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Autor: María José Ferlini Cartín

¡La vivienda de los pobres no se toca!

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado de prensa:

En comunicado público del viernes 25 de junio de los corrientes el BANHVI le anuncia al país que “suspende recepción de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda en todas las ventanillas de las entidades autorizadas”, ante la decisión del Ministerio de Hacienda de no girar los 28.000 millones tal y como lo demanda la Ley 9026 reiterada en la Ley 9985. Este nuevo recorte 2021 de los recursos para vivienda de las familias más humildes se suman a los 16.500 millones y a los 20.800 millones que el gobierno le quitó al banco durante 2020.

A lo anterior se debe el cierre técnico actual del BANHVI, pues no puede asumir los procesos de adjudicación y aprobación de nuevos proyectos y casos individuales. El banco se encuentra en una situación delicada producto de la irresponsabilidad del gobierno y de su ministro de Hacienda Elián Villegas, ya que tienen 5.000 operaciones aprobadas por un monto de 36.500 millones y no entra el dinero.

Por esta razón, se convoca a protesta el día martes 29 de junio a las 9.00am, ya que familias humildes afectadas por este cierre técnico se concentran frente a Casa Presidencial para pedir que el presidente Carlos Alvarado explique porque no le giran los recursos al BANHVI de acuerdo a la Ley 9985 aprobada ya por los diputados.

¡Por favor difundir!

Adjuntamos el documento oficial con toda la información:

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¡Al Rescate de JAPDEVA!

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

San José, 16 de junio del 2021

Señor
Carlos Alvarado Quesada.
Presidente de la República de Costa Rica.

Estimado Señor presidente:

Nosotros, expresidentes ejecutivos, de diferentes períodos, de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), preocupados por la situación del sector portuario del Caribe costarricense, y ante la crisis nacional y provincial de Limón, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Durante sus primeros 57 años de vida, JAPDEVA fue una Institución robusta y autosuficiente, gracias a los ingresos que percibía de la actividad portuaria. Como suele suceder con todos los puertos del mundo, JAPDEVA tenía una amplia incidencia en todo el quehacer de la región en donde se encuentra y con la aparición de APM Terminal se denota un vacío de liderazgo en todos los asuntos comunales de la provincia. La Institución destinaba una parte importante de sus ingresos, para promover el desarrollo rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica, generando bienestar y contribuyendo en la atención de emergencias climáticas en la región.

Señor presidente, como usted bien lo señaló en su Informe Presidencial de mayo del presente año; “El caso de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) es complejo y da para mucho debate. Lo cierto es que al firmarse el contrato en 2012 para el funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), lo que se concretó ahí fue el traslado del 84% de la carga y el 80% de los ingresos de JAPDEVA a la TCM, a cambio de un canon. Se cedió un negocio público a un privado sin una compensación portuaria adecuada, y sin garantías de mejores tarifas y mejor operación. Además, sin un plan claro de transición de JAPDEVA. Así, al iniciar operaciones la TCM en febrero 2019, JAPDEVA se topa de frente con la caída masiva de sus ingresos y manteniendo el mismo nivel de gasto.

Hoy la realidad es que las tarifas de la TCM son más caras que antes y la terminal, a dos años de su entrada en operación, está ya llegando a su saturación operativa. Como Gobierno, en representación del Estado que firmó este contrato, velaremos por su cumplimiento. Pero no podemos dejar de mencionar esta realidad. (…)” El destacado es nuestro.

A partir de lo anterior, el efecto en las condiciones financieras de la Institución, han sido desastrosas y en consecuencia, su capacidad para coadyuvar en la generación de empleo y apoyar en las condiciones socioeconómicas de sus habitantes, han sido nulas; tal y como ha ocurrido, con muchos empleadores de la zona, incluido el sector exportador y productor del país, debido al incremento en el costo de los servicios portuarios, por parte del concesionario de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y a todo esto, hay que agregar la tardanza de la operación en la TCM que incide en los tiempos de espera, las pérdidas de las citas previas y la formación de largas filas de furgones en la ruta 32.

La Ley N° 7404, Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, (LCOP), en sus Artículos 1 y 7 se indica lo siguiente: Artículo 1: “La concesión de obra pública, es el instituto jurídico de derecho público, mediante el cual, el Estado encarga a una persona, la ejecución de una obra y le transmite, temporalmente, los poderes jurídicos necesarios para que la explote, por medio del pago de una contraprestación o tarifa, que abonarán los usuarios, con la autorización, control y vigilancia de la administración, pero por cuenta y riesgo del concesionario”. Artículo 7: “La explotación del bien objeto de la concesión, se entenderá siempre para beneficio del interés público. Este propósito se cumplirá, con la prestación del servicio público, según los siguientes principios: conveniencia nacional, legalidad, generalidad, continuidad, eficiencia, adaptabilidad y justa retribución “.

De conformidad con lo establecido en la Ley LCOP, un puerto dado en concesión se construye, para plantearse un beneficio económico para el concesionario y también para el país, tanto para los usuarios del nuevo servicio, así como en lo social; es decir, el país tiene que sacar un beneficio de menores costos y mayor eficiencia.

Como usted mismo Señor presidente, muy acertadamente reconoce que, con este contrato, se cedió contractualmente una actividad económica, a cambio de una prestación no equilibrada; un negocio público, a un privado, sin una compensación adecuada, sin garantías de mejores tarifas y mejor operación.

Nosotros, preocupados por la situación de JAPDEVA y del País, coincidimos con usted, en que la relación contractual de APM no es equilibrada ni justa, situación esta, que queda reflejada con las múltiples quejas del sector exportador e importador y, a las nefastas consecuencias que se visualizan sobre las finanzas de JAPDEVA, el desempleo y la falta de fuentes de trabajo en la Provincia de Limón.

