Francisco Esquivel Villegas, economista, plantea en su más reciente publicación «Estructura productiva y crecimiento de Costa Rica – Hacia una estrategia alternativa» que el modelo económico aperturista aplicado durante las últimas cuatro décadas no ha logrado crear la estructura productiva necesaria para garantizar un crecimiento elevado y sostenido en el país.
Según el análisis de Esquivel Villegas, la estrategia exportadora basada en la apertura económica «ha sido una locomotora insuficiente» que mantiene a la economía nacional rezagada respecto a las economías más avanzadas del mundo. El autor señala que el nuevo sector exportador ha desarrollado una producción de ensamblaje limitada que no genera los encadenamientos apropiados para estimular la expansión del resto de la economía.
Concentración geográfica y social del crecimiento
El economista destaca que la producción exportadora se ha focalizado en algunas zonas de la región central del país y requiere mano de obra especializada que solo se encuentra en el centro de la nación. Esta característica ha impedido que el crecimiento se extienda al resto del territorio nacional.
«El crecimiento de las últimas décadas ha generado opciones de prosperidad a ciertos segmentos jóvenes de la población, con educación profesional o técnica acorde a las necesidades de ese tipo de ensamblaje. Pero, la prosperidad no llega al resto de la población, de ahí que la concentración del ingreso se ha profundizado», señala Esquivel Villegas en su trabajo.
Divorcio entre exportación y mercado interno
El autor identifica un problema central en el modelo actual: el divorcio entre la expansión exportadora y el dinamismo de la producción orientada a las necesidades del consumidor local. Según su análisis, la estructura productiva de la estrategia de apertura se produjo de manera dispersa, «típicamente liberal, sin plan», y sin interés en la producción para el mercado local.
Esquivel Villegas explica que el mercado interno solo interesó como nicho para el comercio importador, por lo que la demanda interna se abrió ampliamente permitiendo que productos del exterior entraran al país con menos aranceles y restricciones aduaneras, además de contar con un tipo de cambio favorable a las importaciones.
Propuesta de estrategia alternativa
Frente a este diagnóstico, el economista propone una estrategia alternativa que aproveche sectores que han sido relegados en las últimas décadas. Su propuesta se centra en el aprovechamiento del potencial de la agricultura, la agroindustria, la ganadería y sus derivados industriales, el turismo y la construcción.
«Si se aprovecha el potencial de estos sectores, la economía puede ampliar los encadenamientos de la estructura productiva y generar altas tasas de crecimiento que reduzcan la brecha del ingreso por habitante respecto a los países más avanzados», plantea el autor.
Recuperación del mercado interno como eje central
Un ingrediente fundamental de la estrategia alternativa propuesta por Esquivel Villegas es la recuperación del mercado interno, lo que fortalecería la capacidad de crecimiento de la economía. El economista sugiere reactivar el consumo privado mediante políticas distributivas y la inversión privada a través de la creación de estímulos apropiados tanto para empresas nacionales como extranjeras.
El autor estructura su propuesta en lo que denomina una «Etapa IV del proceso exportador», orientada hacia el crecimiento con inclusión social, superando las limitaciones del modelo neoliberal aplicado en décadas anteriores.
Contexto histórico del desarrollo económico costarricense
El trabajo de Esquivel Villegas analiza las diferentes etapas del proceso exportador costarricense, desde las primeras etapas de exportación bajo el enfoque conservador sobre el desarrollo económico, pasando por la Etapa III basada en el modelo aperturista, hasta llegar a su propuesta de una Etapa IV que combine crecimiento e inclusión social.
El economista considera que «ya pasó el tiempo del neoliberalismo» y es momento de repensar la inserción al mercado internacional de las economías latinoamericanas, reconociendo que muchos procesos de exportación de las últimas décadas generaron «una expansión incompleta, desequilibrada, sin visión de desarrollo».
La publicación completa está disponible para descarga gratuita en el sitio web de SURCOS Digital, donde las personas interesadas pueden acceder al análisis completo y las propuestas detalladas del autor para una nueva estrategia de desarrollo económico en Costa Rica.
Introducción La frase «pan y circo» (en latín, panem et circenses) fue acuñada por el poeta romano Juvenal en el siglo I d.C. para criticar la estrategia utilizada por los emperadores romanos (Trajano y Adriano en particular) de mantener al pueblo sometido y embelesado con alimentos básicos y entretenimiento violento, evitando así que cuestionaran el poder despótico y la inmensa corrupción. Desde entonces, esta táctica de control social ha reaparecido en distintas formas a lo largo de la historia. Hoy, en pleno siglo XXI, aunque los métodos han evolucionado, la esencia sigue siendo la misma: mantener a las masas despistadas y medianamente satisfechas para evitar demandas políticas que cuestionen el estatus quo. En Costa Rica, el gobierno de Rodrigo Chaves parece haber adoptado una versión sui generis de esta estrategia, combinando una retórica populista, el espectáculo mediático alrededor de su personaje y propiciando la polarización social y política para mantener relativamente alta su popularidad.
Orígenes en la Roma imperial En la antigua Roma, los emperadores comprendieron que el apoyo de la plebe era crucial para mantenerse en el poder. Para lograrlo, implementaron tácticas de distribución gratuita o subsidiada de trigo (panem) y organizando grandiosos espectáculos en el circo, como carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores (circenses). Estas medidas no solo evitaban revueltas, sino que también desviaban la atención de problemas como la corrupción, los fracasos en algunas campañas militares y las malas decisiones políticas. Juvenal, en sus Sátiras, lamentaba cómo el pueblo había trocado su participación en la vida pública por la complacencia pasiva que le ofrecían estos efímeros beneficios.
Evolución de la estrategia A lo largo de la historia, distintos gobiernos y sistemas de dominación han utilizado variantes del pan y circo. En la Edad Media, los señores feudales organizaban festines y torneos para sus vasallos. En el siglo XX, regímenes autoritarios emplearon el deporte (como el fútbol en las dictaduras latinoamericanas) o los medios de comunicación masivos (propaganda en radio y televisión) para generar consenso. Hoy, en la era digital, las redes sociales y el entretenimiento constante (streaming, redes virales, noticias sensacionalistas) cumplen un rol similar: distraer a la población de problemas estructurales como la desigualdad, la crisis climática o la erosión democrática. Los gobiernos actuales, incluso en democracias liberales, recurren a medidas populistas—como bonos asistenciales o espectáculos políticos—para ganar aprobación rápida sin abordar reformas estructurales.
El «pan y circo» en la Costa Rica de Chaves Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica desde 2022, ha empleado tácticas que recuerdan al viejo panem et circenses, aunque adaptadas al contexto actual (y a sus múltiples limitaciones como político). Repasemos cómo lo ha hecho.
Pan. De forma llamativa, Chaves (empecinado con el ajuste fiscal) no ofrece “pan” verdadero a la población que lo respalda en la encuestas (excepto a sus financistas de campaña, con quienes sí ha sido muy generoso). Al contrario, no hay más viviendas sociales, ni más becas estudiantiles, ni más pensiones del régimen no contributivo, ni aumentos salariales, ni más subsidios para los sectores en situación de pobreza. Y ni hablemos de la educación, de las listas de espera en la Caja o de la infraestructura pública. El pan que ofrece Chaves es pan virtual: no alimenta bocas sedientas ni llena estómagos vacíos. Lo que Chaves alimenta es el resentimiento y el desprecio hacia la clase política tradicional (una tarea nada difícil), aunque paradójicamente, con sus cantos de sirena, su demagogia consumada y sus promesas incumplidas, se ha convertido en el más tradicional de los políticos tradicionales. En efecto, él y su gabinete emplean una retórica anti-establishment populista, estridente y a menudo violenta que no se concreta en mejoras materiales para la población de más bajos recursos, al tiempo que la utiliza para ocultar las abundantes críticas por la falta de respuestas a aquellas promesas de campaña ampliamente incumplidas, escudándose en el “no me dejan trabajar”. Así, el proyecto político de Chaves opera bajo una paradoja reveladora: mientras su narrativa se construye sobre la deslegitimación de la política tradicional, su práctica gubernamental no solo reproduce sus lógicas, sino que las profundiza.
