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Autor: María José Ferlini Cartín

Hablemos de salud mental en tiempo de cáncer, más allá del diagnóstico

Programa Alternativas – Colectivo Reflexión y Acción

El programa Alternativas, producido por el Colectivo Reflexión y Acción, invita al conversatorio “Hablemos de la salud mental en tiempo de cáncer: más allá del diagnóstico”, un espacio para dialogar sobre los retos emocionales, sociales y espirituales que enfrentan las personas con cáncer y sus familias.

La transmisión será el viernes 7 de noviembre de 2025 a las 6:00 p.m. (hora Costa Rica), en vivo por las plataformas Facebook Live, YouTube y Spotify del programa.

Panel invitado

Laboratorio LADIPAP®
Referencia diagnóstica con más de 21 años de experiencia en pruebas genéticas y moleculares, histología, patología, servicios de citología y biopsia.

FUNCAVIDA
Participa Juan Carlos Solano, en representación de la Fundación Calidad de Vida para las Personas con Cáncer.
FUNCAVIDA, con sede en San Ramón, Alajuela, tiene alcance nacional e internacional. Su fundadora comparte un testimonio vivo de lucha contra la enfermedad.

Luis Chacón Mora y María del Rosario Castro Castro
Motivados por la necesidad de acompañamiento tras un diagnóstico de cáncer, colaboran con FUNCAVIDA y la Asociación Acompáñame, que brinda servicios de apoyo y atención desde la clínica del dolor del Hospital de San Ramón.

La reflexión pondrá en el centro la importancia del acompañamiento integral y la solidaridad frente a la enfermedad, reconociendo que la salud mental es parte esencial del proceso de vida y recuperación.

El espacio se transmitirá también por Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución, 506 Ondas Alajuelita Radio, y Radio Voces Libertarias 97.3 FM.

Chile y la OTAN: ¿Estamos más cerca de involucrarnos en un conflicto internacional?

Por Félix Madariaga
Periodista

Como suele ocurrir en los informativos de televisión y radio, primero nos inundan con noticias sobre delincuencia e inseguridad, luego con deportes, y al final, muy al final y entre temas varios, se cuelan algunas informaciones que apenas alcanzan unos segundos de pantalla. Se mencionan casi de pasada, como si bastara titularlas para cumplir con la transparencia informativa. Pero detrás de esas notas breves, a menudo, se esconden decisiones trascendentales que afectan el rumbo del país.

Eso pasó con la noticia de que Chile suscribió un nuevo convenio con Alemania, que nos acerca aún más a la OTAN, sí, esto fue el 29 de julio

Lo primero que uno se pregunta es si la mayoría de los chilenos sabe realmente lo que es la OTAN, o si están al tanto de que esa alianza militar está involucrada directamente en una guerra, apoyando abiertamente a Ucrania.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, nació con el argumento de detener la expansión de la URSS. Hoy, más de siete décadas después, su enemigo declarado es la Federación Rusa. En ese contexto, cualquier acercamiento o colaboración con la OTAN no es un acto neutro: significa posicionarse en un mapa geopolítico que está en plena confrontación.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2000, Chile firmó su primer acuerdo con la OTAN, que lo situó en el Nivel 1, un nivel inferior, que permitía el intercambio básico de datos militares. Lo que hoy se está firmando es distinto: Chile avanza al Nivel 2, lo que implica compatibilidad técnica, logística y doctrinaria con los estándares de la alianza, además de complicidad. En palabras simples, significa que el país adapta parte de su estructura militar a los parámetros de la OTAN.

El nuevo acuerdo fue firmado por la ministra de Defensa Adriana Delpiano y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier. Según información encontrada en la página web del Ministerio de Defensa, el objetivo es facilitar el intercambio de material militar. Pero, ¿qué tipo de armamento puede ofrecer Chile a la OTAN? ¿de qué manera nos beneficia integrarnos a una red militar liderada por potencias que hoy están directamente involucradas en conflictos armados?

Y no es un detalle menor que sea precisamente Alemania quien aparece como interlocutor. Un país que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue desmilitarizado y obligado a mantener límites estrictos en su desarrollo bélico, producto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el nazismo. Hoy, sin embargo, Alemania busca reposicionarse como potencia militar dentro de Europa, impulsada por el conflicto en Ucrania y su estrecha relación con Washington.

