El profesor Carlos E. Carranza V., coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense, de la Escuela de Sociología de la UNA, compartió con SURCOS una presentación en la cual ofrece una sistematización de elementos claves de la coyuntura costarricense.
Desde este enlace puede descargar el documento para generar espacios de reflexión en sus organizaciones o grupos:
Sea parte de SURCOS:
Día con día las instituciones públicas se proponen mejorar la visibilidad de los resultados de su trabajo académico, con el fin de que la ciencia que se genera sea cada vez mejor reconocida, y que su personal académico pueda ser leído en otras latitudes.
El pasado 30 de octubre, la Universidad Nacional (UNA), fue sede la inauguración de la reunión anual de LA Referencia, la red latinoamericana de repositorios de acceso abierto a la ciencia, cuyo fin es dar visibilidad a la producción científica de las instituciones de educación superior e investigación, principalmente a aquellos resultados que son financiados con fondos públicos.
“Aún nos queda mucho camino por recorrer. En particular la importancia y la necesidad de establecer procedimientos y políticas cada vez más claras y específicas para que la producción académica responda a estándares de acceso abierto, y nuestras revistas, que no tienen costo alguno para sus autores aumenten su visibilidad internacional”, dijo Daniel Rueda, vicerrector de Investigación de la UNA.
En este encuentro, que contó con el apoyo del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica, participan representantes de organismos de Ciencia y Tecnología de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. También referentes y autoridades de COAR, DuraSpace, Google Scholar, OpenAIRE, RedCLARA y Unesco.
“Es muy importante que nos encontremos en Costa Rica por la participación activa que tiene el país en LA Referencia, y también por la oportunidad de tener a todos los países que forman parte de la red reunidos intercambiando experiencias y compromisos para que la red tenga proyección, y que hagamos juntos que la ciencia de América Latina sea más visible, no solamente en nuestra región sino en todo el mundo”, detalló Bianca Amaro, presidenta de LA Referencia.
A largo de los cuatro días que durará el encuentro se realizarán además distintos workshops y mesas de trabajo entre las que podemos detallar el Workshop Técnico OpenAIRE – LA Referencia; el Taller DSpace 7. Duraspace – LA Referencia – COAR y la Tercera reunión de Consorcios LATAM y el Caribe. En este marco también se celebrará la reunión del Consejo de LA Referencia.
LA Referencia se reúne cada año para profundizar políticas de Acceso Abierto al conocimiento, dar a conocer los avances tecnológicos de la plataforma de búsqueda y recuperación de documentos científicos, capacitar a sus países miembros y promover acuerdos con el fin de potenciar la visibilidad de la ciencia regional.
Para más información comuníquese con la Oficina de Comunicación al 2277-3066 o visite nuestra plataforma de noticias UNA Comunica www.unacomunica.una.ac.cr
https://www.unacomunica.una.ac.cr
Enviado por UNA Comunicación.
Sea parte de SURCOS:
El pasado 31 de octubre se presentó el libro «Nuevo Imperio Global u otra civilización emergente: Inteligencia Artificial y Guerra de Big Data», del que son coautores Walter Formento y Wim Dierckxsens.
La actividad se realizó en el Instituto de Investigaciones Sociales (ISS, UCR) donde acompañaron el panel Walter Formento, Paulo Nakatani, Sergio Villena, Wim Dierckxsens y Silvia Regina de Lima Silva, directora del DEI.
Puede adquirir el libro en el DEI, Sabanilla (llamar al 2253 0229 antes de pasar a comprarlo).
El DEI agradece al Instituto de Investigaciones Sociales UCR por la transmisión en vivo de la presentación del libro. El vídeo está disponible en https://www.facebook.com/IIS.UCR/videos/763857134110367/
Enviado por DEI Comunicación.
Sea parte de SURCOS:
El eterno e inevitable contrapunto entre la ficción y aquello otro que podríamos calificar como la realidad (la extensión real única de que hablaba el filósofo ruso-francés Georges Gurvitch) o la presunta verdad histórica, aquella constelación de hechos y circunstancias que efectivamente habrían tenido lugar en una determinada circunstancia o período histórico, resulta ser un tema o asunto que no tiene fin, ni tampoco pareciera poder tenerlo en ningún caso, con independencia de la filosofía de la historia que asumamos, o el manejo historiográfico que intentemos realizar. Siempre habrá una sinuosa, y a ratos intangible frontera, entre la primera de ellas y esa otredad de lo real, la engañosa selectividad de la memoria se encarga de dejarnos sumidos en la perplejidad, muy a nuestro pesar.
En este ejercicio de intentar acercarnos a la incierta historia o historias, recreadas constantemente dentro del imaginario colectivo, con el paso del tiempo y las sucesivas generaciones, la creación literaria juega un papel de primer orden, no para dilucidar los enigmas planteados sino para ofrecernos la posibilidad de nuevos alcances, y perspectivas sobre innumerables hechos que quedaron en el olvido, por muy diversas razones, y a los que sólo la creación literaria tiene la virtud de traer de nuevo a un primerísimo plano, destacando una gran variedad de aristas de ellos que jamás hubiéramos podido imaginar siquiera. Tal es el caso de la más reciente novela del escritor Mario Vargas Llosa TIEMPOS RECIOS (Primera edición, Barcelona 2019), en la que este destacado novelista, cuya producción ha venido en alzada, no sólo en cuanto a la cantidad sino también y esencialmente en cuanto a la excelencia de la narrativa, como en el caso de una sus anteriores novela, titulada EL SUEÑO DEL CELTA, de una calidad indiscutible por la amenidad, lo bien elaborado de la trama y la erudición del autor. Es así como Varguitas, como lo habían llamado algunos de sus amigos peruanos de sus primeros tiempos como “escribidor” (v.g.r. Mario Vargas Llosa LA TÍA JULIA Y EL ESCRIBIDOR), nos ha ofrecido una panorámica de lo que fue aquella primavera democrática de Guatemala, iniciada en 1944, y que no alcanzó a cumplir los diez años, al ser truncada por la acción de poderosas fuerzas externas e internas, durante el mes de julio de 1954, cuando el satanizado presidente guatemalteco Jacobo Árbenz Guzmán debió “renunciar” a su cargo para el que había sido electo, por un importante número de ciudadanos, durante el año de 1951, consumándose así un golpe de estado, con el apoyo de la CIA y en beneficio de los intereses de la United Fruit Company, que estaba ubicada en el centro de la trama, asegurándose su materialización.