Circo. Pero más efectivo aun para su campaña política permanente, Chaves ha dominado el espacio mediático con un estilo confrontativo y polémico, generando constantes debates en redes sociales y medios—ya sea atacando al Poder Judicial, al TSE, a la prensa, a sus opositores o haciendo declaraciones altamente provocadoras y en absoluto constructivas—que mantienen a la opinión pública entretenida pero distraída de las discusiones más urgentes.
Mientras una parte de la población celebra sus gestos de «ruptura» con la política tradicional, detrás del espectáculo se agravan problemas como el vertiginoso aumento de la desigualdad, la corrupción rampante, la crisis de inseguridad, la penetración del narcotráfico en las instituciones y en la sociedad, la violencia contra las mujeres, el desplome de la agricultura tradicional, el enorme retraso en infraestructura pública, el inaudito empeoramiento de los servicios de educación y salud públicas y la creciente polarización social. Vendió ser el martillo que rompería el sistema, y terminó siendo otro clavo en el ataúd de la esperanza popular.
Conclusión El pan y circo nunca desapareció; solo mutó. De las arenas romanas a las pantallas de TikTok, los gobernantes se siguen aprovechando de las necesidades básicas y los deseos de entretenimiento de la población para consolidar y abusar de su poder. Costa Rica, bajo el mandato de Rodrigo Chaves, es un ejemplo contemporáneo de cómo esta estrategia se adapta a los nuevos tiempos y a la personalidad de sus actores: con una retórica populista y un circo mediático que, aunque diferente en forma, cumple la misma función que en la antigua Roma: mantener al pueblo distraído, dividido y sobre todo, dócil.
Por tanto, hoy estamos urgidos de ciudadanos que valoren más la dignidad, la libertad y la democracia que la comodidad del vasallaje moderno, de medios independientes que informen verazmente en lugar de solo entretener, y de políticos que enfrenten con agallas y sabiduría el cúmulo de problemas que nos agobian, en vez de distorsionarlos o maquillarlos a su conveniencia.
La Red de Microproductoras de Occidente (REMOC), impulsada por MUSADE, anuncia con entusiasmo el lanzamiento oficial de su nueva tienda virtualartesaniasremoc.com, un espacio digital diseñado para acercar al público nacional e internacional el talento, la creatividad y la tradición de mujeres artesanas de la región de Occidente.
La plataforma ofrece una amplia variedad de productos elaborados a mano, como piezas de madera, artículos de cocina, decoraciones, recuerdos y mucho más. Con un diseño moderno y accesible, la tienda facilita compras en línea seguras, ofrece descuentos exclusivos y presenta nuevos productos que celebran la identidad cultural costarricense.
El evento de lanzamiento se realizará el miércoles 13 de agosto a las 2:00 p.m. en modalidad bimodal (presencial y virtual), permitiendo que personas de todo el país y del extranjero se unan para conocer la propuesta y apoyar a las artesanas.
«Este proyecto representa una oportunidad para que nuestras artesanas den a conocer su trabajo más allá de las fronteras locales, fortaleciendo su independencia económica y preservando nuestras tradiciones», destacó Enid Cruz Ramírez, Vocera de MUSADE
La tienda virtual REMOC es parte de la estrategia de MUSADE para promover el empoderamiento femenino, el emprendimiento y el comercio justo, ofreciendo a las mujeres productoras una vitrina digital que les permita competir en el mercado actual.
José María Gutiérrez Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
La humanidad presencia, estupefacta y horrorizada, la debacle humanitaria que vive la población palestina en Gaza como consecuencia de las acciones militares del gobierno de Israel.
Los actos perpetrados por el gobierno y el ejército de Israel en la franja de Gaza constituyen un auténtico genocidio, un crimen de lesa humanidad en el que han perdido la vida más de 56.000 personas, muchas de ellas mujeres, niñas y niños. Se ha destruido indiscriminadamente la infraestructura, incluyendo la educativa, de salud y de vivienda, y se han generado condiciones de vida inhumanas que han causado un sufrimiento indecible a la población civil de Gaza.
Más aún, repetidamente se ha impedido por parte de Israel el acceso de ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, lo cual ha causado, entre otros efectos, una crisis de salud pública que incluye hambruna y la carencia de atención básica a personas heridas y enfermas. Además del sufrimiento a la población palestina de Gaza, en esta tragedia muchas personas periodistas y trabajadoras de la salud, así como de organismos de acción humanitaria, han sido asesinadas en el cumplimiento de su deber. En medio de esta debacle humanitaria, Israel ha irrespetado repetidamente diversas normas del derecho internacional.
Este genocidio ha sido documentado ampliamente y ha sido repudiado por instancias de las Naciones Unidas, por una gran cantidad de países y por amplios sectores de la ciudadanía global, quienes clamamos con desesperación porque se detenga esta agresión.
En este contexto de grave crisis por el horror que se vive en Gaza, la Asamblea Legislativa debe considerar muy seriamente lo que representaría la aprobación de un tratado de libre comercio con Israel en las circunstancias actuales. La política exterior de Costa Rica, en todos los ámbitos incluido el de las relaciones comerciales, debe guardar una clara coherencia con la tradición civilista y de defensa a ultranza de los derechos humanos que ha caracterizado a nuestro país.
Las discusiones alrededor de este tratado de libre comercio con Israel no deben verse solamente desde la perspectiva de las posibles conveniencias comerciales que podría tener para Costa Rica un acuerdo de este tipo. Por el contrario, la decisión que se tome debe concebirse como un elemento integral de la política exterior del país, centrada en el profundo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los pueblos, en concordancia con los valores que han inspirado nuestra tradición civilista.
Si bien la política exterior de Costa Rica debe basarse en el respeto a diversas expresiones de organización política, económica, social y cultural de los países, como parte de la coexistencia en un escenario multipolar global, en este caso se trata de la negociación de un tratado de libre comercio con un país que ha violentado normas básicas del derecho internacional y que es directamente responsable de un genocidio en curso. Esta realidad no debe obviarse a la hora de discutir la aprobación de este tratado.
Costa Rica es un país pequeño, cuyo impacto en el contexto geopolítico global es limitado. Pero cuenta con un prestigio moral en el ámbito internacional que, en las circunstancias actuales, debe ser enarbolado para sumarse a las voces que en el mundo claman porque se detenga el genocidio que ejecuta el gobierno de Israel en territorios palestinos.
En medio la catástrofe humanitaria que tiene lugar en Gaza, Costa Rica no debe ser omisa a la hora de alzar su voz para detener la masacre en curso. De ahí la enorme responsabilidad que recae en quienes tienen en sus manos la posibilidad de enviar un claro mensaje al mundo, acorde con las mejores tradiciones civilistas del país, no aprobando un tratado de libre comercio con Israel.
Energía Humana es una organización con más de 35 años de trayectoria, conformada por corredores, trotadores y caminantes que comparten la disciplina del atletismo como una herramienta para mejorar la salud y la calidad de vida. Su propuesta integra el ejercicio físico y el bienestar mental como parte de una visión integral de la energía humana.
Desde esta perspectiva, la energía se entiende como la capacidad del cuerpo y la mente para realizar trabajo físico y mental. Sus fuentes principales incluyen una alimentación balanceada, hidratación adecuada, descanso suficiente y una vida activa. Entre los factores que afectan negativamente esta energía se encuentran el sedentarismo, el estrés, la ansiedad y las enfermedades.
La iniciativa promueve la práctica regular de actividad física idealmente de 3 a 4 veces por semana bajo acompañamiento profesional, con especial énfasis en el autocuidado y el trabajo en grupo.
