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Autor: María José Ferlini Cartín

El miedo no puede ser opción

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Un artículo de reciente publicación titulado “Hablo porque no sé hasta cuándo podré hacerlo” de Eduardo Alvarado, plantea una premisa impensable en un país como Costa Rica hasta hace unos años.

Habla, y sí que lo hace, de la necesidad de contrarrestar la desinformación y la laxitud de contenidos disparados en redes sociales frente a la batalla cultural instalada contra medios de comunicación que han sido colocados en el discurso oficial como “los enemigos del pueblo”.

Estamos claros que el origen de algunos de esos medios está basado en la confluencia de intereses económicos y políticos y que durante muchos años han construido una agenda que impulsa su proyecto, su enfoque y su visión de mundo.

Pero este hecho no puede llevarnos a aprobar los feroces ataques que sistemáticamente ha sostenido el poder ejecutivo actual contra cierta prensa, que claramente le ha señalado sus yerros y equivocaciones, que no han sido pocas.

Habla Alvarado, y sí que lo hace, en un artículo en el peridodico La Nación, de la forma como los núcleos duros de opinión llevaron a Kamala Harris a la derrota frente a Donald Trump; refiere un estudio de opinión que plantea que 6 de cada 10 personas temen hablar del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador.

Esto último no es una ficción. Me ocurrió con una querida amiga artista plástica y poeta salvadoreña a la que cité en una columna y que luego me solicitara eliminar esa referencia, pues temía represalias del gobierno salvadoreño sobre sus opiniones.

En Costa Rica aún marcamos el paso de la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, los límites han venido creciendo a pasos agigantados. Urge hablar, como lo hizo Alvarado en su columna. Urge defender el espacio público del intercambio y la reflexión.

Cualquier otra cosa nos habrá llevado irremediablemente a un lugar del cual no podremos salir intactos. No permitamos que el miedo se instale como opción.

La “vía rápida” del ejecutivo y sus aliados para demoler el ICE

  • FECON llama a detener privatización de la electricidad

  • Se cumplen 20 años del plebiscito por el río Pacuare

La decisión del Poder Ejecutivo de tramitar por “vía rápida” el proyecto de privatización de la electricidad #23.414, es una acción desesperada y temeraria que complace plenamente a sus aliados políticos y empresariales empeñados en privatizar la electricidad y carcomer al ICE desde adentro, como lo hace la propia presidencia ejecutiva del ICE. Imponer la “vía rápida” sólo es posible con el sometimiento de otras diputaciones al oficialismo.

Este proyecto no mejora, no moderniza, no eleva la eficiencia del sector eléctrico, y mucho menos garantiza que se puedan bajar las tarifas, algo que ha sido imposible de demostrar por todos sus defensores dentro o fuera de la Asamblea Legislativa. No hay un solo país en el que se registren mejores precios para la gente tras la privatización. Lo que ha habido es racionamiento, apagones y tarifas más altas.

El 23.414 es un proyecto diseñado a la medida de los generadores y distribuidores privados para consolidar sus negocios. Con total seguridad afirmamos que conduce al debilitamiento y hasta eventual desaparición del ICE como institución directora del servicio público de la electricidad. No resulta nada nuevo que Liberación Nacional mantenga su línea férrea privatizadora, como lo ha hecho desde la aprobación de la ley 7.200 en 1990. Eso es exactamente lo mismo que hacen el PUSC y otros. Esa es una vergüenza que la sociedad costarricense debería cobrarles muy caro.

Este gobierno conduce una guerra para la demolición de cualquier institución de servicio público y solidario, y en esa guerra el trámite rápido es una arma temeraria que elimina toda discusión profunda en la Asamblea Legislativa y nos impide exponer nuestros argumentos. Esto confirma que definir nuestro modelo eléctrico sigue siendo un ejercicio de gobiernos y empresarios, excluyente y antidemocrático.

La estrategia fallida de aprobar mediante la “vía rápida” las jornadas de 12 horas por medio de otro nefasto proyecto de ley bajo el expediente #24.290. Esta mala decisión, no ha sido lección suficiente para este gobierno y sus aliados (PLN, PUSC, NR y PLP). Ahora pretenden continuar con la aprobación de más medidas impopulares y regresivas.

Desde la Federación Ecologista de Costa Rica, FECON, relanzamos nuestra absoluta oposición al proyecto 23.414 y hacemos un llamado a las organizaciones sociales comunitarias, a los Pueblos Originarios cuyos ríos son un “botín”, a los colectivos ecologistas y ambientalistas, a los sindicatos, y en general a toda la sociedad costarricense, para que “nos tiremos al agua” y salgamos a defender el ICE como institución pública de servicio social y celebrar los 20 años del plebiscito que resguardó el Río Pacuare.

El ICE jamás debe ser privatizado, vendido, regalado, ni destruido. El objetivo real del proyecto 23.414 es agrandar las fortunas de los mercaderes privados de la electricidad.

Inédita, inusual y desproporcionada demanda contra defensor ambiental

  • Especialistas en derecho ambiental y de libertad de expresión advierten que esta demanda es excesiva, desproporcionada y contraproducente.

  • Acción legal busca callar las críticas y es un típico caso de “SLAPP”.

Enjoy hotel & Resort S.A. fue noticia gracias a una demanda contra Juan Bautista Alfaro Rojas, conocido en redes sociales como @juambacaminando, a quien le aplicaron una medida cautelar “urgentísima de embargo preventivo”. La empresa enumera hechos en los que supuestamente el influencer ha “ha generado un daño grave a la reputación de Enjoy Hotels”. Por lo que el Tribunal Colegiado de Primera Instancia Civil de Pérez Zeledón dictó embargo preventivo contra las cuentas bancarias, salarios, tarjetas de crédito y bienes inmuebles de Alfaro Rojas.

Para Bloque Verde, la empresa ya perdió ante la opinión pública y la sociedad. Ha quedado en evidencia por qué ciertos grupos empresariales, irresponsables, hicieron campaña contra el Acuerdo de Escazú. No dudamos que, en este momento, muchas personas empresarias que tenían inversiones con este grupo, o que estaban interesadas en invertir, no quieran verse envueltas en esta polémica, teniendo que lidiar con el repudio social que se está generando.

Hacemos un llamado a movilizar la opinión pública para rechazar este intento de silenciar la protesta ambiental. Invitamos a manifestarse por todas las vías posibles y a no permanecer indiferentes. Hay distintas formas de apoyar: existe una petición en línea y una colecta solidaria para que este defensor ambiental y su familia sientan el respaldo que caracteriza a la mayoría del país.

Es un caso inédito y la reacción de la sociedad costarricense también lo será. Desde el principio se han visto numerosos mensajes de apoyo a Juan Bautista Alfaro Rojas y reproches para la empresa hotelera.

El experto en derecho ambiental y docente de la Universidad de Costa Rica el Msc. Álvaro Sagot nos recuerda que: “esto se conoce internacionalmente como una SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda estratégica para frenar la participación pública. Su fin no es demostrar la falsedad de lo dicho, sino castigar a quienes se atreven a hablar.”

Sagot además recordó que esta situaciones no son nuevas, forman parte de estrategias ya ensayadas en toda América Latina contra activistas y personas defensoras. En Costa Rica ya hemos pasado por casos similares en el año 2013 cuando la empresa minera Crucitas demandó al profesor Nicolás Boeglin y Jorge Lobo por manifestarse en contra de la explotación de oro a cielo abierto en la zona de Cutris de San Carlos. Ver apartado final sobre antecedentes.

En la misma línea, el doctor por la Universidad de París y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica Rodolfo Brenes Vargas, especialista en derecho penal y libertad de expresión, se refiere a este sonado caso: “si bien la libertad de expresión tiene límites y las personas físicas y jurídicas pueden demandar cuando han sido afectadas en sus derechos, considero que en este caso estamos ante un exceso y ante una decisión que implica riesgos importantes para la empresa hotelera.”

Aunque el embargo preventivo está previsto en la ley y cualquiera tiene derecho a pedirlo, es una medida que tiene un severo impacto en la persona demandada, por lo que obviamente tiene un efecto intimidatorio, analizado como tal en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos” (…) “pese a ser legal o usual, no quiere decir que en todos los casos sea estrictamente necesaria y proporcional. Sobre todo, cuando en medio está en juego un derecho humano, como la libertad de expresión”, resaltó Brenes Vargas.

En su jurisprudencia sobre libertad de expresión el abogado citó un fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en el caso Fontevecchia y d’Amico vs. Argentina) ha señalado que «el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia las medidas civiles (como en este caso)».

Adicional a lo anterior se sabe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido «que las expresiones críticas e incluso ofensivas gozan de la protección del derecho a la libertad de expresión, y que en virtud de la necesidad de la máxima posibilidad de información y el pleno ejercicio del derecho a la expresión existe un margen legítimo para la inexactitud en la información que se difunde.

En este sentido, Brenes Vargas dijo que: “el derecho a la información abarca toda la información, inclusive aquella que denominamos «errónea», siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos (…) la divulgación de información errónea de buena fe, es inevitable en una sociedad democrática, libre y pluralista, por lo que de imponerse una exigencia de verdad absoluta para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, especialmente en relación con temas de interés público como los abusos de poder y la corrupción, se afectaría la esencia misma del derecho (…)».(Informe de Fondo No. 148/19 CASO 12.971 del 28 septiembre del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos).

Urge el Acuerdo de Escazú. Este caso de Juan Bautista nos recuerda la deuda que tiene Costa Rica en materia de derechos de las personas defensoras de la naturaleza. El Acuerdo de Escazú, negociado en nuestro país, establece la obligación internacional de los Estados de proteger a las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, lo que incluye su libertad de expresión.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a tomar «medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contemplados en el presente Acuerdo.»

Es sabido que los delitos contra el honor son regularmente usados por los políticos y personas poderosas para atacar a la prensa y a los periodistas cuando son objeto de críticas incómodas o indeseables.” ejemplificó el Dr. Brenes Vargas.

Riesgos para la reputación de la empresa: Ambos especialistas opinan que, al emprender estas acciones legales, la empresa hotelera asume “riesgos importantes” para su reputación.

En esta misma línea Brenes señaló que: “puede ser percibida como una empresa que quiere aprovechar su poder económico para aplastar la crítica, en un tema muy sensible para los costarricenses como el ambiental… la discusión surge en un contexto mediático donde se denuncian los efectos indeseables de la gentrificación en las playas nacionales.”

Sobre la futura resolución del caso Brenes termina señalando que “cuando se trata de asuntos de interés público, la libertad de expresión tiende a prevalecer y a superponerse a otros derechos… considero que estamos ante un exceso que era absolutamente innecesario, de donde se ha derivado un riesgo reputacional indeseable para la empresa demandante.”

Antecedentes. Este tipo de demandas no son nuevas. En los últimos años han sido parte de un proceso de criminalización sistemática que puede representarse como un ciclo de violencia socioambiental. Aunque no necesariamente lineal, este ciclo muestra una evolución que comienza con la intolerancia y se traduce en el desprestigio y la descalificación de las personas ambientalistas. Esto busca generar una estigmatización que sirva para justificar la intimidación, la violencia o la persecución legal. Cuando estas estrategias no logran su objetivo, se pasa a acciones directas: acoso, amenazas, daños a bienes y, finalmente, agresiones personales, todo con el fin de desmovilizar las luchas socioambientales (Álvarez Mora, Casas Mora, & Pomareda García, 2020).

