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Autor: María José Ferlini Cartín

Mensaje de los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica

«La política no debe someterse a la economía»
Papa Francisco, Laudato Si’, 189

La presentación de lo que sería un nuevo Ajuste Fiscal por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, trae consigo diferentes posiciones y preocupaciones sobre el rumbo de las finanzas públicas que terminan por afectar la calidad de vida de todos.

No desconocemos las graves consecuencias que ha dejado la Pandemia provocada por el COVID-19, pero también tenemos que ser muy francos: los gobernantes de turno y que han estado en el poder, en los últimos treinta años, deben asumir la responsabilidad de decisiones y acciones que ya tenían a nuestro país en condiciones sumamente precarias.

Así lo vemos con los indicadores socioeconómicos que, para nadie son un secreto, pues representan dolor en gran parte de nuestras familias. Desigualdad, pobreza y desempleo son tan solo consecuencias de un modelo económico que no pone en el centro de su desarrollo al ser humano.

El Informe Estado de la Nación, en su versión 2019, explicaba: «la desaceleración económica continúa y está golpeando especialmente a ciertas regiones y sectores. Según las proyecciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el dinamismo seguirá siendo muy bajo en 2020. Frente a ese escenario, el Estado tiene poco margen de maniobra para reactivar la economía, pues el desequilibrio crónico de sus finanzas limita su capacidad para estimular la demanda agregada por la vía de un mayor gasto e inversión. Ese desbalance no deja más opción que el endeudamiento y, además, impone limitaciones a la gestión de la deuda pública, que encarecen el costo del financiamiento y generan riesgos adicionales”.

Costa Rica es víctima de la falta de decisiones dirigidas a una reforma estructural del Estado, a reactivar verdaderamente la economía, a contener el gasto público y fomentar la producción. Si de sacrificios se trata, ya hubo una reforma de ajuste fiscal a finales del año 2018. En décadas pasadas, el país se ha sometido a distintos arreglos, producto de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, y otro tipo de ajustes estructurales.

Como pastores de la Iglesia costarricense, pedimos encarecidamente que se proteja a los más vulnerables y a los sectores productivos; solicitamos particularmente que se mejore la recaudación fiscal, con mecanismos eficientes y transparentes; que se combata la evasión y elusión fiscal, evitando así la corrupción y la irresponsabilidad.

Es fundamental una reducción del gasto público, sin ella no habrá impuestos que aguanten. Si se piensa en impuestos, que estos sean progresivos y no en propuestas que incluyan impuestos regresivos, afectando a los más vulnerables. Que quienes tienen más riqueza y gozan de altísimos salarios y pensiones de lujo, aporten más. Asimismo, clamamos para que no se hagan recortes en los programas sociales destinados a los más pobres y necesitados.

El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (numeral 355) nos ilumina: «Una Hacienda pública justa, eficiente y eficaz, produce efectos virtuosos en la economía». Se requiere «rigor e integridad en la administración y en el destino de los recursos públicos», afirma el mismo numeral.

La clase media de nuestro país, con el paso de los años, ha quedado con poquísimas oportunidades de un mayor progreso, de tener mejor acceso a vivienda o de posibilidades de crecimiento, precisamente porque se han cargado sobre esta clase media algunos de los impuestos creados en los últimos años, y según los nuevos planes de ajuste, este sector sufrirá de nuevo un duro golpe.

Alentamos a que se genere un real y verdadero diálogo, a que se tomen en cuenta los diferentes aportes de grupos sociales, para suscitar una sana discusión con el único fin de buscar el bien común, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Como lo advierte el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si’ (numeral 189): «La política no debe someterse a la economía y ésta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana».

Nuestro llamado es a hacer una pausa, a no acelerar decisiones que hipotecarán el futuro del país por algunas décadas. Dios nos ilumine a fin de tomar el mejor camino para esta y las futuras generaciones.

En la sede de la Conferencia Episcopal, San José, a los 21 días del mes de setiembre del año del Señor 2020, fiesta de San Mateo, Apóstol y Evangelista.

JOSÉ MANUEL GARITA HERRERA
Obispo de Ciudad Quesada
Presidente

DANIEL FRANCISCO BLANCO MÉNDEZ
Obispo Auxiliar de San José
Secretario General

Goicoechea dice no a la combustión química o incineración de residuos sólidos

El Concejo Municipal se manifestó mediante un acuerdo en contra de la aprobación de permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San José de acuerdo al criterio emitido por la Dirección de Gestión Ambiental de este municipio (MG-AG-DGA261-2020, adjunto).

El criterio de la Dirección de Gestión Ambiental “considera que este tipo de tratamiento de residuos (incineración), no contempla el principio de jerarquización, incluido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Ley 8839). Por otra parte, existen importantes vacíos en relación a los costos finales, que esta iniciativa podría traerle a futuro a nuestra Municipalidad, en el caso de que participemos en ella”.

Con esta declaratoria serían ya dos las municipalidades metropolitanas que le cierran el camino a esta cuestionada tecnología.

El Consejo municipal de Belén acordó en junio pasado oponerse de forma tajante a la instalación de proyectos de incineración en los límites del cantón de Belén, por el riesgo que implican para la salud de los pobladores.

Dentro de los considerandos que la municipalidad de Belén expuso señalan: “El país tiene el plan de ser un país descarbonizado al año 2050. Mediante el Decreto Ejecutivo 41561 se oficializó el Plan Nacional de Descarbonización. Dicho plan establece una reducción muy significativa de las emisiones del país que afectan el cambio climático, lo que se contrapone con una planta de incineración, que más bien aumenta las emisiones a la atmósfera y promueve el cambio climático.”

Camino cuesta arriba

La presidencia del ICE Irene Cañas aseguró que no van a facilitar ningún terreno para hacer la incineradora (o cualquier tipo de combustión química) de residuos que busque generar electricidad producto de la actividad puesto que tiene cubierta la demanda de Costa Rica en materia de electricidad; no es del interés del Instituto Costarricense de Electricidad este tipo de actividad ya que buscan una matriz de energía renovable (oficio 0060-300-2020, adjunta).

Mientras la presidenta ejecutiva del IFAM Marcela Guerrero indicó: “La posición de IFAM en concordancia con la posición del Gobierno estableció avanzar en materia de gestión integral de residuos en todas aquellas actividades que tengan por naturaleza menores impactos. No solo disminuyendo los gases de efecto invernadero y cuidando la salud de las personas a través de la calidad del aire. Además, se deben generar condiciones para que las actividades que se desarrollen se apeguen al plan de descarbonización y que generen empleos de calidad bajo la lógica de la economía circular. La Incineración evidentemente no es una actividad acorde con las aspiraciones del gobierno de trabajar la gestión integral de residuos”.

Informes del Dr. Ronald Arrita tel. 8355 8133.

 

Información enviada a SURCOS por Fabián Pacheco.

Encuentro para la Reactivación del Movimiento Patriótico Nacional

El Movimiento Rescate Nacional invita al Encuentro para la Reactivación del Movimiento Patriótico Nacional este próximo 24 de setiembre 2020 a la 10 a.m. en el Auditorio del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), 150 metros Sur de puerta de médicos Hospital San Juan de Dios (2233 0450 / 2233 0380).

Agenda:

  • Acuerdo político multisectorial para la reactivación y articulación urgente del movimiento patriótico nacional
  • Definición y coordinación de acciones conjuntas

Construyamos desde la pluralidad una Costa Rica inclusiva y solidaria
Por la defensa de la patria

UCR: Muestreo de SARS-CoV-2 en aguas residuales ya se efectuó en seis provincias del país

Avance del proyecto Ucrea-UCR

El 75 % de las plantas de tratamiento estudiadas hacen una remoción importante de indicadores de contaminación viral

El 11 de junio de 2020, la Universidad de Costa Rica (UCR) comunicó el trabajo que dos científicas del Instituto de Investigaciones en Salud (Inisa-UCR) están liderando a fin de cuantificar, en las aguas residuales de todo el país, la carga viral del SARS-CoV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19).

Las investigadoras son la Dra. Luz Chacón y la Dra. Kenia Barrantes y, al 21 de septiembre de 2020, ya se tienen los primeros avances.

Las profesionales, en conjunto con Eric Morales Mora, especialista en salud ambiental de la UCR; y el Laboratorio de Aguas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), efectuaron el muestreo de las aguas residuales en seis provincias de país.

Lo anterior ha permitido analizar el funcionamiento de las plantas con respecto a la eliminación de virus patógenos y obtener algunos resultados preliminares.