Inicio del proceso: miércoles 13 de agosto de 2025 Día: Todos los miércoles Hora: 6:30 p.m. Lugar: Explanada de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica (UCR) Llevar ropa deportiva cómoda, calzado adecuado y agua o hidratante.
La actividad está dirigida por un profesional con más de 50 años de experiencia como atleta y entrenador. Se ofrece medición de presión arterial y frecuencia cardiaca como parte del acompañamiento.
Inscripción abierta Contribución voluntaria Más información: 7189-4252
El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, permitió a lideres de diversos sectores que levantaran su voz en representación de la ciudadanía, hacer un llamado en aras del fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART y con ello darle su lugar a una comunicación pública solida e independiente.
SINART S.A es una institución con más de cuarenta y ocho años de labores en los medios de comunicación en Costa Rica; es la única institución del Estado que cuenta con un canal de televisión denominada Red Nacional de Televisión -Canal 13, una emisora radial, Radio Nacional 101.5 FM, una revista, “Contra Punto” y un medio digital, SINART Digital. Su programación a lo largo de casi cinco décadas ha estimulado a la audiencia con propuestas formativas, informativas, multiculturales, reflexivas y vivenciales. Las producciones independientes y la colaboración de diversas instituciones han creado un espacio único para experimentar e innovar.
No obstante, ante la campaña de desprestigio que ha rodeado al SINART en los últimos meses, donde se ha tratado de desnaturalizar aún más los objetivos que se esbozaban en los proyectos de creación de este medio de comunicación, diversos actores y sectores se han preocupado en recoger las opiniones, mensajes y realizar foros para reposicionar de manera sistemática que una institución de comunicación de servicio público como el SINART, es de interés social, de ahí que, en Costa Rica, es aquella libre, con independencia jurídica, cuyo cuerpo doctrinal y legal le permita actuar a favor de las audiencias.
En este sentido, la Comisión Técnica Pro SINART instaurada por la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER y la Comisión Ciudadana por la Defensa del Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), llevaron a cabo el jueves 31 de julio de 2025, el II Foro “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, donde se discutió la necesidad de un proyecto para actualizar la Ley 8346 (publicada en La Gaceta N° 44 de 4 de marzo de 2003 y sus reformas) con el fin de darle solidez económica e independencia. Una televisión, una radio, una prensa, de utilidad social, de servicio a toda la comunidad nacional, con amplio rango de libertad, libre de ataduras y de amarras ideológicas que le impidan cumplir una gama amplia de objetivos y de servir a una pluralidad de intereses.
Este II Foro tuvo se efectuó en el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa al cual asistieron la presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva-COLPER, Magister Yanancy Noguera Calderón, la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, catedrático universitario, exdiputado y coordinador de la Comisión Ciudadana por la defensa del SINART, la Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert y el Máster Iván Porras Meléndez, director del Quince UCR de la Universidad de Costa Rica.
En la introducción de esta actividad la Máster María Auxiliadora Zúñiga Corea, coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART y miembro (a) de la Junta Directiva del COLPER, señaló que el objetivo de dicho foro es reconocer la dimensión ética y técnica de la comunicación política y publica en la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa: “Desde nuestro Colegio Profesional se requiere un modelo de gestión que garantice la independencia editorial, la eficiencia operativa y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Radio y Televisión-SINART, bajo los principios de gobernanza transparente y participación ciudadana”. Zúñiga acotó que el compromiso ético de la comunicación pública implica asumir la responsabilidad de ofrecer contenidos de calidad, inclusivos, culturalmente diversos y libres de presiones partidarias o comerciales: “La propuesta para un nuevo SINART representa una oportunidad histórica para fortalecer el derecho a la comunicación y consolidar un sistema de medios públicos al servicio de la democracia costarricense”.
La señora Zúñiga Corea, hizo referencia a la creación de la Comisión Técnica por el rescate del SINART, en constancia con la normativa vigente del COLPER (Ley 4420-Acuerdo JD 26 05 25-Sesion 28 01 2025) y agradeció el apoyo de las personas integrantes de esta comisión y colegiados al COLPER, señoras: Xiomara Cubero Marín, Elena Constela Martínez y señor Efraín Cavallini Acuña. Asimismo, agradeció el respaldo del Despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y destacó la participación e interés de un grupo de extrabajadores del SINART coordinado por el Fundador y Ex Director General del SINART Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, quienes en enero de 2025 conformaron la “Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART”, con el objetivo principal de elaborar una iniciativa de reforma a la Ley del SINART, para actualizarla y que cuente con un marco legal que le permita solidez económica e independencia: “ La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, considera que los medios públicos de comunicación son esenciales para el buen funcionamiento de una democracia y la integridad del sistema de información, asimismo, esta entidad (OCDE) recomienda que los gobiernos deben apoyar la existencia de medios públicos independientes y de alta calidad promoviendo la transparencia y diversidad en la propiedad de los medios y asegurando su viabilidad financiera”, acotó la comunicadora y coordinadora de la Comisión Técnica por el rescate del SINART.
La presidenta del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva (COLPER), Magister. Yanancy Noguera Calderón expuso la preocupación de la Junta Directiva del COLPER ante un posible cierre técnico del SINART, sino se llevan a cabo acciones en el corto plazo para evitar que esto suceda e hizo referencia a tres dimensiones:
Comunicación Pública: la cual trasciende lo que el SINART podría hacer, es decir, se entiende como comunicación pública, cualquier estrategia que una institución o dependencia del Estado tenga para cumplir con los objetivos a las cuales está obligada por ley y que llegue a las audiencias y trate de alcanzar las expectativas de estos públicos, en este contexto, se ubica también al SINART como medio de comunicación dentro de una estrategia de comunicación más amplia.
Política de Estado: ¿Es deseable y posible una comunicación pública eficaz, ética y objetiva desde un medio de comunicación público?
Nuevo SINART
Su exposición enfatizó en la segunda dimensión sobre Política de Estado, de esta manera, hizo un repaso por experiencias de comunicación política en otros países que permita dejar por sentado que, si es posible un SINART dinámico, actualizado, sostenible y comprometido con la ciudadanía y que se pueda ubicar con claridad a esta institución dentro del paradigma mediático actual, establecer alianzas inteligentes, buscar soluciones para enfrentar a nuevos desafíos, como estrategia para fortalecerlo. De esta manera, proponer alternativas de desarrollo, acorde a las coyunturas actuales de carácter político como tecnológico, y desarrollar una agenda prospectiva a manera de proyecto de corto y mediano plazo, que incluye los cambios filosóficos, de gestión, jurídicos y administrativos.
La Presidenta del COLPER hizo un repaso por varias experiencias que han logrado llevar a cabo su función y mantenerse al aire después de muchos años de trabajar en la comunicación y estar al servicio de sus audiencias e indicó que el hecho de no presentar en su exposición marcas de medios latinoamericanos vigentes se debe a que en esta región estos medios públicos han venido a menos, dada esa visión fiscalista a la hora de plantear política de Estado ha secuestrado la posibilidad de que estas instituciones existan. Noguera mencionó algunas experiencias:
France. TV-Radiofrance
En esta organización francesa de medios públicos, cada uno de sus medios opera como un holding de 5 canales de televisión públicos y 5 emisoras de radio. Se financia mayoritariamente por el presupuesto asignado por el Estado y por concepto de publicidad. Hasta 2022 se financiaba con un impuesto a los hogares (redévance) de 138 euros al año.
En este momento es de cargo completo al presupuesto del Estado.
France Télévisions y Radio France son dos conglomerados de medios en un pais muy grande, con gran cantidad de medios adentro, con importante y variada programación temática y de cobertura de estos medios, los cuales en algunos casos se orientan a tópicos específicos, generando una pauta de programas muy amplia sobre: noticias, cultura, educación, entretenimiento, programación regional, historia, música, artes, mundo, infancia, ficción, ciencia, cocina, economía, libros y política.
Es claro que en Francia el sistema se ha sostenido, ha superado cambios, pero en la actualidad, sigue siendo un sistema robusto que juega un rol estratégico dentro de la sociedad francesa y convive con la cobertura de medios privados.
