Ir al contenido principal

Autor: María José Ferlini Cartín

UCR aporta insumos para el diseño de políticas públicas para reducir accidentabilidad de motociclista

En el marco de la Semana Nacional de Seguridad Vial el Observatorio del Desarrollo sigue aportando para reducir accidentabilidad de motociclista

El proyecto de trabajo comunal TC-677 del Observatorio del Desarrollo de la UCR ha producido una serie de insumos estadísticos para generar cambios legales y formativos dirigidos a entes públicos y privados responsables del diseño para reducir las muertes de motociclistas y sus acompañantes. Foto Laura Rodríguez, UCR.

La mortalidad en carreteras se redujo en 32% durante el 2020 en comparación con el 2019, según datos publicados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) esta semana. En ese periodo, pese a las restricciones vehiculares aplicadas con motivo de la pandemia sanitaria del COVID-19 un total de 300 personas murieron en el mismo lugar del accidente.

Aunque la reducción es significativa todavía las calles costarricenses siguen tiñéndose de sangre y llevando luto a centenares de familias. Y motociclistas y acompañantes siguen siendo las principales víctimas de las carreteras.

Según datos del Consejo de Seguridad Vial, hasta abril 2021 las muertes relacionadas con la conducción de motocicletas representan el 50% del total, una tendencia que se ha mantenido en la última década. Esto es un aumento del 39% con respecto al mismo periodo del año 2020. A la fecha, el 81% de personas fallecidas son hombres, la mayoría entre los 20 y 44 años de edad.

La Dirección de la Policía de Tránsito reportó para el primer cuatrimestre del año, 9183 boletas por infracciones, de las cuales fueron hechas por llevar menores de edad sin la adecuada protección, y en 56 casos por transportar menores de cinco años en motocicletas.

Las pérdidas en vidas y lesiones son un problema de salud pública, que no solo compromete la estabilidad familiar, sino también afecta la fuerza laboral y las erogaciones de instituciones estatales. El año pasado el Instituto Nacional de Seguro invirtió unos ¢55000 millones para la atención de los accidentes de tránsito.

Según la institución aseguradora, el 68% de los procedimientos quirúrgicos estuvieron relacionados con un chofer de motocicleta o su acompañante, y en el Hospital del Trauma llegó el 34% de las operaciones, sobre todo por lesiones en clavícula, tobillos y el radio.

Desde el 21 de febrero de 1989 el Decreto Ejecutivo N°18824-MOP estableció la tercera semana de junio como la Semana Nacional de Seguridad Vial, coordinada por los ministerios gubernamentales de Educación Pública, Obras Públicas y Transportes y su Consejo Nacional de Seguridad Vial.  Previo a la pandemia sanitaria, la UCR ofrecía su campus para recibir a cientos de escolares para aprender sobre normas de circulación peatonal y el respeto a las señales de tránsito.

ACCIDENTABILIDAD Y COVID-19

Para el Observatorio del Desarrollo de la UCR (OdD-UCR), en su estudio sobre la “Estimación de los años de vida potencialmente perdidos por accidentes de tránsito donde está involucrado una motocicleta”, destacó que el país destina un 1,2% de su Producto Interno Bruto (PIB) a los costos asociados a los accidentes de tránsito vinculados con la conducción de motocicletas.

Mientras la expectativa de vida de un hombre costarricense es de 77 años, en el caso de los conductores de motocicletas son solo 29 años. Para el magíster Agustín Gómez Meléndez, coautor de dicho estudio, el alto crecimiento en la tasa de accidentes y la mortalidad de motociclistas motivó al OdD-UCR siga innovando en medio de la pandemia sanitaria desde la Acción Social para fortalecer procesos formativos de educación vial.

El proyecto “Estrategias educativas para la convivencia vial sin violencia y la identificación de los factores de riesgo de accidentes de motociclistas en Costa Rica” (TC-677), coordinado por Gómez, tiene seis años de existencia, y desde entonces ha realizado un trabajo de investigación y acompañamiento a organizaciones públicas y privadas con valiosos insumos para la generación de políticas nacionales para la toma de decisiones pertinentes.

La educación vial es muy importante no solo para las personas que son conductoras sino para los mismos peatones, ya que la formación que se brinda en las escuelas o colegios no es suficiente o no es la más adecuada y pertinente. Para mi este proyecto me ayudará en mi futuro laboral, en la parte investigativa, crear informes y analizar a partir de la información”, comentó Karla Lobo Carranza, estudiante de la carrera de Administración Pública.

A la fecha, el proyecto “desarrolló una metodología para generar una serie de videotutoriales a partir de los insumos del servicio 911, Hospital del Trauma, Grupo INS, Policía de Tránsito, entre otros, en materia de atención de accidentes. El objetivo fue crear un canal de Youtube donde se compartieran esos recursos y que sirvan para la Semana de Seguridad Vial”, dijo el magister Gómez.

El último Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que la reducción de muertes y traumatismos por accidentes de tránsito en un 50% para el 2020 es una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas.

De la flotilla vehicular, el 20% corresponde a motocicletas, y en la última década la importación de las mismas se incrementó más de 300%, en parte debido a los pocos requisitos para su adquisición, el bajo costo en comparación con otros automotores y para la congestión vial en las carreteras. El Cosevi ha emitido unas 1.6 millón de licencias, de las cuales casi medio millón son de motociclistas; estadísticas de esa entidad revelan que la mayor cantidad de víctimas son hombres entre los 19 y 39 años de edad.

APORTE Y APRENDIZAJE

“Mi interés en matricular el TC-677 nació de la importancia que tiene la interacción de los diversos actores del ecosistema vial. He tenido la oportunidad de apoyar en la revisión del Manual del Conductor, realizando un recopilatorio de aquellos artículos que involucran directamente a la persona motociclista y al vehículo, en talleres de capacitación y actualmente trabajo en la elaboración y edición de un video sobre cómo debe actuar el acompañante y cuáles medidas de seguridad debe tener. Me llevaré muchas enseñanzas, pero la mayor es que todos somos hijos o hijas, padres y madres, con familia que nos esperan en la casa”, comentó Jordy Navarro Navarro, estudiante de la carrera de Ingeniería Química.

