Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional – FEUNA
Este viernes 10 de octubre, la Semana U 2025 – Vol. 2 abre un espacio de reflexión con el Conversatorio Gaza–Israel: del cerco informativo a la evidencia de un genocidio, que interesa la justicia internacional.
Con la participación del Dr. Nicolás Boeglin (UCR) y la M.Sc. Wajiha Sasa, Cónsul Honoraria del Estado de Palestina en Costa Rica.
Sala de Exrectores, Biblioteca Joaquín García Monge – 2:00pm.
Un diálogo crítico para entender mejor la realidad global y su impacto en la justicia internacional.
El Partido Vanguardia Popular (PVP) condena enérgicamente la decisión del Gobierno de la República Dominicana de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la X Cumbre de las Américas, a realizarse del 1 al 5 de diciembre de este año, una medida que constituye un acto de sumisión política ante los intereses del imperialismo estadounidense y una afrenta a los principios de soberanía, autodeterminación y unidad de los pueblos de nuestra América.
Esta exclusión, presentada cínicamente como un paso “para garantizar el éxito del encuentro”, repite el libreto impuesto por Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA), al margen del derecho internacional y de los valores históricos de integración y solidaridad que han guiado a los pueblos latinoamericanos y caribeños en su lucha por la independencia.
El PVP respalda plenamente los diversos pronunciamientos de organizaciones sociales y políticas de Nuestra América que han alzado su voz con dignidad contra esta medida vergonzosa y servil.
La exclusión de países hermanos que han resistido con valentía los bloqueos, sanciones e injerencias del imperialismo norteamericano representa una agresión contra toda la Patria Grande, una herida al principio de que América Latina y el Caribe deben ser una Zona de Paz, sin bases militares extranjeras ni amenazas contra la soberanía de nuestros pueblos.
El Partido Vanguardia Popular llama a los gobiernos progresistas, a las fuerzas revolucionarias y a los movimientos sociales de la región a fortalecer la unidad, la solidaridad internacionalista y la integración soberana de nuestros pueblos, en defensa de la independencia, la justicia social y la paz verdadera.
El productor y dirigente cafetalero Fernando Naranjo Retana presentó una propuesta de Modelo de Gobernanza Regional Participativa para la Zona de Los Santos, que abarca los cantones de Dota, Tarrazú y León Cortés, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana, la cooperación intermunicipal y la sostenibilidad cafetalera y ambiental de la región.
El documento, titulado “Modelo de Gobernanza Regional Participativa para la Zona de Los Santos”, se inspira en los principios de la democracia suiza, caracterizada por la autonomía cantonal, la toma de decisiones colegiada y la participación ciudadana mediante referendos y consultas frecuentes. Naranjo propone adaptar ese modelo a la realidad de Los Santos, integrando la cultura cafetalera, la identidad local y la protección ambiental.
Estructura del modelo
El esquema propuesto contempla la creación de una Mancomunidad de Los Santos/Tarrazú, que funcione como un Consejo Intermunicipal Colegiado con representación de los tres gobiernos locales. Este órgano tendría a su cargo la coordinación política, la planificación estratégica y la administración de proyectos regionales.
Además, se plantea un Consejo de Cooperativas, conformado por Coopetarrazú, Coopedota, Coopesantos, Coopesanmarcos, la Comisión Pro-Rescate de la Caficultura, microbeneficios y productores independientes, con el fin de promover acciones conjuntas en materia de caficultura sostenible, comercialización y fortalecimiento del sector.
En el ámbito local, se proponen Consejos Distritales con poder deliberativo y presupuestario, orientados a fortalecer la democracia directa y la participación de las comunidades en la definición de prioridades y uso de los recursos.
Democracia directa y participación ciudadana
El modelo propone implementar consultas cantonales periódicas sobre proyectos estratégicos, presupuestos participativos y espacios de deliberación y educación cívica, con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad y el control ciudadano sobre las decisiones públicas.
Gestión cafetalera, ambiental y de carbono compartida
Entre los ejes centrales se incluye la protección de cuencas y bosques, la optimización de la producción bajo la Denominación de Origen Tarrazú, y el impulso de programas de sostenibilidad, agroforestería y carbono compartido. Estos esfuerzos buscan consolidar un equilibrio entre productividad, conservación ambiental y resiliencia climática.