RAI-ITALIA:
11 emisoras de radio, 13, canales de televisión, centros de producción audiovisual, serviciosmultimedia, teledifusión y venta de publicidad entre otros campos. Se financia a través de un sistema mixto con impuestos directos, publicidad y venta de productos. De esta manera, se puede evidenciar que los medios de comunicación pública deben resguardar su principio fundamental y experimentar diversos intercambios para fortalecer su producción y programación de acuerdo a los intereses de la ciudadanía.
El estatuto de la RAI define claramente su condición de «servicio público de radiodifusión». Es una sociedad anónimacon 70 años de funcionamiento y pertenece al Ministerio de Economía y ha sobrevivido a continuas leyes y reformas que en ocasiones agrandaron la sombra de la manipulación política. La licencia de televisión (Canone Rai) que pagan las familias financia sus actividades. Es de 90 euros.
Se mencionan otros medios públicos como la Corporación Radiodifusora de Japón: independiente del gobierno de Japón, aunque el gobierno de turno nombra a los representantes del consejo ejecutivo; se financia a través de un impuesto directo.
– National Public Radio, de Estados Unidos: produce programas para una red nacional de más de mil estaciones de radio en los cincuenta estados y el Distrito de Columbia.
En el caso de la BBC (Inglaterra) se destaca que es una Carta Real que se tiene en el Reino Unido que reconoce su independencia editorial y establece sus obligaciones públicas. Se creó como el sistema base de gobernanza. Se describe como “servicio público de radio y televisión”. Su servicio de noticias es de clase mundial y cuenta con los estándares de ética periodística más estrictos en el mundo. Se financia mediante un impuesto a la televisión de casi 200 euros al año. También se venden programas, revistas y libros. Incluye 46 estaciones de radio y 10 canales de televisión y digitales; además, una serie de servicios informativos.
Este medio cuenta con los estándares de periodismo más estrictos del mundo.
La presidenta de la Junta Directiva del COLPER enfatizó que Costa Rica debe tener y sostener su medio de comunicación público, por ello, aprovechar la institucionalidad robusta con que cuenta el país y no permitir que el SINART en esta coyuntura de crisis se vea amenazada. Por ello, es perentorio señalar elementos importantes que se describen en el proyecto de ley del SINART, como son: “es un medio indispensable para el pais, dado que se evidencia su rol importante para la sociedad, debe ser un medio de comunicación que opere como una empresa pública y que brinde servicio de información a las audiencias, tener una fuente clara y segura de ingresos, contar de alguna tasación (impuesto) de la cual participen todas las familias, en el entendido, que serán beneficiadas con su programación diaria, independencia del gobierno de turno es esencial para resguardar su esencia y vocación de servicio público. Requerimos de una visión de Estado que resguarde como parte de la política pública una comunicación pública eficaz desde un medio de comunicación público e independiente”.
La Defensora de los Habitantes Máster Angie Cruickshank Lambert, abogada, consultora de la Organización de Estados Americanos-OEA, se refirió al papel que ha asumido la Defensoría de los Habitantes con respecto al SINART; en su calidad de garante del respeto al derecho a la información que tienen todos los habitantes en especial aquellos de poblaciones vulnerables, de ahí, que subrayó la importancia del acceso a la información pública, tal como se establece en las convenciones y leyes nacionales, donde se afirma que es un derecho fundamental para todas y todos los habitantes, el cual busca favorecer su participación en los asuntos públicos, así como monitorear las acciones del Estado en aras de transparentar la gestión pública: “ considerando nuestra posibilidad de emitir criterio sobre proyectos de ley, informarles que, en mayo del presente año, se remitió a la Comisión Permanente Especial Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, el criterio de la Defensoría de los Habitantes sobre el expediente No. 24.032 correspondiente al Proyecto de Ley Reforma de los artículos 7 inciso g y 19 inciso c y adición de artículo 19 bis de la Ley Orgánica del Sistema de Radio y Televisión Cultural N°8346 para brindar herramientas de actualización tecnológica (oficio N° 04527-2025-DHR del 04 de mayo 2025”.
Para la Defensora de los Habitantes el proyecto de ley mencionado antes pretende modernizar y dar sostenibilidad financiera al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), mediante el establecimiento de nuevas herramientas tecnológicas y de financiamiento para enfrentar los cambios sociales que ha traído la globalización y las nuevas tecnologías. Por ello, desde la perspectiva de la Defensoría de los Habitantes, se indicó que el mismo se alinea con los Objetivos y Metas del Desarrollo Sostenible ODS 5 y 9, promoviendo el acceso a la información y la equidad de género en el ámbito político: “Recordemos que el ODS 5 refiere a la Igualdad de Género, incluyendo la meta 5.5 de asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles. Y la meta 5.B: busca mejorar el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres”.
De esta manera, Cruickshank señaló que el proyecto de ley establece que al menos un 3% de los fondos publicitarios estatales destinados a SINART deben usarse en la difusión de materiales y contenidos sobre violencia contra las mujeres en la política. Por ello, para la Defensoría de los Habitantes este es un paso importante para visibilizar y combatir la violencia de género en espacios políticos en el país. Y por su parte el ODS 9: Industria, Innovación e infraestructura, en su Meta 9.1: define el desarrollar infraestructura sostenible y resilientes para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano. Y la Meta 9.C: busca aumentar significativamente el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones: “Se recomendó a las diputaciones evaluar y fortalecer las vinculaciones de los ODS 4 (Educación de Calidad) y el ODS 17 (Alianzas para el Desarrollo), asegurando que el SINART además de recibir el financiamiento, cumpla con una función estratégica dentro del entorno de educación y comunicación para las personas habitantes”.
Angie Cruickshank Lambert enfatizó que, en el criterio emitido por la Defensoría, se identificaron desafíos en la estabilidad del presupuesto estatal, la eficiencia del gasto y la equidad en la competencia con otros medios de comunicación. La revisión de modelos internacionales de financiamiento permitió sugerir que una dependencia excesiva de la publicidad puede afectar la sostenibilidad a largo plazo, por lo que se recomendó evaluar alternativas como financiamiento directo o mixto. En este sentido, indicó que la inclusión de indicadores de desempeño y eficiencia del gasto permitiría asegurar que la inversión pública en el SINART sea transparente, efectiva y en beneficio directo de la ciudadanía: “Aunque el proyecto busca garantizar la sostenibilidad financiera del SINART, podría limitar la competencia y aumentar la carga presupuestaria de otras entidades públicas, sin perjuicio de que se podrían generar conflictos legales por restringir el libre mercado y crear condiciones desiguales para medios privados”.
A partir del abordaje en Derechos Humanos expuestos por la Defensora de los Habitantes, especialmente en cuanto a poblaciones vulnerables, se evidenció que desde la Defensoría se plantearon las siguientes recomendaciones con el fin de que las señoras y señores diputados las puedan tomar en consideración en el análisis del proyecto de ley en cuestión:
1.- Asegurar que la inversión beneficie a las personas habitantes: Es importante tener en consideración que los contenidos creados por el SINART tengan acceso libre y gratuito para las personas habitantes, sean en formato digital y plataformas accesibles. Además, contar con un espacio de repositorio público donde se documenten los programas, campañas y contenidos financiados por la pauta estatal.
2.- Crear indicadores de desempeño, evaluación y eficiencia del gasto: Es conveniente incluir en el proyecto de ley un apartado para realizar encuestas periódicas que midan la efectividad y receptividad de la información transmitida por el SINART, y si cumple con los objetivos de las instituciones públicas. Adicionalmente, se pueden establecer mecanismos de retroalimentación para que el SINART conozca las nuevas tendencias en el consumo del tipo de productos y servicios que genera, por parte de toda la ciudadanía. En este apartado, la Defensoría consideró que las y señores diputados pueden valorar incluir indicadores desempeño y eficiencia del gasto, con el fin de medir el impacto de la inversión publicitaria en el SINART, tales como el alcance de la audiencia sobre los contenidos, nivel de cumplimiento de los objetivos culturales y educativos, y otros. Se trata de asegurar que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. Además, establecer un marco de rendición de cuentas y mejora continua que respalda el financiamiento estatal a medios públicos.