La firma de este contrato, entre APM y el Gobierno de la República, ha generado gran incertidumbre por los puestos de trabajo que han tenido y tendrán que disminuirse en JAPDEVA.

De acuerdo con las bases de la Ley de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (LCOP), los principios que inspiraron a la Administración Pública a suscribir ese contrato, no se está cumpliendo y, por lo tanto, al revisar los aspectos jurídicos contenidos en la Ley General de Administración Pública, relacionados con el interés público, se corrobora, que éste debe prevalecer sobre el interés privado. El propósito del contrato no es hacer que solo el concesionario obtenga un beneficio justo, sino satisfacer el interés público del país, de los exportadores, importadores y de la población en general, mediante la obtención de una mejora sustancial en el concepto de tarifas y servicio. Tiene que darse un equilibrio entre las partes, Concesionario y Estado.

Ante tal situación y conscientes del grave daño que se le está provocando al País y a JAPDEVA como Institución, creada por ley para promover el desarrollo rápido y eficiente en la Vertiente Atlántica, teniendo a la vista los resultados ya señalados de altas tarifas e ineficiencia en el manejo portuario, todo esto relacionado en su Informe Presidencial ante el Congreso de la República, presentado el pasado primero de mayo 2021 y, por las múltiples quejas de todos los sectores usuarios de los servicios de APM y el clamor de la comunidad limonense, le solicitamos de manera muy respetuosa las siguientes acciones:

Revisión del Contrato de Concesión para un mejor equilibrio de las partes.

Iniciar de manera urgente un proceso de revisión del contrato firmado con APM, en cuanto a sus elementos económicos, financieros y técnicos, que den equilibrio a todas las partes, teniendo como prioridad satisfacer a cabalidad los aspectos relacionados con el interés público del país, que dieron origen a la necesidad de suscribir este contrato de concesión. Dicho análisis permitirá definir a ciencia cierta lo relativo al rescate de la concesión por razones de interés público en la misma vía de conclusión de su informe presidencial y de acuerdo con lo establecido por el contrato de concesión en su cláusula 18.3.1

Aplicación de Sanciones por Incumplimientos.

Señor Presidente, respetuosamente le pedimos que como miembro de la Administración Concedente Compleja del Contrato de Concesión de la TCM, instruya al señor Ministro de Transportes para que en su carácter de Presidente de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) proceda con la urgencia del caso a verificar el estado actual de los procesos sancionatorios (denuncias) que debe tramitar el CNC de acuerdo a las disposiciones del régimen sancionados del contrato de concesión y el artículo 137 del Reglamento de Operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín.

Lo anterior considerando las denuncias realizadas por los empresarios y usuarios de los servicios públicos que fueron concesionados. ANEXO.

JAPDEVA debe asumir su rol en el Desarrollo de la Provincia de Limón.

Intervenir de manera urgente y tomar las acciones necesarias para estabilizar la situación económica en la Provincia de Limón y, devolver a JAPDEVA, su rol protagónico en el desarrollo de la Vertiente Atlántica, aspecto que ha venido a menos desde la entrada en operación de la APM. JAPDEVA por su parte, ha visto reducido su espacio para atender las necesidades del desarrollo en la región, debido a la pérdida de su capacidad financiera y de su impacto para generar empleo directo e indirecto. Revisar para que sea la Junta Directiva de JAPDEVA juntamente con MIDEPLAN quien en forma separada de lo portuario maneje los fondos provenientes del famoso Canon que por Ley tiene que girar APM Terminal al Gobierno de la República.

Instancia al Poder Ejecutivo.

Le solicitamos señor presidente, muy respetuosamente, que instruya a los funcionarios que corresponda, para que ante el incumplimiento en la aplicación de tarifas (elevadas) y el cronograma de construcción (no se han construido los puestos acordados) que se revise el contrato y en dicha apertura se logren los siguientes puntos:

  • Disminuya las tarifas de APM Terminals que actualmente ahogan a los exportadores.
  • Que los muelles de JAPDEVA puedan atender barcos de contenedores además de los ya pactados, esto con el fin de dar un respiro para incrementar los ingresos de JAPDEVA.
  • Que la Autoridad Portuaria se le devuelva a JAPDEVA en forma clara y definida de acuerdo con la ley.

Instancia a la Junta Directiva de JAPDEVA.

  • Para que JAPDEVA actualice el Máster Plan de sus puertos tanto de Limón como el de Moín.
  • Que con las nuevas proyecciones de atención a buques establezca los Programas de Ingresos y Egresos para que la Institución como tal, logre un punto de equilibrio propio y sea autosuficiente sin tener que apalancarse con el presupuesto del Poder Central.
  • Que JAPDEVA acelere los estudios, planes y programas de los muelles para atender cruceros y la marina.

Con todo respeto, atentamente,

JOSE MANUEL AGUERO ECHEVERRIA (siguen más firmas de otras personas que han ocupado la presidencia ejecutiva, pueden verse en el documento para descargar).

ANEXO

Los representantes de las cámaras de exportadores y navieras están de acuerdo con el reciente castigo que impuso el MOPT a APM Terminals; sin embargo, esperan que a futuro se impongan más, por los constantes problemas operativos de la megaterminal. https://semanariouniversidad.com/pais/empresarios-piden-mas-sanciones-por-ineficiencia-de-apm-terminals/

Exportadores critican tarifas y fragilidad en servicios de APM Terminals. https://semanariouniversidad.com/pais/exportadores-critican-tarifas-y-fragilidad-en-servicios-de-apm-terminals/

Carlos Alvarado pide evaluar gestión de APM Terminals https://www.larepublica.net/noticia/carlos-alvarado-pide-evaluar-gestion-de-apm-terminals

Exportadores y navieros piden sanciones contra APM Terminals. https://www.multimedios.cr/nacional/video-exportadores-y-navieros-piden-sanciones-contra-apm-terminals

Adjuntamos el documento oficial:

VERSION-FINAL-PRESIDENTE-CARLOS-ALVARADO-QUESADA_-003Descarga

Interseccionalidad: Una herramienta para visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+

Escrito en . Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

La población LBGTIQ+ de la región centroamericana ha visto vulnerados sus derechos humanos debido a causas estructurales.

