Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, con una vacunación que supera el 70%, se apresta a aplicar el refuerzo de una tercera vacuna, mientras que en Haití el porcentaje de la población vacunada solo alcanza a un 0.24%. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud tiene que llamar la atención para que no se aplique esa tercera dosis con el propósito de favorecer el acceso a las vacunas a los países más pobres. No hay iniciativas de solidaridad sustantivas por parte por parte del mundo rico. Se confirma lo dicho por Joseph Stiglitz que el 1% más rico solo alcanza a entender que su destino está vinculado inexorablemente a cómo vive el restante 99% cuando ya es demasiado tarde.
Un 45% de las vacunas contra el coronavirus han sido aplicadas en países ricos del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón) aunque solo representan un 10% de la población mundial. El G7 acumula el 70% de la riqueza mundial y apenas producen el 30%, y ahora con ideas como la de aportar 500 millones de vacunas y cobrar el 15% a las empresas tecnológicas buscan presentarse como los “salvadores del mundo” (José Luis Cava).
Hasta ahora, han muerto 4.550.000 de personas por casusa del virus Sars Cov-2, y en un período similar han muerto 5. 400.000 de niños por desnutrición en el mundo. Asimismo, 10 millones de niños mueren por año antes de cumplir los 5 años, la mayoría por causa de enfermedades curables. En América Latina hay más de 5.000.000 de niños con desnutrición crónica y 700.000 en riesgo de muerte (Julio Berdagué).
El número de pobres ascendió a 209 millones de personas en América Latina en el año 2020, es decir 22 millones más que el año anterior, según datos de la CEPAL. Asimismo, se anuncian dramáticas catástrofes provocadas por un cambio climático que se intensifica, cuyas principales víctimas son, precisamente, los más pobres. Según el científico Noah Diffenbaugh, los países más pobres de la tierra son considerablemente más pobres de lo que hubieran sido sin el calentamiento global, mientras los más ricos son más ricos con el calentamiento global.
Costa Rica ha obtenido merecidos reconocimientos internacionales por sus esfuerzos conservacionistas en defensa de los derechos de la naturaleza, así como de los derechos humanos. Sin embargo, el Estado continúa retardando el cumplimiento de la ley que otorga a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios ancestrales, siendo los pueblos que más han contribuido a forjar una cultura de conservación y sostenibilidad bio-ecosistémica.
La “pandemia” neoliberal de los años 1980 nos heredó una “generación perdida”, que no tuvo oportunidades para concluir los estudios secundarios. Y hoy, cuando contamos con mejores condiciones para evitar una segunda “generación perdida”, por negligencia o cálculos políticos no se han utilizado los dineros disponibles en caja, para facilitar acceso a internet y equipo a los estudiantes pobres del país. Hay un proyecto de ley con el rimbombante título de “alfabetización digital”, que al parecer fue un invento innecesario, y cuyo trámite está pendiente; solo pretende justificar lo injustificable: no haber ejecutado esos recursos por parte de las instancias que les corresponde.
El gobierno se apresta a celebrar el bicentenario de la independencia, después de haber firmado un acuerdo de financiamiento con el FMI por 1.750 millones de dólares, entregando un pedazo de nuestra soberanía a un Organismo Financiero Internacional al servicio de los poderes fácticos financieros globales, y obligando a los sectores populares y a la clase media a sacrificarse para pagar este préstamo.
“No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí” (Paolo Giordano).
(2 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Reinicio del negocio privado de la electricidad
En términos generales podemos decir que, a partir del 8 de abril de 1949, cuando se creó el ICE con el Decreto Ley No. 449, en Costa Rica se empezó a perfilar una supremacía relativa de la electricidad pública frente a la privada, y que el 18 de octubre de 1990, cuando se publicó la Ley 7.200, iniciamos un retroceso hacia la electricidad privada.
A modo de resumen varias fechas son indispensables: el 18 de octubre de 1990, durante la administración Calderón Fournier, entró en vigor la “Ley n° 7200 Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”. Esta ley fue modificada durante el gobierno de Figueres Ólsen. El cambio del capítulo II de la Ley 7.200 se conoce como Ley. No.7.508 y rige desde el 9 de mayo de 1995. En 2011 el gobierno de Laura Chinchilla Miranda le dio el mandato al ICE de “llenar el porcentaje de generación privada de la Ley 7200”. Esta directriz ya no está vigente, pero sí las leyes indicadas. De acuerdo con el capítulo I de la Ley 7.200, los privados pueden operar y venderle al ICE electricidad proveniente de proyectos de no más de 20.000 kW (20 MW). Otros contratos pueden ser de hasta 50.000 kW (50 MW) gracias a la Ley 7.508 (capítulo II de la 7.200), y entre ambas modalidades, la generación privada no puede ser superior al 30% de la capacidad de generación de todo el Sistema Eléctrico Nacional (15% cada tipo de contratos).
La diferencia entre ambos contratos es que los proyectos de hasta 50 MW, denominados “Build, Operate and Transfer” o B.O.T, siglas en inglés para Construcción, Operación y Transferencia, deben pasar a propiedad del ICE luego de los veinte años de su duración. Los contratos, el precio de compra por parte del ICE, su renovación y las condiciones, que hemos tildado de extremadamente favorables para los privados en detrimento de la sociedad costarricense, los hemos revisado en otros textos como “Mentiras, estafas y el delirio de exportar electricidad privada”, en el que analizamos los supuestos bajo los cuales se justifica la generación privada de electricidad y su posible exportación.