“Si bien, aún no se ha podido determinar la carga viral del SARS-CoV-2 debido a la carencia mundial de los insumos necesarios para hacer las pruebas, si se ha determinado que cerca del 75 % de las plantas de tratamiento estudiadas están haciendo una remoción importante de colifagos somáticos. Esto indica que esas aguas son seguras para su descarga en ríos”, afirmó la Dra. Chacón.

¿Colifagos somáticos?

Los colifagos somáticos son indicadores de contaminación viral que tienen la ventaja de ser más baratos y fáciles de analizar en los laboratorios.

Estos microorganismos no enferman al ser humano pero, al igual que los virus dañinos, se reproducen dentro del intestino y pueden llegar al ambiente de la misma manera que los virus que sí enferman a las personas. ¿Un ejemplo? El virus que causa la enfermedad de la hepatitis A.

Pero no solo eso. Ante los procesos de tratamiento de las aguas, los colifagos somáticos también tienen una respuesta de eliminación o supervivencia similar a los virus potencialmente dañinos. Esto los hace excelentes marcadores porque, en términos simples, si hay poca presencia de colifagos somáticos, es probable que también haya poca presencia de virus patógenos.

Por esa razón, las científicas, mientras esperan la llegada de los insumos para cuantificar el SARS-CoV-2, en estos momentos usan los colifagos somáticos para evaluar otros virus generadores de enfermedades como el Norovirus, Enterovirus y, el que ya se mencionó, el virus de la hepatitis A.

“En estudios realizados entre Inisa-UCR, el AyA y la Universidad del Sur de Florida determinamos que, después de un tratamiento de aguas, cuando se descargan menos de 3000 UFP/100 mL de colifagos somáticos, el riesgo de que esas aguas carguen virus patógenos es mínimo”, indicó la Dra. Chacón.

El aporte de este estudio genera una contribución fundamental en el marco de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Por lo general, las aguas residuales tratadas caen en los ríos, la cual luego es usada para otros fines. Ante esto, de acuerdo con la Dra. Chacón, es muy importante garantizar que el líquido que sale de esa planta de tratamiento realmente tenga cantidades mínimas de virus que se puedan diluir y no afectar la salud personas.

“Es muy importante que las instituciones públicas se unan y realicen proyectos conjuntos para el bienestar de la sociedad. En esta caso, la UCR con su trayectoria y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), específicamente con el Laboratorio Nacional de Aguas, para trabajar en proyectos de interés con resultados de alto impacto y confianza. Trabajar con las doctoras ha sido muy gratificante y esperamos que siga siendo muy provechoso”, destacó Pablo César Rivera Navarro, microbiólogo especialista del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA.

En la imagen se puede visualizar un cultivo de bacterias para identificar presencia de fagos. En este caso particular son colifagos, virus que infectan a una bacteria conocida como Escherichia coli. Si hay presencia, los fagos rompen las bacterias y hacen hoyos. En la imagen, los diferentes espacios que se ven en la capa (como de color gris) son los fagos.

Más allá de los virus

Las científicas también están analizando si existe la presencia de parásitos como el Cryptosporidium spp y Giardia sp en las aguas residuales. Estos microorganismos se encargan de generar diarreas muy fuertes en las personas y, si el individuo tiene un sistema inmune comprometido, su vida puede correr riesgo.

La Dra. Chacón mencionó que, en el caso de encontrar estos microorganismos o gran cantidades elevadas de virus patógenos, es probable que la remoción no sea óptima en esas aguas, lo que permitiría que agentes dañinos sean descargados.

Lo curioso aquí es que, si se encuentran esos virus, no necesariamente se hallaría al SARS-CoV-2. Justo por esta razón se requiere la prueba molecular que están esperando.

“En las aguas residuales se podrían descargar grupo de virus como rotavirus, Norovirus, Hepatitis A, por ejemplo, pero es poco probable que esto ocurra con SARS-CoV-2. La razón es porque la estructura viral lo hace más vulnerable a los procesos de tratamiento. Por ese motivo es necesario el análisis molecular”, dijo la Dra. Chacón.

Lo que sigue

Las científicas esperan que en el transcurso de un mes reciban los kits de extracción de ARN viral de muestras de aguas y los reactivos de biología molecular para realizar la determinación de SARS-CoV-2 y su carga viral.

Asimismo, planean incluir la provincia que hace falta: Cartago, en donde se prevé valorar una planta privada para tener la representatividad completa.

“Estamos realizando muestreos de acuerdo con un programa que se estableció con colaboradores estadísticos. Además, estamos realizando los análisis de virus indicadores y almacenando las muestras para que en el momento que se nos entreguen los reactivos necesarios iniciar el análisis de carga viral”, dijo la Dra. Chacón.

Cuando ese proceso culmine, lo que sigue es la divulgación de los resultados a las autoridades de salud, con el propósito de que estos puedan ser utilizados como insumos en la toma de decisiones asociadas a la pandemia.

Este proyecto es financiado por el Espacio Universitario de Estudios Avanzados (Ucrea) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

 

Jenniffer Jiménez Córdoba
Periodista, Oficina de Divulgación e Información

UCR: Sede del Atlántico publica textos de apoyo educativo para fortalecer enseñanza de la lengua cabécar

Diccionario escolar y texto bilingüe dirigido a niños fortalecerán procesos pedagógicos en escuelas de la región indígena de Chirripó.

En el marco de las actividades de investigación y acción social que realiza en el territorio indígena de Chirripó, la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica acaba de publicar dos textos educativos que servirán de apoyo pedagógico al trabajo que realizan docentes de lengua y cultura cabécar en dicha región.

Se trata de los textos titulados Diccionario escolar del cabécar de Chirripó e Itsó pákë́ (Historia de Itsó). Ambas obras fueron escritas por Guillermo González Campos, profesor de la Sede del Atlántico, y Freddy Obando Martínez, indígena cabécar.

El diccionario constituye un esfuerzo investigativo de casi diez años que busca contribuir de forma significativa con el conocimiento, protección y conservación del patrimonio lingüístico del cabécar, idioma indígena costarricense.

Debido a ello, está dirigido principalmente a la población cabécar de este territorio indígena, en especial a aquellos que estudian y enseñan en la educación primaria. Pero también podrá ser de provecho para otros usuarios: estudiantes de diversas edades, personas interesadas en aprender cabécar como segunda lengua, lingüistas, lexicógrafos, etc.

Además, constituye una obra innovadora, pues incorpora apartados enciclopédicos que intentan sintetizar lo más relevante de la cultura cabécar. De esta forma, se incluye información relativa a aspectos culturales como relatos y tradiciones orales, artesanías, comidas, bebidas, alimentos, plantas medicinales y formas de curación tradicional y la función social de algunos rituales y cargos tradicionales de este pueblo indígena.

Hasta ahora, la mayoría de los diccionarios de lenguas indígenas hechos en Costa Rica se han limitado a recoger el acervo léxico de un determinado idioma centrándose de forma específica en los aspectos de significado.

Sin embargo, en este caso se procuró trascender dicho esquema en aras de crear una herramienta valiosa que permita la promoción y conservación del patrimonio cultural de los cabécares, así como el diseño e implementación de estrategias adecuadas para la aplicación de la interculturalidad en las escuelas de Chirripó.

Es importante tener en cuenta que la región indígena de Chirripó posee una realidad multilingüe y multicultural que necesita crear, con urgencia, espacios educativos de mantenimiento lingüístico que permitan que el español, la lengua dominante de Costa Rica, no debilite ni acabe con la lengua indígena. El cabécar es la lengua vehicular de la región. El 96,7 % de la población la habla con fluidez.

El diccionario, por otra parte, ha estimulado la creación de tecnología emergente. Ya se está trabajando en la plataforma web que permitirá su consulta por medio de la Internet. Se espera que esta esté disponible a inicios del próximo año.

Además, gracias a un trabajo colaborativo con Rolando Coto, especialista en Lingüística Computacional, y la estudiante Victoria Quint, ambos del Dartmouth College, de Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el léxico del diccionario se ha tomado como base para el desarrollo de un teclado predictivo de cabécar cuya versión beta ya se encuentra disponible en la web.

Este teclado permitirá escribir mediante celular esta lengua con mayor soltura y rapidez. Es importante destacar que se trata de la primera tecnología de este tipo disponible para una lengua indígena costarricense.

La obra Historia de Itsó, por su parte, consiste en una edición bilingüe (cabécar-español), ilustrada y publicada a todo color cuyo objetivo es, al igual que el diccionario, servir de apoyo educativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las clases de lengua y cultura cabécar de la región indígena de Chirripó.

