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Autor: María José Ferlini Cartín

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.

¿Los partidos políticos jaguares ganarán la mayoría parlamentaria?

Vladimir de la Cruz

Cada día que pasa se perfila mejor el panorama electoral hacia febrero. Los partidos políticos en proceso de inscripción ya están saliendo del huevo. El Tribunal Supremo de elecciones va sacando su tarea, avalando los que están con todos los trámites de inscripción en forma.

¿Cuántos partidos nacionales tendremos inscritos para la próxima campaña electoral? ¿25 como en la elección pasada, 13 como en la del 2018, 13 como en la del 2014, 9 como en la del 2010, 7 en la del 2006?

En todas las campañas tenemos partidos políticos tradicionales y nuevos. Los tradicionales los que ya han participado en varios procesos electorales, o que al menos repiten una elección. Los nuevos los que se inscriben por primera vez. Así de simple. En los tradicionales están los más viejos, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Frente Amplio, que también eligen diputados desde el 2006. Le siguen en antigüedad Acción Ciudadana, el de Fabricio Alvarado.

Si se trata por elección de diputados, donde hay una mayor cantidad de partidos inscritos, en la elección del 2006 y la del 2010, ocho partidos eligieron diputados, en la del 2014 y 2018, nueve partidos eligieron diputados, en la del 2022, con 26 partidos participando para diputados, solo seis partidos eligieron diputados.

En estos procesos electorales, que estoy mencionando, desde el 2006, que estoy comentando el número de partidos que eligió diputados es el siguiente.

En la elección del 2006 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2010 solo dos partidos eligieron más de 10 diputados y solo uno, Liberación Nacional, eligió 24.

En la elección del 2014 solo dos partidos eligieron 10 o más diputados y solo uno Liberación Nacional, eligió 18.

En la elección del 2018 solo 3 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 17.

En la elección del 2022 solo 2 partidos eligieron 10 o más diputados, y solo uno Liberación Nacional, eligió 19.

Esta es la realidad electoral de los últimos cinco procesos electorales, y del comportamiento, más o menos estable del electorado.

A partir de la elección del 2014 se rompió la tradición y el comportamiento electoral. Llegó a la Presidencia de la República un nuevo partido, Acción Ciudadana, rompiendo el bipartidismo tradicional que tenían Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana de ganar la Presidencia. En la elección del 2018, nuevamente Acción Ciudadana se impone como el partido ganador, y por primera vez Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, quedan fuera de llegar a la segunda ronda. En la elección del 2022, de nuevo se produce una ruptura con la elección presidencial y se produce una sorpresa con el triunfo de un nuevo partido político, que no había participado en procesos electorales anteriores, el Partido Progreso Social Democrático, con un candidato, Rodrigo Chaves Robles, que era un “perfecto desconocido” político en el país por haber vivido fuera de Costa Rica más de 30 años, que había regresado para incorporarse al Gobierno de Carlos Alvarado, por un breve período de seis meses como Ministro de Hacienda, y sorprendió en la campaña electoral agitando problemas sensibles que lo identificaron con la ciudadanía electoral decepcionada de las prácticas de gobiernos anteriores, de sus ejercicios gubernativos políticos, especialmente dominado por el bipartidismo tradicional.

A las puertas del próximo proceso electoral tenemos una proyección parecida de gran cantidad de partidos políticos nacionales y provinciales en posibilidad de presentarse ante el electorado.

En el siglo XX, se han experimentado las segundas rondas electorales en las elecciones del 2002, 2014, 2018 y 2022, cuando los electores no le dan los votos suficientes al partido ganador en la Presidencia. Solo el Partido Liberación Nacional ganó, sin segunda ronda, las elecciones del 2006 y 2010. Ello se debió, entre otros factores a los candidatos liberacionistas de esas campañas electorales, Oscar Arias y Laura Chinchilla. Liberación Nacional estuvo a punto de ganar el gobierno, en la segunda ronda, con José María Figueres, en el 2022, quien había ganado la primera vuelta electoral.

Las segundas rondas electorales ya se quedaron instaladas en la realidad nacional, lo que no es obligatorio para cada proceso electoral, que siempre es una sorpresa, que puede resultar como apretar un jabón, que nadie sabe para donde sale.

El otro elemento que es gravitante en los procesos electorales es el de la reelección de partidos políticos en el gobierno. Esto solo lo ha logrado Liberación Nacional en tres ocasiones, 1970 y 1974, en 1982 y 1986, y En el 2006 y 2010, el partido Unidad Social Cristiana en una ocasión, 1998 y 2002 y el Partido Acción Ciudadana, en el 2014 y 2018. Al Partido Progreso Social Democrático no lo veo repitiendo gobierno…pero cualquier cosa puede suceder en política.

En mi opinión no veo, por ahora, que estas tendencias electorales de los últimos cinco procesos electorales vayan a cambiar sustancialmente.

Lo que veo, por ahora, es el riesgo de un partido, Liberación Nacional, con un candidato electoral más fuerte que sus tradicionales, para las próximas elecciones que le da posibilidad de acariciar la Presidencia y de mantener la mayoría de los diputados que hasta ahora ha sostenido, entre 17 y 24 diputados. Esto estará en relación directa a los candidatos que ofrezca, con la nueva cara presidencial que tiene, y con el programa electoral que agite.

El Frente Amplio en posibilidad de aumentar su número de diputados, de los seis actuales a una decena por lo menos, sobre todo si la lista la encabeza alguien como su dirigente político José María Villalta. Su candidato presidencial lo pueden sacar de sus actuales diputados, que buena imagen pública tienen.

A los otros partidos políticos parlamentarios y hacia las elecciones no les veo todavía una buena proyección. La Unidad Social Cristiana en este momento ni se siente. Su candidato presidencial está en la estratosfera, no está presente en nada ante los grandes y graves problemas que hay en el país, además con planteamientos políticos y económicos sociales sumamente conservadores, que no le van a ayudar nada en su campaña.

El partido Liberal Progresista es un desastre parlamentario y organizativamente pareciera ser lo mismo. Eli Feinzaig obligadamente tendrá que ser el candidato para tratar de mantener alguna presencia política como partido, si es que quiere tener un partido como proyecto político y personal. Si no asume este reto pasará como un fisco electoral. Su planteamiento parlamentario no le ha permitido destacar como un líder en capacidad de ofrecer un proyecto renovador costarricense. Se quedó en el conservadurismo y el retroceso social.

Fabricio Alvarado seguirá jugando a la presidencia, pero no lo veo aumentando su número de diputados. Los electores cautivos de sus templos religiosos le votarán, pero se le han movilizado a las “tiendas” del actual inquilino de Zapote y hacia las que él oriente en búsqueda de votos para sus partidos jaguares.

Del caso del presidente Chaves Robles es políticamente interesante. No puede reelegirse él, porque tiene impedimento constitucional para hacerlo. Pero, se quema por hacerlo. Cómo él no puede, ha impulsado la creación de varios partidos políticos nuevos para que “continúen” su proyecto político desmantelador del Estado Social de Derecho del país. Ya ha logrado que tres de sus partidos estén debidamente inscritos, lo que le da margen de actuar en las elecciones, directamente si se lo propone, o indirectamente como lo viene haciendo los miércoles, y cada vez que puede, en su forma beligerante de su discurso político contra toda la institucionalidad y contra todos los partidos políticos, que le puedan ofrecer oposición y que le impidan que sus “jaguares” logren elegir sus 40 o 38 diputados como desea para de esa forma acabar, desde la Asamblea Legislativa con toda la institucionalidad democrática nacional e instaurar su régimen autoritario, despótico, tiránico, sin controles institucionales, que le permitan actual libremente y con la billetera abierta del Estado en los negocios propios o de sus amigos políticos, nacionales y extranjeros.