Por su parte el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador, ex Catedrático de la UCR y la UNA, ex diputado, fundador, ex presidente ejecutivo del SINART y coordinador de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART, aprovechò el espacio para referirse al abandono que las últimas administraciones del gobierno han proliferado en perjuicio del SINART y sus medios y de la necesidad de dejar claro ante el país que el SINART no es un negocio, es una institución de servicio público, por consiguiente: “la ganancia de esta institución no es que cierre los estados financieros anuales con ganancias: que cierre en cero-bien. Que puede cerrarlo hasta con un pequeño déficit-también. ¡No seamos hipócritas!, porque la ganancia del SINART es el servicio. En ese sentido, ahí sí, los estados del SINART en los últimos 15 años ha sido cero o en rojo y eso hay que decirlo con toda sinceridad”.
Aguilar Bulgarelli, dijo que el SINART como institución de servicio ha sido deficiente, porque la ley creada en el 2003 tiene una serie de defectos que le ayudaron a consumir esta institución en la situación que hoy tiene: “sobre lo principios y objetivos que están establecidos en esa ley, està una organización pensada para que fuera manipulada políticamente, entonces, la manipulación política del SINART lo ha destruido”. Es por ello, que la Comisión Ciudadana por Defensa del SINART se abocó a cambiar aquellas cosas del proyecto de ley que no estaban favoreciendo el buen funcionamiento de la institución, agregó Aguilar, quien citó algunas propuestas para mejorar el proyecto de ley que se revisa en la corriente legislativa:
No se eliminó la condición de Sociedad Anónima, pero se le devuelve una condición que fue borrada de la ley y se afirma que el Sistema Nacional de Radio y Televisión -SINART, es una institución CULTURAL: “Se entiende que no es un negocio, el negocio es la cultura en el más amplio concepto de cultura, de cultura humanista. No se trata de que el ser humano se convierta en una máquina consumista, que es lo que buscan los regímenes políticos actuales, hablamos de que la personas se mantengan como un ser humano de libre pensamiento, de libre acción y de libre decisión”.
La naturaleza jurídica del SINART será entendida como una Sociedad Anónima cuyos miembros son elegidos por Colegios Profesionales, del Gobierno, pero el presidente ejecutivo y el gerente o director general ya no serán nombramiento ni del Consejo de Gobierno ni del presidente de la República, sino será una decisión del Consejo Ejecutivo del SINART.
El presidente ejecutivo del SINART asume las responsabilidades de la decisión de políticas del SINART y el director general la función administrativa o gerencial. De esta manera, dejar claramente diferenciada la definición de gobernanza con la gobernabilidad institucional: “La gobernabilidad es la función de gobierno para alcanzar un servicio eficiente a la sociedad de parte de las instituciones del Estado. No es el aspecto económico lo que le interesa a la gobernabilidad, sino la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. La gobernanza es un término que se ido metiendo en la administración pública proveniente de las visiones gerenciales de la empresa privada derivadas del mercado, la globalización que ven en la gobernanza una finalidad de beneficio y de ganancia económica. En el servicio publico la gobernanza está supeditada a la gobernabilidad”.
El SINART debe tener libertad absoluta de decisión, de gobierno y administración, por ello, se establece que debe estar ajeno a toda influencia del control asfixiante del gobierno de turno y no ser únicamente portavoz del Poder Ejecutivo.
En cuanto al financiamiento se han introducido algunas cosas como quedar claro que el 10% de los presupuestos de publicidad de las instituciones autónomas y de gobierno serán asignados al SINART-no como un asunto obligatorio sino como obligación. Para ello, se establece que deben ser girados en tractos cada tres meses de tal manera que la Contraloría General de la República-CGR será la gran vigilante que eso se cumpla.
Se plantea que el fondo de FONATEL haya un porcentaje que sea asignado para el SINART, lo cual se justifica porque el servicio que presta el SINART se ubica dentro de los objetivos que cumplen los fondos de FONATEL.
Se agrega al proyecto la venta de servicios, (venta de publicidad) tal y como lo hacen instituciones de comunicación pública en otros países (RAI-RTVE-BBC-FRANCE TV), lo cual permite ser competitivos y cumplir con las aspiraciones de las audiencias con programas de calidad.
El expresidente Ejecutivo del SINART fue enfático en mencionar que: “ El presidente de la República Rodrigo Chávez es el máximo responsable de hacer del SINART una maquinaria para generar ingresos para su propaganda política y la de sus jaguares lo que liquidan al SINART”. Por ello, para mejorar la situación actual de esta institución se debe mejorar la ley y eso es lo que se plantea en la propuesta de la Comisión Ciudadana por la Defensa del SINART que él dirige, manifestó el Dr. Aguilar Bulgarelli.
Como parte del evento se llevó a cabo un conversatorio entre los expositores, conducido por el Lic. Iván Porras Meléndez, director de QUINCE UCR, al cual se sumó la vicepresidenta del Directorio de la Asamblea Legislativa Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada.
Al respecto, Porras en relación al tema del foro reflexionó sobre lo expuesto por Ignacio Ramonet, periodista español, catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia en su vista a Costa Rica hace varios años (Semana de la Comunicación COLPER), quien hizo un planteamiento de cómo se estaban configurando los medios de comunicación y la polarización entre medios públicos y privados (Medios Públicos, Guerras Mediáticas): “Existen países donde se da una cobertura mediática totalmente estatal dada su modalidad de dictaduras, caso de Corea de Norte, y por otro lado, la mayoría de los países del mundo cuentan con medios privados y se dan pocos ejemplos de medios de servicio público. En cambio, en el caso europeo se evidencia un ecosistema de convivencia de medios privados y los medios públicos, donde estos últimos habían llegado primero y ser protagonistas en la mesa de diálogo y que a partir de la lógica de servicio público a la ciudadanía fue que se construyó la lógica de medios al servicio de las audiencias con alta calidad. Costa Rica es de esos casos donde la televisión privada llegó primero y eso en cierta manera ha determinado el ecosistema de medios en nuestro país”.
El Director de Canal 15 de la Universidad de Costa Rica-UCR, comentó que en nuestro país la lucha por un sistema público de servicio que se enfoque en la persona como un ciudadano de una democracia y no nada mas como un consumidor de información es fundamental: “Por ejemplo, en cuanto al financiamiento al día de hoy Radio Televisión Española-RTVE, señal que se puede apreciar en Latinoamérica en canales de cable, combina un porcentaje muy grande de su ingreso del erario público (Estado), otra parte viene de impuestos a operadores telefónicos y han buscado formas hibridas en la venta de contenidos, co- producciones e incluso en la venta de material de archivo. También existe la TV 2 de RTVE donde transmite arte, cultura, literatura, educación etc.”.
Por su parte la Lic. Vanessa De Paul Castro Mora, Diputada comentó que el tema de educación es gran preocupación ante los nuevos paradigmas y le preocupa la situación negativa que enfrentan en Costa Rica temas como la educación, la salud y la seguridad ciudadana, tres ejes que han sostenido la democracia más sólida del continente los cuales se están resquebrajando y sin embargo, han sido uno de los aspectos mas atacados en los últimos tres años, dando golpes muy fuertes a este triangulo poniendo en peligro al país: “ en este contexto, los medios de comunicación cumplen una función esencial y por consiguiente, el ejercicio de una comunicación pública en el fortalecimiento de la democracia. Vemos un ataque muy rudo a todo el tema de la comunicación pública, pero también a la privada, es situación que requiere del análisis permanente y el entendimiento que la situación es compleja”.
