Declaración del Grupo de Trabajo de la ONU sobre discriminación contra mujeres y niñas*
A medida que los gobiernos intentan abordar las crisis económicas y de salud pública sin precedentes causadas por la pandemia de COVID-19, nos preocupa profundamente que las mujeres y las niñas estén sufriendo violaciones aún más graves de sus derechos humanos. En ausencia de respuestas intersectoriales sensibles al género, se exacerbarán las diferentes formas de discriminación sistémica que ya enfrentan las mujeres y las niñas. El aumento dramático en las responsabilidades de cuidado de las mujeres, el aumento de lo que ya era una epidemia de violencia sexual y doméstica, la feminización continua de la pobreza, la proliferación de barreras a la atención médica, especialmente la atención médica relacionada con el embarazo, pondrán en peligro la seguridad y el bienestar de las mujeres, seguridad económica y participación en la vida política y pública, tanto durante como después de la pandemia. Las medidas tomadas por los gobiernos para mitigar los riesgos para la salud y la vida que plantea COVID-19 deben tener en cuenta los atributos y circunstancias específicos que enfrentan las mujeres y las niñas. Estos incluyen, pero no se limitan a su sexo, género, edad, discapacidad, origen étnico y estado de inmigración o residencia. Los Estados deben abstenerse de cualquier acción que exacerbe el impacto económico y social ya desproporcionado de esta pandemia en las mujeres y las niñas.
Las mujeres se encuentran actualmente en la primera línea, brindando servicios médicos y otros servicios esenciales y manteniendo a las comunidades en funcionamiento mientras se aplican los bloqueos. Como resultado, enfrentan un tremendo aumento en sus horas de trabajo y corren un mayor riesgo de estar directamente expuestos a COVID-19. Hay informes de enfermeras, médicos, parteras y limpiadores de hospitales que contraen el virus mientras están de servicio, debido a la falta de una provisión adecuada de equipo de protección personal. En algunos países, los trabajadores de salud han sido despedidos de sus trabajos o arrestados por quejarse de los medios inadecuados de protección. Otros han sido desalojados por propietarios por temor a contagio.
Las restricciones a la prestación de servicios de salud esenciales para las mujeres y las niñas, como la atención prenatal y posnatal, la interrupción del embarazo y la disponibilidad de anticonceptivos, impuestas en muchos países para abordar las demandas excesivas de servicios de salud causadas por la pandemia, también afectan salud de mujeres y niñas desproporcionadamente. En algunos países, se violan los derechos humanos de las mujeres durante y después del embarazo y el parto en un intento de acelerar supuestamente el proceso o prevenir el contagio (por ejemplo, cesáreas y parto con fórceps realizados sin indicación médica, negación de la epidural, prohibición de la presencia de la pareja, y separación de recién nacidos de madres). Algunos gobiernos están creando nuevas barreras para acceder a los servicios de aborto, al considerarlo un procedimiento médico no esencial.
Además, las mujeres y las niñas corren un mayor riesgo de violencia doméstica, incluido el abuso sexual sin ningún recurso durante la pandemia. El aislamiento en el hogar los hace más vulnerables al abuso por parte de sus parejas y miembros de la familia, mientras que su acceso a asesoramiento y otros servicios de emergencia, incluida la vivienda alternativa y asistencia legal, así como el acceso a los tribunales se ha reducido drásticamente. En algunos países, los informes de violencia doméstica casi se han triplicado, mientras que no hay refugios o los refugios no tienen la capacidad suficiente para todas las víctimas que necesitan protección y muchos refugios ya no son accesibles debido a los bloqueos. Los feminicidios por parte de parejas íntimas se informan con una frecuencia alarmante. Mujeres con discapacidad en instituciones, hogares de ancianos,
La parte desproporcionada de las mujeres de las responsabilidades de atención se ha vuelto particularmente onerosa durante la crisis de COVID-19, con riesgos de graves consecuencias para su salud física y mental. La construcción cultural de género ha impuesto ciertos roles a las mujeres y las niñas dentro de la familia, como el cuidado de los niños y otros miembros de la familia dependientes, así como la satisfacción de las necesidades básicas de la vida familiar, como el trabajo doméstico, la alimentación, la higiene y la educación de los niños. La carga ahora es más pesada para ellos para cumplir este papel debido a un aumento significativo en las necesidades de cuidado de niños, ancianos y enfermos, así como a la amenaza de inseguridad alimentaria. Esto es aún más oneroso para las mujeres que trabajan en servicios esenciales y para las mujeres solteras jefas de hogar. A pesar del aumento de la carga, su trabajo de cuidado no remunerado continúa siendo infravalorado y no reconocido,
Las mujeres están representadas desproporcionadamente en el trabajo precario, informal y mal pagado, incluido el trabajo doméstico. Debido a la falta de paquetes de protección social adecuados, corren un mayor riesgo de daños por las perturbaciones sociales y económicas vinculadas a las medidas que se están introduciendo para frenar la pandemia. La pérdida de ingresos tiene consecuencias directas para la capacidad de las mujeres de pagar viviendas, alimentos y agua para ellas y sus hogares. La brecha digital entre mujeres y hombres también coloca a las mujeres en una posición desfavorecida, lo que afecta su capacidad para trabajar o estudiar desde casa, y para proporcionar educación en el hogar a sus hijos.
