Pronunciamiento de personas sobrevivientes de violencia sexual padecida en la infancia y adolescencia de cara a las elecciones 2026
Costa Rica, enero 2026
Desde el Movimiento de Valientes de Costa Rica, iniciativa conformada por personas sobrevivientes de violencia sexual vivida en la infancia y/o adolescencia, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante las declaraciones del candidato a diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos Umaña.
Villalobos, abogado de profesión, fue defensor legal de un pastor evangélico condenado en noviembre de 2022 a 35 años de prisión por abuso sexual, violación calificada y tentativa de violación contra una persona menor de edad. Resulta especialmente grave que el candidato haya afirmado públicamente que la víctima de 14 años “no era una niña” y que existía una supuesta “relación normal” entre el agresor y la persona menor de edad.
Estas afirmaciones desconocen una sentencia judicial firme y reproducen discursos que minimizan, justifican y normalizan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, contradicen la legislación costarricense, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios básicos de protección integral de la niñez y la adolescencia. Por eso, el debate sobre su permanencia o renuncia a la candidatura no es un asunto personal ni partidario, sino una cuestión de responsabilidad política, ética y jurídica.
En el proceso judicial, los tribunales establecieron con claridad que la víctima tenía 14 años cuando iniciaron los abusos y que el agresor utilizó su rol como pastor, la confianza de la familia y la situación de vulnerabilidad de la persona menor de edad para cometer los delitos. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por la Sala Tercera de Casación Penal.
Este caso se suma a preocupaciones más amplias que, como personas sobrevivientes, tenemos frente a la posible continuidad del proyecto político impulsado por Rodrigo Chaves y actualmente representado por Laura Fernández y las candidaturas a diputaciones del Partido Pueblo Soberano.
El 5 de marzo de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Costa Rica. En ella, organizaciones de la sociedad civil denunciaron retrocesos graves durante el actual gobierno, con impactos directos en poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. No se trata de hechos aislados, sino de patrones de debilitamiento institucional, regresión normativa y abandono de obligaciones estatales.
Bajo este gobierno se eliminó la educación integral para la sexualidad en el sistema educativo, se han promovido discursos regresivos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se han aplicado políticas de austeridad que han reducido la capacidad del Estado para prevenir la violencia, atender a las víctimas y garantizar justicia.
La educación sexual integral salva vidas. Permite que niñas, niños y adolescentes reconozcan situaciones de violencia y facilita la denuncia temprana. Su eliminación aumenta la vulnerabilidad de las personas menores de edad y contradice los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica. A esto se suma una drástica reducción de la inversión pública, que pasó del 21,2 % del PIB en 2022 al 9,3 % en 2025. Este recorte ha afectado directamente la protección social, la educación, la salud y la cultura, debilitando la garantía de derechos básicos.
Estos retrocesos evidencian un debilitamiento serio del Estado de derecho. Instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio Público y el Patronato Nacional de la Infancia han visto profundizada su inacción. Los recortes en políticas sociales y de protección a la niñez han aumentado la desprotección, la impunidad y el abandono de las personas sobrevivientes.
La eventual continuidad de este proyecto político, a través de la candidatura de Laura Fernández, amenaza con profundizar aún más este deterioro institucional. No se trata solo de una elección, sino del riesgo de consolidar un modelo de Estado que tolera discursos que relativizan la violencia sexual y que incumple de forma reiterada sus obligaciones nacionales e internacionales en derechos humanos.
Denunciamos también la exclusión histórica de niñas, niños y adolescentes indígenas de políticas públicas fundamentales, como la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024–2036 presentada por el actual gobierno. Costa Rica necesita con urgencia un enfoque intercultural, equitativo y libre de discriminación.
Garantizar justicia para niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual exige respuestas estructurales. La imprescriptibilidad total de estos delitos es una demanda basada en la desigualdad de poder, las barreras reales de acceso a la justicia y el deber reforzado del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar estas violencias. Esta exigencia es aún más urgente en un contexto donde discursos políticos minimizan la gravedad de estos crímenes.
La defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere hoy una posición clara y firme, que rechace cualquier intento de justificar la violencia sexual y coloque la protección integral y la prevención en el centro de la acción pública.
Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía comprometida con los derechos humanos de la niñez y la adolescencia a votar con ética y con información. Salgamos a votar contra el continuismo y dejemos claro que no vamos a tolerar que un proyecto político que minimiza la violencia sexual y encubre a agresores se mantenga en el poder.
La organización plantea que la defensa de las pensiones y el sistema de seguridad social exige una participación activa en las urnas.
La Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD) publicó un análisis titulado El asalto al futuro, en el que alerta sobre un deterioro acelerado del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y de las pensiones no contributivas bajo la actual administración de gobierno, y plantea la defensa de la seguridad social como un desafío central de cara a las próximas elecciones nacionales.
Según el diagnóstico, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que por décadas ha sido un pilar de protección contra la miseria y la exclusión social, enfrenta un empleo de sus reservas con señales de desbalance estructural, profundizado por la falta de abono a la deuda estatal, lo que —en la lectura de FECTSALUD— “devora sus propias reservas para sobrevivir” y coloca a la seguridad social en una situación de vulnerabilidad inédita. El documento señala cifras acumuladas de endeudamiento que impactan directamente en la viabilidad futura de las pensiones y advierte sobre la congelación de pensiones no contributivas que constituyen la última red de apoyo para miles de personas que cotizaron y contribuyeron durante su vida laboral.
Frente a este panorama, FECTSALUD sostiene que defender la Caja Costarricense de Seguro Social equivale a defender la democracia y la dignidad de las mayorías. El comunicado presenta la elección venidera como un momento crucial para que la ciudadanía utilice el voto como herramienta de defensa de los derechos sociales y de la seguridad social. Desde esta perspectiva, el voto no es solo una expresión de preferencia política, sino un acto de resguardo de conquistas sociales históricas, como el acceso a pensiones y servicios de salud de carácter universal y solidario.
FECTSALUD también alerta sobre el riesgo de una narrativa que banaliza o deshumaniza las demandas de las personas pensionadas y de quienes dependen de la CCSS, recordando que detrás de los números hay vida, dignidad y bienestar. El documento hace un llamado a las personas a ejercer su derecho al voto con conciencia crítica, con la meta de proteger el futuro de las pensiones y la estabilidad del sistema de seguridad social para las generaciones actuales y futuras.
Dra. Hazel M. Gutiérrez Ramírez Pediatra, especialista en Cuidado Paliativo Pediátrico y Bioeticista Invitada de ACANAMED
El hogar y la escuela juntos enseñan la paz
El día 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y se conmemora el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi(India, 1869-1948). Gandhi fue un líder pacifista que defendió y promovió la no violencia al rechazar de forma tajante cualquier tipo de violencia o maltrato contra los seres vivos y que desdichadamente, fue asesinado por defender estas ideas.
El objetivo de recordar este día es que en todos los hogares y centros educativos de nuestro país sean ambientes defensores de la paz y se incentive en ellos una cultura dedicada a la no violencia en ninguna de sus formas (física o verbal) para nuestros niños, niñas y adolescentes.
