El incendio provocado en Yuwi Senaglö amenaza con extenderse a otras recuperaciones
Esta forma de agresión es muy utilizada por finqueros en verano
Martes 18 de enero del 2022. Al ser las 12 medio día un recuperador Cabécar de Yuwi Senaglö divisó el inicio del fuego muy cerca de la casa donde se mantiene atrincherado Miguel Vargas, persona no indígena que ocupa ilegalmente parte del Territorio Cabécar de China Kichá, al sur de Costa Rica.
Las llamas se aproximaron al lugar donde habitan las y los recuperadores dentro del terreno recuperado y en horas de la tarde, debido al cambio en la dirección del viento, las llamas se extienden a gran velocidad hacia Kono Jú, otro terreno recuperado en el que hay cultivos por cosechar y viviendas de las familias recuperadoras. El incendio provocado es una forma de agresión física y psicológica utilizada por los finqueros que ocupan ilegalmente parte de los Territorios de los Pueblos Originarios de la zona sur.
Según el «Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios en la zona sur de Costa Rica; enero-diciembre 2020», en ese año fueron provocados 17 incendios en esta zona, poniendo en peligro la vida e integridad física de las y los recuperadores, quemando casas y cultivos y dañando la flora y fauna.
Como es de conocimiento público y ha sido denunciado judicialmente, Miguel Vargas se ha visto involucrado, incitando y participando en varias agresiones contra el Pueblo Cabécar de China Kichá, como en el ataque por una turba del 7 de marzo de 2020.
Reiteramos al Estado de Costa Rica su obligación de garantizar la vida e integridad personal y territorial del Pueblo Cabécar de China Kichá; por lo que debe tomar las medidas preventivas, policiales y judiciales necesarias.
Requerimos la presencia inmediata del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio y evitar daños mayores y que todas las instancias necesarias investiguen su origen y den con los responsables.
También exigimos al Poder Judicial acabar con la impunidad en la que naufragan las múltiples denuncias contra Miguel Vargas y otros finqueros y sus peones que ocupan ilegalmente el Territorio, por todas las agresiones contra el Pueblo Cabecar de China Kichá.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El Centro de Estudios Internacionales mantiene una fórmula en la que propone los recursos académicos y un vínculo con el medio que pretende generar un impacto informativo, esto mediante la transformación como un referente de los estudios internacionales en Iberoamérica, siendo un centro de estudios que convoca al mundo académico, público y privado, en torno a las principales temáticas globales y que a su vez, tiene como finalidad ser un polo que genera diálogos, redes e iniciativas en los estudios internacionales, colaborando con la misión de la Universidad en la producción de conocimiento interdisciplinario de frontera y con impacto en la sociedad.
Por lo que el CEIUC invita a leer el siguiente pdf titulado “Riesgo político – América Latina 2022” que contempla 10 temas de alta importancia a considerar para entender los riesgos y desafíos que afronta la región en materia política. Para ello, contempla tópicos como erosión democrática, cambio climático y escasez hídrica, protestas sociales y violencia, crisis migratoria, economías ilícitas, polarización política, inversión extranjera en caída, auge de China y un calendario electoral de América Latina 2022.
En este análisis se abren debates e interrogantes de carácter primordial para el estudio de la región. En la presentación del libro se plantean los riesgos de la pandemia del Covid-19 y sus afectaciones, que en números, ha dejado un tercio de las muertes que han ocurrido en el hemisferio, se destruyeron más de 20 millones de empleos, los niveles de informalidad laboral se dispararon, la desigualdad aumentó y la pobreza se empinó a cerca de un tercio de Latinoamérica. La pandemia también ha sido una oportunidad para que ciertos gobiernos concentren mayor poder y apliquen indebidamente los estados de excepción. Nuevos autoritarismos emergieron en sociedades impacientes, desconfiadas y fuertemente golpeadas por la emergencia sanitaria.
Le invitamos a descargar el siguiente pdf para leer con detalle el estudio.
Se le convoca a la Campaña Nacional contra la Impunidad en Costa Rica: no más impunidad a las agresiones dirigidas a pueblos indígenas que luchan por preservar sus tierras y cultura, mujeres y ecologistas.
Fecha: miércoles 26 de enero
Hora: 12:00 md
Lugar: Frente al Poder Judicial, San José Centro.
¡El poder judicial es una vergüenza! ¡Vamos a exigir justicia!
¡No más asesinos, violadores, ni agresores sueltos e impunes!