Asociado directamente con esa pretensión de apertura para la exportación, fue presentado a la Asamblea Legislativa el Expediente n° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. El objetivo de esta propuesta es modificar el artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, y ya no sólo a las empresas del grupo ICE, como es en la actualidad. Ese proyecto busca que puedan exportar electricidad “todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”. En el artículo “Gobierno blindaría la estafa privada con exportación de electricidad”, explicamos cómo la falta de controles del ICE y “errores” de cálculo de tarifas por parte de ARESEP, favorecieron directamente a los generadores privados con cientos de miles de millones de colones. A modo de ejemplo, según la Contraloría General de la República se trata de “sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones”, sólo para algunos contratos.
Otros intentos de privatizar la electricidad
Durante la segunda Administración de Óscar Arias (2006-2010) fue relevante el proyecto “Ley general de electricidad” que tenía un clarísimo barniz privatizador. Hacia mediados de 2009 parecía inminente su presentación al Poder Legislativo, pero fue postergada hasta el siguiente gobierno. Fue presentado a la Asamblea Legislativa como expediente N.° 17.812 en el gobierno Chinchilla Miranda. Pretendía abrir el mercado a los generadores privados eliminando “trabas” de la legislación vigente. Enfatizaba la meta de propiciar condiciones para la exportación de electricidad al mercado regional centroamericano por parte de los generadores privados. El artículo 3 de la propuesta “Acceso al Mercado Eléctrico Regional, MER”, señalaba que “Las empresas generadoras nacionales que utilicen energías renovables para producir electricidad podrán colocar sus excedentes de energía en el MER, una vez cumplidos sus compromisos de suministro nacional, bajo la reglamentación que promulgue la Aresep”.
Tras la no aprobación del Proyecto Ley general de electricidad, el ya expresidente Oscar Arias, en un artículo titulado “Cuestión de sentido común” (La Nación. 17/03/2013), dijo que ese proyecto hubiera acabado “con esas absurdas limitaciones a la generación eléctrica privada”, y se lamentó de que “…Costa Rica perdió la oportunidad de contar con una legislación que nos habría permitido aumentar significativamente la inversión en energías limpias y garantizarle al país el abastecimiento de electricidad por muchos años más…”.
Las presiones para que en Costa Rica opere un mercado eléctrico abierto y con cada vez mayor participación privada, no sólo han estado permanentemente en la agenda de los empresarios privados de la electricidad. También han sido un anhelo antiguo de distintas administraciones. Es decir, privados y gobiernos coincidían, y siguen coincidiendo, en debilitar al ICE y fortalecer la generación privada. El 23 de setiembre de 2010, Teófilo de la Torre, titular del MINAE, expuso en el Foro Apertura y Desarrollo del Sector Electricidad. Reforma del Subsector Electricidad, un “modelo de mercado” en el que el ICE, “privados” y “alianzas”, serían competidores del mercado eléctrico en condiciones de plena igualdad, con una inversión (ideal) de 9.000 millones de dólares dividido en 3 partes iguales.
Otro intento privatizador fue un nuevo proyecto de “Ley de contingencia eléctrica”, Expediente N.° 18.093, que la presidenta Laura Chinchilla Miranda y su Ministro de ambiente, energía y telecomunicaciones, Teófilo De La Torre Argüello, presentaron a la Asamblea Legislativa el 11 de mayo de 2011. Esa propuesta abogaba por “una participación más activa del sector privado en el desarrollo de proyectos” y “la participación de múltiples actores en la industria eléctrica e incentiva la inversión en este subsector”. Una nueva variante de proyecto de ley para atender una supuesta “contingencia eléctrica” nacional, fue publicado en La Gaceta el 27 de enero de 2014 y presentado a la Asamblea Legislativa. Ambas iniciativas fracasaron gracias a múltiples oposiciones, que en su momento discutimos.
De manera amenazante contra el servicio público de electricidad, las propuestas de ley de contingencia avanzaron notoriamente hacia la privatización, pues pretendían declarar “…de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que se encuentren en el Plan Nacional de Energía”. Esta idea hubiera flexibilizado de manera letal las regulaciones y permisos para la generación de electricidad privada. Hasta hoy la “idea” es que esa declaratoria sea el resultado de un exhaustivo análisis de variables que permitan decidir sobre la aprobación o rechazo de un proyecto. Es una “idea” porque la historia reciente registra tanto usos nefastos como positivos de esta figura legal. 2 ejemplos son la declaratoria ilegal conveniencia nacional para el proyecto minero Crucitas, y otro fue el rechazo de la conveniencia nacional para el PH San Rafael, de la constructora HSolís, firmado por el otrora ministro de ambiente Carlos Manuel Rodríguez, el lunes 15 de julio 2019, tras casi 7 años de disputas en las que organizaciones sociales y comunidades demostramos la absoluta inconveniencia de ese proyecto. Ese negocio hidroeléctrico privado de 7,2 megavatios le hubiera costado a la sociedad costarricense 57 millones de dólares.
Un asunto a flor de piel en la ciudadanía es el alto precio de los medicamentos que expenden las farmacias, sean las organizadas en grandes cadenas o individuales. Es un clamor y un justo reclamo que viene desde hace algún tiempo y que ha crecido, con mucha fuerza, a raíz de la pandemia de la Covid-19.
Eso se ha puesto en evidencia en las últimas semanas cuando se propagandizó una iniciativa con tal propósito, impulsada por el candidato oficialista, Welmer Ramos. Sin embargo, esta propagandización de una iniciativa necesaria desde largo tiempo, ha sido contaminada por la campaña electoral, que, aunque el TSE no ha dado el banderillazo oficial de salida, para algunas agrupaciones políticas ya empezó hace meses.