Con una cuidadosa elaboración de los componentes de la trama, pero sobre todo de los personajes insertos en ella, vistos en todas sus miserias y presuntas grandezas, o más bien sueños desmesurados de poderío y riqueza que jamás se concretaron, como en el caso del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó entre 1930 y 1961, habiendo aportado una importante ayuda económica y de logística militar a Carlos Castillo Armas, el oscuro personaje que se encargó de ejecutar el golpe militar y derrocar a Jacobo Árbenz: éste, una vez al frente del gobierno, ya como presidente de Guatemala se encargó de ignorar sus compromisos con el sátrapa dominicano, entre ellos el de invitarlo a participar en el desfile de la victoria y el de entregarle vivo al exilado dominicano, Miguel Ángel Ramírez, quien había jugado un papel decisivo en la guerra civil acontecida en Costa Rica, dentro de las fuerzas de José Figueres Ferrer, pocos años atrás, además de burlarse constantemente de él, de sus familiares y de algunos de sus allegados. La venganza, ejecutada a través de su agente John Abbes García, será el recurso empleado por Trujillo para cobrarse las afrentas que le infligiera el guatemalteco.
Lo más importante, sin embargo, son los hilos de la trama que va develando Vargas Llosa, a medida que da cuenta de cómo Mr. Sam Zemurray, el poderoso empresario bananero y cabeza de la United Fruit Company, acudió a los servicios del notorio publicista neoyorkino Edward L. Bernays, autor de una importante teoría sobre el uso de la publicidad para trastrocar el sentido mismo de la realidad: es así como la United Fruit Company logra mediante una astuta y calculada campaña publicitaria, divulgada a través de la prensa liberal estadounidense, convencer a la opinión pública de los Estados Unidos del peligro que implicaba una Guatemala “comunista” que jamás existió, mientras los líderes más importantes de la revolución guatemalteca de 1944, Juan José Arévalo con su “socialismo espiritual” y Jacobo Árbenz, el atildado y correcto militar que tomó conciencia de la realidad de su país, a través de la influencia de su esposa María Cristina Vilanova, aspiraban a implantar en su país lo que veían como el “modelo sociopolítico estadounidense”: una democracia en la que hubieran sindicatos obreros y en la que las grandes empresas pagaran sus impuestos, cosa que la United Fruit Company no estaba dispuesta a hacer, y que de hecho nunca lo llevó a cabo. Ese espejismo, hábilmente fabricado por el publicista mencionado, contando con el decido apoyo de la administración Eisenhower y la CIA, daría al traste con la naciente democracia guatemalteca y ese país entraría en el ciclo de las dictaduras militares y una interminable guerra civil. En esta novela se muestran, de manera transparente y amena, esos entretelones de una conspiración basada en un absoluto equívoco.
El ejército guatemalteco, convencido de la justeza de las reformas sociales de la primavera democrática de Guatemala, no estaba dispuesto a enfrentarse a la infantería de marina de los Estados Unidos, cuyo desembarco era una amenaza que recibían constantemente sus oficiales, a través del embajador estadounidense, John Emil Peurifoy, encargado de terminar con la “amenaza soviética” en la región, además un embargo de armas dispuesto por esa potencia los ponía en una situación todavía más difícil. En eso residió su tragedia, lo que condujo a un enfrentamiento de los cadetes de la Escuela Militar con los invasores o milicias “liberacionistas” de Carlos Castillo Armas, quien debió su eventual triunfo a una aviación contratada por los Estados Unidos, la que superaba en mucho a los cinco aviones de que disponían la aviación guatemalteca, a pesar de que habiendo invadido el país por varios puntos no fueron capaces de ganarle un solo combate a las fuerzas regulares.
Por otra parte, una insípida e inculta oligarquía guatemalteca dará su apoyo decisivo a la conspiración de la CIA, cegada por sus prejuicios raciales en contra de la mayoría “indígena” de la población, cuya suerte no les interesaba en absoluto, además de su “anticomunismo” de oficio, aunque no por ello dejaban de seguir mirando con desprecio al coronel Carlos Castillo Armas, un descolorido militar venido de las capas sociales bajas de la población, al que no quedaba más remedio que aceptar, aunque muchos –incluido el general Rafael Leonidas Trujillo y el propio embajador estadounidense, decidido impulsor del golpe de estado en marcha, durante la primera mitad de 1954- hubieran preferido al general Miguel Ydígoras Fuentes, quien más tarde llegará a ocupar la presidencia de Guatemala.
Es así como se infiere en el transcurso de la novela que, al frustrarse la revolución democrática de Guatemala se pierde una gran oportunidad de modernizar los países de la región, lo que hubiera evitado que los rebeldes cubanos del Movimiento 26 de julio, ante el ejemplo de Guatemala, terminaran alineándose con la Unión Soviética y dándole un rumbo estalinista al proceso revolucionario. Otros revolucionarios mucho más radicales que Árbenz matarán o se harán matar durante las siguientes décadas, algo que se nos plantea en el cierre de una novela, la que no pretende ni puede ser una transposición mecánica de la realidad, de lo que efectivamente pudo haber ocurrido.