La falta de educación, dificultad de acceso a salud y derechos elementales se agravan ante la ausencia de leyes que protejan a esta población.

Es necesario la implementación de políticas públicas con un enfoque interseccional donde se logre evidenciar los diferentes factores a los que se enfrenta la población en condición de vulnerabilidad. Así como un enfoque donde cada persona logre verse desde la diversidad.

Una sociedad justa es donde todos se ven por igual y se garantizan sus derechos humanos. Son necesarios las narrativas respetuosas no revictimizantes.

Puede ver el video completo sobre cómo crear una sociedad justa haciendo click aquí

 

Compartido con SURCOS por Marco Castillo Rojas.

Convenio 11 y trabajadores agrícolas de Costa Rica: “100 años de soledad”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Gerardo Iglesias y Carlos Amorín

SURCOS comparte la siguiente información:

En un estupendo ensayo que se encuentra en proceso de publicación por la Rel UITA, el asesor en Educación Sindical y ex funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gerardo Castillo, y el abogado laboralista de vasta experiencia profesional acompañando la lucha de numerosos sindicatos, Frank Ulloa, ambos costarricenses, analizan exhaustivamente la génesis, la promulgación, el proceso de ratificación así como las limitaciones y obstáculos que ha encontrado en su camino el Convenio 11 que consagra la libertad sindical para los trabajadores y trabajadoras agrícolas, y que este año cumple un siglo de existencia.

Un opaco centenario

Tomando como pretexto este aniversario, los autores realizan un apretado resumen y contextualización del nacimiento de la OIT, las primeras promulgaciones de Convenios y Recomendaciones, y su desarrollo posterior.

En un lenguaje llano y didáctico, Ulloa y Castillo hacen foco en la fuerte resistencia que encontró desde su origen, en 1921, la extensión del derecho de asociación al sector agrícola mediante el artículo 1 del Convenio: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se obliga a asegurar a todas las personas ocupadas en la agricultura los mismos derechos de asociación y de coalición que a los trabajadores de la industria, y a derogar cualquier disposición legislativa o de otra clase que tenga por efecto menoscabar dichos derechos en lo que respecta a los trabajadores agrícolas”.

Fue necesaria la intervención de la Corte Internacional de Justicia de la Sociedad de las Naciones que, en 1923, sentenció lo que a ciertos sectores empresariales de la época no les resultaba obvio: que el ámbito de acción de la OIT abarca a la agricultura, y que los trabajadores y trabajadoras rurales tienen los mismos derechos que los demás.

Amos y siervos

Esta visión feudal, cultural e ideológicamente incrustada en el empresariado agrícola, aún persiste con diversos matices en gran parte del planeta. “(…) darle vigencia al Convenio 11 de OIT sigue siendo una aspiración de los trabajadores y trabajadoras costarricenses para enfrentar estos retos de manera organizada y dejar de estar a merced de estas empresas”, señalan los autores.

Luego de un profundo análisis sobre la aplicación y real vigencia del Convenio 11 en Costa Rica y la región, el documento aborda entre otros aspectos la crítica al modelo de desarrollo en la agricultura exportadora, las condiciones de trabajo y los derechos de la mujer en las empresas agrícolas, las normas discriminatorias en el Código de Trabajo costarricense, la impunidad de las empresas que imponen sus propias reglas, el reto de acercar los planteamientos teóricos a la realidad, y el auge y caída de la libertad de asociación en el marco de la consolidación de los Estados corporativos.

Una foto que pocos quieren ver

En sus conclusiones, Castillo y Ulloa establecen que:

  • La fuerza de un Convenio no logra anidar en la conciencia ciudadana y en la sociedad si los actores sociales (empresarios, trabajadores, Estado) no están imbuidos de la trascendencia de sus fundamentos éticos y políticos.
  • Se constata que la aplicación del Convenio 11 en Costa Rica ha sido bloqueada, obstaculizada y debilitada históricamente en distintos momentos, formas y medios… “¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Son conscientes de las implicaciones políticas inmediatas y las que se cultivan al futuro con tales infracciones?”, preguntan los autores.
  • Se reafirma y demuestra que el poder de un instrumento jurídico de carácter internacional como son los Convenios Internacionales del Trabajo tiene una razón de ser en la salida de eventuales conflictos socio-laborales, y en la búsqueda de una meta ideal superior: la paz y la justicia social.
  • Identifican un comportamiento hipócrita presente en diversos actores económicos, políticos y sociales que supuestamente aceptan la vigencia de un sistema de derechos, pero que sin embargo lo relativizan y hasta lo violentan brutalmente para proteger sus intereses individuales y/o corporativos.
  • “De la misma manera −afirman los autores−, el concepto de ética se acuña bajo acepciones y perspectivas utilitaristas de mercado (RSE, Código Ética Empresarial, Comercio Justo, Certificadoras Internacionales, etc.), pero en ningún momento estos mecanismos implican el cumplimiento de la ley respecto a la libertad de asociación de los trabajadores agrícolas, o el respeto a los derechos laborales y al medio ambiente”.
  • En países como Costa Rica, geográficamente pequeños, de bajo desarrollo económico, con estructuras de poder neocoloniales y dependientes, las corporaciones trasnacionales han tenido un papel dominante cuyo peso y gravitación en los empresarios nacionales y las autoridades gubernamentales llega hasta nuestros días, constatan Ulloa y Castillo.
  • Se denuncia que persiste una flagrante subvaloración al trabajador, y más aún al trabajador agrícola, al que se considera como una categoría de menor rango, y la discriminación se acentúa aún más en el trato a los migrantes en el sector agrícola: hambreados, expulsados de su propio país y recibidos como un auténtico ejército de reserva explotable y desechable.
  • Las empresas transnacionales han perfeccionado los mecanismos de explotación e incrementado el nivel de abuso e impunidad al tiempo que se enriquecen, lo que demuestra que, en materia de negocios en gran escala, los riesgos políticos y éticos de las malas conductas no se registran en los libros contables. La impotencia va haciendo mella en la cultura ciudadana, comprometiendo el futuro de la gobernabilidad por el daño social provocado por la mala distribución de la riqueza. Asimismo, la irresponsabilidad ante el deterioro del planeta es incalculable.
  • Las empresas transnacionales aplican un modelo de violencia antisindical y utilizan un doble discurso: por un lado, mediante un supuesto Código de Ética, un sistema de Certificaciones, la manida Responsabilidad Social o el Comercio Justo venden en el mercado internacional la imagen de empresas respetuosas de los derechos laborales y del acatamiento al cuidado de los recursos naturales y el medioambiente. Sin embargo, en las fincas aplican una batería de prácticas y castigos antisindicales e instrumentos de relaciones laborales deformados que sirven para frenar los intentos de organización, impedir la negociación colectiva y neutralizar reivindicaciones socio económicas, al tiempo que utilizan un paquete tecnológico basado en el uso indiscriminado e impune de agrotóxicos.
  • Estas transnacionales han ideado y perfeccionado una verdadera caja de herramientas antijurídicas y de conductas antiéticas con las que capacita a sus mandos medios y a los trabajadores que ellas mismas designan para integrar el Comité Permanente de Trabajadores. Esto es una flagrante desnaturalización de la ley, pero se permite y hasta se acompaña, al obligar al sindicato a acudir a una institucionalidad fallida: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los Tribunales de Trabajo que no se preocupan por profesionalizar la Inspección del Trabajo. En síntesis, las transnacionales hacen un uso antiético de la legalidad que contagia al resto del empresariado, erosiona las políticas ambientalistas del país y, cada vez más, va desgastando la institucionalidad democrática.

En síntesis, no hay nada para conmemorar, todavía.

 

Fuente del artículo, le invitamos a difundir: http://www.rel-uita.org/costa-rica/100-anos-soledad/?fbclid=IwAR1HLcomGPJoi46KaO86GJ0R5UpJchpALtaisfo0pQ0LzGJ26LcwwnqD7_Q
Imagen: Mural San Javier-Uruguay | Foto: Gerardo Iglesias
Enviado a SURCOS por Maikol Hernández

UCR, Cien años atrás en la historia: Centroamérica celebra su centenario de Independencia

Escrito en . Publicado en Derechos.

Libro analiza la conmemoración que se realizó en 1921, para estudiar los cambios en la esfera pública, en la cultura política y en la construcción de la identidad nacional y centroamericana

El libro forma parte de la colección Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, de la Editorial UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

La historiadora y directora del Instituto de Investigaciones en Arte (IIArte) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Patricia Fumero Vargas, detalla cómo fue la celebración de los primeros 100 años de independencia en la región centroamericana, en el libro “Festejos y Símbolos: el primer centenario de la independencia de Centroamérica”.

El libro fue publicado por la Editorial UCR y forma parte de la colección Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.

Los pueblos, los actores políticos, las manifestaciones culturales y los festejos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en 1921 son los objetos de estudio de la investigación.

Fumero Vargas dedicó tres años al estudio y recopilación de los principales hitos históricos que marcaron el centenario de la independencia en el istmo y mediante becas de investigación organizó un periplo para recorrer la región en búsqueda de finalizar su proyecto.

“Primero inicié con la revisión de algunos periódicos, archivos públicos y privados, ya después tuve dos o tres diferentes momentos y estancias de investigación en cada uno de los países y donde los colegas centroamericanos aportaron no solo la calidez humana sino que también el apoyo en el proceso de investigación”, comentó la autora del libro.

El texto nos transporta 100 años atrás, donde en la región centroamericana convivieron dos modelos distintos de creación del nacionalismo. Por un lado, la unión entre Guatemala, El Salvador y Honduras en lo que se llamó “El Triángulo del Norte”. Mientras que en Nicaragua y en Costa Rica existía un sentimiento mucho más nacionalista y anclado a lo invidiual.

En nuestro país, ese sentimiento inició su proceso de desarrollo desde el año 1913, cuando el sistema educativo costarricense empezó a resaltar los símbolos nacionales como elementos de unión patria.

“Desde que se inició a concebir y cantar las notas del Himno Nacional y además estudiar los símbolos nacionales, empezamos a fortalecer la idea de que somos ticos. Y este sentimiento fue aún más fuerte para 1921 porque ya más del 80% de la población había ido a la escuela”, explicó Fumero Vargas.

Mientras en los otros países del istmo, se vivían tiempos particulares en la historia. En Guatemala y El Salvador habían terminado las dictaduras, por lo que se dio una apertura política y un proceso de democratización, y por primera vez desde las leyes liberales de 1880, en Guatemala se nombró a un Arzobispo.

A pesar de esas diferencias nacionales y culturales entre los países, para setiembre de 1921, Centroamérica se volvería a unir y celebraría el centenario de vida independiente de manera conjunta.

Esta vez, la unión surgió como respuesta ante un nuevo enemigo en la zona, los Estados Unidos. Ya con mucha influencia en los distintos países, los norteamericanos tenían grandes contratos petroleros e iniciaban sus negocios con las bananeras.

Por esta razón, Costa Rica decidió participar con una representación en la celebración del centenario que se realizó en Guatemala.

“Por Costa Rica van dos niveles de representación. El primero de ellos fue político, representado por el presidente Rafael Iglesias, dos secretarios y dos mujeres que se dice fueron su esposa y su hija. También varios periodistas que fueron a cubrir el evento”. detalló Fumero.

