF y OM 041-2025 a SUTEL, ambos con fecha del 20 de agosto de 2025, para manifestar la gravedad de la situación.

Según OMERCON, Costa Rica sufre una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía. Esta problemática, que ya alcanza proporciones de pandemia, está socavando la estabilidad económica de miles de personas, la paz de las personas y familias, y también la característica principal del sistema financiero: la confianza.

OMERCON considera inaceptable que algunas entidades financieras intenten deslindar toda responsabilidad, trasladando la culpa al consumidor, y critica una preocupante pasividad de los entes supervisores. Afirma que estos últimos priorizan la rentabilidad de las entidades sobre la protección de los consumidores financieros, dejándolos desamparados y expuestos a la revictimización.

El Observatorio cuestiona la falta de mecanismos inmediatos para rastrear y congelar fondos robados, la ausencia de investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y la carencia de sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados, campañas de phishing y transferencias inusuales. OMERCON califica estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

La organización fundamenta su posición en el marco jurídico nacional, citando el artículo 35 de la Ley N° 7472 y la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007). Esta normativa establece la responsabilidad civil objetiva, indicando que quien introduce una actividad riesgosa en la economía debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de probar culpa. Bajo este principio, OMERCON sostiene que las entidades financieras, al manejar fondos del público y beneficiarse de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

Ante la inacción percibida, a pesar de múltiples denuncias en la prensa y ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), OMERCON resalta que Costa Rica carece de una ley específica para la defensa del consumidor financiero, a diferencia de otros países de la OCDE.

Las acciones concretas que OMERCON solicita a CONASSIF son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen, evitando que el consumidor afectado asuma toda la gestión judicial.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas, como se ha denunciado en foros legislativos.

Además, OMERCON subraya la necesidad de que CONASSIF integre a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha, citando ejemplos como la compra masiva de números telefónicos por organizaciones delincuenciales sin generar alertas, o la recepción de mensajes fraudulentos de rifas sin opción de escape. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, señalando que un oficio anterior (OM 029-2025, del 28 de marzo de 2025) sigue sin respuesta tras casi cinco meses.

Dirigiéndose a SUTEL, OMERCON enfatiza que, como ente regulador de las telecomunicaciones en Costa Rica, tiene por ley amplias responsabilidades y obligaciones para actuar de manera diligente, oportuna y con liderazgo para frenar esta crisis. Entre sus funciones se encuentra supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones para garantizar la competencia, proteger los derechos de los usuarios y asegurar la calidad de los servicios.

OMERCON critica que SUTEL y las empresas de telecomunicaciones y servicios digitales no implementen acciones responsables para defender al consumidor, dejándolos desamparados y revictimizados frente al delito masivo.

El Observatorio pregunta a SUTEL si ha implementado sistemas para bloquear enjambres de mensajes fraudulentos que inundan a los usuarios, si tiene mecanismos para rastrear y eliminar el phishing informático, si se realizan investigaciones rigurosas sobre la causalidad de los delitos, y si existen sistemas de monitoreo en tiempo real para detectar sitios clonados o campañas de phishing. La organización considera estas omisiones como negligencia técnica y una profunda falta de responsabilidad institucional.

Al igual que en su comunicación a CONASSIF, OMERCON invoca el principio de responsabilidad civil objetivaestablecido en el artículo 35 de la Ley N° 7472 y el Voto N° 655-2007 de la Sala Primera, que responsabiliza a quien introduce una actividad riesgosa por los daños que ocasione, sin necesidad de probar culpa.

Las solicitudes concretas de OMERCON a SUTEL son:

  1. Medidas inmediatas de supervisión y regulación efectiva, con consecuencias reales para los entes que incumplan su deber de protección al consumidor.

  2. Creación de protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales, con tiempos definidos y trazabilidad.

  3. Prohibición expresa de trasladar costos del fraude a las víctimas, salvo prueba fehaciente de dolo del usuario.

  4. Establecimiento de canales expeditos y humanizados de atención a las víctimas, que no las revictimicen.

  5. Transparencia de los datos estadísticos de fraudes y su gestión por parte de las entidades.

  6. Revisión y fiscalización de prácticas discriminatorias en la atención a víctimas.

OMERCON reitera la importancia de que SUTEL no opere desde una lógica reactiva y pasiva ante esta pandemia. Destaca que SUTEL debe coordinar con CONASSIF, PRODHAB, redes sociales y otras entidades para encontrar una solución que alivie la crisis del fraude informático. La organización advierte que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica, y solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, sobre la problemática planteada en la carta.