La Organización Internacional Pro Derechos Humanos pide colaboración para los grupos más afectados por desempleo y pandemia, por lo que insta a hacer consciencia, empatizar y poner de nuestra parte para ayudar económicamente con víveres o útiles escolares a las personas más lastimadas por la crisis pandémica. Un pequeño esfuerzo de parte de todos y todas daría mucho provecho a las personas que también lo necesitan.
Cualquier información, puede escribir al correo de la ONG comunicacion@orgidhcr.org o en la página oficial www.oidhcr.org. También puede encontrarlos en redes sociales como OIDHCR.
Silvia Castro, la presidente de la junta directiva de la empresa Ulacit, de quien dicen aspira a ser la ministra de Educación en caso de ganar la señora Lineth, tiene una «propuesta sencilla», que resume así: Se trasladan ¢2.600 millones del presupuesto del TEC, UNA, UNED y UCR, a las 52 universidades privadas.
Con ello, dice, se evita «subir los precios», y se usarían «para el financiamiento de investigación». Se pretende, dice, que «el Estado contribuya de ALGUNA MANERA con INCENTIVOS, para que el costo no se le vaya a trasladar al estudiante en su matrícula».
Como obviamente la señora Lineth, candidata presidencial del PUSC, conoce muy bien tal proyecto, LOS ELECTORES queremos saber lo que piensa, por lo que públicamente le reiteramos nos lo aclare; eso sí, antes del 6 de febrero.
Durante el aniversario de Mujeres en Escena se celebrará el simposio sobre la condición laboral de las mujeres de las artes escénicas, del 24 al 30 de enero del presente año.
Sobre el evento, se señala que: “Este simposio es una actividad que estamos realizando como aniversario de la Colectiva Mujeres en Escena que, aunque iniciamos en el 2020, no hemos realizado un evento de aniversario. Esta actividad marca la pauta de los proyectos que queremos seguir desarrollando, y nuestro objetivo principal es conectar con vos y las mujeres trabajadoras del sector de las artes escénicas en Costa Rica y que juntas podamos pensar posibilidades de mejoras de nuestras condiciones y organizarnos para generar incidencia. Este proyecto es ganador de la convocatoria Pro-artes en la categoría de Gestión Cultural. Las actividades son gratuitas, los conversatorios son abiertos a todo público y los talleres son exclusivamente para mujeres. Los cupos a las actividades son limitados, por lo que te pedimos que te anotés y que asistás a las actividades a las que te inscribís. Tu participación es muy valiosa, nuevamente agradecemos tu apoyo, tu voz y tu presencia”.
Este jueves 27 de enero de 2022, a las 6pm, en el Rancho de los Diablitos Curré, será la presentación oficial de un nuevo libro que contiene toda la información relacionada con la historia de la comunidad indígena de Rey Curré o Curré/Yímba desde su época precolombina hasta nuestros días.
Publicado en un material de alta calidad, sus páginas trasladan al lector a tiempos de la historia antigua, invita a conocer sus modos de vida, su gente y aterriza lentamente al siglo XX hasta detenerse en nuestros días.
Utiliza fotografías aéreas inéditas e impresionantes ilustraciones que hacen de su lectura, momentos confortables y de mucha formación histórica en este encuentro con nuestras propias raíces identitarias.
Curré/Yímba: Su larga y profunda historia: el nuevo libro sobre esta comunidad indígena, realizado por los autores Francisco Corrales Ulloa y Uriel Rojas Rojas, con el apoyo ilustrativo de Eusebio Lázaro Ortiz.
Durante la conferencia de prensa sobre el estado de la Salud mental de Costa Rica, investigadores e investigadoras de las universidades públicas dieron a conocer el mal estado en que se encuentra la salud mental de una parte importante de la población agravada por la COVID-19, y enfatizaron en que solo desde un abordaje comunitario y un ataque integral a las brechas sociales, tecnológicas y económicas, se podría superar verdaderamente esta crisis. Foto con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
Luego de un trabajo que incluyó 20 meses de estudio, siete investigaciones, 23 personas investigadoras de las universidades públicas del país de Costa Rica (UCR), Nacional (UNA) y Nacional Estatal a Distancia (UNED), colaboraciones desde España con las universidades de Salamanca y Valencia, y desde Estados Unidos con Davis y Carolina del Norte, así como el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y la Fundación Friedrich Ebert, se logró concluir que la COVID-19 ha afectado sobremanera la salud mental de la población costarricense, y que se necesitan acciones urgentes para una atención efectiva.