Mientras esto sucede, en la agenda de Gobierno como en la legislativa se han buscado invisibilizar dos iniciativas impulsadas por el diputado, Walter Muñoz Céspedes y la fracción del Partido Integración Nacional (PIN). Una de ellas busca regular el precio de los medicamentos y otra que impactaría de inmediato en su precio para los consumidores, porque se orienta a bajarle el Impuesto de Valor Agregado (IVA). Ambos proyectos de ley fueron presentados en el año 2020 e, incluso, fueron oportunamente dictaminados.
Realmente, se trata de dos proyectos urgentes y que eran impostergables desde que se presentaron el año anterior, cuando era previsible la necesidad imperiosa de bajar el precio de los medicamentos tanto para atender la enfermedad pandémica como para tratar otro tipo de padecimientos. Asimismo, esta urgencia estaba asociada a que la crisis económica agravada por la pandemia se traduciría en una reducción brusca de ingresos como la que han experimentado millares de familias costarricenses en los últimos meses.
Sin embargo, para muchos medicamentos ha sucedido lo contrario, en el último año y medio que llevamos de pandemia, ya que han sido incrementados sus precios. Ejemplo de ello lo constituyen algunos analgésicos y anti-inflamatorios, que en algunos casos han subido hasta en un 57 %. Es oportuno destacar aquí que Costa Rica tiene los precios más caros en medicamentos de toda Centroamérica.
En abril del año 2020, el diputado Muñoz Céspedes le solicitó al Poder Ejecutivo que incluyera en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el proyecto para bajar el precio de las medicinas. El presidente Alvarado no lo hizo cuando la pandemia apenas mostraba en forma incipiente los peligros a los que se enfrentaba el país y tampoco lo hizo más adelante. Era un momento oportuno tanto porque la rebaja de los medicamentos se convertiría en un factor coadyuvante para enfrentar la enfermedad como por el hecho indiscutible de que la campaña electoral no se iba a levantar como un freno ante cualquier iniciativa de esta naturaleza.
Hoy día la polarización política creciente y que crecerá aún más al calor del desarrollo de la campaña electoral, es posible que se convierta en un valladar insuperable para una iniciativa de tanta urgencia.
Esta situación que afecta tanto a una gran mayoría de la población del país, debe fijar responsabilidades en una Administración como la de Carlos Alvarado, que ha manejado tan deficitariamente la pandemia como de quienes ocupando responsabilidades en el Parlamento no colocaron a este tipo de proyectos en el debate para su urgente aprobación.
Desde que se produce el medicamento en los laboratorios hasta que llega al consumidor, los distribuidores y las farmacias, obtienen ganancias que está muy por encima de lo justo y racional. No se trata de arruinar a nadie y menos a las pequeñas farmacias, que, si son afectadas y empujadas a su cierre, no es por el precio de los medicamentos sino por las acciones oligopólicas de las grandes cadenas que se han venido apoderando del mercado.
Esto no es ni más ni menos que un asunto de salud pública que debe formar parte del interés nacional con respecto al derecho a la salud, pero hace rato algunos pocos que detentan gran poder económico como político, han degradado avances en derechos humanos que singularizaron a Costa Rica, en simples ganancias que engrosan sus abultadas cuentas bancarias. Sin duda que su ambición desmesurada es un poderoso disolvente del Estado Social de Derecho, que tanto nos costó construir como sociedad y como país.
El organismo dictó sentencia en un caso que inició hace más de dos décadas.
En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó este lunes que el Estado de Colombia es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión que la periodista Jineth Bedoya Lima sufrió el 25 de mayo de 2000.
En la esperada sentencia, el organismo recordó que ese día un grupo de paramilitares interceptó y secuestró a la periodista a las puertas de la Cárcel La Modelo, y después la sometió a un trato vejatorio y extremadamente violento, durante el cual sufrió graves agresiones verbales, físicas y sexuales.
También advirtió sobre la existencia de «indicios graves, precisos y concordantes» acerca de la participación estatal en estos hechos, lo que había sido un reclamo permanente de Bedoya en las últimas dos décadas.
«Se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley, por la falta de debida diligencia a la hora de realizar las investigaciones sobre dichos hechos, el carácter discriminatorio en razón de género de dichas investigaciones y la violación del plazo razonable», explicó la Corte en un comunicado.
Agregó que los derechos de la víctima fueron violentados al igual que los de su madre, Luz Nelly Lima, ya que el Estado no les otorgó garantías ni protección judicial a pesar de las amenazas sufridas antes y después del secuestro.
Reparación
Cuando ocurrieron los hechos, Bedoya cubría en el diario El Espectador la guerra que libraban el paramilitarismo y la guerrilla en la cárcel La Modelo. Las agresiones en su contra permanecieron impunes hasta que en mayo de 2019 fueron condenados los paramilitares Jesús Emiro Pereira, Alejandro Cárdenas, y Mario Jaimes Mejía.
Sin embargo, la periodista siempre denunció que ellos no habían sido los únicos culpables y que más de 20 personas se habían organizado para atacarla, entre ellas agentes del Estado que nunca fueron llamados a comparecer por la justicia.
Además de darle la razón, la Corte ordenó una serie de medidas de reparación, entre ellas la de promover y continuar las investigaciones para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los restantes responsables de los actos de violencia y tortura que sufrió la periodista.
Además, conminó a crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia a fin de que aprendan a identificar actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres basadas en el género que afectan a las periodistas.