Frente a estos hechos, se solicitó más información oficial al Ministerio de Defensa de Chile, a través de su Oficina de Partes el pasado 3 de octubre. Además, contactamos por WhatsApp y correo electrónico a la ministra Delpiano, sin obtener respuesta. Del mismo modo, enviamos una consulta a la Embajada de Alemania en Chile, que tampoco respondió. Este silencio institucional no solo nos llama la atención: aumenta la desconfianza y el malestar ante decisiones que se toman sin rendición de cuentas al país.

No se trata de tecnicismos militares. Se trata de política exterior, de soberanía y de la posición que Chile adopta en sus relaciones bilaterales y multilaterales.
¿Queremos que Chile se acerque a alianzas militares que promueven guerras y bloqueos económicos? ¿Queremos condicionar nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con países que no son del agrado de la OTAN?

Chile ha tenido históricamente una vocación de neutralidad activa, de diálogo y de respeto al derecho internacional. Esa tradición, que nos dio reconocimiento en tiempos difíciles, hoy parece ser reemplazada por una política exterior complaciente con los intereses de las potencias occidentales.

Debemos mantener independencia y prudencia. Este tipo de convenios no fortalecen nuestra defensa, sino que nos subordinan a intereses ajenos. Si de verdad se trata solo de un acuerdo “logístico”, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué la falta de transparencia?

Más temprano que tarde, firmar este tipo de compromisos puede implicar comprometer algo más que la logística: puede comprometer la soberanía.

Ministra de Defensa, Señora Adriana Delpiano, el país merece una respuesta clara.
¿Cuál es el verdadero objetivo de este convenio con Alemania?
¿Es este el camino que Chile quiere seguir?

Fuentes:

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5381758/chile-firma-acuerdo-alemania-facilitara-acceso-catalogo-equipamiento-material-otan

https://www.defensa.cl/indexc3d9.html?p=6108

https://www.defensa.com/chile/chile-alemania-sellan-acuerdo-tecnico-militar-para-fortalecer

https://ucvradio.cl/news/nivel-2-en-la-otan-chile-asciende-en-sistema-de-catalogacion-para-intercambio-militar/

Un chantaje inaceptable con las pensiones

Martín Rodríguez Espinoza

La propuesta de Laura Fernández de vender el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para supuestamente fortalecer el régimen de pensiones IVM es una aberración y constituye un chantaje político inaceptable.

Esta iniciativa se presenta como una «solución» para inyectar fondos al IVM, pero en realidad encubre un problema creado por el propio Estado, la deuda multimillonaria que el gobierno ha acumulado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y particularmente con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Por ley, el Estado debe financiar parte de este régimen, y el incumplimiento de esa obligación legal es lo que ha estrangulado las finanzas del IVM (el Estado adeuda unos ¢689.000 millones a este fondo). Mientras tanto, los recursos que no se aportan a la Caja terminan destinados a otros fines, enriqueciendo a sectores cercanos al poder. En lugar de asumir su responsabilidad y pagar lo adeudado, se pretende sacrificar dos instituciones bancarias públicas para tapar “el hueco” fabricado por ellos, lo cual es inadmisible.

Es alarmante que, en vez de procurar saldar esa deuda, se recurra a vender bancos públicos. Vender el BCR y BICSA no solo significaría perder activos del Estado; también sienta un precedente peligroso de privatizar el patrimonio público para resolver un problema que el propio gobierno creó.

Llamar a esta maniobra «oxigenar el IVM» es engañoso, en realidad, se está condicionando la estabilidad del sistema de pensiones a la entrega de nuestras instituciones bancarias en bandeja de plata a intereses privados, vinculados a su campaña. Eso equivale a un chantaje, se hace creer a la ciudadanía que solo vendiendo el patrimonio público se podrán salvar sus pensiones. Nada más lejos de la verdad y falso. Terminarían vendiendo los bancos públicos y aumentando la edad y el monto mensual para pensionarse, además, por supuesto, reduciendo el monto de la pensión.

