El Consejo Nacional de la Judicatura (CONAMAJ) presentó la publicación “Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica”, un documento que reúne conceptos, instrumentos y ejemplos prácticos para promover la participación activa de la ciudadanía en los procesos públicos y de toma de decisiones.
La obra busca fortalecer la cultura democrática mediante el conocimiento de mecanismos de control ciudadano, transparencia, rendición de cuentas y articulación entre comunidades e instituciones. Entre los temas que aborda se incluyen la participación en espacios locales, la planificación participativa, la mediación comunitaria, la gestión de conflictos y el acceso a la justicia.
La guía también destaca la importancia del empoderamiento de las personas y organizaciones sociales como agentes de cambio y ofrece orientaciones metodológicas para fomentar una participación más inclusiva y efectiva.
El documento fue compartido por la Fundación Ambio, organización que impulsa iniciativas de sostenibilidad y gobernanza participativa en todo el país.
Iron Kids of the World invita a la quinta edición del Mercado Solidario por Palestina. Este evento está programado para el próximo domingo 2 de noviembre de 2025 a partir de las 11:00 a.m. y se realizará en “Contraforma”, ubicada en Los Yoses, San Pedro de Montes de Oca y la entrada es gratuita.
Este evento se caracteriza por ser un espacio cultural y humanitario en el cual todo lo que sea recaudado será donado a familias de Gaza y Cisjordania. Colectivos, artistas y marcas locales llenarán los espacios del evento con ventas, arte, reflexión, talleres y proyecciones del Palestine Cinema Days (cine palestino). La actividad la organizan Iron Kids of the World, Wimblu, Contraforma y Pólvora, quienes buscan reafirmar el compromiso de la sociedad civil costarricense con solidaridad internacional y derechos humanos.
Dentro del Mercado Solidario por Palestina se podrán encontrar variedad de opciones que van desde la venta de productos y arte en vivo hasta talleres de yoga y meditación. Además, se destacan las proyecciones cinematográficas gratuitas de Jenin, Jenin (2003) de Mohammad Bakriy y A State of Passion (2024) de Carol Mansour y Muna Khalidi, las cuales forman parte de la cartelera del Palestine Cinema Days, del cual será sede el evento, siendo así una de las 500 localidades en el mundo que proyectarán el material en simultáneo.
La Red de Solidaridad con Palestina CR saluda el «Premio Héroes del Periodismo año 2025» otorgado a la periodista mártir Maryam Abu Daqqa por el Instituto Internacional de Prensa, con sede en Viena, Austria en este mes de octubre de 2025.
Dicho Instituto señaló en su justificación que la periodista » …representa un símbolo de los periodistas que sacrificaron sus vidas mientras cubrían eventos de campo en Palestina» (Felesteen 25/10/25).
La periodista Maryam Abu Daqqa fue asesinada en un bombardeo de las fuerzas militares de Israel a un Hospital del sur de Gaza, recién en agosto pasado. Ella cubría, en ese momento, los sucesos relacionados con la atención de los civiles heridos por los ataques israelíes dentro del Hospital.
Maryam, laboraba para el medio de noticias «Arabia Independiente» y se destacaba por informar al mundo lo que el régimen israelí no quería a toda costa que fuera divulgado: la práctica sistemática de genocidio contra la población de Gaza.
Instamos al Colegio de Periodistas y al Sindicato Nacional de Periodistas de Costa Rica a que rindan tributo a la ganadora póstuma de este reconocimiento, que es también para aquellos periodistas que no callan la verdad, aún con amenazas a su vida o con presiones para silenciarlos.
Las vecinas María Elena Fournier y María Amoretti presentaron una denuncia ante varias instituciones por la colocación excesiva de vallas publicitarias en el Parque Público de Deportes de Moravia, situación que, según indican, genera contaminación visual y limita el disfrute de este espacio comunitario.
La queja, enviada el 22 de octubre de 2025, fue dirigida al alcalde Diego López López, a la Sección de Parques, Gestión Ambiental y al Concejo Municipal de Moravia, así como al Ministerio de Salud. Las firmantes solicitan la eliminación de siete vallas instaladas en el perímetro del parque, al considerar que bloquean la vista del área verde, los árboles y la quebrada que lo atraviesa.