La figura del “jaguar” como emblema político ya la tiene uno de sus partidos. Ha provocado la ira de la diputada mentirosa que es la titiritera, o marionetista, de todo ese grupo político, que es la que mueve y articula a la marioneta que tiene en Zapote, porque tenía reservada esa figura del “jaguar” para otro de sus partidos inscritos.

Pero este no es un problema. Electoralmente los partidos del presidente y de su marionetista pueden tener todos su “jaguar” como emblema, para que sea más fácil su identificación grupal. El Tribunal Supremo de Elecciones no podría negar ese emblema salvo que el que lo inscribió primero impugne su uso. Pero, como todos son coyotes de la misma loma, que pertenecen a la misma condición de manada de animales “jaguar”, que pertenecen a la misma red de intereses políticos, no tienen por qué tener problemas con usar ese emblema. Además, están considerando constituir una coalición con esos jaguares. Demás está decir que en las papeletas electorales muchos partidos tienen banderas muy similares en sus colores.

El tema principal de los “jaguares” es si tendrán posibilidad de repetir gobierno, como lo hizo el partido Acción Ciudadana. Con el nombre del Partido Social Democrático, con el que fue electo Rodrigo Chaves pareciera que no hay posibilidad alguna. Ya está buscando candidato entre los “chavistas” de gobierno, sin que su eventual candidato el exministro Amador represente al presidente Chaves o sea su continuador.

En las tiendas “chavistas” eso todavía no está decidido, porque no es él quien decide esa candidatura, la que será definida por el grupo que económicamente le ha apoyado desde la campaña electoral del 2022, junto con la marionetista de Cuesta de Moras. Podría ser definido ese candidato en el Cantón de Santa Ana, como ya se rumora.

El proyecto de los 38 o 40 diputados “jaguar” que se quieren elegir por parte del gobierno y de su presidente no es fácil lograrlo. Las “pintas” que hay en esos partidos jaguar, disputando esos puestos, al margen de lo que decida la marionetista y el animal de Zapote, el Jaguar mayor, son de la casa de los sustos.

El próximo Congreso, Asamblea Legislativa, va a necesitar, este es el reto para todos los partidos, candidatos de mucha calidad política, personal, profesional. Eso es lo que se requiere para la Costa Rica a partir del 2026, si se quiere avanzar hacia la modernización de todo el aparato institucional del país, hacia una Asamblea Nacional Constituyente, y hacia una Costa Rica más próspera, más justa, más democrática.

El peso de la elección nacional va a girar, así lo veo, alrededor de los candidatos a diputados, para que al apoyarlos a ellos se apoye al candidato presidencial que los proponga.

La elección del presidente siempre va a tener la luz y el foco principal, pero está demostrado electoralmente que los electores, los votantes, quiebran, parten, su voto para que desde la Asamblea Legislativa se ejerzan y lleven controles sobre el actuar del Poder Ejecutivo.

¿Variará esto hacia una super mayoría legislativa, parlamentaria, como se propone Rodrigo Chaves, impulsando sus animales, sus jaguares?

Compartido con SURCOS por el autor.

Foro abordará los riesgos de privatización en la Zona Marítimo-Terrestre -Voces y Política

Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.

El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.

El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.

La transmisión se realizará a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y también estará disponible en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

Proceso electoral: Colegio de Abogados y Abogadas invita a dos conversatorios

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica ha extendido la invitación a dos conversatorios a celebrarse esta semana los días 18 y 19 de junio.

El primero versa sobre el proyecto de Ley Expediente 23.885, el cual busca regular las nuevas formas de propaganda. El encuentro está programado para este miércoles 18 de junio a las 6:00 pm, tanto de forma presencial en el Auditorio Pablo CasaFont Romero como en también vía transmisión en vivo.

El segundo tratará sobre el pluripartidismo y qué conveniencia tiene para la democracia. Este encuentro está programado para este jueves 19 de junio igualmente a las 6:00 pm, siendo de forma presencial en el Auditorio Pablo CasaFont Romero e igualmente contando con transmisión en vivo.

Se extiende la invitación a participar en estas actividades, para cada una se requiere completar un formulario de inscripción (independientemente de la modalidad):

  • Miércoles 18 de junio:

Proyecto de Ley Expediente 23.885, que busca regular las nuevas formas de propaganda.

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lr65vieZGUS-kXaoDtFgyhNvVCDbBQpOh8v15MzNVS5UQkdaMFVROVlVUzdLNEZMSDZGVDVLMDBURS4u

  • Jueves 19 de junio:

PLURIPARTIDISMO: La proliferación de partidos políticos. ¿Es conveniente para la democracia?

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lr65vieZGUS-kXaoDtFgyhNvVCDbBQpOh8v15MzNVS5UNlpMNUZWT0xKTjNYVEJISjVKM0pVQ1o2VS4u

Cabe recalcar que para actividad se extenderán certificados digitales de participación.

Comunicado de la rectoría de la UCR sobre el Régimen Salarial Académico

SURCOS recibió una comunicación del doctor Carlos Araya Leandro, rector de la Universidad de Costa Rica en relación con el Régimen Salarial Académico. Como se indica en el párrafo final de esta nota, esta declaración se refiere a aspectos generales, pues los detalles están a cargo del asesor legal del rector. El texto expone:

“La normativa universitaria es compleja y requiere revisiones y actualizaciones periódicas para cumplir con el ordenamiento jurídico y constitucional, además de adaptarla a los cambios y transformaciones que exigen la Universidad y la sociedad costarricense. Dicha complejidad se manifiesta en la normativa que ha dado lugar al Reglamento del Régimen Salarial Académico (RSA) de la Universidad de Costa Rica y a otras regulaciones institucionales en materia laboral y salarial, todo como consecuencia de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de la Ley de Empleo Público. En este contexto es importante aclarar lo siguiente:

El Reglamento del Régimen Salarial Académico fue aprobado por el Consejo Universitario en la sesión número 6768 del 14 de diciembre de 2023.

En cuanto a la definición de las escalas salariales por categoría en el régimen académico y para puestos de autoridad universitaria, estas se definieron el 3 de mayo de 2024, mediante resolución R-116-2024 firmada por el exrector Gustavo Gutiérrez Espeleta, no por mi persona.

Por su parte, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece en su artículo 40, inciso b), que le corresponde al rector ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario (no es opcional). Así las cosas en el año 2024 se inició el proceso de traslado de personas del régimen salarial compuesto al nuevo régimen salarial académico según los términos establecidos en el Reglamento, que son de acatamiento obligatorio.

Posteriormente, el 23 de octubre de 2024, mediante criterio de la Oficina Jurídica OJ- 114-2024, se indica que, “en cuanto a la legalidad y constitucionalidad del contenido del Transitorio 8 del Reglamento – RSA aprobado por ese Consejo, esta Oficina estima que las medidas allí contenidas son legítimas y garantizan los principios equidad salarial, excelencia en el servicio, mérito, capacidad y competencias” (subrayado es propio). Señala además este criterio que “como consecuencia lógica, si la Universidad puede y debe definir su política salarial, puede también -de conformidad con la Ley Marco de Empleo Público y su Reglamento- definir el mecanismo de transición de un sistema de remuneración a otro, siempre que tenga en cuenta los derechos, principios y valores constitucionales en juego, por ejemplo, el de equilibrio presupuestario”. Finalmente concluye este dictamen que “las medidas contenidas en el Transitorio 8 del RSA son acordes a Derecho”. Este criterio es ratificado por la Oficina Jurídica en el oficio OJ-116-2025 del pasado 22 de mayo.