El pequeño libro narra, como su nombre lo indica, una serie de acontecimientos que involucran a Itsó, uno de los personajes emblemáticos propios de la literatura oral cabécar. Básicamente, este es un ser maligno que es conocido por haberse comido a la madre de los Së́rikë́wá, los Niños Huracanes, lo cual provoca la furia y venganza de Tala yaké, el padre de estos.

Un aspecto que sobre sale en el texto son las ilustraciones a colores que complementan con gran acierto y destreza la historia narrada. Dichas ilustraciones fueron desarrolladas por Arturo Peña Hurtado, profesor de la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Atlántico, quien para su elaboración contó con el apoyo de Freddy Obando, coautor del libro, en aras de confeccionarlas sin violentar las convenciones culturales del pueblo cabécar.

Según manifestó Guillermo González, coautor del libro, “Itsó pákë́ es una obra dirigida a un público más que nada infantil. Tiene por objetivo iniciarlos en la lectura por medio de un texto de su propia cultura. Quienes tienen materiales producidos a diario, como los periódicos, no tienen conciencia de la importancia de contar con materiales escritos en una lengua indígena como el cabécar. Estos suelen ser muy escasos y a veces publicados en condiciones materiales muy humildes”.

Es importante mencionar que la Historia de Itsó se publica gracias al apoyo económico del Colegio de Costa Rica, instancia del Ministerio de Cultura y Juventud encargada de fomentar las artes literarias, pues la obra fue ganadora del IX Convocatoria de Becas para el Fomento de las Artes Literarias de dicha institución.

Para finalizar, no deja de ser importante mencionar que actualmente ambos materiales se están repartiendo de forma gratuita en el territorio indígena como parte de los proyectos de extensión que la Sede del Atlántico desarrolla en la región.

Debido a la emergencia sanitaria que se vive, no ha sido factible hacerlo de forma presencial. En su lugar, se coordinó con directores y maestros de la zona para que los libros fueran distribuidos los días previstos para la recolección tanto de la comida como las guías de trabajo autónomo que deben desarrollar los estudiantes en sus casas.

Los 250 años del nacimiento de Hegel y su entorno histórico / conferencia

El Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF) y la Asociación Costarricense de Filosofía (ACOFI) le invitan este miércoles 23 de setiembre a las 6 p.m. a la conferencia: «Los 250 años del nacimiento de Hegel y su entorno histórico«, con la participación del Dr. Arnoldo Mora Rodríguez.

Modalidad de Plataforma Zoom.

ID: 72074715066

Código de acceso: 3U5cQH.

SINTRACOBAL: programa sindical de reinserción a la educación formal

Maikol Hernández Arias acompañó al segundo grupo de trabajadores afiliados a SINTRACOBAL, en su juramentación y retiro de títulos de bachiller en secundaria.

Este grupo, es el resultado del programa sindical de reinserción a la educación formal impulsado por dicho sindicato, donde trabajadores, parejas e hijos, han retomado sus estudios formales y avanzado significativamente.

Esto ha sido posible gracias a la articulación de esfuerzos con CONED-UNED, quienes han atendido con esmero, dedicación, mística y convicción, al sector trabajador y sindical como parte de sus objetivos educativos y sociales. “Muy agradecido particularmente con las señoras Marilin Sanchez Sotela y

Daisy Madrigal, funcionarias del CONED, por todo su apoyo, acompañamiento y disposición, para con los estudiantes y la organización sindical”, resaltó Maikol Hernández en la publicación hecha en su página de Facebook. También Hernández felicitó al compañero Joe Guillen Rojas, secretario de educación de SINTRACOBAL y su equipo de trabajo, por sus importantes aportes y liderazgo en este programa, así como a los trabajadores y sus familias por todo el esfuerzo y sacrificio realizado.

“La educación es el proceso por medio del cual se construye una sociedad con mejores y mayores oportunidades”.

La Primera Dama Claudia Dobles Camargo

Vladimir de la Cruz

Damos el nombre de Primera Dama a las esposas, o compañeras, del Presidente de la República. Por extensión se ha ampliado el concepto a las esposas de quienes ejercieron el cargo de Jefes de Estado, antes de 1848.

A las esposas de los Gobernadores coloniales, y de quienes ejercieron el principal cargo de Gobierno o Administración colonial, antes de1821, no les alcanza el título de Primera Dama, que no existía para esa época, ni para ninguna mujer de alguno de esos funcionarios. A lo sumo el de ser su reconocida esposa, para lo cual su referencia era “Doña” o “Señora” si a su esposo se le llamaba “Don” o “Señor”.

Al “Don” correspondía la “Doña”, término que se sigue usando con bastante frecuencia, hoy más por respeto al referirse a una persona o a su esposa, del mismo modo que se usa “Señor” o “Señora”, generalmente para personas mayores, o por simple buena educación.

El “Don” y la “Doña” servía para distinguir a quienes tenían, o se les atribuía, origen noble, que reflejaba una clase social alta, frente a los plebeyos, que calificaba una clase social baja. El “Señor” se usa igualmente por respeto o cortesía, y se puede utilizar antecediendo nombre o apellido. Deviene su uso de los señoríos, de las tierras donadas o heredas que tenían también vasallos, conceptos que se proyectaron con la dominación española. Los señoríos prácticamente se abolieron con la Constitución de Cádiz en 1812. Los señores tenían derechos señoriales propios, entre ellos el de pernada, o el de prima noctis, con sus trabajadoras, o mujeres dependientes o vasallas.

Un Señor era un Amo, un Dueño, un Propietario, de cosas, lo que se extendía a personas. Era un Patrón o un Jefe, lo que reflejaba también una posición de mando y de dominio de una cosa, lo mismo que sobre uno o más criados. De aquí quizá derivaba la idea de “Señora de….”, poniéndose de seguido el apellido del esposo.

“Don” y “Señor” son hoy simples conceptos de tratamiento protocolario de nuestras relaciones sociales, que vienen desde la época colonial para nosotros, y de la tradición hispana que nos impusieron.

Al iniciar mis cursos en la Universidad siempre empezaba explicando esto para que no me llamaran Señor o Don, indicando que ninguno de mis estudiantes en ese momento sería considerado en esa condición de vasallo. Además les decía que no tenía raíz nobiliaria, aunque el Libro de El Quijote está dedicado a un pariente lejano, al Conde De Lemos. Que la mejor forma de llamarme era directamente por mi nombre, Vladimir, o de una forma respetuosa diciéndome Profesor, porque tenía el oficio de enseñar Historia, el curso en que se matriculaban a mi cargo.

Igualmente, les decía que en un régimen republicano lo más correcto era dirigirse a una persona diciéndole “Ciudadano” o “Ciudadana”, siguiéndole de su nombre, como a veces recordamos al Prócer de nuestra Independencia, al Ciudadano Pablo, a Pablo Alvarado Bonilla.

En la correspondencia oficial de la República de Costa Rica, y en la Protocolaria, así se debería estilar, Ciudadano…, Ciudadana…, siguiéndole el nombre o el cargo que tenga la persona. La Revolución Francesa fue la que introdujo la práctica de llamar “Ciudadano” o “Ciudadana” a las personas, reconociéndole con ello Derechos y Libertades, que no tenían los vasallos.

De esta forma, ni en la colonia, bajo la dominación española, ni en el período republicano inmediato a la Independencia, durante el Siglo XIX, y adentrado el Siglo XX, se denominó de una manera particular, y distinguida, a la esposa de quien ejercía la Jefatura de Estado o la Presidencia de la República, más allá de reconocerle su condición de esposa.

En algunos países a la esposa del Presidente la llamaban “la Presidenta”, sin tener carácter oficial, como todavía no lo tiene bien establecido. Así se le dijo, por ejemplo, en una ocasión, a la esposa del Primer Presidente de Estado de Costa Rica, José María Alfaro, en 1847, que usó el título de Presidente.

Señalo esto porque el concepto de Primera Dama se asocia a la tradición estadounidense, cuando se usó por primera vez, para referirse a la esposa del Presidente Rutherfod Hayes, quien asumió su Presidencia en 1877, y así se refirieron a ella en un artículo periodístico.

En 1911, con motivo de una comedia, “The First Lady in the Land”, que refería a Dolly Madison, esposa del Presidente James Madison, 1809-1817, empezó a popularizarse. Y luego por la Primera Dama Eleanor Roosevelt, que le dio más fuerza a este término por su labor públicamente reconocida.

En Costa Rica se empezó a usar el término Primera Dama hasta la década de 1930. Desde entonces es común referirse de esa manera a la esposa de quien ejerce la Presidencia de la República.