Por su parte, Natalia Sánchez Vargas, hoy graduada de Ingeniería Civil, y participante de este proyecto previo a la pandemia sanitaria, comentó que “siempre es importante devolver a la comunidad lo que recibimos. Los trabajos comunales son útiles porque los estudiantes no solo aprenden a trabajar en equipo, entregan resultados no por una nota sino por hacer el mejor trabajo posible”.

Mediante este proyecto de Acción Social el OdD-UCR ha producido una serie de insumos como una propuesta de un circuito para las pruebas prácticas de motos, un modelo de estimación de los costos por atención médica en la CCSS, otro sobre la estimación de los años de vida perdidos por accidentes de motociclistas, una plataforma de consulta en línea de los resultados del estudio observacional de motociclistas en carretera, entre otros, disponibles para consulta en este enlace.

Previo a la pandemia sanitaria, estudiantes participantes en el proyecto apoyaban activamente durante la Semana de Seguridad Vial y diseñaron juegos dirigidos a menores de edad sobre el tema. Y en el año 2015 se presentó el Plan Nacional de Motociclistas 2016-2020 para promover una movilidad segura de los motociclistas en interacción con otros tipos de vehículos.

“Este es un trabajo comunal fuera de lo que se consideraría de ‘rutina’; mi alternativa era dar clases de excel, algo en lo que estoy familiarizada; sin embargo este tema era totalmente ajeno a mi realidad. Gracias a mi carrera en Economía, apoyé utilizando bases de estadísticas y análisis. Esto no solo amplió mis conocimientos, sino que me ha dado plasticidad académica a la hora de desempeñarme”, detalló Fiorella Correa.

Actualmente, se está planeando un proceso de transferencia de conocimientos de las actividades de este trabajo comunal a uno nuevo en la Sede de Occidente, para que inicie este segundo semestre, acotó el profesor Gómez.

“Dedicamos tiempo y esfuerzo para recabar datos fiables para recomendaciones basadas en investigación científica en servicio de la comunidad; esa es indiscutiblemente la marca UCR, lo que la diferencia de las demás. Este es el sello UCR”, recordó Wendy Ramírez Ramírez, graduada en Medicina y Cirugía en 2019, y quien fuera una de las decenas de estudiantes que han realizado su aporte en el diseño de estrategias de educación vial.

Despidos masivos en Grupo Calinda

En los días pasados, Grupo Calinda, una división de Corporación Álvarez & Marín, reunió a todos los trabajadores de la planta empacadora de Bananera Córcega y les comunicó que el 30 de junio iba a ser su último día de trabajo. El sindicato rechaza la medida, pide reunirse con la empresa y hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional.

Giorgio Trucchi

“Están despidiendo a unos 60 trabajadores, varios de ellos afiliados al sindicato. La empresa aduce que ha tenido pérdidas millonarias y que debe recortar personal”, dijo a La Rel, Didier Leitón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (Sitrap).

De acuerdo con la versión de la empresa, en Bananera Córcega ya no se estaría empacando el banano, sino que se estaría vendiendo el racimo entero en la entrada de la finca a supuestos compradores.

Para Leitón es algo totalmente inusual en el sector agroindustrial, lo cual induce a suponer que detrás de la decisión de Grupo Calinda hay una estrategia de largo plazo y alcance.

“La decisión fue inesperada. No fuimos consultados y llega justo cuando nos faltaba muy poco para alcanzar la cantidad de afiliados establecida por la legislación laboral, para poder negociar colectivamente.

Tercerizaciones y ataques

Creemos que se quiso golpear al sindicato y, al tiempo, abrir la puerta a un peligroso ensayo de tercerización en el sector de la agroindustria bananera”, advirtió el dirigente sindical.

De ser así, unos contratistas se harían cargo del área de empaque y seleccionarían al nuevo personal, dando trabajo solamente a personas no sindicalizadas.

Asimismo, sentaría un precedente sumamente peligroso, abriendo el espacio para que otros centros de trabajo de Grupo Calinda y otras transnacionales fruteras apliquen el mismo sistema.

El 9 de junio, el Sitrap solicitó una reunión urgente con la empresa para dialogar y buscar una salida negociada a esta crisis.

“Hasta el momento no nos han contestado. Ha sido una maniobra deshonesta y antisindical que va a generar un grave daño a trabajadores y trabajadoras.

Pedimos a la Rel UITA y a otras organizaciones amigas que nos apoyen para que la empresa recapacite y se siente con el sindicato”, concluyó Leitón.

La empresa

Bananera Córcega es una de las cinco fincas bananeras propiedad de Grupo Calinda, división de Corporación Álvarez & Marín, ligada al empresario y político Antonio Álvarez Desanti.

Está certificada bajo las normas Global Gap y Rainforest Alliance. Exporta hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Entre los compradores está Chiquita Brands.

Grupo Calinda cuenta con 2000 hectáreas aproximadamente en producción y genera más de 1350 empleos directos.

 

Imagen: Didier Leitón | Foto: Giorgio Trucchi

La geopolítica regional y los extravíos de alguna gente

Rogelio Cedeño Castro

Dando una muestra de sensatez, de sentido de lo que es la realpolitik (muchos imaginaron repúblicas y principados que jamás existieron, como decía Nicolás de Maquiavelo) y hasta de lo que es el instinto de conservación, la señora Keiko Fujimori, la candidata presidencial de la ultraderecha peruana ha dicho, hace pocas horas, mientras lleva adelante sus planes para deslegitimar el triunfo electoral del profesor Pedro Castillo (y de ser posible impedir también su proclamación), que el Perú es una nación importante y decisiva en términos de la geopolítica y la geoestrategia político-militar del Pacífico sudamericano, un territorio que hay que controlar: Es así como Keiko Fujimori, a medida que se le van cayendo sus falsas denuncias de fraude ante los organismos electorales, dice que su lucha no es sólo contra Pedro Castillo y Perú Libre, sino contra la izquierda internacional y el mentado “comunismo” de los que ella, siempre tan democrática y tan generosa, quiere proteger al Perú, cueste lo que cueste.