Las metodologías variaron, desde encuesta telefónica, estudios cualitativos con historias de vida y hasta un análisis de la consulta hecha al Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica a través de su despacho telefónico de ayuda psicológica. Pero todas arrojaron resultados similares, donde la salud mental de la población es una bomba de tiempo que ya ha dejado sus secuelas visibles, y ha estallado con más fuerza en los sectores más desfavorecidos en el plano laboral (personas despedidas o con jornadas reducidas por pandemia, desempleadas, sin ingresos fijos), social y económico, así como en personas sin suficientes redes de apoyo, con escasa escolaridad, en mujeres a las cuales, especialmente si son madres, se les ha recargado el trabajo al máximo, personas jóvenes y de zonas costeras; y todas arrojan las mismas conclusiones de darle a la salud mental la importancia que merece, trabajarla de otra forma distinta a la estigmatización y medicación, y mejorar condiciones socioeconómicas y sanitarias de la población.
Investigadores e investigadoras advierten de repercusiones
La investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas, Ana María Jurado Solórzano, explicó que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que las medidas tomadas contra la COVID-19 y la interacción social van a variar para peor, pues los problemas sociales y económicos que ya existían desde antes, van a empeorar con dicha enfermedad. «La OMS hace una alerta en cuanto a temas de salud mental gracias a diversas investigaciones que se realizan donde se relatan serios problemas que vamos a enfrentar a nivel de salud mental: ansiedad, depresivo, estrés postraumático, agravamiento de problemas ya existentes como los trastornos de tipo psicótico o problemas de interacción social y problemas cognitivos diversos que se ven seriamente afectados por las medidas que se tomaron con esta pandemia y también como consecuencia de perder seres queridos a raíz de la enfermedad COVID-19. Queremos insistir que la forma en que se aborda esta pandemia hace que una situación de desigualdad muy marcada mundial se vuelva todavía más marcada». Aunque Jurado Solórzano estipula que el 85% de la población se suele recuperar de los desastres, pone en tela de duda que este vaya a ser el caso y se cuestionó si el país podría estar preparado para atender al restante porcentaje poblacional que podría quedar con secuelas permanentes en su salud mental.
Fournier Facio agregó que con el distanciamiento físico y el confinamiento se crea una brecha sanitaria, pues hay condiciones en que esto simplemente es imposible. «Hay una brecha sanitaria, un proceso de discriminación donde sectores muy importantes de la población no tienen las mismas opciones de prevención que tienen otros sectores, como respetar el distanciamiento físico cuando se tiene que viajar todos los días en transporte público, buses llenos de gente, hay una enorme cantidad de población que no puede cumplir con el distanciamiento físico». Fournier Facio agregó que hay sentimientos de vergüenza, discriminación y estereotipificación que solo ha aumentado la exclusión social y ha dañado el tejido social con familiares no convivientes y comunales.
Eva Carazo Vargas, hoy investigadora de la UNED, describió que en su investigación encontró que una de cada tres personas necesitan urgentemente atención de su salud mental, y aunque resaltó la existencia de una mayor resiliencia, esta no es posible para todas las personas por igual. «Encontramos que aproximadamente 1,3 millones (32,1%) de la población que habita en Costa Rica ha presentado sintomatología grave durante la pandemia en su salud mental (…). Lo importante es que una tercera parte de la población que vive en nuestro país se encuentra en una situación crítica. Encontramos un incremento en los índices de resiliencia, estrategias de afrontamiento para sobrellevar la pandemia de mejor manera, sin embargo esas estrategias del afrontamiento no están al alcance de todas las personas. La pandemia nos afecta a todos, pero de modo distinto, y mucho más grave en grupos que ya de por sí estaban afectados». Carazo Vargas propuso que para resolver la salud mental de las poblaciones vulnerables, primero hay que ir a la raíz de los problemas sociales y económicos de la población, y resolverlos en consecuencia.
Mientras que el investigador de la UNA, Mauricio Blanco Molina, estudió los efectos en las personas adultas mayores, y encontró que dicha situación no les afectó tanto como a poblaciones menores, porque solían pasar en sus casas más tiempo que antes. Pero quienes tenían más herramientas como la tecnología, pasatiempos a qué dedicarse, y oportunidades de aprendizaje, eran quienes mejor podían sobrellevar la pandemia. «Los principales preocupaciones son enfermedad y muerte de personas cercanas, pérdida de ingreso económica, problemas de su atención médica, de acceso a tratamientos, vivencia de violencia intrafamiliar, problemas de tareas de cuido, reducción de contacto social, dificultades con vecinos o la comunidad, y reducción de actividades cotidianas. (…). La población mayor de por sí pasaba más tiempo en sus casas, por lo que encontrarse en la rutina de la pandemia no necesariamente fue un cambio rotundo en su cotidianidad. Pero resolvían sus actividades cotidianas utilizando las tecnologías de la Información y la Comunicación (…), actividades de aprendizaje, espiritualidad, religiosidad, han buscado ayuda profesional, han hecho actividades de cuido propio y pasatiempos».
