En el enlace que compartimos se expone un resumen de los resultados del estudio realizado sobre los feminicidios en la subregión compuesta por México, Centroamérica y República Dominicana. En dicha investigación se muestran los datos sobre en la condición de este tipo de violencia contra las mujeres.
De acuerdo con este estudio, Guatemala es el país con el porcentaje más alto de feminicidios, se menciona que por cada millón de mujeres se producen 42.10 feminicidios, es decir un 28. 74%, mientras que El Salvador representa el 16.72%, Nicaragua el 13.03 %, México el 9.94%, Honduras un 9.80%, Panamá el 9.78%, República Dominicana un 8.76% y Costa Rica un 4.73%
Para ampliar más la discusión sobre este tema se les invita a acceder al artículo completo publicado por la Internacional de los Servicios Públicos.
Pienso que estaríamos de acuerdo en que no, sin embargo nuestra historia nos confirma con significativas excepciones como ejemplo la Guerra contra los filibusteros, que tenemos memoria flaca o domesticada y en menos que el gallo cante tres veces todo se habrá desinflado. Más aún si la eliminatoria inicia y Keylor Navas se digna venir a jugar con la selección.
Como pueblo regularmente educado, en donde el 52 % de los adolescentes no terminan secundaria y de estos solo el 19 % accede a la educación universitaria, pienso que la natural malicia indígena costarricense, la de Mora y Cañas, podrá ser la que den un vuelco al estado actual de las cosas.
Quisiera pensar eso, sin ser un bucólico cuento porque a veces reaccionamos.
Es de tal magnitud el descaro empresarial y la complicidad institucional, para un entrenado que era un secreto a voces pero que hasta ahora se tienen pruebas y testimonios, que verifican lo obvio, que una reacción de peso es justificable.
Cuando todo esto se contrapone a nuestros niveles de desempleo, de pobreza y de desigualdad y cuando escuchamos historias de personas reales, de verdad, sufriendo porque están pasando hambre y viven el día a día con la zozobra de si tendrán comida para el día siguiente y vuelve a pasar que no. No podemos indignarnos solamente, es la hora de que esto tiene que cambiar. Una revolución armada? indeseable por su costo pero factible; un escoger en las elecciones al menos malo? lo más probable; un populista que nos llene los oídos de lo que queremos oír? está de camino; una manifestación ciudadana multitudinaria que exija cambios reales? lo mínimo necesario pero no suficiente, para enfrentar y parar este despeñadero.
Como costarricense quisiera no olvidar ni el más mínimo detalle de la Cochinilla y mientras tengamos este sistema patético de elección de diputados y de solo representación a través de los partidos, de que hasta donde llegue, poder al menos ejercer mi derecho al voto pretendiendo el mejor cambio posible, que espero no sea votar por el menos malo. Sin embargo este esquema está en vías de agotarse y ojalá de extinción.
Quisiera poder plantearme escenarios alternativos, pero es el tal el embudo que nos ha llevado la clase político-empresarial, particularmente en los últimos treinta años, que cualquier reacción desesperada está a la vuelta de la esquina.
Imagen de cabecera tomada de Semanario Universidad.
Se solicita apoyo y la solidaridad de un amplio número de organizaciones de derechos humanos para suscribir una declaración en la que se denunciará el preocupante número de muertes causadas por el actuar de las fuerzas de seguridad y de civiles armados en el transcurso de los 2 meses de protestas en Colombia, número que no cesa de crecer de forma alarmante.
La declaración ha sido preparada por un grupo de organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre/en América Latina basadas en Ginebra con insumos de las organizaciones colombianas, con el objetivo de hacer un llamado urgente a la intervención del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitraria y del Consejo de Derechos Humanos.
La declaración será leída el miércoles 30 de junio en la sesión con el mencionado Relator.
Para sumarse, les pedimos llenar el formulario que se incluye en el mismo enlace mencionado. Su organización será incluida en la lista de organizaciones firmantes que se anexará a la declaración y se publicará en la página web de las organizaciones promotoras.
La fecha límite es el 30 DE JUNIO a las 12:00 pm (mediodía) en Ginebra.
El pasado viernes 25 de junio, en el Programa Radial Alternativas se conversó sobre: Cuba: preguntas del auditorio y repuestas de su señor embajador. Se contó con la participación de:
Jorge Rodríguez Hernández, Embajador de la República de Cuba
Maday Traba, segunda secretaria de la Embajada de la República de Cuba
En este espacio se conversó sobre la situación, económica, política y social de la República Cubana; primeramente, se contextualiza sobre la historia y contexto de la economía de este país. Por otra parte, Rodríguez analizó el proceso revolucionario que se gestó en Cuba y las implicaciones de este en la actualidad.