Beneficios esperados
Según Naranjo, presidente de la Junta Directiva de ICAFE, la implementación del modelo generaría beneficios tanto sociales como ambientales:
Mayor control ciudadano sobre las decisiones locales.
Cooperación intermunicipal que incremente la eficiencia en el uso de recursos.
Fortalecimiento de la identidad y marca regional.
Consolidación de una caficultura sostenible y ambientalmente responsable.
Acciones prioritarias
El documento propone una ruta dividida en tres etapas:
Corto plazo (1-2 años):
Constitución formal de la Mancomunidad de Los Santos/Tarrazú.
Consultas distritales piloto.
Programas de educación cívica y ambiental.
Mediano plazo (3-5 años):
Coordinación de cooperativas y microbeneficios en proyectos comunes.
Seguimiento de carbono y sostenibilidad.
Consolidación de presupuestos participativos.
Largo plazo (5-10 años):
Integración plena de la democracia directa en decisiones estratégicas.
Posicionamiento de Los Santos como modelo de gobernanza cafetalera sostenible.
Expansión de la cooperación intermunicipal en turismo, salud y educación.
Conclusión
Naranjo Retana resume su propuesta señalando que el modelo busca inspirarse en la experiencia suiza para construir una gobernanza regional adaptada a las condiciones sociales, económicas y ambientales de la Zona de Los Santos. “La meta es fortalecer la participación ciudadana, la cooperación intermunicipal y la sostenibilidad cafetalera y ambiental, en beneficio del bienestar y la identidad regional”, afirmó.
Cuando la Presidencia de la República irrespeta la Constitución Política en una campaña electoral, incurre en fraude.
Cuando esa misma Presidencia irrespeta la legislación electoral, violentando la neutralidad que busca un trato justo entre los contendientes, incurre en fraude. Cuando también usa indebidamente recursos del Estado, para influir en la opinión de los electores a favor de candidatos oficiales, incurre en fraude. Cuando lo hace en contra de candidatos de oposición, igualmente incurre en fraude. Cuando lanza ataques soeces contra las autoridades electorales, con la evidente intención de resquebrajar la sólida confianza de los costarricenses en el Tribunal Supremo de Elecciones, incurre en fraude.
Cuando manipula las redes sociales con troles, perfiles falsos, personas inexistentes, en apoyo de «supuestos logros», para sumar simpatizantes de cara a las elecciones, incurre en fraude.
Cuando maltrata de palabra a periodistas de medios independientes, que se «atreven» a incomodarlo con preguntas de incuestionable interés público, incurre en fraude. Cuando «inaugura» obras que no se han siquiera iniciado para engañar a los habitantes, incurre en fraude.
Cuando culpa a los organismos de control del gasto, del fracaso de obras mal planificadas, como “ciudad gobierno” y una “marina en Limón”, con la intención de erosionar su ganado prestigio institucional, incurre en fraude.
Cuando sin escrúpulo alguno, se burla de la fundamental veda electoral que reafirma la prohibición a mostrar beligerancia políticade cualquier tipo, incurre en fraude.
En fin, independientemente de la magnitud de las ilegalidades cometidas, cualquiera de ellas puede ser suficiente para cambiar el resultado de una elección reñida como la que se vislumbra. Muestra de esa eventual situación, fue el triunfo de don Óscar Arias sobre don Ottón Solís, decidido por solo el 1,1 % de los votos, sin que se hubiera dada beligerancia política alguna atribuible al respetado expresidente don Abel Pacheco.
Es claro pues, que incluso una beligerancia política apenas insinuada, podría tener un efecto brutal sobre la democracia, ¡si no es sancionada!, como ha de serlo en un país de derecho como Costa Rica, pues un resultado electoral sucedido en un contexto como el resumido, sería equivalente a un golpe de Estado, de sensibles, dolorosas, irreparables, consecuencias para nuestra amada Costa Rica. La sagrada voluntad popular, expresada en votos libres de perversas ilegalidades es el cimiento más importante de la institucionalidad que nos rige, y sobre la cual se ha construido un Estado admirado en el concierto de las naciones.
Por todo lo anterior, si en este momento histórico al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, se le ha de juzgar por numerosas causas de beligerancia política, y para ello es menester contar con el aval de una Asamblea Legislativa consciente de su alta responsabilidad, lo que los costarricenses esperamos es que las diputaciones se liberen de intereses personales o políticos, y le garanticen al señor presidente la oportunidad de responder a las acusaciones, con las opciones que le brinda el texto constitucional y la legislación electoral.