A pesar de que la celebración magna se llevó a cabo en Guatemala y unió a los cinco países, en Costa Rica, unas semanas antes del setiembre de hace 100 años, organizó su propia conmemoración.

Nuestra Celebración

Desde enero de 1921 inició el proceso de organización, en el país, para la celebración de los 100 años de vida independiente. Diferentes grupos sociales planearon desde sus realidades, actividades para conmemorar esta fecha tan importante para la historia nacional.

“La mayoría de celebraciones eran organizadas por las escuelas y comunidades pero también se dieron celebraciones de organizaciones gremiales, artesanos, obreros y la Iglesia Católica, quienes básicamente desfilaban por todas las ciudades y mandaban a hacer elementos decorativos, como los arcos del triunfo”, aseguró la autora.

Uno de los sectores más importantes para la celebración de este hito fue el de las mujeres costarricenses, la mayoría de ellas mediante el Club Unionista del Partido Unionista, ya que fueron las encargadas de organizar las actividades de las comunidades mediante el sistema escolar.

En el marco del Bicentenario

Para la autora, existen varios aspectos similares entre las realidades centroamericanas del primer centenario a las actuales, principalmente en el ámbito político y económico.

Temas relacionados con aranceles y aduanas, problemas con las injerencias de un país sobre otro, disputas políticas y acciones diplomáticas sin solventar, son algunos de los detalles que desde la perspectiva de ella y después de investigar las realidades pasadas, compartimos con 100 años de diferencia.

No obstante, el principal diferenciador que encuentra entre ambas realidades es la unidad y comunicación entre los países del área y cómo en aquel entonces éramos capaces de unirnos como bloque y enfrentar los problemas como tal. Ya que para ella, trabajar en conjunto como unión centroamericana es mejor que trabajar por separado.

Patricia Fumero Vargas deja un mensaje en el marco del bicentenario de vida independiente en la región donde resalta la necesidad de replantearnos qué queremos cómo sociedad y cómo podemos seguir marcando la historia como lo sucedido hace un centenar de años atrás, en conjunto, como sociedades centroamericanas.

“Lo que yo quisiera ver es cómo llegamos a pensar en qué tipo de sociedad queremos y además qué tipo de ciudadanía queremos. Debemos pensar más en los derechos humanos y no tanto en asuntos de procedencia y de dónde viene la sangre si no vernos a todos por igual. Esta responsabilidad está en nuestras manos, es nuestra decisión”, concluyó.

El libro está disponible en la Librería UCR o en el siguiente enlace.

 

Kevin Venegas Arias
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información

Posicionamiento político sobre las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua 2021 – Articulación de Movimientos Sociales (AMS)

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil AMS-OSC, hace del conocimiento público su posición de rechazo a las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre, convocadas por el régimen Orteguista.

La AMS llaman al desconocimiento del circo electoral, incluyendo sus predecibles resultados dejando en el poder a los ORMU y reitera la necesidad de una concertación contra todo el pactismo y el zancudismo que pretende legitimar no solamente el fraude que se perpetúa, sino la repetición de prácticas políticas donde prevalecen las componendas a espaldas de la ciudadanía.

Seguimos creyendo en el derecho al libre sufragio y a las elecciones como uno de los métodos que pueden conducir al cambio político, pero hoy, en las actuales circunstancias, consideramos gire estas elecciones fraudulentas organizadas y controladas por Ortega y Murillo no reúnen las mínimas condiciones contempladas en los estándares internacionales para ser consideradas como libres, justas y creíbles.

La larga lista de vejaciones y violaciones al derecho de decidir por medio del sufragio inicia con la elección ilícita de Ortega del 2006, resultado del pacto con el exmandatario Arnoldo Alemán. El dictador se fue adueñando de los poderes del Estado, incluido el Consejo Supremo Electoral. Seguidamente, se aprobaron leyes inconstitucionales que tuvieron por objetivo perpetuarse en el poder, sacando del juego político al liderazgo opositor de diversas tendencias, a aspirantes a cargos de elección, a militantes de organizaciones sociales, siguiendo con periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

A más de las 130 prisioneras y prisioneros políticos, se agregan 20 personas secuestradas en las dos últimas semanas, entre ellas, cinco precandidatos/as presidenciales, lo cual resulta insólito en la historia de los procesos electorales en el mundo. ¿Qué valor pueden tener unas elecciones en las que hasta quienes aspiran a la presidencia pierden sus libertades más básicas? Con estas últimas acciones, la dictadura ha dinamitado el proceso electoral.

Ya la comunidad internacional no puede seguir confiando en un proceso viciarlo, con «condiciones mínimas legales y operativas para llevar a cabo elecciones creíbles democráticas y competitivas». El régimen de Ortega Murillo no cumplió ninguno de los acuerdos contraídos en la negociación con la OEA, ni adoptó ninguna de las recomendaciones de las organizaciones de DDHH. Es cada vez mayor el repudio internacional al proceso electoral fraudulento que intenta realizar el régimen, un régimen que ha sido claramente identificado como autor de delitos de lesa humanidad.

Ortega ya optó por un modelo de elecciones fraudulentas y sin competencia, para continuar imponiendo un partido hegemónico, con o sin el eventual concurso de los partidos zancudos, nuevos y reeditados y el apoyo del empresariado que, pese a la persecución actual, confía en rehacer su esquema de «negocios y consenso», ignorando la total ausencia de institucionalidad democrática en el país.

El gran capital y los partidos políticos evalúan que participar en unas elecciones sin condiciones es una opción, pero esta opción significa un alto riesgo para la población y no incluye la justicia social ni la refundación de Nicaragua, que nuestro pueblo demanda y merece.