Muchas mujeres y niñas enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación, y corren el riesgo de ser marginadas aún más, incluidas, entre otras, las mujeres de las minorías, las comunidades indígenas, migrantes y rurales, las mujeres mayores y las mujeres y niñas con discapacidad. quienes están particularmente afectados negativamente por la crisis. Por ejemplo, las mujeres indígenas carecen de información en su idioma sobre estrategias de prevención y sobre cómo y dónde obtener servicios de salud. Las mujeres rurales y pobres que carecen de acceso a agua limpia en sus hogares enfrentan una mayor carga en la recolección de agua en espacios públicos abarrotados para cubrir sus necesidades básicas. Esto está relacionado con un mayor riesgo de exposición al virus. Debido a medidas de emergencia, Muchas mujeres y niñas con discapacidad han experimentado la interrupción de las redes de apoyo esenciales para su supervivencia y se encuentran en situaciones difíciles, y carecen de acceso a información accesible e inclusiva, incluso en lenguaje de señas, formatos Easy Read y Braille. Las mujeres mayores están sujetas al envejecimiento y los estereotipos, tienen acceso limitado a información sobre cómo protegerse y están excluidas de los programas de recuperación económica.
A pesar de los efectos negativos desproporcionados de la crisis en las mujeres, así como su presencia en los roles de primera línea y su papel crítico en mantener a las comunidades en funcionamiento, en gran medida están ausentes de los equipos de respuesta, espacios de políticas y toma de decisiones de COVID-19 locales, nacionales y globales. Sin embargo, en pocos países, las mujeres lideran las respuestas nacionales que han registrado mejores resultados y avances en la lucha contra el virus.
En este momento crítico, los Estados deben garantizar que las decisiones políticas se tomen con la participación igualitaria y significativa de mujeres de diversos grupos y tener en cuenta los riesgos y las realidades de género que se ven exacerbados por otras circunstancias, como la pobreza, la ubicación en un área rural o » desierto alimentario «, e identidades como el origen étnico, la discapacidad y la edad, así como los déficits estructurales preexistentes. Un punto de referencia clave de cualquier nueva política debe ser que no profundiza las desigualdades estructurales existentes, o crea nuevas vulnerabilidades, sino que mejora y crea nuevas oportunidades que son justas y equitativas.
Observamos que algunos Estados han estado tomando medidas específicas para limitar el impacto de género de la pandemia, tales como: establecer acuerdos creativos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia de género, por ejemplo, líneas directas, servicios en línea o recepción de alertas en tiendas de alimentos; incluyendo refugios para mujeres sobrevivientes en la lista de servicios esenciales; autorizando el uso de la telemedicina para la atención de la salud reproductiva en el hogar; Brindar apoyo económico a las trabajadoras domésticas y personas de bajos ingresos que han dejado de trabajar; proporcionar licencia pagada extendida para que cualquier padre cuide de niños o personas con discapacidades que se quedan en casa; proporcionar cuidado infantil gratuito; o proporcionar vivienda temporal y alimentos para mujeres pobres.