Según el libro 30 años de criminalización en Costa Rica, se han documentado múltiples demandas de este tipo: siete contra activistas individuales, diez demandas colectivas y dos contra medios de comunicación. En ninguno de estos 19 casos se logró una condena contra las personas acusadas, ni se logró detener la organización o movilización de las comunidades. Además, en ningún caso anterior se había solicitado un embargo preventivo como medida cautelar.

Fuente: Álvarez Mora, M., Casas Mora, A., & Pomareda García, F. (Comp.). (2020). Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON). https://semanariouniversidad.com/wp-content/uploads/2020/12/Libro-30-anos-de-Criminalizacion.pdf

Reflexiones tras el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense

Por: Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA

Durante los últimos días, se celebró en la Ciudad de Limón el Primer Congreso Tribal Afrocostarricense, con la participación de delegados nacionales e internacionales, así como representantes de diversas comunidades del Caribe costarricense escogidas para tal efecto.

En este contexto, como presidente de la Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de Cahuita (ACUDHECA), me permito compartir una reflexión crítica sobre el rumbo y los desafíos actuales del movimiento tribal.

Muchos de los adultos mayores afrocostarricenses aún recuerdan las décadas de 1960 y 1970, cuando Matina, Estrada y Batán—junto con Siquirres y Old Line—eran comunidades tribales vibrantes. Cuando la venta de cacao los viernes y las carreras de caballos los fines de semana eran una parte clave de su tejido social.

Hoy, sin embargo, encontrar familias negras en esas regiones es comparable a buscar una aguja en un pajar. La desaparición de estas comunidades está estrechamente ligada a la pérdida de derechos de propiedad tribal, ya que las tierras fueron confiscadas directa o indirectamente por el gobierno y luego puestas “legalmente” en manos a colonos no negros provenientes de otras partes de Costa Rica e incluso de la vecina Nicaragua. (1)

En muchos casos, solo para ser vendidos posteriormente a Compañías Bananeras. (Un evidente contubernio entre bandas de precaristas, inversionistas agrícolas y el Estado costarricense).

Por lo anterior, defender derechos que fueron despojados hace mucho tiempo a menudo se compara con un perro persiguiendo su propia cola. Tal es la tarea ineficaz delegada al llamado Foro Tribal Afrocostarricense, que ha priorizado la representación simbólica sobre los esfuerzos sustantivos de recuperación de tierras.

  • La participación en reuniones, simposios y congresos;

  • Acompañada del uso de vestimentas africanas e imágenes de realeza. Se ha vuelto común.

Sin embargo, detrás de esta estética de empoderamiento yace una continuación silenciosa del despojo, ya no administrada a través de funcionarios coloniales o su imagen de patronos y capataces, sino más bien encubierta en símbolos culturales africanos que crean la ilusión de respeto, asimilación e inclusión.

Cuando los medios nacionales tradicionales respaldan con entusiasmo un movimiento y su liderazgo—supuestamente trabajando en beneficio de los afrocostarricenses—esto debe ser considerado con escepticismo (como una señal de alerta). Porque tal respaldo a menudo sirve como una distracción de las injusticias estructurales en curso.

En resumen, se nos está asignando la tarea de restaurar, con discursos, el daño que ellos mismos nos han causado con leyes. (2)

Hoy, los afrocostarricenses estamos atrapados en un escenario complejo marcado por tres procesos simultáneos:

(a) El acelerado aumento de la multietnicidad y pluriculturalidad.

(b) El continuo despojo de tierras, y

(c) Una merecida demanda no resuelta de justicia retributiva.

Este contexto requiere un enfoque multidimensional.

Si bien el objetivo general puede denominarse como la “Lucha por la Retribución”, es imperativo que tales esfuerzos también trabajen de la mano para detener el despojo continuo de tierras, e incluyan tantas voces afectadas como sea posible. Incluyendo aquellas que velan por la protección del medio ambiente.

Para tener éxito, este movimiento debe ser masivo—arraigado en la identidad local de nuestro pueblo—y debe romper de una vez por todas con la imagen elitista y sectaria que ha proyectado hasta ahora. Ese enfoque no solo es ineficaz; es peligroso. Nos divide cuando más necesitamos unidad.

Hermanos y hermanas, seamos claros: Es hora de quitarnos los disfraces africanos y dejar de fingir que el simbolismo es sustancia. Muchos de los nuestros no pueden permitirse esas vestimentas—y no deberían tener que hacerlo. Lo que necesitamos es solidaridad, no espectáculo.

Estemos juntos, hombro con hombro, no como actores, sino como personas con un propósito. Solo entonces caminaremos con valentía hacia la luz de la justicia, y reclamaremos la reparación que la historia nos debe.

Notas al pie:

1. Véase la Ley 31 de 1935 y las políticas de titulación de tierras excluyentes subsecuentes contra personas afrodescendientes en Costa Rica.

2. Para más contexto histórico, considérese la trayectoria de leyes y políticas de tierras discriminatorias iniciadas en 1848, que excluyeron sistemáticamente a los afrodescendientes del pleno derecho de propiedad. Este patrón continuó durante el siglo XX, culminando en la interpretación controversial de la Procuraduría General de la República (PGR), según la cual la Ley 6043 de 1977 derogó leyes anteriores como la Ley 35 de 1915 (Cahuita) y la Ley 166 de 1935 (Old Harbour), anulando de hecho los derechos previamente reconocidos de propiedad costera a comunidades afro costarricenses.

Es importante señalar que para la realización de este Congreso no se celebró ni una sola Asamblea Popular en los pueblos tribales del país con el propósito de elegir democráticamente a sus delegados.

En su lugar, se llevaron a cabo reuniones locales controladas, en las que participaron personas previamente escogidas a dedo, quienes se encargaron de asignar entre ellos mismos a los delegados que asistirán al Congreso.

Del desarrollo personal al desarrollo humano

Los extensos estudios de anatomía humana de Leonardo da Vinci estaban cientos de años adelantados a su tiempo. (Imagen de Wikimedia Commons, Leonardo da Vinci.)

David Andersson

En la tercera asamblea del Foro Humanista Mundial el 19 de julio, Antonio Carvallo propuso crear una nueva mesa de trabajo sobre Desarrollo Personal. Durante su presentación, una chispa captó mi atención. Señaló que, durante los últimos 5.000 años, la humanidad ha dedicado casi toda su energía a comprender y desarrollar el mundo exterior, mientras descuidaba nuestro propio desarrollo interno como seres humanos.

Hoy estamos aquí, con capacidades tecnológicas, científicas, intelectuales y sociales asombrosas. Podemos dividir átomos, mapear genomas y comunicarnos al instante a través del planeta. Sin embargo, en comparación, nuestra comprensión de cómo funcionamos internamente como seres humanos sigue siendo dolorosamente limitada. Con demasiada frecuencia, los seres humanos siguen siendo tratados demasiado a menudo solo como herramientas, valorados principalmente por su capacidad para producir y consumir.

Pregúntale a un adolescente qué planea hacer con su vida, y esta pregunta típicamente la entenderá como: ¿A que profesión te dedicarás? La vida se ha vuelto sinónimo de trabajo. Uno estudia para trabajar, trabajarás la mayor parte de tu vida y finalmente te jubilarás —a menudo exhausto y desilusionado. La realización se vincula al éxito profesional, incluso dentro de una sociedad disfuncional o un entorno laboral tóxico.

Entre tanto, las estadísticas de salud mental en la sociedad occidental alertan de que una crisis profunda y creciente está en curso:

  • En 2022, unos 59,3 millones de adultos estadounidenses (≈23,1%) experimentaron alguna forma de enfermedad mental.
  • En 2022, 15,4 millones de adultos (6%) experimentaron una enfermedad mental grave.
  • En 2022, los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) reportaron 49.449 muertes por suicidio en Estados Unidos —un aumento de aproximadamente el 3% respecto a los 48.183 registrados de 2021, marcando un récord histórico.

¿Acaso no es ésta una expresión dramática de un conflicto interno sin resolver?

¿Por qué se ha subvalorado tanto el desarrollo interno? Casi parece que hubiera una conspiración global en su contra. La mayoría de las religiones comienzan con una cierta experiencia interna, pero con el tiempo se vuelven cada vez más externas — colocando a Dios en el cielo, centrándose en rituales externos, obsesionándose con la comida o las reglas. Las ideologías políticas como el marxismo a menudo fracasan en la exploración del papel de la violencia, el miedo y en el significado en cómo nos organizamos a nosotros mismos. Incluso en la moderna industria de la “autoayuda” o «superación personal», el crecimiento personal suele concebirse como una forma de «optimizar el rendimiento» dentro de las mismas estructuras deshumanizantes que causan sufrimiento.

Pregúntale a alguien: «¿Cómo manejas el miedo?». A la mayoría le costará mucho responder. Las personas no tienen herramientas internas ni lenguaje para enfrentar y transformar sus miedos (temores). En esta ausencia el miedo se convierte en la herramienta que el Sistema usa para controlar la vida cotidiana: tememos que nos despidan, a no tener suficiente dinero, o no ser amados, miedo a ser «demasiado» o «no lo suficiente».

¿Por qué tanta gente se siente exhausta? ¿Qué sabemos realmente sobre nuestra propia energía interna — cómo cultivarla, renovarla, dirigirla? Son preguntas fundamentales y centrales para nuestra supervivencia y evolución y, sin embargo, la sociedad rara vez las aborda.

Seamos claros: no proponemos el desarrollo personal solo para que las personas funcionen mejor en este sistema deshumanizado. El verdadero desarrollo personal consiste en cambiar por completo el enfoque de nuestras vidas. Nada significativo puede transformarse en el mundo hasta que internalicemos nuestro conocimiento de lo que significa ser humano, que reconozcamos que la vida tiene un significado más allá del trabajo y el consumo, y nos liberemos de la ilusión del miedo.

La paz no es la ausencia de guerra. Es un estado interno del ser.

Imaginen lo que significaría que 8.000 millones de personas emprendieran un camino de autoconocimiento, aprendiendo a superar el dolor y el sufrimiento, viendo el dinero no como un fin en sí mismo sino como una herramienta para humanizar la Tierra. Imaginen si el autoconocimiento se abordara del mismo modo en que un músico practica con su instrumento — con disciplina, cuidado y pasión.

La educación debe evolucionar. Debe estar arraigada en el desarrollo del ser humano completo. Reconciliarnos con nosotros mismos debería ser el primer paso. El mundo que anhelamos debe echar raíces primero dentro de nosotros mismos; solo entonces podremos co-crearlo con los demás.

Fuente: https://www.pressenza.com/es/2025/07/del-desarrollo-personal-al-desarrollo-humano-2/?fbclid=IwY2xjawL4xjZleHRuA2FlbQIxMQABHi75Z46mES4zvmeyWdEEVu_MX5GTCfk0qgs5RuIaImcvkDcB0w-3celxP_bF_aem_YIQoNbE7JpaJh54XswCaTA

¿Quién mató a Francisco Morazán?