En su carta, las vecinas cuestionan la falta de regulación sobre el número y tipo de anuncios en espacios públicos, señalando que la situación afecta la salud mental, el paisaje urbano y la calidad ambiental del cantón. Además, proponen convocar una audiencia pública para decidir si la comunidad desea declararse “Cantón libre de vallas”.
El reclamo cita el Artículo 50 de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre y la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Nº3859), entre otros marcos legales que garantizan el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
Las vecinas esperan una respuesta técnica y razonada de las autoridades municipales y de salud, e indican que, de no obtenerla, recurrirán a otras instancias para hacer valer su derecho a participar y defender los bienes comunes de Moravia.
Serían cerca de las 9 de la noche cuando el silencio en la calle fue roto por el estruendo de los motores de diésel de camiones que se escuchaba desde el tercer piso en que estaba nuestro departamento, que se estacionaban en plena calle frente al edificio en que residíamos. Cual si fuesen a entrar en combate decenas de soldados bajaron de ellos con arma en mano, e inmediatamente “asaltaron” el pequeño edificio de apartamentos, ubicado en la calle Pérez Valenzuela en Providencia, Santiago.
Por referencia de otros casos, esperábamos angustiados los golpes en nuestra puerta, como también nos había sucedido en la calle Mac Iver, en Santiago centro, pocos días después del sangriento golpe de Estado al presidente Salvador Allende, en 1973. Esta vez el “objetivo” no era este tico, entonces estudiante de doctorado en la Universidad de Chile. No. La misión era otra. Los milicos no subieron las escaleras esa noche, se quedaron en el primer piso. Minutos después, salieron del edificio llevándose detenidos a más o menos una decena de personas, que logramos ver mientras eran iluminados por luces rojas intermitentes, que se reflejaban en sus caras, mientras eran subidos violentamente a los camiones verde olivo. Así como llegaron, después de unas cuantas órdenes del “comandante”, partieron rápidamente, y el resto fue silencio.
A la mañana siguiente, aunque saludamos a algunos vecinos, nadie se refería a lo sucedido. Los intercambios matutinos siempre cordiales, eran cortantes y las miradas esquivas. Una sensación de temor dominaba el ambiente, y, por lo tanto, comprendimos que no era prudente preguntar ni la hora.
Y es que la dictadura de Pinochet mantenía suspendidas las garantías individuales, antes consagradas en la Constitución Política que regía hasta el día de la acción militar contra el gobierno democrático. Estaban derogados derechos que tenemos los costarricenses, como la inviolabilidad del domicilio, de la intimidad, de reunión pacífica, de libre opinión, de comunicación sin previa censura, de hábeas corpus, de amparo, y, como en todo régimen dictatorial, de la inviolabilidad de la vida humana.
Bajo un “toque de queda” la libertad simplemente no existe; solo la voz del dictador tiene valor, y Dios guarde al que se atreva a cuestionarlo siquiera, pues al Poder Judicial hasta se le saca de sus sedes; la fuerza bruta omnipotente, sustituye a las normas civilizadas que sustentan el Estado.
Lo sucedido esa noche allá en Providencia era consecuencia de esa situación. Resulta que, después de celebrarse una boda, a algunos de los familiares e invitados los sorprendió la hora en que iniciaba el toque de queda, durante el cual no se podía caminar por las calles de ciudades y otras comunidades, por lo que no les quedó más que quedarse reunidos en casa de la novia esa noche, irrespetando la prohibición a reunirse pacíficamente, y abriendo así la posibilidad de que el domicilio fuese violado sin orden judicial alguna, para llevarse detenidos a los que estaban violentando la injusta orden militar, sin saber cuál iría a ser su destino.
Algunos, quizá con razón, nos dirán que eso fue cosa menor, que no ameritaba este comentario (aunque nunca supimos qué había sucedido con los trasladados a celdas de la dictadura), pero fue nuestra experiencia personal. Por supuesto que conocíamos de los crímenes que se ejecutaban durante esas largas noches, y veíamos en las entradas de algunos edificios, cadáveres cubiertos por páginas de El Mercurio usadas como sábanas, o en las aguas poco profundas del río Mapocho. Los muertos ya eran solo estadísticas (como dolorosamente nos está sucediendo en Costa Rica) y se trataba, según Pinochet, de “delincuentes comunes que se matan entre ellos”.
