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Autor: María José Ferlini Cartín

UNDECA: Negar la crisis en la CCSS por puesta en marcha de ERP-SAP es negar la realidad

Comunicado

UNDECA ya lo había denunciado y la Contraloría lo confirmó

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) ya lo había denunciado consistentemente y la Contraloría General de la República (CGR) lo confirmó ante la Comisión Especial Investigadora en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), negar que el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) ha generado una crisis en la Institución es negar la realidad.

UNDECA advirtió desde antes que entrara en operación el sistema ERP-SAP que su puesta en marcha generaría enormes riesgos, los cuales ya han sido materializados, con pérdida de información, fallas críticas, desabastecimiento, atrasos en cuentas por pagar, problemas en procesos contables y mucho más.

Según declaró la Contralora Marta Acosta en la Comisión legislativa, previo a que saliera en operación el ERP-SAP desde la jerarquía de la Caja se hicieron cambios para establecer un control centralizado y se había advertido que el sistema no estaba listo y aún así se corrió.

“Falta de capacitación, advertencias ignoradas, fallas críticas en farmacias y gerencias, riesgos operativos y de desabastecimiento se veían venir, de acuerdo con la Contraloría, tal y como UNDECA ya lo había señalado. Coincidimos con el ente contralor de que hay una total ausencia de gobernanza, con múltiples cambios y decisiones unilaterales que ignoraron las recomendaciones de expertos, que han generado desde el día 1 de la entrada en funcionamiento del ERP-SAP retrocesos en controles, facturas sin registrar, diferencias en activos registrados, desabastecimiento clínico, entre muchos otros”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Mientras tanto la empresa Quintes la cual implementa el ERP-SAP, salió a defenderse ante los diputados de la Comisión, asegurando que las ineficiencias del sistema eran responsabilidad de la Caja.

Es evidente que este gobierno presionó para implementar el sistema «a cualquier costo», aunque esto pusiera en peligro la operatividad, la transparencia y la calidad del servicio a la ciudadanía.

“Nos hicimos presentes en la Asamblea Legislativa, este 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, para conocer de primera mano ambas comparecencias, porque la Caja está sufriendo desde hace bastante tiempo una serie de denuncias por corrupción, y en el caso del ERP-SAP ha sido uno de los más costosos que ha implementado la Caja, que la ha puesto en una crisis institucional y causado aumento del trabajo del personal que no es aceptable”, indicó Martha Rodríguez, secretaria general adjunta de la CCSS.

Nos manifestamos en contra de que Quintes y Datasys sigan lucrando con la operación del sistema que ha sido un absoluto fracaso.

La fe no se instrumentaliza: Un llamado desde la Navidad

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

La Navidad es, siempre, una invitación a pensar. La encarnación —el misterio de Dios hecho hombre— ilumina nuestra mirada sobre la vida, al incorporar en nuestra historia una lógica distinta, hecha de cercanía, de verdad y de misericordia. Cuando el Evangelio proclama: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn 1,14), afirma algo decisivo: Dios entra en nuestra experiencia humana sin reservas, comparte nuestra fragilidad y camina con nosotros en lo cotidiano.

Esa presencia cambia la forma de estar en el mundo porque nos enfrenta a una verdad imposible de eludir: si Dios tomó en serio la condición humana, nosotros no podemos vivirla con superficialidad. La encarnación nos recuerda que el poder se ejerce de otro modo, que la dignidad de cada persona es inviolable y que nuestras relaciones solo encuentran sentido cuando se construyen desde la responsabilidad y el cuidado mutuo.

Este marco resulta especialmente pertinente en Costa Rica, en medio de un proceso electoral que pone a prueba nuestra convivencia social. En momentos así, cuando proliferan interpretaciones interesadas de Jesús y de su mensaje, la Navidad nos llama a volver a su verdad. Desde esa claridad, se abre un espacio para discernir con más lucidez: cuidar la dignidad de la palabra, fortalecer la transparencia en nuestras relaciones y sostener la esperanza compartida que hace posible la vida en común.

En ese discernimiento emergen dos tentaciones recurrentes: La primera es la neutralización simbólica, frecuente en ciertos discursos progresistas. No rechazan a Jesús, pero lo diluyen: lo presentan como un humanista inofensivo, compatible con todo y, por lo mismo, exigente con nada. Un Jesús culturalmente cómodo, siempre que no cuestione ni incomode. Es un Jesús “sin encarnación”: estético, no transformador.

La segunda tentación aparece en algunos discursos de quienes se autoproclaman “conservadores”. Realizan la operación contraria: la apropiación. Se adjudican una custodia exclusiva de Jesús y lo convierten en un arma cultural, como si defender la fe fuera equivalente a defender su propia agenda ideológica. Se proyectan como cruzados modernos, convencidos de que proteger el Evangelio es lo mismo que proteger sus posiciones. Es un Jesús “militante”: útil, pero distorsionado.