Véase entonces que el ajuste del régimen salarial académico no solo es una obligación que establece el reglamento aprobado por el Consejo Universitario (no por mí personalmente), sino que inclusive es una práctica que ha sido avalada por la propia Oficina Jurídica de la Universidad y catalogada como legítima, lo que descarta claramente cualquier actuación irregular o reconocimiento ilegal de beneficios de mi parte”.

En el escrito enviado por el doctor Araya Leandro a nuestra redacción se indica que “con respecto a la causa penal en la que se investiga lo relacionado al Régimen Salarial Académico (RSA) de la UCR, debo indicar que cualquier consulta debe ser dirigida a mi abogado defensor Gerardo Huertas Angulo, ya que al tratarse de una investigación en trámite, será en el contexto de ese proceso penal en donde brindaré las respuestas que correspondan para desmentir esa temeraria denuncia. Para esos efectos mi defensor se está apersonando a la Fiscalía esta misma semana para ponernos a las órdenes y solicitar se me cite para brindar declaración cuanto antes, como es mi deseo”.

Poder y resistencia: una nueva versión de las luchas migrantes en Estados Unidos

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

No ha sido un junio bueno para la humanidad. El recrudecimiento de las acciones bélicas contra el pueblo palestino, la tensión a gran escala entre Israel e Irán, son tan solo algunas de las muestras que este junio oscuro nos trae y nos devela. Nos desvela también.

En el contexto más cercano el escenario no es para nada optimista. En Estados Unidos, la política migratoria se ensaña un día sí y otro también contra las personas migrantes en condición migratoria irregular. Escuelas, fábricas, iglesias, barrios enteros han sido desolados por la acción despiada de un organismo policial dispuesto a las más atroces de las barbaridades.

Llevamos ya varios días de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del gobierno de Trump y cientos, miles de migrantes, ciudadanos estadounidenses de origen latinoamericano y miembros de organizaciones civiles, que decidieron decir basta a las acciones intimidatorias contenidas en redadas masivas.

La caza de seres humanos en Estados Unidos es una realidad. El perfilamiento racial, el terror, la incertidumbre son consignas de una administración que debe congraciarse con un electorado que la llevó al poder bajo la promesa de “limpiar al país de indeseables”.

Mientras esto ocurre y muestra la tensión entre el poder gubernamental y la resistencia como acto de respuesta, en el plano más doméstico el tema ha empezado a ser instrumentalizado de forma populista por algunos actores inmersos en la carrera hacia las elecciones en Costa Rica en 2026.

El peligro de la demagogia y el uso maniqueo de un tema sensible para despertar simpatías electorales está a la vuelta de la esquina.

Lo anticipo y deploro cualquier discurso o acto en esa dirección.

Gaza / Israel: desde una Costa Rica bastante omisa, apuntes relativos a la abrumadora votación en Naciones Unidas que aísla más a Israel

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

«Lo que está ocurriendo en Gaza no es una operación militar, es una agresión a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Nada en el derecho natural ni en el derecho internacional permite atacar a civiles y perpetrar contra ellos ataques tan indiscriminados y bárbaros  /  What is happening in Gaza is not a military operation, it is a full-scale assault against our people. It is massacres against innocent civilians. Nothing in natural law or international law allows for the targeting of civilians and such indiscriminate, barbaric attacks against them» (Intervención del representante de Palestina ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en su sesión del 16 de octubre del 2023 (véase acta S/PV/9439, en página 9 / Statement by the representative of Palestine to the United Nations Security Council, at its meeting on 16 October 2023 (see verbatim  S/PV/9439 at page 9). 

«Tout ce qui se passe ne semble pas relever du hasard, mais d’un plan systématique clairement visible, dans une tentative manifeste de pousser les habitants à l’exil, à accepter ce qu’on appelle les projets de « migration volontaire », c’est-à-dire un déplacement forcé déguisé. Les politiques de famine, de destruction et de bombardements constants ne sont que les outils d’un plan plus vaste visant à vider Gaza de ses habitants ou à briser leur volonté. Ce qui se joue à Gaza n’est pas seulement un siège ou une agression, mais un processus d’extinction méthodique de la vie et de la présence palestinienne». 

Testimonio de habitante de Gaza, 12 de abril del 2025. Extracto de»Témoignage d’Abu Amir, le 12 avril 2025: Gaza sous le feu: bombardements et faim impitoyable». Texto completo disponible aquí

El 12 de junio del 2025, la Asamblea General de Naciones Unidas examinó y votó un proyecto de resolución sobre el drama indecible que se vive en Gaza, presentado a iniciativa de España. 

Este proyecto de resolución fue apoyado por un significativo grupo de Estados durante su elaboración, a modo de reacción colectiva ante el veto por parte de la delegación de Estados Unidos observado días antes: véase al respecto nuestra nota anterior sobre la votación registrada en el Consejo de Seguridad el 4 de junio del 2025, con 14 votos a favor y un solitario voto en contra (Estados Unidos) (Nota 1). 

Este proyecto de resolución iniciado por España contó con el apoyo formal, por parte de América Latina, de los siguientes Estados co-auspiciantes del mismo: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela. 

Desde la perspectiva jurídica internacional, resulta de interés observar cómo, poco a poco, los mecanismos internacionales para que Israel rinda cuenta a la justicia internacional de sus numerosas exacciones contra la población civil en Gaza se han ido activando; y cómo las vociferaciones y gesticulaciones de las máximas autoridades israelíes y su abierto desafío a la autoridad de los diversos órganos de Naciones Unidas (jurisdicciones incluídas), están llevando a los demás Estados de la comunidad internacional (con la notable excepción de Estados Unidos, así como de Argentina, Hungría y Paraguay) a considerar a Israel como un verdadero Estado paria. 

Tuvimos hace poco en la radio universitaria costarricense (véase enlace) la posibilidad de externar criterio sobre estas y muchas otras vociferaciones en el marco de una emisión radial, en compañia de la representante de Palestina en Costa Rica, titulada: «La deshumanización como técnica narrativa para volver aceptable lo inaceptable: el genocidio en Gaza» (audio en Spotify disponible aquí). Este próximo 19 de junio, la Universidad de Nottingham en el Reino Unido auspiciará una mesa redonda para profundizar las relaciones existentes entre apartheid, genocidio y limpieza étnica con diversos especialistas (véase enlace del programa e inscripción).

En las líneas que siguen analizaremos el contexto en el que se dió esta votación en Naciones Unidas el pasado 12 de junio,  así como el detalle del voto registrado, no sin hacer ver la extraña actitud de la diplomacia costarricense durante todo el mes de mayo (y en lo que va del mes de junio): una diplomacia bastante omisa si se compara a la de otros tiempos, cuando se manifestaba en contra de la violación a los principios del derecho internacional público y de la justicia internacional, en particular de la justicia penal internacional. Una omisión que debiera interpelar a muchos en Costa Rica.

El contexto en el que se da esta votación del 12 de junio

La catástrofe humanitaria provocada por Israel en Gaza, al mantener un bloqueo a la ayuda humanitaria, y al romper la tregua acordada con el Hamas en enero del 2025 desde el pasado 18 de marzo, con bombardeos diarios indiscriminados sobre esta misma población civil, ha sido ampliamente reportada, provocando reacciones de profundo repudio de Estados usualmente cercanos a Israel como por ejemplo Australia, Alemania, Canadá, Francia o bien Reino Unido.

– Algunas de las reacciones oficiales de Estados

Por ejemplo, en el mes de mayo por ejemplo, Canadá, Francia y Reino Unido condenaron de manera colectiva los anuncios de Israel relativos a la expansión de sus operaciones militares en Gaza (véase comunicado conjunto del 19 de mayo). En el comunicado colgado por las autoridades de Francia (véase texto) se indica que:

«Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ces actions scandaleuses. Si Israël ne met pas fin à la nouvelle offensive militaire et ne lève pas ses restrictions sur l’aide humanitaire, nous prendrons d’autres mesures concrètes en réponse«. 