El señor Iván Porras hizo un señalamiento muy general a algunos elementos expuestos en este conversatorio como son:
Una cosa es una comunicación política y otra es un medio de servicio público. Hay que diferencia un medio de servicio público de un medio gubernamental.
El lugar donde nació el SINART era un espacio de servicio público. Lograr esa independencia es un reto.
El paradigma del derecho a la información a partir del cual se busca como sociedad democrática brindar un espacio a las diferentes comunidades históricamente vulnerabilizadas. Es en la televisión y medios públicos donde muchas veces estas comunidades tienen un espacio, una voz, donde la tienen en la televisión comercial, porque no corresponden a lo que buscan las pautas o la publicidad.
En este momento lo más importante es fomentar una sociedad que construya desde y hacia la inteligencia, de esta manera, rescatar el concepto de CULTURA cuando se habla de medios de comunicación al servicio de la ciudadanía.
El II Foro sobre “Comunicación Pública como Política de Estado: Propuesta para el nuevo SINART”, realizado desde el Salón de Exjefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República de la Asamblea Legislativa, contó con el apopo del despacho de la Diputada Vanessa De Paul Castro Mora y se constituye en una actividad abierta para compartir insumos de gran relevancia en este proceso de diálogo, de fortalecimiento institucional, de fortalecimiento democrático donde se espera que la ley del SINART (Canal 13, Radio Nacional, Revista Contrapunto), sea aprobada por el Poder Legislativo y permita que la sociedad costarricense cuente con una comunicación pública, que lleve a la práctica los valores esenciales de verdad, honestidad, imparcialidad, independencia, respeto a los derechos ajenos y propios, así como el compromiso con: la democracia, la paz, la justicia, el pluralismo, la tolerancia, el respeto al ambiente, la calidad de vida, defender la verdad, actuar con integridad, equidad, buena fe y neutralidad, En fin, la búsqueda de la excelencia, luchar por la libertad de pensamiento y de expresión, asegurando la independencia como institución de servicio público y responder a las nuevas formas de percepción de los colectivos, en el ámbito de la ética, los valores socio culturales, y la responsabilidad de la ciudadanía.
Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados
La Red Interuniversitaria de Estudios y Transformación de los Cuidados, conformada por docentes e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, celebra la notificación pública de la Opinión Consultiva OC-31/25 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.
Esta resolución constituye un avance histórico al reconocer el cuidado como derecho humano autónomo y, a la vez, relacionado con otros derechos, expresado en tres dimensiones inseparables:
El derecho a cuidar
El derecho a recibir cuidados
El derecho al autocuidado
Este reconocimiento responde a una demanda histórica de los movimientos feministas y de los estudios críticos, y visibiliza el aporte fundamental de millones de mujeres que, dentro y fuera del hogar, han sostenido la vida en condiciones muchas veces invisibles y desiguales.
La Opinión Consultiva OC-31/25 no solo valida el cuidado como pilar esencial de las sociedades, sino que plantea un desafío claro al sistema interamericano y a los Estados de la región: definir estándares y diseñar políticas públicas integrales que garanticen el ejercicio pleno de este derecho en la vida cotidiana.
Desde la Red reiteramos nuestro compromiso académico, político y ético con la transformación de los cuidados como dimensión central de la justicia social y de género. Esta resolución de la Corte nos convoca a seguir construyendo marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reconozcan el cuidado como un bien común, una responsabilidad colectiva y una base para la justicia social y de género. Reafirmamos que el cuidado es un bien común y una responsabilidad colectiva.
San José, 7 de agosto de 2025.
Integrantes
Ana Lucía Fernández Fernández, CICDE-UNED
Natalia Dobles Trejos, CICDE-UNED
Marcela Pérez Rodríguez, CICDE-UNED
Juliana Martínez Franzoni, CIEP-UCR
Nancy Piedra Guillen, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR
Laura Rivera Alfaro, Escuela de Trabajo Social, UCR
Adriana Monge Arias, Sede de Occidente, UCR
Ana Cecilia Escalante, Posgrado Centroamericano en Sociología, UCR
Irma Sandoval Carvajal, IDESPO-UNA
Sharon Rodríguez Brenes, IDESPO-UNA
María Leonela Artavia Jiménez, Escuela de Economía, UNA
Rocío Chamorro Tasies, Sede de San Ramón-UCR
Mariángel Sánchez Alvarado, Escuela de Trabajo Social, UCR
Ana Rosa Ruiz Fernández, Oficina de Equidad de Género, TEC
Mariela Campos Lizano, Escuela de Economía, UNA
Iliana Espitia Sutachán, Maestría Evaluación de Programas y Proyectos EVAPRO, UCR
María José Herrera Madrigal, Escuela de Economía, UNA
Jimena Zeledón Pérez, Programa Desarrollo Educativo, Vicerrectoría de Extensión, UNED
Sharling Hernández Jiménez, Oficina de Equidad de Género, TEC
Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.
¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?
Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.
Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.
¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?
¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?
El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?
Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.
¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?
¿Puede haber seguridad sin justicia social?
El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.
El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.
¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?
¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?
Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?
Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.
¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?
¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?
Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.
¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?
Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?
Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?
Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.
Conclusión
Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.
Sobre la precisión y los tropiezos de las encuestas electorales recientes
Imaginemos el escenario: elecciones generales, la ciudadanía tensa y los medios pendientes de cada número que arrojan las famosas encuestas. En Costa Rica, estos procesos suelen ser acompañados por titulares llamativos, debates acalorados y cuidado, si no, sesgos evidentes. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, muchas personas han notado que los resultados finales han estado distantes de las proyecciones que ofrecieron empresas encuestadoras como Opol y otras del sector. ¿Qué está pasando con las encuestas? ¿Por qué parecen fallar más de lo que aciertan? ¿Hay alguna que realmente haya logrado una mejor lectura de la realidad política costarricense?
La confianza en las encuestas: ¿en picada?
Las encuestas electorales han sido, por décadas, el termómetro de la opinión pública. Se han usado para anticipar tendencias, medir la intención de voto y hasta para definir estrategias de campaña. Pero lo que antes era tomado como palabra casi santa, hoy se mira con recelo. Es que, en los últimos dos comicios generales, los resultados oficiales dejaron en evidencia la imprecisión de muchos sondeos.
Opol, por ejemplo, ha sido una de las empresas más visibles, pero también de las más criticadas. Sus proyecciones han estado notablemente alejadas de lo que la ciudadanía finalmente decidió en las urnas. También hay fotos, videos y testimonios de la cercanía del propietario de la firma encuestadora a ciertos candidatos y partidos.
¿Fallaron los métodos? ¿Se equivocaron las muestras? ¿O la realidad costarricense simplemente es demasiado compleja para ser capturada por un par de preguntas bien estructuradas?
¿Por qué las encuestas fallan?
Existen varias razones por las cuales las empresas encuestadoras pueden errar. Para empezar, el desafío de obtener una muestra verdaderamente representativa es cada vez mayor. La fragmentación política, la baja identificación partidaria y el aumento de personas indecisas dificultan la labor de quienes buscan anticipar el resultado con precisión matemática.
A esto hay que sumarle el fenómeno del «voto oculto» y el famoso «voto útil», que muchas veces se manifiestan en los últimos días o incluso el mismo día de la elección, cuando las encuestas ya han quedado desactualizadas. Además, la desconfianza en las empresas encuestadoras ha llevado a que algunas personas opten por no responder sinceramente, o simplemente se nieguen a participar.
En el caso de Opol, a pesar de su constante presencia mediática, sus metodologías han sido cuestionadas, principalmente por la falta de claridad sobre cómo seleccionan a las personas encuestadas y el tamaño real de sus muestras que se sabe son proporcionales solamente a la densidad porcentual acorde al padrón, pero se desconoce si tienen considerados, en su método de muestra presencial, factores claves e indispensables, como género, clase social, educación o la edad, son también proporcionales a la realidad del electorado, en dichas muestras. Varias voces han señalado que sus predicciones no solo han sido poco precisas, sino que incluso han generado ruido y confusión en la opinión pública.