Es por eso que sus personeros han continuado haciendo falsas denuncias de fraude electoral, y pidiendo la anulación de actas electorales, para retrasar la proclamación del nuevo presidente y mientras tanto -por así decirlo- se preparan, de manera sigilosa, para introducir reformas constitucionales en el parlamento que controlan, pues con ellas harán imposible la tarea del nuevo gobierno, al que esperaban derribar o “bancar” como se acostumbra a decir en ese país, si es que este llega a instalarse el próximo 28 de julio. De previo, al igual que hicieron con Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, y el mismo Alberto Fujimori, en 1990, la oligarquía llamará al profesor Pedro Castillo para imponerle su hoja de ruta, diciéndole lo que tendrá que hacer en su mandato de cinco años. Ya hemos visto como terminaron esos presidentes peruanos tan obedientes al establishment.

Mientras esto sucede, en las latitudes que están al sur de la línea ecuatorial, en el paralelo diez norte de esa demarcación geográfica, tan imaginaria como esencial, buena parte de la izquierda local apuesta por la sustitución del gobierno de Nicaragua (según algunos de sus voceros Daniel Ortega parece ser el único dictador que existe en la región, es el abominable dictador), para poner en su lugar a otro gobernante o “dictador” más dócil a los EEUU, con la ingenua creencia de que así van a restablecer los principios originarios de aquella revolución sandinista que el viento se llevó, al igual que la llevada a cabo por los liberales nicaragüenses en 1893.

Desconociendo la geopolítica, dentro de lo que constituye un dato imposible de ignorar, la izquierda no puede, so pena de cometer un suicidio, adoptar la agenda geopolítica de Washington y de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien ya ha pedido para el día martes 15 de junio, una sesión del organismo para sancionar al gobierno de Nicaragua, todo ello mientras el gobierno de Bolivia ha instruido a su nuevo embajador ante la OEA para que pida la destitución de Luis Almagro de su alto cargo regional, dada su intervención decisiva en el golpe de estado de noviembre de 2019, con el que derrocaron al entonces presidente boliviano Evo Morales Ayma, bajo falsas acusaciones de fraude electoral. Por este camino, los líderes y voceros de cierta izquierda regional terminarán pidiendo la libertad de la golpista Yanine Áñez, a pesar de los crímenes de lesa humanidad que ésta llevó a cabo, durante los once meses que duró su “mandato”.

Con independencia de lo que pensemos del gobierno de Nicaragua, de sí nos agrada o no, nos parece que aquí hay algo que no cuadra, las cuentas no cierran, pues como dice un viejo dicho por ahí: aquí hay gato encerrado, una sospecha que aumenta cuando observamos el silencio de alguna gente frente a la sanguinaria represión que lleva a cabo el régimen uribista contra el pueblo colombiano. La señora Keiko Fujimori nos demuestra que sabe en lo que está, no hay duda de que tiene un agudo sentido de la geopolítica y de la oportunidad, algo de lo que parece carecer buena parte de la izquierda regional. La gran pregunta sigue siendo: ¿Qué es lo que está en juego en nuestra área continental, vista como todo?

Charla gestión cultural y su aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense

El día 11 de junio el Programa Alternativas llevo a cabo una charla titulada “gestión cultural y su aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense”, en el cual se contó con la participación de:

  • Esteban León, Promotor cultural, municipalidad de Moravia.
  • Laura Gómez, Estudiante de último año de la carrera Gestión cultural.
  • Fabian Madrigal, Licenciado en filología Española, Gestión cultural de la Municipalidad de Palmares.
  • Nicolas Alpízar, Licenciado en Bellas Artes y Máster en Administración de proyectos. Fundador de la carrera Gestión Cultural de la U.C.R

Esta charla se dirigió con base a algunas preguntas, algunas de ellas fueron ¿Qué es la gestión cultural y porque es importante? ¿Cuál es su aporte al desarrollo integral de nuestro pueblo? ¿Cómo, cuándo y porque se funda esta carrera en la sede del Pacifico de la UCR? ¿Contenidos más importantes del currículo de la carrera? ¿Expectativas de trabajo de las y los estudiantes? ¿Cuáles han sido los principales conocimientos teóricos y prácticos adquiridos? ¿recomendaría o no el ingreso a esta carrera a otros estudiantes y por qué?

El vídeo completo se encuentra en el siguiente enlace:

https://fb.watch/63J3dk7cVU/

Con aval de Sala IV piden a presidenta de JAPDEVA que precise información sobre seguros de remolcador hundido

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología realiza una gestión en donde solicitan a JAPDEVA aclarar, de manera expresa, directa y al punto, si al momento en que ocurrió el siniestro en el que se hundió el remolcador “don José María”, se contaba o no, con las coberturas del seguro del citado remolcador al día, y además solicitan aclarar; si JAPDEVA contaba con la cobertura del seguro al día, solicitan que aclaren cuál es el monto de ese seguro y si el monto cubre o no cubre el monto de lo que costará sacar ese remolcador de la dársena y además, el costo ambiental que se ha causado hasta este momento con ese siniestro, y en el caso que de no se contaba con la cobertura del seguro al día, solicitan que les aclaren las razones por las que la Administración no cumplió con los pagos de ese seguro.

La Sala Constitucional declaró con lugar el reclamo del representante de la Asociación Marco Vinicio Levy Virgo. A continuación se encuentra el documento completo y se adjunta en pdf la respuesta de JAPDEVA y el recurso de amparo interpuesto por Marco Vinicio Levy Virgo.

Limón, 11 de junio de 2021
AEL-0067-2021
Licda. Andrea Centeno Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
JAPDEVA
Ref: Su oficio PEL-572-2021 de fecha 09/6/2021

Estimada señora Presidenta:

En atención al oficio de referencia, con fundamento en los artículos 11, 21, 27, 30, 46 párrafo final y 50 párrafo segundo, de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente No.7554, la Ley de Biodiversidad No.7788, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos No.8220, le solicitamos con todo respeto, indicar en su respuesta, de manera clara y veraz, tal y como lo obliga el párrafo final del Artículo 46 Constitucional, lo siguiente:

  1. Le ruego aclarar, de manera expresa, directa y al punto, si al momento en que ocurrió el siniestro en el que se hundió el remolcador “don José María”, JAPDEVA contaba o no, con las coberturas del seguro del citado remolcador al día.