Desde hace algunos gobiernos se usa papelería “oficial” con la distinción de “Primera Dama” para la correspondencia respectiva, y las gestiones que se originan en el Despacho de la Primera Dama.

Especialmente desde el período de la Segunda República, (1948 hasta nuestros días), es frecuente darle este trato a la esposa del Primer Mandatario de la Nación.

Se conoce bastante bien la vida de los Jefes de Estado y de los presidentes, pero no se conoce tanto la de sus esposas. De las recientes popularmente se conocen sus nombres, que es lo más frecuente, pero poco se sabe sobre su vida, su carácter, sus gustos, incluso en las campañas electorales no se divulga su hoja de vida, su currículum, aun cuando es usual que algunas tengan vida profesional propia, y es más común que tengan un papel más protagónico en la Casa Presidencial y en las acciones públicas, que se le encargan, y que por cuenta propia impulsan desde su Oficina, desde el Despacho de la Primera Dama, que se les asigna, para atender aspectos relacionados con el área social o cultural del Gobierno.

Lo más usual que ha sido es que se desdibujen las Primeras Damas, en la hoja de vida de sus esposos, perdiendo de esa manera su propia humanidad. Sin embargo, desde sus puestos de “combate”, al lado de sus esposos, han contribuido de muchas maneras a la gestión de gobierno, a mejorar desde sus prácticas laborales, desde su Despacho, lo que les corresponda para lo que consideran el mejor desarrollo nacional y la atención de importantes problemas sociales.

Como los presidentes son variados en todo sentido, igualmente variadas o distintas son las Primeras Damas que han habido, desde orígenes campesinos hasta oligarcas, desde mujeres que ni siquiera sabían firmar hasta graduadas universitarias, desde exclusivamente “amas de casa” hasta profesionales distinguidas.

El concepto aquí usado de “amas de casa” no es peyorativo, es simplemente el que se hacía de las mujeres que estaban dedicadas exclusivamente a sus labores de hogar, de esposa, madre y muchas veces abuela, de trabajadora doméstica en toda la extensión del término. Una vez que me atendió, para una escritura, mi admirado profesor de Derecho, Rogelio Sotela, al referirse en la escritura a mi esposa, en ese momento estudiante, todavía de Medicina, la consignó, con gran elegancia, y por su refinada educación y cultura, como “Dama de su Hogar”, un concepto que me encantó para referirse a las mujeres, a todas, a las tradicionales “amas de casa”.

Hay que reconocer que las Primeras Damas son seres humanos, comunes, corrientes, con virtudes y defectos, pero a la vez distinguidas, que derivan ese reconocimiento por las circunstancias de la vida política que las coloca en esos puestos, que son los que les dan esa distinción. Si no fueran la esposa del Presidente serían una mujer más del conjunto de las mujeres nacionales, como sucede con el conjunto de las esposas de candidatos electorales que al pasar las campañas desaparecen de todos los escenarios, públicos y políticos, hasta del que siguen teniendo algunos de esos candidatos, excepto las que brillan por cuenta propia.

Todos los candidatos a Presidente, los que han habido en campañas electorales anteriores, y de la que viene en el 2022, tienen, con sus respectivas esposas, esa posibilidad de que se les llegue a llamar y reconocer como Primera Dama de la República.

En este sentido me parece absolutamente demagógico que políticos, en puestos legislativos, y fuera de ese escenario, algunos con aspiraciones de candidaturas presidenciales, desde los propios partidos políticos, y otros atrincherados desde medios de comunicación, algunos aspirantes reales y otros subterráneamente, junto a los que utópicamente se lo sueñan, se pasen criticando a la actual Primera Dama por su importante papel público en algunas obras y acciones del Gobierno. Efectivamente no estamos acostumbrados a estos papeles protagónicos, lo que choca con la cultura machista y misógina política.

Lo mismo vale para los hombres fuera del teatro de la política, de la vida ciudadana normal, cuando critican acremente, desabridamente, sin contenido alguno, el papel descollante o relevante que tiene la Primera Dama…al estilo tico vulgar de bajarle el piso hasta donde puedan. Más misoginia no pueden expresar. Quizá también es envidia al compararse con la Primera Dama.

Lo único que demuestran, quienes así actúan, es su misoginia política, su odio y su aversión ancestral a las mujeres, especialmente a las que como ellos están en el ámbito público, haciendo cosas, desarrollando proyectos, impulsando obras, en el campo político e institucional, y se sienten retados, aunque la Primera Dama no signifique ningún obstáculo para sus aspiraciones y posibles candidaturas, o precandidaturas, porque ella por sí no puede, mientras sea esposa del Presidente, ser candidata a Presidenta en las próximas elecciones, por impedimentos constitucionales y legales que se lo impiden.

Les choca ver una mujer alfa, en el buen sentido de la palabra y significado, porque seguramente son opresores, dominadores, en todos los aspectos, de sus propias esposas e hijas, en sus hogares, a quienes las marginan, les restan y niegan participación activa, como la tienen ellos, ni tampoco las consideran siquiera como Damas de Compañía de ellos mismos, para estar apareciendo, con ellos, aunque sea protocolariamente, o para la foto, como se diría popularmente, en sus actos y vida política, porque algunas quizá hasta los puedan superar y opacar.

Para ellos no son ni siquiera “Damas de su Hogar”, simples amas de casa, trabajadoras domésticas sin salarios, y quizá, en el mejor de los casos, apenas gozando de buen trato.

En las Campañas políticas electorales, desde hace varios procesos electorales, a la hora de postular Presidente, se hace par con su esposa. A la hora en que se termina eligiendo al Presidente también se elige con él a la Primera Dama. Así es. Nadie debe engañarse que con el Presidente no se eligió una Primera Dama, de la que se espera también un resultado positivo.

La gente, los ciudadanos, los electores que votan por un candidato, votan también por su esposa. No es válido decir, como algunos señalan ahora, que no votaron por la Primera Dama, criticando sus trabajos y acciones públicas. Se ganaron con el Presidente Carlos Alvarado a la Primera Dama Claudia Dobles Camargo, como se ganaron igualmente a todas las Primeras Damas que les precedieron, con esa distinción y reconocimiento, cuando votaron en procesos electorales anteriores por otros Presidentes.

Entre las Primeras Damas de Costa Rica las ha habido de distintas nacionalidades, obviamente dominando las costarricenses, y junto a ellas cuatro nicaragüenses, dos estadounidenses, una belga, una británica, una canadiense, una hondureña, una mexicana, una salvadoreña, una española, y algunas pocas de doble nacionalidad. Igualmente las ha habido de distintas provincias, excepto de Puntarenas y Limón.

En estos niveles se cruzan familiarmente muchas, como parientes cercanas, de ellas mismas o de sus esposos.

Fue con Juan Rafael Mora Porras que la Primera Dama llegó a tener una discreta presencia y participación en actos protocolarios.

En una época había una Casa Presidencial para el Presidente y su familia, a modo de vivienda oficial, con gastos a cargo del Estado. Desde que llegó a la Presidencia Rodrigo Carazo Odio, 1978-1982, el Presidente y su familia viven en su propia casa o apartamento.

En la inmensa mayoría de países del mundo hay una Casa Presidencial, para quien ocupa ese puesto, con toda la atención a cargo del Estado, bajo estrictas reglas de gastos. Incluso hay Casas de Huéspedes de Estado, para atender funcionarios extranjeros distinguidos que vienen en misión especial ante el Poder Ejecutivo o en Misión de Estado, principalmente. ¿Por qué no restablecer la Casa Presidencial, para quien ejerce la Presidencia de la República, y su familia?

Con el reconocimiento de derechos políticos para la mujer en 1949, y con su mayor participación en el proceso productivo nacional, se empezó a modificar más fuertemente el papel de las Primeras Damas.

Hoy las Primeras Damas no escapan del escrutinio de las Encuestas de popularidad que se le hacen a funcionarios públicos o destacadas personalidades políticas, donde las incluyen.

Hay diputados que se pasan cuestionando la existencia de la actual Primera Dama ante la Procuraduría General de la República, pidiendo, uno de esos diputados, por su ignorancia, que le definan la naturaleza del cargo de Primera Dama, que le precisen los alcances de sus Derechos y Deberes, y hasta los alcances de ese nombramiento, como si el Presidente la hubiera nombrado Primera Dama. Fue el pueblo de Costa Rica el que la designó Primera Dama, al escoger de Presidente a Carlos Alvarado.