En la actualidad, hablar con nuestros hijos sobre la importancia de fomentar la paz, es fundamental. Estamos viviendo situaciones que sólo hace unos pocos años llegamos a considerar que serían impensables. Entre ellas, el desarrollo de guerras entre ya varios países y las numerosas situaciones trágicas ocurridas recientemente donde menores de edad inocentes resultan heridos o pierden la vida ante el uso de violencia desmedida dentro de un ambiente seguro como era su propia escuela o bien su comunidad. Tan solo hace un año en EUA, un niño de 6 años disparó a su maestra de preescolar por haber tenido un desacuerdo con ella: ¿Cómo puede ser esto posible? Sin duda, como adultos responsables del cuidado de nuestros hijos debemos preocuparnos y analizar con conciencia: ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad?
La paz no solamente se siembra en las escuelas, más importante aún, se siembra en el seno de cada uno de nuestros hogares. Mientras el niño crece, es dentro de su familia donde el niño aprende cómo comunicarse con otros niños y con los adultos, cómo comportarse durante las diferentes circunstancias de la vida (sean experiencias positivas o negativas) y cómo interactuar con los demás para ser parte de una sociedad. Debemos recordar que cuando el niño inicia el primer año de la escuela, cerca de los 6 años, está madurando y desarrollando su personalidad pues imita las acciones de socialización de sus padres con los demás e incorpora los valores morales trasmitidos dentro de su familia. Es por esta razón, que la responsabilidad de los adultos que cuidan y enseñan a los niños durante estos primeros años de la infancia es tan valiosa e importante: la paz inicia y termina en casa.
Una educación inspirada en una cultura de la no violencia y paz permite que los niños adquieran los conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas (UNICEF, 2020). Enseñar a nuestros niños y adolescentes herramientas valiosas para una adecuada convivencia, no sólo les ayudará a aprender a vivir en armonía con los demás, sino también en su futuro desarrollo profesional.
Las habilidades blandas, también conocidas como “habilidades de las personas” o bien “habilidades interpersonales”, son, al contrario de las habilidades duras, una combinación de habilidades humanas, subjetivas y no cuantificables que juegan un papel esencial en la forma que nos relacionamos e interactuamos con otras personas. En conmemoración de esta fecha, deseo destacar 5 habilidades blandas que si las sabemos enseñar y fomentar en nuestros hijos, tanto en el hogar como en la escuela, serán “semillas de la paz” a lo largo de las futuras generaciones:
Empatía: Permite ver las cosas desde la perspectiva del otro en vez de solo ver la nuestra, es en sí la habilidad de “ponerse en los pies del otro”. Es enseñar a los niños sobre el significado de desarrollar el valor de la sensibilidad para relacionarse con los demás, es que interioricen y apliquen en su forma de vivir la frase de Confucio que una y otra vez, me decía mi padre cuando era pequeña: “No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”.
Habilidades de comunicación: En estos tiempos donde existe tanta globalización y la comunicación es tan diversa a causa de los medios tecnológicos y digitales, el saber comunicarse de forma asertiva es sumamente primordial. Enseñar a nuestros hijos a escuchar activamente a los demás con respeto y atención (mirando siempre a los ojos y no compulsivamente el teléfono como ya con más frecuencia ocurre), o bien, el desarrollo de estrategias de negociación a lo largo de las diferentes etapas de su vida, les brindará un mundo abierto con un sin fin de posibilidades de crecimiento y aprendizaje.
Tolerancia: Es promover el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Es un derecho de la infancia y de toda la humanidad el lograr desarrollar un adecuado entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar. El lograr que nuestros niños y adolescentes desarrollen habilidades pacíficas de resolución de conflictos hará sin duda que el uso de la violencia no forme nunca parte de sus vidas, independientemente de las circunstancias que atraviesen.
Respetar los derechos de los demás: Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Las personas también tienen responsabilidades; así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás (UNICEF, 2015). Es enseñarle a los niños y adolescentes la frase del filósofo Jean-Paul Sartre: «Mi libertad se termina dónde empieza la de los demás”
Trabajo en equipo: Aprender a ser un líder positivo y saber trabajar en equipo es hoy en día una habilidad indispensable. En 1964, Robert Greenleaf fundó el llamado “liderazgo servicial” o “liderazgo compasivo”, el cual es un enfoque de liderazgo en el que ayudar a los demás está por encima de todas las demás prioridades de la persona. En lugar de gestionar para obtener resultados, un líder servicial se centra en crear un entorno en el que su equipo pueda prosperar y realizar su labor de la mejor forma posible. Por el contrario, si enseñamos a nuestros niños y adolescentes a ser individuos puramente individualistas, difícilmente serán buenos líderes. El promover el conocimiento, la comprensión y la práctica de la importancia del trabajo en equipo en nuestros niños y adolescentes, sea con sus propios hermanos como con sus amigos y compañeros de clase, fomentará la búsqueda de objetivos comunes, el sentido de lealtad, seguridad y alta autoestima. Lo anterior, llevará a que se esfuercen por mantener relaciones positivas dentro y fuera de sus grupos de pares y nos aseguraremos que a lo largo de sus vidas sean voces que mitiguen las expresiones o acciones negativas dirigidas hacia los demás.
Como madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, cuidadores y educadores los invito a cada uno de ustedes a construir con los niños y adolescentes de nuestro entorno, el camino hacia la paz y no violencia. Es la forma idónea de hacer un mundo mejor para aquellos que vendrán detrás cuando ya no estemos con vida. Como una vez dijo Mahatma Ghandi: «Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo”.
Un llamado a los partidos políticos y a las fuerzas democráticas
Desde mi óptica particular, hoy más que en cualquier otro momento de la Segunda República (es decir, después de 1948 hasta esta parte), es urgente que, los partidos democráticos busquen la mayor unidad entre ellos; todos los líderes de los partidos políticos que reconozcan que nuestra institucionalidad democrática está en peligro de debilitarse o sufrir agrietamientos están convocados.
La democracia costarricense ha sido puesta en peligro, por el gobierno que encabeza Rodrigo Chaves y por el partido que nos gobierna, a cuya cabeza se encuentra la candidata Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano. La acusación no es para nada gratuita. Además, hoy la candidata del partido del Pueblo Soberano sigue la ruta de Chaves con férrea docilidad. Pondré ejemplos incuestionables.
¿Por qué Rodrigo Chaves (actual presidente) y Laura Fernández (candidata a la presidencia por el PPSO), amenazan las instituciones democráticas que ameritan la más amplia unidad de los partidos democráticos y progresistas?
Hay una larga lista de actitudes y medidas del gobierno actual, encabezado por Chaves como presidente y entre otros por Laura Fernández, por haber ejercido los ministerios de la presidencia y planificación, que han golpeado las bases de nuestras instituciones democráticas y la credibilidad de muchos conciudadanos en ellas.
Actitudes en contra de principios democráticos y de la cultura democrática de los costarricenses
Juzgo que, el mayor golpe del actual presidente contra nuestros valores, la cultura y los principios democráticos ha quedado patente en cada una de las conferencias de prensa de los miércoles, de las que se han servido él y muchos de sus ministros para agredir en forma verbal y frecuentemente, a los demás poderes del estado y sus miembros; menciono en particular a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General como representante legal del estado y la Fiscalía General.
No me refiero al derecho que le asiste a cualquier ciudadano, incluido desde luego al presidente, de manifestar su crítica por dura que sea contra los demás poderes del estado, cuando hayan incurrido en alguna equivocación o error. No, la crítica contra cualquier poder del estado es parte inalienable de la democracia. Lo que quiero puntualizar es el vocabulario soez, burlesco, vulgar y procaz al que nos tiene acostumbrados Rodrigo Chaves y la mayoría de sus ministros acólitos; lenguaje que, toca el corazón de la ética democrática. Un presidente puede ser firme, pero no arbitrario, ni prepotente. La democracia no es equivalente al silencio ni menos a la sumisión. Pero quien asume la primera magistratura del estado, no habla a título personal, cada palabra o gesto suyo encarna el peso de la institución que representa. Chaves ridiculiza, apela al sarcasmo o al insulto y la ridiculización humillante, con lo cual pretende socavar la legitimidad de los demás poderes de la República, cada vez que lo hace.