Como corrolario a todo lo anterior el «asedio contra niños» en Palestina por parte de Israel fue denunciado el pasado 20 de mayo por parte de Naciones Unidas (véase comunicado oficial). Brasil exigió el 21 de mayo a Israel cesar su ofensiva en Gaza y levantar el bloqueo a la ayuda humanitaria en términos particularmente duros :

«Submetida há mais de dois meses a bloqueio completo, a Faixa enfrenta, ademais, risco iminente de fome generalizada. O Brasil expressa grave preocupação com a anunciada intenção israelense de permitir ingresso mínimo de alimentos e remédios em Gaza, recordando que o uso da fome como método constitui crime de guerra» (véase texto integral del comunicado oficial colgado por las autoridades diplomáticas brasileñas).

España condenó por su parte los nuevos asentamientos en Cisjordania autorizados por Israel el pasado 30 de mayo (véase comunicado); y suscribió una declaración conjunta firmada por 23 Estados el 19 de mayo (véase texto) sobre la inaceptable privatización de la entrega de la ayuda humanitaria en Gaza decidida por Israel. A inicios de mayo, España suscribió una declaración conjunta (véase texto) condenando la expansión de la operación militar de Israel en Gaza decidida por Israel el 5 de mayo, conjuntamente con Eslovenia, Islandia, Irlanda, Luxemburgo y Noruega. 

Chile por su parte el 28 de mayo decidió retirar parte de su personal diplomático en Israel, en señal de repudio ante la catástrófica situación humanitaria en Gaza (véase comunicado de su aparato diplomático), que había condenado en términos vehementes en un comunicado anterior, el pasado 16 de mayo (véase texto), no sin antes (5 de mayo), condenar el plan de expansión de las operaciones militares en Gaza (véase comunicado), de igual manera condenado por Bolivia (véase comunicado del 7 de mayo): nuestros estimables lectores podrán por sí mismos revisar si sus respectivas cancillerías alzaron la voz como Chile, Bolivia, y otros tantos Estados durante el pasado mes de mayo, o si alguna oscura razón puede explicar el mutismo absoluto de sus autoridades diplomáticas ante el drama indecible que se vive en Gaza.

Sudáfrica por su parte condenó en un extenso comunicado con fecha del 1ero de junio (véase texto) las víctimas mortales palestinas que cayeron durante la entrega de ayuda humanitaria, un texto antecedido por otro del 16 de mayo (véase texto) en el que condenó la muerte de 143 personas en 24 horas en Gaza debido a los bombardeos del ejercito israelí.

– Algunas condenas provenientes de órganos de Naciones Unidas

El 3 de junio del 2025, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado de prensa (véase texto) pasado desapercibido en la mayoría de los medios de prensa internacionales, señaló que:

«Deadly attacks on distraught civilians trying to access the paltry amounts of food aid in Gaza, are unconscionable. For a third day running, people were killed around an aid distribution site run by the “Gaza Humanitarian Foundation”. This morning, we have received information that dozens more people were killed and injured.

There must be a prompt and impartial investigation into each of these attacks, and those responsible held to account. Attacks directed against civilians constitute a grave breach of international law, and a war crime.

Palestinians have been presented the grimmest of choices: die from starvation or risk being killed while trying to access the meagre food that is being made available through Israel’s militarized humanitarian assistance mechanism. This militarized system endangers lives and violates international standards on aid distribution, as the United Nations has repeatedly warned«.

El último informe al 11 de junio elaborado por Naciones Unidas  sobre la situación en Gaza (véase enlace), completado por el anterior informe al 5 de junio del 2025 (véase enlace), y el informe trasanterior al 28 de mayo del 2025 (véase enlace) dan una idea de la violencia que ejerce Israel sobre la población civil de Gaza, objeto de bombardeos indiscriminados diarios desde la tarde/noche del 7 de octubre del 2023, (con una breve tregua registrada entre el 19 de enero y el 18 de marzo del 2025).

Desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, circula un informe realizado por una comisión internacional de invesigación, que detalla  los crímenes de guerra perpetrados por Israel, en el que se enfatiza la destrucción deliberada de toda la infraestructura pública existente en Gaza: véase informe A/HRC/59/26 con fecha del 6 de mayo del 2025, muy pocamente referenciado en medios de prensa internacionales. Este informe concluye con un vehemente llamado a los Estados Miembros de Naciones Unidas:

«101. The Commission recommends that all Member States: 

(a) Comply with all international law obligations, including those set out in the July 2024 advisory opinion of the International Court of Justice, the Geneva Conventions of 12 August 1949, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide; 

(b) Cease aiding or assisting in the commission of violations; and explore measures to ensure the accountability of perpetrators of international crimes, grave human rights violations and abuses in Israel and the Occupied Palestinian Territory«.

Durante la sesión del mismo 4 de junio del Consejo de Seguridad, el Sub Secretario General para Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas imploró al Consejo de Seguridad a tomar decisiones valientes en aras de gestionar la llegada de la ayuda humanitaria que Israel bloquea y concluyó indicando (véase texto de su intervención):

«No one should have to risk their life to feed their children. As I have repeatedly stressed, we must be allowed to do our jobs: We have the teams, the plan, the supplies and the experience. Open the crossings – all of them. Let in lifesaving aid at scale, from all directions. Lift the restrictions on what and how much aid we can bring in. Ensure our convoys aren’t held up by delays and denials. Release the hostages. Implement the ceasefire.We value the support of more and more Member States who are joining our call: Let us work».

– Tramitación de casos contra Israel ante la justicia internacional y ante la justicia nacional

El pasado 9 de junio, el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó por infundada la enésima solicitud de Israel para intentar dejar sin efecto las órdenes de arresto contra su actual primer Ministro y su ex Minsitro de Defensa (véase texto, en particular conclusiones a párrafos 46-49); al tiempo que Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda y Reino Unido anunciaron este 10 de junio sanciones contra dos ministros del actual gabinete que gobierna en Israel (véase comunicado oficial del Reino Unido y artículo publicado en el TimesofIsrael). 

Cabe precisar que la CPI no es una jurisdicción internaconal  que juzge a Estados, sino que busca enjuiciar a personas a título individual, desde el punto de vista penal, por ordenar, instigar o bien cometer actos particularmente graves debidamente tipificados desde 1998 en el Estatuto de Roma (véase texto) como lo son: el crimen de genocidio (artículo 6), los crímenes de lesa humanidad (artículo 7) y los crímenes de guerra (artículo 8). La lectura detallada de este último artículo 8 se recomienda, más particularmente de cara a las dramáticas imágenes que provienen de Gaza pero también de Cisjordania, y ello desde más de un año y medio. En este enlace oficial nuestros estimables lectores podrán revisar el detalle de los 125 Estados Partes al Estatuto de Roma. 

Otra jurisdicción internacional también situada en La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual esta vez juzga a Estados (y no a indidivudos), realizó entre el 28 de abril  y el 2 de mayo pasado las audiencias públicas en La Haya, en el marco esta vez del procedimiento consultivo sobre las obligaciones que tiene Israel en Gaza que derivan de su calidad de Estado  Miembro de Naciones Unidas (Nota 2): unos 40 Estados y otras tres organizaciones internacionales hicieron ver a los 15 integrantes de la CIJ la importancia que revisten las reglas jurídicas que obligan a todo Estado Miembro de Naciones Unidas y detallaron ante la máxima instancia jurisdiccional la lista de obligaciones jurídicas que Israel ha violado. Por parte de América Latina, participaron por orden de aparición ante los jueces de la CIJ (véase programa): Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, México y Panamá. 