Ambos movimientos —la neutralización y la apropiación— comparten un mismo error epistemológico y espiritual: buscan que Jesús legitime una agenda previa. Pero la encarnación no respalda ideologías: las desborda. No se alinea con progresistas ni con conservadores: confronta a ambos. Y no permite convertir el discurso religioso en munición retórica sin degradarlo en el proceso.

Conviene hacer una aclaración necesaria: no se trata de expulsar el Evangelio de la conversación pública. De él brotan implicaciones éticas profundas, con consecuencias humanas y sociales que interpelan por igual a todos. La dignidad de la persona, el bien común, la opción preferencial por los pobres, la solidaridad, la subsidiariedad, la justicia, la paz y el cuidado de la creación no pertenecen a la derecha ni a la izquierda; pertenecen al Reino.

Pero una cosa es dejarse iluminar por el Evangelio, y otra muy distinta pretender domesticarlo para que respalde nuestras posiciones. La Navidad, con su sobriedad y su lenguaje de humanidad concreta, nos recuerda precisamente eso: que Jesús no es un argumento, sino una persona; que su palabra no es un arma, sino un llamado; que su presencia no respalda trincheras, sino que las relativiza.

En el país se habla mucho de unidad —es la consigna de moda—, pero esa unidad es inviable mientras Cristo, el único capaz de sostenerla, sea reducido a una pieza más dentro de un tablero que solo pretende ganancias. Quizá ahí radique la mejor contribución que la Navidad puede hacer a la conversación pública en plena campaña: recordarnos que la fe no es un instrumento de persuasión, sino una verdad que interpela a todos por igual.

Una celebración que abraza

Niñas y niños de Cuidados Paliativos Pediátricos vivirán la fiesta “Juntos tejemos Luz y Paz”

El próximo 16 de diciembre, 600 niños y niñas del Programa de Cuidados Paliativos Pediátricos —junto a sus familias— participarán en la fiesta navideña “Juntos tejemos Luz y Paz”, una actividad que busca ofrecer un día de esperanza, acompañamiento y calidez humana a quienes enfrentan situaciones de salud complejas y prolongadas.

La celebración se realizará en el Complejo Recreativo de la Municipalidad de San José, donde diversas instituciones —entre ellas el OIJ, la Municipalidad de San José, Bomberos, Cruz Roja y otras organizaciones aliadas— se unirán para crear espacios vivenciales que permitan a los niños conocer, explorar y compartir experiencias con quienes trabajan diariamente al servicio del país. Más que una actividad recreativa, la iniciativa simboliza una red de apoyo social que reconoce la dignidad, la valentía y las necesidades de estas familias.

El comunicado destaca que esta fiesta es un recordatorio de que la solidaridad transforma, de que el acompañamiento es parte fundamental del cuidado integral y de que ninguna familia debería enfrentar la enfermedad en soledad. La actividad representa un gesto colectivo que teje paz, sostiene emociones y permite que la esperanza florezca incluso en momentos difíciles.

Aunque no se trata de una invitación abierta al público, la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo Pediátrico informó que se aceptan donaciones para apoyar el desarrollo de la actividad y fortalecer los servicios brindados a las familias.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con la oficina de la Fundación.

¿A qué le tiene más miedo?

Manuel Hernández

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N9635, coronada por la Ley Marco de Empleo Público, N10159, impulsada por la rabiosa triada política del Diábolo (PLN, PAC Y PUSC), impuso una violenta disciplina fiscal, que le pasó muy caro la factura de la crisis a la clase trabajadora del sector público.

La primera ley, reforzada por la segunda, contempló medidas extraordinarias de la Regla Fiscal, a cuyo recaudo se han mantenido congelados los salarios en los últimos 5 años, que no es poca cosa.

La pérdida del valor real de las remuneraciones en ese periodo va del 14 % al 35%, dependiendo de las instituciones y los sectores laborales afectados.

Vale advertir, aunque nadie lo recuerda, que, a finales del siglo pasado, en un histórico pronunciamiento, la OIT condenó al Gobierno de Costa Rica, por el congelamiento de las remuneraciones, que en esa Administración PLN también se impuso unilateralmente.

Ahora, tantos años después, mucho menos a la troika PLN/PAC/PUSC les importó esa condena internacional y volvieron a recetar otro congelamiento, solo que más salvaje y perpetuo.

El congelamiento se volvió insufrible e insoportable.

En realidad, francamente, no sabría a qué se le puede tener más miedo:

¿Al fin del mundo o al fin de mes?

El retroceso del Estado y el avance del narco

Welmer Ramos González, economista

Costa Rica enfrenta un momento decisivo. Mientras el crimen organizado se expande con rapidez, el Estado parece avanzar en sentido contrario: repliega capacidades, debilita instituciones clave y reduce su presencia en territorios estratégicos. No son percepciones ni alarmismos; son hechos ocurridos en los últimos tres años que, por acción u omisión, han deteriorado la capacidad del país para enfrentar el narcotráfico en un contexto regional crítico.