En efecto, Chaves con su lenguaje chabacano y confrontativo, no ha hecho sino alimentar la lógica de “enemigo del pueblo”, fomenta la polarización social y debilita el principio del estado democrático de pesos y contrapesos, que es clave en el Estado de Derecho. El presidente Chaves y con él Laura Fernández en calidad de ministra, y ahora como candidata, no han hecho sino traspasar la barrera que diferencia la crítica sana, el respeto mutuo y el poder de la ley para ofrecer un mensaje peligroso que fomenta el conflicto, el “populismo comunicacional” y la cultura cívica. En suma, un presidente puede ser firme sin ser ofensivo, puede ser crítico sin ser vulgar, y finalmente ser directo sin ser burlón.
Insultos y descalificaciones a legisladores y miembros de otros poderes
En sus discursos ante la Asamblea Legislativa hemos encontrado frases como: “idiotas en el Congreso”, “Corruptos como Carlo Díaz” (fiscal general), o el “matonismo de Carlo Díaz” en forma despectiva; también ha dicho “el TSE está haciendo cosas inauditas” en tono de burla; en otro momento arremetió en forma despectiva para ante la contralora diciendo que “la Contralora está sentada en la galleta”, cuando lo que ha habido son diferencias y llamadas de atención frente al proceder del jefe del poder ejecutivo y ministros suyos; “Me importa un pepino” usó decir en otra ocasión frente a sus críticos.
En su tercer informe de labores afirmó que: “Es absurdo demandar respeto para los demás poderes de la República”, porque según Chaves “…están cosechando lo que sembraron”, o sea, los miembros de los demás poderes no merecen respeto.
En el uso de las redes sociales, Chaves ha admitido que le dio un “me gusta” a publicaciones con insultos tales como: “ratas asquerosas”, “buitres”, “payasos”, “retrasados mentales” en contra de opositores y contrapesos políticos. A veces no ha sido quien escribió los insultos de su propia mano, pero al darles un “me gusta” ha contribuido al tono ofensivo que lo caracteriza para tratar a aquellos que lo adversan y emplear el lenguaje propio de quien quiere normalizar la arenga politiquera y no el respeto desde la presidencia de la República. Algo ha ido aprendiendo Laura Fernández al respecto del lenguaje procaz y vulgar.
El lenguaje empleado para ante la Corte Suprema de Justicia es de antología, al argüir que “La Corte Suprema de Justicia es una vergüenza nacional”. Y, luego agregó que “ni la Corte, ni la fiscalía general buscan justicia”. Todo esto ocurrió a propósito de la petición del desafuero por parte de la Corte para el presidente Chaves.
Medidas o decretos rayanos en la inconstitucionalidad
La Sala Constitucional declaró inconstitucionalidades parciales contra decretos que buscaban por parte del presidente endurecer la política migratoria o de asilados. Ha sido una tradición de Costa Rica el ejercicio de la solidaridad contra asilados, sean asilados políticos o no. Algunas disposiciones de Chaves Robles se orientaron a “prohibir el libre tránsito” y la “libertad de movimiento”, los cuales están reconocidos en nuestra Constitución y en tratados internacionales como La Convención Americana de Derechos Humanos”. Por eso, la Sala Constitucional hubo de enmendarle la plana a decretos de la presidencia de la República. Pero el Estado debió ser sancionado, porque al aplicarlos ocasionó daños y perjuicios contra personas individuales. El Estado fue entonces condenado a pagar daños y perjuicios ante la aplicación de dichas normas. Para mayor abundamiento diré que para aplicar restricciones fundamentales a la libertad de movimiento o al derecho de asilo es requisito que la Asamblea Legislativa apruebe una ley expresa. Pero, aclaro que, tal requisito, el poder ejecutivo dirigido por Chaves se lo saltó.
Por otor lado, el gobierno derogó por decreto la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo y la Diversidad (2024). La Sala consideró que la acción del ejecutivo había sido abrupta, arbitraria y sin fundamento legal ni técnico. Tal derogatoria resultaba a todas luces discriminatoria contra un grupo de personas históricamente discriminado.
Encontramos también más recientemente, la negligencia y el desdén del poder ejecutivo a ejecutar partidas del presupuesto, debidamente aprobadas por la Asamblea Legislativa para instituciones de seguridad ciudadana, tales como el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público. El ejecutivo se negó a girar un monto de nueve mil millones de colones orientados a fortalecer la capacidad del OIJ y del Ministerio Público, específicamente para financiar plazas nuevas de investigadores, fiscales y técnicos necesarios para combatir la criminalidad. Hacienda justificó su renuencia a girar los fondos alegando que se habían destinado al pago de la deuda pública, incurriendo probablemente en el delito de peculado o desvío de fondos públicos aprobados por la AL con un destino específico. El presidente del Poder Judicial advirtió con claridad que tal decisión afecta la capacidad operativa del OIJ y del Ministerio Público para actuar contra la criminalidad, ya que sin esos recursos no se puede contratar el personal, pues no se podrán activar las plazas aprobadas por el Poder Legislativo. Se trató de una decisión arbitraria por parte del ministerio de Hacienda y del propio Poder Ejecutivo. Creo conveniente aclarar antes de proseguir que, ciertamente la Constitución y la ley fiscal de nuestro país permiten que el Ejecutivo decida la ejecución presupuestaria, pero igualmente, señalan que usar esa prerrogativa con fines claramente politiqueros, dejando sin ejecución partidas urgentes aprobadas por la AL, genera una situación de “arbitrariedad institucional que debilita la separación de poderes…”especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la seguridad pública.
Me interesa de manera particular, poner en claro cómo fue que el actual gobierno se separó del acuerdo de Escazú, un tratado internacional, cuya aprobación se produjo en Escazú, Costa Rica. Al respecto desde la perspectiva del Derecho Internacional, encontramos que: “Cuando un Estado firma un tratado y luego decide no ratificarlo o entorpece su implementación, puede estar incumpliendo la obligación de buena fe internacional bajo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que exige que las partes actúen de forma coherente con los compromisos internacionales que han asumido (incluso en procesos de ratificación). Esto puede generar responsabilidad internacional–aunque no tenga efecto inmediato en el derecho interno costarricense mientras el tratado no esté ratificado. – Costa Rica fue sede y uno de los países impulsores de Escazú. El hecho de que hoy no lo ratifique -y que el Ejecutivo comparta esa posición- ha sido interpretado por expertos y por organismos internacionales como un retroceso en materia de transparencia ambiental, acceso a la justicia y participación ciudadana, pilares del tratado. (El Observador. El texto resaltado es del original).
Hay mucho más, pero por ahora espero que lo señalado sea suficiente para probar el autoritarismo, la arbitrariedad y el espíritu anti democrático conforme al cual ha actuado tanto el Presidente Chaves como la candidata Laura Fernández.