Lo narramos porque no podemos pasar por alto a la que irreflexivamente dice que como presidenta “suspendería las garantías individuales”, aunque no creemos que ella tenga a Pinochet como espejo, sí es obvio que tiene a los dictadores Ortega y Bukele, como amigos que comparte con el presidente Chaves, ambos “expertos” en la aplicación de medidas semejantes, con cualquier pretexto.
Como es usual, en dicha candidata “de la continuidad”, Fernández no profundiza en sus planteamientos propagandísticos, por lo cual le preguntamos públicamente lo siguiente. ¿Si Costa Rica no tiene ejército, con qué soldados ejecutaría las acciones de fuerza militar que necesariamente se requieren para hacer efectivo un toque de queda? No vaya a ser que también esté pensando en otra cosa…
Sin duda alguna, lo más grandioso que tenemos los costarricenses es la prohibición para conformar un ejército, como los que conocemos en la gran mayoría de las naciones del planeta. Al haberse abolido constitucionalmente, nuestro pueblo optó por la paz, por un Estado respetuoso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU. Derechos reflejados en las garantías individuales que son resguardadas celosamente, por los poderes Judicial y Legislativo, quienes, junto al Poder Ejecutivo, no solo se respetan entre ellos, sino que también se reconocen como poderes independientes, como garantía de nuestra democracia. Y es que si alguna vez, nuestra Asamblea Legislativa hubo de suspender algunas de dichas garantías, a solicitud de don Pepe Figueres, por un periodo corto de tiempo, lo hizo porque el país enfrentaba una invasión militar promovida por un dictador nicaragüense. Sin duda la emergencia lo justificaba, y lo bueno es que surtió efecto en la defensa de nuestra soberanía.
Pero, por otro lado, no se debe justificar una propuesta semejante, ante la incompetencia evidenciada por nuestras autoridades de policía, frente a la ola de criminalidad muy vinculada al narcotráfico escandaloso que afecta a Costa Rica, gracias a las puertas abiertas que nuestro gobierno ofrece a los traficantes.
“Si usted creyó que era incómodo en la pandemia no poder sacar el carro o no poder ir al parque porque estaba restringido, imagínese lo que va a ser la suspensión de las garantías individuales. Imagínese a la policía pudiendo entrar a su casa sin tener que pedirle permiso a un juez. Imagínese a la policía pudiendo prohibirle salir de su casa sin tener orden judicial. Esto es lo que significa la suspensión de garantías individuales”, respondió el también candidato Álvaro Ramos ante preguntas de periodistas, lo que obviamente nos tranquiliza, pues evidencia que él sí está consciente de las consecuencias que tendría una ocurrencia semejante, aparte de que su mensaje es respetuosamente escuchado.
Pronunciamiento ante pretensiones el proyecto de ley 24786 (Luchando por la justicia del sistema de pensiones del sector público)
Asociación Jubilados en Acción
La Asociación Jubilados en Acción señala irrespeto a la legalidad, contradicciones y falacias en el proyecto de ley 24786, que propone equiparar los montos netos de las pensiones de regímenes especiales al del IVM-CCSS sin postergación (1.7 millones de colones).
1. El proyecto no impulsa estrategia alguna para hacer justicia en el tema de pensiones. Su justificación persigue atizar el ataque mediático a supuestos privilegios y a la caprichosa e imprecisa expresión de pensiones de lujo. Como demostraremos, de justicia no tiene más que el nombre.
2. En afán de escandalizar, reitera frases, manipula datos y culpa a pensionados de regímenes especiales, entre ellos el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR), a cargo del Presupuesto Nacional, por considerarlo una carga desproporcionada, abusiva, elemento de desigualdad y desconfianza en el contexto de seguridad social costarricense. Esto sin más prueba que un estudio estadístico, al que llaman actuarial y que usan para apoyar su discurso. Centra su ataque en las pensiones consideradas altas simplemente por ser superiores a las del IVM de la CCSS, sin detenerse al explicar el porqué de su existencia y particularidades.