Además, le rogamos encarecidamente aclarar:

  1. a) Si JAPDEVA contaba con la cobertura del seguro al día, le solicitamos nos aclare cuál es el monto de ese seguro, las diligencias que se han iniciado ante el ente asegurador respectivo, y si el monto cubre o no cubre el monto de lo que costará sacar ese remolcador de la dársena y además, el costo ambiental que se ha causado hasta este momento con ese siniestro.
  2. b) Si JAPDEVA no contaba con la cobertura del seguro al día, le solicitamos nos aclare las razones por las que la Administración no cumplió con los pagos de ese seguro, la persona responsable de tal omisión, y las gestiones administrativas que a lo interno, se han tomado para enmendar ese grave error y evitar que a futuro se cause un daño ambiental de iguales proporciones.
  3. De ser su respuesta que JAPDEVA no tenía un seguro para cubrir ese riesgo ambiental, causado con el hundimiento del remolcador “don José María”, le solicitamos nuevamente, nos indique de manera clara, veraz, precisa y directa, tal y como lo obliga el párrafo final del Artículo 46, en lo relacionado con la protección del ambiente (Párrafo segundo Art. 50 Constitucional) si al día de hoy, JAPDEVA tiene el respectivo contenido presupuestario para atender ese daño ambiental que se podría derivar del derrame de combustibles causado con el hundimiento del remolcador.
  4. En caso de contar con dicho plan de contingencia le solicitamos muy respetuosamente brindarnos copia integral del mismo, fecha en que se aprobó dicho plano, con indicación de la empresa responsable y sus antecedentes en el manejo y atención de sinestros marinos además del indispensable plan de inversión.

La anterior solicitud de aclaración la realizo dentro del plazo de ley conforme a lo dispuesto en la Ley 8220 y las obligaciones vinculantes del artículo 27 de la Constitución Política, con el propósito de brindarle una nueva oportunidad para cumplir con la Sentencia dictada por la Sala Constitucional (Expediente 21-006582-0007-CO), previo a continuar con las diligencias por omisión en el cumplimiento de lo ahí ordenado.

Oiremos notificaciones en el correo machore@gmail.com

Con todo respeto,Marco Vinicio Levy Virgo

cc. Magistrada Anamari Garro Vargas, Expediente 21-006582-0007- CO

Imagen de cabecera con fines ilustrativos, tomada de mopt.go.cr

UCR, Voz experta: La necesidad de un enfoque diferenciado para personas adultas mayores privadas de libertad

15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez

Posición de la Facultad de Derecho formará parte de la Opinión Consultiva presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dra. Marcela Moreno Buján, docente e investigadora de la Facultad de Derecho

A raíz del seguimiento dado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en Madrid del 8 al 12 de abril del 2002, desde el año 2011 se designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

En este día, se invita a los Estados Miembros, a las distintas organizaciones que conforman el sistema de protección de derechos humanos de la ONU, a otras de carácter internacional, regional y nacional, a las instituciones académicas y la sociedad civil a visibilizar la situación general y las realidades de vida que atraviesan las personas adultas mayores (PAM). Aunado a ello, es un momento en donde han de unirse todos los esfuerzos posibles para dar a conocer y llamar a la operacionalización de la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento.

En la situación pandémica actual resulta de vital importancia que la comunidad internacional, incluidas las instituciones académicas, prioricen sus actividades y recursos en aras de desarrollar iniciativas y proyectos que tengan como objetivo mitigar y erradicar los distintos obstáculos que impiden a las PAM el goce y disfrute pleno de sus derechos humanos, especialmente, el derecho a la salud.

Al respecto, António Manuel de Oliveira Guterres, secretario general de la ONU, al presentar en el 2020 el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, ha señalado que “la pandemia del COVID-19 está causando temor y sufrimiento indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. La tasa de letalidad para las personas de edad es más alta en general y, para los mayores de 80 años, es cinco veces el promedio mundial. Más allá de su impacto inmediato en la salud, la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad de los países en desarrollo”.

En este contexto, en agosto del 2020, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a la luz del numeral 73.3 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, invitó a presentar observaciones sobre la solicitud de Opinión Consultiva (OP) presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los enfoques diferenciados en materia de personas privadas de libertad, donde se consultó de forma específica por las PAM privadas de libertad.

Las PAM privadas de libertad constituyen una población en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos humanos puesto que, en ellas confluyen, o mejor dicho, al mismo tiempo pertenecen a dos de las poblaciones que se reconocen como vulnerables respecto al acceso a la justicia (ser persona adulta mayor y privada de libertad), poblaciones consensuadas de esa forma en la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo del 2008, donde se han emitido y adoptado las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Las reglas referidas reconocen que, en el contexto judicial iberoamericano, existen obstáculos y desafíos para brindar un acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no discriminación, encontrándose poblaciones específicas en las cuales concurren varias condiciones de vulnerabilidad o el especial agravamiento de una de ellas para ver satisfechos sus derechos humanos y necesidades básicas. En este sentido, la CIDH ha procedido a consultarle a la Corte IDH sobre si esas poblaciones en condición de especial riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso a la justicia, que se encuentran en situación de privación de libertad, ameritan el desarrollo e implementación de un enfoque diferenciado de derechos humanos.

Sobre el particular, desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se han realizado esfuerzos importantes por emitir un conjunto de observaciones que fueron presentadas de forma escrita y oral, mediante la participación en la audiencia pública convocada por la Corte IDH, celebrada el 21 de abril del 2021.

En el marco de las observaciones presentadas se hizo hincapié en la obligación que tienen los Estados que han ratificado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores respecto a diseñar y desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos sobre envejecimiento y vejez, donde también se contemplen aspectos que remiten a la condición de discriminación múltiple que sufren las personas en condición de vulnerabilidad, como lo sería para el caso concreto, ser una PAM privada de libertad.