Unidad por una Costa Rica que continúe fortaleciendo la institucionalidad democrática
Señalo que fue mi hermano, el sociólogo Roberto Salom uno de los primeros que se pronunció antes de que los partidos políticos hubiesen consolidado sus candidaturas, en favor de trabajar por la consolidación de una alianza democrática y progresista. Los contactos que realizó no fructificaron. Excepción calificada fue la de los partidos Agenda democrática y Acción Ciudadana. Los cuales, por su propia iniciativa, ante el desinterés de los demás en forjar esta unidad amplia, hicieron lo propio creando la “Coalición Agenda Ciudadana” encabezada dignamente por la Arquitecta Claudia Dobles, cuya inteligencia, don de gentes y liderazgo le han permitido desenvolverse en esta campaña con gran éxito. Al poco tiempo se les sumó el “partido Republicano Calderonista”.
En esa misma dirección, diez partidos firmaron un pacto cuya iniciativa fue prohijada por instituciones de la UCR y organizaciones de Sociedad Civil; podría llamarse este pacto, “un acuerdo ético-político por Costa Rica”. Diez partidos políticos dijeron presente en el lanzamiento del “Acuerdo Nacional contra la Desinformación y el Odio” celebrado el 31 de octubre del 2025. El pacto fue firmado por diez organizaciones políticas que son: Aquí Costa Rica Manda, Coalición Agenda Ciudadana, Partido Alianza Costa Rica Primero, Partido Centro Democrático y Social, Partido Esperanza Nacional, Partido Frente Amplio, Partido Liberal Progresista, Partido Liberación Nacional, Partido Nueva Generación y Partido Progreso Social Democrático.
Todavía se pueden promover acuerdos puntuales como es una colaboración entre todos en el conteo de los votos, tanto cuando se cierren las urnas, como después en el conteo de los votos en el TSE que es muy cuidadoso. Se podría establecer un acuerdo de colaboración para movilizar electores de los otros partidos políticos. Y, desde luego, si hubiese segunda ronda un acuerdo para apoyar a aquel partido o coalición que vaya a participar en estas lides. Todo esto y más puede anticipar las condiciones para una agenda común parlamentaria, que no impida a cada partido mantener sus propios puntos, los cuales puede negociar con otros grupos parlamentarios.
La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) informó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)acusó recibo oficial de la documentación presentada en el marco de la solicitud ACSS-001-2026, relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC).
El acuse de recibo fue enviado el viernes 30 de enero de 2026 desde la cuenta institucional de Correspondencia de la CCSS, en el cual se indica que la documentación remitida será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad, y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente. La CCSS también aclara que dicha dirección de correo es de uso exclusivo para la recepción de documentos de unidades que la reconocen como medio oficial.
La gestión ACSS-001-2026 da seguimiento a una solicitud previa presentada el 18 de diciembre de 2025 ante la Junta Directiva de la CCSS y la Gerencia de Pensiones, en la que la Auditoría Ciudadana solicitó un criterio técnico y fundamentado sobre el reajuste de los montos de las pensiones del IVM y del RNC. Según consta en el documento, la Junta Directiva trasladó la solicitud a la Gerencia de Pensiones, fijando como plazo máximo el 9 de enero de 2026 para emitir respuesta; sin embargo, al cierre de enero no se había comunicado resolución alguna.
Ante el vencimiento del plazo, la Auditoría Ciudadana solicitó formalmente copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social, especialmente en un contexto de creciente preocupación por el poder adquisitivo de las pensiones y el cumplimiento de las obligaciones institucionales.
La ACSS ha venido desarrollando diversas acciones públicas orientadas a la defensa del sistema solidario de pensiones, entre ellas solicitudes de información, análisis técnicos, pronunciamientos públicos y llamados a la transparencia institucional, con el objetivo de garantizar que las decisiones sobre pensiones se adopten con criterios técnicos claros, información oportuna y respeto a los derechos de las personas pensionadas, particularmente de quienes dependen del régimen no contributivo.
Línea de tiempo reciente – Gestiones de la ACSS sobre reajuste de pensiones
18 de diciembre de 2025 La Auditoría Ciudadana de la Seguridad Social (ACSS) presenta ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente ante la Junta Directiva y la Gerencia de Pensiones, una solicitud formal de información relacionada con el reajuste de las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC), solicitando criterio técnico y fundamentos utilizados para la toma de decisiones.
Diciembre de 2025 La Junta Directiva de la CCSS traslada la solicitud a la Gerencia de Pensiones, estableciendo como fecha límite el 9 de enero de 2026 para emitir el criterio técnico correspondiente.
9 de enero de 2026 Vence el plazo establecido por la Junta Directiva para responder a la solicitud de la ACSS, sin que se haya comunicado respuesta pública ni notificación formal a la organización ciudadana.
Enero de 2026 (posterior al vencimiento del plazo) Ante la ausencia de respuesta, la ACSS presenta una nueva gestión (ACSS-001-2026) solicitando copia digital del criterio técnico emitido por la Gerencia de Pensiones y de lo acordado por la Junta Directiva, como parte de su labor de control ciudadano y vigilancia del derecho a la seguridad social.
30 de enero de 2026 La CCSS envía acuse de recibo oficial de la documentación presentada por la ACSS, indicando que la solicitud será asignada a la unidad destinataria para el análisis de los requisitos de admisibilidad y que, de ser necesario, se solicitará la subsanación correspondiente.
Como si no estuviéramos en tiempos difíciles ya de por sí, encima hay «eruditos» que salen a decir en qué estado de ánimo hay que ir a votar y con qué lógica: que la razón, que la esperanza, que la alegría, que la fiesta electoral, que el miedo, que no hay que votar en contra sino a favor… y un largo etcétera.
Las recomendaciones no tienen nada de malo, pero los juicios e imposiciones morales estilo «cátedra política» no nos lucen mucho en este escenario tan dramáticamente difícil y peligroso.
Que lo ideal sería ir «feliz de la vida» a votar por la opción decidida, pues sí. Pero hace mucho rato dejamos de estar ahí, y, como en otras elecciones lo he dicho, estamos «padeciendo» el voto.
En psicología sabemos que el conflicto es parte inherente a la naturaleza humana. Y que el primer paso para resolverlo es reconocerlo y tratar de descifrar adonde está el núcleo. También sabemos que se da en todas las esferas: a nivel interno, de pareja, familiar, laboral, comunitario y, por supuesto, social/nacional.
Podríamos decir que en este momento nuestro país está atravesando una alta conflictividad social. Si en el 2007, con el TLC y, en el 2018, con las elecciones de los Alvarados estuvimos “como agua para chocolate”, ahora, me temo, sí es cierto que el país se quebró, sobre todo, porque tenemos casi 4 años de estar vivenciando discursos y acciones en las altas esferas políticas que no solo promueven el odio, la división y el irrespeto, sino que además predican con el ejemplo. Y encima, esa ha sido su estrategia imparable de campaña. De manera que era imposible que no llegáramos a esta parte bastante fracturados.
Hay investigaciones de psicología social y política que indican que, en este tipo de escenarios, las personas suelen sentirse mal, con miedo, con mucho enojo, con tristeza, con cansancio emocional, con sobre pensamiento (tener ideas fijas a cada rato que se vienen a la mente) con angustia que deriva en crisis de ansiedad y todo su correlato con síntomas físicos: dolores de cabeza, insomnio, afectaciones estomacales, incluso con episodios de llanto, etc. En general, se puede generar un gran malestar que hace que la gente no ande bien y no pueda funcionar como siempre, ni en el plano emocional, ni en el del pensamiento.