3. El proyecto obvia las diferencias jurídicas y operativas entre los diferentes regímenes especiales de pensiones en cuanto a aportes, fondos de pensión, montos jubilatorios según el bloque de legalidad, y los ataca cual si fueran un solo sistema al que debe aplicarse un correctivo uniforme. Ignora que el carácter solidario de los regímenes es incompatible con cuentas individuales de ahorro, lo cual explica el mayor crecimiento de fondos previsionales y montos jubilatorios en esos regímenes. No se aprecia que los proponentes se ocupen de aquilatar las diferencias entre los diferentes regímenes y el de IVM – CCSS, ya que la intención es homologar, si o si, todas las pensiones existentes a los montos del IVM sin postergación, al tiempo que se mantienen incólumes otras reglas de juego propias de cada régimen, lo que es abusivo y desproporcionado.
4. El régimen de pensiones del Magisterio estuvo sujeto a leyes previo a 1958, año en que se ordenó el funcionamiento del sistema con la ley 2248. La ley 7531 de 1995, una reforma total, fue producto del desvío de las cotizaciones de los trabajadores de la educación a gasto corriente por parte de diferentes gobiernos y del impago de cuotas patronales y aporte estatal definido por ley. La ley 7531 dividió al régimen en dos segmentos: el Transitorio de Reparto (RTR) para aquellos educadores nombrados antes de julio de 1992, con cargo al presupuesto nacional, quienes deben seguir cotizando activamente y pagando contribuciones especiales, y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), agrupando a los nombrados posteriormente a la fecha supra citada, administrado en su totalidad por JUPEMA el cual se ha convertido en el más exitoso del país, lo que demuestra el potencial de las cotizaciones desviadas por el Estado y que habrían evitado los problemas presupuestarios asociados al pago de las jubilaciones del RTR.
5. El supuesto reporte actuarial en el que se sustenta el proyecto 24786 contiene limitaciones, inexactitudes y falacias evidenciadas en el estudio del actuario Luis Guillermo Fernández titulado “Análisis Técnico del informe Cooperación Técnica Reducción del Gasto Público- Estudio Actuarial”. Es obligatorio plantear la interrogante de cómo se puede hablar de un estudio actuarial sin un fondo que sirva de sujeto de análisis, como sucede en el RTR, o por analogía, cómo se puede hablar de autopsia sin un cadáver sujeto de procedimiento.
6. Se demuestra en el análisis mencionado que el “Estudio Actuarial” no es más que una proyección y análisis de costos, lo que invalida las conclusiones que pretenden equiparar las pensiones netas del RTR a las del IVM-CCSS, con el agravante de que no se ofrece ninguna simulación de impacto que permita apreciar el efecto real de lo propuesto en el proyecto 24786. Ante la ausencia de este elemento crucial, el economista y exviceministro de Planificación Francisco Esquivel hizo el ejercicio, demostrando que, debido a la redacción de la propuesta de ley y de los límites que impondría a las deducciones totales, las únicas pensiones del RTR que podrían limitarse al neto de 1.7 millones de colones del IVM, son aquellas que oscilan entre los 3 y 4.5 millones nominales. Las que sobrepasen los 4.5 millones nominales percibirían obligatoriamente montos mayores a 1.7 millones debido al máximo de deducciones totales de 60% que impone el mismo proyecto 24786.
Por ejemplo, una pensión neta de 3 millones de colones pasaría a percibir, según proyecto 24786, 2 millones 400 mil colones, no un millón setecientos mil. Esto es regresividad pura y simple, que nace de la falta de rigor y análisis por parte de los proponentes del proyecto. Además, dicha propuesta establece una deducción máxima del 60% a las pensiones del RTR, a pesar de que ya la Sala Constitucional determinó que el máximo deducible debe ser del 50%. Este es el lamentable resultado de formular un proyecto de ley sin evaluación de impacto.
La regresividad y arbitrariedad inherente al proyecto 24786 conduce a una inequidad evidente, lo que se ve claramente en el siguiente caso: un pensionado del IVM con postergación, quien cotizó entre 2.5% y 4% durante su vida laboral, percibiría un neto de pensión de 2.2 millones de colones, mientras que un pensionado del RTR, con una pensión nominal de 4 millones (y líquida de 2.19 millones), percibiría un neto ajustado al del IVM sin postergación de 1.7 millones, habiendo cotizado muchísimo más (entre 7% y 16%) durante toda su vida laboral. Tal inequidad pone de manifiesto la injusticia que en realidad caracteriza al proyecto 24786 y que justifica su archivo.