Por René Mauricio Valdez1

Cuanto más vemos, más capaces somos de ver
María Mitchell

1 Salvadoreño, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Toronto, Canadá. Trabajó en instituciones de la administración pública de su país, de la integración centroamericana y de las Naciones Unidas.

Son muchos los hechos y circunstancias que me llevan a colocarle un signo de interrogación a la historia que se cuenta sobre la muerte de Francisco Morazán –acaecida en Costa Rica el 15 de septiembre de 1842, por fusilamiento, luego de un masivo levantamiento en su contra mientras ejercía como presidente de aquel país.

La narrativa prevaleciente es bastante bien conocida. Fue difundida desde muy temprano por varias proclamas que publicó Antonio Pinto, la primera el 11 de septiembre de 1842, cuatro días antes de que personalmente capturara y dirigiera el pelotón que fusiló a Morazán. A continuación, fragmentos de dichas proclamas, dirigidas “a los soldados de Costa Rica”, las que probablemente son la primera exposición de la versión oficial de los hechos:

Mucho tiempo ha de que el desenfreno de una ambición audaz meditaba recobrar, con el sacrificio de vuestra patria, la silla de que lo arrojó la opinión pública.

Cuando el caudillo comenzara a realizar su proyecto fatal, vosotros opusisteis la más firme resistencia…

Mañana ibais a marchar de justos invasores. El pretendido conquistador de Centro-América se soñaba dominarla; y vuestras vidas, intereses y honor, todo lo iba a sacrificar a sus conatos;

Vosotros habéis empuñado las armas; pero con el secreto designio de salvar a la Nación…

Soldados: me habéis proclamado vuestro jefe de armas y voy a tomar la parte que me corresponde en vuestra causa. (Proclama del 11 de Sept de 1842).

Un día después de que ejecutó a Morazán, Pinto suscribió un comunicado en calidad de “General en Jefe de los pueblos de Costa Rica” en el que reafirmó la proclama del 11 de septiembre y agregó un enigmático comentario:

Loor eterno a los valientes soldados que dirigidos por una mano oculta cargaron sobre sí el deber de recuperar vuestros derechos a costa de derramar su sangre.

En otras palabras, la historia oficial es que mientras ocupaba la presidencia de Costa Rica –luego de regresar del exilio y desplazar del gobierno al conservador Braulio Carrillo– Morazán intentó organizar un ejército centroamericano para restablecer el proyecto liberal de la República Federal de Centro-América, de la que él naturalmente sería el presidente. Los labriegos costarricenses, hartos de tanta guerra, se levantaron en masa contra el desenfrenado caudillo y lo fusilaron.

Un aspecto no tan recordado de la versión oficial es la críptica referencia que hizo Pinto a la “mano oculta” que dirigió a los alzados. Si salvar a la nación fue el “secreto designio” de los que empuñaron las armas contra Morazán, ¿cuál fue su designio manifiesto? Estas llamativas expresiones de Pinto apuntan hacia un silencio histórico firmemente enraizado que quiero contribuir a visibilizar.

La lectura alternativa que propongo requiere poner en valor cuestiones que son desconocidas o sólo tocadas de manera anecdótica por la inmensa mayoría de estudios. Por un lado, el papel dirigente que tuvieron en el episodio varios acaudalados europeos, residentes y con cargos políticos en Costa Rica, afines a Braulio Carrillo y a los dos potentes enemigos internacionales o externos de Morazán: la Corona inglesa y la Iglesia de Roma.

Por el otro, la decidida expansión territorial del imperio británico sobre Centroamérica durante este período, expansión que tuvo fuerte incidencia en los procesos políticos de la región y que es necesario escudriñar para captar en su justa dimensión los acontecimientos que culminaron con el fusilamiento de Morazán nada menos que un 15 de septiembre.

2.

Desde antes de la independencia de España y hasta fines del siglo 19 los ingleses se posesionaron por las armas de territorios, islas y aguas centroamericanas tanto en el lado del Atlántico como del Pacífico. Un funcionario inglés residente Belice estimó que, para mediados del siglo 19,

La suma de nuestras adquisiciones en Centro-America, excluyendo a las pequeñas islas de Roatán y del Tigre, es de 66,000 millas cuadradas… en que nosotros tenemos una autoridad sin oposición, siendo casi la tercera parte de Centro-América, igual á dos terceras partes del área de la Gran Bretaña (citado por E.G. Squier 1856, embajador de Estados Unidos en Centroamérica en esa época).

Dichas “adquisiciones” permitían al Imperio controlar localidades y rutas muy importantes para el comercio, pero sobre todo críticas con miras a lo que todos llamaban “la empresa más importante del mundo”: la construcción y el control del canal entre los dos océanos y el aseguramiento de sus rutas de aproximación y de salida.

La estratégica ruta interoceánica sólo podía construirse por algún punto del istmo que se extiende desde Tehuantepec hasta el Darién. La mejor opción era, de lejos, la vía de Nicaragua pues allí el canal prácticamente ya estaba hecho por la naturaleza (Rio San Juan en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica gran lago de Nicaragua Rio Brito por el lado del Pacífico).

El plan B era el Darién en Panamá, entonces parte de la Nueva Granada. Sin embargo, este proyecto estaba bastante más lejos que Nicaragua de las costas de Estados Unidos, requería adentrarse en una selva cerrada con un temido “clima maligno”, y realizar descomunales excavaciones a través de la columna de cerros que conforma la división continental –problema inexistente en Nicaragua.

Desde los primeros días de la vida independiente, varios gobiernos y movimientos políticos centroamericanos se autodefinieron liberales o convergieron entorno a principios básicos del liberalismo de la época, como la separación entre el estado y la iglesia y la oposición al colonialismo. Los libros de Jeremías Bentham eran comunes entre los jefes del partido liberal, anota el embajador Squier.

Los grupos y gobiernos “liberales” tenían su propio concepto del paso oceánico que querían construir. Reconocían que era un proyecto faraónico; le otorgaban la máxima importancia como motor de la prosperidad de la región y de la consolidación de la República Federal. Un “emporio del universo” lo llamó Simón Bolívar, que traería “a tan feliz región los tributos de las cuatro partes del globo”. Trágicamente, terminó transformándose en poderosa causa de muchos males –especialmente para Nicaragua—, en particular, el fracaso de la reunificación política de la región. (Valdez 2024).

Querían un canal política y militarmente neutral bajo soberanía centroamericana, abierto sin discriminaciones al comercio mundial, no controlado con fines militares por una o más potencias, y menos aún si dicho control implicaba la ocupación de territorios de la república. Intentaron que se construyera mediante acuerdos internacionales que no lesionaran la soberanía territorial de Centroamérica y la neutralidad de la vía. Era un modelo que definitivamente no encajaba con la visión que tenía el Imperio. Contingencias europeas (la Revolución Belga de 1830-31) y la diplomacia victoriana de Lord Palmerston se mezclaron con procesos políticos de la región para producir el fracaso de las negociaciones canaleras con el Reyno de los Países Bajos, Francia y Alemania.

Los liberales opusieron resistencia a las ocupaciones territoriales empleando un modesto pero variado arsenal que incluyó acciones militares, económicas y políticas. Entre las últimas figuró prominentemente el unionismo –los reiterativos acuerdos firmados por los gobiernos para restablecer de manera inmediata la unión política entre los estados de la ex Federación. Todos los intentos unionistas que registra la historia centroamericana del siglo 19 y principios del 20 ocurrieron, invariablemente, como reacción a ocupaciones territoriales y otras graves amenazas de actores externos, y se resolvieron en el curso de los conflictos desatados por dichas ocupaciones y amenazas, involucrando tanto a actores internos como externos.

Lo que podríamos denominar el unionismo “real” (los acuerdos unionistas que fueron efectivamente suscritos) tuvo el propósito inmediato de coordinar la defensa y la diplomacia frente actores externos a la región, y sólo en lo mediato se propuso emprender un proceso hacia la conformación de un estado centroamericano, generalmente concebido como de tipo federal.

Los liberales del siglo 19 bloquearon las importaciones inglesas en protesta por las ocupaciones territoriales y, en numerosas ocasiones, acudieron a las armas. No aceptaron ceder Belice, las Islas de la Bahía, la Mosquitia nicaragüense y hondureña, San Juan del Norte y la Isla del Tigre y otros puntos en el Golfo de Fonseca, lo que determinó que el Imperio no otorgara el reconocimiento diplomático ni firmara tratados con la Federación Centroamericana y los estados “del centro” (El Salvador, Honduras y Nicaragua, los más unionistas), como si lo hizo con los estados “de los extremos” (Costa Rica y Guatemala) que mostraron en este período una posición mucho más conservadora y afín a la Iglesia de Roma y al imperio inglés, y más reacia al proyecto de reunificación.

Hasta fines del siglo 19 Estados Unidos apoyó al unionismo y al canal neutral bajo soberanía centroamericana como un medio de contención contra los ingleses. Con la recaída de la influencia británica hacia fines del siglo y la paralela emergencia de Estados Unidos como potencia dominante, este último país cambió su postura drásticamente. (Valdez 2004, Rodríguez 1964).

3.

La muerte de Morazán ocurrió durante una coyuntura especialmente álgida del expansionismo inglés en Centroamérica. En 1841 Inglaterra, con el apoyo de milicias miskitu (afrodescendientes que dominaban gran parte de la costa atlántica de Nicaragua y Honduras), ocupó la totalidad de las Islas de la Bahía (Roatán ya estaba tomada) y las declaró colonias, dependientes al igual que Belice de Jamaica –el próspero enclave azucarero, esclavista y naval inglés, declarado colonia en 1655, desde donde la armada de Inglaterra impuso su dominio sobre el Caribe incluyendo las costas de Centroamérica.

Al mismo tiempo se posesionó de San Juan del Norte –la estratégica entrada por el Atlántico al futuro canal, al que quería transformar en un “puerto libre” siguiendo el approach que usó en Asia para controlar lugares como Hong Kong y Singapur. Ante las protestas, los ingleses arguyeron que las Islas de la Bahía ya antes habían sido posesión inglesa y que Greytown (como llamaron a San Juan del Norte en honor al gobernador de Jamaica) era parte de la nación miskitu que estaba bajo protección inglesa por tratados suscritos con el rey de dicha nación. Todo lo anterior ocurrió poco menos de un año después de la derrota de Morazán por las fuerzas del guatemalteco Rafael Carrera y de la imposición de un férreo dominio conservador en toda la región.

Morazán se encontraba en Lima a punto de embarcarse junto con su mujer (Josefa Lastiri), la pequeña hija de ambos (Adela) y un grupo de fieles oficiales centroamericanos y europeos hacia lo que sería su exilio definitivo: Santiago de Chile. Con él estaba un veinteañero Gerardo Barrios quien una década y media más tarde tendría un rol protagónico durante los cuatro años que duró el período de las invasiones de William Walker (1856-1860), no como líder militar en el terreno sino ocupando los más altos cargos políticos a la cabeza del estado salvadoreño.