A solicitud de los magistrados del TSE, las damas y caballeros representantes populares que temporalmente conforman el Primer Poder de la República tienen ante sí, una responsabilidad superlativa, nunca antes vista. Su histórica decisión, aunque sustentada en hechos ya sucedidos, ¡es aún más importante para el futuro de la democracia costarricense!
Y es así pues en el caso injustificable de impedir juzgar al ciudadano que hoy preside el Poder Ejecutivo, se le estaría otorgando a éste un permiso para que, impunemente, siga adelante con su muy cuestionado comportamiento. Sería cual invitación, a mostrar sin desparpajo alguno, una beligerancia política desvergonzada, irrespetuosa, descarada, con la certeza de que cuenta con legisladores que le protegen e invitan a seguir por ese camino, y que no habría nada que le impida hacer lo que le dé la gana hasta el final de su administración.
Se trata pues, de escoger entre fortalecer el sistema democrático que aspiramos heredar a nuestros hijos y nietos, o el de asumir la vergonzante actitud de ponerse del lado de los que piensan que la Patria no es más que una palabra hueca, intrascendente, sin valor alguno. Por ello, respetuosamente instamos a las mujeres y hombres que están a pocos meses de alejarse de la gran sala del Plenario Legislativo, que antes de decidir cómo votar, lo conversen al interior de sus núcleos familiares, como generalmente sucede cuando se trata de tomar decisiones trascendentales que también afectan, para bien o para mal, a sus seres más queridos.
Dejar pasar como una cosa sin importancia una decisión semejante, podría tener efectos fatales, impensables, para la Costa Rica que solemnemente, invocando al Creador, una vez prometieron defender.
Ante la denuncia por abuso sexual interpuesta contra un candidato presidencial y actual diputado de la República, el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional manifiesta su solidaridad, respaldo y respeto hacia la joven Alicia Castillo, que ha decidido hacer pública una denuncia por abuso sexual contra un diputado y candidato a la presidencia de la República, por hechos ocurridos cuando ella tenía trece años y él treinta y dos.
Reconocemos la valentía y dignidad de quienes deciden romper el silencio frente a hechos de violencia sexual, especialmente cuando ocurrieron durante la niñez o la adolescencia. Denunciar en estas circunstancias implica enfrentar no solo el dolor personal, sino también las estructuras sociales, políticas y mediáticas que históricamente han revictimizado a las mujeres y minimizado las agresiones cometidas por figuras con poder.
Recordamos que, en Costa Rica, los delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad tienen un régimen especial de prescripción, establecido en la Ley N.º 9685, Ley del Derecho al Tiempo, que reconoce las particularidades de estos crímenes y su impacto a largo plazo. Según esta ley, el plazo para presentar una denuncia penal comienza a correr a partir de que la víctima cumple los dieciocho años, y puede interponer la denuncia hasta veinticinco años después de esa fecha. Este marco legal reafirma el derecho de las víctimas/sobrevivientes a buscar justicia incluso muchos años después de los incidentes de violencia sexual.
El hecho de que el denunciado sea actualmente diputado de la República y aspirante a la presidencia plantea una responsabilidad ética y política de mayor magnitud. El fuero parlamentario, o inmunidad, no puede ni debe convertirse en un escudo de impunidad ante denuncias de delitos sexuales, en especial aquellos que involucran a menores de edad. En un Estado de Derecho, todas las personas deben ser investigadas con igualdad ante la ley.
Por ello, el Instituto de Estudios de la Mujer se suma a las voces ciudadanas que solicitan a la Asamblea Legislativa valorar con prontitud la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria, a fin de permitir una investigación judicial transparente, imparcial y libre de interferencias políticas.
El Estado costarricense tiene la obligación internacional, derivada de la Convención de Belém do Pará y de otros instrumentos de derechos humanos, de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas de violencia sexual y de protegerlas de la revictimización y la exposición mediática dañina.
Como institución académica comprometida con la igualdad y la no violencia, el Instituto de Estudios de la Mujer:
● Rechaza toda forma de descrédito por la violencia sexual sufrida o manipulación política de la víctima; exhorta a las autoridades judiciales y legislativas a actuar con celeridad, transparencia y perspectiva de género; e insta a los medios de comunicación a abordar el caso con responsabilidad ética y enfoque de derechos humanos, evitando discursos que perpetúen la desconfianza hacia las mujeres que denuncian.