7. Si bien la CCSS ha fijado montos jubilatorios y topes ordinarios y con postergación, lo ha hecho a partir de su realidad y aportes de sus afiliados a su propio fondo de pensión. Entonces, ¿cómo es que se pretende ajustar a la fuerza a otros trabajadores que han aportado más, con otras reglas y expectativas, a su fondo de pensión? Con ello se estarán violentado derechos y rompiendo el contrato de afiliación que establecieron los trabajadores con su régimen de pensión especial desde el inicio de su vida laboral.
8. Cabe agregar que las disposiciones del proyecto contravienen pronunciamientos constitucionales y convenios internacionales sobre derechos adquiridos y respeto a la jurisprudencia nacional que abriga a cada uno de los sectores afectados. En atención a lo expuesto es que solicitamos que el proyecto 24786 sea archivado por chocar con principios constitucionales y legales. Las pensiones del RTR ya han sido limitadas gracias a distintas leyes y de acuerdo con límites máximos reconocidos por la Sala Constitucional.
Con humildad, como simple ciudadano presento una propuesta a la totalidad de las candidatas y candidatos a la presidencia de la República.
Se trata de una propuesta para actuar mancomunadamente frente al cambio climático y por la paz regional.
En tiempos electorales, los discursos suelen concentrarse en lo urgente: la seguridad, la economía, los servicios públicos. Pero también es el momento para pensar en lo trascendental. Y pocas causas hoy son tan universales, inaplazables y críticas como el combate al cambio climático.
Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del planeta ante esta amenaza. Los desastres naturales, cada vez más intensos y frecuentes, afectan nuestra agricultura, desplazan comunidades, deterioran nuestra infraestructura y empujan a miles a migrar. No es una amenaza futura: ya es una realidad.
Por eso, propongo que quien gane la presidencia en las próximas elecciones de febrero 2026, asuma desde el primer día un compromiso visionario: convocar a una conferencia de presidentes centroamericanos para firmar un Pacto de Honor entre nuestros conciudadanos y el mundo.
Un liderazgo que convoque
La propuesta es clara. Que Costa Rica, al asumir el nuevo gobierno, convoque inmediatamente a los mandatarios de la región para construir un bloque centroamericano unido frente al cambio climático y por la paz. No se trata de una alianza política ni económica. Se trata de una declaración conjunta de responsabilidad y visión de futuro.
Primer compromiso: Carbono neutralidad para el 2036
Propongo que este pacto incluya como meta común alcanzar la carbono neutralidad en el año 2036; diez años trabajando como región más allá de las diferencia ideológicas o nacionales. Es tiempo suficiente. Algunos países ya han dado pasos firmes, pero necesitamos cooperación regional, financiamiento conjunto, intercambio tecnológico y una sola voz en la escena internacional.
Que Centroamérica pase de ser una víctima del cambio climático, a convertirse en un bloque líder y propositivo.
Segundo compromiso: ¡Nunca más aceptar la guerra entre hermanos!
El segundo eje de este pacto debe ser una declaración firme y permanente: la guerra no será nunca más un camino aceptable para resolver conflictos entre nuestras naciones. Lucharemos además porque en el mundo tampoco lo sea. Se trata de decir un “no a la primera bala”.
En Centroamérica ya lo hicimos una vez, cuando firmamos los acuerdos de paz en los años 80. Hoy podemos renovar ese compromiso histórico y reafirmar a Centroamérica como una región que defiende el diálogo, la diplomacia y la solución pacífica de los conflictos entre pueblos y naciones.
Una región con propósito compartido
En futuras entregas propondré otros compromisos concretos que podrían fortalecer este pacto regional: una red centroamericana de energía limpia, educación ambiental común, protección compartida de la biodiversidad y cooperación en prevención de desastres naturales.
Pero lo fundamental hoy es esto: necesitamos una visión de futuro común.
Centroamérica puede hablar con una sola voz. Costa Rica puede liderar, como lo hizo una vez en el pasado, no desde la arrogancia, sino desde el sentido de responsabilidad ante nuestros retos comunes. No con discursos solamente, sino con acciones; no en solitario, sino en alianza, donde somos más fuertes y todos ganamos.
¡Un Pacto de Honor Centroamericano no es una utopía: es una necesidad…y podría convertirse en el mayor legado de nuestra generación en este tercer decenio del siglo XXI!