En el ámbito de la justicia nacional, recientemente la justicia peruana fue activada en busca de un soldado israelí que se encuentra en el territorio peruano (véase nota de la Fundación Hind Rajab con fecha del 23 de mayo y nota sobre acciones llevadas a cabo por la Fiscalía peruana). En enero del 2025, un soldado israelí acusado de haber cometido crímenes en Gaza logró escapar in extremis de la justicia brasileña, gracias a «gestiones» de  la embajada de Israel en Brasil, que a la fecha no se han detallado mayormente (véase nota de prensa): se lee en esta nota de CNN del 5 de enero del 2025 que, en un comunicado oficial de Israel, se indicó que: «el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, activó inmediatamente al Ministerio de Asuntos Exteriores para garantizar que el ciudadano israelí no corriera peligro”.Según se entiende, Israel procedería ahora a «activar inmediatamente» a sus funcionarios diplomáticos nombrados en embajadas en el exterior para permitir a sus nacionales buscados por la justicia local… ¿escapar de ella?  … ¿Cómo así? Como se lee. A menos que haya que interpretar lo de «activar inmediatamente» al aparato diplomático israelí de alguna otra manera que nos escapa.  En diciembre del 2024, una denuncia interpuesta esta vez en Chile buscaba también la captura de un soldado israelí paseando en Chile (véase nota de prensa).

Ahora bien, si militares israelíes de batallones particularmente violentos en Gaza están viendo la manera de salir a vacacionar como turistas hacia América Latina, cabría preguntarse porqué no escogerían como destino también a las hermosas playas costarricenses. Desde el punto de vista del derecho penal costarricense, ¿contará la justicia costarricense con herramientas que le permitan accionar investigaciones y órdenes de captura similares a las de sus homólogas en Brasil y en Perú o darle seguimiento a la intentada ante la justicia chilena?

El proyecto de resolución presentado por España en breve

El texto votado (véase texto al final repoducido del proyecto de resolución A/ES-10/L.34/rev.1) se compone de 21 puntos operativos que  recogen en detalle la violaciones reiteradas observadas en Gaza por parte de Israel. 

Su lectura es recomendada, y desde ya se puede señalar que serán de gran utilidad para los Estados que apoyan la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), así como para los abogados de víctimas palestinas ante la Corte Penal Internacional (CPI). 

Ante el bloqueo a la ayuda humanitaria por parte de Israel, en los párrafos operativos 9 y 10 se señala que la Asamblea General:

«9. Demands that Israel, the occupying Power, immediately end the blockade, open all border crossings and ensure that aid reaches the Palestinian civilian population throughout the Gaza Strip immediately and at scale, in line with its obligations under international law and humanitarian principles; 

10. Stresses the need for accountability in order to ensure Israel’s respect of international law obligations, and in this regard calls upon all Member States to individually and collectively take all measures necessary, in line with international law and the Charter of the United Nations, to ensure compliance by Israel with its obligations».

El detalle del voto

En el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, el detalle de la votación registró las siguientes cifras este 12 de junio: 149 votos a favor, 12 en contra y 19 abstenciones.  Costa Rica votó a favor.

Estados Unidos e Israel pudieron contar con el voto en contra de únicamente 10 Estados: de los cuales Argentina y Paraguay en el caso de América Latina y de Hungría en el caso del continente europeo. 

Con relación a las dos fichas con las que cuenta Israel en América Latina en estos momentos, cabe seeñalar lo siguiente: al tiempo que en La Nación de Argentina una extensa entrevista a un ex diplomático de Israel se titulaba de la siguiente manera: «Si los únicos amigos que tiene Netanyahu son Orban y Milei, tiene un problema» (véase artículo cuya lectura completa se recomienda), Paraguay informaba del reforzamiento de sus lazos bilaterales con Israel (véase comunicado oficial del 9 de junio).

Es de notar que la República Checa esta vez optó por abstenerse, cuando usualmente su delegación vota con Israel y Estados Unidos. Los demás Estados que votaron en contra fueron los que acostumbran votar como Israel en Naciones Unidas desde muchos años, en este tipo de contiendas diplomáticas, a saber: Fiji, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nueva Guinea, Tonga y Tuvalu.

Al tiempo que abstenciones observadas en el pasado por Alemania, Australia, Austria, Canadá, Italia, Reino Unido o Ucrania en ejercicios muy similares, esta vez se materializaron en un voto a favor de la resolución propuesta. 

Entre las 19 abstenciones, se puede notar por parte de América Latina la solitaria abstención de Panamá. 

De manera a poder visualizar con mayor precisión los votos en contra y abstenciones con las cuales no contaron esta vez Estados Unidos e Israel, remitimos a continuación al voto de la resolución del 27 de octubre del 2023 (120 votos a favor,14 en contra, 45 abstenciones) que recogía el texto objeto de un veto por Estados Unidos 9 días antes en el seno del Consejo de Seguridad,que también tuvimos la oportunidad de analizar en su momento (Nota 3).

Los periodistas y comunicadores: un blanco militar de Israel en Gaza

Este reciente  reportaje de la BBC (altamente recomendado debido a la calidad de las tomas y de los videos) sobre el bombardeo del hospital europeo de Gaza por parte de Israel el pasado 14 de mayo desmiente todas las afirmaciones de Israel y de sus círculos de influencia según las cuales, los militares israelíes proceden a bombardeos cumpliendo con las obligaciones que les impone el derecho internacional humanitario.  

Este reportaje (véase enlace) realizado en Francia por periodistas de Le Monde y otros medios europeos en este inicio del mes de junio del 2025, ofrece evidencia documentada de los ataques deliberados de Israel a comunicadores, operadores de drones y periodistas palestinos en Gaza, en abierta violación a las reglas del derecho internacional humanitario. 

El Committee to Protect Journalists denunció la muerte de tres comunicadores el pasado 5 de junio en Gaza (véase nota) y circuló una petición pidiendo acceso a Gaza para la prensa internacional (un acceso que prohibe Israel), reuniendo 200 firmas de medios de prensa de todo el mundo: véase texto y, para nuetros estimables lectores costarricenses, en el número 46, el único medio costarricense firmante de esta petición (el director del medio digital Delfino.cr.). 

Con relación a Costa Rica y al mutismo de su aparato diplomático para condenar con un simple comunicado de prensa lo que gran parte del mundo está condenando, este 11 de junio se informó de una petición de cientos de ciudadanos exigiendo a sus autoridades alzar la voz ante la intercepción realizada por Israel de una flotilla humanitaria (véase nota de ElMundo.cr). Entre estos ciudadanos, podríamos preguntarnos  si aparece (o no) también la firma de ilustres juristas costarricenses, expertos en derechos humanos, ex diplomáticos, ex cancilleres, ex embajadores de Costa Rica, ex jueces costarricenses en jurisdicciones internacionales, … O si, algo que merecería ser conocido, les impide externar algun tipo de crítica hacia Israel, sea de manera individual, sea de manera colectiva.  

En este breve acápite sobre la eliminación física deliberada de periodistas y de comunicadores por parte de Israel en Gaza desde la misma tarde/noche del 7 de octubre del 2023, invitamos a los periodistas y comunicadores costarricenses a revisar qué manifestación de repudio ha externado el Colegio de Periodistas (COLPER): salvo error de nuestra parte, llevamos más de 20 meses de mutismo absoluto al respecto de parte de esta entidad gremial.