Asimismo, se expone sobre las medidas que el gobierno cubano tomó para enfrentar la pandemia del COVID 19, y el sobre el estado actual del proceso de inmunización.
Se le invita a ampliar la discusión y conocer más sobre este tema, se adjunta el link del programa https://fb.watch/6macm7AN0c/
Desde el pasado 28 de enero del 2021, la Asociación Conservacionista YISKI y la Asociación CONCEVERDE enviaron una petitoria con carácter de urgencia al Lic. Tomás Martínez, Presidente del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA); a la Licda. Andrea Meza Ministra del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); a la Licda. Haydeé Rodríguez, Viceministra de Agua y Mares; a la Licda. Karla Espinoza.
En dicha petitoria se solicita se intervenga para que las empresas mencionadas paguen de manera justa por el uso del agua, asimismo, se señala la necesidad de un control riguroso y justo de este recurso. A continuación, se muestra la petitoria mencionada:
“Control riguroso y justo uso del Agua. Hidrómetros para Cooperativa Dos Pinos, Coca Cola, Florida, Cervecería C.R., Intel, otros.
En vista de que el Estado costarricense está prácticamente en quiebra y que se negocia la imposición de nuevos impuestos a la clase trabajadora con el FMI, sería justo y necesario que en esta época de crisis a las empresas que lucran con el sagrado y demanial recurso hídrico, se les coloque, lo antes posible, hidrómetros para que justamente paguen por el beneficio del uso del agua de gran calidad que en inmensas cantidades han aprovechado por muchos años. Aprovechamiento sin control, gracias a la incompetencia de la Dirección de Aguas del MINAE, incapaz de regular y fiscalizar los caudales que están sustentando sus actividades comerciales.
Debido a ese «a la libre» uso, más allá del problema económico, subyace también una posible sobreexplotación de acuíferos y con sus repercusiones a corto, mediano y largo plazo.
Y si además enfrentamos desafortunadamente el desdén y oposición de la Cámara de la Construcción, a la gestión de la Primera Dama Dobles, el Presidente Alvarado, la Dirección de Aguas del MINAE, vemos cómo se actúa concertadamente en contra de la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos del SENARA y su Guía Metodológica, según publicación en La Gaceta No.193 del 12 octubre, 2017-. Matriz que debemos de recuperar lo antes posible, para ejercer debidamente la protección de nuestras invaluables aguas subterráneas. Ello para sumarlo al éxito obtenido con el envío al archivo del ambicioso y falto de visión proyecto de ley No. 20.212 (nueva Ley de Aguas) del Banco Mundial, su agencia privatizadora la GWP, las transnacionales comercializadoras del agua como bien económico, del agua, que contaba con la complacencia y apoyo de la exjerarca del AyA, Yamileth Astorga y ONG’s que se dicen ambientalistas.
No es de recibo jamás, que se diga desde la Dirección de Agua del MINAE, que los hidrómetros no se instalan porque resultan muy caros… Podría ser así, pero tiene más valor el agua que el Estado está dejando correr sin beneficio alguno para los costarricenses. Y es que tampoco se ha de dejar de valorar el impacto (hasta ahora desconocido) sobre los acuíferos, y el valor del agua que luego se comercializa como refrescos gaseosos, cervezas, aguas saborizadas, etcétera, que se venden a precios generalmente muy onerosos. En fin, es urgente hacer el esfuerzo por poner en funcionamiento los hidrómetros, como los que tenemos el resto de la población.
Además, como ustedes conocen, las diversas empresas, gracias a viejas concesiones, casi no pagan por el agua que sustentan sus negocios pues alegan derechos adquiridos e irretroactividad de las leyes, para no someterse a relaciones más justas. Si es así, ¿por qué no acudir a los tribunales de justicia a dirimir esas situaciones? Eventuales resoluciones a favor del Estado podrían favorecer a las Áreas Silvestres Protegidas, comunidades, ONG que luchan por la protección de las fuentes de agua, etcétera, que no gozan de ningún beneficio por sus esfuerzos de protección de las aguas que nutren los acuíferos del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central. Ya que ante la situación de la pandemia se acude a nuevos impuestos y congelamiento de salarios, éste podría ser el momento de propiciar un proyecto como el que estamos proponiendo.
PETITORIA URGENTE.