Algunos liderazgos y fuerzas políticas están dispuestas a aceptar que el régimen las deje como una segunda o tercera fuerza en estas elecciones fraudulentas de noviembre. Ya desde tiempo atrás hemos mantenido que estas elecciones, lejos de resolver la crisis nacional, solo conllevan a legitimar la farsa montada por Ortega, y, por consiguiente, la consolidación del régimen en el poder.

No se le debe pedir al pueblo nicaragüense votar por una candidatura que participe en la disputa a la presidencia, en las actuales condiciones, a cambio de algunos escaños para su partido en la Asamblea. No se debe seguir el juego de Ortega, para que presente internacionalmente a los participantes colaboracionistas como prueba de que hubo una competencia electoral democrática.

El argumento de que «nos vamos con el último gire quede», a todas luces se traduce en «vamos con el candidato que Ortega no inhiba y que le convenga». Tampoco podemos esperar que la comunidad internacional decida por nosotros y nosotras.

La AMS continúa abogando por la concertación de las fuerzas sociales y políticas, nacional e internacionalmente, haciendo énfasis en el desconocimiento del ejercicio electoral actual y del resultado ya anticipado de la votación y la demanda de otras elecciones, esta vez libres y observadas, con términos renegociados, sin represión ni persecución, sin presas ni presos políticos, sin personas exiliadas, sin inhibiciones, con observación nacional e internacional y sin estado de sitio policial y parapolicial.

Reconocemos el derecho ciudadano de cada nicaragüense al ejercicio individual y consciente del voto, nuestro llamado NO es al «no-voto» o a la abstención, sino a que las fuerzas políticas opositoras no legitimen mediante su participación un proceso viciado y amañado. La resistencia cívica, incluyendo la resistencia electoral en condiciones limpias, continúa siendo la base para lograr una verdadera transición, preferiblemente por la vía electoral, pero ya no serán las elecciones de Ortega de noviembre 2021.

INVITAMOS A LAS FUERZAS DE LA OPOSICIÓN AL REPUDIO CLARO Y SIN AMBIGÜEDADES DE TODO EL CIRCO ELECTORAL.

La Articulación de Movimientos Sociales mantiene su compromiso de continuar resistiendo en todo el territorio nacional y en el exilio, sumando voluntades y fortaleciendo los lazos de comunicación, concertación, alianzas y solidaridad con todas las fuerzas Azul y Blanco y la población autoconvocada y sus organizaciones, para avanzar en el derrocamiento de la dictadura.

 

Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.

Muy calladita la Municipalidad de San José

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Freddy Pacheco León

“Muy calladita», la Municipalidad de San José, la misma del «barrio chino sin chinos», de los más de ¢1.200 millones en exoneraciones («incentivos» les dicen) a empresas constructoras de edificios, de una «ciudad tecnológica» EN EL PROFANADO «CEMENTERIO DE LOS POBRES», del tranvía sin sentido, del basurero de La Carpio que continúa con otro contrato multimillonario, los millonarios drones españoles, los «fuegos» centroamericanos, etcétera, surge ahora como protagonista relevante de los negocios con la constructora MECO. No sólo por un contrato con único oferente por cerca de ¢40.000 millones para reparación de calles, donde MECO recibirá ¢4.057 millones MÁS que lo ofertado por la descalificada, Consorcio Pedregal-Herrera, sino porque, según se consigna en el Semanario Universidad (2/4/14) durante la administración Chinchilla y Araya, fue ÉPOCA DE JAUJA para la constructora acusada de corrupción. Eso explica parcialmente por qué durante las administraciones Arias y Chinchilla, el patrimonio de MECO ¡creció de US$20 millones a US$150 MILLONES! De tanta «confianza» en esos años, que se descubrió como el eterno alcalde y entonces candidato presidencial, hasta viajó (a escondidas por supuesto) junto al contratista privilegiado, en su jet privado a Panamá.

Malvinas Argentinas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José Luis Callaci

Más allá de lo que puedan creer o defender los admiradores de la Corona inglesa, el conflicto sobre el Archipiélago de Malvinas se inició a partir de un artero e infundado ataque de una potencia colonial que les arrebató a sus dueños una posesión legítima heredada del imperio español. A pesar de la evidencia histórica y la fuerte razón mencionada, a la que hoy se le agregan otras como la geográfica, hay quienes aún se empeñan en deponer sus opiniones echando mano a argumentos muy trillados y fáciles de rebatir. Lo hacen haciéndole eco a los que emanan del 10 de Downing Street, que nos cuentan una historia, pero al revés. Esa fantástica admiración que algunos profesan por el Reino Unido ha llevado a afirmaciones delirantes como el llegar a decir, sic: “que ha sido mejor que las Islas fueran tomadas por el Imperio Británico y no mantenidas por España o tomadas por el Imperio Ruso, el Alemán o el Japonés”. Probablemente alguien considere que deberíamos ser más tolerantes y comprensivos, superar enojos y aceptar que cuando se practican genuflexiones ante los poderosos no existen límites para la perversidad humana. Pero las cosas son como se presentan y hay que llamarlas por su nombre. Desde la resolución 2065 de Naciones Unidas en 1965, en la cual se reconoce la disputa de soberanía y se convoca a las partes a resolver el conflicto por medio del diálogo y la negociación, el Reino Unido viene reusándose al llamado del organismo internacional que a través del Comité Especial de Descolonización el pasado 24 de junio lo reitera y contó con el abrumador apoyo de los países miembros. Los burdos intentos de soterrar los hechos del conflicto con el fin de justificar la ocupación ha servido más bien para que el apoyo mundial a Argentina sea cada vez mayor y más beligerante, llegando incluso a que muchos países hagan suya la Causa Malvinas. Así que ponerse a estas alturas a tratar de justificar la ocupación de las Malvinas, constituye un acto no solo reprochable sino inadmisible y censurable. El intento fallido de recuperación de las Islas por la fuerza de las armas por parte de un Gobierno militar en 1982 independientemente de alguna intención subyacente que haya tenido, no fue una invasión sino una ocupación legítima de lo que le pertenece al pueblo argentino. Esto al margen de lo que podamos considerar: que esa no debería ser la vía, dadas las actuales condiciones, sino la solución pacífica de la controversia. Las guerras entre las potencias coloniales europeas fueron historias de arrebatos de unos a otros. Los ingleses a principios del Siglo XIX intentaron dos veces invadir las colonias del Río de la Plata en poder del Imperio Español y fracasaron. Esa es una parte de la historia. Pero los hechos son contundentes e irrebatibles. España como resultado de acuerdos con otras potencias europeas se queda con el Archipiélago de las Malvinas el cual pasa, luego de la Independencia de sus colonias al Poder de lo que es hoy Argentina, que la ocupa con personal militar y colonos. La usurpación británica se produjo un 3 de enero de 1833 o sea varios años después de la Independencia. Los ingleses tomaron por sorpresa, por la fuerza y sin declaración de hostilidades, Puerto Soledad y expulsaron a los argentinos. Estos son los antecedentes de los justos reclamos de la parte despojada por un acto de violencia sobre el cual hay quienes lo califican como un ejemplo más de simple piratería perpetrado por la Pérfida Albión.