Al respecto, en el informe presentado por parte de la Facultad de Derecho, se ha afirmado que para desarrollar un enfoque diferenciado de derechos humanos para las personas privadas de libertad en especial condición de riesgo y vulnerabilidad respecto al acceso y justiciabilidad de sus derechos, ha de tomarse como acción prioritaria la operacionalización de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, conocidas también como Reglas de Tokio, en lo que obedece a la aplicación de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad en beneficio de las poblaciones objeto de análisis en el documento referido.

De forma coincidente, el Informe de políticas: Los efectos de la COVID-19 en las personas de edad, divulgado por la ONU en 2020, indica que “el distanciamiento físico suele ser difícil en las cárceles y otros lugares de detención. Es posible que la atención sanitaria también sea limitada, lo que supone una amenaza para las personas de edad, dado que corren mayor riesgo de contraer la COVID-19. Deben explorarse opciones de puesta en libertad y alternativas a la detención a fin de mitigar esos riesgos, en particular para las personas con enfermedades preexistentes” (ONU, 2020, p. 9).

Una versión actualizada del informe presentada por la Facultad de Derecho se publicará en la obra colectiva y de acceso gratuito Comunidad académica y COVID 19. Volumen 1: Reflexiones sobre los quehaceres universitarios de la acción social, la investigación y la docencia en contextos de pandemia y pospandemia en Costa Rica y Brasil. Se espera que el libro esté disponible en su versión digital en la página web de la Facultad de Derecho para el mes de setiembre de este año.

 

Dra. Marcela Moreno Buján
Docente e investigadora de la Facultad de Derecho

¿Qué se requiere para ser magistrado/a suplente en C.R?

Por: Marcia Aguiluz Soto, experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

Aparentemente tener la bendición de algún grupo magistrados/as de la Corte Plena y las conexiones políticas adecuadas para resultar electo en la Asamblea Legislativa. En días recientes, la Asamblea Legislativa nombró a 3 magistrados y 1 magistrada suplentes para integrar la Sala III de la Corte Suprema de Justicia que es la que conoce en última instancia los conflictos de las personas con la ley penal y puede juzgar a quienes integran los supremos poderes (Diputados, Ministros, Presidente de la República, entre otros).

La magistratura suplente (que sustituye a magistrados/as titulares ante su ausencia temporal) no puede ser tomada a la ligera, de hecho, es muy común que las diversas Salas se integren con suplentes. Casos como el amparo contra la Mina Crucitas, la decisión que recalificó los hechos delictivos en los que participó el expresidente Rafael Ángel Calderón, la suspensión del cargo de Magistrado a Celso Gamboa, las recusaciones en el marco del caso UPAD, fueron fallados con participación de magistrados/as suplentes. Es decir, para la ciudadanía es fundamental que quienes resulten electos en estos cargos sean las mejores personas y no haya duda alguna sobre su independencia.

¿Cuál es el camino para llegar a la magistratura suplente?

Las magistraturas suplentes se encuentran establecidas en el artículo 165 de la Constitución Política. Para este cargo se requiere cumplir con los mismos requisitos que los magistrados/as titulares establecidos (a saber, ser costarricense, pertenecer al estado seglar, ser mayor de 35 años, abogado/a, con al menos 10 años de ejercicio o 5 si se trata de funcionarios judiciales).

En 2012, el Poder Judicial aprobó un reglamento para la selección de magistrados y magistradas suplentes. Sin embargo, este (por mayoría integrada, casualmente, por magistraturas suplentes) fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en 2013. Sin ejercer control de convencionalidad y sin integrar el principio de idoneidad comprobada estipulado en el artículo 192 de la Constitución Política, dicho Tribunal señaló que basta con cumplir con los otros requisitos constitucionales genérico para ser elegible.

En febrero del 2021, la Corte aprobó unos lineamientos para la conformación de las listas para el cargo de magistraturas suplentes. De conformidad con estos, se realiza una convocatoria pública, se abre un periodo de inscripción de todas aquellas personas que reúnan los requisitos constitucionales, se realiza una investigación sociolaboral y de antecedentes con el objetivo de identificar potenciales conflictos de interés, incompatibilidades o prohibiciones legales, se elabora una nómina que es enviada a la Sala correspondiente, seguidamente se programa una entrevista (pública y grabada) con 3 magistrados/as titulares y, luego, la Sala envía sus recomendaciones a la Corte Plena, quien puede acoger o no estas recomendaciones a la hora de decidir la nómina que envía a la Asamblea Legislativa. Este órgano, a través de la Comisión Permanente de Nombramientos (CPEN) realiza una nueva evaluación y envía una lista al plenario con sus recomendaciones, sin que nada de eso vincule al Plenario.

Aunque pareciera que el proceso descrito tiene varios filtros, está lejos de cumplir con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que se deben respetar parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, los criterios de selección deben ser estrictos y regirse por los principios de igualdad y no discriminación, así como publicidad y transparencia.

Si bien el Poder Judicial señaló, en un reciente comunicado, que en esas recomendaciones sí aplica parámetros objetivos, en la práctica no hay información pública sobre cuáles son esos parámetros. Más bien, hay evidencia empírica de que, salvo los elementales requisitos constitucionales que provienen de1871 (edad y título de abogacía), los órganos intervinientes disfrutan de una amplia discrecionalidad para recomendar y elegir a quienes quieran. No solo no se siguen parámetros objetivos (o al menos no son públicos) sino que tampoco el proceso actual respeta los principios constitucionales de publicidad y transparencia (art. 11 CPol) pues los órganos decisores (Salas, Corte, Comisión de Nombramientos AL y Plenario) resuelven en secreto y sin fundamentación alguna. Los y las costarricenses no conocemos qué inclina la balanza a favor de una u otra persona candidata.

¿Qué pasó con la elección reciente de magistraturas suplentes para integrar la Sala Tercera?

Como mencioné, recientemente se eligió a los señores Rafael Segura Bonilla, William Serrano Baby, Miguel Fernández Calvo y Cinthia Dumani Stradtman. En la evaluación que realizó la CPEN, estas personas obtuvieron una calificación de 83.75, 84.25, 79.33 y 82.17, respectivamente. Otras personas, juezas de carrera en el máximo escalafón y con notas superiores —como Patricia Vargas González, con 93.26; o Edwin Salinas Durán, con un 87.19— no resultaron electas. ¿Qué motivó al Congreso a elegir a personas con menores calificaciones? No lo sabemos porque su voto es secreto y no tienen que justificarlo. Puede ser que las personas electas sean profesionales espectaculares, sin embargo, no es posible conocer el razonamiento detrás de su elección.