Sin vacilación alguna recomendamos la lectura de las 350 páginas de una novela, que deja muy mal parados a los políticos de la región, durante la década de los cincuenta cuando la democracia no pasaba de ser una palabra vacía, todo ello en un escenario en el que se nos muestran una serie de personajes vistos en todas sus miserias y equívocos ante la vida misma, siempre situados entre la realidad y la ficción, donde muchos de ellos habiendo jugado el papel de victimarios, terminaron jugando el de víctimas, también a pesar suyo. Se trataba de tiempos muy rudos para jugar siquiera a la democracia, al estilo liberal estadounidense, y mucho menos hablar de justicia social, o peor aún intentarla, sin ser acusado de “comunista” y agente de los gobernantes del Kremlin moscovita.
Enviado por el autor.
Sea parte de SURCOS:
Imponente figura proyectó recientemente doña Pilar Cisneros en el Salón de Ex presidentes de la Asamblea Legislativa, refiriéndose a pensiones “de lujo”, y repartiendo invectivas a diestra y siniestra contra jueces, políticos, sector público, docentes, y pensionados. “Mentirosos, hipócritas, oportunistas, y defensores de privilegios”, los llamó. Hizo gala la estimable periodista de un pensamiento maniqueo, radical e inflexible, y lo que es peor, basó sus ataques contra el Magisterio en inexactitudes; distorsionó la realidad, interpretando a su arbitrio y sin respaldo formal la no aplicación de la ley 7858 (1998, sobre tope a las pensiones con cargo al presupuesto) antes del 2014, y llegó al extremo de esgrimir las opiniones de minoría de los magistrados Rueda, Hernández y Esquivel, en la resolución 2018-19030 de la sala constitucional respecto de ese tope a pensiones, como si fueran un argumento definitivo, en un ataque frontal contra los derechos adquiridos jubilatorios. En dichas opiniones, esos magistrados se abstraen de la realidad histórica y legal de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto y proponen un criterio de contribución de los jubilados a regímenes en desequilibrio financiero que representa un cuestionamiento de la existencia misma de los derechos adquiridos y la irretroactividad de las leyes, en virtud de la preeminencia que le otorgan al equilibrio fiscal por sobre cualquier otra consideración.
Desde nuestra perspectiva de pensionados del Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR), queremos manifestar nuevamente que la mentada ley 7858, que en su artículo 3 imponía un tope de 10 salarios mínimos a la generalidad de pensiones a cargo del Presupuesto Nacional, NO ERA APLICABLE AL MAGISTERIO. Y decimos no era, en pretérito, porque doña Pilar parece desconocer, aunque apareció rodeada de abogados, que ese artículo 3 fue derogado en el 2016 por ley 9388. Independientemente de esa derogatoria formal, debemos recordar que una ley se tiene por derogada si otra más reciente, de igual generalidad, o con mayor razón, más específica, la contradice. Y resulta que la ley 7946, de 1999, reiteró que el tope de jubilación para las pensiones del Magisterio se fijaba en salario de catedrático universitario, con dedicación exclusiva y 30 anualidades, cerca de 3.9 millones de colones. Esto hacía inaplicable los provistos de la ley 7858 para el Magisterio, algo elemental pero que la Administración Solís Rivera no quiso entender. Y además, como si lo anterior no fuera suficiente, el artículo 3 bis de esa misma ley 7858 exceptuaba a los pensionados con postergación (que habían laborado más tiempo del requerido antes de jubilarse) de ese tope de 10 salarios mínimos. Dado que un porcentaje muy elevado de los jubilados magisteriales tiene postergación, resultaban eximidos de ese tope, aún en el supuesto de que la ley hubiera sido aplicable. Y esa exención está apegada estrictamente a la letra de la ley. Como puede apreciarse, no encontramos en ella mentiras u oportunismos, pero sí patente falta de información por parte de la señora periodista.
Mucho desconoce también doña Pilar acerca de las pensiones del RTR. Permítasenos hacer un poco de historia, porque esas pensiones NUNCA debieron cargarse al presupuesto, ya que desde 1958, cuando entra en vigencia la ley 2248 (Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional), los docentes empezamos a cotizar un 5% del salario de manera tripartita (obrero, patronal y estatal) que estaba, por misma ley, destinado al pago de las jubilaciones y a la constitución de un fondo previsional. Eventualmente, estas cotizaciones magisteriales fueron de 3 a 6 veces superiores a las de los adscritos al régimen de IVM-CCSS. ¿Por qué entonces nuestras pensiones del RTR terminaron con cargo al presupuesto? Porque por increíble que parezca, el Estado, no solo no constituyó el fondo previsional con los excedentes de las cotizaciones, sino que desvió esos excedentes, junto con los estatales y patronales, a gasto ordinario. Esa es la razón por la que el Estado tiene ahora que pagar nuestras pensiones con cargo al presupuesto. De nuevo, nada de privilegios, pero sí desvío de fondos por parte del Estado, a tenor de 5 millones de millones de colones, calculado por los actuarios de JUPEMA al 2012 si nuestra reserva se hubiera constituido, y eso después del pago de las jubilaciones. Todo ello es del conocimiento de algunos de los acompañantes de Doña Pilar y funcionarios en la actividad de referencia, porque a ellos nuestro colectivo de jubilados se los comunicó personalmente, y también a todos los diputados y diputadas. Nos preguntamos cómo calificaría doña Pilar la actitud de quienes, conociendo la verdad histórica acerca de las pensiones del RTR, la callan en actividades públicas por motivos solo para ellos conocidos. Y no solo la historia se deja de lado, sino también datos interesantísimos como los que manifestara el Superintendente de Pensiones a la prensa en cuanto a que “lo que es realmente caro no son las pensiones tan altas” (La Nación, pág. 11 A, 17/12/18), lo que da pie para preguntarse si existirán motivaciones ulteriores de tipo político -financieras tras la llamada “guerra a las pensiones de lujo”, máxime si se tiene en cuenta que de los cerca de 44 000 jubilados del RTR, tan solo el 1.75% reciben montos nominales superiores a 4 millones y no más del 0.47% devengan montos nominales mayores de 6 millones.