Ambas comunicaciones fueron firmadas por Welmer Ramos González, como presidente, y Priscila Scott Zúñiga, como secretaria de OMERCON.

Tributo a la memoria de Rodrigo Gámez

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Este agosto, el recordado científico Rodrigo Gámez hubiese cumplido 89 años de edad. Como un cálido y amoroso tributo a su memoria, su nieto José David produjo un video, breve pero conciso, y con un mensaje de gran calado, que conviene conocer y difundir.

Rodrigo Gámez es una figura grabada eternamente en la historia de la ciencia y conservación ambiental costarricense.

En esta entrevista, el miembro fundador del Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) comparte su perspectiva sobre un mundo cambiante, marcada por un compromiso de preservar nuestro patrimonio natural.

Se les invita a ver el video en el siguiente enlace:

Información compartida con SURCOS por Luko Hilje.

UCR invita a actividades académicas de la Cátedra de Centroamérica

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

La Cátedra de Centroamérica de la Universidad de Costa Rica (UCR) invita a la comunidad universitaria y al público general a participar en su programación académica de septiembre, dedicada a fomentar la reflexión y el análisis sobre temas de relevancia regional y global.

La agenda incluye tres actividades principales:

-Geopolítica de la región Indo-Pacífica y su importancia para Centroamérica y Costa Rica

Conferencia del profesor Noel D. Campbell, académico y diplomático, exdirector del Australian National Centre for Latin American Studies (Australia National University) El jueves 11 de septiembre a las 6:00 p.m. en el Miniauditorio de Ciencias Sociales (Aula 609), UCR.

-Ilusiones rotas y democracias fallidas en Centroamérica (siglos XIX-XXI)
Conferencia a cargo del Dr. David Díaz Arias, Catedrático Humboldt de la UCR, profesor de la Escuela de Historia y Premio Nacional Luis Ferrero a la Investigación Cultural (2015). Martes 16 de septiembre a las 5:00 p.m. en Sala de Audiovisuales, Facultad de Ciencias Sociales, UCR

-Presentación del Estado Político de la Región Centroamericana

En colaboración con el Programa Estado de la Región. el día Jueves 25 de septiembre a las 6:00 p.m.

Las conferencias contarán con transmisión en vivo por Facebook de Cátedra Centroamérica.

La Cátedra reitera su invitación a participar de manera presencial o virtual en estos espacios de diálogo académico.

Grave conflicto ambiental y legal en el Caribe Sur

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Documentos revelan irregularidades en la Ley 9223 y daños al Refugio Gandoca-Manzanillo

Una serie de documentos oficiales, legislativos y denuncias ciudadanas revelan un entramado de irregularidades técnicas, jurídicas y ambientales en torno a la Ley N.º 9223, “Reconocimiento de los Derechos de los Habitantes del Caribe Sur”, aprobada en 2014 y que redefinió los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El análisis de estos materiales muestra cómo, a lo largo de más de una década, se acumularon advertencias de instituciones estatales, consultas de constitucionalidad y denuncias ciudadanas que alertaban sobre riesgos para el ambiente y para el cumplimiento de convenios internacionales, sin que fueran atendidas oportunamente.

Informes legislativos y advertencias técnicas

En 2012, el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió que el proyecto de ley (Expediente 18.207) carecía de estudios técnicos específicos que demostraran la viabilidad ambiental de la medida. El informe señaló que la modificación de límites del Refugio Gandoca-Manzanillo podría violar el artículo 50 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a un ambiente sano.

A pesar de estas alertas, en febrero de 2014 la Asamblea Legislativa aprobó la ley, redefiniendo los linderos del refugio y excluyendo más de 400 hectáreas de su área protegida, de las cuales más de 200 eran bosques, incluyendo áreas en excelente estado de conservación.

Consulta de constitucionalidad

Un grupo de diputados y diputadas presentó una consulta facultativa de constitucionalidad ante la Sala Constitucional. En su escrito, señalaron dos vicios principales:

  1. La ausencia de consulta directa a pueblos afrodescendientes e indígenas, incumpliendo el Convenio 169 de la OIT.

  2. La falta de estudios técnicos completos y confiables, contraviniendo lo ordenado por la Sala en resoluciones anteriores.

Además, indicaron que la ley violaba compromisos internacionales de Costa Rica, como la Convención Ramsar y el principio de no regresión ambiental, al desafectar humedales y áreas costeras que forman parte de la lista de humedales de importancia internacional.