● El Instituto reafirma su compromiso con la lucha contra todas las formas de violencia de género y sexual, y con la defensa del derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir libres de violencia.
Este caso nos recuerda la urgencia de fortalecer la educación afectivo-sexual, los mecanismos institucionales de prevención y denuncia, y la necesidad de que el poder político sea ejercido con responsabilidad, ética y transparencia.
El silencio social y la impunidad perpetúan el ciclo de violencia. Por eso, acompañar, creer y respetar a quienes denuncian es un acto de justicia y de construcción democrática.
Firma responsable: Dra. Fannella Giusti Minotre Directora Instituto de Estudios de la Mujer Universidad Nacional de Costa Rica Heredia, 8 de octubre de 2025
Días atrás tuve la ocasión de leer el motivador artículo “El cansancio moral de un país decente”, escrito por Vinicio Jarquín, a quien no tengo el gusto de conocer.
El artículo, aunque sugestivo y conmovedor, trasluce un halo de desaliento que seguramente el mismo autor no desea transmitir. Por eso, quiero aprovechar la gran audiencia que el artículo de V. Jarquín ha tenido en redes, para proponer un mensaje más esperanzador, porque incluso cuando navegamos en aguas turbulentas y no se avizora tierra cercana, nunca debemos de renunciar a ese rayo de “pesimismo esperanzador” que nos permitirá encontrar una salida. Mi visión no es opuesta a la de V. Jarquín, quizás más bien complementaria.
V. Jarquín diagnostica un malestar profundo, pero (supongo que conscientemente) nos deja en el límite de lo sintomático. ¿Y si la esperanza no es solo un «algo que volverá”, sino que puede y debe ser cultivada de manera activa y estratégica?
Jarquín describe como la mayoría decente «se ha replegado a su vida privada porque el espacio público se volvió inhabitable». Esto, aunque comprensible, indicaría una rendición tácita.
¿Y si en lugar de un simple «repliegue», lo que podría estar ocurriendo es un proceso de incubación? La gente no se está rindiendo; está buscando y creando espacios públicos alternativosdonde al menos la decencia sea una norma imbatible.
Si es así, entonces la energía no se pierde, se redirige. Pero seguramente, por el momento, la esperanza está en fortalecer las comunidades locales, reales y virtuales, nuevas esferaspúblicas donde la ética, el debate de altura y la cooperación sí funcionan.
Como lo he expresado en otro momento, en lugar de solo quejarnos de los espacios (y los algoritmos) que premian el escándalo y la corrupción, debemos apoyar con gran entusiasmo a periodistas, artistas y creadores que producen contenido sensato, riguroso, valiente y constructivo. Esto «reprograma» el espacio digital.
Jarquín dibuja a la mayoría silenciosa como agotada y sin voz. Esto, nuevamente trasluce desánimo, porque nos presenta como víctimas inermes.
¿Y si el silencio no es sinónimo de impotencia? Puede ser una elección deliberada y hasta estratégica de no participar en una conversación pública que se ha vuelto estéril y tóxica. Es un «cansancio activo» que rechaza las reglas del juego actual.
El desafío no es que esta mayoría «recupere su voz» en el mismo escenario ruidoso y ruinoso, sino que cambie el canal de comunicación.
El boicot a medios y espacios que patrocinan la vulgaridad y la violencia es imperativo. Impulsemos el voto informado y masivo en las elecciones que se avecinan. Incluso el acto deliberado de ignorar el circo mediático es una forma poderosa de actuar sin necesidad de gritar.
Cada persona que en su día a día elige la honestidad, la paciencia y el respeto, está siendo un líder activo. Esta es una revolución silenciosa pero constante.
Otro punto. La visión de Jarquín presenta el cansancio como una carga. No lo descarto, pero podemos verlo también con otros ojos, alineándonos incluso con su última y hermosa frase: «Es el alma del pueblo respirando antes de volver a ponerse de pie».
El «cansancio moral» puede ser la señal de salud de un cuerpo social que se da cuenta de que un sistema (el de la confrontación, la mentira y la vulgaridad como normas) no nos representa y no es funcional a la democracia. Puede ser el agotamiento que precede a una gran transformación. Es el fin de un ciclo, no el fin del camino.