Por otra parte, en este proceso tampoco se tomó en cuenta la paridad de género. La Sala Tercera actualmente tiene 2 magistradas y 3 magistrados titulares. Pese a que claramente había otras mujeres muy calificadas para llegar al cargo de suplentes, la Asamblea se decantó por nombrar 3 hombres y 1 mujer, obviando así la importancia de que exista mayor representatividad de género en este tipo de cargos.

Lo ocurrido ilustra la perversidad del sistema vigente. Los lineamientos o metodologías solo existen para crear la ilusión de que las decisiones se toman con objetividad. Es evidente que no importa qué tanta formación, experiencia o idoneidad se tengan, la elección siempre será producto de negociaciones que se hacen a espaldas de la ciudadanía. La realidad nos demuestra que para llegar a la magistratura no se necesita ser la profesional mejor calificada, se necesita tener la conexión política adecuada. Justo ese vínculo política-magistratura está acabando con la independencia judicial, y con ello, menoscabando nuestra democracia y nuestro derecho de acceso a la justicia.

Urge una reflexión de país en torno a este tema. Se requieren reformas que respondan a las necesidades y desafíos actuales. El país no puede darse el lujo de continuar con un sistema de elección tan permeable a los intereses de los grupos de poder visibles e invisibles. Toda persona y actor social debe sumar su voz y demandar cambios en todos los niveles que corresponda: reglamentario, legal, jurisprudencial, y de ser necesario, constitucional. Nos lo debemos.

América Latina cambia fusiles por votos

Rafael A Ugalde Quirós (*)

Sin mayor inversión pública, una crisis sanitaria sin precedentes y literalmente hambre a cualquier lado que vayas al Perú actual, todo parece indicar que los primeros 100 días de gobierno de Pedro Castillo serán clave para la reconstrucción de una nación destruida en todos los sentidos, por décadas de “recetas” económicas y falsas promesas de “desarrollo”, provenientes de quienes a veces parecen más una mafia al mejor estilo de Al Capone.

La ventaja mínima de Castillo en el boletaje del pasado 6 de junio frente a Seiko Fujimori, matemáticamente, es irreversible; sin embargo consolidar las aspiraciones de libertad, justicia social y autodeterminación de quienes despectivamente la clase dominante denomina “cholismo”, representa una de las tareas más titánicas para este nuevo líder latinoamericano, que desafío el otro Perú; el educado, el culto, el que da gracias a Francisco Pizarro por descender de él, el de las películas y los videos turísticos, el de “la libertad de prensa” para presentar en plena segunda vuelta a quien resultó electo como el “comunista”, ”ateo”, ”terrorista”, “ignorante del sombrero,” “populista peligroso”,etc.

Para el analista Vicente Otta el escenario que espera al nuevo gobierno de Castillo es de “alto riego” dada la urgencia sanitaria, el hambre y el desempleo que azota a Perú. Como sí lo anterior fuera poco, el boicot y sabotaje de los ultra reaccionarios derrotados no están descartados del todo, pues recuérdese que en el pasado, Estados Unidos cerró filas con la oligarquía local, cuando Juan Velazco Alvarado (1968- 1975), cansado de exclusiones sociales e injusticias, mediante un golpe de estado trató de dar participación al campesinado en una reforma agraria y nacionalizó recursos de los peruanos.

El gobierno norteamericano no dejó que el llamado “Perú profundo” se desarrollara con independencia y de inmediato elevó los aranceles a las exportaciones de azúcar, provocó desabastecimiento entre el pueblo y así fomentó un “contra golpe”, frustrando las aspiraciones de las mayorías peruanas.

Otta, en el análisis divulgado recientemente por la Red mundial de Comunicadores por los Derechos Humanos (RED DDHH), llamó a considerar, en el corto plazo, el avance en la región de las fuerzas derechistas (traducido, debe agregarse, en fascismo puro), como ocurre en la Columbia actual, o en el pasado reciente en Chile, Bolivia y Ecuador. Tener presente, plantea Otta, el escenario internacional y las actuaciones de las fuerzas reaccionarias, en tanto los sectores progresistas registraron retrocesos. “Se ejemplifica, añade, en el desarme de la UNASUR, el debilitamiento del ALBA, y en la formación del denominado conservador Grupo de Lima, que ha tenido como país líder y anfitrión al Perú”, sostiene.

A este panorama, precisa el analista, se suma la presencia gravitante de las fuerzas del narcotráfico, así como los esfuerzos de EE. UU por mantener el control de América Latina, junto a la desesperada contención del ocaso de una hegemonía que pierde aceleradamente en favor de un mundo multipolar, impulsado por China y Rusia.

Asimismo, el “blindaje constitucional” que hicieron los representantes oligárquicos en el congreso para no perder privilegios, a solo horas de conocerse que Fujimori perdía fuelle en las votaciones de segunda ronda, tropezará, inevitablemente, con los planes esbozados por Castillo, tendiente a convocar a una Asamblea Constituyente que haga más justo al Perú actual.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú –información de acceso público mediante la internet- este país es testigo de la estafa de sus tecnócratas, pues sufrió un aumento en la tasa de desempleo solo en Lima Metropolitana de 88%, comparando el primer trimestre del 2020 y el mismo del 2021; es decir, se ha incrementado el número de las personas con capacidad para laborar que no están trabajando. En términos porcentuales el Perú últimamente ha pasado de una tasa de desempleo de 7% a 14,5%.

La participación del sector informal aumentó en el mercado laboral. En el 2019, la tasa de participación fue de 73%, mientras que en 2020 habría estado cerca del 90%. Tampoco se sostienen la tesis irresponsable -Costa Rica no escapa de este engaño- de préstamos en “condiciones muy favorables” para pagar deudas y “creación de empleo”. El Perú es la economía número 51del mundo por volumen del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, su deuda pública en 2019 fue de $ 62.514; cada peruano viene al mundo con una “hipoteca” de $ 1.923.