Digo todo esto porque si se han sentido mal en estos días y, especialmente, cuanto más cerca están las elecciones, pues están reaccionando de la forma más natural y esperada, ya que, como ya dije antes, la situación que enfrentamos es tremendamente delicada.
Se trata de definir qué país queremos en una coyuntura donde tenemos la vida amenazada de muchas formas y como nunca antes: desde la violencia en las calles desatada por el narco, hasta las listas de espera interminables de la Caja ( si alguien se enferma grave sabe que le toca un largo viacrucis), pasando por las «geniales» propuestas recientes de suspender las garantías individuales, lo cual es absolutamente grave y ya colocarnos sin tapujos en el camino de cualquier dictadura promedio de la región.
Yo quiero decirles que si ustedes son de las personas que no desean el continuismo y están abrumados, con estado de ánimo cambiante (de tristeza a miedo, de miedo a esperanza, de esperanza a enojo, etc.) ni están «mal de la cabeza», ni tienen problemas psicológicos, ni nada por el estilo. Son ciudadanía responsable, con un alto compromiso cívico, que aman esta patria, conocen y valoran la historia del país sabiendo cuánto pesa en lo que hemos sido como nación.
También se vale el antivoto, es decir, ir a votar en contra de algo, en contra de un proyecto de país considerado como amenaza a lo deseado. Lo fundamental es ejercer ese sagrado derecho al sufragio. Sería lindísimo que todo el mundo fuera a votar a favor de una candidatura que siente que le representa, pero eso no siempre va a ocurrir. La gente hace sus valoraciones y hay que respetarlas. Todos los votos cuentan: los emitidos con una gran convicción y los que se hacen con la lógica para evitar el mal mayor. Que ahora tiene un rostro prosaico de populismo con altos niveles de autoritarismo y de engaño.
Lo personal es político. Por eso las elecciones nos pueden descolocar, y eso no es necesariamente negativo, habla bien de nosotros, de nuestra humanidad, de que aun somos gente que nos preocupa e interesa el bien común y la reserva democrática que todavía tenemos y que es, ni más ni menos, lo que está en juego.
Costa Rica se prepara para celebrar elecciones presidenciales en un clima marcado por el cansancio, la desconfianza y la queja que se ha vuelto casi permanente. Se reclama mucho —a veces con razón—, pero cada vez con más frecuencia desde la distancia, como si la democracia fuera un espectáculo ajeno y no una tarea que nos compromete a todos. Nos quejamos del rumbo del país, de la clase política, de las decisiones que se toman, pero al mismo tiempo crece la tentación de desentendernos, de reducir la participación democrática a la crítica o, peor aún, a la indiferencia.
El papa Francisco afirmaba que, aunque la democracia tiene dificultades para asumir el tiempo presente, posee un valor inherente e indudable: el de estar juntos. Y estar juntos no es una emoción pasajera. Estar juntos es participación. Es asumir que los problemas que enfrentamos no son de otros, sino nuestros; que afectan a todos y, por tanto, nos reclaman a todos. No es casual que en la palabra participar encontremos el verdadero sentido de lo que es la democracia.
Nuestra participación democrática, por supuesto, no se agota en el voto, pero tampoco puede prescindir de él. El voto no es un gesto menor ni un trámite burocrático: es la forma concreta de decir “estoy aquí”, “me importa”, “asumo mi parte”. Cuando la queja sustituye al compromiso, la democracia se vacía y el tejido social se desgasta. Por eso el Papa advertía con claridad: “Balconear, quedarse en la ventana ante lo que ocurre a nuestro alrededor no solo es éticamente inaceptable, sino que tampoco es sabio ni conveniente” (Francisco, Trieste, 06-julio-2024).
Balconear es mirar sin implicarse, opinar sin cargar con las consecuencias, exigir sin asumir responsabilidades. Es cómodo, pero profundamente injusto con el país y con las generaciones que vienen. Y no es solo un problema político: es un problema ético.
El Evangelio va todavía más lejos. Jesús insiste en el cuidado del otro, en la responsabilidad compartida, en no pasar de largo frente a la realidad que duele. Ese “preocuparse por los demás” no es una devoción privada ni una actitud piadosa sin consecuencias; es una manera concreta de ser persona y de vivir en sociedad. Desentenderse del destino común no es neutralidad: es abandono.
Por eso, en estas elecciones, ir a votar no es solo un derecho. Es un acto de responsabilidad moral. Es una forma concreta de decir que creemos en el país, que no renunciamos a él, que no lo dejamos en manos de otros mientras nos refugiamos en la queja. No votar es, en el fondo, seguir balconeando. Y Costa Rica no necesita más espectadores. Necesita ciudadanos presentes, conscientes y valientes.
Este domingo, no te quedés en la ventana. Bajá al camino común. Andá a votar.
Si votar sirviera para cambiar algo, ya estaría prohibido. Eduardo Galeano.
El gobierno actual es el “revelador” de una institucionalidad agotada, que ha quedado al descubierto.
Su forma de gobernar, sus choques con otros poderes del Estado y su discurso confrontativo han “desnudado” una institucionalidad lenta, fragmentada, poco eficiente, en algunos casos obsoleta y desconectada de las necesidades reales de la población.
Los cambios necesarios para modernizar y democratizar nuestra institucionalidad, pensábamos muchos y muchas, que sería la principal tarea y razón de ser del Partido Acción Ciudadana. Pero no lo hizo y por el contrario nos empobreció más, con leyes y acciones regresivas y antipopulares. Y de paso le dejó el campo libre a este gobierno para que haga los ajustes que ahora serán aún más regresivos y antipopulares. Y ciertamente peligrosos para la paz social.
El gobierno de Chaves ataca con dureza a la institucionalidad existente.
Señala como responsables a los partidos tradicionales que la crearon y administraron.
Usa ese discurso para legitimarse como “ruptura” con el pasado, señala culpables locales, dejando intacto el marco internacional neoliberal que condiciona toda la política económica del país. Y apunta a la transformación, destrucción institucional y venta de activos del Estado (a precio de gallina flaca) para poner las que queden en pie, aún más, al servicio de las clases dominantes.
Una oposición sin proyecto alternativo
La oposición política tampoco propone una transformación profunda de la institucionalidad al servicio de las grandes mayorías, ni plantean una ruptura con el modelo neoliberal. Su propuesta se queda en ofrecer un regreso, más o menos maquillado al mismo esquema anterior y una mejor administración de lo que ya fracasó.
Pero su mayor desacierto está en su estrategia de «Estar en contra” del partido en el poder y apostar al desgaste de la figura presidencial y del oficialismo.
Aqui ningún partido está levantando la voz contra el continuismo del modelo neoliberal. Están contra el continuismo de un grupo de ricos, distinto a los grupos que tradicionalmente, se beneficiaron de esta «democracia» y que ahora sienten un miedo terrible a ser desplazados. Es una pelea entre estilos, liderazgos y discursos dentro del mismo marco económico y político.
¿Qué hacer?
Defender la democracia no es ir a votar el día de las elecciones por un modelo en el que todos los y las candidatas están de acuerdo No es el día de la democracia. Nosotros (los descalzos) debemos tener claro que es el día en que nos enfrentamos a nuestro enemigo de clase, que tiene todos los recursos a su disposición, que entra en el juego para defender sus intereses, sus privilegios, sus diferencias sociales, su capital, su proyecto.
Lo más honesto que podríamos hacer el próximo 1 de febrero, es abstenernos de participar y así deslegitimar esta fanfarria. Abstenerse de votar no es retirarse de la participación política, es un acto político consciente.