Así, en lugar de lamentar el cansancio, es muy positivo advertir que lo estamos reconociendo a tiempo. Nos está diciendo: «Este camino no es viable. Busquemos otro».
Porque la esperanza reside en usar este momento de creciente rechazo para reflexionar colectivamente sobre qué tipo de comunicación y política (y políticos) queremos.
¿Y si este malestar es el caldo de cultivo perfecto para que surjan nuevas formas de liderazgo, nuevos modelos de diálogo y nuevas plataformas de participación que sean inherentemente más éticas, respetuosas y constructivas?
La mayoría no está en retirada, está en un proceso de reagrupamiento y redefinición de sus tácticas.
El cansancio no es el final, puede ser el síntoma de que algo está a punto de cambiar para mejor. Es la señal de que lo viejo se está agotando para dar paso a lo nuevo.
La verdadera esperanza no es una expectativa pasiva de que las cosas mejoren, sino la convicción activa de que tenemos la capacidad de construirlas mejor.
El artículo de Jarquín nos da la razón para actuar; el optimismo nos da el impulso para hacerlo.
Costa Rica enfrenta una realidad migratoria compleja: miles de personas llegan al país buscando refugio y mejores oportunidades, mientras las comunidades locales enfrentan desafíos de integración y convivencia. En este contexto, la forma en que se aborda la migración durante el presente proceso electoral es especialmente relevante, ya que los discursos políticos influyen directamente en la percepción pública y en la vida cotidiana de quienes se encuentran en situación de movilidad humana.
El próximo 16 de octubre a las 10:00 a.m., en el Salón de Jefes de Estado, Presidentes y Presidenta de la República, de la Asamblea Legislativa será sede de la presentación de la “Guía de Abordaje de la Migración en la Campaña Electoral 2025-2026”, con transmisión en vivo por Facebook Live de ASIDEHU, la Asamblea Legislativa y medios aliados. En el evento participarán diferentes actores, como son: candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones de los diferentes partidos, así como representantes diplomáticos, ex presidentes de la república, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
La Guía busca promover un debate electoral libre de discursos de odio, ofreciendo lineamientos para prevenir narrativas discriminatorias y fomentar el uso de información verificada. Su objetivo es que las propuestas políticas reconozcan tanto las necesidades como los aportes de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y desplazadas forzadas.
Tras la presentación, las candidaturas al Poder Ejecutivo y Legislativo podrán firmar un acta de compromiso voluntario para aplicar los principios propuestos por esta Guía, garantizando campañas basadas en la inclusión, el respeto y la veracidad.
El documento fue elaborado por la Mesa de Diálogo sobre Migración y Refugio. Este espacio reúne a más de 60 organizaciones, colectivos, universidades y académicos que trabajan en temas de movilidad humana, manteniendo un carácter autogestionado y apartidario.
Con la presentación de esta Guía, las organizaciones esperan que la campaña electoral 2025-2026 se desarrolle en un ambiente democrático, plural y respetuoso de la diversidad, fomentando un debate político alineado con los compromisos internacionales de Costa Rica en Derechos Humanos.
Dr. Luis Diego Herrera Amighetti Especialista en psiquiatría de niños y adolescentes Miembro de Número ACANAMED
¿Qué es la dislexia y cómo se identifica?
La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que afecta principalmente la capacidad de leer. Los niños y adolescentes que sufren dislexia tienen dificultades para aprender a leer con la fluidez esperada para su edad y grado escolar, leen lentamente y tienden a “adivinar” las palabras por sus sílabas iniciales (por ejemplo pueden leer orquesta en donde dice orquídea). En general les cuesta reconocer las palabras con rapidez y precisión y su ortografía es deficiente. Habitualmente, entienden mejor un texto si alguien lo lee o se les da una explicación verbal, a si ellos lo leen. Típicamente evitan, o no disfrutan de la lectura aunque aquellos que tienen curiosidad intelectual intentan leer no obstante las dificultades mencionadas. Otra evidencia de la presencia de dislexia es que existe una discrepancia entre su capacidad general y para otras formas de conocimiento, como la matemática, por ejemplo, y sus destrezas para leer, en detrimento de esta última.
¿Qué causa la dislexia?