Juramento

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Cultura.

A Albert Camus, Herbert E. Contreras Vásquez, Puntarenas 2012

Ante el Kosmos, en acto solemne, me reconozco animal humano pleno de contradicciones y majaderías como las demás criaturas bípedas

ante el Planeta me confieso irreverente, con el puño cerrado contra las injusticias, diciendo NO a lo que límite mis sueños o las aspiraciones de las mayorías

ante lo Ignoto, por las cenizas de mis ancestros y especialmente ante mi madre

por la gente y por los que no son tratados como gente

por los que se fueron, por los que estando aquí, permanecen ausentes

por todos y por nadie, por los que aborrecen sin saber porqué

por los que no se aman a sí mismos, por los que aman lo que no deberían amar

por esto y por aquello, en este acto solemne

me declaro engendro humano, y para no decir más sandeces

bajo sublime juramento, ante mi hermano el árbol, ante el perro sin abolengo

ante un despojo en medio de cartones homínido o cuadrúpedo ¿qué más da?

ante el agua, ante el fuego, ante el viento, ante la tierra

ante la miseria y ante la asquerosa opulencia

ante el dolor, ante el regocijo

ante uno mismo, ante la soledad, ante todos

JURO no ser parte en la construcción de esta Casa de Lunáticos.

Una visita indeseada de un gobierno falsario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por, Carlos Meneses Reyes

El equipo gubernativo del sub presidente Duque preparó una visita del mismo al Municipio de Sardinata: Puerta de Entrada al Catatumbo Medio Nortesantandereano. Para ello escogió como sitio de reunión de un concejo de seguridad, el sitio conocido como La Virgen, de ese municipio, caracterizado por ser lugar de manifestaciones campesinas y de bloqueos de la carretera Cúcuta- Ocaña, durante el Paro Político Nacional (PPN). También por concentrar el mayor número de efectivos militares en lo que se ha constituido como una base militar de avanzada de la fuerza conjunta ( ejército, marina, aviación) de operaciones Fudra Omega, caracterizada por el profesor Víctor Renan Vega, como una prolongación del Comando Sur del ejército norteamericano, resultado del Plan Colombia, con un equivalente de 30.000, uniformados; 17.000 de los cuales aposentan en El Catatumbo, bajo la Operación de la Fuerza Vulcano, con un asentamiento de 12.000 soldados, aumentado en 5.000 soldados más, por el espurio presidente en el poder, al inicio del presente año.

Esta visita a Sardinata, celebrada en el día de ayer, 25 de junio de 2.021, la efectúa el sub presidente, cuando más de dos mil campesinos han decidido regresar a su veredas, luego de intensas gestiones del gobernador del Norte de Santander y los alcaldes de Cúcuta, Tibú y Sardinata, para lograr un despeje de las vías y carretera principal mencionada. Un fui, vi, vencí, que por poco termina en tragedia.

En el marco del Paro Nacional los campesinos se concentraron en la Y de Astilleros, donde confluye la vía de Cúcuta- El Zulia, hacia Tibú y Ocaña. El ejercito impidió la marcha campesina hacia Cúcuta, ante lo cual el gobernador del Departamento, junto con el alcalde de Cúcuta y Tibú, se dirigieron al lugar de concentración, en donde se llevó a cabo una Audiencia Pública, con la presencia de la Camisón de Paz del Congreso. Los días 13 y 14 de junio resultaron de intensa actividad, donde el gobernador escuchó las quejas de los manifestantes, siendo falso lo difundido por los medios de intoxicación masiva de la dictadura, que había sido retenido por los campesinos. Fue manifiesto el pedido de la comunidad de estar cansada de la prolongada situación del cierre de vías ente Cúcuta y El Catatumbo. El gobernador regresó a su Despacho, en el Palacio de la Cúpula Chata, como se denomina al centro de la burocracia narco estatal en la capital administrativa del Departamento. Esa noche, en la vereda Agua La Sal, del municipio de Cúcuta, motorizados armados, irrumpieron en el campamento de concentración campesina, disparándoles, en físico acto de terrorismo estatal.