Lo que realmente salvará al IVM es que el Estado cumpla con su obligación legal de financiarlo, la clase trabajadora aporta y se lo reducen de su salario mes a mes, los patronos aportan, pero el gobierno de turno, de este y gobiernos anteriores, no quieren aportar. Es el Estado quien debe honrar su deuda con la CCSS y el IVM, en vez de trasladar la carga al país mediante privatizaciones encubiertas.

Por todo lo anterior, esta propuesta de Laura Fernández es inaceptable y debe ser condenada. No podemos permitir que, bajo pretextos falsos, se desmantele la institucionalidad pública en beneficio de unos pocos. El país necesita soluciones responsables, fortalecer la CCSS y el IVM con los recursos que por ley les corresponde al gobierno de turno, en lugar de malvender nuestros bancos a cambio de promesas vacías.

Promesas falsas, superficiales y reprochables, de eso está lleno el “programa de gobierno” de la oficialista Laura Fernández, ¿Por qué no dice nada de la Evasión y Elusión Fiscal, del contrabando, de los odiosos privilegios arancelarios de los grandes importadores y exportadores, de la falta de vivienda, de los campesinos sin tierra, de los agricultores arruinados y en quiebra, de la pobreza y la miseria en la viven miles de familias costarricenses, de los niños y jóvenes que abandonan las aulas, los colegios y que no tienen acceso a las universidades pero son presa de las bandas narcotraficantes que financian campañas electorales?

Las cárceles con las que sueña, señora Laura, tendrían sentido si las propone para encerrar a los contrabandistas, evasores, elusores al Fisco, y a los narcos que financian candidatos.

Su “programa de gobierno”, señora Laura Fernández, no sirve ni para papel higiénico.

Despertemos costarricenses, exijamos compromiso con el bien común y digamos no a los chantajes con el futuro de nuestras pensiones.

Nicoya será sede del III Encuentro Internacional de zonas azules

La Península de Nicoya, reconocida mundialmente como una de las cinco zonas azules del planeta, se prepara para recibir el III Encuentro Internacional de zonas azules, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2025, organizado con el apoyo de la Fundación Pedagógica Nuestramérica.

El evento reunirá a especialistas, instituciones y personas interesadas en conocer y promover los secretos de la longevidad y el bienestar que caracterizan a esta región, en busca de fortalecer el movimiento global que promueve estilos de vida saludables y la convivencia intergeneracional. Entre los principales atractivos del encuentro se incluyen conferencias magistrales, intercambio cultural, talleres, encuentros con centenarios y rutas de turismo azul.

Para inscripciones o más información se puede contactar al teléfono 8930-6612.

En consulta Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre

El Ministerio de Ambiente, al ser los 21 días del mes de octubre del dos mil veinticinco somete a conocimiento de las instituciones y público en general, el siguiente proyecto de normativa:

Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre

Para lo cual se otorga un plazo de 10 días hábiles, de conformidad con el artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública, contados a partir del día siguiente de este aviso, para presentar únicamente a través del Sistema de Control Previo (SICOPRE), mediante el siguiente vínculo:

https://tramitescr.meic.go.cr/controlPrevio/BuscarFormulario.aspx las observaciones y comentarios con la respectiva justificación técnica o legal. La versión digital de este proyecto de normativa se encuentra disponible en el Sistema de Control Previo (SICOPRE) del Ministerio de Economía Industria y Comercio.

Contraloría advierte debilidades en la gestión de riesgo de corrupción en la evaluación ambiental de la SETENA

La Contraloría General de la República emitió un informe de auditoría en el que señala deficiencias significativas en la gestión del riesgo de corrupción dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental que realiza la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

El documento evidencia que la gestión institucional frente al riesgo de corrupción es débil, inoportuna y carece de un enfoque integral, lo que afecta la calidad y trazabilidad de la información técnica utilizada para aprobar proyectos con impacto ambiental.

Según la auditoría, en algunos casos se otorgaron viabilidades ambientales basadas en estudios técnicos correspondientes a otros proyectos, lo que compromete la objetividad y fiabilidad de las evaluaciones. Además, el 90% de los casos analizados fueron aprobados sin inspección de campo previa por parte de la institución.