Informes internos del SINAC

Documentos técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) revelan irregularidades en la forma en que se respaldó el proyecto de ley:

  • El informe técnico de 2013 tuvo dos versiones: la primera incluía recomendaciones y advertencias ambientales; la segunda, enviada a la Asamblea, eliminó esas observaciones y presentó conclusiones más generales.

  • El Informe SINAC-SE-PPC-320-2017 documentó ocupación irregular en Playa Chiquita, Punta Uva y Cocles, con infraestructura hotelera y viviendas sin los debidos Estudios de Impacto Ambiental. Además, constató que humedales y bosques no fueron debidamente certificados como Patrimonio Natural del Estado.

  • El Informe SINAC-ACTO-AL-55-2019 concluyó que la aprobación de la Ley 9223 se dio sin sustento técnico suficiente, y recomendó abrir procedimientos administrativos contra funcionarios del SINAC que eliminaron conclusiones y recomendaciones del informe original, lo que pudo inducir a error a los legisladores.

Denuncias ciudadanas recientes

El ambientalista Marco Levy Virgo ha presentado numerosas denuncias desde 2017. En septiembre de 2025, dirigió un escrito a la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría de los Habitantes exigiendo acciones urgentes para detener lo que calificó como un “saqueo ambiental” del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo.

Levy señaló que se han devastado aproximadamente 165 hectáreas de humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, y acusó la existencia de una red organizada que promueve desarrollos inmobiliarios ilegales con la presunta complicidad de autoridades locales y nacionales.

Entre sus exigencias destacan:

  • La recusación del ministro de Ambiente y de funcionarios del SINAC.

  • La coordinación con la Fiscalía General y el OIJ para una valoración técnica del daño ambiental.

  • La suspensión de actividades en la Zona Marítimo-Terrestre que carezcan de viabilidad ambiental.

  • El cumplimiento forzado de la resolución 2019-012745 de la Sala Constitucional, que ordena medidas correctivas en el refugio.

Una década de retrocesos ambientales

En conjunto, los documentos revisados muestran un proceso en el que prevaleció la inseguridad jurídica y la presión por modificar los límites del refugio, con graves consecuencias para la biodiversidad y las comunidades costeras.

Desde las primeras advertencias de 2012 hasta las denuncias más recientes de 2025, persiste la preocupación de que la Ley 9223 haya abierto la puerta a un negocio inmobiliario en detrimento de un ecosistema de valor mundial, protegido tanto por la Constitución como por tratados internacionales.

La situación del Refugio Gandoca-Manzanillo evidencia la urgencia de retomar principios básicos del derecho ambiental: precaución, prevención y no regresión, así como el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas históricamente afectadas por decisiones estatales que las excluyen de los procesos de consulta.

Los bloqueos y las guerras de EEUU impiden el desarrollo de la humanidad

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Hoy, a 50 años de la victoria del pueblo vietnamita sobre el imperialismo estadounidense, no solo se recuerda una hazaña militar y política, sino también una lección histórica de dignidad y resistencia.

Vietnam, con una extensión de 331.210 km y una población de poco más de 104 millones de habitantes hace ver que los logros actuales, son impresionantes. Pero primero lo primero, Vietnam logró lo que parecía imposible, derrotar al ejército invasor más poderoso del mundo. Lo hizo con la fuerza de su pueblo, con el liderazgo de Ho Chi Minh y el Frente Nacional de Liberación, y con una convicción inquebrantable de que la independencia y la dignidad no se negocian.

El costo humano fue inmenso, más de 5 millones de muertes, ciudades devastadas, generaciones enteras afectadas, hasta hoy, por los efectos de las bombas estadounidenses y el uso criminal de armas químicas como el napalm y el agente naranja. Sin embargo, la voluntad del pueblo vietnamita y la dirección del Partido Comunista fueron más fuertes que la maquinaria de guerra de los yanquis.

Medio siglo después, Vietnam es un ejemplo de cómo un país puede levantarse de las ruinas y construir desarrollo. Pasó de tener un 95% de analfabetismo en 1945, a alcanzar hoy un 95% de alfabetización y estar entre los primeros lugares en pruebas educativas internacionales. En cuanto a la salud pública, la esperanza de vida pasó de 58 años en 1975 a más de 77 años en la actualidad, con cobertura gratuita para toda la población.

En lo económico, Vietnam pasó de ser un país agrícola arrasado por la guerra, a convertirse en una potencia manufacturera y agroexportadora, con un PIB per cápita que en 1980 era de 100 dólares y que hoy supera los 4.000 dólares. Su crecimiento económico ronda el 5,4% anual y es uno de los destinos turísticos y productivos más dinámicos de Asia, donde se esperan más de 18 millones de turistas este año.