Para nosotros la democracia debe ser un ejercicio constante, de todos los días del año. En el barrio, en el pueblo, en la comunidad. En las organizaciones sociales, los sindicatos, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo comunal. Y desde ahora trabajar para construir un polo de oposición que enfrente organizadamente las medidas antipopulares que se nos vienen.
No un partido más, no una coalición oportunista, no pensando en curules.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 27 de enero del 2026, Trinidad y Tobado adhirió al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte 19 de este valioso instrumento regional, el cual fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados desde el mes de septiembre del 2018 (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).
Cabe recordar que, para el Día Internacional del Ambiente celebrado en todo el mundo el 5 de junio del 2025, fue otro Estado del Caribe anglófono, Bahamas, que oficializó su adhesión a este instrumento regional, sumándose así a los 17 Estados que ya depositaron antes su respectivo instrumento de ratificación en Naciones Unidas con anterioridad (véase la nota oficial del aparato diplomático de Bahamas).
Nótese que el mismo 5 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó una larga infografía y un extenso texto al Acuerdo de Escazú, en homenaje a todos los defensores del ambiente de todo el mundo (véase enlace) y a sus derechos: una infografía que pone muy en alto el nombre de Costa Rica y el de uno de su cantones (Escazú) pasada totalmente desapercibida en… la misma Costa Rica.
Al no haberse registrado Costa Rica entre los primeros Estados en ratificar este acuerdo que promueve de manera singular desde el 2018 uno de sus cantones y su imagen en el exterior (ni tampoco entre los 10 primeros Estados) es muy valida la pregunta de saber si, de 24 Estados que ya lo han firmado (y de 33 Estados que pueden ser Estados Partes), Costa Rica esperará dejar que sean 23 (o 32…) los Estados que lo antecedan antes de aparecer finalmente como Estado Parte. O si consideran sus autoridades y algunos sectores empresariales que la inconsistencia total que demuestra ante el mundo en materia ambiental Costa Rica no afecta mayormente su credibilidad ni su prestigio, ni tampoco el flujo de turismo y de inversiones, ni el comercio de productos «amigables con el ambiente» que fomentan diversas cadenas de comercio justo y equitativo, lo cual resultaría realmente muy, pero muy sorprendente. Son siempre observadas con sonrisas de medio lado las contorsiones de todo tipo a las que deben prestarse los representantes oficiales del aparato diplomático costarricense en diversas cumbres y foros internacionales en materia ambiental o en materia de derechos humanos, en particular ante expertos internacionales y ante los demás delegados estatales y potenciales entidades donantes.
Cabe recordar que Costa Rica fue el primer Estado en ratificar otro instrumento regional de gran importancia adoptado en tierras costarricenses: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la capital costarricense en noviembre de 1969, y ratificada por Costa Rica en el mes de marzo de 1970 (vease estado oficial de firmas y ratificaciones).
Esta entrevista de diciembre del 2025, publicada en Semanario Universidad, detalla el panorama poco halagador que se observa en Costa Rica con temas ambientales no resueltos como la expansión insensata de los cultivos de piña, la contaminación de aguas de comunidades por parte de empresas dedicadas al cultivo de esta fruta de exportación y el alto consumo de Costa Rica en materia de pesticidas, entre muchos otras temáticas ambientales no atendidas en los últimos cuatro años y pocamente abordadas durante la actual campaña electoral. Al respecto, este manifiesto colectivo de ONG y movimientos sociales costarricenses en defensa de la naturaleza de junio del 2008 resulta ser un texto de una persistente actualidad para muchas comunidades rurales costarricenses.
Acuerdo de Escazú, indiferencia de algunos decisores políticos, mientras aumenta la vulnerabilidad de los defensores del ambiente
En el caso específico de Costa Rica, es de indicar que el 4 de marzo del 2025, el Acuerdo de Escazú celebró siete años desde su adopción, luego de nueve largas rondas de negociación, las cuales duraron cinco años, siete meses y siete días.
Este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, con una indiferencia notoria de los medios de prensa costarricenses, así como en varios otros Estados de América Latina. Los cuales, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el mes de setiembre del 2018: siete años después, las actuales autoridades costarricenses, muy identificadas con el sector empresarial, no consideraron oportuno apoyar y mucho menos gestionar su aprobación legislativa.
En el mes de abril del 2025, se organizó en San Kitts y Nevis el tercer foro sobre las protección de los defensores del ambiente en el marco del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial de la CEPAL y agenda del evento). Los lineamientos y planes de acción ahí discutidos y adoptados, así como los acordados en el marco del segundo foro celebrado en Panamá en setiembre del 2023 (véase enlace a informe final) contrastan con la dura realidad que deben enfrentar los defensores del ambiente, en particular en Estados que persisten en mantenerse distantes del Acuerdo de Escazú.
Este extenso reportaje de abril del 2025 sobre la situación en Perú detalla el nivel de extrema vulnerabilidad e indefensión que enfrentan los defensores del ambiente peruanos. Este otro artículo publicado en Costa Rica en mayo del 2025 refiere a una situación muy similar que conocen quienes alzan la voz en defensa del ambiente. De igual manera en Centroamérica, esta nota de mayo del 2025 referente a la muerte de ecologistas en Guatemala y esta otra nota sobre el asesinato acaecido en Honduras de un reconocido defensor del ambiente en abril del 2025. En febrero del 2025 se informó de demandas penales en El Salvador contra opositores a proyectos mineros (véase nota de prensa). La ONG Amnistía Internacional emitió una alerta internacional sobre la suerte de un defensor del ambiente en Paraguay en el mes de abril del 2025 (véase enlace). En el caso de Brasil, la ONG Human Rights Watch emitió un informe en el que se pide a sus autoridades ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú ante la ola de amenazas e intimidaciones así como asesinatos que sufren los defensores del ambiente, en particular en la región amazónica.
No obstante el desinterés por parte de Costa Rica y de algunos otros Estados, se debe recordar que, en América Latina, Colombia precedió a Trinidad y Tobago y a Bahamas: en efecto, Colombia culminó el 25 de septiembre del 2024 un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación. Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de las máximas autoridades colombianas en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma).
Los supuestos «argumentos» en contra el Acuerdo de Escazú desnudados por la realidad económica en los Estados que ya lo han ratificado
Colombia se convirtió en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, mientras que desde el 5 de junio pasado, Bahamas en el Estado Parte Número 18, y desde este 27 de enero del 2026, se cuenta con un total de 19 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): en el caso de Colombia, ninguna de la previsiones catastróficas en materia económica que preveía el sector privado colombiano que acontecerían de aprobarse el Acuerdo de Escazú se ha observado (como, por cierto, en ninguno de los otro 16 Estados que ratificaron el Acuerdo de Escazú antes de Colombia). Un dato objetivo, comprobable, indiscutible, y que debiera interesar a muchos sectores en el resto del continente americano: en particular los que repiten cosas sin mayor fundamento en algunas sedes parlamentarias y en la prensa corporativa.
En el caso de Chile que aprobó el Acuerdo de Escazú en el 2022, sus autoridades actuales se han mostrado particularmente comprometidas con el Acuerdo de Escazú, con una serie de lineamientos y de guías para el Estado elaboradas por sus autoridades ambientales (véase enlace oficial): tampoco en Chile se ha observado algun tipo de efecto negativo para la economía y para la competitividad de los productos de exportación chilenos, como lo sostenía de manera falaz la cúpula político-empresarial que gobernó a Chile durante el período 2018-2022.