Las motivaciones detrás de estas decisiones podrán discutirse, pero sus efectos ya están a la vista. Ninguna se ajusta a la complejidad del crimen organizado moderno ni a las mejores prácticas internacionales. Pueden no responder a un plan deliberado o a vínculos irregulares; simplemente son decisiones incompatibles con el momento histórico y riesgosas para un país cuyo principal patrimonio es su institucionalidad democrática. La seguridad no se sostiene con discursos altisonantes ni con confrontaciones políticas; se sostiene con inteligencia, cooperación, coordinación y presencia efectiva del Estado.

Mientras tanto, la realidad avanza sin pausa. El crecimiento de los homicidios vinculados al sicariato y a disputas territoriales confirma que las organizaciones criminales operan con mayor libertad y recursos. Cuando los grupos delictivos se sienten dueños del territorio, la violencia deja de ser excepción y se convierte en norma. Por eso urge examinar las decisiones recientes que, acumuladas, configuran un patrón preocupante de debilitamiento institucional.

Un Estado que retrocede donde el narco avanza

En junio de 2023, el retiro del Servicio Nacional de Guardacostas de Bahía Drake redujo la vigilancia en un punto históricamente utilizado para desembarcos y transbordos de droga. Un año después ocurrió algo similar en Sixaola, en la frontera Caribe con Panamá, otro corredor sensible para el crimen transfronterizo. Ambas medidas responden al mismo patrón: repliegue operativo justo en zonas donde los grupos criminales buscan expandir rutas marítimas y terrestres.

A esto se sumó, en 2024, el retiro de la Policía de Control de Drogas (PCD) de los puestos fronterizos, aeropuertos y muelles del país. Pocas decisiones afectan tanto la capacidad del Estado como sacar a la policía antidrogas de los principales puntos de ingreso al país. El resultado es evidente: menos interceptación, menor inteligencia en campo y mayor libertad para las redes delictivas que operan hacia el resto del territorio.

Otra decisión cuestionable llegó en marzo de 2024: trasladar la Academia Nacional de Guardacostas desde Quepos, un entorno costero ideal para la formación marítima, hacia Pococí, un cantón sin acceso al mar. Formar guardacostas lejos de las costas, y entrenar operaciones marítimas sin mar, contradice la lógica elemental de la profesionalización policial en un país cuya seguridad depende en buena medida del control marítimo.

Las fragilidades tampoco se limitan a fronteras y entrenamiento. Entre 2024 y 2025, más del 73% de la mercancía que entró o salió por Moín no fue escaneada, según lo muestra una evaluación de la Contraloría General de la República. La mayoría de los contenedores se despachó sin revisión adecuada, abriendo una puerta enorme para la contaminación de exportaciones. La consecuencia no tardó en aparecer: varios cargamentos provenientes de Costa Rica fueron incautados en puertos europeos. Una vez que una ruta internacional se consolida, revertirla es extraordinariamente difícil.

Igualmente, en materia de ingreso de mercancías, la Contraloría General de la República advirtió en diciembre de 2024 un “debilitamiento en los controles” aduaneros, situación que incrementa los riesgos de corrupción y contrabando. Los informes señalan además una “disminución del personal de inspección” en puntos estratégicos del país, lo que abre la puerta al internamiento de mercancías ilícitas, al robo y a la evasión de controles que comprometen el resto de los objetivos institucionales. (DFOE-FIP-SGP-00002-2024)

A ello se suma un hecho innegable: los dos últimos ministros de Hacienda han sido férreos opositores a dotar al OIJ, a la Fiscalía y a la Policía Judicial de los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado. Sus esfuerzos reiterados por recortar estos presupuestos, justamente en el periodo de mayor violencia en décadas, contradicen cualquier discurso de fortalecimiento institucional. Como advirtió el director del OIJ, “cada colón recortado es un espaldarazo al crimen organizado”.

Dos corolarios, al menos, se relacionan directamente con lo expuesto. Primero, tal como advierte el Estado de la Nación, se observa una actividad económica de origen incierto que genera transferencias difusas con un impacto relevante sobre la dinámica nacional. Segundo, persiste la asombrosa caída del precio del dólar que, pese a todos los malabares explicativos, sigue acompañada por copiosas entradas de capitales cuya procedencia resulta difícil de esclarecer.

Un rumbo que debe corregirse

El gobierno que asuma en 2026 tendrá la responsabilidad de corregir este rumbo con seriedad y visión de Estado. Para lograrlo, deberá ejercer un acto básico de madurez republicana: reconocer errores, rectificar sin soberbia y permitir que quienes conocen el tema contribuyan con soluciones. Costa Rica no puede seguir gastando energías en confrontaciones estériles con otros Poderes de la República mientras los verdaderos enemigos, las redes criminales que erosionan la seguridad, la economía y la institucionalidad democrática; avanzan con plena claridad estratégica.