La justicia penal internacional en la mira de Estados Unidos

Es tal la coincidencia existente entre Israel y Estados Unidos que las actuales autoridades norteamericanas no encontraron nada mejor que adoptar sanciones contra cuatro juezas que integran a la CPI, causando el repudio generalizado de la Asamblea de Estados Partes al Estatuto de Roma : véanse al respecto el anuncio oficial de la diplomacia Estados Unidos, así como el comunicado del Presidente de la Asamblea de Estados Partes del 6 de junio yel  comunicado oficial de la CPI como tal del 5 de junio.  

En febrero del 2025, se habían manifestado en defensa de la CPI y contra estas sanciones más de 80 Estados (véase texto colgado por el aparato diplomático de Países Bajos): se notará la ausencia en América Latina de Argentina, Ecuador, El Salvador, Haítí, Paraguay así como de Venezuela. No resulta de más recordar que en América Latina dos Estados (que no se citan en la precitada lista), persisten en no ser Estados Partes al Estatuto de Roma adoptado en 1998: Cuba y Nicaragua.

Como muchos otros, en este mes de junio del 2025, Francia exigió a Estados Unidos retirar inmediatamente estas insólitas sanciones (véase comunicado del 6 de junio). De igual manera se pronunció la Unión Europea / UE (véase nota del TimesofIsrael). 

En el caso de Perú, del cual es oriunda una de las juezas objeto de sanciones, se pudo leer este comunicado de prensa, al igual que este otro comunicado oficial emitido esta vez por Chile en defensa de la justicia penal internacional de La Haya (véase texto).

Ya en el 2020, habíamos tenido la oportunidad de analizar la sanciones tomadas por parte de Estados Unidos contra el personal de la CPI, motivadas también para proteger a Israel, sin que ello fuera explícitado por las autoridades norteamericanas (Nota 4): en aquel momento (setiembre del 2020), sí pudimos referirnos al comunicado oficial de Costa Rica en defensa de los principios y de los valores contenidos en el Estatuto de Roma. 

En este mes de junio del 2025, la ausencia de toda manifestación por parte de Costa Rica pareciera formar parte del mutismo absoluto al que se ve sometido su aparato diplomático con relación a Israel, observado en los últimos meses. 

A modo de conclusión

Mientras el mundo observa horrorizado la extrema violencia que Israel le impone a la población civil de Gaza desde largos meses y mientras que se multiplican las manifestaciones oficiales de repudio al accionar de Israel desde inicios de mayo, Israel continúa sus operaciones militares diarias sobre Gaza. 

A la vez, mantiene el bloqueo a la ayuda humanitaria a Gaza, aventurándose a una entrega personalizada por parte de una fundación privada que ha demostrado ser incapaz ante el desafío que supone entregar ayuda humanitaria a 2,3 millones de personas hambrientas y desesperadas.

En esta entrevista a uno de los grandes especialistas israelíes del Holocausto publicada el pasado 9 de junio por la BBC (véase texto cuya lectura completa se recomienda), se puede leer por parte de este experto israelí que:

«Cuando se considera la cantidad de periodistas que mataron, de personal médico, cuando se leen informes de niños que recibieron disparos de francotiradores en la cabeza o en el pecho*, incluso esta mañana leía otro informe sobre esto, es difícil encontrar una equivalencia para esto que ha ocurrido en un espacio tan pequeño con una población de más de dos millones de personas.

Solíamos pensar que lo que hicieron los rusos en Chechenia y Grozni era terrible. Pero esto es a mayor escala. Es difícil compararlo con nada. Para el siglo XXI, ciertamente no hay precedentes«.

Como ya viene siendo costumbre, en aras de desviar la atención internacional sobre el drama que se vive Gaza, y cohesionar a sus aliados cuando se distancian de Israel, después de este nuevo fracaso diplomático en Nueva York, Israel optó por ir a bombardear sitios nucleares en Irán horas después, arriesgándose a una respuesta militar iraní inmediata o casi (Nota 5). No está de más recordar que días antes de iniciar el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas en setiembre del 2024, que se alistaba a examinar la dramática situación en Gaza, Israel lanzó una operación militar en el Líbano con la explosión a distancia de miles de beepers el 17 de setiembre del 2024, iniciando una conforntación con el Hezbollah más allá del Sur del Líbano. Con este misma idea de distraer a la opinión pública internacional, podemos también señalar que horas antes de que la CIJ diera lectura a su primera ordenanza sobre Gaza en La Haya el 26 de enero del 2024, Israel informó al mundo de informes de inteligencia sobre supuestos «nexos» entre funcionarios de la Agencia de Naciones Unidas que asiste a los refugiados palestinos (más conocida por sus siglas UNRWA) con el Hamás: la UNRWA sigue desde entonces esperando evidencias y pruebas al respecto (véase sección titulada «UNRWA: Claims versus facts» en este enlace oficial de la UNRWA).

De paso, la ofensiva militar sobre Irán por parte de Israel de este 12 de junio también obligará a Francia y a Arabia Saudita a suspender la cumbre prevista a partir del 17 de junio en Nueva York sobre la solución de dos Estados y el reconocimiento de Palestina como Estado.

Para volver en estas últimas líneas a la apacible Costa Rica y a sus majestuosos parajes tropicales, el título de este reportaje de una cadenas de televisión costarricense de marzo del 2024 plantea una interrogante sobre el flujo de jóvenes israelíes, que desde las paradisiacas playas costarricenses, vuelan a Israel y de ahí pasan a combatir en Gaza en cuestión de muy pocos días. Después de cometer exacciones de todo tipo en Gaza ¿volverán estos jóvenes como si nada a turistear y a disfrutar de las maravillosas playas que ofrece Costa Rica a todo visitante extranjero?

– Notas –

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad y al silencio de Costa Rica«, 4 de junio del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 2: Véase al respecto BOEGLIN N., » Gaza / Israel: un cerco de la justicia internacional que se va estrechando sobre Israel y … una Costa Rica omisa«, 9 de mayo del 2025. Texto integral disponible aquí.

Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: breves reflexiones con relación al veto de Estados Unidos al proyecto de resolución en el seno del Consejo de Seguridad presentado por Brasil«, 18 de octubre del 2023. Texto integral disponible aquí

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Sanciones de EEUU contra la Corte Penal Internacional  (CPI): algunos apuntes sobre sus verdaderas motivaciones«, 2 de setiembre del 2020. Texto disponible aquí. Una versión fue publicada en el sitio de la UCR el 24 de setiembre, en la sección Voz Experta, disponible en este enlace. Sobre las saciones dictaminadas en este mes de junio por la actual administración norteamericana, véase GALBRAITH J.,  «US sanctions on the International Criminal Court: the details and the pattern», Verfassungsblog, 7 d ejunio del 2025. Texto integral disponible aquí.  

Nota 5: El riesgo para Israel y sus habitantes es significativo al no haber podido el 13 de abril del 2024 interceptar todos los misiles y drones enviados en esta misma fecha  por Irán sobre su territorio. Es muy probable que misiles más modernos y perfeccionados sean lanzados desde Irán sobre Israel a partir del 13 de junio del 2025, luego del envío de una gran cantidad de drones desde Irán obligando en un primer momento a la defensa antimisil israelí a disparar. 