Compartimos con doña Pilar la preocupación respecto de las finanzas públicas, pero no encontramos dentro de su crítica al sector público, a las universidades y al Magisterio, referencia alguna a lo que se ha apuntado como las verdaderas causas del déficit. Según datos periodísticos no refutados por la Administración, mientras que el déficit fiscal ronda el 6% del PIB, las exoneraciones a grandes intereses suman el 5.7% y las distintas formas de evasión fiscal llegan al 8%. Irónicamente, el recorte de los “jugosos” pluses del sector público va a representar una recaudación para el erario de… ¡0.14% del PIB! (Diario Extra:http//:www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360433/gobierno-golpea-pluses-salariales-de-142-mil-empleados-públicos; La Nación, pág. 6 A, 16/12/18; La Nación digital 4/12/18)
Con base en lo anterior, contestamos la pregunta formulada previamente por la Sra. Cisneros: “¿Y con qué se pagarán… las pensiones del Magisterio, las más jugosas del país? (crhoy.com 2/9/19)”. La respuesta es muy simple, doña Pilar: esas pensiones ya se pagaron con las cotizaciones magisteriales contribuidas desde 1958. Que el Estado haya desviado esos fondos no es culpa del Magisterio, pero sí constituye uno de los ilícitos más descomunales en la historia del país, y que se ha invisibilizado a lo largo de las décadas mediante lo que una de nuestras jubiladas, Dra. María Amoretti, ha denominado como una verdadera conspiración de silencio; ello, en conjunto con el constante bombardeo mediático “informando” que el Magisterio no cotizó, o que no cotizó lo suficiente, para sus pensiones “de lujo”, sobre las que ya pesan gravámenes de hasta el 57% de monto nominal para las más elevadas (según tablas de deducciones de JUPEMA). ¿Piensa Ud., doña Pilar, que ese tipo de deducciones y gravámenes son propios de “privilegios”?
Por tanto, no encontramos, en referencia a nuestras pensiones, ni mentiras, ni oportunismos, ni hipocresías. Citamos a una colega jubilada al respecto:
“Considero arbitrarias, injustas y poco éticas estas medidas (de ataque a las pensiones). Si trabajamos con respeto a las leyes, nos esforzamos y estaban claras las reglas del juego, en un país donde se supone, se respetan los derechos adquiridos no es posible, a estas alturas, las cambien… Este ambiente provoca desconfianza y temor. ¿Qué sigue?”
Debemos decirlo con contundencia: el escarnio y el señalamiento público de los que hemos sido objeto a lo largo de varios años, no refleja más que mezquindad e ingratitud por parte de sectores de nuestra sociedad que no tienen reparo en aprovechar y usufructuar las ventajas comparativas que los profesionales y trabajadores calificados, formados en el país por nuestro sistema educativo y nuestros docentes, representan para el capital y las compañías que se asientan en nuestro territorio. Tampoco es un secreto que la preferencia de muchos empleadores todavía se inclina por la contratación de profesionales y técnicos formados en universidades públicas. Ello hace que sea todavía más censurable y oprobiosa la campaña virulenta de descrédito, incitación al odio, y pretensión de despojo que se ha desatado desde los ámbitos político y mediático contra los jubilados que contribuimos a formar los cuadros profesionales y técnicos que tiene el país.
COLECTIVO JUBILADOS EN ACCIÓN
Redactó: Dr. Jorge Danilo García, Ph.D.
Integrantes de la Comisión Central:
José Antonio Salas Víquez, Coordinador: jsal9305@gmail.com Tel: 8810-0104
Alice Ramírez Ramírez, Directora Ejecutiva: aramiralice@gmail.com Tel: 8834-8594
Jorge Danilo García Hidalgo
Álvaro Vega Sánchez
Irma Zúñiga León
José Rafael Hidalgo Rojas
Virginia Sánchez Molina
Christopher Vaughan
Ilustración: https://www.significados.com.
Enviado por Álvaro Vega Sánchez.
Sea parte de SURCOS:
El III Encuentro Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Interculturales e Interdisciplinarios, Espacio de posibilidades o Intercambio de saberes, contó con la participación de 75 personas, entre participantes y ponentes provenientes de Costa Rica, Colombia, México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Chile.
Esta actividad académica se organizó en el marco de los proyectos de investigación inscritos en el Instituto de Investigación en Educación de la UCR (INIE) y contó con la presentación de 2 conferencias, 17 ponencias, 5 talleres y 3 presentaciones de posters. El encuentro tuvo como propósito primordial ser un espacio articulador de comprensiones entorno a la Educación y la Interculturalidad, lo cual, en conjunto, aporta al reconocimiento de saberes y prácticas en horizontes comunes en el ámbito latinoamericano, con miras a construir nuevas lógicas de comprensión.
Se analizaron las diversas experiencias en investigación sobre educación e interculturalidad desde diferentes escenarios a nivel latinoamericano, teniendo en cuenta las variadas poblaciones, haciendo énfasis en la educación intercultural. Cinco ejes temáticos guiaron este encuentro de especialistas a saber: 1-diversidad juvenil, identidad y cultura, 2-comunidad, pueblos e identidad cultural, compartiendo saberes en América Latina y el Caribe, 3-pedagogía, territorialidad y migración, 4-interculturalidad en el proceso educativo y en la formación docente, y 5- educación inclusiva, construcción de espacios escolares más justos y equitativos.