La dislexia es un trastorno del aprendizaje con un componente hereditario muy claro. Lo que ocurre es que debido a alteraciones en las neuronas de ciertas partes del cerebro, no se logran hacer las conexiones necesarias entre la corteza occipital, encargada del procesamiento visual, de imágenes, con la corteza temporal izquierda, encargada del procesamiento auditivo, es decir de los sonidos. En la persona disléxica, no se forman y estabilizan las conexiones o circuitos entre estas áreas lo que produce un déficit en lo que se llama conciencia fonética. La conciencia fonética es lo que permite asociar en forma rápida y precisa una sílaba con un sonido, lo que los lingüistas llaman un grafema con un fonema (es decir que las letras p y a, cuando están juntas suenan “pa” y viceversa, que si uno quiere escribir el sonido “pa” tiene que escribir las letras “pa”.
¿Qué tan frecuente es la dislexia?
La prevalencia de la dislexia varía de un lugar a otro y de un idioma a otro. En general se estima que entre el 10% al 15% de la población presenta algún grado de dislexia. En los países en donde el idioma es fonético, como el español en Costa Rica, la prevalencia de dislexia es más baja porque no hay excepciones ni irregularidades (“pa” siempre suena “pa” y “pa” (el sonido) siempre se escribe “pa”). Por el contrario, idiomas como el inglés que no son fonéticos, tienen cientos de excepciones lo que hace que las vulnerabilidades neurológicas asociadas a la dislexia se hagan más evidentes.
¿Cómo se trata la dislexia? ¿Se cura?
Idealmente, la dislexia debe ser detectada en los primeros años de enseñanza primaria, entre los 6 a los 8 años. El cerebro de los niños es extraordinariamente plástico, es decir, se forman conexiones nuevas o se refuerzan conexiones existentes más fácilmente que por ejemplo, en un cerebro de un joven de 16 años. Los profesionales encargados de tratar la dislexia son los psicopedagogos, es decir, profesionales en docencia especializados en problemas de aprendizaje. Estos utilizan una serie de técnicas y estrategias para fomentar la conciencia fonética y superar o compensar las dificultades en la lectura.
¿Por qué es importante identificar y tratar la dislexia?
La lectura es una actividad que consume la mayor parte del tiempo de nuestra vida de estudiantes, desde la enseñanza primaria hasta los estudios superiores. Si una persona es disléxica no solamente estará en clara desventaja con respecto a personas de su misma capacidad, sino que su logro se verá afectado por bajo rendimiento, retención escolar, abandono de los estudios y una experiencia íntima, sostenida, de que hay algo defectuoso en ella o en él que le llevará a sufrir de baja autoestima, inseguridad y todo esto afectará su calidad de vida y eventualmente podría llevarle a cuadros depresivos y desmoralización.
El Partido Frente Amplio (FA) aprobó su Reglamento para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, un instrumento que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres dentro de la organización y en el ámbito público.
El documento, ratificado por la Asamblea Nacional del partido, se enmarca en la Ley N.º 10235, que regula este tipo de violencia en Costa Rica, y desarrolla un procedimiento interno específico para investigar y sancionar conductas basadas en género que afecten la participación política femenina.
Estructura y principios del reglamento
El texto consta de cinco capítulos:
Objetivo y ámbito de aplicación. Define que el reglamento protege a todas las mujeres afiliadas, candidatas, funcionarias y representantes del FA, garantizando su derecho a una vida libre de violencia política.
Definiciones y manifestaciones. Precisa los conceptos de violencia política y discriminación, e incluye ejemplos concretos de comportamientos que constituyen violencia, como obstaculizar funciones, difundir información privada, discriminar por embarazo o invisibilizar el trabajo de una mujer en espacios partidarios.
Procedimiento. Establece los principios de confidencialidad, no revictimización y debido proceso. Crea mecanismos de denuncia, plazos para investigación, acompañamiento legal y psicológico, y la posibilidad de medidas cautelares para proteger a las denunciantes.
Sanciones. Detalla las medidas disciplinarias que puede imponer el Tribunal de Ética del partido, que van desde amonestaciones privadas hasta la expulsión, según la gravedad de los hechos. Incluye agravantes como la repetición, el uso de medios digitales o la afectación a familiares.
Disposiciones finales. Indica que el reglamento entra en vigor tras su publicación en la página oficial del FA y su comunicación al Tribunal Supremo de Elecciones.