Blanco Molina agregó que no debe verse a la población mayor como completamente vulnerable, pues hay situaciones como esta donde tienen un mejor manejo, y apeló a una integración intergeneracional con ellas.
La vicerrectora de investigación de la UNED, Rosibel Víquez Abarca, se mostró comprometida a seguir generando investigaciones que sirvan como insumo para tomar decisiones, así como fortalecer la acción social. «Las universidades empezamos desde el inicio de la situación, desde el primer caso, a hacer investigación para realimentar decisiones. Creemos que es muy importante tomar decisiones a partir de datos. Tenemos que actuar con un grupo interinstitucional, por eso hemos venido llamando la atención de todas las instituciones: salud, las que pueden generar empleo, gobierno local… es un problema que tiene que asumirse con un tejido local fuerte».
El presidente del Colegio de Profesionales de Psicología, Ángelo Argüello Castro, lamentó que la atención de la emergencia sanitaria se reduzca a lo biológico y que la atención mental se reduzca a lo farmacológico, así como la trivialización de la salud mental. «Lamentablemente la experiencia ha sido en que se tiene en la conciencia de que el éxito de la atención de la sindemia está en reducir o eliminar la mortalidad por el virus (…). Hay muchísimas cosas que van más allá de morir y una de ellas es la salud mental. Mi experiencia ha sido cara a cara con los tomadores de decisiones, y lamentablemente sigue existiendo en Costa Rica una visión muy biologicista de lo que se entiende por salud mental, muy pasada por asegurarse contar con la medicación para las enfermedades mentales; (…) hoy por hoy, en medio de la peor situación de salud mental, paradójicamente tenemos de frente un proyecto de ley que habla sobre el derecho al acceso a la salud mental que está esperando a que los diputados le den pelota; una secretaría técnica de salud mental del Ministerio de Salud congelada, una política de salud mental que se vence este año, y se ha justificado que no está la próxima por la pandemia».
Juan Pablo Rodriguez Campos Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Los grandes partidos políticos han optado por una campaña política defensiva, no entrar en mayor conflicto con el adversario y cuidar el limitado feudo electoral que tienen en el marco de la atomización partidaria de más de 20 candidaturas para las elecciones que se nos vienen encima.
El corto publicitario de ayer domingo de Fabricio Alvarado contra José María Villalta, más pareciera que se corresponde a uno de los guiones implementados por la CIA y otras agencias de inteligencia de los EUA contra el fantasma ya occiso del comunismo internacional.
Ante su falta de inteligencia y claridad política, a Alvarado no le queda otra más que optar por la mentira, el ataque, instrumentalizar la democracia, e intentar asustar con fantasmas en los que una buena parte de la ciudadanía ya no cree.
La situación es compleja para él y su agrupación religiosa; si finalmente el Frente Amplio llegara el tercer lugar en las intenciones de voto a la presidencia, quedaría aún más asentado el declive de su partido y proyecto neoconservador evangélico y antiderechos.
Nótese que sin pena alguna Fabricio y su partido se hacen de la vista gorda de los actos de corrupción que se le achacan a José María Figueres, a la sospechosa “falta de posición” política de Lineth Saborío, o a los casos de acoso sexual de Rodrigo Chaves. Al neoliberalismo, proyecto sociocultural y económico que postró a nuestro país, no tiene la menor intención de enfrentarlo, sea por falta de conocimiento o porque es parte de él.
A lo largo de estos años Alvarado ha demostrado una amplia ignorancia intelectual, adosada con la discriminación y el oportunismo en nombre de una fe. Estudió en la universidad pública, pero la esencia del pensamiento crítico y humanista no pasó por él; incluso tengo la hipótesis que olvidó todo lo que pudo haber visto en el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica.
Por dicha Alvarado no alcanzará la presidencia, pero lamentablemente y en nombre de dios, acogió visiones y prácticas sociales relacionadas con el fascismo, la discriminación, el rechazo a los Derechos Humanos, la mentira, y la manipulación mediática. Su lugar en la historia será a la par de personajes como Bolsonaro, Jimmy Swaggart y otras figuras de mal recuerdo para el desarrollo de la humanidad.
En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.
De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.
Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.
Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.
Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.
Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.
La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.
Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.
La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.
Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.
Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.
Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.
No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.
(17 de enero, 2021)
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