Vagancia es decir —4 años después— que no les dio la gana presentar su «ruta de la educación»

JoseSo (José Solano-Saborío)

Este miércoles 11 de noviembre, desde Casa Presidencial, la presidenta Laura Fernández Delgado llamó «vagabundos» a miles de docentes y trabajadores de la educación que salieron a las calles. Les anunció rebajos salariales y tachó de «sanguijuelas» a los dirigentes gremiales, asegurando que marchan para reclamar «cosas que no existen».

Detengámonos un segundo en esa frase: cosas que no existen.

¿Qué llevó realmente al Magisterio Nacional a tomar San José? No fue un capricho ni vagancia. Es el asfixiante deterioro de la educación pública. El presupuesto educativo proyectado para 2027 cae a apenas el 4,9% del Producto Interno Bruto, muy lejos del 8% que ordena nuestra Constitución. Detrás de esa cifra hay escuelas cayéndose a pedazos, deudas salariales acumuladas, incertidumbre sobre las pensiones del Magisterio y aulas sin recursos básicos.

Cuando un docente marcha por dignidad presupuestaria y por el futuro de sus estudiantes, no está haciendo turismo político: está defendiendo el pilar que construyó a Costa Rica.

Y qué ironía hablar de «vagabundos»… mientras el país aún digiere los contrastes de su reciente gira de paseo presidencial por Europa. Mientras en el Vaticano y en la Cumbre Iberoamericana en Madrid se proyectaba la imagen de una Costa Rica próspera, de trabajo y paz, aquí adentro los números de la Contraloría General de la República cuentan otra historia.

El informe DFOE-FIP-IAD-00002-2026 reveló una debilidad alarmante en Tributación Directa: el Ministerio de Hacienda dejó de fiscalizar adecuadamente incumplimientos estimados en ₡1,8 billones en el impuesto sobre la renta entre 2023 y mediados de 2026. De casi 782.000 casos sospechosos de evasión o subdeclaración, Hacienda apenas revisó el 3%, y las revisiones cayeron de más de mil setecientas en 2023 a solo dos en 2025. ¡Dos! Ahí sí parece que hubo mucha pereza institucional para cobrarle a los grandes evasores, pero sobra mano dura para rebajarle el día al maestro que gana un salario honrado.

Y si hablamos de cómo se gestiona el dinero público, hagámonos una pregunta incómoda pero necesaria. Hace apenas unos días distintos medios informaron que el Cuerpo de Bomberos adjudicó a dedo —bajo un mecanismo de urgencia— un contrato por más de ₡6.300 millones para comprar 40 ambulancias a una empresa vinculada a financistas de la campaña oficialista, descartando ofertas nacionales millones de dólares más baratas.

Entonces, vale preguntar con toda claridad: saltarse los procesos ordinarios de contratación pública de ley para darle negocios millonarios a donantes de campaña… ¿será por «vagancia» de hacer una licitación transparente, o será otra cosa mucho más grave?

En democracia, el respeto empieza por casa. Descalificar con insultos a quienes sostienen las aulas no tapa los huecos fiscales ni borra los cuestionamientos éticos. A los docentes se les escucha con argumentos y presupuesto, nunca con desprecio.