Habían sido muchas las cartas y muy frecuentes las visitas de los seguidores de Morazán en que le pedían que retornara pues él era quien podía y debía encabezar la resistencia a Rafael Carrera y a la amenaza inglesa. Liberales costarricenses apelaban a su auxilio para derrocar a Braulio Carrillo, tradicional adversario de Morazán quien después de un prometedor primer periodo presidencial se había declarado presidente de por vida — un arreglo que más tarde fue impuesto en Guatemala por Carrera.

No sin cavilaciones, Morazán había decidido seguir hacia el exilio, era lo mejor. Cambió de opinión cuando recibió una proclama del “Supremo Director” de Nicaragua denunciando que la integridad y la soberanía habían sido violadas una vez más por el “leopardo inglés”, que “tenía clavadas sus garras sobre las fértiles comarcas de San Juan del Norte.” La proclama llamaba a los centroamericanos de todas las filiaciones a defender la patria agredida. Es posible que no contaran con que Morazán –supuestamente ya en ruta hacia su lejano destierro– estaría entre los primeros en hacerlo.

Morazán canceló el viaje a Chile y con fondos proporcionados por “ilustres americanos” adquirió un bergantín llamado Cruzador, “y demás elementos bélicos para fletarlo en pie de guerra”. (Rodas 1920; Mejía 1986). De Lima navegó a Guayaquil, donde obtuvo más pertrechos. Luego emprendió un periplo sobre aguas del Pacífico centroamericano hasta que se detuvo en el Golfo de Fonseca, lo que disparó las alarmas de los gobiernos de la era Carrera.

Dichos gobiernos habían expresado su rechazo a las nuevas ocupaciones inglesas, pero trataban de mantener un delicado equilibro con el poderoso dictador pro-inglés de Guatemala bajo cuyo pesado yugo se encontraban. Nada como el retorno de Morazán para provocar a Carrera y a su “padrino”, como llamaban a Frederick Chatfield, el cónsul inglés en Centroamérica residente en Guatemala. (Woodward 1993, Rodríguez 1964,).

4.

El Cruzador se aproximó al lado salvadoreño del golfo y fondeó en la bahía del puerto de la Unión (nombre completo: “Puerto de la Unión Centroamericana”). Morazán y sus hombres desembarcaron sin encontrar resistencia –el comandante del puerto, un coronel de apellido Aguado, se había esfumado. Luego de un breve recorrido en el que efectuaron contactos y consultas, retornaron al Cruzador desde el cual, “sobre el mágico espejismo del bello Golfo de Fonseca” (Rodas 1920, 265), Morazán escribió una carta a los gobernantes centroamericanos en la que puntualizó la consigna del momento y pidió que le asignaran tarea (“Señálesenos el lugar que debemos ocupar y el Jefe a quien obedecer”), petición sobre la que no obtuvo respuesta:

La ocupación de una parte de la Costa Norte por un pueblo extraño como el de los “moscos” no podrá verse nunca con indiferencia porque equivale a perder para siempre un terreno que será con el tiempo a la República de gran utilidad; y porque la tolerancia de un hecho de tanta magnitud prepararía otros de igual naturaleza…. la ocupación del puerto S. Juan del Norte… es un golpe de muerte para la República, porque, a mi modo de ver, está cifrada su existencia nacional, la consolidación de un Gobierno y su bienestar y grandeza, en la abertura del gran canal interoceánico por el propio puerto de San Juan […] Con iguales motivos a los que han servido para usurpar este puerto, podrían más tarde ocuparse las Capitales de los Estados. (Santana 2019, 52; Rodas 1920, 267).

Morazán recomendó a los gobiernos que agotaran todas las instancias para tratar de alcanzar un entendimiento honorable con el invasor, porque, de lo contrario, sería ineludible inmolarse batallando contra un enemigo invencible (nótese que Morazán no menciona a Inglaterra que sin duda era el agresor en cuestión. Este silencio u omisión era común. En general en casos como éste optaban por usar lenguaje diplomático o ambiguo para referirse a la Corona o al gobierno inglés propiamente, y sólo se denunciaba a “súbditos ingleses” que habían ocupado territorios de la república):

[Si] no se pudiese lograr una transacción honrosa para la República, quedará por lo menos a los centroamericanos, la satisfacción de haberla procurado y la de acreditar al mundo entero, que, si se les coloca ante la humillación y la guerra, elegirán siempre el último partido, aún cuando tengan la certeza de no poder salvar más que el honor.

El Cruzador hizo movimientos dentro del golfo como para confundir al enemigo, antes de salir de nuevo a mar abierto. Emprendió una rápida incursión sobre Acajutla, donde Morazán desembarcó por unas horas también sin incidentes y realizó más contactos. La nave zarpó y giró hacia el sur, con destino, todos pensaban, hacia Nicaragua. En el camino se fueron sumando embarcaciones con hombres, armas y pertrechos, lideradas por fogueados oficiales centroamericanos y europeos. Entre los últimos estaba el francés Isidoro Saget, un cercano colaborador de Morazán que llegó a ostentar el rango de General y siguió combatiendo en roles prominentes después de la caída del líder.

Cuando la flotilla sorpresivamente se alejó de costas nicaragüenses, continuó hacia Costa Rica y se adentró en el Golfo de Nicoya, ya estaba compuesta por cinco embarcaciones: el Cruzador –el buque insignia– y los buques Josefa, Asunción Granadina, Isabel II, y El Cosmopolita.

Morazán desembarcó en el pequeño puerto de Caldera sin incidentes el 7 de abril de 1842. Braulio Carrillo envió tropas al mando del general salvadoreño Vicente Villaseñor para repeler a los invasores, pero cuando dichas tropas se encontraron con las de Morazán, suscribieron un acuerdo en un paraje conocido como “El jocote” y prosiguieron juntas la campaña en contra del presidente vitalicio, quien cedió la plaza sin ofrecer resistencia. Morazán fue recibido en San José con amplias muestras de júbilo. Fue nombrado presidente y poco después “libertador de Costa Rica” mediante sendos actos legislativos.

5.

El 17 de julio de 1842 los estados del centro suscribieron la Convención de Chinandega, la que dio origen a la Confederación Centroamericana. Más que una verdadera unión o gobierno, era un pacto defensivo que convocaba a liberales y conservadores que coincidían en que había que hacer algo frente a las ocupaciones inglesas –un compromiso para reclamar conjuntamente “al Gobierno de Su Majestad Británica sobre la ocupación que hayan hecho sus súbditos del territorio e islas de la República.” Los ingleses y Carrera bloquearon la Confederación lanzando su propio proyecto de confederación con capital en Guatemala y golpeando militarmente y con reclamaciones económicas a los estados del centro. (Rodríguez 1964).

Morazán reincorporó a Costa Rica a la unidad centroamericana días después de la creación de la Confederación. También recibió autorización legislativa para formar un “Ejército de Liberación de Centroamérica”, con el cual me parece claro que en lo inmediato no pretendía restablecer la unión, sino combatir las ocupaciones territoriales de los ingleses y los miskitu.

Apresuradamente, un grupo de prominentes conservadores costarricenses afines a Braulio Carrillo y encabezados por el próspero cafetalero catalán Buenaventura Espinach, se desplazó a conferenciar con el cónsul inglés, quien recibió un pormenorizado reporte sobre los acontecimientos. El hondureño Alex Palencia (2018) –quien ha realizado extensas investigaciones bibliográficas sobre la vida y obra del prócer– sostiene que fue en esta reunión que

se [planificó] la conspiración para neutralizar el proyecto de Morazán de unir a Centroamérica a través de una cruzada militar, acción… que frustraría el proyecto inglés de construir el canal interoceánico en San Juan del Norte en Nicaragua, principal motivo que causó la muerte de Morazán.1

Ninguna fuente que esté a mi alcance proporciona más información sobre este importante encuentro de Espinach con Chatfield o sobre las medidas que el Imperio tomó en seguimiento. Pienso que fue un asunto reservado sobre el que se intentó no dejar pistas. Lo cierto es que poco después — estando Morazán organizando el Ejercito Centroamericano y revirtiendo medidas anti populares de Carrillo– de entre los dispersos, pacíficos y modestos agricultores costarricenses emergió una poderosa fuerza de combatientes (5,000 según varios cronistas) que enfrentó a las tropas leales del gobierno y a los oficiales de Morazán, “con toda clase de armas” como dice Rodas, ocasionándose mutuamente numerosas bajas, hasta que capturaron al caudillo en su repliegue hacia Cartago con la falsa promesa de respetarle la vida.

El detonante de este llamativo levantamiento –emprendido por un pueblo pacifista y de recursos escasos que estaba harto de tanta guerra– habría sido un mal hadado y al parecer inexistente intento de Morazán de reclutar combatientes de manera forzosa para repeler una invasión nicaragüense en la región de Guanacaste. (“Jamás se emprende una obra semejante con hombres forzados” se lee en el testamento político de Morazán). Los costarricenses sorprendentemente habrían preferido no pelear en Guanacaste – por la que existía una fuerte disputa entre Costa Rica y Nicaragua– y en cambio optaron por armar el lío del siglo contra Morazán.

La invasión nicaragüense presumiblemente habría encontrado condiciones propicias para avanzar sobre Costa Rica ya que el país se encontraba convulsionado enfrentando con las armas a Morazán en la distante meseta central (Alajuela, Cartago, San José). Además, los costarricenses habrían expresado su deseo de no combatir a sus hermanos nicaragüenses, como lo pone una de las proclamas de Pinto. Sin embargo, no he encontrado referencias sobre lo que pasó con la invasión. Desaparece tan pronto comienza el levantamiento contra Morazán.

6.

¿Por qué habrán decidido fusilar a Morazán el 15 de septiembre? ¿No podrían haber esperado unos días, digamos hasta el 18, para que su muerte no enturbiara las alegres y patrióticas celebraciones de la independencia? ¿En ese momento y en el futuro? ¿Es que no tenían respeto por los sentimientos anticolonialistas que, pese a los reveses, primaban en toda América Latina?

Morazán y sus compañeros presos recién llegaban a San José desde Cartago el 15 de septiembre a la una de la tarde, cuando sorpresivamente fueron informados que su ejecución, por orden de Antonio Pinto, debía realizarse ese mismo día, sin más trámite ni dilación. La fecha de la ejecución no fue, pues, producto de una casualidad o de alguna inescrutable ironía del destino, sino de una decisión deliberada. ¿Por qué escogieron esa fecha?

La respuesta debemos buscarla, en mi opinión, en el hecho que no fueron costarricenses quienes concibieron y dirigieron el levantamiento contra Morazán, sino acaudalados europeos conservadores residentes en Costa Rica, con cargos políticos y fuertes vínculos con el consulado inglés, que no tenían simpatía por los ideales independentistas y soberanistas que representaba Morazán. Fusilarlo el 15 de septiembre les ofrecía una oportunidad única para expresar su desprecio por la tan cacareada soberanía de Centroamérica. La independencia era una efeméride liberal que disgustaba a la Europa monárquica y colonialista, y a la Iglesia de Roma. Enturbiar las alegres y patrióticas celebraciones de la independencia era justamente lo que querían.