¿Podía esperar el diputado, Erick Rodríguez Steller, que la Procuraduría General de la República destituyera a la Primera Dama o recomendara su destitución, o que la saquen del edificio del Poder Ejecutivo, que llamamos Casa Presidencial? Se necesita estar chiflado para esperar algo así, o no entender que él forma parte del Poder Legislativo, y que esa pregunta a la Procuraduría no tiene nada que ver con “control político”, ni con mesura ni razonabilidad alguna.

Le preguntó el diputado Erick Rodríguez Steller a la Procuraduría si la Primera Dama debe tener espacio físico en la Casa Presidencial. ¿Dónde piensa él que va a trabajar la Primera Dama? ¿Fuera de la Casa Presidencial? ¿En su casa particular? Si, así como piensa de la Primera Dama actúa sobre su señora esposa y las mujeres de su familia, ¡Pobrecitas su señora esposa y las mujeres de su familia! Las debe tener enjauladas…

El diputado Erick Rodríguez Steller pregunta a la Procuraduría si la Primera Dama debe tener equipo de oficina y personal a su cargo. En su casa seguramente su señora, su Primera Dama hogareña, supongo que es así, si es que ella, su esposa, lo hace, limpia los pisos con trapos a mano, como hacían antes algunas empleadas domésticas.

Pregunta si la Primera Dama debe tener escolta, chofer, asistentes. El colmo en este país, lo ridículo y lo hipócrita en control de gasto, es cuestionar las escoltas del Presidente, como las de la Primera Dama, y si fuera necesario las de su hijo. Eso deben tenerlo. Es obvio, natural y obligado, aun cuando la familia presidencial se desplace a sitios de descanso o vacacional. Hay que cuidar de su seguridad. Eso no debe tener discusión alguna.

Hay gente de izquierda que los he oído criticar este asunto. A todos los gobernantes de izquierda y progresistas se les da un cuido, con escoltas y cuerpos de seguridad extremos. Las mismas razones que hay para ellos las hay para otros gobernantes. La gente de izquierda a veces pierde el sentido de la vista de lo que critican y luchan en contra, aquí, y defienden en el extranjero, eso mismo, al defender esos gobiernos de izquierda o progresistas. La gente de derecha, y otros, lo hacen más por criticar los llamados gastos de Estado, donde se van también los salarios, las pensiones, los pluses obtenidos por convenciones colectivas.

En la realidad, todavía hasta hoy, la Primera Dama no tiene un papel oficial, un nombramiento oficial, un reconocimiento o sitio debidamente reconocido y bien definido dentro de la Administración Pública, ni funciones precisas. Tampoco salario o reconocimiento económico a la labor que se le encarga, en el llamado Despacho de la Primera Dama, aunque el Presidente, porque es así, le asigne tareas, programas a su cargo, para lo cual le “prestan” personal de apoyo, a veces traído de otros ministerios, o le nombran asesores para su mejor desempeño. Al no tener ese reconocimiento el que se le da en la práctica es el de igualarla a cualquier esposa, que no trabaja fuera de su hogar, y que tampoco genera ingresos propios de tipo salarial.

La condición de Primera Dama se ha venido regulando por reglamentación propia del Poder Ejecutivo, que está facultado para ello. Es una reglamentación floja, débil, nada rigurosa, como quizá debería ser para darle el sitio de distinción que públicamente se le reconoce. Mucho puede depender, esta reglamentación, de cada gobierno que entra, y de cada Presidente según estime el papel que debe jugar la Primera Dama, su esposa, a la par suya.

Nuestro régimen político institucional está caracterizado por un sistema presidencialista, donde cada gobierno marca sus necesidades fundamentales, como las de regular el campo de acción de la Primera Dama.

En general la Primera Dama es un cargo reservado para la esposa del Presidente. Pero, en su ausencia, por no estar casado o por estar viudo, bien podría desempeñar ese cargo la Madre del Presidente o una hija, como ha sucedido, y se acepta hasta una hermana. Ya ni se necesita estar casado formalmente. La que viva en unión libre con el Presidente puede ser Primera Dama, con todos los reconocimientos que no nacen de un acta matrimonial, sino de una vida en pareja públicamente reconocida. Ya ha sucedido…es la nueva época que vivimos. Hasta hemos tenido un Primer Caballero de la República, así se reconocía al esposo de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda.

La Primera Dama forma parte del círculo más cercano, más íntimo, estratégico y quizá táctico también, que rodea al Presidente y trabajan o colaboran bajo su autoridad y dirección, que participan de la definición y toma de decisiones, al margen del Gabinete o Consejo de Ministros, sin que la Primera Dama tenga asiento oficial en esa instancia.

La Primera Dama tiene bien ganado, desde hace muchos gobiernos, su propia Oficina o Despacho en la Casa Presidencial, no necesariamente, desde el punto de vista físico, a la par de la Oficina Presidencial. Es parte también en ese trabajo de su apoyo moral y emocional en las tareas diarias.

Ciertamente el cargo de Primera Dama no es de elección directa. Lo es de elección indirecta, con el Presidente va la Primera Dama, la esposa que tenga. El no la eligió como candidata a Primera Dama, él la eligió como Compañera para la Vida, para toda la vida, como juran vivir los cónyuges, en el acto que deciden impulsar esa tarea, esa sociedad conyugal o matrimonial, ese contrato matrimonial, cuando deciden tirarse al río de la vida y rodar, como dos piedras puliéndose juntas, en los vaivenes de esas aguas, como decía mi abuelita materna, que así eran los matrimonios.

¿A quién le debe rendir cuentas la Primera Dama? Al Presidente. No tiene obligaciones con nadie más. ¿Debería tenerlas? Si decimos que sí, entonces reconozcamos su existencia institucional con toda la formalidad, asignémosle oficialmente un salario, un equipo mínimo de funcionarios a su cargo, tareas de Estado específicas a su cargo, más las que el Presidente le asigne o recargue.

Mezquinamente a la Primera Dama no se le asigna salario, porque se reproduce en ella exactamente el papel que tienen la inmensa mayoría de las mujeres en Costa Rica, el de trabajar en sus hogares sin salarios, realizando los dobles y triples trabajos. La Primera Dama reproduce en este aspecto esa situación y condición de desventaja que tienen muchas mujeres costarricenses, dedicadas exclusivamente a las tareas clásicas hogareñas. En este sentido la Primera Dama Dobles representa a todas las mujeres costarricenses, trabajadoras, esposas, compañeras, madres e hijas.

El trabajo de la Primera Dama cada vez es más profesional y técnico en sus funciones. Es más demandante su presencia, no solo para salir en la foto o en actos protocolarios.

En su terrenal existencia y en su celestial posición son apoyadas y criticadas públicamente. Su vida no es fácil. Muchas veces es complicada por las simpatías o enemistades que gratuitamente se ganan con su sola presencia y existencia en la vida política nacional.

En lo que yo sé la Primera Dama no es responsable ante el Poder Legislativo, por lo que podría no ser citada por este Poder, como parte del control político, en su condición de Primera Dama.

En general todas las Primeras Damas que ha habido han cumplido con acompañar a sus esposos donde se les pide que asistan, en los actos protocolarios que les pueden ser propios, en la participación de eventos sociales, ceremoniales y diplomáticos, en actos benéficos que asumen o tienen a cargo, y de manera especial en aquellos actos que asumen de políticas públicas, con encargo o por la confianza depositada por el Presidente, su esposo.

En América Latina vemos constantemente cómo las esposas de presidentes participan cada vez más, y de manera muy activa en la vida política. En países latinoamericanos incluso han continuado la labor presidencial, como presidentas electas, como en Argentina, seguida de la de su esposo. En Guatemala lo intentó. En Nicaragua incluso participa como vicepresidenta. En Estados Unidos algunas han sido sobresalientes, Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy, Hillary Clinton, Michell Obama…En Europa hay muchas mujeres al frente de Gobiernos, otra dimensión de su presencia.

Aquí, en Costa Rica, es que somos muy hipócritas en este campo. Se obstaculiza la participación de la Primera Dama porque estorba a los intereses de quienes quieren ocupar esos escenarios públicos.

En el caso de la actual Primera Dama, Claudia Dobles Camargo el Decreto Ejecutivo No. 41187-MP-MIDEPLAN del 20 de junio del 2018, ubica el Despacho de la Primera Dama en el área de Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, en el Consejo de Articulación Presidencial, que tiene que ver con Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial, área que comprende las siguientes instituciones, Despacho de la Primera Dama, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Instituto de Desarrollo Rural, Ministerio de Ambiente y Energía, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Costarricense de Electricidad, Refinadora Costarricense de Petróleo, Dirección Nacional de Desarrollo Comunal, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Instituto Costarricense de Turismo y Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.