La gobernación del Departamento expidió el Decreto 000879 del 17 de junio de 2.021, por medio del cual se creó la “Mesa Regional por la Reivindicación Popular de El Catatumbo”, como un instrumento de articulación de participación y de concertación, dialogo social y acuerdos, entre la gobernación del Norte de Santander y el Comité de Unidad de El Catatumbo, al que asisten y conforman más de dieciséis siglas organizativas de la región, incluidas de intereses indígenas. El día 18 de junio se llevó a cabo el acto de protocolización de firma del mencionado Decreto, para lo cual se trasladó el gobernador del Departamento al sitio de La Virgen, en Sardinata, acompañado de los alcaldes de Sardinata, El Zulia, Cúcuta; resaltando el logro de condiciones mínimas para la instalación de la Mesa, construyendo una estrategia metodológica que permita ir a los territorios, escuchar las opiniones de las comunidades, recoger inquietudes, validarlas y concertar salidas en la Mesa Regional.

¿A qué fue entonces Duque?

El equipo gubernamental publicitario suplió fases de preparación para que presentara la presidencia un balance de las “inmensas” inversiones hechas a El Catatumbo. Todas en proyección a 15 años, como si el palo estuviere para hacer cucharas. El manipulador Archila, como consejero presidencial, no calculo la diferencia de los sucesos y acontecimientos reseñados y armó una burocrática patraña de espaldas a la población campesina catatumbera.

En patético desgobierno, demuestra los efectos de contradicción que el dictatorial Decreto de asistencia militar y de velada conmoción interior, ha generado en el espíritu y comportamiento de mandatarios locales y regionales, ante el gobierno central. Desconoce que en la región se está en la actividad de instalación de seis mesas de trabajo con ejes temáticos en temas de educación, salud, vivienda, saneamiento, vías de penetración, sobre medio ambiente y en especial sobre los temas de aplicación de los Planes Pinis, referente a la sustitución de cultivos ilícitos en forma voluntaria, mancomunada, con inversiones familiares; la creación de las Zonas de Reserva Campesina(ZRC) y en una palabra la aplicación de los programas máximos y mínimos reivindicativos del movimiento popular, contenidos en los Acuerdos de La Habana y el Teatro Colon, para el logro de una paz estable duradera y de no repetición. Pero no, llegó irrumpiendo en un boato de derroche de fuerza y de estreno de uniformes del generalato. Cuando los dos mil campesinos concentrados habían regresado a sus parcelas y solo un séquito de algunas camisas blancas “de bien” uribeñas, enseñoreando aliento narco paramilitar, reproducían el eco de las contra manifestaciones a las del Paro Nacional.

Y al caer la tarde sonaron los balazos

En un caldeado ambiente político, social y económico como el que transita el país colombiano, el insuceso de disparos de un arma automática, al helicóptero presidencial, de claros distintivos, que traía de regreso a Cúcuta, al primer mandatario de algunos colombianos, no califica- como debía ser en cualquier otro país- en un hecho funesto, aciago, de consecuencias nefastas de alteración. Consuetudinarios con asesinatos de candidatos presidenciales, de líderes sociales, de desmovilizados desarmados, en réditos de beneficios electoreros a una secta, que no partido de gobierno; ya lo aciago de un evento como el sucedido en la tarde de ayer en Cúcuta, demuestra el rompimiento del tejido y sensibilidad social, de un bien preciado como la vida de los seres humanos; no pudiendo catalogar en lo sociológico y antropología, que la pérdida del miedo, pueda redundar en perdida del instinto vida-muerte.

La política concebida desde lo clásico es el resultado de hechos y sucesos. ¿Contribuye ese funesto suceso a un cambio en la conducción política? Infortunadamente, no. Se dan las reacciones esperadas de la mediática. Las declaraciones estereotipadas de “personalidades” políticas, para diferenciarse del montón. En cambio, se reiteran las manidas manifestaciones oficiales de las danzas corruptoras de las recompensas. No existe degradación más grande que la del sapeo, al que se es alérgico desde las bancas de la escuela. Así como la expresión ciudadanos “de bien” calza en la norma de la lucha de clases; los diferentes montos de recompensa ofrecidas, aplica en lo inequitativo de la distribución social de la riqueza en Colombia. Para dar con quienes han decapitado e incinerado jóvenes relacionados con la protesta, fijan: US$3.000. Por dar con quien quemó un tracto mula atravesado en la vía: US$200.000. Por quien disparó desde zona en despoblado e inventado que fue del techo de una casa de barrio humilde: US$1.000.000. Esas tales recompensas no tienen control fiscal, tributario, ni nada. Denuncian que no las dan y son objeto de extorsión subsiguiente. Fácil de comprender.

Múltiples versiones circulan en las redes sociales. Puede ser, como no, que un despistado traqueto, poseedor de esa clase de arma en el mercado negro, predominante en Cúcuta; o un aventurado miliciano, mutuo propio y en licencia, haya decidido dispararle al llamativo objetivo aéreo. No cabe en parámetros analíticos que haya sido una acción insurgente. En los últimos diez años han sido objeto de ataques con fusiles unos seis helicópteros de guerra, que posan en zonas de combate en El Catatumbo. Solo han sido averiados. No derribados. Índice de probabilidades que descartan la efectividad de esa escaramuza, dadas las dotes salvadoras y de tecnología de punta con que cuenta el helicóptero presidencial. Conocedores del conflicto armado interno en Colombia, aseguran que la guerrilla colombiana, en 50 años, no ha logrado obtener misiles, tierra-aire, por ejemplo. Queda entonces el factor preponderante de la geopolítica, dada la situación estratégica de Colombia, para el imperio y el interés de invadir a la República Bolivariana de Venezuela. Aunque burdo, es significativamente probable, lo de la doble bomba, en el mismo auto, que estalló en las instalaciones del Batallón Maza, de la 30 Brigada en Cúcuta y ahora este “atentado”, pletórico de argumentos para una acción de desestabilización en la frontera.

Sabido es que el ejército oligárquico de expansión Made in Usa colombiano, es el tercer ejercito del mundo que mayor recursos dinerarios recibe del imperio; siendo el primero Israel, el segundo Egipto y el tercero Colombia. Queda por ver la cacería de brujas en escena. Sin mayor excitación, así concluyó.