La evidencia demuestra que la actual línea de acción es insuficiente y está desalineada con las mejores prácticas internacionales. Persistir en ella sería un riesgo que el país no puede permitirse. Rectificar no es una muestra de debilidad; es un acto de responsabilidad democrática. Y ese es el liderazgo que Costa Rica necesita con urgencia.

122 años del Cantonato de Turrialba: mirar hacia el futuro

Carlos Enrique Carranza Villalobos*

Turrialba es un cantón lleno de paisajes, topografía de diferente tipo, hasta con microclimas en varias partes, con diferentes lugares con distinta altura lo que hace este lugar especial, sin olvidad ríos majestuosos como el Reventazón y el Pacuare.

Es momento de recordar a Jenaro Bonilla Aguilar quien hizo el cabildeo en la Asamblea Legislativa para la fundación apoyado por don Ricardo Jiménez Oreamuno y atendido por el presidente Ascensión Esquivel Ibarra y la primera municipalidad de alto lustro en lo que sería un pujante cantón.

Que mujeres y hombres de distinta composición social han luchado por hacer una “tierra prometida” que aportará al país.

En diferentes campos han existido aportes al país que se plasman desde la cultura hasta en lo económico, lo poético, lo empresarial y muchos campos más.

Si debemos mirar con alegría esta fecha, pero también para reflexionar: Dónde estamos, qué debemos hacer hacia el futuro y cuáles estrategias socio económicas deben efectuarse en un país que requiere nuevas posibilidades y mirar también en el contexto internacional.

Mirar con la atención a esos nuevos signos es vital ya que se requieren esfuerzos osados en ese camino.

Por último, a todos (as) mis coterráneos mi más sincero abrazo

*Hijo con orgullo de un amante de su tierra Reinaldo Carranza y de Odilie Villalobos Ureña.

Sudán y la memoria de nuestra América

Foto: Sara Creta (EFE)

África no está tan lejos

En medio de la devastación, los sindicatos sudaneses han sido golpeados con una violencia doble: la que arrasa la vida cotidiana y la que destruye las estructuras colectivas de defensa de los trabajadores y las trabajadoras.

Frank Ulloa Royo

Las sedes sindicales han sido atacadas, los dirigentes perseguidos y las organizaciones desarticuladas por el fuego cruzado y la represión.

Allí donde antes había espacios de solidaridad obrera, hoy quedan ruinas y silencios. Sin embargo, en comunidades sitiadas y en barrios desplazados, persisten pequeños núcleos de resistencia que intentan sostener la vida con lo mínimo: alimentos compartidos, redes de apoyo, memoria de lucha.

La guerra no solo mata cuerpos, también intenta borrar la voz organizada de los trabajadores y las trabajadoras: la voz del pueblo. Por eso la solidaridad internacional debe levantarla de nuevo. Sin embargo, este tema no es parte de la agenda sindical internacional.

Un tema fuera de agenda

Sudán, país joven y vasto, que se desangra en una guerra civil que ha convertido su territorio en un mapa de desplazamientos y dolor.

Más de 150.000 muertos, millones de personas obligadas a huir, comunidades enteras atrapadas en condiciones de asedio: la mayor crisis humanitaria del planeta ─junto a la del pueblo de Palestina─ se desarrolla ante nuestros ojos, y sin embargo el mundo parece mirar hacia otro lado.

Las cifras son frías, pero detrás de ellas laten historias de hambre, violencia extrema y un colapso institucional que amenaza con borrar la dignidad de un pueblo.

Las calles de Darfur y El Fasher han sido testigos de matanzas tan atroces que hasta los satélites registran la huella del horror.

Otro genocidio

Genocidio no es una palabra exagerada: es la realidad que se impone cuando la vida humana se convierte en desecho y la indiferencia internacional en cómplice.

Como decía José Martí, “África no está tan lejos”. Lo que ocurre en Sudán nos toca directamente, porque la violencia contra un pueblo es violencia contra todos.

Nuestra América no puede permanecer muda: la sangre derramada en Jartum y Darfur es también un llamado a la solidaridad en toda nuestra región.

La indiferencia que hoy condena a Sudán al silencio es la misma que mañana puede justificar la represión contra trabajadores y comunidades en nuestro continente.

La guerra en Sudán nos recuerda que la barbarie no tiene fronteras. El hambre que devora a millones de sudaneses es la misma hambre que acecha a campesinos desplazados en América Latina y que caminan como sombras por nuestro continente.

La represión que destruye sindicatos y organizaciones en África es espejo de las amenazas que enfrentan nuestras luchas obreras. La violencia extrema que arrasa con la memoria de un pueblo es la misma que intenta borrar la historia de resistencia en nuestras tierras.