Nótese que Antonio Luiz Pinto Soares era un coronel y marino mercante portugués. “Tata Pinto”, como le decían, nació en Porto en 1780, de padres acomodados, y murió en Costa Rica en 1865. Era de arribo reciente al país (circa 1810, ya con una treintena de años) y se dedicaba a la caficultura. Fue alcalde de San José. Todo indica que Pinto fue uno de aquellos militares y marinos portugueses que emigraron hacia el Brasil junto con la monarquía para escapar de Napoleón Bonaparte, pero que por circunstancias diversas se quedaron y establecieron en varios puntos de las Américas.

El apresurado traslado de la Casa de Braganza y la corte portuguesa hacia Rio de Janeiro en 1807, fue posible gracias al apoyo logístico y militar de los ingleses –enemigos de Bonaparte y financistas de las guerras europeas en su contra quienes terminarían derrotándolo en el Reino de los Países Bajos, en Waterloo (hoy Bélgica), en 1815.

Rodas subraya que Pinto Soares, “infame portugués, aventurero sin entrañas”, fue quien dio dirección a los insurrectos y quedó “como jefe de aquel movimiento criminal, que no tuvo por principio sino la odiosidad de afuera y la ingratitud y la traición de adentro.” El hondureño Ramiro Colindres O. (2007, 44) afirma que Pinto era una figura “estrechamente vinculada con Federico Chatfield, el notorio cónsul inglés.” Colindres es autor de una vasta historiografía sobre su país, incluyendo una Enciclopedia Histórica de Honduras en 16 tomos, y uno de los pocos historiadores que intenta adentrarse en la confabulación en que incurrió el Imperio para deshacerse del aguerrido “Simón Bolívar centroamericano.”2

Para capturar a Morazán, Pinto se valió de la mendacidad de Buenaventura Espinach, el otro europeo en posiciones de poder quien tuvo un papel protagónico en los acontecimientos. Espinach Gual era un acaudalado comerciante de oro y un innovador productor de café (introdujo el beneficio húmedo) nacido en Tarragona, Catalunya, en 1815, quien antes de llegar a Costa Rica vivió en México de donde fue expulsado por sus abiertas actividades en favor de La Corona y la Cruz. En 1839, a los 36 años, tuvo su primer hijo costarricense.

Fue Espinach quien viajó a conferenciar con Chatfield sobre la ofensiva que Morazán preparaba en Costa Rica. Fue él quien convenció a Isidoro Saget de que sus hombres no eran requeridos en Cartago porque Morazán estaba a salvo. Fue quien negoció la rendición de Morazán con la falsa promesa de respetarle la vida. “Declaro,” remarcó Morazán en el testamento político que dictó apresuradamente a su hijo horas antes de ser fusilado, “que al asesinato se ha unido la falta de palabra que me dio el comisionado Espinach, de Cartago, de salvarme la vida.”

Soy de la opinión que en este trágico episodio poderosos actores operando en el nivel internacional aprovecharon las disputas y calenturas que existían por Guanacaste entre Costa Rica y Nicaragua, para generar un incidente y movilizar a los aguerridos pero sencillos y manipulables labriegos costarricenses. No se puede descartar tampoco la posible participación de un número significativo de bien apertrechados soldados de fortuna –algo bastante común en ese entonces.

Después de la ejecución de Morazán, el “Tata Pinto” fue nombrado presidente de Costa Rica. Diecisiete días más tarde entregó la presidencia al costarricense José María Alfaro Zamora porque, supuestamente, “no quería el poder”. Sin embargo, permaneció como “comandante general de las armas” hasta 1844 y sostuvo la plaza frente a los remanentes de las fuerzas de Morazán que mostraban combativa presencia en varios puntos. Isidoro Saget impuso un bloqueo naval sobre Puntarenas hasta que su flotilla fue desbaratada por naves inglesas encabezadas por el buque Champion. “En su viaje de regreso, el Champion trajo a un representante del nuevo gobierno costarricense a negociar con Chatfield en Nicaragua.” (Rodríguez 1964, 256).

Morazán y sus compañeros capturados –heridos, algunos desfallecientes– hicieron un largo recorrido hacia el cadalso montados en bestias. Cuando llegaron a San José se formó una muchedumbre. Algunos se acercaron y pudieron hablar con los cautivos, registraron sus últimas frases:

Querido amigo, la posteridad nos hará justicia”, le dijo Morazán al general Vicente Villaseñor –su cercano colaborador desde el Acuerdo del Jocote.

¡Con que solemnidad celebramos la independencia!” ironizó con Diego Vigil.

Tranquilícese amigo; no se acongoje: morir hoy o mañana es lo mismo” le dijo al general Mariano Montealegre, quien llegó a despedirse de su entrañable amigo y a quien entregó “el pañuelo que llevaba sobre su pecho” para que se lo lleváse a Josefa.

Notablemente, se encontró con “un señor Guevara, que era jefe de sección, a quien llama para decirle: ´vea que no se pierdan los papeles de la cuestión inglesa´.” (Rodas 1920, 309-314).

Dice Rodas que “Nada hubo en tan inmensa multitud que denunciase regocijo por aquel acto inhumano que quizás rechazaba su consciencia”. El costarricense Vicente Sáenz (1942) cita a un “viejo historiador” de su país: “no se oyó…una injuria, ni siquiera una voz descompuesta. En aquella multitud reinaba un silencio de muerte”.

7.

Dejo hasta aquí este expediente. Comprendo que es incompleto y que he debido acudir mayoritariamente a evidencias indirectas y a fuentes secundarias. Considero, sin embargo, que hay bases suficientes para que los argumentos presentados sean considerados seriamente e investigados con mayor profundidad y rigor. Debemos seguir la pista a la reunión de Espinach con Chatfield, a los movimientos y carga de la Royal Navy en la zona, a Guevara el jefe de sección, a los papeles de la cuestión inglesa, a los desplazamientos del cónsul inglés, entre otros asuntos. Confirmamos una vez más el dictum methodologicus de Jeffrey Sachs: “todos los problemas del mundo remiten a los británicos”.

Debo advertir que la “arqueología política forense” que propongo no es tarea fácil. Es cierto que Rodríguez y Woodward, entre otros, encontraron múltiples evidencias en periódicos, correspondencia y archivos que atestiguan contundentemente las múltiples operaciones de los ingleses en la región, así como sus objetivos y aspiraciones. Sin embargo, me hago pocas ilusiones de que encontremos con similar facilidad y abundancia evidencias que los incriminen directamente en el asesinato de Morazán.

En contraste con los bombardeos, desembarcos y ocupaciones (poseedores de una materialidad incontestable sobre la que se reportaba frecuentemente en correspondencia, periódicos y archivos), lo de Morazán fue una operación encubierta de los ingleses, clandestina, algo que supuestamente no ocurrió, un episodio del que sólo dejaron rastros tóxicos para desorientar y desmoralizar.

Estamos ante la producción de un genuino silencio histórico en el sentido que lo discute el haitiano Michel-Rolph Trouillot (2017), el cual revela su abarcadora presencia (o ausencia) en todos los momentos que conlleva la elaboración de narrativas históricas: la generación de hechos y datos, de fuentes y archivos, y de interpretaciones.

Nos referimos a un magnicidio perpetrado secretamente por el Imperio en procura de intereses estratégicos cardinales. ¿A quién o a qué más podía referirse el Tata Pinto cuando habló de la mano oculta que dirigió a los alzados? ¿Fue acaso esta mención una torpeza de Pinto? No lo creo. Detrás del operativo contra Morazán estaban los ingleses y era conveniente que se supiera, que se tuviera presente, aún y cuando no se pudiera hablar de ello. Tan políticamente incorrecto era el asunto. Y tan peligroso.

Mientras dilucidamos estas cuestiones quisiera hacer dos sugerencias: que la historia usual sobre este episodio sea declarada sospechosa de haber sido fraguada por los victoriosos enemigos de Morazán y de Centroamérica unida, y que toda celebración del 15 de septiembre comience con un silencio en honor de aquellos valientes.

José Antonio Save, un bardo que vivió entre 1840 y 1869, tenía razón, ¡carajo!:

Muchas hazañas hoy cuentan del valiente Morazán

y son los primeros cuentos que veo que son verdad.


Referencias

Colindres O., Ramiro. 2017. Francisco Morazán: vida y obra del héroe y mártir de la

independencia y unificación centroamericana (1792-1842). Tegucigalpa: Graficentro Editores.

Mejía, Medardo. 1986. Historia de Honduras (Vol. III). Tegucigalpa: Editorial

Universitaria.

Palencia, Alex. 2018. Morazán. (La película). Honduras: El Pulso, 26 de junio.

https://elpulso.hn/2018/06/26/morazan-la-pelicula/

Quintana, Litza. 1991. La batalla del amor: María Josefa Lastiri. Tegucigalpa: Academia

Hondureña de Geografía e Historia.

Rodas M., Joaquín. 1920. Morazánida: de la epopeya, la tragedia y la apoteosis.

Quetzaltenango: C. D. Suasnávar.

Rodríguez, Mario. 1964. A Palmerstonian Diplomat in Central America. The University

of Arizona Press.

Rosa, Ramón. 1974. Historia del Benemérito Gral. Don Francisco Morazán, ex

Presidente de la República de Centroamérica. Tegucigalpa: Ministerio de

Educación Pública (también en edición digital de la biblioteca virtual Miguel de

Cervantes, 2012).

Sáenz, Vicente. 1942. “Cómo murió Francisco Morazán”. Periódico El Popular, 11 de

Septiembre. (Disponible en internet).

Santana, Adalberto. 2019. El pensamiento de Francisco Morazán. San Salvador:

Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador. Primera edición corregida y

aumentada.

Squier, Ephraim George. 1856. Compendio de la historia política de Centro-América.

París: G. Gratiot.

Stephens, John Lloyd. 1841. Incidents of Travel in Central America, Chiapas and

Yucatán. Forgotten Books 2018. 2 Vols.

Szaszdi, Adam. 1958. Nicolas Raoul y la República Federal de Centro América. Madrid:

Gráficas Bachende.

Trouillot, Michel-Rolph. 2017. Silenciando el pasado: el poder y la producción de la

Historia. Editorial Comares. Traducción de la primera edición en inglés publicada

en 1995.

Valdez, R. M. 2024. La estrategia del puercoespín: Centroamérica y el paso entre los

Océanos, 1821-1969. San Salvador, edición de las universidades

Evangélica de El Salvador y Don Bosco.

Woodward, Jr., Ralph Lee. 1993. Rafael Carrera and the Emergence of the Republic of

Guatemala, 1821-1871. The University of Georgia Press.


1 Palencia hace esta anotación en el marco de una devastadora crítica al largometraje hondureño “Morazán” –un compendio confuso de la historia oficial sobre los últimos días de Morazán en Costa Rica, según el cual Antonio Pinto y la iglesia católica intentaban salvarle la vida al líder centroamericano. Los ingleses no aparecen en el libreto.