Sobre la base de esos ejes, los participantes colaboraron para favorecer nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje, multi o interdisciplinares, que respondan a la complejidad del entorno contemporáneo; dar a conocer experiencias investigativas en educación e interculturalidad en diferentes escenarios y con diversas poblaciones y abrir espacios de participación y evaluación de políticas públicas en el tema de la educación intercultural.
Una de las jornadas se desarrolló en la Sede Regional del Atlántico ubicada en Turrialba, en la cual se presentó una conferencia sobre la interculturalidad universitaria en México, a cargo del Dr. Gunther Dietz, académico internacional invitado. También hubo espacio para diversas actividades académicas, principalmente en la temática de la cultura indígena Cabécar y el papel del español en la construcción de una nueva identidad.
Este tercer encuentro cumplió con el objetivo de promover el análisis, reflexión y estudio de problemas relevantes del entorno, mediante perspectivas provenientes de diferentes disciplinas y de distintos países, para favorecer nuevas propuestas de enseñanza y aprendizaje, multi o interdisciplinares, que respondan a la complejidad del entorno contemporáneo.
María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
A partir de mañana 6 de noviembre y hasta el 22 de este mes la Universidad de Costa Rica (UCR), a través de la Escuela de Lenguas Modernas, evaluará a alrededor de 70 000 estudiantes de quinto año, en todo el territorio costarricense.
Para estos efectos, el Ministerio de Educación Pública (MEP), otorgó una licitación a este centro de educación superior, mediante la cual la UCR se compromete a aportar la prueba, y la tecnología y asesoramiento necesario para aplicarla, mientras que el MEP organizará la logística requerida para esto.
Según comento Allen Quesada, director de la Escuela de Lenguas Modernas, esta evaluación se enmarca dentro de la Alianza para el Bilingüismo, que estableció el actual Gobierno, con el objetivo de mejorar el nivel de inglés tanto de docentes como de estudiantes.
Agregó además que en esta ocasión se le va a aplicar la prueba al total de estudiantes de quintos años de los colegios públicos del país, bajo el sistema de evaluación del Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO), y que también se le brindará a más de 5 000 estudiantes, que provienen de centros privados, quienes mostraron interés de unirse a esta iniciativa.
La prueba que se aplicará a esta población estudiantil fue creada por la Escuela de Lenguas Modernas y le permitirá a los alumnos contar con un resultado dentro del Marco Común Europeo, que establece bandas de conocimiento del inglés donde A1 es el conocimiento básico y C2 es el mayor.
Para conocer los resultados, los estudiantes podrán acceder a un ícono del MEP, que se establecerá en el sitio web de la Escuela de Lenguas Modernas y ahí no solo obtendrán su ubicación dentro del Marco Común Europeo, sino que también podrán bajar una certificación, que les otorgará la UCR, de su dominio del idioma.
Quesada prevé que los resultados de esta prueba estarán disponibles a partir de la segunda semana de diciembre, cuando serán entregados a la Ministra de Educación, Guiselle Cruz.
Para lograr esta titánica tarea de evaluar a más de 70 000 estudiantes en las 27 regiones del Ministerio de Educación Pública, se ha realizado un trabajo conjunto entre el MEP y la UCR, mediante el cual se logrará llegar a los rincones más lejanos del país y proveerlos de los recursos necesarios, sean computadoras, Internet u otros para que todos tengan la oportunidad de certificarse en el idioma inglés.
“Y algo impresionante es que hemos trabajado hombro a hombro con el Ministerio de Educación Pública, con la viceministra de Educación, con la ministra de Educación, con los coordinadores para que realmente los estudiantes puedan tener una experiencia positiva durante la aplicación del examen”, destacó Quesada.
Esta experiencia se da gracias a que desde julio del presente año la Escuela de Lenguas Modernas viene trabajando con el MEP, debido a la donación que hizo la UCR de una prueba de dominio del idioma inglés para más de 5 000 docentes de preescolar, a quienes se evaluó en ese mes a un grupo y en octubre a otro, para determinar quiénes se encontraban en el nivel B1, del Marco Común Europeo, para luego capacitarlas y llevarlas a un B2, donde estas maestras y maestros puedan transmitir a sus estudiantes un mejor conocimiento de dicha lengua.
A partir de esta experiencia, que Quesada califica como muy exitosa, se abrió un canal de colaboración de la Universidad de Costa Rica con el MEP para ayudar en sus necesidades de evaluación del idioma inglés.
Con el fin de lograr la aplicación de la prueba UCR a los estudiantes, en todo el país, el MEP coordinó con todas las regiones educativas para conocer sus necesidades de equipamiento y logística, ya que en todos los casos se realizará en el mismo centro educativo donde reciben clases, sin importar la lejanía donde se ubiquen.
En principio, la prueba está diseñada para realizarse mediante computadoras, en línea, pero si no se dispone de este dispositivo el MEP les llevará y si no cuentan con Internet se dispuso hacer un híbrido, de manera que, mediante un dispositivo tipo llave maya, se incluirá el examen en cada computadora y podrán realizar la prueba ahí y luego serán enviados por Internet a los servidores de la Institución.
Incluso, Quesada comentó que se han creado condiciones para estudiantes con necesidades especiales por problemas de visión.
“O sea, hemos podido responderle al Ministerio de Educación Pública, con sus diferentes necesidades y en la UCR estamos respondiendo en una forma muy proactiva a este reto que es inédito, es una experiencia inédita para el Ministerio de Educación Pública, para la UCR, para el país y para América Latina, porque no hay una experiencia que se haya dado en la región donde el total de estudiantes de un Ministerio haya sido certificado o evaluado por una universidad pública”, destacó Quesada.