Por eso, desde Rel UITA levantamos la voz, de la misma manera que reaccionamos contra la barbarie de la oligarquía y los militares en Birmania (Myanmar) y el genocidio israelí en la Franja de Gaza.

No podemos aceptar que el genocidio en Sudán se convierta en un espectáculo invisible. La solidaridad sindical y popular debe cruzar océanos, debe unir las luchas de trabajadores africanos y latinoamericanos en una misma bandera de dignidad.

Sudán es un espejo que nos devuelve la imagen de lo que ocurre cuando la vida se desprecia y la memoria se borra.

Defender Sudán es defendernos a nosotros mismos. Denunciar este genocidio es afirmar que la humanidad no se divide en continentes, sino que se une en la resistencia contra la barbarie.

África no está tan lejos. Sudán nos interpela.

Fuente: https://www.rel-uita.org/sudan/sudan-y-la-memoria-de-nuestra-america/

Nuevo horizonte para gobiernos locales: reforma al Código Municipal y oportunidad histórica de liderar restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre desde Costa Rica

Por Allan Astorga Gättgens (*) / pressenza

Costa Rica ha dado un paso trascendental

La reciente reforma al Código Municipal de Costa Rica (Ley 10804 del 02.12.2025) no solo actualiza la visión del desarrollo local, sino que transforma de manera profunda el papel que deben desempeñar los gobiernos locales frente a la crisis climática y la degradación acelerada de la Ecosfera terrestre.

Por primera vez, la ley establece con claridad que las municipalidades deben integrar en su planificación, programas y decisiones:

  • La acción frente al cambio climático,

  • La protección ambiental,

  • La conservación de la biodiversidad, y

  • La restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre.

Esto marca un punto de inflexión. Un antes y un después en la gestión pública local.

Costa Rica enfrenta hoy amenazas crecientes: deslizamientos, inundaciones extremas, pérdida de suelos, deterioro de cuencas, urbanización acelerada en zonas inestables, sequías más intensas, degradación marina y un aumento sostenido de episodios climáticos severos.

Todo esto exige decisiones valientes, planificadas y técnicamente sustentadas.

La reforma al Código Municipal dota por fin a los gobiernos locales y sus comunidades de las herramientas jurídicas necesarias para actuar con visión, ciencia y responsabilidad.

1. La autonomía municipal se fortalece: ahora sí es posible liderar la gestión ambiental y territorial desde lo local

La autonomía otorgada por la Constitución y desarrollada por el Código Municipal no es un concepto decorativo. Representa un poder real: la capacidad del gobierno local para dictar regulaciones, ordenar su territorio, proteger su ambiente y velar por la seguridad y bienestar de sus habitantes.

La reforma de 2025 convierte esa autonomía en una obligación estratégica: cada municipalidad debe incorporar en su planificación institucional criterios de cambio climático, biodiversidad y restauración ecosférica.

Esto significa que los gobiernos locales ya no dependen únicamente de lineamientos nacionales: tienen el mandato, la responsabilidad y la facultad legal para adoptar criterios más rigurosos que los establecidos por la reglamentación sectorial, siempre que sea en beneficio de la protección ambiental y la reducción del riesgo.

2. La oportunidad para superar las limitaciones del Decreto 44.710-MINAE

La derogatoria del Decreto 32.967-MINAE —que durante casi dos décadas brindó una metodología ambiental robusta y científica para la planificación territorial— y su sustitución por el Decreto 44.710-MINAE ha provocado confusión y una creciente preocupación técnica y jurídica.

Mientras el Decreto 32.967 (de los IFA originales) integraba criterios rigurosos de evaluación ambiental, fragilidad y riesgo, el 44.710 los sustituye por dos metodologías más débiles y menos exigentes, reduciendo la profundidad del análisis territorial y aumentando la posibilidad de errores en la toma de decisiones.

El Decreto 32967 tenía un énfasis en el ordenamiento ambiental del territorio como base para la planificación territorial sostenible, mientras que la el 44710 con sus dos metodologías, tiene un fin meramente de impulso al desarrollo urbano, dejando por fuera factores ambientales clave.

Esto constituye una regresión ambiental, incompatible con el principio constitucional de no regresión.

Pero hoy existe una salida clara: la reforma al Código Municipal, sumada a la autonomía constitucional, permite a los gobiernos locales adoptar sus propias metodologías ambientales y territoriales más estrictas que las del Decreto 44.710-MINAE.

Si el decreto nacional es insuficiente para garantizar la protección ecosférica, la municipalidad no solo puede, sino que debe suplir esa insuficiencia mediante:

  • Estudios de zonificación ambiental más profundos y completos,

  • Metodologías avanzadas de terrazonificación,

  • Mapas de fragilidad ambiental,

  • Microzonificación de amenazas naturales,

  • Análisis integrados de cambio climático y riesgo,

  • Identificación de zonas de restauración ecosférica,

  • Regulaciones propias para el uso del suelo.