Material / Documento

Texto del proyecto de resolución A/ES-10/L.34/Rev.1 aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 12 de junio del 2025:

Algeria, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile, Colombia, Egypt, Iceland, Indonesia, Ireland, Jordan, Lebanon, Malaysia, Morocco, Nicaragua, Norway, Qatar, Saudi Arabia, Slovenia, South Africa, Spain, Türkiye, Uganda, Venezuela (Bolivarian Republic of) and State of Palestine:* 

draft resolution 

Protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations 

The General Assembly, 

Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and recalling its resolutions regarding the question of Palestine, and all the relevant resolutions of the Security Council, 

Reaffirming also that all parties to armed conflicts must comply with their obligations under international law, including the Charter, international humanitarian law and international human rights law, and underscoring the importance of holding accountable all those responsible for violations of international law, 

Strongly deploring the end of the ceasefire and the decision of the Israeli Government, since 2 March 2025, to block access to humanitarian aid, including life – saving supplies, notably food, medicine, fuel and cooking gas, for over 2 million people, and expressing its deep alarm over the ongoing catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip, including the severe lack of adequate healthcare services and the extreme state of food insecurity, creating a critical risk of famine, and its grave impact on children, women, elderly persons and other civilians, 

Expressing grave concern at the latest and prolonged escalation of violence since the 7 October 2023 attack and the war in the Gaza Strip and the grave deterioration of the situation, including the catastrophic humanitarian situation in the Gaza Strip, 

Condemning all attacks against civilians, including all acts of terrorism and indiscriminate attacks, deploring all attacks against civilian objects, acts of provocation, incitement and destruction, reaffirming its rejection of forced displacement of the civilian population, and recalling that the taking of hostages is prohibited under international law,

Expressing support for the mediation efforts of Egypt, Qatar and the United States of America to immediately restore the implementation of the ceasefire agreement in all its phases, leading to a permanent end to hostilities, the release of all hostages, the exchange of Palestinian prisoners, the return of all human remains and the full withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip as well as the start of a major multi-year reconstruction plan for Gaza, 

Recalling the orders of provisional measures of the International Court of Justice in the case concerning the application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1 in the Gaza Strip (South Africa v. Israel), indicated by the Court on 26 January, 28 March and 24 May 2024, given its determination that there is a real and imminent risk that irreparable prejudice will be caused to the rights found by the Court to be plausible, namely the right of the Palestinians in the Gaza Strip to be protected from acts of genocide and related prohibited acts mentioned in article III of the Convention, 

Recalling in particular the determination by the International Court of Justice on 28 March 2024 that “the State of Israel shall, in conformity with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and in view of the worsening conditions of life faced by Palestinians in Gaza, in particular the spread of famine and starvation … take all necessary and effective measures to ensure, without delay, in full co-operation with the United Nations, the unhindered provision at scale by all concerned of urgently needed basic services and humanitarian assistance, including food, water, electricity, fuel, shelter, clothing, hygiene and sanitation requirements, as well as medical supplies and medical care to Palestinians throughout Gaza, including by increasing the capacity and number of land crossing points and maintaining them open for as long as necessary”, which has remained unheeded to date, 

Recalling the advisory opinion of the International Court of Justice on the legal consequences arising from Israel’s policies and practices in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and from the illegality of Israel’s continued presence in the Occupied Palestinian Territory, as well as the urgent request of the General Assembly for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of Israel in relation to the presence and activities of the United Nations, other international organizations and third States in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, Noting that, in accordance with international humanitarian law, if the whole or part of the population of an occupied territory is inadequately supplied, the Occupying Power shall agree to relief schemes on behalf of the said population, and shall facilitate them by all the means at its disposal, 

Recalling Articles 100, 104 and 105 of the Charter, the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 3 and the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel, 4 Security Council resolution 2730 (2024) of 24 May 2024 and all relevant resolutions concerning the safety and security of United Nations and humanitarian personnel, including General Assembly resolution 79/138 of 9 December 2024, 

Expressing deep alarm at the number of humanitarian workers killed in the Gaza Strip, including personnel of the United Nations, the majority of them staff of the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, 

Reiterating its demand that all parties to the conflict comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, including with regard to the protection of civilians, humanitarian access, the safety and security of humanitarian personnel and their freedom of movement, and the protection of United Nations and humanitarian facilities and other civilian objects, 

Expressing grave concern at the escalation of violence and violations of international law in the West Bank, including East Jerusalem, which has witnessed the intensification of forcible displacement, settlement activity, settler violence, unlawful use of force by Israeli forces, arbitrary arrests and the demolition or seizure of Palestinian homes and essential infrastructure, 

Recalling that the General Assembly established the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East as a subsidiary organ of the United Nations in its resolution 302 (IV) of 8 December 1949, and acknowledging the essential role that the Agency has played for more than seven decades since its establishment in alleviating the plight of the Palestine refugees by provision of services, including emergency assistance, for the well-being, protection and human development of the Palestine refugees and for the stability of the region, pending the just resolution of the question of the Palestine refugees in line with the relevant resolutions, 

Emphasizing the imperative of ensuring accountability for all violations of international law in order to end impunity, ensure justice, deter future violations, protect civilians and promote peace, 

1. Demands an immediate, unconditional and permanent ceasefire, to be respected by all parties; 

2. Recalls its demand for the immediate, dignified and unconditional release of all hostages held by Hamas and other groups; 

3. Demands that the parties fully, unconditionally and without delay implement all the provisions of Security Council resolution 2735 (2024) of 10 June 2024, including an immediate ceasefire, the release of hostages, the return of the remains of hostages who have been killed, the exchange of Palestinian prisoners, the return of Palestinian civilians to their homes and neighbourhoods in all are as of the Gaza Strip and the full withdrawal of Israeli forces from the Gaza Strip; 

4. Also demands that all parties to the conflict comply with their obligations under international law, including international humanitarian law, in particular with regard with the conduct of hostilities and the protection of civilians, and stresses the need for accountability for violations by all parties; 

5. Strongly condemns any use of starvation of civilians as a method of warfare and the unlawful denial of humanitarian access, and stresses the obligation not to deprive civilians in the Gaza Strip of objects indispensable to their survival, including by wilfully impeding relief supplies and access; 

6. Stresses that an occupying Power is obliged under international law to ensure that humanitarian aid reaches all the population in need, and demands the immediate and permanent facilitation of full, rapid, safe and unhindered entry of humanitarian assistance at scale, including food and medical supplies, to and throughout the Gaza Strip and its delivery to all Palestinian civilians, as well as fuel, equipment, shelter and access to clean water, in accordance with international humanitarian law, with full respect for the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, in coordination with the United Nations; 

7. Demands that the parties fully comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law, in relation to persons they detain, including through the immediate, dignified and unconditional release of all those arbitrarily detained and the return of all human remains; 

8. Recalls its decision, in its resolution 79/232 of 19 December 2024, to request the International Court of Justice, on a priority basis and with the utmost urgency, to render an advisory opinion on the obligations of Israel, as an occupying Power and as a member of the United Nations, in relation to the presence and a ctivities of the United Nations, including its agencies and bodies, other international organizations and third States, in and in relation to the Occupied Palestinian Territory, including to ensure and facilitate the unhindered provision of urgently needed supplies essential to the survival of the Palestinian civilian population as well as of basic services and humanitarian and development assistance, for the benefit of the Palestinian civilian population, and in support of the Palestinian people’s right to selfdetermination; 

9. Demands that Israel, the occupying Power, immediately end the blockade, open all border crossings and ensure that aid reaches the Palestinian civilian population throughout the Gaza Strip immediately and at scale, in line with its obligations under international law and humanitarian principles; 

10. Stresses the need for accountability in order to ensure Israel’s respect of international law obligations, and in this regard calls upon all Member States to individually and collectively take all measures necessary, in line with international law and the Charter of the United Nations, to ensure compliance by Israel with its obligations; 

11. Calls upon all Member States scrupulously to respect the privileges and immunities of all officials of the United Nations, the specialized agencies and related organizations and to refrain from any acts that would impede such officials in the performance of their functions, thereby seriously affecting the proper functioning of the Organization; 