Todo esto nos demuestra algo fundamental, cuando una nación es libre de bloqueos criminales, de acoso militar y de guerras impuestas desde afuera, puede alcanzar grandes niveles de desarrollo en beneficio de su pueblo. Vietnam es la prueba viviente de que la soberanía, el socialismo y la dignidad nacional son la base de un progreso verdadero.

El ejemplo de Vietnam, un país que fue devastado por la guerra más brutal, que enfrentó bombas químicas, millones de muertos y destrucción, pero que logró levantarse hasta convertirse en un país próspero y en desarrollo, se puede comparar con la magnitud del crimen que hoy se comete contra Cuba.

Si Vietnam pudo reconstruirse y progresar, fue también porque tuvo la oportunidad de hacerlo sin estar sometido a un bloqueo económico, comercial y financiero criminal, como el que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más de seis décadas.

Ese criminal bloqueo de EEUU, que en las Asambleas de la ONU han condenado de forma casi unánime año tras año (sólo EEUU, Israel y alguna que otra isla sometida por los gringos se han opuesto), limita el acceso del pueblo cubano a medicinas, alimentos, tecnología, financiamiento y comercio justo. Es una política diseñada con un solo objetivo, asfixiar al pueblo y obligarlos a rendirse, a ponerse de rodillas. Lo que por supuesto no han logrado ni lograrán.

Se trata de un acto de guerra permanente que golpea la vida cotidiana de millones de cubanos y que, en términos políticos y éticos, constituye un verdadero genocidio. Estados Unidos no perdona que Cuba haya elegido ser libre, soberana y socialista, que sea un ejemplo de dignidad ante los demás pueblos del mundo.

Hoy, mientras Vietnam muestra que un país en paz puede lograr altos niveles de educación, salud y crecimiento económico, Cuba sufre cada día el peso de un cerco criminal e inhumano que impide que su pueblo despliegue todo su potencial.

Pero a propósito de esto, hay buenas noticias. Cuba y Vietnam, precisamente, aprobaron recientemente más de 50 nuevos acuerdos para fortalecer y diversificar los nexos bilaterales materia de economía, comercio, inversiones e intercambio científico y técnicos en diferentes campos. Los mismo ha sucedido con Acuerdos con China y Rusia.

Entre los Acuerdo con Vietnam figuran los relativos a comercio, inversiones, agricultura, pesca, biotecnología, salud, construcción, transporte, ciencia, tecnología y medio ambiente, cultura, turismo, deportes, industria, energía y minas, finanzas y aduanas, educación superior, trabajo y seguridad social, información y comunicaciones, radio y televisión, lo que también reflejan los nuevos tiempos para la humanidad y la multipolaridad que se desarrolla con China, Rusia, los BRICS, el OCS recientemente divulgado, el ALBA y muchas otras iniciativas que rompen el terrorismo militar y económico de los EEUU en el planeta.

Sólo gobiernos sumisos, serviles y también criminales, se someten a los EEUU, a sus criminales políticas de privatizaciones, recortes presupuestarios, destrucción de la institucionalidad pública, congelamiento salarial, falta de vivienda y opciones de trabajo dignas.

Costa Rica y muchos otros países no son pobres, son países empobrecidos y saqueados por el capitalismo salvaje, la corrupción y, lamentablemente también por el narcotráfico, herramienta criminal que también maneja EEUU para someter a los pueblos a la miseria, la pobreza y la muerte.

Le invitamos a ver el video de 5 Minutos o Menos donde se realiza esta análisis de Martín Rodríguez Espinoza: https://www.facebook.com/share/p/178m8YvZQK/

Frente Nacional por la Seguridad Social se opone a proyecto que amenaza autonomía de la CCSS

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

El Frente Nacional por la Seguridad Social (Frenass) manifestó su rechazo a una iniciativa legislativa que busca modificar el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que esta propuesta representa un retroceso histórico y un atentado contra la autonomía constitucional que ha protegido a la institución por más de ochenta años.

La organización calificó la propuesta como “vergonzosa” y denunció que responde a “intenciones perversas y mezquinas de los mercaderes de la salud en los diferentes gobiernos del turno”. En su pronunciamiento, Frenass llamó la atención sobre la gravedad de que se intente debilitar una institución que, desde su creación, ha sido pilar fundamental en la construcción de las garantías sociales y del Estado social de derecho en Costa Rica.

“La Caja es autónoma y tiene que seguir siendo autónoma por todo lo que esta institución le ha dado a este país. La Caja no se vende, la Caja se defiende” concluyó la organización.

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