La sentencia incluye la creación de un centro estatal de memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y del periodismo investigativo, con un reconocimiento específico a la labor de las periodistas, así como el diseño e implementación de un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia que padecen.
Por otra parte, apunta a crear un Fondo que financie programas de prevención y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia, así como para la adopción de medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de quienes se encuentran sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión.
Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios
Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social) Alfredo Villalobos Jiménez (Periodista Vicerrectoría de Acción Social)
Del 20 al 24 de setiembre se realizó de forma bimodal la Semana de Defensa de los Territorios en las instalaciones del edificio de Educación continua en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica
En la actividad organizada por el programa de Kioscos Ambientales de la Vicerrectoría de Acción Social y el Observatorio de Acciones Colectivas del Instituto de Investigaciones de Sociales, se contó con los mensajes del Rector Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta y la Vicerrectora de Acción Social Dra. Marisol Gutiérrez Rojas y las discusiones se centraron en diferentes mesas temáticas relacionados a territorios, recursos, bienes comunes, espacios urbanos, agroindustria, migración, territorios indígenas y mujeres.
BIENES COMUNES Y EXTRACTIVISMOS
Durante la mesa bienes comunes y extractivismos la discusión se centró en el uso de bienes comunes como varias fuentes y cuerpos de agua. participaron Danny Villalobos Villalobos, Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua Puntarenas y Angélica Alvarado Barrantes, Ríos Vivos Costa Rica así como Neftalí Reyes Méndez y Marcos Leiva Madrid de la organización EDUCA, de Oaxaca, México por vía remota.
Destacaron la concentración del uso del agua para empresas privadas limitando su acceso a las comunidades, así como la instalación de minas en las riberas de los ríos, el desbalance legal a favor de las empresas.
Al respecto Villalobos representante de la Alianza de Comunidades por la defensa del Agua de Puntarenas durante la Semana por la Defensa Comunitaria por los territorios
“En Costa Rica, una empresa cañera con un dólar puede comprar 4800 m³ de agua es decir 4 800 000 litros de agua. Es decir que con dólar una empresa cañera puede extraer la misma cantidad de agua de una comunidad de 1000 personas en el mismo tiempo. Ese mismo dólar lo paga al mes, extrae millones en ganancias y al Estado solo le quedan 30 dólares.”
FRONTERA, AGROINDUSTRIA Y MIGRACIÓN
En esta mesa, se contó con la participación de representantes de la Asociación de Agricultores 8 de abril, Yesenia Barraza Orozco, René Álvarez Obando, Miguel Calvo Sequira. Esta asociación en el 2011 protagonizó una lucha por la recuperación de tierras en la zona de Medio Queso en Los Chiles de la zona norte, la cual se caracterizó por tener un elemento migratorio importante, una influencia de la agroindustria agroexportadora de monocultivos como la piña y factores xenofóbicos hacia las personas nicaragüenses que participaron en la recuperación.
Se logró que el Instituto de Desarrollo Rural comprara los terrenos de la recuperación y se fundara con esto la comunidad del Triunfo. Sin embargo, la comunidad carece todavía del otorgamiento de los títulos de propiedad de los terrenos, de fluido eléctrico, zonas recreativas, escuelas y otros servicios básicos.
Orozco, Presidenta de la Asociación, detalló cómo comenzó como vocal y el papel de las mujeres en la lucha por las tierras.
“En la lucha de Medio Queso nos pusieron al frente, decían era porque la policía nos iba a respetar un poco más pero no fue así, yo creo que nos pusieron al frente porque las mujeres somos más aventadas”
Destacó la complicidad entre las agroindustrias piñeras y las autoridades en las ocasiones en que dieron desalojos: “Los piñeros prestaban sus maquinarias para cuando se dieron los desalojos nos destruyeran los cultivos” concluyó.
Por otro lado, Obando, narró como llegó al país, cuando se tomó la decisión de recuperar tierras que se estaban concentrando en pocas manos.
Por su parte Miguel Calvo Sequira de la misma asociación. Describió la degradación del medio ambiente, las fuentes de agua y la deforestación y concentración de tierras en manos de transnacionales y la contaminación producto de las agroindustrias de cultivos como la piña.
DEFENSA COMUNITARIA DE LOS TERRITORIOS EN ESPACIOS URBANOS
Esta mesa se concentró en la recuperación y conservación de territorios naturales en las zonas urbanas como las comunidades de los Guidos, la Loma Salitral en Desamparados, así como los esfuerzos por recuperación de la Cuenca del Río Virilla en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.
Como parte del Trabajo Comunal Universitario Andrea Sopronyi Kamarás, Coordinadora del TC-711 «Territorio urbano-natural, una oportunidad para el encuentro» de la Escuela de Arquitectura. describió los alcances del proyecto por recuperar y transformar la comunidad de los Guidos de Desamparados y como se fueron involucrando personas jóvenes en la transformación del espacio.
Por otro lado, Daniela Solís Rodríguez del Comité Conservación Cuenca del Río Virilla describió su experiencia tras las afectaciones que sufrieron en su comunidad el barrio del Socorro en San Miguel de Santo Domingo de Heredia por la instalación de dos fábricas de asfalto en una zona de protección ambiental en la riviera del Río Virilla.
Representando al Movimiento Salvemos La Loma Salitral, su coordinador Eduardo Gardela, describió los principales hitos en la lucha por recuperar y conservar el último vestigio de bosque premontano en la zona urbana de la Gran Área Metropolitana. Relató los principales aprendizajes de acercamiento y concienciación de la población para conservar esta zona natural de desarrollos inmobiliarios, destacó por otro lado la importancia de tener representación en los gobiernos locales y en instancias políticas como la Asamblea Legislativa para ejercer control político y exigir cuentas a las instituciones involucradas en el caso.