También la Primera Dama está regulada por el Decreto Ejecutivo No. 40993-MP, del 23 de febrero del 2018, antes de que Carlos Alvarado Quesada asumiera la Presidencia, que en su artículo 150, letra d), detalla las tareas que se le atribuyen a la Primera Dama, como sigue: 1.- apoyar las gestiones constitucionales del Presidente de la República, coordinar procesos y actividades específicas encomendadas por el Presidente de la República, y acompañar al Presidente de la República en sus giras y actos oficiales en estricto acatamiento a las disposiciones protocolarias. 2.- Crear alianzas estratégicas, públicas y privadas para la gestión de proyectos tendientes a lograr cambios significativos en las poblaciones vulnerables, mediante la promoción de una participación activa y solidaria en los procesos de desarrollo comunitario. 3.- Gestionar el acceso a los programas sociales de las instituciones u organizaciones no gubernamentales para poder cubrir las necesidades específicas de las poblaciones vulnerables. 4.- Impulsar acciones que favorezcan a las poblaciones vulnerables a través del diseño y ejecución de actividades y programas de mejoramiento social coordinados con otras instituciones públicas y privadas, así como organizaciones nacionales e internacionales. 5.- Articular instituciones para responder a las necesidades definidas por las y los actores territoriales. 6.- Fortalecer los procesos de diálogo y participación ciudadana para la construcción de consensos locales, y 7.- aquellas otras asignadas por el Presidente…

Un Decreto Ejecutivo, el No. 32300-MP, del 25 de marzo del 2005, del Gobierno de Abel Pacheco de la Espriella, coloca a la Primera Dama como asesora, correspondiéndole “apoyar las gestiones constitucionales del Presidente de la República, coordinar procesos y actividades específicas encomendadas por el Presidente de la República, y acompañar al Presidente de la República en sus giras y actos oficiales en estricto acatamiento a las disposiciones protocolarias”. Con todas esas funciones, ¿cómo se puede dudar de su importante papel?

Por otros Decretos, de otros gobiernos, se asignan otras responsabilidades similares.

La Primera Dama de la República, a todos los efectos, es una funcionaria pública de facto, sin estar regulada por los artículos 115 a 119 de la Ley General de la Administración Pública, Ley No.6227, del 2 de mayo de 1978, sin salario, y sin ese reconocimiento de funcionaria publica, pero sujeta al artículo 2 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 8422 del 6 de octubre del 2004.

El Presidente de la República no tiene ningún impedimento para nombrarla oficialmente en cargo de ministra, si así quisiera, incluso para una obra determinada, como es el ferrocarril, como hizo en su momento el Presidente José María Figueres Olsen, cuando nombró, por cuatro años, al Dr. Longino Soto Pacheco, como Ministro a cargo solo de la obra del Hospital de Alajuela.

La Primera Dama tiene el orden jerárquico de la investidura de su situación, de ser la esposa del Presidente, y en línea de mando la que le autorice o asigne el Presidente, para lo que considere sea bueno para su mejor gestión, sin delegarle funciones que son propias del Presidente, o de funcionarios públicos, con los que se relacione, que tengan funciones propias por ley.

A dicha de todos los costarricenses la Primera Dama Claudia Dobles Camargo es una mujer preparada, trabajadora, profesionalmente competente en el campo de la Arquitectura, con dominio de tres idiomas, con experiencia laboral nacional e internacional en proyectos de construcciones de gran escala.

En sus proyectos del Despacho de la Primera Dama tiene centradas sus preocupaciones en el tren, desde Paraíso hasta Alajuela, tratando de resolver el problema de más de 600.000 personas que necesitan desplazarse diariamente, en el problema de vivienda y asentamientos humanos, y en el ordenamiento territorial, campos que conoce.

¿Por qué no la quieren dejar trabajar? ¿Qué intereses se mueven detrás de quienes no quieren que el tren funcione o se resuelvan problemas de vivienda y asentamientos humanos? ¿Quiénes son los que más se oponen a sus trabajos? Probablemente los lagartos de los autobuseros, los sinvergüenzas que meten en las instituciones de vivienda proyectos en malas tierras, y con malas calidades de materiales, porque las instituciones de Estado, en vivienda, no son las que tienen la iniciativa de los proyectos de vivienda social, y sus representantes o voceros en la Asamblea Legislativa, cuando los tienen, o desde otras tribunas gestoras de opinión pública.

En los ataques que se le vienen haciendo a la Primera Dama, por su condición de Primera Dama trabajadora, de mujer trabajadora, se ataca a todas las mujeres trabajadoras y no trabajadoras.

El ataque es de características de misoginia política. ¿Dónde está el INAMU defendiendo el trabajo de las mujeres, la libertad laboral de las mujeres? ¿Dónde están las decenas de organizaciones de mujeres que no ven que en los cuestionamientos y el reduccionismo que se hace de la Mujer Primera Dama, se está atacando y reduciendo a la mujer costarricense a papeles sociales que parecían superados en este país? ¿Dónde están los organismos que en las universidades estudian la situación de la mujer, que sin prejuicios de ningún tipo, puedan ver esta situación? O, lo peor, es que en su ataque se quiera consolidar y fortalecer el papel de las mujeres en sus dobles y triples trabajos, y en la explotación doméstica que muchas de ellas sufren. No es un problema político de simpatía con el partido de gobierno defender a la Primera Dama. Eso es tarea del Partido Acción Ciudadana que en este asunto está perdido. No se le ve defendiendo a las mujeres en el trabajo que impulsa la Primera Dama.

A las mujeres de Costa Rica se les defiende con la Bandera Nacional, que está siendo afectada y ensuciada por este diputado y sus seguidores, que parecieran abanderados de que las mujeres no trabajen en puestos de gobierno, defensores del doble y triple trabajo doméstico de las mujeres, sin remuneración ni reconocimiento alguno, invisibilizadas, aplastadas por sus alfas machistas maridos.

El Gobierno tiene hasta ahora dos funcionarios excepcionales, el Ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata y la Primera Dama de la República, Claudia Dobles Camargo. ¡Dejémoslos trabajar!

Viendo el payazo se suelta la risa, dice el refrán. Esperemos a ver sus resultados…entonces aplaudiremos o criticaremos…

Escazú sin Costa Rica: a dos años de la apertura a firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas

Nicolas Boeglin

Este próximo 26 de setiembre, se cumplirán 2 años desde la apertura a la firma del Acuerdo de Escazú en Naciones Unidas.

En efecto, desde el 26 de setiembre del 2018, este importante acuerdo regional, adoptado en Costa Rica en marzo del mismo año, está abierto oficialmente a la firma de 33 Estados (América Latine y el Caribe). Su nombre completo es: «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe«.

Pese a haber sido adoptado en Costa Rica el 4 de marzo del 2018, desde la perspectiva del derecho internacional público, la vida jurídica del Acuerdo de Escazú como instrumento internacional inició en el momento en el que fue oficialmente abierto a la firma por parte de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Naciones Unidas, órgano que funge como depositario de este tratado: para ello se convocó a una ceremonia oficial en Nueva York, siguiendo el protocolo formal previsto en Naciones Unidas, en la que participaron varios Estados, tal y como se puede apreciar en este comunicado de prensa del 27 de setiembre del 2018.

Escazú: un nuevo año de vida jurídica que culmina

El texto de este instrumento, que ha proyectado el nombre indígena de este cantón josefino costarricense al mundo, se encuentra disponible en este enlace.

En una nota anterior al cumplirse el primer año de vida jurídica de este valioso instrumento regional auspiciado por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL), habíamos indicado que:

«La falta de interés de algunos Estados, la poca presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil en el caso de algunos Estados firmantes del texto (desde setiembre del 2018), así como la presión de algunos influyentes sectores en la dirección opuesta, pueden explicar estos tímidos resultados para un instrumento internacional extremadamente innovador, tal y como lo explicaremos en las líneas que siguen«.

A la fecha del 20 de setiembre del 2020, según el tablero oficial de Naciones Unidas sobre las firmas y ratificaciones obtenidas, se contabilizan 22 firmas y 9 ratificaciones. Cabe recordar que este instrumento está abierto a la firma y a la ratificación de un total de 33 Estados (los que conforman la región de América Latina y del Caribe).

La última ratificación registrada es la de Ecuador (mayo del 2020), la cual viene a añadirse a las de Antigua y Barbuda, Bolivia, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. Es de señalar que estos tres últimos Estados, así como Bolivia, depositaron oficialmente su instrumento de ratificación el 26 de setiembre del 2019 en Nueva York, al cumplirse el primer año de la apertura a la firma de este instrumento: ello denota el esmero y el cuido de sus respectivas autoridades políticas con relación al cronograma a seguir para el trámite de aprobación y de ratificación de este tratado.

