Autor: María José Ferlini Cartín

Por Dr. Esteban O. Mora Martínez, profesor e investigador del Cicap-UCR

La reforma al empleo público es una decisión que afecta los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos

A lo largo de estos años en nuestras investigaciones sobre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), hemos apreciado cómo los diferentes expertos que conforman los Comités que estudian a nuestro país, son rigurosos y, más allá de las recomendaciones, posicionan factores de éxito para asegurar un modelo de desarrollo, es decir, buenas prácticas de las cuales podemos echar mano para resolver nuestros problemas, sin brindar recetas.

En este sentido, el país ha pasado por una discusión sobre el proyecto de ley marco de empleo público que tiene implicaciones más allá de la estructura del sector, de sus relaciones obrero-patronales, de las funciones y remuneraciones, y toca profundamente el pacto social que genera la condiciones para el desarrollo.

En el segundo semestre del 2017, la Unión Europea reconoció en sus estudios sobre la Calidad de la Administración Pública que, “el sector público es la principal ‹‹industria›› de la Unión Europea”. Incluso analiza que esta figura da empleo a aproximadamente a 75 millones de personas en los 27 países que la conforman, lo que significa el 25% de la población económicamente activa, con un gasto público que asciende al 50% del PIB (Producto Interno Bruto).

Sin embargo, su preocupación lejos del tamaño o del volumen del gasto, radica en el envejecimiento de la población de funcionarios públicos, considerándolo el mayor riesgo operativo para las instituciones del Estado, donde países como Bélgica, España e Italia están a escasos 11 años de que el 45% de sus funcionarios se jubilen.

En una lógica lineal básica esto es positivo porque reduce el gasto, sin embargo, la realidad es mucho más compleja y ciertamente genera una reacción en cadena porque existen “serias preocupaciones sobre la capacidad, la estabilidad institucional y la calidad de los servicios a largo plazo”. Esto cobra sentido cuando las valoraciones sobre la calidad, eficacia y rentabilidad social de los servicios públicos es alta, y el gasto es comprendido como prestaciones públicas efectivas para satisfacer las necesidades sociales.

Así, en la actualidad están poniendo en práctica una serie de estrategias para la atracción del mejor talento a las Administraciones Públicas y a las instituciones del Estado, con el fin de asegurar el relevo generacional y realizar un proceso de transferencia de capacidades y conocimientos apropiado para los retos que se enfrentan, así como ofrecer una perspectiva de carrera en la gestión de lo público.

Dos aspectos deben ser tomados en cuenta: el ingreso de personas probas basado en la meritocracia, y la detección y denuncia del clientelismo que reduce las posibilidades de la toma de decisiones racional de las instituciones. Únicamente de esta manera, más allá del indicador del tamaño del Estado por sus instituciones y funcionarios, se pueden construir instituciones sólidas y con soluciones duraderas.

En esta línea, el informe Panorama de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe 2020 de la OCDE y del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), resalta que el empleo público “refleja el acuerdo social sobre el papel del Gobierno en la economía y en la sociedad, así como la decisión sobre cómo se prestan los servicios públicos ya sea por parte de los empleados públicos o en asociación con los sectores privados o sin fines de lucro”.

Esta perspectiva reviste de vital significado la delegación o subcontratación (outsourcing) de los servicios públicos, pues en ocasiones lo que falla es el prestador del servicio y el órgano supervisor o regulador debe hacer uso de los mecanismos que dispone para no interrumpir la prestación a los usuarios.

A pesar de lo anterior, para algunos sectores la discusión del tamaño del sector público sigue siendo el meollo del asunto, sin embargo, según las fuentes consultadas en relación con el empleo público, el total para la Unión Europea rondó el 25% en 2017, mientras que el promedio para los países de la OCDE fue de 21,2% y el de Costa Rica de 12,7% para el 2018. En la siguiente figura se muestra el empleo del sector público como porcentaje del empleo total, 2011 y 2018 para los países de Latinoamérica y el Caribe (ALC) en comparación con la OCDE.

Como puede apreciarse Costa Rica está cercano al promedio de la Región ALC (11,9%) mientras se distancia del promedio de la OCDE por 8.4 p.p. En su último informe sobre Panorama de las Administraciones Públicas del 2021 (Government at a Glance) la OCDE analiza el empleo público en el contexto de la pandemia por COVID-19, resaltando el importante rol que han desempeñado los empleados públicos en la entrega de servicios públicos esenciales, manteniendo la salud pública de los ciudadanos, la seguridad y el soporte económico.

Si bien esto varía entre los países miembros de la OCDE, y para el caso de Costa Rica no existe la información porque a la fecha del informe el país aún estaba en proceso de adhesión, la Organización resalta a los funcionarios públicos como el actor central en los procesos de recuperación.

Finalmente, los procesos de reforma o modernización del Estado deben considerar al empleo público como parte de los pilares que sostienen el pacto social y la prestación de los servicios públicos, donde, una afectación desmedida, poco planificada y sin visión prospectiva, puede dar al traste con el modelo de desarrollo del país, por ello, ¿cuál es la medida adecuada del empleo público?, ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Para llegar a esa respuesta deben realizarse mediciones precisas de la situación actual, así como proyecciones del progreso que queremos de nuestro país, utilizando indicadores de desarrollo y no únicamente datos del gasto público.

Dr. Esteban O. Mora Martínez