Para estos efectos la Escuela de Lenguas Modernas aportará a ocho docentes del idioma inglés y dos técnicos y el Centro de Informática, colaborará con su plataforma Global UCR, con informáticos y servidores y también el Instituto de Investigaciones Lingüísticas (INIL) prestará su servidor para recibir la información de las pruebas de dominio del idioma inglés.
Esta es la primera vez que el MEP licita la creación y aplicación de una prueba de inglés para sus estudiantes de quinto año y precisamente le fue otorgada a la UCR, lo cual Quesada considera que es un reto importante que la Institución puede asumir gracias a su infraestructura, experiencia en la aplicación de pruebas estandarizadas y la alta preparación académica de sus docentes.
El presente año se van a evaluar dos habilidades que son la escucha y la comprensión de lectura y la idea del Ministerio de Educación es que en el 2021 se valore además la escritura y en el 2022 se completen las cuatro habilidades con la conversación.
“Con la Alianza para el Bilingüismo y con la nueva reforma curricular que tiene el Ministerio de Educación Pública, este tipo de evaluación, donde se evalúan las cuatro destrezas, corresponde a la nueva metodología que se está implantando, algo que nunca se había hecho y se espera para el 2022, ya que en la primera promoción de esta nueva reforma tengamos ya a esa población meta que va a salir y poder evaluar cómo mejoró o cómo ha estado mejorando la implementación del nuevo currículum”, dijo Quesada.
Según estimó el director de la Escuela de Lenguas Modernas el costo que se le cobró al MEP es realmente simbólico porque este tipo de pruebas, en el mercado privado, pueden costar hasta 10 veces más por estudiante.
“Pero todo esto que estamos haciendo realmente en paralelo con el MEP es un trabajo colaborativo, es un trabajo muy eficaz y eficiente y nos estamos viendo como una sola unidad y yo lo que veo aquí es que estamos trabajando paralelamente, sintonizados en que esto sea lo mejor para el país, para los estudiantes, o sea, no estamos pensando tanto en la parte económica, sino en el bienestar y que esto sea un éxito; esa es la consigna y creo que los dos estamos muy claros en que esto va en beneficio del país, de los estudiantes”, manifestó Quesada.
Esto es un ejemplo de cómo una universidad pública está aportándoles al país, al Gobierno y al Ministerio de Educación pública; en este caso dando soporte técnico, tecnológico, logístico y humano para darle solución a diferentes problemáticas que tiene el MEP, sea la aplicación de la prueba o capacitación de personal, investigación o acción social, acotó el director de Lenguas Modernas.
Nidia Burgos Quirós
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Un estudio de más de seis años concluyó con el descubrimiento de sustancias de origen natural que funcionan como repelente de serpientes. Los trabajos de laboratorio se desarrollaron en el Instituto Clodomiro Picado (ICP-UCR) y en el Centro de Investigación de Productos Naturales (Ciprona-UCR).
La pregunta de investigación planteada por el equipo del ICP-UCR hace más de 10 años encontró eco en la tesis de posgrado en Química de la entonces estudiante Mónica Alvarado Rojas, quien con las pruebas de laboratorio logró comprobar qué componentes provocan una reacción de huida de la serpiente terciopelo.
La investigadora María Herrera Vega, de la sección de Desarrollo Tecnológico de la División Industrial del ICP-UCR, explicó que el comportamiento se repite en otras especies de culebras presentes en el territorio nacional.
Actualmente, el detalle del descubrimiento no es de acceso público, porque se encuentra en un proceso tendiente a proteger la propiedad intelectual, la cual le dará a la Universidad de Costa Rica los derechos sobre los usos de la innovación resultante.
El equipo de investigadores vinculados al descubrimiento incluye a seis personas, quienes esperan que se someta la solicitud de patente para poder elaborar las publicaciones científicas correspondientes.
“Interesa que la patente se pida en varios países, ya que, por ejemplo, podríamos suponer que las serpientes en África también responden igual a la sustancia. Eso se quiere probar, creemos que puede funcionar para un amplio espectro de serpientes”, comentó Herrera Vega.
Los usos de esta próxima innovación pueden utilizarse no solo para prevenir accidentes ofídicos en seres humanos, sino que también puede visualizarse su aplicación veterinaria. De forma comercial, promete ser una solución a las pérdidas generadas por mordeduras de serpientes en los hatos ganaderos y también en animales domésticos.
En Costa Rica, investigaciones previas revelan que en el Pacífico Central y Sur entre el 5 % y el 10 % de un hato sufre mordeduras de serpiente y cerca del 75 % de los animales atacados mueren.
“Trabajamos en la primera etapa de extracción con el Ciprona-UCR, que son expertos en productos naturales, pero se trata de compuestos nada comunes y difícilmente ellos podrían manejar el proceso de la síntesis con los presupuestos que tenemos en la actualidad”, señaló la Dra. Herrera al explicar que hoy esperan cotizaciones de laboratorios internacionales para acercarse a un número que permita dimensionar el costo de la siguiente etapa del proyecto.
El siguiente paso de la investigación es la síntesis de los compuestos, lo que permitiría producir el repelente a nivel industrial en el futuro. En una tercera etapa, se deben diseñar los mecanismos de aplicación. Y en una cuarta etapa, se debe validar el producto con otras serpientes de otras regiones del mundo. Para esto se requiere una inversión significativa de recursos, por lo que la Universidad está anuente a asociarse a empresas que podrían ser las licenciatarias del producto final.
Actualmente, desde la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova-UCR) se negocia con una firma inglesa que está interesada en evaluar las potencialidades de la investigación. Esta firma estaría dispuesta a cubrir los costos de los procesos restantes.