Sobre algunas firmas que no se registran

Con relación a la firma como tal, hay que recordar que, desde la perspectiva del derecho internacional público, la firma constituye una etapa formal previa sin la cual no se puede iniciar el proceso de ratificación de un tratado internacional: sin la firma por parte del Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales, los sectores académicos, los gremios profesionales y los partidos políticos no pueden articular una campaña de ratificación en el seno del Poder Legislativo.

Con respecto al Acuerdo de Escazú, al momento de redactar estas líneas (20 de setiembre del 2020), permanecen ausentes varios Estados de América Latina, en particular Chile, Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela, así como Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Surinam y Trinidad y Tobago.

Habíamos tenido la oportunidad en su momento de hacer ver la profunda inconsistencia del primero de ellos, Chile, ante la comunidad internacional (véase nota nuestra): ello en razón de haber sido, conjuntamente con Costa Rica, el principal promotor durante la fase de negociación de este instrumento durante el período 2014-2018. Como se recordará, días después de la adopción en Costa Rica de este instrumento (marzo del 2018), Chile procedió al acto oficial de traspaso de poderes a sus actuales autoridades, las cuales han mantenido desde entonces sus distancias con este texto. El comunicado conjunto de Chile y Costa Rica del 7 de junio del 2018 (véase texto completo) puede considerarse como el último gesto de Chile en favor del Acuerdo de Escazú.

Este 21 de setiembre, la agencia de noticias DW publicó una nota de prensa que enfatiza en las consecuencias para Chile, de darle la espalda al Acuerdo de Escazú, al titularla: «Chile: el rechazo al Acuerdo de Escazú acaba con la aspiración de liderazgo ambiental«.

Con relación al período de 2 años para depositar la firma a este instrumento (la cual no requiere más que una instrucción enviada al Jefe de Misión en Naciones Unidas en Nueva York por parte del Poder Ejecutivo), este período vencerá este próximo 26 de setiembre (según reza el mismo Artículo 21 del Acuerdo de Escazú). Al respecto, la misma CEPAL publicó recientemente una nota oficial con «información práctica» destinada a explicar de manera detallada a los Estados que tengan aún la intención de firmar este tratado cómo hacerlo.

La situación particular del Acuerdo de Escazú en Costa Rica

Es en el mes de febrero del 2019 que inició formalmente el trámite del expediente 21.245 (véase texto) en la Asamblea Legislativa de cara a la aprobación del Acuerdo de Escazú. Para un texto firmado por Costa Rica desde el 27 de setiembre del 2018, se puede considerar que el entusiasmo para depositar la firma en Nueva York no se mantuvo tan firme para iniciar el trámite de su aprobación ante el Poder Legislativo.

En julio del 2019, fueron 17 mecanismos no convencionales de derechos humanos de Naciones Unidas los que enviaron una carta colectiva a Costa Rica (véase texto completo) instando a sus autoridades a acelerar el proceso de aprobación y de entrada en vigencia, indicando, entre otros puntos, que:

«Este emblemático tratado regional no sólo garantiza una buena gobernanza ambiental y de derechos humanos, incluidos los derechos de acceso a la información, de participar en el proceso de toma de decisiones, así como para buscar reparación, sino que, también es un catalizador para la protección ambiental y el desarrollo sustentable. El Acuerdo enfatiza especialmente el objetivo fundamental de proteger el derecho a vivir en un entorno saludable»

Pese a este llamado hecho a Costa Rica (y a otros Estados), y pese al hecho que Costa Rica fue el Estado anfitrión de la ronda final de negociaciones que le dió el nombre de Escazú a este acuerdo, no ha aún depositado el instrumento de ratificación en Naciones Unidas.

El texto fue aprobado en primer debate por la Asamblea Legislativa el 13 de febrero del 2020 y enviado para consulta preceptiva al juez constitucional.

Al día de hoy, no se ha aún aprobado en segundo debate y el trámite de aprobación se encuentra suspendido a la espera de la notificación del texto completo de una sentencia de la Sala Constitucional. En un primer momento, la Sala Constitucional detectó un vicio en la tramitación de este instrumento (véase Resolución 06134-2020 de marzo del 2020). En un segundo momento, declaró «inevacuable la consulta legislativa preceptiva» (según se lee en el Por tanto de la Resolución 015523-20 cuyo texto completo no ha sido aún redactado).

Nótese que, en el primer voto de la Sala Constitucional, una magistrada consideró útil y oportuno señalar que más allá del error detectado en la tramitación del Acuerdo de Escazú, el texto contiene (según ella) disposiciones que son contrarias a la Constitución: la revisión de los criterios expuestos por esta magistrada evidencia su desconocimiento con relación a algunos principios (muy básicos) del derecho ambiental vigentes. Nos permitimos en particular reenviar a nuestros estimables lectores a un artículo (disponible en línea desde el mes de octubre del 2019) en el que se hace ver que hace muchos años que la legislación y los tribunales costarricenses han incorporado lo que tanto pareciera preocupar a la precitada magistrada (Nota 1).

Es muy posible que el Acuerdo de Escazú no sea bien percibido por varios de los actuales integrantes de la Sala Constitucional: como bien se sabe, este acuerdo viene a precisar en un instrumento vinculante, el alcance contenido en el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992. Este denominado «Principio 10» consagra el principio de participación pública en materia ambiental: su lectura evidencia cuán lejos estamos aún de materializarlo de manera efectiva. En febrero del 2017, la misma Sala Constitucional optó por una significativa regresión con respecto a su jurisprudencia anterior, al considerar en su voto 1163-2017 relacionado al polémico acueducto Coco-Ocotal en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental … ya no es un derecho humano (Nota 2): una sentencia celebrada de inmediato por la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente (véase comunicado de prensa).

Llegar a semejante retroceso jurisprudencial en materia ambiental (Nota 3), se «logra» modificando desde las instancias políticas correspondientes la composición de la Sala Constitucional: sobre este punto preciso, no está de más traer a colación el hecho que, en noviembre del 2012, el magistrado Fernando Cruz Castro fue objeto de una burda maniobra política bajo el pretexto que es un magistrado que «no favorece un clima de negocios» (Nota 4). La ocurrente iniciativa, que logró el respaldo de 38 diputados que votaron a favor, no fructificó, pero sí permitió evidenciar a algunos sectores cuyo silencio y reserva los delató.

Con relación a la participación ciudadana en materia ambiental en Costa Rica, resulta de interés recordar que, en el 2008, el Poder Ejecutivo vetó una ley adoptada el 30 de octubre de aquel año por la Asamblea Legislativa titulada «Ley para Fortalecer los Mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental«: salvo error de nuestra parte, fue el único texto adoptado por el Congreso vetado por el Poder Ejecutivo durante la administración (2006-2010). Nuevamente aquí se evidencia el nivel de profunda crispación que puede generar en algunos sectores, y en sus operadores políticos, el hecho de consolidar mecanismos de participación pública en materia ambiental en Costa Rica.

Un promotor ausente en las firmas (Chile) y el otro en las ratificaciones (Costa Rica)

Al cumplirse dos años desde que se abrió a la firma y ratificación el Acuerdo de Escazú, la falta de ratificación por parte de Costa Rica no debería entenderse como un problema nacional únicamente, paralizado por lo que bien podría considerarse como una sutil maniobra de algunos, empecinados en retrasar o en entorpecer su aprobación en Costa Rica: en efecto, esta ausencia causa un efecto muy grave que trasciende las fronteras del territorio costarricense.

Al tratarse del principal promotor de este acuerdo con Chile hasta marzo del 2018, esta falta de ratificación coloca a las autoridades costarricenses en una situación un tanto ambigua en la región centroamericana, al haber ya sus dos vecinos directos ratificado dicho instrumento (Panamá y Nicaragua).

Cabe también indicar que, al ser un Estado anfitrión de la última ronda de negociación en la que se adopta el texto de un futuro instrumento, este Estado adquiere un compromiso un poco mayor hacia los demás Estados. La práctica internacional señala que usualmente aparece entre los primeros Estados en proceder a su ratificación, confortando así ante la comunidad internacional y ante la opinión pública internacional, su firme compromiso con los objetivos perseguidos por el tratado. Con respecto a otro tratado regional suscrito en Costa Rica, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su adopción en 1969 fue seguida por la ratificación de Costa Rica cuyo instrumento de ratificación fue depositado el 4/08/1970: fue la primera ratificación en el hemisferio americano (tal y como se aprecia en la tabla oficial sobre el estado de firmas y ratificaciones) de este emblemático instrumento del que tanto Costa Rica se enorgullece.