3. Una hoja de ruta clara para que los gobiernos locales actúen desde hoy

A. Ordenamiento y planificación territorial basada en evidencia científica

Los gobiernos locales pueden —y deben— actualizar sus instrumentos de planificación para incluir:

  • Terrazonificación ambiental y territorial, de escala detallada.

  • Zonificación ecológica funcional.

  • Áreas de restauración ecosférica y corredores biológicos.

  • Zonificación de riesgo por deslizamientos, inundaciones y sismicidad y otras amenazas naturales.

  • Protección de riberas, recarga acuífera y ecosistemas sensibles; así como la gestión sostenible de los recursos hídricos y naturales en general.

B. Gestión preventiva del riesgo: la primera línea de protección de la población

La municipalidad puede implementar:

  • Mapas cantonales de amenaza y vulnerabilidad.

  • Regulaciones constructivas vinculadas al riesgo.

  • Restricciones en zonas inestables.

  • Monitoreo geológico e hidrológico.

  • Planes de adaptación local al cambio climático.

C. Restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre
La reforma permite que las municipalidades desarrollen programas locales de regeneración ecosistémica:

  • Reforestación de áreas estratégicas (base para la recuperación de ecosistemas),

  • Restauración de suelos degradados,

  • Manejo de bosques y recuperación de biodiversidad,

  • Protección de ríos, quebradas y zonas costeras,

  • Regeneración urbana con naturaleza.

D. Agricultura, ganadería y producción regenerativa

Los gobiernos locales pueden orientar el desarrollo rural hacia prácticas que:

  • Capturen carbono,

  • Recuperen la fertilidad del suelo,

  • Aumenten la resiliencia productiva,

  • Reduzcan la erosión y la pérdida de cosechas,

  • Valoricen la biodiversidad agrícola e impulsen la producción regenerativa.

E. Educación, gobernanza y participación climática

La reforma exige activar procesos participativos que definan prioridades ambientales cantonales y fortalezcan:

  • Comisiones ambientales y climáticas municipales,

  • Educación ambiental comunitaria,

  • Consultas para planes de ordenamiento y restauración,

  • Gobernanza colaborativa con sectores productivos.

4. Cómo pueden financiarlo los municipios: el ordenamiento ambiental como motor de progreso sustentable

Uno de los cuestionamientos más frecuentes de los gobiernos locales es el financiamiento: ¿cómo pueden costear estudios ambientales, mapas de amenaza, terrazonificaciones y programas de restauración ecosférica si muchos municipios enfrentan limitaciones presupuestarias?

La respuesta —y la oportunidad— está en comprender que ordenar el territorio no es un gasto: es una inversión estratégica que genera nuevas fuentes de desarrollo y recursos sostenibles para el cantón.

Cuando una municipalidad realiza estudios serios de fragilidad, terrazonificación y zonificación ecológico-funcional, no solo identifica las áreas que requieren protección, sino también los territorios con verdadero potencial de desarrollo sustentable. Estos análisis permiten determinar con precisión zonas aptas para agricultura y ganadería regenerativa, para turismo ecológico, para proyectos inmobiliarios responsables y para otras actividades productivas compatibles con la nueva visión establecida por la reforma al Código Municipal.

Es decir, el ordenamiento no bloquea el desarrollo: orienta un desarrollo mejor, más seguro, más rentable y más atractivo para la inversión. Cuando el cantón demuestra que conoce su territorio, que protege sus recursos y que planifica con rigor, se vuelve un destino confiable para capital privado, para emprendedores locales, para inversionistas nacionales y para iniciativas internacionales en materia ambiental, climática y de gestión del territorio. La restauración de suelos, el mejoramiento de la calidad hídrica, la protección de cuencas y la recuperación de ecosistemas generan un “efecto de confianza” que eleva el valor del territorio y abre la puerta a nuevos proyectos económicos compatibles con el ambiente.

Este proceso se convierte en un círculo virtuoso: primero se ordena la casa, se corrigen las debilidades ambientales y se fortalece la resiliencia del cantón; luego ese mismo ordenamiento es el impulso para atraer inversión sustentable, que genera empleo, diversifica la economía local y amplía la base tributaria municipal. De esta forma, el financiamiento para continuar los estudios ambientales, implementar programas de restauración o fortalecer la gestión del riesgo comienza a surgir del propio progreso generado por el cantón. El desarrollo sustentable deja de ser un costo y se convierte en una plataforma económica.

Para los cantones con territorios pequeños o con recursos más limitados, la solución pasa por acciones intermunicipales coordinadas. Trabajar con cantones vecinos permite generar economías de escala, compartir metodologías, unificar criterios técnicos y construir terrazonificaciones regionales que fortalecen la capacidad de gestión y reducen costos. La ley permite y estimula esta cooperación, y los beneficios —en materia de riesgo, ambiente y desarrollo económico— se multiplican cuando los territorios son gestionados bajo una visión común.