Prevención, acompañamiento y transparencia
El reglamento crea mecanismos para que las mujeres víctimas de violencia política puedan acceder a asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres del FA, además de articular con los servicios del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
También establece que las sanciones firmes deberán notificarse al TSE y al INAMU, con el fin de mantener un registro público de casos sancionados, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en materia de derechos de las mujeres.
Enfoque integral
Con este reglamento, el Frente Amplio busca consolidar una política interna coherente con su ideario de igualdad y justicia social. El texto no solo regula los procedimientos sancionatorios, sino que promueve una cultura partidaria de respeto, equidad y participación plena de las mujeres en todos los niveles de decisión.
Con su reciente anuncio, la diputada Cisneros, reconocida «directora de propaganda» del gobierno chavista, de que ella, con el equipo que usa en el Congreso para leer discursos, va a generar producciones desde Zapote, para romper la veda electoral que, entre otros, prohíbe al presidente Chaves hacer propaganda a favor del partido político chavista, y en contra de los partidos de oposición, está, «sin querer queriendo», comprometiendo al mandatario y, esto es muy importante, a los medios que se atrevieren a contratar las transmisiones que la diputada tiene planeado hacer desde Casa Presidencial.
¡Veamos! Si el artículo N°142 del Código Electoral, PROHÍBE «difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada», y la diputada ha confesado que tratará de incumplir tal prohibición, cual, si estuviera de regreso en un noticiero de televisión, sentimos que se está metiendo en un enmarañado manglar.
Por un lado, no puede negar que ella es, de hecho, parte del equipo de propaganda de Casa Presidencial. Eso no es ninguna sorpresa. Asimismo, no puede pretender que tenga alguna importancia de quién es el equipo de transmisión que usaría para con él, burlar la legislación electoral, que todos los costarricenses tenemos el deber de cumplir. Aunque un par de aparatos supuestamente sean comprados por «perico de los palotes» (algo intrascendente), la Cisneros piensa que, al no ser de la Presidencia, ello le dará un matiz de legalidad a su “genial idea”, y que así, el pobrecito que hoy se siente «amordazado«, podría lavarse las manos cual infantil inocente, pues él (piensa ella) no tendría responsabilidad alguna de la propaganda que se transmitiría por iniciativa de otros, y que Chaves se muere por ejecutar.
Para ello, Cisneros, quien recordemos no tiene prohibición, piensa que hasta podría transmitir propaganda pagada por el partido oficial… con Chaves como actor laureado como principal protagonista. ¡Ni el actor de origen indio que se ha hecho famoso gracias a un diputado pugilista, podría sustituirle!
“Dicen que se dice”, que, como el abogado de Chaves, ahora candidato a diputado por Alajuela, es tan olvidadizo, al asesorarlos seguro olvidó que, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro prestigioso Tribunal Supremo de Elecciones reafirmó que Costa Rica habría de contar con mecanismos que eviten el uso indebido del aparato público en las campañas electorales, para evitar la difusión de propaganda oficial durante el periodo electoral. Explícitamente se anota razonablemente, que, aunque no se incurra en gasto público directo, la visibilidad y la amplificación de los mensajes que otorgan los canales oficiales pueden influir de manera ilegítima en la intención de voto de la ciudadanía.
Asimismo, el TSE dispuso que también queda prohibida la publicación de ese tipo de mensajes en plataformas digitales institucionales, con o sin pago. En términos generales, la difusión de propaganda en contra de lo dispuesto en la Constitución Política o en el Código Electoral se sanciona económicamente, tanto a los responsables de los medios de comunicación, como a todos aquellos que buscan difundir propaganda en contra de lo dispuesto en el Código Electoral, como pretende la diputada Cisneros Gallo. Igualmente, se exponen a multas de dos a diez salarios base, los encargados o responsables de medios de comunicación, que pretendan “jugar de vivos” en un contexto donde, torpemente, ya la emprendedora diputada ha cantado sin guitarra, segura de que la asesoría recibida era estupenda. Están pues avisados los amigos de los medios que ya han sido buscados.
A una sociedad políticamente organizada sin Estado, algunos le llaman anarquía. Lo de Pilar Cisneros no se le acerca, pues lo de ella, básicamente es una “salida” impensada, y como tal, no merece ser tomada en serio.
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