En el caso de México que ratificó el Acuerdo de Escazú en el 2021 sin que ello tampoco afectara su economía, a finales del 2024 se adoptó oficialmente una guía con el fin de implementar lo dispuesto en el Artículo 9 en aras de reforzar la protección de los defensores del ambiente (véase documento), siguiendo lo establecido en marzo del 2024 en el Plan de Acción propuesto durante la COP3 por parte de Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis (véase propuesta).
En el caso del Caribe anglófono, la reciente ratificación de Trinidad y Tobago (y de Bahamas en junio del 2025) deja únicamente a Jamaica como Estado habiendo firmado más no ratificado el Acuerdo de Escazú.
La ausencia de impactos negativos para las economías y las exportaciones de los Estados que ya han aprobado el Acuerdo de Escazú confirma lo que en su momento (2020) nos llevó a titular un artículo en Costa Rica de la siguiente manera:
» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú» (Nota 1).
En una entrega anterior, nos permitimos incluso señalar el carácter súbito de la oposición de entidades gremiales del sector privado costarricense al Acuerdo de Escazú, al precisar en un artículo publicado en la prensa costarricense que:
«Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas”se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año» (Nota 2).
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú
Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 3).
En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) fue de las primeras entidades públicas en recomendar su ratificación al Poder (véase pronunciamiento del 6 de mayo del 2021). Desde entonces han sido numerosos los llamados en este sentido a las máximas autoridades costarricenses por parte de diversos sectores sociales y académicos, a los que se pueden añadir los de diversos relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los de órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los de la misma OCDE en el mes de octubre del 2023, reiterando varios llamados anteriores hechos a Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr). En mayo del 2025, fue la REDESCA de la OEA la que le recordó expresamente a Costa Rica un asunto pendiente denominado Acuerdo de Escazú (véase nota de Delfino.cr).
Pese a estos diversos llamados, la clase política costarricense se ha mostrado incapaz de redireccionar las cosas, de cara a una futura aprobación del Acuerdo de Escazú. En cuanto a las organizaciones ecologistas, se ha observado cierta apatía de varias de ellas con relación al Acuerdo de Escazú en los últimos años. Un número de la Revista Costarricense de Derecho de marzo del 2025 (véase enlace) dedicado al Acuerdo de Escazú que reúne artículos de varios especialistas costarricenses viene, desde la academia, a recordar la importancia de este instrumento internacional, y paliar al olvido en el que pareciera haber caído el Acuerdo de Escazú para algunas entidades ecologistas.
Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó de manera muy detallada los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023: reiteró, de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses. Se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las que le fueron propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones.
Breve recuento sobre la tramitación que se observó en Colombia, y que debiera interesar a sectores costarricenses
Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:
– la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia);
– la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto);
– la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).
En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficialde las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).
Colombia vino así a sumarse a los 16 Estados que ya lo habían ratificado, entre los cuales figuraban – a setiembre del 2023 – Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Los Estados que mantienen sus distancias con los derechos de los defensores del ambiente en el continente americano
A la fecha, en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Mujeres de Yulchen Frontera, integrantes de la Resistencia Pacífica Ixquisis en contra del proyecto hidroeléctrico San Mateo en Guatemala. Imagen extraída de la nota de prensa «Defensores ambientales en Latinoamérica: rendirse no es un opción», Mongabay Latam, 31 de octubre del 2019, y reproducida en el medio digital LaMula (Perú).
Entre los Estados que ni tan siquiera lo han firmado cuando podían hacerlo (un acto que figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (28 de enero del 2026) en no «adherir» al Acuerdo de Escazú (al haberse establecido un plazo para su «firma«, el cual venció en el 2020), los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, así como Venezuela.
Fechas insígnes escogidas para depositar un instrumento de ratificación
Nótese que Bahamas logró depositar el instrumento de ratificación el mismo día en el que se conmemora mundialmente el Día Internacional del Ambiente (5 de junio), demostrando su aparato diplomático una gran destreza y precisión. En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión el 5 de junio del 2022, sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.
En el caso de Colombia (al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019), la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018
Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).
Es de destacar y recordar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos, para depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación (Nota 5).
El Acuerdo de Escazú: viento en popa
Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica sobre la adhesión de Trinidad y Tobago en este mes de enero y la de Bahamas registrada en junio del 2025, resulta también oportuno indicar que conoció similar suerte en los medios costarricenses la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3), la cual se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatoriode marzo del 2024).
Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véase decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final).
En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.
En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).
Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véaseprograma), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.
El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación, elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.
En lo que respecta específicamente a la implementación, Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales desde su sitio oficial. Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.
En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).
Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.
Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.
Resulta notorio que estos vientos muy favorables para este intrumento regional no encuentren eco en la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos: en el mes de julio del 2025, teniendo la posibilidad de hacerlo, el juez interamericano no lo hizo, mediante una maniobra sumamente singular: la «reformulación» de las preguntas formuladas por Chile y Colombia, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 6). Como si de pronto, los «mitos» empresariales antes aludidos difundidos con base en argumentos falaces, encontraran adeptos entre algunos integrantes de la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La persistente e inexplicable ausencia de Costa Rica
Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 7).
Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 8).
Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 9).
Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad total del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:
«Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 10).
El hecho que en ninguno de los 16 Estados que, antes de Colombia, ratificaron el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, muy propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable(no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron:
– primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego;
– en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como;
– en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica.
Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.
Centroamérica y el Acuerdo de Escazú
No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.
Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:
– persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 11);
– o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras).
En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.
Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:
«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».
Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú) una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).
A modo de conclusión
Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a más de siete años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 12).
El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas. En una comparecencia relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 13), la máxima autoridad ambiental el 6 de agosto del 2024 (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.
En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).
A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán a partir de ahora en Trinidad y Tobago, en Bahamas, así como previamente en Colombia, un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas (en particular colombianas), al alzar la voz en defensa del ambiente.
Para las autoridades ambientales colombianas, el acceso a información de carácter público en materia ambiental constituye un esfuerzo recientemente materializado en marzo del 2024 y que debería poder ser saludado y replicado en otras partes del continente americano (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).
Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021, Colombia logró sumarse a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina, a los que ahora se une decididamente Trinidad y Tobago, precedido por Bahamas.
Con relación al resto de América Latina, es de esperar que el sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 14), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz experta, UCR, edición del 17 de diciembre del 2020. texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación«, Delfino.cr, edición del 29 de noviembre del 2020. Texto integral disponibleaquí.
Nota 3: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021).Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 6: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanosde este 3 de julio», 3 de julio del 2025. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 7: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 8: Véase la emisión a la que fuimos invitados en Hablemos de Derecho Internacional (HDI) titulada «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, 6 de febrero del 2021, disponible en este enlace. Así como BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022. Véase también PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de otros Estados como Colombia y Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 9: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí.
Nota 11: En una carta bastante singular, raramente observada en Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala el 20 de diciembre del 2022, envió la siguiente notificación a Naciones Unidas en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser en el futuro Estado parte (véase parte baja de este enlace):
«In a communication received on 20 December 2022, the Government of Guatemala informed the Secretary-General of the following: «I have the honour to write to you in reference to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as the Escazú Agreement, adopted in Escazú on 4 March 2018 and signed by the Republic of Guatemala on 27 September 2018.The Republic of Guatemala officially informs you, as depositary of the Escazú Agreement, that it does not intend to become a party to the Agreement. Its signing of the Agreement shall not, therefore, give rise to any legal obligations for the Republic of Guatemala, in accordance with international law«.
Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:
«In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following: «…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.«
El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones:
«In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty”.
Nota 12: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
Nota 13: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo:las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 14: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).
A estas alturas de mi vida, en el contexto de la presente campaña electoral, no puedo evitar interrogarme de nuevo: ¿Por qué desde muy joven experimenté gran simpatía por las causas de la izquierda de mi país?
Provengo de una familia de nueve hermanos, soy la cuarta entre ellos. Nací en 1952, a cuatro años de haber ocurrido la histórica Guerra Civil de 1948, la cual enfrentó a caldero-comunistas con un movimiento de oposición, quizá políticamente tan heterogéneo como el que se está presentando en las actuales elecciones.
Sin embargo, la memoria familiar del sufrimiento de mis padres en aquellos días, repetida por ellos a lo largo del tiempo, especialmente durante mis primeros años de mi vida, me dejó marcada para siempre.
Durante la guerra civil de marzo y abril de 1948, mi familia vivía en Tres Ríos, al lado de la carretera principal, justo en frente del Cementerio de la localidad. Esa circunstancia la dejó en una situación muy vulnerable, pues, en la medida en que las fuerzas revolucionarias avanzaban desde la zona de Cartago hacia la capital, ellos quedaban expuestos a los inminentes enfrentamientos armados que, de seguro, ocurrirían muy cerca de mi casa, dado el rápido avance de las tropas figueristas.
Por entonces, nuestra familia estaba conformada por mis dos hermanos mayores, un niño de seis años, una niña de dos, mi madre, mi padre y mi abuela paterna, una anciana ya setentona.
Uno de aquellos días de abril de 1948, mi madre se percató de que, a cien metros al oeste de la puerta de nuestra casa, justo al lado del Cementerio, se estaba levantando una enorme trinchera militar, por parte de las fuerzas vanguardistas encabezadas por su comandante en jefe, Carlos Luis Fallas. Como quien dice, aquella vecindad se estaba convirtiendo en carne de cañón. Las fuerzas de Figueres se acercaban ya al Alto de Ochomogo.
Mientras tanto, a las familias lugareñas no les quedó más alternativa que brindarle su ayuda a Calufa y a sus hombres. Compartían con ellos víveres, agua y algunos animales para alimentar a la tropa. Claro, muchos temblaban de miedo, pero no tenían otra alternativa. Así fue como llegó por primera vez a mis oídos el nombre del protagonista de mi primer libro de historia.
Por cierto, esos episodios luego le sirvieron como argumento a los Tribunales Especiales para acusar a Fallas de “hurto”. En el expediente judicial se le acusó luego de “…haberse robado unas gallinas en la comunidad de Tres Ríos”, delito por el que estuvo más de un año preso en la Penitenciaría Central.
Después del 20 de abril, fecha en la que el presidente Teodoro Picado abandonara el poder, en el Alto de Ochomogo se dieron unas negociaciones de paz entre el dirigente vanguardista Manuel Mora Valverde, acompañado de Carlos Luis Fallas, el jefe del Ejército de Liberación Nacional don José Figueres y el padre Benjamín Nuñez, también representante del Ejército de Liberación Nacional. El acuerdo ahí suscrito puso fin a los hechos armados de 1948, evitándose así aquel temido enfrentamiento militar frente a mi casa e iniciándose un nuevo período histórico en nuestro país conocido como la Segunda República y plasmado con la aprobación de la nueva constitución política de 1949.
Cuando yo ya era una niña de cinco o seis años, durante algunas tardes de vida familiar, mi madre repasaba una y otra vez, en voz alta, aquellos hechos militares tan traumatizantes que debió vivir muchos días con sus noches, sola con sus dos pequeños y su anciana suegra.
Por su parte, la situación de mi padre tampoco fue fácil. Él era chofer de la línea de autobuses Tres Ríos – San José y su jefe, un gran mariachi, le ordenó dedicarse a trasladar en el autobús a los soldados del gobierno de Teodoro Picado a la zona de Tarbaca, en el cantón de Desamparados, cerca de la finca La Lucha, centro de operaciones de las actividades militares del bloque revolucionario. Al finalizar la guerra, el cumplimiento de ese trabajo le costaría, primero, la huida hacia la zona norte del país y luego, el encarcelamiento por varios meses en la Penitenciaría Central. Ahí le tocó de nuevo estar cara a cara con Calufa.
No es exagerado de mi parte afirmar que aquellos acontecimientos y relatos de mi madre, en buena medida, marcaron mi posterior vida profesional. Cuando era estudiante de Historia en la Universidad de Costa Rica y me vi ante el reto de elegir un tema de investigación, no tuve que pensarlo mucho: Carlos Luis Fallas, su época y sus luchas, ese sería mi ámbito de estudio. Aquella tesis de grado, que con tanto entusiasmo llevé a cabo bajo la dirección del historiador Vladimir de la Cruz, respondería mis principales interrogantes sobre una figura histórica tan destacada como atacada, a partir de su militancia en el Partido Comunista y de su relevante participación en los hechos bélicos de 1948. Dicha tesis se convirtió en el libro que lleva ese mismo nombre y que estamos en espera de su nueva publicación por la editorial de la UNED.
Pero ahí no terminaron mis deseos por conocer mejor la historia de la década del cuarenta. Al continuar mis estudios, cursando una Maestría en Historia en esta misma universidad, retomé ese período histórico para conocer más profundamente el papel de los sindicatos costarricenses en las luchas por conquistar y defender las reformas sociales, consolidadas por medio de la alianza caldero-comunista durante la década del cuarenta con la participación, en las décadas posteriores, de los nuevos sindicatos socialdemócratas que también le dieron muchos aportes a la Nueva República.
Estas anécdotas las comparto en estos días previos a la convocatoria a elecciones generales en nuestro país, con la intención de explicarle a quienes me han conocido por qué he sido y soy una mujer de izquierda.
Desde 1974, mi primer voto fue para el PASO, una coalición electoral que reunía al PVP con otras organizaciones de izquierda de reciente fundación, hecho que se convirtió en el antecedente inmediato para la restauración de la legalidad de la izquierda costarricense, suprimida desde julio de 1948.
Hoy me permito llamar a la consciencia de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, a que nos acompañen para seguir reivindicando nuestras conquistas democráticas y de justicia social. Nada ha sido perfecto, sin embargo, no podemos obviar la buena fe de las generaciones ciudadanas que, a pesar de las contradicciones y las heridas dejadas por la guerra civil de 1948, nos depararon un país con un modelo de Estado de bienestar donde las necesidades de las grandes mayorías, aunque parcialmente, fueron tomadas en cuenta.
Ha quedado mucho por hacer, sobre todo después del actual gobierno neoliberal, populista y autoritario de Rodrigo Chaves Robles. La unidad del pueblo costarricense se está viendo
amenazada con los discursos de odio del presidente y su candidata Laura Fernández Delgado, ambos empeñados en desmontar el sistema político que aún conservamos. Su alianza con los partidos confesionales, su odio en contra del mayor representante de la izquierda nacional, el Frente Amplio y su resentimiento histórico con el PLN y el PUSC, principales representantes del viejo bipartidismo, los ha colocado a ambos en el centro del huracán político que quieren promover. De esto solo nos libraremos con el voto honesto de viejos y jóvenes, de todos los que tanto amamos a Costa Rica.
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