DIÁLOGOS ENTRE MUJERES DEFENSORAS DE LOS TERRITORIOS
Mediante el diálogo las mujeres defensoras de los territorios expresaron las principales necesidades de las comunidades que son obtener tierra y trabajo para salir de la difícil situación económica y sobrevivir.
CinthyaHernándezChavarríarepresentantedelaLuchaCampesinaenFincaChánguena2-4enPalmarSurdeOsa destacó que las prioridades de las comunidades son tierras, trabajo y vivienda. Pero sin descartar que el agua es importante y la electricidad es complementaria, porque las condiciones en los territorios son difíciles y no cuentan con apoyo del Gobierno.
En relación con el apoyo de las instituciones, destacan las herramientas de capacitación que aporta la UCR a las comunidades abriendo puertas. “Mi deseo es que estas instituciones no desaparezcan, porque apoyan proyectos y son un soporte a las comunidades alejadas en territorios indígenas, para mi es muy importante ya que el apoyo de la UCR nos da más fuerza para seguir adelante y sabemos que no estamos solos y están de la mano con nosotros.
Las necesidades de nosotros son principalmente trabajo por la situación en la que estamos y por eso protestamos y vamos al puente de Térraba y tenemos un problema de tierra ni trabajo y Y no tenemos de que sobrevivir… El problema económico que tenemos es más grande y entramos en esta lucha campesina de trabajar las tierras y sobrevivir señala”: Hernández
Hernandez destaca que las comunidades levantan la voz, para reivindicar los derechos y la capacitación es una herramienta poderosa para empoderar a las mujeres en la lucha y defensa de los derechos. Nuestra voz expresa las necesidades de tierra y trabajo para salir adelante buscando alianzas y tejeres de voces en las comunidades y territorios indígenas.
Por su parte KattyaCruzEspinoza,CooperativadeViviendaCOOVIFUDAMR.L recalca que las universidades e instituciones del gobierno se deben comprometer para lograr la solución de vivienda y que no sea una mercancía, sino que es un derecho “la importancia de esta actividad es impulsar el modelo de la cooperativa. Es tener la oportunidad de que otras personas conozcan de cooperativas e impulsar estos modelos y decirles a las personas que necesitan vivienda, no solo 4 paredes, sino un entorno de seguridad, salud, higiene, de servicios básicos que se puede lograr en conjunto con capacitaciones de. Parte de las universidades, de cómo llegar a hablar con las instituciones del gobierno para lograr esa solución de vivienda y que no sea una mercancía la vivienda, sino que es un derecho que todas las personas tenemos” declaró: Cruz.
Por eso las Universidades deben de tener en cuenta las necesidades desde las comunidades indígenas, con asesoramiento legal y capacitación a las comunidades y territorios para poder subsistir, sembrar y cultivar los granos.
TerritoriosIndígenas:ResistenciayRecuperaciones
En esta mesa, Cindy Vargas Ortiz, Apoyo Consejo de Mayores del Territorio Brörán y Ruta de las Aves, Pablo Sivas Sivas, FRENAPI, recuperadores Crun Shurin e investigador Comunitario del CICDE, Osvaldo Durán Castro del Instituto Tecnológico de Costa Rica, Doris Ríos Ríos, de la Defensa del Territorio China Kichá, Lesner Figueroa Lázaro-Tuariwak del Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa describieron los diferentes procesos de recuperación de tierras ancestrales indígenas. Los problemas de violencia, acoso, usurpación de recursos en territorios y sobre todo problemas legales con la complicidad del Estado para evitar la recuperación del territorio y el disfrute pleno de sus derechos.
Si las tierras siguen usurpadas los indígenas vamos hacia la extinción “declaró Sivas sobre los conflictos ocasionados por la usurpación de sus tierras.
Nitre Ngäbe Nunanga Sixola Kugwe Nemen Bare Ka Nenguane / Pueblo Gnäbe en Sixaola: conflictos y situación actual
En esta mesa de saberes, los representantes de las comunidades indígenas Gnabe externaron su preocupación ante las dificultades que viven para obtener su documento de identidad ante Migración ya que el Gobierno incumple con la Ley de Naturalización el art 19 de las Naciones Unidas y violenta Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre entrega de documentación que los afectan para realizar trámites y recibir ayudas con el IMAS, servicios de salud con la CCSS, educación y circular libremente.
Recientemente se dieron a conocer los resultados del seguimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo, el programa estrella de la Administración Alvarado en la atención a la pobreza.
Con frecuencia estas informaciones tienden a pasar desapercibidas entre la población, pues las actividades de evaluación de programas estatales suelen ser ejercicios internos de las instituciones con poca divulgación y participación y todavía menor comprensión por parte de los ciudadanos.
En este caso y a poco menos de 9 meses para la finalización de este Gobierno, puede que muchas personas hayan olvidado la importancia del programa Puente al Desarrollo en el combate a la pobreza, que el mismo está constituido por 5 componentes, que son Puente al Bienestar, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente a la Prevención y Puente al Trabajo y que a este programa están vinculadas 19 instituciones que destinan cuantiosos recursos a su ejecución.
La información da cuenta, que “para el II trimestre de este año, había 30 metas programadas para todos los componentes de Puente al Desarrollo, de ese total, un 23% tenía riesgo de incumplimiento. De las 30 metas para el 2021, 20 metas se clasifican según lo programado, mientras 7 metas (tres más que el trimestre anterior) tenían algún tipo de rezago y tres presentan avance cero.