2 Algunos hacen paralelismos y contrastes entre Morazán y Bonaparte –notablemente, el francés Nicolás Raoul quien combatió bajo las órdenes de ambos. (Véase Szaszdi 1958). Paralelismos por la astucia de sus planes de guerra. Contrastes por la gran diferencia en educación militar (Napoleón asistió a los mejores colegios) y por el egocentrismo de Bonaparte –algo de lo que no padeció Morazán, según la mayoría de los biógrafos. John L. Stephens (1841) –célebre descubridor de las ruinas mayas, autor del primer informe detallado sobre el posible canal por Nicaragua, quien tuvo amistad con Morazán — escribió que era el “mejor hombre de Centroamérica […] sus peores enemigos admiten que era ejemplar en sus relaciones privadas, y que … no era sanguinario”. Según unos, los ancestros de Morazán emigraron a Honduras desde Córcega, tierra natal de Bonaparte, de lo que el prócer se mostraba orgulloso (el apellido original Morazzani fue castellanizado). Otros aseguran que sus raíces vinieron de Roma. En contraste con Bonaparte, Morazán era un hombre alto y de “buen ver.” En su juventud le decían “el niño bonito de Tegucigalpa”. (Quintana 1991).

Exposición «Trajes Afros utilizados en el Grand Gala Parade»

El Ministerio de Cultura y Juventud, por medio de la Benemérita Biblioteca Nacional y la Biblioteca Pública de Limón, la Asociación Comité Cívico Cultural Étnico Negro, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón, el Instituto Costarricense de Turismo, y la  Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición Trajes Afros utilizados en el Grand Gala Parade con un conversatorio sobre la Declaratoria de Patrimonio Material e Inmaterial del Grand Gala Parade.

La actividad será presencial el martes 5 de agosto a las 3:00 p.m. en la Benemérita Biblioteca Nacional. También se transmitirá por el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/

«El monaguillo, el cura y el jardinero»: breves apuntes desde la perspectiva internacional

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho internacional público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com

El pasado 21 de julio, el programa mañanero de Desayunos de Radio Universidad de la UCR dedicó la emisión al recién estrenado documental costarricense titulado «El monaguillo, el cura y el jardinero» (véase enlace): en este caso, se pudo contar con la presencia de su director y de uno de los protagonistas de este documental así como de una reconocida activista desde México. Esta nota de ElPais (España) del 3 de julio del 2025 fue publicada días después de su primera proyección en un sala de cine en Costa Rica, el 25 de junio del 2025, en el marco de un festival internacional de cine realizado en la capital costarricense (véase nota del Semanario Universidad). 

Se trata de un esfuerzo muy valioso y valiente, desde la técnica del documental, en aras de visibilizar la denuncia hecha por dos jóvenes costarricenses, Anthony Venegas y Josué Alvarado, con relación a los abusos sexuales que sufrieron de niños por parte de un sacerdote en la parroquia católica de la localidad de Patarrá. 

En esta nota del medio digital Delfino.cr se pueden conocer los horarios de proyección previstos durante esta cuarta y última semana del mes de julio del 2025.

El tema de los abusos sexuales dentro la Iglesia Católica ha cobrado una particular relevancia ante la reiteración de revelaciones y de escándalos, siendo por ejemplo el motivo por el que un ícono en España (véase nota del ElPais de España del 2021) y otro ícono en Francia (véase nota de Le Figaro del 2025) dejaran de serlo.

En febrero del 2023, se anunció que la Iglesia Católica costarricense había alcanzado un «acuerdo» con algunas víctimas de abusos sexuales, sin que precisara nombre de las víctimas ni el contenido exacto del acuerdo, en razón de una «clausula de confidencialidad»  (véase cable de la agencia de noticias AP del 6/02/2023). 

El año siguiente (noviembre), al oponerse totalmente la Iglesia Católica a levantar el secreto de testimonios derivados de la confesión en un proyecto de ley, se leyó por parte de una diputada (véase artículo del Semanario Universidad del 1.11.2024) que:

«Este proyecto de ley no busca perseguir a la Iglesia Católica ni a los religiosos. Con el mayor de los respetos, y siendo creyente, no puede el sigilo sacramental estar por encima de los derechos de nuestros menores y de nuestras personas discapacitadas; es más, no puede estar por encima del derecho de nadie.»

Este proyecto de ley se tramita bajo el Expediente Legislativo 21.415 (véase texto) y el informe de Servicios Técnicos sobre esta iniciativa de ley (véase documento)  reviste cierto interés.

En las líneas que siguen, nos abocaremos, a partir de los que expone en este documental, a referir a algunas experiencias observadas en el exterior sobre este mismo tipo de denuncias en el seno de la Iglesia Católica, así como a las obligaciones internacionales que el Estado del Vaticano ha asumido con respecto a los derechos de la niñez. Este último aspecto, asociado con algunas regulaciones futuras, podría permitir a Costa Rica dotarse de figuras, mecanismos, y medidas de carácter preventivo observados en varias otras latitudes: siempre y cuando, claro está, se tenga voluntad en el seno de su clase política para lograrlo.

Una Iglesia Católica ante sus obligaciones éticas y …

Si bien la Iglesia Católica se ha mostrado históricamente resistente a escuchar a las víctimas de abusos sexuales contra menores de edad, y a abrir sus archivos sobre las denuncias no atendidas así como como sobre los casos de sacerdotes «rotados» hacia otras parroquias (a raíz de denuncias en sus comunidades de feligreses por abusar sexualmente a menores), desde la asunción del Papa Francisco, las máximas autoridades en Roma han instruido a sus obispos en todo el mundo a cambiar de actitud: véase por ejemplo este mensaje muy reciente (marzo del 2025) de su Santidad el Papa Francisco, disponible en castellano, así como varias regulaciones relacionadas a la tramitación de denuncias por abusos sexuales contenidas en este enlace oficial del mismo Vaticano, todas bastante recientes.

Como observado en otros ámbitos como las reiteradas denuncias de las exacciones de Israel contra la población  civil palestina en Gaza, la protección internacional del ambiente, la minería y las actividades extractivas contaminantes y los derechos de las comunidades aledañas (véase carta encíclica del 2015), o bien ratificación del Acuerdo de Escazú en América Latina (Nota 1), las posiciones de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma no son siempre seguidas de efecto, y mucho menos de pronunciamientos por parte de los obispos costarricenses.

 … sus obligaciones jurídicas internacionales

En el caso específico de las denuncias por abuso sexual contra menores de edad, desde el punto de vista internacional, no está de más recordar que, en derecho internacional público, la Santa Sede es considerada como un Estado: y que encontramos precisamente a la Santa Sede, al igual que Bélgica, Costa Rica, España, Francia, Italia, Irlanda o Suiza como Estado Parte a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1990 (véase estado actual oficial de firmas y ratificaciones). 

En las observaciones al informe oficial remitido por el Estado del Vaticano al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (véase documento CRC/VA/CO/2, documento de febrero del 2014), se lee que:

«8. El Comité tiene presente la doble naturaleza de la ratificación por la Santa Sede de la Convención sobre los Derechos del Niño como Gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano y también como sujeto soberano de derecho internacional, poseedor de una personalidad jurídica original, autónoma e independiente de cualquier autoridad o jurisdicción. Aunque el Comité tiene plena conciencia de que los obispos y los principales directivos de los institutos religiosos no actúan como representantes o delegados del Romano Pontífice, observa que los subordinados en las órdenes religiosas católicas deben obediencia al Papa, de conformidad con los cánones 331 y 590 del Código de Derecho Canónico. Por consiguiente, el Comité recuerda a la Santa Sede que, al ratificar la Convención, asumió el compromiso de aplicarla no solo dentro del territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, sino también en su calidad de poder supremo de la Iglesia Católica en todo el mundo, por los particulares y las instituciones sujetos a su autoridad».

La Convención sobre Derechos de los Niños contempla mecanismos para que las víctimas puedan llevar las violaciones a las disposiciones de esta convención multilateral al conocimiento del órgano de tratado, a saber, el Comité de los Derechos del Niño (Nota 2). 

Ahora bien, si  se considera que:

– desde el 2012, a nivel europeo, existe un tratado regional que contiene regulaciones que deben de adoptar los Estados contra el abuso sexual de menores (véase texto), una convención en la que no encontramos a la Santa Sede como Estado Parte (véase enlace), y; 

– si desde 1990 (fecha en que la Santa Sede aprobó la Convención de los Derechos del Niño como Estado), la Iglesia Católica sigue acumulando denuncias, revelaciones y escándalos a repetición en diversas partes del mundo por abuso sexual de menores que involucran a sus máximas autoridades, 

es también hora de pensar en recurrir ante los mecanismos internacionales de denuncia existentes a disposición de las víctimas de estos abusos contra el Estado del Vaticano como tal. 

Los católicos de muchas partes del mundo no deberían conformarse con una Iglesia Católica sacudida una y otra vez con escándalos a repetición, y con señalamientos sobre su encubrimiento: una entidad religiosa que sigue, hasta la fecha, sin encontrar la manera de sancionar a sacerdotes pederastas en su seno.

En este sentido, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le había hecho una excitativa a Italia en el 2019 para que se creara un mecanismo que investigara lo que ocurre en materia de abuso sexual a menores en el seno de la Iglesia Católica (véase y nota de la prensa italiana del 2019). Es de notar que el informe remitido por Italia en el 2022 fue considerado … como una verdadera «burla» por las asociaciones de víctimas y sus familiares (véase nota de The Guardian del 2022). 

Algunos esfuerzos más recientes

Este informe anterior del 2020 sobre abusos sexuales en Irlanda (véase versión en español) indicaba pistas a ser seguidas, que no lo fueron, o de manera muy aproximativa, en el caso de Italia.  

En Bélgica, en parte a raíz de la aprobación del convenio regional del 2012 antes mencionado en el marco europeo, se creó un «Centre d’arbitrage en matière d’abus sexuels«, órgano a cargo de conocer y de examinar hechos prescritos por la legislación penal de abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes, con 168 víctimas identificadas y objeto de una indemnización cada una (véase nota encontrada en el sitio Cath.ch en Suiza del 2013): muy pocamente conocido y difundido, por razones que sería de sumo interés conocer, el mecanismo creado por Bélgica a raíz de recomendaciones hechas por una comisión de investigación del Parlamento belga y de la Iglesia Católica belga, merecería ser analizado y replicado (Nota 3). Una acción presentada ante la Corte Europea de Derechos Humanos contra Bélgica por varias víctimas belgas (véase enlace)  fue finalmente desechada por la Corte Europea de Derechos Humanos (véase sentencia) en el 2021, con un voto disidente de uno de sus integrantes cuya lectura se recomienda). En el 2023 se informó que la Fundación Dignity entregó a varias víctimas en Bélgica una suma superior a los 6 millones de Euros (véase nota de RTBF /Actus). 

La combinación belga comisión de arbitraje – fondo de reparación  a partir de un mecanismo instituido por una comisión mixta parlamentarios/Iglesia Católica ha inspirado en Suiza la creación del CECAR en el 2016 (véase enlace oficial), aún menos conocido: su último informe de actividades (2024) da cuenta de las reparaciones acordadas a las víctimas en Suiza a partir de reglas muy claras concertadas en el marco de su comisión de indemnización (véase enlace). El informe del CECAR titulado»Rapport concernant le projet pilote sur l’histoire des abus sexuels dans le contexte de l’Église catholique romaine en Suisse depuis le milieu du 20ème siècle» (2023) constituye un valioso esfuerzo.  