Hasta la fecha, la investigación supuso una inversión considerable de recursos económicos por parte del ICP, la cual incluyó el financiamiento de una pasantía en un laboratorio en Alemania, todo lo cual ha sido parte del fortalecimiento de la invención, comentó el actual director del ICP-UCR, el Dr. Alberto Alape.
La Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (Proinnova-UCR) trabaja en proyectos novedosos de los tres pilares de la Universidad de Costa Rica (investigación, acción social y docencia) y de las seis áreas de conocimiento (Artes y Letras, Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias Básicas, Ciencias Agroalimentarias y Salud), con el fin de que los resultados obtenidos impacten de forma innovadora en el sector socioproductivo. Para ello, se evalúa el potencial del conocimiento, se protege la propiedad intelectual y se transfiere en alianza con personas y poblaciones vulnerables, empresas u otras organizaciones que puedan beneficiarse de su uso.
Además, promociona, asesora y capacita en creatividad, inteligencia competitiva, innovación y propiedad intelectual, para impactar en la comunidad universitaria y en los sectores externos.
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
La Universidad de Costa Rica logró este 2019 colocarse en el cuarto puesto del Índice de Transparencia del Sector Público con una calificación de 96,81, la más alta alcanzada desde el 2014 año en que la institución empezó a sistematizar esfuerzos en la apertura de datos y procesos.
El Índice de Transparencia en el Sector Público evalúa a 254 instituciones y representa el esfuerzo de las instituciones públicas en materia de transparencia por medio de sus sitios web, lo cual, contribuye a la modernización del Estado y a una gestión pública basada en buenas prácticas de comunicación con la ciudadanía.
El estudio demuestra que cada año la transparencia aumenta, por ejemplo, el promedio del 20% de las 254 instituciones con mejores calificaciones del 2018 fue de 68,52 puntos, mientras que en este 2019 fue de 75,86 puntos.
En el caso de la Universidad de Costa Rica la calificación del 2019 es la mayor obtenida hasta la fecha, lo que es resultado de esfuerzos constantes realizados por la Unidad de Gobierno Abierto de la Vicerrectoría de Administración que desde el 2016 se encarga de mantener actualizado y ofrecer mejoras al sitio web de transparencia, accesible a través de ucr.ac.cr.
Actualmente el sitio de transparencia de la UCR contiene información relevante para la gestión administrativa de la universidad.
Se incluye información institucional, que supone toda la reglamentación que regula la oferta de servicios, trámites, las decisiones y acuerdos de vicerrectorías, los sistemas e contratación, los planes anuales de compras, y las contrataciones directas de trabajo entre otros.
También en lo que respecta a recursos humanos se incluyen los índices salariales para docentes y administrativos, las planillas mensuales, los perfiles de puestos, las evaluaciones del desempaño y sistema de viáticos.
En bienes y gastos fijos están los listados de activos inmueble y alquileres, y en rendición de cuentas se encuentran los presupuestos y los planes institucionales.
Se identifican las herramientas de participación efectivas existentes en la Universidad y la promoción de actividades para involucramiento de los ciudadanos. La mayoría de la información está en formato abierto, procesable y con licencia de uso.
“Todo lo anterior permite un seguimiento preciso a la gestión de la UCR y el o la ciudadana puede ser evaluador o fiscalizador de la institución” comentó Marco Monge Vílchez, responsable de la Unidad de Gobierno Abierto de la UCR.
En el futuro los siguientes pasos de la Universidad en materia de transparencia supondrán procesos abiertos en materia de contratación docente y administrativa, así como de la asignación de becas. Otro reto es la integración del sitio de transparencia con otros sistemas de información institucional que permitan su actualización en tiempo real.
|
Institución |
Índice de Transparencia del Sector Público |
|---|---|
|
100,00 |
|
98,06 |
|
97,30 |
|
96,81 |
|
95,34 |
|
91,36 |
|
90,46 |
|
87,74 |
|
86,86 |
|
85,43 |
El ITSP es una iniciativa que impulsa la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR), con el objetivo de promover una cultura institucional orientada hacia buenas prácticas de acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos, a través de los sitios web del sector público.
Gabriela Mayorga López
Periodista, Oficina de Divulgación e Información
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
Sea parte de SURCOS:
Sobre la cuestión indígena, corresponde precisar que la Constitución Política del 91 (CP91), en el artículo 329, Capitulo Del régimen especial, conformó las Comunidades Territoriales Indígenas en Colombia. Facilita el asimilar que como Estado pluralista los pueblos indígenas gobiernan y ejercen funciones jurisdiccionales (Capítulo 5. De las jurisdicciones especiales. Artículo 246 CP91). Dentro de sus Funciones está: “Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno nacional” (Artículo 330-7 CP91).
Resulta que en el Imaginario de las comunidades indígenas prima una especia de “autonomía” local. Las organizaciones indígenas, de carácter político y social, fungen como autoridades autónomas, empoderadas en ejercer poder local; disponen del atributo de aplicar justicia conforme al derecho natural y consuetudinario. Erigen sus autoridades y ejercen coacción (simbólica y real) con sus “bastones de mando”. En contrario al artículo 12 de la CP91: “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; las autoridades indígenas aplican penas de azotes. Las penas de prisión las cumplen en el sistema penitenciario nacional. De manera que las autoridades indígenas fungen en una especie de para-estatismo colaborador y expresamente en materia de orden público están regidos por directivas especiales del Gobierno nacional.