¿Hay encuestadoras que sí han acertado?
No todo es pesimismo. En medio del mar de imprecisiones, existen empresas que, sin llegar a la perfección, han demostrado una mejor capacidad de lectura estadística y proyecciones más cercanas al resultado final. Entre ellas destacan CID-Gallup y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.
CID-Gallup ha logrado, en varios procesos, identificar tendencias clave y acercarse más a los resultados oficiales, aunque tampoco está libre de críticas. Por su parte, el CIEP, con su enfoque académico y mayor transparencia metodológica, se ha ganado el respeto de quienes buscan datos confiables y análisis imparciales. Sus boletines han sido, en más de una ocasión, referencia obligada para entender cómo va cambiando la intención de voto y cuáles son los factores que inciden en la decisión de la ciudadanía.
¿Cómo mejorar la precisión de las encuestas?
La receta de la precisión pasa por varios ingredientes: muestras más robustas y representativas, transparencia en la metodología, adaptación constante al dinamismo político y, sobre todo, honestidad en el análisis. Las empresas encuestadoras deben asumir el reto de innovar, incorporar nuevas tecnologías y abrir espacios para la auditoría de sus procesos.
Quizás sea hora de que las encuestas se presenten no como oráculos, sino como herramientas de análisis que ofrecen una fotografía parcial y sujeta a cambios. Si la ciudadanía y los medios entienden esto, se podrá reducir la frustración y la paranoia que generan los desaciertos estadísticos.
Finalmente, entre la incertidumbre y el aprendizaje
Costa Rica vive procesos electorales cada vez más complejos, y los errores de las empresas encuestadoras son parte de ese aprendizaje colectivo. Opol y otras firmas deben revisar y mejorar sus métodos si quieren recuperar la confianza de la sociedad. Mientras tanto, es recomendable que las personas tomen los datos con cautela, consulten fuentes diversas y mantengan el ojo crítico ante cada cifra publicada.
En la próxima elección, tal vez la pregunta no sea quién irá ganando según la última encuesta, sino quién logra comprender mejor el pulso profundo y cambiante de la ciudadanía costarricense. Porque, al final, la verdadera medición se hace en las urnas, no en los gráficos de las encuestadoras.
SURCOS comparte la carta enviada a la presidencia de la Asamblea Legislativa
Señor Presidente de la Asamblea Legislativa
Con motivo de la discusión de un Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel que será sometido a la aprobación de la Asamblea Legislativa, hacemos llegar a Usted las siguientes reflexiones.
1.- Nadie ignora la deplorable tendencia de algunos Estados, que hoy asoma en el terreno de las relaciones internacionales, de menospreciar los más altos valores de la moral, la justicia y la paz cuando quieren imponer sus designios prevalidos de la fuerza. Pero Costa Rica, que profesó siempre la más alta observancia de aquellos valores, no debe ni puede soslayarlos ahora por mera conveniencia mercantil, en la alternativa de aprobar o no un Tratado de Libre Comercio con un Estado como Israel, regido por un gobierno genocida, que ha pisoteado y escarnecido las instituciones y las más elementales reglas de la convivencia internacional. Si bien no podemos imponer criterios a ninguno, tampoco debemos premiarlo inmerecidamente con amistad y un silencio interesado.
Usted bien sabe que Israel nació como un Estado impuesto arbitrariamente en territorio palestino, que logró el reconocimiento de la ONU en 1947 con el apoyo británico y, posteriormente, el estadounidense. Rechazó exitosamente los ataques de sus vecinos musulmanes y consiguió su reconocimiento de parte de algunos de ellos. Ahora bien, con respecto a sus vecinos palestinos, Israel organizó de inmediato diversas maneras de arrinconarlos, reprimirlos y desplazarlos, cercenando sistemáticamente sus derechos y sus territorios. Y, aunque estas acciones fueron en su momento denunciadas, comprobadas y declaradas ilegales por Naciones Unidas por medio de más de veinte resoluciones de condena, tales condenas quedaron siempre inoperantes por el veto interpuesto en cada caso por los Estados Unidos, o por la desobediencia impune del propio Israel. Veamos un par de casos:
a) La resolución 446 se emitió basada en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por lo cual estableció condición vinculante para Israel como país signatario de dicha Carta. Implicó, además: «que el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempos de guerra, de 12 de agosto de 1949, es aplicable a los territorios árabes ocupados por Israel desde 1967, incluso Jerusalén». Por esa razón, los asentamientos israelíes en los territorios ocupados son totalmente prohibidos, dado que el artículo 49 de dicha Convención plantea que «la Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado». Este dictado fue de 1979, pero los asentamientos continuaron sin pausa.
b) La resolución 497 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue excepcionalmente votada por unanimidad por el Consejo de Seguridad el 17 de diciembre de 1981. Fue consecuencia de la incorporación de facto de los Altos del Golán por Israel. Dicha resolución 497, concluyó: «…la decisión israelí de imponer sus leyes, su jurisdicción y su administración al territorio sirio ocupado de los Altos del Golán es nula y sin valor y no tiene efecto alguno desde el punto de vista del derecho internacional». También exigía anular lo hecho por las fuerzas de ocupación israelíes; pero, de hecho, Israel continuó y continúa ocupando dichos territorios, e incluso ha ampliado las áreas ocupadas. Para colmo, en 2018, Donald Trump declaró que los Altos del Golan son territorio israelí.
En suma, en lo que al territorio se refiere, en Palestina nos hallamos ante un delito continuado de creciente usurpación, perpetrado durante más de setenta años a vista y paciencia del entero Planeta; y su impune autor es el Estado de Israel. Costa Rica no puede remediar esta ignominia, pero ¿debe disimularla, fingir que no ha ocurrido?
2.- Frente a la última, criminal e insensata incursión de Hamas en territorio israelí ocurrida el 7 de octubre de 2023, en la que murieron 1 200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes, el ejército israelí respondió prontamente con una ofensiva militar en la Franja de Gaza que incluyó bombardeos, invasión armada, asesinatos masivos y otras represalias cuyos resultados son, hasta la fecha, más de 50 000 muertos (de los cuales, casi el 70% son mujeres y niños); y más de 117 000 heridos, y la destrucción masiva de las ciudades de la Franja, con preferencia en hospitales, escuelas y centros de aprovisionamiento. Cerca de dos millones de gazatíes indefensos y desesperados carecen de agua, alimentos, medicinas y los más elementales servicios; y recientemente, rompiendo una tregua que duró dos meses, Netanyahu lanzó de nuevo intensos bombardeos en la Franja de Gaza, impactando cada día a un gran número de civiles inermes y terminando de destruir los castigados centros de población de la Franja.
3.- En fechas 26 de enero, 28 de marzo de 2024, en el proceso planteado contra Israel por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Corte emitió sendas ordenanzas, poniendo en evidencia la ilegalidad de la ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel y exigiendo su retiro; y considerando que el agravamiento de la situación en Gaza lo justifica, detallan nuevas medidas provisionales que Israel debe cumplir. Pero no se ha observado mayor cambio de parte de las autoridades israelíes.