En el caso del Acuerdo de Escazú, la ausencia de ratificación por parte de Costa Rica está enviando una señal sumamente riesgosa para el Acuerdo de Escazú, en particular a algunos sectores políticos en otras latitudes de América Latina, firmemente opuestos a toda consolidación de los derechos de quienes defienden el ambiente.

En Chile, pero también en Colombia, así como en Perú y en Paraguay, se pudo observar la creatividad de algunos sectores políticos en busca de argumentos (falaces y hasta … fantasiosos) para intentar frenar a toda costa la aprobación de este texto: a modo de ejemplo, esta nota de prensa paraguaya sobre la peculiar lectura de la Iglesia Católica en Paraguay que relaciona el aborto al Acuerdo de Escazú (llevando al Poder Ejecutivo a … retirar el proyecto de ley enviado al Legislativo) y esta otra nota de prensa peruana sobre la supuesta pérdida de soberanía de Perú en la Amazonia. Estas, y lo que podríamos calificar como varias otras «joyas«, reflejan la campaña de desinformación a la que se han prestado varios sectores, apoyados por algunos académicos y expertos así como gremios e influyentes medios de prensa, y ello en diversas partes del continente americano.

En un reciente comunicado del mes de agosto del 2020 (véase texto), el Colegio de Ingenieros peruano detalló todas las razones que existen para oponerse a este acuerdo y señaló un último punto … que permite apreciar mucho mejor algunos elementos de esta verdadera campaña en contra de este tratado que se observa en distintas partes de América Latina:

«El Colegio de Ingenieros del Perú considera que aprobar el denominado Acuerdo de Escazú ocasionará graves perjuicios al desarrollo del país, entre ellos: /…/

  1. Ahuyentar las inversiones nacionales y extranjeras, paralizando proyectos viables en perjuicio del desarrollo nacional y aumentando la brecha socioeconómica».

Para valorar la pertinencia de la conclusión que se expone en el punto E, basta con revisar el mismo comunicado redactado por parte de los ingenieros peruanos al señalar, en su parte inicial, que:

«Estas dos leyes peruanas contemplan expresamente los tres derechos ambientales referidos en el acuerdo de Escazú. Asimismo, el Estado ha desarrollado la normatividad integral sobre esos mismos derechos«.

¿Cómo puede ahuyentar la inversión un tratado regional que recoge lo que ya existe en la legislación ambiental peruana?

Notemos que en el listado que contempla el comunicado del Colegio de Ingenieros peruano, aparece el mismo punto que tanto parece preocupar, a muchos kilómetros de distancia de Lima, a la antes mencionada magistrada costarricense (la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental).

Más allá de las contradicciones de unos y otros en su intento por desacreditar el contenido del Acuerdo de Escazú llegando a conclusiones totalmente erróneas, nótese que en dos años de intenso debate con la sociedad civil chilena, el Poder Ejecutivo chileno se ha limitado a brindar declaraciones de varias de sus autoridades recogidas en algunos medios de prensa, pero se ha abstenido de publicar un texto oficial en el que se expliciten y se justifiquen las razones exactas por las que se opone a la firma de Acuerdo de Escazú. ¿Serán razones tan sólidas las que tiene el Poder Ejecutivo chileno para oponerse a este acuerdo que no merecen plasmarse en un documento oficial que lleve el sello del Estado?

No cabe duda que el Acuerdo de Escazú cuenta con muchos opositores que lo perciben como una seria amenaza. A tal punto que, para estos sectores que buscan polarizar la discusión, la simple firma del texto por parte de un Estado debe en sí ya ser combatida.

Foto extraída de nota de prensa de la BBC, titulada “Los países en los que matan a más ambientalistas en el mundo y el terrible récord de América Latina”, 30 de julio del 2019.

La actitud desafiante de algunos aparatos estatales explica la creciente polarización social que se vive en algunos Estados. Es así como, cuando a diferencia de Chile, el Poder Ejecutivo de Colombia optó finalmente por firmar, el 11 diciembre del 2019, el Acuerdo de Escazú, nos permitimos concluir en una breve nota nuestra que:

«… en América Latina, los dos Estados en los que se están dando fuertes movilizaciones y protestas sociales en este cierre del año 2019 coinciden con los dos únicos Estados cuyas autoridades adujeron oficialmente oponerse a la firma del Acuerdo de Escazú».

A modo de conclusión: hacia una próxima entrada en vigencia… ¿sin Costa Rica?

El Acuerdo de Escazú aún no ha entrado en vigor para los Estados que los han ratificado, al tenerse que esperar que sea ratificado por 11 Estados. Por el momento, son 9 las registradas, y, al parecer, el proceso de ratificación en Argentina está en su recta final (véase nota de prensa parlamentaria del 16/09/2020).

La entrada en vigencia de este instrumento, el primero a nivel internacional en extender una protección especial a quienes defienden el ambiente, resulta a todas luces una verdadera urgencia ante los efectos del cambio climático, la pérdida accelerada de la biodiversidad, la desprotección de las fuentes de agua potable y de los suelos en innumerables regiones de América Latina. Pero también ante la imperiosa necesidad de saldar una vieja deuda de América Latina con la participación ciudadana en materia ambiental, con la justicia ambiental y con sus comunidades indígenas.

Más aún en una región del mundo como América Latina, la cual se destaca de las demás por concentrar la mayor parte de asesinatos de líderes ecologistas y comunitarios, acompañados de intimidaciones y de muchas otras formas de socavar los esfuerzos de personas y de comunidades que dedican parte de su vida a la defensa del ambiente.

A modo de conclusión, y volviendo al caso peculiar de Chile, la postura oficial de sus autoridades no puede sino llevar a exacerbar un poco más los ánimos. Nos permitimos citar este valiente comunicado conjunto de organizaciones chilenas, cuyo sentir posiblemente comparten muchas otras comunidades en el resto de América Latina al asistir, impotentes e indignadas, a la destrucción de su entorno natural y de sus fuentes de aguas, y que señala:

«… violento es que las industrias sean la causa de la pésima calidad de vida de quienes habitan en Quintero y Puchuncaví; violento es que exista agua para regar paltos, pero no para el subsistir de las personas; violento es que el pueblo no sea tomado en cuenta y no pueda tener acceso a toda la información que le compete; violento es que nos asesinen por defender el planeta; y violento es que nuestro propio presidente todavía no firme el Acuerdo de Escazú».

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Nota 1: Véase PEÑA CHACÓN M.Acuerdo de Escazú y la carga de la prueba ambiental en Costa Rica«, Portal del Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica, 29/10/2019, disponible aquí.

Nota 2: Sobre este voto sumamente cuestionable, véase este comunicado de la FECON de Costa Rica. Nos permitimos también remitir a los dos siguientes análisis: ARROYO ARCE K., «La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica«, Derechoaldia, edición del 3/04/2017, disponible aquí; SAGOT RODRIGUEZ A., «Regresión en Derechos Humanos por orden constitucional«, artículo de opinión, DiarioExtra, edición del 7/03/2017, disponible aquí.

Nota 3: De manera a no causar mayor sonrojo del provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa que: «231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante«. En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que: «g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinón«.

Nota 4: Esta expresión fue usada por parte del jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) para justificar en noviembre del 2012, la propuesta tendiente a evitar la reelección del Magistrado Fernando Cruz en la Sala Constitucional (véase entrevista realizada por el Semanario Universidad). Este intento fracasó, y dió pié para una movilización raramente vista del gremio judicial y expresiones de solidaridad tanto nacional como internacional, apoyando al Magistrado Fernando Cruz Castro. Desde Naciones Unidas, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de los magistrados y los abogados envió una carta a las autoridades costarricenses (véase texto completo), señalando, entre varios aspectos que:

» quiero expresar mi consternación por las alegaciones según las cuales los acontecimientos en contra del Magistrado Fernando Cruz no representarían un caso aislado, sino formarían parte de una nueva tendencia a la intimidación y control sistemático del Órgano Judicial por parte del Órgano Legislativo«.

 

Este texto fue elaborado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

OIDH se traslada a nuevas instalaciones

La Organización Interseccional Pro Derechos Humanos le informa que se estarán trasladando a las nuevas instalaciones ubicadas en Barrio Amón, “del AutoMercado, 250 metros al Norte, tercera casa a la derecha.

Para más información al teléfono: 2221 1950.