En un país como Colombia, con un escenario perturbado- desde el punto de vista Constitucional- de un conflicto armado interno, en todo el mapa político nacional, pues las comunidades indígenas en sus territorios están siendo objeto de escenarios del conflicto armado, hoy en día con mayor intensidad. Ante esa realidad, ellos (las comunidades indígenas) han tomado una posición de neutralidad alegando que el conflicto armado entre fuerzas rebeldes y efectivos gubernamentales de combate no les incumbe. Que ese conflicto es “ajeno” a ellos. Esto lleva más de 50 años de contradicciones. Así, que como autoridades locales se encaran ante los mandos de la fuerza pública y se conocen casos, con pesadas escenas, de comunidades indígenas “expulsando” a miembros de la fuerza pública, en particular del ejército, de esos territorios. Con relación a las fuerzas insurgentes o rebeldes, expresan constantemente que no los aceptan en sus territorios; como quien dicen que se vayan con el juego candente de sus fierros a otros lares. De manera que ellos conciben un paraíso terrenal especial en esta Locombia. Y ¡así no son las cosas!
En abstracción subjetiva, al abordar este tema de la territorialidad indígena recreo la situación en El Catatumbo, con las comunidades Bari- Motilonas y los indígenas en el Departamento de Cauca.
En el caso de El Catatumbo, abordar un análisis serio, objetivo, sobre el enfrentamiento armado – superado- entre las guerrillas del ELN y el EPL no deja de pasar por el rasero de los intereses ancestrales de los aborígenes con defensores de oficio por parte de la guerrilla del EPL y los intereses económicos de los colonos, asentados en esas tierras que colonizaron y civilizaron y que con tradición posesoria asumen como verdaderos propietarios; así no aparezcan, en esa inmensidad del relámpago intermitente e inconmensurable del Faro de El Catatumbo, con registro catastral alguno que les otorgue derecho de propiedad. Poseedores con ánimo de señores propietarios, que a su vez tienen como defensores de oficio a las guerrillas del ELN. Ese panorama de conflicto también choca con las aspiraciones de las organizaciones campesinas en la creación de la Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Son 350 mil hectáreas que proyectan el desarrollo integral, ecológico y humanístico de El Catatumbo, con miras al pos conflicto, e instrumento esencial para contraponer al engendro de los ZIDRES, de aprovechamiento particular de baldíos, aupado por los “inversionistas” latifundistas, acaparadores de tierras y lavadores de activos en esa inmensa región. Esto para significar, como las comunidades indígenas están inmersas en el conflicto armado interno, expresión de la lucha de clases en Colombia.
De igual manera abstraernos en la situación de los indígenas en el Cauca, implica la aplicación de efectos de inteligencia estatal contra insurgente. Con la exigencia de observación del orden publico la política contra insurgente del bloque de poder oligárquico, exige a las comunidades indígenas alinearse a lo del para-Estado y en tal sentido aplican como objetivo militar insurgente. El Cauca, con población mayoritaria indígena, transita en auge de agudización del conflicto armado. La parte estatal les incrimina ser permisivas en cuanto a presencia, colaboración con las guerrillas. Las insurgencias cuentan con trabajo político en las bases indígenas y por ende alimentan el fervor militante. Las autoridades indígenas entran en rechazo a esas prácticas. El estamento militar estatal, juega en río revuelto y mantiene efectivos en las labores de contra inteligencia.
La mediática dictatorial engaña a la opinión pública con el cuento que todo gira alrededor del control del narcotráfico, rutas y negocios del mismo.
Comprendamos que el escenario de lucha de un conflicto prolongado y complejo como el colombiano, genera dificultades para la población originaria indígena. Que las comunidades indígenas, así lo expresen, no se sustraen a los efectos de la lucha armada. El año pasado fueron juzgados ocho miembros de las Farc. Fueron azotados y también expuestos al escarnio público conforme a esas tradiciones aplicadas. Enuncio la regla guevarista: “Si no te metes con la política, la política termina metiéndose contigo”. El conflicto armado intenso en esos territorios coloca a las comunidades indígenas como sujetos activos y/o pasivos. A las fuerzas armadas estatales les es dado cumplir con unas reglas y es explicable un comportamiento constreñido de conducta. Pero que reglas se le pueden exigir al los irregulares guerrilleros que enuncian un enfrentar a todo el orden constitucional colombiano. (A no ser la de violación al Derecho Internacional Humanitario DIH) Esa es, digamos la razón de ser de los rebeldes. El incidente en que la Gobernadora indígena y cinco de sus Guardias murieron, al parecer obedeció a querer rescatar a unos presos que transportaba la justicia indígena. La mediática y obvio la conducción informativa del ejército, apunta que es debido al control de rutas y territorios del narcotráfico, como manido argumento de la lucha contra las drogas y la extensión del brazo intervencionista del Imperio en nuestra geografía nacional.
De tal manera que el coraje generado por la matanza ocurrida explica la sensibilidad de las organizaciones sociales por denunciar el hecho ante la comunidad nacional e internacional. Prioriza, no obstante, la diferenciación en el escenario de los hechos, donde resalta que la política mentirosa del régimen presidencial de derecha militarista en decadencia, no puede continuar como política del avestruz negando la existencia del conflicto armado interno colombiano. Que se imponga el mandato constitucional de protección fundamental a la vida y de búsqueda de la paz y solución política- no con engaños y negando la responsabilidad estatal a lo Acordado- al fin del conflicto interno armado. Acompañado de profundas reformas, que también demandan las comunidades indígenas o aborígenes.
En esos términos de precisión y claridad avalaría un pronunciamiento de las organizaciones sociales de profesionales del Derecho, sobre la matanza de indígenas y de líderes y lideresas sociales, reiterando- sobre este último aspecto -las sustentaciones académicas que he desarrollado respecto a la aplicación de la con-causalidad política del partido fascista de gobierno, el Centro Democrático CD), con esas muertes selectivas y sistemáticas. Materializando esa tesitura jurídica, tendría sustento la Fiscalía General de la Nación, para la función pública de dar con los autores intelectuales de esos crímenes de lesa humanidad. Está pues abierta la discusión.
1 de noviembre de 2019.
Enviado por el autor.
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