Después de la cuestionable manera de investigar este tipo de denuncias en Italia en el 2022, se han observado investigaciones mucho más integrales por parte de la misma Iglesia Católica, que ameritarían ser replicadas y mejoradas en diversas partes de mundo, Costa Rica incluida: 

    – es así como en Francia, luego de 2 años y medio de investigaciones internas    dentro y fuera de la Iglesia Católica gala, se dio a conocer el informe final de la Comisión CIASE en octubre del 2021 (véase enlace) (Nota 4). Una pregunta sobre los hallazgos en Francia de un senador fue la ocasión para el ministerio del interior en Francia de detallar una serie de iniciativas tendientes a ayudar a las víctimas de abusos sexuales en Francia a partir de las recomendaciones de la Comisión CIASE: véase enlace a pregunta (julio 2022) y respuesta (agosto del 2023).

    – en España, fue en el 2023 que se dio a conocer el «Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos» realizado por el Defensor del Pueblo en España (véase enlace). Un grupo de víctimas llevaron inicialmente sus pretensiones contra España unos años antes, ante la Corte Europea de Derechos Humanos, las cuales fueron rechazadas (véase sentencia, de junio del 2014, con una opinión disidente suscrita esta vez por ocho integrantes de la Corte, cuya lectura se recomienda).

Los ejemplos antes mencionados no cubren la gran cantidad de iniciativas existentes en diversas partes del mundo para enfrentar el problema de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica. Sí se puede observar que comisiones de investigación inter-disciplinarias que reúnan a expertos de diversas ramas, a familiares de víctimas así como a integrantes de la Iglesia Católica en servicio o retirados (con una palabra más libre que los que siguen sometidos a las autoridades eclesiales), permiten un primer diagnóstico en aras de tener una idea, en cada país, de los alcances de esta práctica y de proponer reformas legales que agilicen la tramitación mucho más expedita de este tipo de denuncias en vista de sancionar penalmente a los sacerdotes involucrados e indemnizar a las víctimas.  

No obstante esta apertura muy reciente observada en Roma, las pocas víctimas que han optado por alzar la voz  en muchas partes del mundo siguen esperando que los responsables sacerdotales de estos abusos sean sancionados por la justicia nacional: en octubre del 2024 una comisión pontifical en Roma del Vaticano reconoció que aún falta mucho por recorrer en diversas  partes del mundo (véase reportage de «The Guardian«). 

En este otro reportaje sobre la situación de varias niñas colombianas de la BBC difundido en marzo del 2025 (cuya lectura completa se recomienda: véase enlace) se lee que:

«En los más de 20 años que han pasado desde los hechos que denuncian Natalia, Liliana, Paula, Gisele, Luisa, Carla y Orlando, numerosos casos de pederastia en la Iglesia católica han salido a la luz en todo el mundo, golpeando duramente su credibilidad.

No solo ha sido señalada de permitir que sacerdotes acusados sigan ejerciendo, sino de encubrirlos y de no colaborar a tiempo con la justicia civil para que sean investigados como cualquier otro ciudadano».

No está de más citar lo que se lee en esta extensa investigación  del equipo periodístico de Connectas, publicada en Perú, sobre las presiones dentro de la Iglesia Católica recibidas por cuatro sacerdotes peruanos por denunciar casos en su seno, y titulada «Pederastia en Perú: batalla al interior de la Iglesia«:

«También había cartas firmadas por el mismo Desposorio y otros religiosos, dirigidas a líderes de la Iglesia católica. Denunciaban encubrimiento de obispos y vicarios, además de castigos que los dirigentes católicos habían llevado a cabo contra religiosos que, de acuerdo con él, han visibilizado a presuntos abusadores sexuales«.

Un documental que delata un «sistema» para proteger a algunos en Costa Rica

En el caso de Costa Rica, el documental «El monaguillo, el cura y el jardinero» pone en evidencia que quien atendió las denuncias del joven Anthony en su calidad de Vicario (sin que ello fuera seguido de efecto), es hoy quien… encabeza la Iglesia Católica costarricense. 

Y que el sacerdote que oficiaba en la parroquia de Patarrá autor de los hechos (2003), luego de presentadas las denuncias, fue promovido dentro de la misma Iglesia Católica durante varios años en Costa Rica, como vocero oficial, antes de ser trasladado discretamente hacia México por su misma jerarquía. 

Se lee en este artículo del Semanario Universidad de octubre del 2019 que:

«Las actuaciones del arzobispo Quirós son sujeto de estudio en el Vaticano, donde se recibió una denuncia en su contra por supuesto encubrimiento de delitos sexuales del sacerdote Mauricio Víquez. Quirós conocía de las denuncias contra Víquez desde 2003 y lo removió de parroquia. En 2018 lo premió nombrándolo Director del Instituto Arquidiocesano de Investigación Histórica y Patrimonial.

Las supuestas víctimas de Víquez también lo denunciaron civilmente por los mismos hechos. Aseguran que en 2018 cuando presentaron las denuncias canónicas formales, Quirós les dijo que el asunto «se le pasó».»

En esta nota de prensa anterior (febrero del 2019) sobre las «gestiones» de la Fiscalía de Costa Rica para dar con el paradero del mismo sacerdote de la parroquia de Patarrá, se lee que la Curia Metropolitana «desconoce» donde se encuentra el sacerdote.

Finalmente, no fue gracias a las «gestiones» de la Fiscalía, sino gracias a una campaña llevada por el mismo Anthony en México ante los medios de prensa mexicanos, fotos en mano, con entrevistas en los principales medios televisivos, que fue identificado, capturado en Monterrey (México) y entregado a las autoridades judiciales costarricenses el fugitivo, de conformidad con una orden de captura emitida por la agencia internacional policial INTERPOL, en agosto del 2019 (véase artículo de la BBC del 20/08/2019). 

A la fecha se desconoce  a qué pudieron obedecer «gestiones» tan poco eficientes de la Fiscalía costarricense para llevar a las mismas víctimas a emprender ellas mismas un viaje a México … y lograr finalmente la captura del sacerdote fugitivo pocos días antes de que el caso prescribiera.

Nótese que en el 2019, a raíz de las denuncias sobre lo ocurrido en la parroquia de Pararrá con menores de edad, se logró adoptar el proyecto de ley 21.261 de manera a ampliar el plazo de prescripción de 10 a 25 años para denuncias por abusos sexuales contra menores en la legislación penal de Costa Rica (véase texto del Expediente Legislativo 21.261 y esta nota del medio digital Delfino.cr del 17.06.2019).

Dos valientes luces en, en medio de la oscuridad, ahora  propulsadas al mundo, exhibiendo  … a Costa Rica

Al enorme valor que hay que saludar, demostrado por Anthony así como por Josué, así como por sus familiares y allegados, para denunciar y apoyar sus respectivas denuncias contra un sacerdote perteneciente a una entidad tan influyente como la Iglesia Católica en Costa Rica, hay que saludar el esfuerzo del director de este documental y la calidad de la película, ganadora reciente de un Festival internacional de Cine realizado en Costa Rica en la categoría documental (véase nota del 2 de julio del Semanario Universidad). 

Queda muy claro luego de haber visto este documental, que el caso de estos dos jóvenes es a penas la punta de un iceberg y que son en realidad muchas más las víctimas en Costa Rica de abusos de este tipo en sus parroquias. 

No se ha escuchado, al menos a la fecha de redactar estas líneas, de ninguna iniciativa tendiente realizar a una investigación exhaustiva, que pueda cuantificar la cantidad de víctimas potenciales de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos en Costa Rica. 

En junio del 2020 se anunció por parte de la Iglesia Católica la puesta en línea de guías para denuncias por abusos sexuales contra menores y la conformación de una Comisión de la misma Iglesia denominada CONAPROME (véase artículo del Semanario Universidad): revisando su sitiono se visualiza un informe de actividades que permita conocer con mayor en detalle su labor y la cantidad de denuncias tramitadas y de sanciones a sacerdotes desde su creación, hace más de 5 años. La comparación con el informe «Para dar luz» (diciembre del 2023, verisón actualizada a marzo del 2024, 962 páginas) dado a conocer en España por una comisión similar da una idea de lo que no se ha investigado en Costa Rica. En la página 154 de dicho informe sobre la Iglesia Católica española del 2023, se lee que:

«Desde su creación, prevista por el motu propio Vos estis lux mundi, para antes del 1 de junio de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2023 las Oficinas para la protección de menores y prevención de abusos han recibido 908 testimonios de abusos sexuales cometidos contra menores en el ámbito de la Iglesia católica. De ellos, 361 testimonios fueron recibidos en las Oficinas diocesanas, 532 en las Oficinas de las congregaciones y 15 en las Oficinas de otras instituciones eclesiales. Algunos de esos testimonios se refieren a casos ya conocidos, que tuvieron su recorrido en los ámbitos civil y/o canónico. Otros se han conocido recientemente a partir de las denuncias presentadas en las oficinas o a través de los medios de comunicación «.

Hacemos desde ya voto para que este documental sea proyectado en las diversas salas de cine en toda Costa Rica, en particular en sus siete provincias, y que contribuya a romper el pesado silencio que ha imperado desde demasiado tiempo en muchas familias y pequeñas comunidades de feligreses. Y ojalá que, liberada la palabra, se multipliquen acciones como las de Anthony y las de Josué ante la justicia costarricense contra sacerdotes que debieran de ser inmediatamente sancionados por su jerarquía (en vez de ser protegidos y discretamente «rotados»).  

Coincidencia (o no) de la difusión de este documental, fue hace pocos días que ilustres nadadoras que le dieron medallas olímpicas a Costa Rica en los años 90 denunciaron los abusos a los que fueron sometidas por su entrenador de natación, con hechos que remontan a hace más de 37 años (véase nota de prensa de Radio UCR).

Con relación a los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica, tampoco se ha escuchado de una iniciativa desde las mismas autoridades públicas costarricenses al respecto, que tienen también algún grado de responsabilidad: esta responsabilidad deriva, a diferencia de la mayoría de los Estados,  de la misma… Constitución Política. En efecto, para quienes nos lean (tal vez) desde otras latitudes, Costa Rica persiste desde el punto de vista jurídico en mantenerse como el único Estado en América Latina en tener una religión oficial de Estado. En efecto, al leerse el Artículo 75 de la Constitución de Costa Rica (siempre vigente), se lee que:

«ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres«.

En el 2011, se supo de negociaciones entre Costa Rica y la Santa Sede de cara a establecer un nuevo concordato, sin que ello fuese objeto de debate público tal y como solicitado por algunos sectores: véase posiblemente uno de los pocos artículos de prensa al respecto del Semanario Universidad, titulado precisamente «Piden discusión pública antes de negociar concordato con la iglesia«, editado el 6 de julio del 2011. En este otro enlace de octubre del 2011 del CIDCE, se discutió sobre la conveniencia de semejante iniciativa. En mayo del 2016, se informó que se «relegaba» la negociación de dicho concordato (véase nota de La Nación).