Lo esencial es que exista una metodología coherente, rigurosa y estandarizada, que permita que todos los cantones avancen bajo la misma lógica de ordenamiento, restauración y progreso sustentable. El financiamiento no surge de aumentar cargas a la población, sino de utilizar el conocimiento del territorio para activar un desarrollo económico más inteligente, seguro y ambientalmente responsable, alineado con la reforma al Código Municipal y con las necesidades de la crisis climática.

5. El Sistema SalveTerra se pone a disposición de todas las municipalidades del país

Con profundo respeto institucional y compromiso con Costa Rica, el Sistema SALVETERRA® ofrece acompañamiento técnico para:

  • Capacitación de funcionarios municipales y representantes interesados de las comunidades.

  • Elaboración de terrazonificaciones cantonales,

  • Mapas de riesgo y microzonificación,

  • Programas de restauración ecosférica,

  • Diseño de reglamentos municipales de uso del suelo,

  • Integración de la variable ambiental y climática en el ordenamiento territorial,

  • Incorporación de criterios de resiliencia en presupuestos y programas.

6. Un llamado respetuoso, firme y urgente

Costa Rica tiene en sus manos una oportunidad histórica. La reforma al Código Municipal no es un trámite: es un mandato, un camino y una responsabilidad.

Invitamos a las municipalidades a asumir este liderazgo con visión, seriedad y compromiso.

Hoy, más que nunca, el país necesita gobiernos locales capaces de:

  • Ordenar su territorio con rigor,

  • Reducir riesgos,

  • Restaurar ecosistemas,

  • Proteger su biodiversidad,

  • Y construir futuro.

El Sistema SALVETERRA® está listo para caminar a su lado. La restauración del equilibrio de la Ecosfera terrestre es posible. Y empieza desde lo local.

Costa Rica, donde nació el Sistema SALVETERRA® puede servir de guía y dar el ejemplo al mundo sobre cómo se combate el Cambio Climático y se restaura el Equilibrio de la Ecosfera Terrestre desde la escala local, pero con visión planetaria.

(*) Allan Astorga es geólogo y consultor ambiental. Licenciado en Geología de la Universidad de Costa Rica. Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Stuttgart, Alemania. Catedrático de la Universidad de Costa Rica hasta 2019, especializado en geología ambiental.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/12/nuevo-horizonte-para-gobiernos-locales-reforma-al-codigo-municipal-y-oportunidad-historica-de-liderar-restauracion-del-equilibrio-de-la-ecosfera-terrestre-desde-costa-rica/

Un TLC manchado de sangre

Luis Fernando Astorga Gatjens

El día lunes, 8 de diciembre del año en curso, el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica Manuel Tovar firmó en Tel Aviv, un tratado de comercio exterior con el Estado genocida de Israel.

Mientras el gobierno de Rodrigo Chaves desarrollaba con las autoridades israelíes el proceso de negociaciones de este tratado, el gobierno de ese país, encabezado por Benjamín Netanyahu, sin compasión alguna, masacraba con distinto tipo de artillería a la población civil de Gaza.

Distintos medios y cadenas de comunicación han indicado que esta es la «guerra» más televisada del mundo, ya que se podían ver las imágenes en vivo de edificios y casas que se destruían marcadas por densas nubes de humo, polvo y fuego. También se veían personas, niños, mujeres, ancianos moviéndose sin rumbo cierto ante el horror de que una bomba o disparo les cegara la vida. El fuego inclemente de la aviación y la artillería israelí destruía hospitales y escuelas, sin importar quien estaba adentro. El pretexto más utilizado es que ahí habría combatientes de Hamas. Pero realmente lo que ha habido en Gaza no ha sido una guerra sino un genocidio deliberado y minuciosamente planificado.

Hoy, cuando Gaza todavía padece la incertidumbre de un dudoso alto al fuego, se ven los terribles resultados de las acciones genocidas del gobierno de Netanyahu y de su ejército: Más de 70.000 muertos de la población civil. Mujeres, ancianos y alrededor de 20.000 niños masacrados. Y, según Naciones Unidas, el 92 % de las viviendas en Gaza están destruidas y más de medio millón de personas están en riesgo de hambruna.

No por casualidad, la Comisión Internacional Independiente sobre los territorios palestinos ocupados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmó recientemente que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza, al mismo tiempo que ha demandado a Israel «a cumplir con sus obligaciones legales en virtud del derecho internacional para poner fin a tal atrocidad y castigar a los responsables».

La comisión de la ONU sustenta la acusación del genocidio israelí en que este Estado ha cumplido cuatro de los cinco actos que configuran el carácter genocida de un Estado. «Al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas» definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, concluyó el informe de la comisión especializada de la ONU que ha investigado lo ocurrido desde el 7 de octubre de 2023 en ese territorio palestino asediado.