El problema se presentó en dos de cuatro metas totales ligadas al componente Puente al Bienestar, en cuatro de los 12 objetivos de Puente al trabajo, específicamente en lo referente a empleabilidad y en una de dos relacionadas con empresariedad, para un total de 7 metas en riesgo de incumplirse.
Una de las falencias en el componente de Puente al Bienestar es según el estudio, que las instituciones a las que se refieren las familias no estaban atendiendo hasta junio. Respecto a Puente al agro, se señalaron obstáculos ligados a la pandemia del COVID en cuanto al proceso de implementación de los planes, ya que la emergencia sanitaria redujo la capacidad de respuesta y el presupuesto de las instituciones”. (CRHOY,15-10-2021)
En tanto en el componente Puente al Trabajo, cuatro metas presentan rezagos, cuyos problemas de cumplimiento son:
✔ Porcentaje de referencias aprobadas en menos de 90 días por las diferentes instituciones (responsable CCSS, CONAPAM, CONAPDIS, CEN-CINAI, INAMU, IAFA, MEP, PANI, MIVAH).
✔Cantidad de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional y cantidad de personas matriculadas en alguna modalidad del INA. (responsable INA).
✔ Porcentaje de personas atendidas en los procesos de orientación vocacional con respecto de las personas que se matriculan en una oferta de educación técnica. (responsable MEP).
✔Número de familias emprendedoras y emprendedoras asociativas en condición de pobreza extrema atendidas (responsable INA, INAMU, MEIC y MTSS). (Mideplan, Informe de Seguimiento, agosto 2021).
“En materia de empleabilidad, la pandemia aparece como uno de los factores que ha provocado retrasos sobre todo por la obligación de realizar capacitaciones virtuales que un alto porcentaje de la población no puede atender debido a que carecen de una conexión a internet que les permita llevar los cursos.
(A nivel general), entre los obstáculos para la ejecución de los diferentes componentes están la atomización de los procesos en muchas instituciones, las brechas en el acceso a internet, los recortes presupuestarios y la falta de experiencia por parte de las instituciones en la implementación de los modelos de articulación de la población de referencia del IMAS (Institución coordinadora del programa).
En materia de ejecución presupuestaria en la estrategia Puente al desarrollo, el informe consignó que sólo seis de 19 instituciones reportaron sus niveles de ejecución y doce instituciones presentan problemas para reportar la programación financiera y controles de la ejecución del presupuesto, problema que se arrastra desde el 2020”. (CRHOY,15-10-2021
Más allá de si al finalizar el año 2021, el cumplimiento de las metas de la estrategia pueda ser mayor o menor al actual, surge la interrogante de si en los meses que le restan a la Administración Alvarado, sería posible alcanzar los objetivos que se ha planteado, en los componentes Puente al Bienestar, al Agro y al Trabajo, a saber:
-“Identificar de manera proactiva a las personas, familias, hogares en situación de pobreza extrema para brindarles una atención preferente e integral basada en la articulación de diferentes servicios e instituciones. -proporcionar a los hogares productores en condición de vulnerabilidad, que califiquen en Puente Agro, servicios articulados del Sector Agropecuario y otros sectores, que impulsen el desarrollo de iniciativas agro productivas con potencial de mercado. -Implementar acciones articuladas que inciden en el nivel de escolaridad, la inserción a formación técnica y capacitación y otras habilidades de los trabajadores, acorde a las necesidades del mercado laboral”. (Mideplan,Informe,2021).
Probablemente el logro de estos objetivos llegue a ser parcial y su impacto sobre la reducción de la pobreza, el desempleo y el apoyo al agro sea limitado y volverá a ser así pues se ha demostrado que éstos son aspectos estructurales del modelo exportador, los cuales afectan la eficacia de un programa como Puente al Desarrollo y plantean grandes desafíos al desarrollo nacional.
Como lo ha señalado el economista Francisco Esquivel en su libro “Análisis de la Estrategia de Desarrollo Costarricense”, la posibilidad de avanzar hacia un modelo económico que produzca desarrollo y resuelva las condiciones persistentes de pobreza, desempleo y exclusión del agro, requiere un nuevo modelo productivo que tenga como prioridad el impulso de los sectores de agroindustria, turismo y servicios de alto valor, que incremente la producción exportadora aprovechando el potencial del país para generar encadenamientos relevantes, que provoque un efecto multiplicador en la generación de empleo y articule el sector exportador y la producción para el mercado local.
La pobreza por su parte, se lograría reducir con una política social selectiva que llegue efectivamente a la población pobre, basada en una revitalización de FODESAF, como eje de la reducción de la pobreza y como generador de capacidad de consumo de los grupos de menor ingreso y de “encadenamiento social” para fortalecer el mercado interno. (Esquivel, F.,2021, p.235).
El próximo miércoles 20 de octubre de 2021, se llevará a cabo el I encuentro Mujeres Diversas y Cuerpos Feminizados, «Por una Salud Sexual con Enfoque Holístico», el cual tiene como objetivo, visibilizar la importancia del abordaje holístico desde la diversidad de las mujeres y cuerpos feminizados, de los derechos sexuales y reproductivos, para su ejercicio pleno.
Se les invita a participar de dicha actividad, la cual se realizará en las instalaciones del Hotel Radisson, iniciando las 9:00 am, finalizando con un cóctel de cierre alrededor de las 4:00 pm.
El pasado 20 de septiembre de 2021, se dio a conocer la triste noticia de la partida de Pablo Richard.