No nos podemos dar el lujo de continuar impactando acuíferos, contaminando (caso piñeras, etc.) y regalando el agua, por lo que solicitamos muy respetuosamente, se inicie, el proceso para la instalación de los hidrómetros, lo antes posible, en todas las empresas gaseosas, envasadoras de agua, bebidas alcohólicas, refrescos, etc., así como por el uso agroindustrial, industria tecnológica, etc., pues no sería equitativo que el resto de la población sí tengamos que pagar por el agua que consumimos, mientras esas empresas de la élite que gozan siempre de beneficios, no lo hagan. Situación que podría ser incluso inconstitucional, pues no estamos siendo tratadas-os en forma justa, equitativa, igual.”
A pesar de esto, aún no se ha obtenido alguna respuesta positiva al respecto, ante esto se menciona como en el caso del AyA parece que hicieron caso omiso al despacho del señor Presidente Alvarado. Tampoco ha respondido la señora Ministra Andrea Meza y parece que el Art. 11y 194 (sobre el Juramento Constitucional) de la Constitución Política de Costa Rica no lo conocen todavía.
«Artículo 11: Los (y las) funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal de sus actos es pública…»
Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos contra defensores de la tribu Yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y Estado de México
En el mes de junio, al menos dos personas defensoras de derechos humanos y tres periodistas fueron asesinados en México. Ante este contexto de violencia, es necesario impulsar una política pública integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo a las víctimas y familiares de la violencia, y exigimos de las autoridades de gobierno garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión.
Junio, 28, 2021, México. Las personas y organizaciones firmantes nos solidarizamos con las víctimas y sus familias, y condenamos los asesinatos, ataques y amenazas sistemáticas en contra de personas defensoras de derechos humanos, en especial quienes defienden la tierra y el territorio, y contra periodistas y medios independientes en el país.
Los homicidios en Sonora cometidos en contra de los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días de estar desaparecido y de Luis Urbano Domínguez, ambos pertenecientes a la tribu Yaqui, así como de los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en Estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas; reflejan los riesgos a los que están expuestos en México quienes defienden derechos humanos y la libertad de expresión. Además, exponen la ausencia de medidas y políticas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas.
La falta de campañas de reconocimiento sobre la defensa de derechos humanos; ausencia de investigaciones y sanciones penales a las agresiones previas; poca coordinación entre instituciones de los tres niveles de gobierno para garantizar la labor de personas defensoras y periodistas; falta de debida diligencia en la realización de análisis de riesgo e implementación de medidas de protección, en especial con enfoque de género, colectivo y comunitario; y la ausencia de políticas de seguridad dirigidas a la desarticulación de bandas criminales, son algunas de las falencias identificadas que han posibilitado que personas defensoras y periodistas no cuenten con condiciones seguras para poder realizar su labor.
Frente a la continuación de violencia, ataques físicos y homicidios cometidos contra personas defensoras y periodistas, que han evidenciado la profundización de la crisis y violencia en materia de derechos humanos en el actual contexto de COVID-19 y post-electoral, exigimos a las autoridades federales, estatales, municipales y entes autónomos implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones.
Recomendamos la generación de mesas de trabajo con participación de autoridades con facultades para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, así como de personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que permita reactivar el diálogo en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos presentado en Diciembre de 2020.
Exigimos a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), a combatir la impunidad investigando diligentemente los asesinatos cometidos contra personas defensoras y periodistas. Urge que se lleven a cabo las investigaciones conforme al Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, y con base a buenas prácticas en materia de delitos cometidos en contra de personas defensoras, que partan de la hipótesis de su labor de defensa e información.
También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En tanto el Mecanismo siga siendo la única respuesta del Estado Mexicano, es conditio sine qua non fortalecerlo.
Por último, solicitamos a las Relatorías de libertad de expresión y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, de la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pedro Vaca, Irene Khan,Mary Lawlor y Joel Hernández Garcia, continuar la observancia sobre la situación en México, y les exhortamos respetuosamente a pronunciarse respecto a la situación de violencia y la necesidad de políticas eficaces para garantizar el derecho a defender y de ejercicio de libertad de expresión.
Para contacto de medios:
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas
contacto@espacio.osc.mx
@EspacioOSC
Personas firmantes
Ángeles Hernández Alvarado, Alejandro Castro, Araceli Osorio Martínez, Témoris Grecko, Amarela Varela Huerta, Profesora investigadora UACM, Elsa Ángeles Vera, Adriana Mújica M, Manuel Alejandro Castro Flores, Rosa María Rodríguez Quintanilla, Arely Orozco Rolón, Rosario Patricia Rodríguez Rodríguez, Estrella Pedroza, Juan Castro Gessner, Elia Regina Basurto Ríos, Concepción Peralta Silverio, Nantzin Saldaña Escobar, Raquel Cervantes Alday, Vania Pigeonutt, Ma de Jesús Alvarado Balleza, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, Red Nacional de Peritos y Expertos independientes contra la Tortura, Edith Escareño Granados, Dolores Soto, Rossana Ramírez Dagio, Yaredh Marín Vázquez, Gloria Careaga Pérez, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, Rosa Isela, Dolores Soto, Camelia Muñoz Alvarado.