Mientras tanto la República de Sudáfrica inició el 29 de diciembre de 2023, un proceso contra el Estado de Israel, conocido oficialmente como Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel). Este proceso se refiere a violaciones por parte de Israel de sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y el derecho internacional en relación con los palestinos de la Franja de Gaza. La presentación de Sudáfrica coloca los cargos en lo que describe como «el contexto más amplio de la conducta de Israel hacia los palestinos durante sus setenta y cinco años de apartheid, sus cincuenta y seis años de ocupación beligerante del territorio palestino y su bloqueo de Gaza de dieciséis años».

La población civil gazatí ahora son las víctimas de un verdadero holocausto perpetrado por un Estado encabezado por un nuevo Hitler, el genocida Netanyahu.

Todavía no hace mucho tiempo el Estado costarricense brillaba en Naciones Unidas y otros escenarios internacionales, como un país pequeño, pero con un fuerte liderazgo en materia de derechos humanos. Hoy, especialmente, a raíz de las políticas de la administración Chaves Robles, se ha erosionado significativamente ese prestigio.

En el presente, la política exterior de Costa Rica tiene como epicentro Washington y no San José. Se siguen los dictados de Trump y de Marco Rubio. Cero independencia. Cero autonomía. Cero dignidad.

Porque si realmente hubiera dignidad en este gobierno no se estaría suscribiendo un TLC con Israel, sino que se hubiese seguido el camino de Colombia que a raíz de la actuación de Israel en Gaza, rompió relaciones con ese Estado genocida.

Ahora cabe esperar que el respeto de los derechos humanos y la dignidad prevalezcan en la Asamblea Legislativa para evitar que este tratado lleno de sangre e ignominia sea ratificado.

(8 de diciembre, 2025)

Diciembre (Natalis Solis Invicti), el matonismo de la casa presidencial y el peligroso continuismo neoliberal

Partido Vanguardia Popular – PVP
Fundado 16 de junio de 1931

Las celebraciones paganas en el solsticio de invierno se realizaban precisamente el 25 de diciembre. Justo en esa fecha, toda vez que, se simbolizaba con ella el regreso de la luz del sol. Esta práctica pagana corresponde a una iglesia primitiva del siglo IV.

Berta Erill Soto (periodista especializada en temas de actualidad), señala al respecto que, fue el emperador Constantino y el papa Julio I, quienes decidieron celebrar el nacimiento de Jesús durante esa época que fue concertaba para dichos efectos. Es decir que, Jesucristo se inscribe en una fiesta pagana para legitimar la narrativa del cristianismo y de las fiestas de la natividad.(https://historia.nationalgeographic.com.es/a/origenes-navidad_6901, actualizado a 26 de noviembre de 2025 · 18:40:09).

Cristo, ahora en lugar del sol, era a quien le correspondía quitar la oscuridad y traer la luz. Pese a la simbología que la iglesia le da a esta fecha, ni aun las fuentes historiográficas más cercanas, -hablamos de los Evangelios de Mateo y Lucas-, que nos sitúan que Jesús de Nazareth nació en un pesebre de Belén, aldea de Oriente Próximo (Palestina), no especifican el día exacto del nacimiento.

Representación de la Navidad, el nacimiento de Cristo, en una obra del año 1500.

Hoy sucede lo mismo con el inquilino de la casa de Zapote, se cree un mesías, pero en lugar de luz, ha llevado mucha oscuridad a todos los hogares. El, a diferencia del rey Midas, lo que toca lo convierte en estiércol. Hay razones objetivas para eso. No nos gobierna una persona; no, él mismo se ha personificado como un animal: El Jaguar. “Jaguaro” le dicen algunos campesinos por sus permanentes deslices a los aromas etílicos que tiene hacia nuestra bebida nacional. Entonces ciudadanos pueden ver el resultado de esta parábola: Cristo trae luz a la oscuridad, y la oscuridad se pronuncia y se hace más densa con el Jaguar.

Pero dejemos al chavismo cavernario y continuista a un lado. Como fiesta “La Navidad” deviene en una doble festividad; la celebración cristiana y el carácter profano asumido por un sin número de personas, no necesariamente que profesan el cristianismo, incluso, amplios sectores de ateos, le dan a las fiestas de natividad el espacio obligado o el momento para reunirse con los más allegados, amigas, amigos y camaradas. Pero a la postre no es bueno mezclar temas.

Lo que sí es de importancia absoluta es que, frente a la ausencia de Pueblo Unido, como alternativa electoral, ninguna de las opciones partidistas que participan representa los verdaderos intereses del pueblo de Costa Rica.

Sin embargo, decir que “no hay por quién votar”, en esta oportunidad, no nos ayuda mucho. Contra el continuismo neoliberal, démosle poder a la (X), al pueblo le corresponde su papel histórico en este momento.