Castillo y su agrupación “Perú Libre”, por tanto, tendrá que alejarse de la creencia pusilánime de un gobierno para “mayorías” y con “desarrollo” nacional, bajo la égida de las grandes transnacionales y los banqueros especuladores. Enfrentará un panorama por demás complejo y de riesgos cada vez mayores, sí políticamente no hace además de la convocatoria amplia y constante de la ciudadanía para la toma de sus decisiones, de la alta eficiencia una arma sin errores, de la gran responsabilidad social, la honestidad y la transparencia la nueva antítesis peruana, frente a un “pueblo ansioso de justicia” y “al que no fallaré”, según dijo Castillo.

El fenómeno castillo

Cuando el nacionalista Velazco Alvarado asumió el poder en aquel Perú del 3 de octubre de 1968, el hoy nuevo dignatario peruano -salvo un atraco electoral a mano armada- apenas contaba con un año y 16 días de nacido, en el lejano municipio de Tacabamba, Cajamarca, a 980 kilómetros de Lima.

Si bien Castillo solo se tragaba el aire fresco que bajan de las montañas de Cajamarca y saltaba los charcos de su natal Puña, cuando quitaron al General Velazco Alvarado, a sus seis años de edad el contacto con aquella realidad cotidiana resultó ser para el fogoso párvulo la principal enciclopedia y educadora del mundo.

Campesinos sin tierra, caminos olvidados por todos los gobiernos, casitas sencillas y levantadas rudimentariamente por sus propietarios, sin duda alguna, “educaron” los oídos, la vista y el tacto de Castillo a muy temprana vida, en el sentido que, sin solidaridad vecinal y apoyo entre todos, casi es imposible sobrevivir en esas tierras olvidadas. Lo de educador rural, por tanto, solo era cuestión de tiempo. Al menos, así quedó planteado durante una visita reciente realizada por un equipo periodístico argentino a Puña, cuyos habitantes resaltaron la dedicación de Castillo como maestro de la lejana escuela de Tacabamba, a la cual llegaba a pie, entre barriales y lluvia, o en moto, si el tiempo lo permitía, según sus vecinos.

Son estos “cholos” vecinos del candidato ganador – despectivamente así descalificados por quienes se consideran blancos educados- quienes dijeron a los periodistas argentinos que Castillo venía predestinado a gobernar, a pesar de ser un total desconocido en las “grandes ligas” de la política peruana.

Su liderazgo empezó a verse cuando el 15 de junio de 2017 los maestros peruanos iniciaron una huelga en el departamento del Cuzco, a la que se sumaron miles de docentes de distintas regiones. Sí bien había formado parte de la agrupación “Perú Posible” entre 2005 y 2017, es con el partido “Perú Libre”, el año pasado, que logra una mayor organización y una eficaz articulación de los campesinos, maestros, pequeños y medianos empresarios, cristianos, etc., olvidados por el “establishment”.

Acéptese o no, Castillo forma parte de las ansias de los pueblos de ver una efectiva independencia de sus gobiernos y, consecuentemente, hay en ellos un evidente hartazgo de las clases políticas tradicionales, responsables durante más de 30 años del hambre, la desnutrición, la corrupción, el narcotráfico, los bajos salarios, el hacinamiento de millones de personas, con las falsas premisas de reducciones de faltantes fiscales para alcanzar “desarrollo” y “progreso” entre los más desposeídos.

Con antelación a Castillo, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, acabó con la ininterrupción del poder durante 39 años de Miguel de la Madrid 1982- 1988 (PRI); Carlos Salinas de Gortari 1988- 1994 (PRI), Ernesto Zedillo 1994-2000 (PRI);Vicente Fox 2020-2006 (PAN);Felipe Calderón 2006-2012 (PAN) y Enrique Peña Nieto 2012-2018 (PRI).Encontró, según el Jefe de Estado, un país saqueado.

 En estos casi 40 años hicieron del tráfico de influencia una “cultura” normal en política, vendieron activos del Estado a diestra y siniestra, asesinaron y desaparecieron gente etc. Extrañó por eso, que en la más reciente visita a México de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, no solo su agenda tuviera temas relativos con migraciones, sino con el financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs), vía USAID, dirigido a los grupúsculos que ejercieron el poder en el pasado y que, a juicio López Obrador, son “neoliberales”, “conservadores” o “mafiosos”.

En marzo pasado la burguesía boliviana trató de echar hacia atrás las aspas de la historia, pero el pueblo confió su soberanía al Movimiento al Socialismo (MAS), tras el vulgar golpe de estado contra Evo Morales, respaldado por la Organización de Estados Americanos (OEA). En El Salvador, en las elecciones de 2019, el derechista Nayib Bukele, canalizó el descontento de la gente y aplastó en las urnas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

La llamada oposición venezolana, propiciada por Estados Unidos y el entonces “presidente en funciones”, Juan Guaidó, huyeron de las urnas electorales para escoger el año pasado a 277 diputados a la Asamblea Nacional, ante el inminente fin de las “funciones” de quien nunca gobernó ni siquiera la cuadra en que vivía. En Brasil, en entrevista publicada por la revista “Paris Match”, expresidente Luiz Inácio.»Lula» da Silva, aseguró que si, está “en la mejor posición para ganar” y tiene “buena salud”, no dudará en ser candidato contra Bolsonaro el próximo año. En Nicaragua, el próximo 7 de noviembre, los grupos que recibían dinero de las ONGs para financiar “oposición”, estarán ausentes por una ley que controla el lavado de dinero y mete a la cárcel a quienes conspiran con fondos provenientes del extranjero.

¡Sí, callaron los fusiles y la gente está aprendiendo, solo el pueblo salva al pueblo! Han pasado 200 años.

(*) Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

 

Imagen: La sorpresa electoral en Perú, Pedro Castillo. (Foto cortesía Prensa Latina).

Rozar la epidermis

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Terminaba un año atípico en la historia de la humanidad y en Centroamérica se dimensionaba la tragedia de haber experimentado uno de los embates de la naturaleza más impactantes que se recuerde.