Organizaciones de derechos humanos y redes de la sociedad civil
Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Amnistía Internacional México, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cimige, A.C, Centro Universitario Comunal «ity Ndyaa Ndoo», Colectiva Sobrevivientes de feminicidio en México, Red de Trabajadoras de la Educación SNTE, Ojos de Perro vs la Impunidad A.C, Campo, A.C, La Tribuna de Toluca, Voces Irritilas, A.C, La Talacha Noreste, periódico digital, El Aguijón Medios,, El Aguijón Medios, The Observer, Periodismo y Verificador del Discurso Público, Colectivo Ambiental Guanajuato,, Red Nacional Género y Economía, Espacio libre independiente Marabunta A.C, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual, Las Vanders, Organización Familia Pasta de Conchos, 4pnoticias, Observatorio de Designaciones Públicas, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña.
Members of the press hold images of colleagues during a protest against the murder or disappearance of more than 140 journalists and photojournalists in Mexico since 2000, in front of the National Palace in Mexico City on June 1, 2018. – Racked by violent crime linked to the multibillion-dollar narcotics trade, Mexico posted a record number of homicides last year: 25,339. That included at least 11 murdered journalists, making the country the deadliest in the world for the profession after Syria, according to Reporters Without Borders. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP).
Fotografía tomada del sitio web de CEJIL.
El lunes 28 de junio se llevó a cabo la emisión radial sobre “Las lecciones de Crucitas y los nuevos intentos por la minería a cielo abierto”. Se contó con la participación de:
Álvaro Sagot Rodríguez
Nicolás Boeling Naumovic
El programa fue conducido por:
Giselle Boza Solano
Rosaura Chinchilla Calderón
El programa se sintoniza por medio del Facebook live de Radio Universidad de Costa Rica y mediante 96.7 FM. Sin embargo, puede verlo nuevamente dando click al siguiente enlace:
El pasado lunes 28 de junio el programa “Orden del Día” abrió un espacio en el cual se debatió sobre las lecciones que dejó la lucha contra el proyecto Crucitas y acerca de los nuevos intentos que se encuentran en la corriente legislativa con la intención de reactivar la minería a cielo abierto.
En este espacio se contó con la participación de:
Giselle Boza Solano: Abogada, comunicadora y coordinadora del PROLEDI – UCR
Rosaura Chinchilla Calderón: Abogada, docente de la Facultad de Derecho de la UCR
Álvaro Sagot Rodríguez: Profesor de Derecho Ambiental de la licenciatura y en la maestría en Desarrollo Sostenible de la Facultad de Derecho en la UCR.
Nicolás Boeglin Naumovic: profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
Para ampliar la discusión sobre este tema pueden acceder al siguiente enlace:
En el video que se encuentra al final de la nota Albino Vargas, secretario general de ANEP presenta con mucho orgullo la Junta Directiva de la seccional del ANEP en la empresa transnacional de seguridad privada G4S, Costa Rica.
Vargas, invoca a la mediación a la ministra de Trabajo Silvia Lara Poverano y el viceministro de Trabajo del área laboral Ricardo Marín Azofeifa, para resolver y hablar sobre la situación socioeconómica y laboral en la que se encuentran las personas funcionarias.
Este martes 29 de junio de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., se llevará a cabo el foro: ¿En dónde está Costa Rica? Acuerdo de Escazú entró en vigor…. sin Costa Rica.
Se contará con la participación de:
Álvaro Sagot Rodríguez: Profesor de derecho Ambiental de la licenciatura y en la maestría en desarrollo sostenible de la facultad de derecho en la UCR.
Patricia Madrigal Cordero: Negociadora por Costa Rica del Acuerdo Escazú, docente universitaria, miembro de ONG y especialista en derechos humanos y ambiente.
Alejandro Barahona Krüger: politólogo especialista en gobierno, políticas públicas y gestión pública, profesor de relaciones internacionales y comercio internacional en la UNA.
Nicolas Boeglin: profesor de derecho internacional publico en la facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica.
Constance Nalegach Romero: Negociadora por Chile de Acuerdo Escazú, consultora en asuntos internacionales en temas de sustentabilidad y profesora en Universidad de Chile y extranjeras.
Modera:
Norman José Solorzano Alfaro: Investigador y docente IDESPO – UNA
Para ingresar al conversatorio puede acceder al Link: https: Iluna-cr.zoom.us,187360372624 18:873 6037 2624