Llantos, palabras no dichas, manos y corazones llenos de gratitud. Mensajes y palabras que no fueron suficientes para expresar el cariño, amor y reconocimiento a Pablo.
Al conmemorar un mes de su muerte, se busca reunir a algunas personas y organizaciones con las cuales Pablo Richard compartió su vida, haciendo memoria, reconociendo sus huellas y reafirmando el compromiso con las causas que dieron sentido a su legado.
¡Únase a este gran canto de acción de gracias!
Día: miércoles 20 de octubre 2021
Hora: 4 p.m., hora de Centroamérica
Organiza: Departamento Ecuménico de investigaciones
Invitan: Amerindia, Hogar de la Esperanza y RIBLA
La transmisión será por el Facebook Live del Departamento Ecuménico de Investigaciones
La selección española de fútbol ha realizado un magnífico torneo en la recientemente creada Liga de las Naciones Europea, torneo de la UEFA. España ha desplegado un juego basado en el control del balón y en la rapidez y la técnica. La derrota por 2-1 en la final ante Francia, la actual Campeona del Mundo, ha sido injusta. España mereció ganar.
Esta actuación de España tiene grandes paralelismos con la actuación de la selección española que disputó los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, hace un siglo. Ambas selecciones acudieron a un nuevo torneo, quedaron segundas y consiguieron la medalla de plata. Pero, ¿qué ocurrió hace 101 años en Amberes? Tenemos muy presente lo ocurrido ahora. ¿Qué pasó entonces?
Los Juegos Olímpicos de Amberes 1920 fueron la sexta edición de los Juegos de la época moderna. Celebrados en Amberes (Bélgica) del 20 de abril al 12 de septiembre de 1920, significaron un gran éxito para la selección española de fútbol y supusieron el inicio de una trayectoria que se coronó con la victoria de España en la Copa Mundial de Sudáfrica de 2010.
El torneo de fútbol fue disputado por 14 equipos, entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre. Los estadios que acogieron la competición de fútbol fueron varios: el Estadio Olímpico de Amberes, el Estadio Broodstraat de Amberes, el Estadio Joseph Marien de Bruselas y el Estadio La Butte (actual Joseph Marien) de Forest.
España disputó su primer partido el 28 de agosto, en el Estadio La Butte, ante unos 3.000 espectadores y bajo la lluvia. Ganó por 1-0 a Dinamarca, gracias a un gol del vasco Patricio (Patricio Arabolaza Aranburu) marcado en el minuto 54. Tras recibir Patricio un centro de otro jugador vasco, Pagaza (Francisco Pagazaurtundua González-Murrieta), y chutar con un disparo fuerte y pegado al poste, la pelota alcanzó el fondo de la red. El mítico portero Ricardo Zamora tuvo una actuación magistral durante todo el encuentro que evitó el empate.
Posteriormente, España se enfrentó a la anfitriona Bélgica en cuartos de final, siendo derrotada por 3-1.
La final del torneo de fútbol la disputaron Bélgica y Checoslovaquia. El partido no se finalizó, porque los checos abandonaron el campo por las decisiones arbitrales. Eso provocó que Checoslovaquia fuera descalificada y que Bélgica ganase la medalla de oro.
Con la descalificación de los checos, el segundo puesto se lo disputaron España y los Países Bajos el 5 de septiembre. España volvió a ganar y derrotó por 3-1 a los Países Bajos, alcanzando el segundo puesto y la plata olímpica. Los goles de España fueron conseguidos por otros dos jugadores vascos: Pichichi (Rafael Moreno Aranzadi) y Sesúmaga (Félix Sesúmaga Ugarte).
En los Juegos Olímpicos de Amberes, nació la famosa “furia española” que se culminó en el Mundial de Sudáfrica de 2010 y que ha reaparecido en la Liga de las Naciones Europeas de 2021. En el partido disputado por España ante Suecia el 1 de septiembre de 1920, el vasco José María Belauste chilló a su compañero de selección y del Athletic Sabino Bilbao: “¡A mí, Sabino, que los arrollo!” o “¡A mí el pelotón, Sabino, que los arrollo!” (difieren las versiones). Esa frase dio vida a lo que luego se conoció como “furia española”, en cierta forma una furia muy vasca.
Y es que en esa primera gran cita con la historia del fútbol de la selección española, la de Amberes 1920, la selección estuvo compuesta prácticamente por vascos, catalanes y gallegos. Además de los cuatro goleadores citados (Patricio, Pagaza, Pichichi y Sesúmaga), formaron parte de la selección otros vascos como Agustín Eizaguirre Ostolaza, Pedro Vallana Jeanguenat, Domingo Gómez-Acedo Villanueva, Mariano Arrate Esnaola, Juan Artola Letamendía, Sabino Bilbao Líbano, Ramón Eguiazábal Berroa, Marcelino Silverio Izaguirre Sorzabalbere o el capitán José María Belaustegigoitia Landaluce, conocido como José María Belauste, mediocentro del Athletic Club y, junto con Pichichi, la gran estrella del Athletic de las décadas de 1910 y 1920.
Los otros héroes de la selección en Amberes fueron jugadores catalanes de la talla de Ricardo Zamora, considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos por la FIFA, o Josep Samitier, mito del FC Barcelona y el Real Madrid.
El entrenador que estuvo al frente de aquella selección fue otro personaje mítico, Francisco Bru Sanz o Paco Bru, futbolista del primer Barça, practicante de Jiu-Jitsu, plusmarquista nacional de lanzamiento de disco, árbitro, entrenador… Parece ser que Bru, en su primer partido como árbitro, portó un revólver en los pantalones, y que, al ser preguntado por ello, contestó que, en su primer partido, quería tranquilidad.