Con una o dos semanas de diferencia y como contando, los huracanes Eta e Iota provocaron una devastación sin precedentes en las ya de por sí frágiles pieles de países como Honduras y Guatemala, donde la cifra de personas fallecidas alcanzó casi las doscientas y cerca de nueve millones de personas damnificadas, muchas de ellas desarraigadas de sus contextos familiares y comunitarios.

En un reportaje en caliente sobre la tragedia, la filial de la BBC para América Latina mostraba una imagen de cientos de personas hondureñas pernoctando debajo de un puente. No tenían adónde ir. O en el peor de los casos, consideraban la migración como recurso, como estrategia de salvación para ellos mismos y sus familias.

De forma casi coincidente, simultánea, en Estados Unidos se celebraba quizá una de las más importantes elecciones presidenciales de la era moderna, al enfrentar supuestamente dos visiones contrapuestas sobre varios temas, entre ellos la migración. Al ya consabido estilete dicharachero y confrontativo, racista y discriminador del expresidente Trump, se le oponía un enfoque más laxo, aparentemente progresista y conciliador en esta materia representado en la dupla Biden-Harris.

De hecho, una de las principales premisas del candidato demócrata en campaña había sido “adecentar” las restricciones fronterizas entre Estados Unidos y México, casi que con un tono humanitario. Pero claro, eso fue en campaña.

Iniciando junio de 2021 la región recibió dos visitas emisarias por parte de dicha administración.

A Costa Rica llegó el Secretario de Estado Antony Blinken en su primera salida a América Latina y días más tarde le tocó a Guatemala recibir a la Vicepresidenta Kamala Harris. En ambos casos, el discurso sobre la gestión migratoria adoptó tonos quizás menos optimistas que los expuestos alegremente por Biden antes de ser electo.

Blinken lanzó la retórica diplomática acerca de los derechos humanos, la cooperación y la necesidad de fortalecer las democracias, el buen gobierno, la seguridad y el medio ambiente en la región. Una agenda «lugar común» en todo caso, a la que sumó la necesidad de colaboración con Costa Rica para que continúe su labor de recepción migratoria para países como Nicaragua y Venezuela. Esto, como una transacción a cambio de donaciones de vacunas anunciadas por Washington en aquellos días. El 50% del trato aún no ha sido confirmado.

Valga recordar que, en efecto, el territorio costarricense es destino y tránsito y presenta enormes desafíos para atender la nuevas dinámicas migratorias, entre los cuales el remozamiento de la institucionalidad que atiende estos temas debe impulsarse con prontitud.

En medio de la visita del secretario de Estado, la bisoña democracia costarricense fue salpicada por un escándalo de intromisión del narcotráfico en uno de los poderes de la República. Desde luego ese tema no apareció en agenda, como tampoco el aumento de la desigualdad, la exclusión y el despojo desde la élites económicas coludidas con la administración central del país. Nada de eso se dijo y la agenda de la vista emisaria del secretario de Estado entonces fue algo más que un orden del día común y corriente.

En Guatemala Harris fue más puntual y certera. En su primer viaje al exterior como Vicepresidenta de Estados Unidos, emitió ese “no vengan” como premisa disuasiva que, valga decirlo, no dista mucho al “no queremos aquí a peligrosos y delincuentes potenciales” emitida por su predecesor en su diplomacia del tweet.

Otra vez un represente de Casa Blanca repitió un guión discursivo altamente conocido: Harris habló de cambiar las condiciones estructurales, mejorar el desarrollo económico y fortalecer la lucha anticorrupción como factores para detener el flujo de personas migrantes hacia su país.

Otra vez la retórica de lo estructural tocada, rozada superficialmente con un anuncio de dotación de 4.000 millones de dólares para invertir en la región. Entre la cartera de inversionistas, Microsoft y Mastercard se “comprometieron con el desarrollo económico de la región”.

En una reciente conversación televisada con dos queridos colegas polítologos costarricenses hablábamos de esa epidermis de la región expuesta y la presencia del elefante en la sala, metáfora con la que se suele reconocer el peso de Estados Unidos en las determinaciones de política centroamericana. Una vez más el elefante ya llegó y se sentó entre nosotros.

La temporada de huracanes 2021 ha sido anunciada y sus efectos probablemente serán de vuelta sentidos en una territorialidad frágil, despojada y aniquilada por la barbarie del mercado y el extractivismo rampante.

En consecuencia, muchas personas seguirán saliendo y entonces esas premisas de disuasión y esa frase de cajón repetida en palacio y en organismos internacionales que demandan “una migración regular, segura y ordenada” serán sólo cosmética ante una avasallante realidad histórica que no solo roza la epidermis regional, sino que profundiza su alergia convertida en desigualdad, expulsión y miseria.

Parafraseando al maestro guatemalteco Edelberto Torres Rivas, Centroamérica no tiene hoy en día piel que la cubra. Debemos reinventarla de una nueva forma de convivencia y distribución equitativa de los recursos. Para que entonces regenere en otra cosa. En una cosa nueva. sin tanto elefante en la sala. No en esto en que la hemos convertido.

 

Imagen: https://realidadsocialencentroamerica.wordpress.com

Niños y jóvenes Bribris de Cabagra ya forman parte de la escuela de futbol oficial Saprissa con sede en Pérez Zeledón

Por Uriel Rojas

Cargados de ilusiones, 20 niños bribris del Territorio Indígena de Cabagra se integraron este mes de junio al reclutamiento efectuado por la Escuela de Fútbol Saprissa, sede Pérez Zeledón.

Ellos serán parte de la U13 y U15 que, por un año, estarán recibiendo formación técnica presencial en la Escuela de Fútbol Oficial de Saprissa, los cuales se imparte en el Hotel Country Club en Pérez Zeledón y se desarrollará gracias al esfuerzo de la Asociación de Desarrollo Indígena de CABAGRA y la Comisión de Deportes Comunal.

En este proceso los reclutados recibirán sesiones con entrenadores profesionales, participarán en torneos y campamentos de fútbol, así como de los juegos amistosos en la que participe la escuela saprisista.

Esta veintena de niños y jóvenes bribris provienen de diferentes poblados que integran el Territorio Indígena de Cabagra, situado en el cantón de Buenos Aires.