Sin embargo, se necesitan más medidas. Hacemos un llamado a los Estados para que adopten un enfoque interseccional sensible al género en sus respuestas a COVID-19 e implementen las siguientes medidas:
Haga que las pruebas sean universales y gratuitas y haga un seguimiento con estrategias de contención que no pongan a las mujeres y niñas en mayor riesgo de violencia y abuso.
Garantice el acceso al tratamiento sin discriminación por cualquier motivo para todos los que resulten positivos, independientemente de la cobertura del seguro, y proporcione licencia por enfermedad remunerada para los trabajadores en los sectores formal e informal, para garantizar la efectividad de las estrategias de contención sin crear daños específicos para las mujeres.
Proporcionar equipos funcionales de protección personal para todas las mujeres que trabajan en primera línea en servicios esenciales.
Garantizar el acceso continuo y seguro a los servicios de apoyo, medidas de emergencia, incluida la asistencia jurídica y el acceso a recursos judiciales para mujeres y niñas en riesgo o sometidas a violencia doméstica y sexual, acoso y abuso.
Revisar y ampliar significativamente los sistemas de protección social para tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres, que incluyen, entre otras, licencia por enfermedad remunerada, mayor apoyo para el cuidado de niños y ancianos, subsidios de vivienda y alimentos.
Brindar atención médica universal para todas las mujeres y niñas, incluido el acceso ininterrumpido a una gama completa de servicios de salud sexual y reproductiva. Esto también requiere garantizar que no haya interrupciones en la cadena de suministro de productos de salud sexual y reproductiva, incluida la priorización de su producción, envío y distribución continuos.
Reconocer a las mujeres como cabezas de familia en igualdad de condiciones con los hombres para que puedan disfrutar de los mismos beneficios financieros o sociales, como las transferencias de efectivo.
Se debe prestar especial atención a las mujeres y las niñas de los grupos marginados y sus necesidades específicas en términos de accesibilidad y adecuación de la información sobre la pandemia, la capacidad de mantener la distancia social y el acceso a pruebas y tratamiento, así como otras necesidades, como alimentos, vivienda, saneamiento y servicios de apoyo esenciales.
Asegúrese de que las decisiones médicas sobre las mujeres de edad avanzada se basen en la necesidad médica, los criterios éticos y la mejor evidencia científica disponible, no principalmente en la edad.
Brindar protección contra la discriminación y el abuso de los trabajadores domésticos, muchos de los cuales son trabajadores migrantes, incluido el apoyo a los ingresos y las medidas para limitar su riesgo de exposición en el lugar de trabajo, así como el acceso oportuno a pruebas y tratamientos.
Recopilar sistemáticamente datos desglosados relacionados con brotes, para examinar e informar sobre los efectos de COVID-19 en la salud específicos de género, tanto directos como indirectos, así como sobre los impactos de COVID-19 en los derechos humanos específicos de género y utilizar estos datos en la formulación de respuestas
Además de las medidas específicas a corto plazo, la crisis es una oportunidad para abordar las desigualdades estructurales y los déficits que han frenado constantemente a las mujeres, y para reimaginar y transformar los sistemas y las sociedades. Para comprender plenamente el impacto de género de la crisis, es crucial comprender la discriminación estructural subyacente a esta emergencia que no solo está causando sino que exacerba las violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Las feministas de todo el mundo se están uniendo a través de movimientos y fronteras para dar una respuesta colectiva e inclusiva a estas circunstancias sin precedentes. A pesar de la restricción de espacios para la promoción y el compromiso con los gobiernos debido a los bloqueos, recomendamos encarecidamente que se escuchen sus voces y se reconozca su liderazgo para que se puedan implementar las soluciones que recomiendan.
(*) El Grupo de Trabajo sobre discriminación contra las mujeres y las niñas fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2010. Está compuesto por cinco expertos independientes: la Sra. Meskerem Geset Techane (Presidenta), la Sra. Elizabeth Broderick (Vicepresidenta), Sra. Alda Facio, Sra. Ivana Radačić y Sra. Melissa Upreti .
La Declaración ha sido respaldada por: Dubravka Šimonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Leo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento; Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores; Catalina Devandas Aguilar, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Fernand de Varennes, Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, y Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada.
Imagen ilustrativa.
Enviado por Ana Cecilia Escalante Herrera.
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