Más allá de la voluntad expresada en el 2011 de las autoridades diplomáticas de Costa Rica de negociar un nuevo concordato con el Estado del Vaticano (y ello sin mayores consultas ni publicidad), es muy probable que abusos sexuales contra menores de edad se estén dando también dentro de otros credos religiosos en Costa Rica: desde este punto de vista, resulta incorrecto designar a la Iglesia Católica como la única entidad religiosa padeciendo de estas prácticas. 

De igual manera, dentro de la Iglesia Católica, no se puede nunca generalizar, sino que son algunos sacerdotes en Costa Rica (pero… ¿cuántos? y… ¿desde cuando? … y … ¿cuántos niños y niñas abusaron?  y … ¿qué tipo de sanciones recibieron?… y muchas preguntas más) los que se han prestado para abusar de menores en sus respectivas parroquias. 

Lo que sí pone en evidencia este documental de manera magistral, con imágenes de rostros de autoridades religiosas que lo dicen todo, es el velado «sistema» de encubrimiento y de «rotación» que han aplicado las instancias superioras de la Iglesia Católica cuando les han llegado denuncias contra un sacerdote por abusos contra menores. Este verdadero «sistema» no es propio de la Iglesia Católica en Costa Rica, sino que se ha observado y ampliamente documentado en los informes antes citados elaborados en Irlanda, en Bélgica, en Francia, en España y en Suiza en años recientes,  así como en otras investigaciones sobre denuncias de este tipo.  

A modo de conclusión

El documental «El monaguillo, el cura y el jardinero«, exhibe una grave y persistente omisión de la Iglesia Católica costarricense y del Estado, tanto ante la misma sociedad costarricense como ahora ante el mundo (conforme sea presentado este documental en festivales internacionales de cine).

¿Acaso la cúpula católica realizó cambios significativos para abrir sus archivos y para sancionar a los responsables de estos abusos sexuales perpetrados hace muchos años y que en muchos casos han caído en un pesado silencio? Un silencio en el que las víctimas han optado, en algunos casos, por las drogas, el alcohol, el suicidio o bien por replicar los abusos de los que fueron víctimas en el seno de sus propias familias: esta entrevista en ElPais (España) del 2022 a otro costarricense víctima de abusos por parte de un sacerdote bien explica la «autodestrucción» interna que sufren muchas veces las victimas, en el silencio más absoluto.

Salvo error de nuestra parte, no se han observado cambios de la Iglesia Católica costarricense en los últimos años ni tampoco reformas legales: la entrevista en Desayunos de Radio UCR a Anthony con la que iniciamos estas reflexiones, así lo da a entender.  

Si el daño provocado a un número indeterminado  de menores de edad costarricenses no se conoce, y si el precitado «sistema» que denuncia de manera documentada «El monaguillo, el cura y el jardinero» persiste, además de las sanciones penales individuales contra sacerdotes que abusan de menores de edad por parte de la justicia costarricense, ¿no habrá llegado también el momento de pensar en otro tipo de medidas? ¿Medidas tales como exigir, en beneficio de estas víctimas y de sus familiares, compensaciones y reparaciones como las observadas en Europa, así como medidas que en derecho internacional de los derechos humanos, se denominan las «garantías de no repetición» o GNR (Nota 5)?

Para nuestros estimables lectores poco familiarizados con este término, pero que conocen muy bien quienes trabajan en materia de derechos humanos, los referimos a lo que se lee en un extenso artículo publicado en el 2017 en México (UNAM) sobre las garantías de no repetición (o GNR) en el sistema interamericano de derechos humanos (DDHH):

«La práctica interamericana ha sido vanguardista en el sentido de intentar maximizar la función preventiva del derecho con el uso de estas medidas; de hecho, la jurisprudencia de este siglo demuestra el interés por explorar las posibilidades que se tienen desde los estrados para configurar condiciones sociales generales más a tono con los requerimientos de la justicia en materia de DDHH, y no sólo para responder a las exigencias de la justicia en los casos individuales. Estas características de las GNR explican por qué su finalidad no es reparar integralmente a las víctimas —como a veces se juzga—, sino eliminar de manera directa una alegada deficiencia estructural del Estado para prevenir violaciones repetitivas (hacia el futuro) de los derechos humanos» (Nota 6).

En un sentido similar al de plantear garantías de no repetición para Costa Rica, referimos también en esta parte conclusiva, a una carta del 2021 (véase texto) a las máximas autoridades eclesiales del Vaticano, firmada por varios relatores especiales de derechos humanos de Naciones Unidas.

– – Notas – – 

Nota 1: Desde esta nota del VaticanNews del mes de setiembre del 2020 sobre el Acuerdo de Escazú, se espera que la Conferencia de Obispos Católicos de Costa Rica se manifieste al respecto, expresando su apoyo a la aprobación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica. Al 24 de julio del 2025, se mantiene la espera.

Nota 2: Sobre el Estado del Vaticano y la Convención sobre los Derechos del Niño, véase el informe de investigación preparado por el Children Rights International Network (CRIN), titulado «Los abusos sexuales a niños y la Santa Sede. Necesiada de justicia, rendición de cuenta y reforma«. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Sobre la propuesta inicial en Bélgica, véase al respecto MONTERO E.; «Le Centre d’arbitrage en matiere d’abus sexuels, un solution inespérée pour les victimes de faits prescrits«, Université de Namur, 2013, 36 páginas. Texto disponible aquí

Nota 4: Para un un análisis de los resultados y hallazgos en Francia de esta comisión que tuvo acceso a toda la información que requirió, desde la perspectiva archivistica, véase, AIRIAU P., BOULLU Th., LANCIEN A., PORTIER Ph., «Les violences sexuelles sur mineurs dans l’Église : l’enquête de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE)«, La Gazette des archivesVol. 266 (2022), pp. 191-204. Texto integral disponible aquí

Nota 5: En esta publicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede revisar en qué consisten esta medidas específicas (pp. 124-273). En materia ambiental, por ejemplo, podemos referir  la histórica sentencia contra Honduras del 2009 (caso de la ecologistas hondureña Jeannette Kawas Fernandez asesinada en Honduras, en particular párrafos  196-226 de la sentencia). Por «garantías de no repetición» que suelen aparecer en sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en complemento a las indemnizaciones por el daño moral, podríamos pensar en medidas tales como la creación de programas de asistencia a víctimas de abusos sexuales en parroquias católicas, la creación de fondos o fideicomisos que puedan acompañar a los familiares de estas víctimas ante la justicia penal costarricense, becas de estudio, pero también programas comunitarios, programas radiales y televisivos de prevención sobre los riesgos que corren – por ejemplo –  los monaguillos y otros jóvenes al aceptar servir en sus parroquias, y muchas otras medidas de índole preventiva.

Nota 6: Véase LONDOÑO LAZARO M.C y HURTADO M., «Las garantías de no repetición en la práctica judicial interamericana y su potencial impacto en la creación de derecho nacional«, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, 2017, pp. 725-775, p. 730. Texto integral de este extenso  artículo disponible aquí.  

Celebrar la biodiversidad: cuando proteger es también disfrutar

El Observatorio de Bienes Comunes de la UCR documentó al Primer Festival de Felinos, realizado el pasado domingo 6 de julio en la comunidad de Piedades Sur de San Ramón. La jornada fue una celebración de la vida silvestre y del compromiso comunitario con la conservación, la educación ambiental y la alegría compartida.

El evento fue impulsado por el colectivo Felinos en Libertad, con el apoyo de la Municipalidad de San Ramón, la Universidad de Costa Rica y diversos emprendimientos locales. Durante la actividad se ofrecieron talleres de reciclaje, un recorrido guiado por la reserva natural del CTP de Piedades Sur, presentaciones culturales y actividades recreativas coordinadas por grupos Scouts. La propuesta buscó visibilizar la presencia de felinos silvestres en el territorio como símbolo de la riqueza natural que urge proteger.

Felinos en Libertad es un colectivo local que promueve la conservación de los felinos y la fauna silvestre de Piedades Sur mediante procesos de educación ambiental, ciencia ciudadana y apoyo a emprendimientos sostenibles. Además, su trabajo se inspira en la biodiversidad para crear propuestas artísticas, pedagógicas y comunitarias que fortalezcan la identidad ecológica del territorio.

Las entrevistas reunidas en el video de esta cobertura recogen los testimonios de personas organizadoras, artistas, docentes y participantes, quienes reflexionan sobre el poder del juego, el arte y el encuentro como formas de sembrar conciencia ambiental desde la comunidad.

Escuchá a quienes están transformando su territorio desde el cuidado, el conocimiento y la celebración compartida.

Fuente: Producción del Observatorio de Bienes Comunes de la UCR

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/celebrar-la-biodiversidad-cuando-proteger-es-tambien-disfrutar-piedades-sur-de-san-ramon/

Productores celebran fallo judicial que revierte decisión sobre importación de aguacate mexicano

Representantes del sector agropecuario nacional calificaron como una “victoria legal y productiva” el reciente fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, que anuló la resolución del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) que permitía la importación de aguacate desde México, sin los requisitos sanitarios previamente establecidos.

Durante una conferencia de prensa celebrada en el Colegio de Periodistas, organizaciones como FrutalCoop, APACOP, Frutales del Llano y productores independientes destacaron que el fallo reconoce que la medida del SFE fue tomada sin los análisis técnicos y jurídicos correspondientes, y bajo presiones políticas que pusieron en riesgo la sanidad vegetal del país.

Johanna Chanto Vargas, gerente de FrutalCoop, subrayó que el levantamiento de la restricción permitió la entrada de fruta sin garantías fitosanitarias, generando pérdidas económicas severas para los productores locales: “Nuestros agricultores enfrentaron una competencia desleal y no lograron colocar sus productos en los mercados nacionales; muchos debieron dejar perder su cosecha”.

Por su parte, el abogado Francisco Dall’Anese Álvarez, quien lideró el proceso judicial, criticó duramente al gobierno del presidente Rodrigo Chaves, acusándolo de actuar con negligencia en la defensa del estatus fitosanitario nacional. Dall’Anese Álvarez recordó que la resolución anulada carecía de sustento técnico y violaba acuerdos internacionales, como las normas fitosanitarias de la OMC.

Además, llamó al Poder Ejecutivo a no apelar la sentencia y proteger la reputación del país. “Costa Rica se expone a perder credibilidad internacional si permite la entrada de productos que no cumplen con los estándares exigidos”, advirtió.

Las organizaciones involucradas apelaron al artículo 50 de la Constitución Política, que obliga al Estado a velar por un ambiente sano y una producción nacional protegida. En este sentido, recalcaron que el fallo judicial también representa un triunfo para la salud pública y la soberanía alimentaria.

Los representantes concluyeron con un llamado a reconocer el agro como un pilar estratégico para el desarrollo del país y a reforzar políticas que garanticen condiciones justas para los productores locales. “No pedimos que nos regalen nada, solo que nos dejen trabajar con herramientas adecuadas y reglas claras”, afirmó Chanto.