La Contraloría también determinó que el seguimiento que realiza la SETENA sobre las viabilidades otorgadas es principalmente reactivo, limitándose a responder solicitudes del desarrollador o de terceros. Esto deja en manos de profesionales externos la responsabilidad directa del cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos, reduciendo la capacidad institucional para fiscalizar efectivamente los impactos reales de los proyectos.

Entre los hallazgos más relevantes, se reporta que el 74% de las evaluaciones revisadas presentan debilidades de control, y que el 60% de las inspecciones de cumplimiento planificadas no se ejecutaron. Asimismo, un 25% de los estudios de impacto ambiental no fueron publicados en el sitio web institucional, afectando la transparencia y el acceso público a la información.

Un caso destacado es el de un proyecto en Quepos (ver infografía adjunta), que recibió viabilidad ambiental pese a encontrarse en una zona con cobertura boscosa. Posteriormente, se detectaron 16 incumplimientos a las condiciones establecidas, con daños graves al ecosistema local, lo que evidencia las consecuencias reales de no aplicar controles efectivos.

La Contraloría subraya que, por el alcance de las decisiones que toma la SETENA y los intereses económicos que involucra, es esencial fortalecer los controles internos, garantizar criterios técnicos y verificables, y fomentar la rendición de cuentas. El informe señala que una gestión ambiental transparente no solo protege los ecosistemas, sino que también fortalece la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Acceda al informe completo haciendo click en el siguiente enlace: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025025505.pdf

San Juan de Cañas purifica su agua con innovador sistema de filtración

La Asada de San Juan de Cañas en Guanacaste respira aliviada. Un proyecto colaborativo entre la comunidad, el Hidrocec de la UNA, el TEC y la ONG Operación Bendición permitió instalar un sistema de remoción que devolvió el agua segura a los habitantes de esta comunidad.

Tras meses de incertidumbre por la contaminación de su fuente hídrica con aluminio, San Juan de Cañas hoy cuenta con un sistema de filtración que garantiza agua segura, pues cumple con los estándares nacionales de calidad.

La problemática surgió durante los talleres Conociendo la calidad de nuestra agua, que se imparte dentro del proyecto Fortalecimiento de la gestión del agua de las Federaciones, Ligas y uniones de la Región Chorotega (FLUS Chorotega). Johanna Rojas, responsable del área de calidad de aguas del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe (Hidrocec), recuerda el hallazgo: “Vimos que el pH estaba muy ácido, volvimos a leer la muestra y el pH seguía estando en cuatro. Eso nos generó bastante curiosidad”.

Las pruebas de laboratorio lo confirmaron: el nivel de aluminio en el agua superaba los 0,2 miligramos por litro, el límite establecido por la normativa costarricense. “No creíamos que fuera tan peligroso. Pero ahora que inició todo eso nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que en verdad sí necesitábamos la ayuda para mejorar la calidad del agua”, comentó Cindy Barrantes administradora de la Asociación Administradora de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (Asada).

El diagnóstico activó una red de apoyo. Andrea Suárez, coordinadora del Hidrocec, recordó que la articulación entre actores fue clave. La FLUS Chorotega, la ONG Operación Bendición y el Centro de Investigación en Protección Ambiental (CIPA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), se unieron para materializar la solución.

La tecnología que devolvió la seguridad del agua a la comunidad fue un sistema de filtración de dos etapas, que desarrollaron e instalaron expertos del TEC. “El filtro lo que tiene es un tipo de piedra caliza, por ahí va a pasar el agua y luego pasa por un segundo filtro de arena. En el primero se regula el pH y se retiene la mayoría del aluminio, y en el segundo terminamos de hacer la limpieza”, explicó Luis Guillermo Romero, investigador del CIPA, quien detalló, además, que tras un día de trabajo el agua salió con un pH alrededor de siete, y el aluminio muy por debajo de la norma nacional.