La Red de Solidaridad con Palestina – Costa Rica lanza una invitación a la convocatoria urgente de organizaciones sociales, movimientos y personas solidarias para participar en el “Encuentro Nacional contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) Israel-Costa Rica”. Esta invitación surge en contraposición a la próxima presentación del proyecto de ley del TLC con Israel por parte del Gobierno de Costa Rica ante la Asamblea Legislativa.
La oposición al TLC con Israel se fundamenta en la contrariedad de valores entre Israel y Costa Rica. La tradición histórica de la política exterior costarricense está basada en paz, derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos, mientras que, en la actualidad, Israel es un Estado polémico y ha sido acusado ante diversos tribunales internacionales por crímenes de guerra, genocidio y violaciones en contra de los derechos humanos en Gaza (Palestina).
El encuentro está previsto para realizarse el sábado 15 de noviembre en las instalaciones de UNDECA, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. En el encuentro se busca informar a la población asistente sobre los diferentes contenidos e impactos del TLC con Israel. Además, en este espacio se busca analizar colectivamente las implicaciones de este proyecto en diferentes áreas sociales y económicas. Uno de los fines del encuentro es el trabajo colectivo para poder desarrollar una declaración pública y también un plan de acción nacional para oponerse a la aprobación del proyecto de TLC en la Asamblea Legislativa.
¡Por la defensa de la libertad sindical y los derechos laborales en Costa Rica!
El Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED) manifiesta su más firme solidaridad con la Unión de Empleados de Dos Pinos (UDECO DOS PINOS) y con todas las personas trabajadoras que hayan sido víctimas de prácticas antisindicales y despidos injustificados por parte de la Cooperativa Dos Pinos R.L.
En un contexto nacional marcado por la persecución, el hostigamiento y la criminalización del ejercicio de la libertad sindical, y donde el poder político parece estar subordinado a los intereses de grandes grupos económicos, denunciamos enérgicamente:
Las acciones arbitrarias y discriminatorias ejecutadas por la Cooperativa Dos Pinos R.L., que, pese a presentarse como cooperativa, actúa con total impunidad frente a las autoridades laborales.
La ola de despidos masivos y discriminatorios, especialmente mediante el uso del Artículo 254 del Código de Trabajo, que permite despedir a trabajadores lesionados en el ejercicio de sus funciones. Esta práctica constituye una grave violación a los derechos humanos y laborales.
El uso sistemático y antisindical del Artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, como herramienta para desmantelar la organización sindical dentro de la empresa.
Exigimos respeto al marco de derechos laborales:
Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS):
Intervención inmediata para detener los despidos masivos y garantizar el acatamiento de los derechos laborales.
Denunciamos la omisión estatal y la negativa reiterada a recibir a la representación de UDECO DOS PINOS, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad de cientos de familias trabajadoras. El MTSS debe actuar con autonomía y compromiso con la justicia laboral.
A la Cooperativa Dos Pinos R.L.:
Exigimos el cese inmediato de las violaciones a los derechos laborales y la restitución del diálogo social y el respeto a la libertad sindical.
Rechazamos el uso de disposiciones legales como instrumentos de represión sindical y exigimos el respeto a la organización colectiva de las personas trabajadoras.
Desde el SIUNED, nos sumamos al llamado urgente por la defensa de los derechos laborales y nos oponemos a las acciones antisindicales de la cooperativa.
Nada que afecte a una persona trabajadora o limite sus derechos nos es ajeno; la lucha sindical es por la defensa de toda la clase trabajadora, porque somos una sola clase, unida por la dignidad, el trabajo y la justicia.
¡SOLIDARIDAD CON UDECO DOS PINOS! ¡NO A LOS DESPIDOS DISCRIMINATORIOS!
El Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica (UCR) presenta una nueva producción que analiza el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las personas y comunidades defensoras en el continente. El estudio revela un panorama alarmante: defender derechos no debería costar la vida.
A lo largo de América, quienes protegen ríos, bosques, territorios y comunidades enfrentan amenazas, juicios injustos y campañas de odio. La CIDH advierte que estas prácticas se desarrollan en contextos de violencia e impunidad que buscan silenciar las voces críticas.
El informe también subraya que, sin las personas defensoras, la democracia se debilita y los bienes comunes no perduran; por eso, protegerlas es fundamental.