Eran otros tiempos. Muy diferentes. Ha pasado un siglo de todo esto. De los héroes de Amberes y de una “furia española” muy vasca. El propio Mundial de Sudáfrica donde el fútbol español alcanzó su cima tiene más de una década. La selección española que ha disputado la Liga de las Naciones en este 2021 se ha reencontrado con su historia, consigo misma, y vuelve a volar alto.
Entrevista con María José Molina Montero, investigadora de la Escuela de Geografía
El proceso de conceptualizar, diseñar e implementar el satélite y sus sensores para generar capacidades en las comunidades
La docente e investigadora de la escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, María José Molina Montero, fue seleccionada para encabezar la Misión Científica del Satélite Morazán en Honduras. Su experiencia con las tecnologías geoespaciales y haber sido una de las impulsoras de este proyecto ganador en Call for Papers 2020 le valieron su designación. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.
El proyecto Morazán consiste en lanzar un satélite tipo Cubosat, de pequeño tamaño, en el espacio que suministre información sobre condiciones hidrometeorológicas, geomorfológicas y comunales, con el objetivo de prevenir riesgos de inundaciones y deslizamientos, y fortalecer a comunidades aledañas a las cuencas de los ríos seleccionados, para que puedan prepararse ante estos fenómenos. Dicho proyecto, liderado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuenta con ayuda de las Universidades San Carlos de Guatemala y Costa Rica, así como el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos del país, la Agencia Aeroespacial Japonesa y el Sistema de Integración Centroamericana.
María José Molina Montero, docente e investigadora de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica que encabeza la misión científica de este proyecto, explica su rol en este proyecto centroamericano.
—¿Como coordinadores científicos que son en esta iniciativa del satélite del Proyecto Morazán, coméntenos sobre eso, qué rol van a jugar?
María José Molina Montero: «Nosotros diseñamos y conceptualizamos hasta la implementación, capacitación a las comunidades en cómo se usan los datos del satélite, los datos de los sensores, y cómo sirve el satélite; y ejecutamos la misión científica, análisis, medición e instalación de sensores, y trabajo de campo con las comunidades de nuestros países».
—¿Cuánto ayuda el apoyo de entidades claves como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA)?
MJMM: El SICA y el CFIA coordinan el proyecto. Nosotros hicimos tema de ejecución. La UNOSA (Agencia Espacial de la Organización de las Naciones Unidas) y JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) brindan ayuda técnica al equipo que se encarga del diseño técnico y eléctrico; también la Universidad de Kyuta es parte importante en este proceso.
—¿En qué va a consistir la colaboración que van a brindar para el Proyecto Morazán?
MJMM: La UCR se encarga de la misión científica, la conceptualización y el diseño del satélite y los sensores, así como la generación de capacidades en las comunidades.
—¿Qué representa para usted haber participado en el rally femenino, en qué consiste y cómo lo va a aplicar?
MJMM: El rally femenino es un proyecto aparte de este. Es el rally femenino de tecnologías geoespaciales, De lo que trata es de ayudar a mujeres que trabajan en el campo a monitorear los niveles del agua, a diseñar, crear y utilizar dispsitivos georreferenciales, y poner los datos en un geovisor. Se busca capacitar mujeres de las comunidades para que solucionen problemas cotidianos en la agricultura y creen soluciones para sus comunidades.
—¿Cuál es el plan de seguimiento al satélite Morazán que se le va a realizar?
MJMM: Ahorita se conceptualizó la misión científica; se diseñan el satélite y los sensores, luego hay que instalarlos en los lugares, y cada universidad debe instalarlos y monitorear en sus respectivas cuencas. Hay un trabajo muy fuerte con las universidades. Pensamos en un trabajo de diseño y luego pruebas en Japón, y ya posteriormente la instalación y puesta en funcionamiento del satélite y los sensores, así como las mediciones que se tomarían.
—¿Qué representa para usted ser una de las primeras mujeres en incursionar en las tecnologías geoespaciales?
MJMM: Como mujer en el tema de tecnologías geoespaciales es algo histórico incursionar en un campo que históricamente ha sido dominado por hombres. Lo que hacemos es abrir brecha para que muchas mujeres logren ingresar. Para mí ha sido un reto, no es fácil incursionar en este sector de tecnología, pero ha sido muy enriquecedor.
—¿De qué manera se podrían inspirar más mujeres a ingresar en esta rama de la tecnología?
MJMM: Nunca me he considerado un ejemplo a seguir. A mí me toca el tema de género y creo que la tecnología es el gran igualador social, donde hay más trabajo. Cuando hablamos de empoderamiento, también se impulsa a las mujeres en lo social, lo tecnológico y en lo económico. Al final decidí moverme en ese sector porque me gusta la tecnología y ahí pude conseguir más trabajo.
—¿Cómo logró mezclar ambas actividades, su pasión por la tecnología con la geografía?
MJMM: Yo previamente trabajaba en una empresa privada de imágenes satelitales. Tengo empresas sobre eso y he trabajado en el mercado por tecnologías geoespaciales. En geografía soy profesora interina, así que no solo he sido docente, sino que tengo mis holdings de imágenes satelitales y geoespaciales. Cuando hablamos de mujeres emprendedoras en este sector, no conozco cuántas somos exactamente, no puedo decir que yo sea la única, pero sí que hay pocas, y es un honor abrir brecha en ese mercado.
Juan Pablo Rodríguez Campos Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
Utilizamos cookies y tecnologías similares para mejorar su experiencia en nuestro sitio web.