Katherine Sánchez, coordinadora de Proyectos de Agua de Operación Bendición, enfatizó que su labor va más allá de lo técnico. “Los proyectos que hacemos van a cambiar la vida de las personas”, afirmó, pero también empoderan a las comunidades, pues son estas las que administran y le dan sostenibilidad al sistema.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Recurso de amparo para exigir cumplimiento del Convenio 169 de la OIT en favor de la población afrodescendiente

El ciudadano Marco Levy Virgo, afrodescendiente y miembro activo de la comunidad de Limón, presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, por lo que califica como omisiones y incumplimientos del Gobierno de la República en la implementación de acciones afirmativas en favor de la población afrodescendiente nacional.

En el documento, Levy argumenta que Costa Rica ha incumplido sus obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito mediante la Ley N.° 7316 de 1992, lo cual perpetúa la discriminación estructural hacia la población afrodescendiente del país.

El recurso, presentado con fundamento en la Ley de la Jurisdicción Constitucional, sostiene que las comunidades afrodescendientes del Caribe costarricense cumplen con las características de pueblos tribales reconocidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en casos como Saramaka vs. Surinam y Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica vs. Colombia. En esos precedentes, la Corte reconoce que tales comunidades gozan de derechos equivalentes a los pueblos indígenas, incluyendo consulta previa, libre e informada, propiedad colectiva y protección cultural.

Omisiones señaladas

Levy señala que, pese a la ratificación del Convenio 169 hace más de tres décadas, Costa Rica no ha adoptado legislación ni políticas públicas que garanticen los derechos reconocidos a la población afrodescendiente. Entre los incumplimientos destaca:

  • Falta de consulta previa en proyectos y políticas que afectan territorios afrodescendientes, como el plan de marina en el cantón central de Limón y otros proyectos impulsados por JAPDEVA.

  • Ausencia de legislación que reconozca la propiedad colectiva, participación política y protección cultural de estas comunidades.

  • Respuestas dilatorias e insuficientes del Ejecutivo ante solicitudes formales, pese a los mandatos de la Sala Constitucional en materia de consulta tribal afrodescendiente.

El recurso cita el Voto N.º 2025027898 de la Sala Constitucional, del 19 de septiembre de 2025, que reafirma la obligación estatal de realizar consultas previas a comunidades afrodescendientes, así como el Decreto Ejecutivo N.º 43532-MP-MINAE-MCJ-MEP (2024), que reconoce el autoreconocimiento de la población afrocostarricense como pueblo tribal.

Derechos violados según el recurso

Entre los derechos presuntamente vulnerados se mencionan:

  • Igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

  • Derecho a la consulta previa, libre e informada, establecido en el artículo 6 del Convenio 169.

  • Derechos territoriales y culturales, previstos en los artículos 13 al 19 del Convenio.

  • Supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales, conforme al artículo 7 constitucional.

  • Derecho de petición, por las respuestas evasivas del Poder Ejecutivo a sus oficios.

Solicitudes a la Sala Constitucional

Levy solicita a la Sala Constitucional que:

  1. Declare con lugar el recurso de amparo.

  2. Ordene al presidente de la República implementar de inmediato el Convenio 169 de la OIT, garantizando consulta previa, reconocimiento territorial y legislación específica.

  3. Declare la nulidad de actos omitidos y ordene acciones afirmativas equiparables a las aplicadas a otras minorías.

  4. Condene al Estado al pago de daños y perjuicios, así como costas y honorarios.

El recurso solicita además que se requiera al Ejecutivo un informe detallado sobre los avances en la implementación del Convenio 169, con el fin de asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos de las comunidades afrodescendientes del país.

UNDECA llama a redoblar solidaridad con Cuba

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista

La Unión Nacional de Empleados de la Caja (UNDECA) llamó a los costarricenses a redoblar la solidaridad con Cuba, cercada por un cruel bloqueo comercial y financiero norteamericano, que dificulta aún más la ayuda internacional y la recuperación de la isla caribeña por los destrozos ocasionados por el reciente huracán Melissa que azotó el Caribe.

En un comunicado hecho público, la representación gremial de la Caja Costarricense del Seguro Social expresa “firme” y “fraterna” la solidaridad con el pueblo y los trabajadores de Cuba, así como las organizaciones sindicales “hermanas” que defienden “su soberanía y autodeterminación”.