4.- Una nota particularmente reprochable de la conducta del Gobierno Israelí durante esta última guerra es su total irrespeto y su manifiesta obstrucción hacia las actuaciones del personal humanitario de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias: obstrucciones que van desde impedirles entrar con ayuda alimenticia y médica, hasta el bombardeo de sus hospitales y el asesinato de 295 miembros del personal sanitario. La Corte Internacional de Justicia informó el 25 de abril de 2025 “sobre las continuas y severas restricciones impuestas por Israel a la labor de la ONU y otras organizaciones internacionales en Gaza y los Territorios Palestinos Ocupados”. El pasado 2 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (órgano intergubernamental, compuesto por 47 Estados Miembros, entre ellos Costa Rica) adoptó una resolución en la que condena la violación de la tregua en Gaza por parte de Israel, y exige prevenir un genocidio por parte de sus máximas autoridades. Desde todos los rincones del Mundo, frente a un Israel inconmovible, se expresa el horror y el repudio por los bombardeos cotidianos en Gaza, y la exigencia de detener este nuevo holocausto. Lo ha descrito el gazatí Abu Amir, el 14 del mismo mes:
“…Lo que ocurre hoy en Gaza supera toda descripción: es un infierno absoluto, un cataclismo que destroza piedras y personas, poniendo en peligro la esencia misma de humanidad. No es sólo una agresión militar o un bloqueo despiadado, es una prueba monstruosa para la dignidad humana que nos grita que el silencio del Mundo es complicidad con el crimen”
(Testimonio recogido por la Unión de judíos franceses por la Paz; abril 2025)
5.- Como tenía que ser, la conducta de los gobernantes israelíes ha sido crecientemente repudiada por múltiples países de todos los continentes como antijurídica y profundamente malvada, lo cual se materializó en la causa penal seguida contra Netanyahu y Gallant en la Corte Penal Internacional, que culminó con las órdenes de arresto de ambos el 21 de noviembre de 2024.
Durante el tiempo que ha durado el conflicto, la diplomacia costarricense ha observado una conducta ambigua, con dudosas abstenciones en algunos casos en que no había lugar a dudas. Pero Usted puede bien apreciar que, desde el punto de vista moral, las personas decentes no tienen alternativa: nuestro País, a través de los miembros de su Cuerpo Legislativo, debe rehusar la aprobación del Tratado de Libre Comercio con el Estado de Israel, por razones de justicia, de moralidad y de coherencia.
San José, agosto de 2025.
Suscriben,
Alejandro Cardona Ducas, cédula 900850253 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Composición Musical, 1999, 2000, 2002 y 2014.
Alejandro Marín Solano, cédula 304370280 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2018.
Alfredo Trejos Ortiz, cédula 109800786 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2011 y 2017.
Álvaro Torres Crespo, Premio Nacional Amando Céspedes Marín en producción audiovisual, 2023.
Ana Clara Carranza Maxera, cédula103200135436 – Premio Nacional de Teatro, 1996, 1998, 2002, 2011.
Ana Cristina Rossi Lara, cédula 104070914 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1985 y 2002. Premio José María Arguedas de Casa de las Américas, Cuba. Medalla del Nacimiento de Pablo Neruda otorgada por el Gobierno de Chile, 2004.
Ana Lucía Fonseca Ramírez, cédula 105290511 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2016 y 2024. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento 2021.
Ana María Botey Sobrado, cédula 104730692 – Premio Cleto González Víquez, 2019.
Andrea Catania González, cédula109820528 – Premio Nacional de Teatro, 2007.
Arabella Salaverry Pardo, cédula 900290602 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Cuento, 2016; Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Poesía, 2019. Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Arnoldo Mora Rodríguez, cédula 900090046 – Premio Joaquín García Monge, 2014. Ex ministro de Cultura – Catedrático emérito de la Universidad de Costa Rica.
Bryan Chavarría Campos, cédula 206430544 – Premio Nacional en Danza Mireya Barboza, categoría interpretación, 2024.
Camilo Retana Alvarado, cédula 111900679 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2020 y 2022.
Carla Pravisani Dimex, cédula 1032 0000 7529 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2018.
Carlos Cortes Zúñiga, cédula 105880662 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1999. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2010. Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2007 y 2015.
Carlos Regueyra Bonilla, cédula 1 1389 0497 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 2024.
Carlos Manuel Villalobos Villalobos, cédula 204410229 -Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2024.
Carlos Sandoval García, cédula 106390524 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Ensayo, 2002.
David Eliot Korish, cédula 184001503712 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en Actuación, 2025.
Diego Mora Morales, cédula 111800185- Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2021.
Edmundo Retana Jiménez, cédula105280187 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2024.
Fernando Carballo Jiménez, cédula 301470051 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2021.
Fernando Contreras Castro, cédula 203800185 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1995 y 2000.
Fernando Vinocour Ponce, cédula 1005160748 – Premio Nacional en Actuación, 1986 y 1991. Premio Nacional al Mejor Grupo 2001 y 2004. Premio Nacional en Dirección, 2005 y 2013.
George García Quesada, cédula 9107687 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Historia, 2014.
Gilberto Lopes, cédula 8 0089 0909 – Premio Nacional de Periodismo Pio Víquez, 1989.
Giselle Chang Vargas, cédula104610310 –Premio Cleto González Víquez, 2008, (compartido). Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2023, (compartido).
Gloriana Retana Morales, cédula 108550865 – Premio Nacional en Coreografía, 2002. Premio Nacional de Danza Mireya Barboza en Dirección o Coreografía 2020.
Henriette Raventós Vorst, cédula 105820312 – Premio Nacional de Ciencias Clodomiro Picado Twight, 2024.
Janko Navarro Salas, cédula 109980236 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en Dirección, 2022.
Juan Diego Quesada Pacheco, cédula 105690101, Premio Nacional de Investigación Cultural «Luis Ferrero Acosta», 2017.
Javier Tapia Balladares, cédula 800560025 – Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta, 2019.
Jorge Jiménez Hernández, cédula 104550106 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2012.
Julieta Dobles Yzaguirre, cédula 103120144 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 1968,1977, 1992, 1997 y 2003. Premio Nacional de Cultura Magón, 2013.
Leda Astorga Mora, cédula 106030095 – Premio Nacional Aquileo J Echeverría en Escultura, 1998.
Luis Chaves Campos, cédula 107520994 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2012.
Macarena Barahona Riera, cédula 105260207 – Premio Ángela Acuña Braun en Periodismo, 2002.
Manuel Antonio Solís Avendaño, cédula 104090243 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 2006. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Historia, 2013.
Manuel Monestel Ramírez, cédula 103880206 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2024.
María del Sol Pardo Carballo, cédula 115810267 – Premio Nacional Mireya Barboza en Dirección, 2024.
María Lourdes Cortés Pacheco, cédula 107840468 – Premio Joaquín García Monge Comunicación cultural, 1997. Premio Nacional Aquileo J. Echeverria en Ensayo, 1999 y 2005.
Mario Salas Muñoz, cédula 104060434 – Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2015.
Mauricio Molina Delgado, cédula 107140088 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2016.
Micaela Canales Barquero, cédula 110670202 – Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia en la categoría de Diseño, 2019, 2020 y 2022. Premio Nacional en Artes Visuales Francisco Amighetti, 2022. Premio Nacional Amando Céspedes Marín, 2023 en la categoría de Mejor Equipo Creativo.
Mirta González Suárez, cédula 800480869 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 2013.
Óscar Núñez Olivas, cédula 104550984, Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Novela, 1996.
Osvaldo Sauma Aguilar, cédula 900370584 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Poesía, 2013.
Rocío Quilis González, cédula 109470298, Premio Nacional mejor actriz de reparto, 1998.
Rodrigo Soto González, cédula 106940204 – Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en Cuento, 1983 y 2005.
Ronald Bonilla Carvajal, cédula 103991400 – Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2001. Premio UNA Palabra en Poesía, 2014. Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan Panamá, 2002. Premio Nacional de Cultura Magón, 2015.
Silvia Castro Méndez, cédula 105130996, Premio Nacional I. Aquileo Echeverria en Poesía, 2010.
Roxana Ávila Harper, cédula 106070225 – Premio Nacional Ricardo Fernández Guardia en dirección 2018. Premio Aquileo J. Echeverría en Dramaturgia 2004, 2021. Premio Nacional Mejor Grupo 1999, 2003, 2006. 2012.
Virginia Cortés Ramos, cédula 900750816 – Premio Nacional de Danza de mejor coreografía, 2014.
Walter Antillón Montealegre, cédula 102210295 – Premio Rodrigo Facio Brenes, 2022.
Yadira Calvo Fajardo, cédula 3 205 774 – Premio Nacional de Cultura Magón, 2012.