En el documento llama a la Federación Sindical Mundial y al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) a unir esfuerzos a favor de Cuba en este “momento de dolor humano”.

Practicando con el ejemplo UNDECA fue de las primeras organizaciones gremiales del país en hacer llegar su donación.

Según datos preliminares oficiales, Melissa dejó una secuela de destrucción de caminos, acueductos, agricultura y 19 muertos en Haití y 18 en Jamaica, mientras en Cuba golpeó con fiereza las provincias del Oriente del país, destruyendo servicios públicos, caminos, agricultura, hogares e infraestructura clave para su economía.

Preliminarmente el diario Granma precisó que el fenómeno atmosférico afectó el aeropuerto de Santiago de Cuba, por lo que la línea área Cubana de Aviación suspendió servicios hacia esa importante provincia, hasta nuevo aviso.

El diario agregó que, en la provincia de Las Tunas, siempre en el oriente de la isla, las mayores labores recuperativas deben hacerse en la agricultura, principalmente en el denominado polo productivo del territorio provincial.

Ahí se registraron serias afectaciones a las áreas de plátano, y en menor medida a otros renglones, por lo que se impone salvar lo posible y comercializarlo a la población, consignó.

Los informes periodísticos dan cuenta de averías en el tendido eléctrico, desconexión de radiobases telefónicas, derribo de árboles, daños en la cubierta de viviendas e inundaciones en zonas bajas de esta ciudad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) confirmo que ejecuta acciones tendientes a proteger la seguridad alimentarias en Cuba tras el paso de Melissa.

En paralelo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace esfuerzos para distribuir productos de higiene personal y materiales educativos para los escolares cubanos, así como purificadores de agua para mientras se normaliza la situación.

Sin embargo, el coordinador de la ONU en Cuba, Francisco Pichón, señaló que el embargo económico y las sanciones financieras contra la isla “complican” la obtención de recursos para la respuesta humanitaria.

“Las necesidades superan con creces la capacidad de respuesta del país frente a la emergencia”, reconoció Pichón públicamente, quien destacó que el impacto se concentra en regiones ya afectadas por el huracán Óscar ocurrido el año pasado.

El bloqueo comercial y financiero estadounidense contra Cuba significa daños y perjuicios a su economía y población 129 millones de dólares cada seis días.

Puede ver detalles para su aporte solidario en la imagen.

“Abrazo a Cuba” / Tumbemos el bloqueo

¡El campo costarricense se levanta! Marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del agro

El Grupo Liderazgo del Sector Agropecuario, conformado por la Corporación Hortícola Nacional (CHN), la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional) y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), convoca a una gran movilización bajo el lema “¡El campo costarricense se levanta!”.

La marcha por la defensa de la producción nacional y el rescate del campo costarricense se realizará el martes 11 de noviembre a las 9:00 a.m. en San José, saliendo del Parque Central hacia Casa Presidencial en Zapote.

Las organizaciones convocantes llaman a la ciudadanía, productores y productoras del país a sumarse a esta manifestación en favor de políticas públicas que fortalezcan el agro costarricense, garanticen la soberanía alimentaria y defiendan el derecho al trabajo digno en las zonas rurales.

Demandas principales

  • Sí a la innovación del sector agropecuario, para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la minimización de los impactos sociales y ambientales de la producción agropecuaria.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria, para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente, para mejorar la vida de las personas que dependen del agro.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible, para una producción agropecuaria eficiente, innovadora, ambientalmente amigable y resiliente.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente, con impacto social positivo y que mitiguen la crisis climática.

En defensa del agro nacional

Las organizaciones subrayan que es urgente detener las políticas que debilitan la producción nacional y afectan el empleo rural. Por ello, expresan su oposición a la importación masiva de productos agrícolas y al Acuerdo Transpacífico, que consideran una amenaza para la soberanía alimentaria y el desarrollo de los pequeños y medianos productores.

La convocatoria reafirma los compromisos del sector con el trabajo digno, la equidad social y la seguridad alimentaria:

  • Sí al trabajo, la dignidad y el futuro del campo costarricense.

  • Sí a la seguridad y soberanía alimentaria costarricense.