12. Calls upon all States to respect and protect humanitarian personnel and United Nations and associated personnel, including national and locally recruited personnel, in accordance with their obligations under international law; 

13. Stresses the obligation, in accordance with international humanitarian law and national laws and regulations, as applicable, to respect and protect medical personnel, as well as humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities, in all circumstances; 

14. Also stresses the obligation of the parties to armed conflict to respect and protect civilians and to exercise constant care to spare civilian objects, including objects necessary for food production and distribution, and to refrain from attacking, destroying, removing or rendering useless objects that are indispensable to the survival of the civilian population, and to respect and protect humanitarian personnel and consignments used for humanitarian relief operations, in accordance with the relevant provisions of international law; 

15. Welcomes and expresses support for the United Nations-Coordinated Plan to Resume Humanitarian Aid Deliveries to Gaza;

16. Reiterates its call to all States and the specialized agencies and organizations of the United Nations system to continue to support and assist the Palestinian people; 

17. Underscores that the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East remains the backbone of the humanitarian response in the Gaza Strip, rejects actions that undermine the implementation of the mandate of the Agency, welcomes the commitment of the Secretary-General and the Agency to fully implement the recommendations of the Independent Review of Mechanisms and Procedures to Ensure Adherence by UNRWA to the Humanitarian Principle of Neutrality (Colonna Report), also welcomes the commission by the Secretary-General of a strategic assessment in order to review the Agency’s impact, implementation of its mandate under present political, financial, security and other constraints and consequences and risks for Palestine refugees, and calls upon all parties to enable the Agency to carry out its mandate, as adopted by the General Assembly, in all areas of operation, with full respect for the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence, and to respect international humanitarian law, including the protection of United Nations and humanitarian facilities; 

18. Welcomes the League of Arab States-Organization of Islamic Cooperation recovery and reconstruction plan as the basis to address the horrific humanitarian situation in the Gaza Strip, calls upon all Member States, the United Nations and international donors to cooperate and provide assistance to ensure the effective implementation of the plan, with a leading role for the Palestinian Authority, and encourages the international community to participate in the international conference that Egypt plans to convene to address recovery and reconstruction in the Gaza Strip; 

19. Reiterates its unwavering commitment to the two-State solution, with the Gaza Strip as part of the Palestinian State and where two democratic States, Israel and Palestine, live side by side in peace and security within their secure and internationally recognized borders, in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions, and in this regard firmly rejects attempts at demographic and territorial change in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem, as well as all measures violating the historic status quo of the holy sites of the city, reiterates its unequivocal rejection of actions that aim at forcibly displacing the Palestinian people and at unlawfully seizing Palestinian territory, including any such actions in the Gaza Strip, and demands the immediate and complete cessation of such actions, condemns all plans of individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory, demands an immediate halt to all settlement construction, expansion, land confiscation, home demolitions, forced evictions and settler violence in the West Bank, including East Jerusalem, and calls for immediate and concrete steps to preserve the territorial integrity of the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and towards unifying the Gaza Strip with the West Bank under the Palestinian Authority; 

20. Reaffirms the permanent responsibility of the United Nations with regard to the question of Palestine until it is resolved in all its aspects in accordance with international law and the relevant United Nations resolutions; 

21. Decides to adjourn the tenth emergency special session temporarily and to authorize the President of the General Assembly at its most recent session to resume its meeting upon request from Member States.

Foto extraída de artículo de prensa publicado en Israel, titulado «Bombing plants, severing pipelines: Israel pushes Gaza water crisis to the brink» (Magazine+972, edición del 23 de abril del 2025, cuya lectura completa se recomienda).

Festival cultural presenta un concierto de música sacra en El Salvador

El festival cultural “La cordillera del viento” presenta un concierto de música sacra, el domingo 29 de junio de 2025 a las 16:00 horas, en la Parroquia de la Asunción en el histórico pueblo de Izalco, que queda muy cerca de Apaneca. Esta zona fue el escenario principal del levantamiento indígena de 1932, en El Salvador.

El concierto se titula Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. La orquesta María de Baratta se encarga de presentar el ciclo de música sacra 2025. El director es Gabriel Chinchilla, coordinador Fabricio Benítez, los violines I están a cargo de Huberto Hernández, Ninfa Montoya, Lisseth Menéndez y Andrés León, los violines II ocupados por Violeta Quintanilla, Gustavo Oviedo, Pedro Gómez. Las violas están a cargo de Fabricio Benítez, Moses López y Gabriela Hernández, detrás de los violonchelos se encontrarán Daniela Hernández y Diego Cruz; y como solistas invitadas están Rosvita Duarte, soprano y Claudia Acosta, mezzosoprano.

Día Mundial de la Tortuga Marina

Bloqueverde, 16-6-25. Las tortugas marinas son esas seres milenarias que habitan nuestros océanos desde hace más de 100 millones de años, estas guardianas del mar necesitan las costas protegidas, playas tranquilas y ecosistemas sanos para anidar y sobrevivir.

La turistificación que vive Costa Rica impacta directamente en la conservación de las tortugas marinas. Invade sus playas de anidación, destruye nidos y altera sus ciclos de desove. Desde el Pacífico hasta el Caribe, se denuncian vehículos en playas vulnerables, y hasta diputados proponen leyes para privatizarlas, permitiendo estructuras que amenazan sus hábitats.

El ecocidio avanza con la desprotección de refugios, zonas marítimo-terrestres y bosques costeros, todo en favor de megaproyectos turísticos que ponen en riesgo la vida de estas especies milenarias.

La Crisis climática también tiene en jaque la existencia de las tortugas marinas en el mar, debido al aumento de la temperatura y de la arena que afecta la proporción de sexos (las crías nacen todas hembras), altera rutas de migración y eleva el nivel del mar, que inunda nidos.( Patrício et al., 2021 – Global Change Biology)

La pesca de palangre – sí ese gremio que llevó a la UNOC el desministro de ambiente a Francia para lavarles la imagen – es una pesca que captura indiscriminadamente a miles de tortugas que quedan atrapadas en los anzuelos y mueren ahogadas.

Hoy honramos a Jairo Mora, un guardián de las Tortugas Marinas, quien dio su vida defendiéndolas y a todas las personas y ONGS que hoy siguen luchando por su conservación.

De las 7 especies de tortugas marinas del mundo, 6 están en peligro de extinción:

-Tortuga laúd o baula (Dermochelys coriacea)
Vulnerable a nivel global, pero en peligro crítico en el Pacífico.

-Tortuga carey (Eretmochelys imbricata)
En peligro crítico de extinción

-Tortuga verde (Chelonia mydas)
En peligro

-Tortuga caguama o boba (Caretta caretta)
Vulnerable, pero en algunas regiones está en peligro.

-Tortuga olivácea o golfina (Lepidochelys olivacea)
Vulnerable

-Tortuga lora o Kemp’s ridley (Lepidochelys kempii)
En peligro crítico de extinción

-Tortuga plana o de espalda plana (Natator depressus)
Datos insuficientes, pero se considera vulnerable por su distribución limitada (solo en el norte de Australia).

Reflexionar sobre el derecho a una muerte digna: Ley 10.231 de Voluntades Anticipadas

Radio Universidad, a través del programa Desayunos transmitido por la 96.7 FM, Canal 15 UCR y Facebook Live, dedicó una reciente edición a profundizar en los alcances y el impacto de la Ley 10.231 de Voluntades Anticipadas. Esta legislación, vigente desde el 5 marzo de 2022, busca garantizar el derecho de las personas a manifestar de forma anticipada, libre y voluntaria, sus decisiones respecto a tratamientos médicos en situaciones de salud límite.

El espacio contó con la conducción de José Carlos Chinchilla Coto y la participación de dos personas expertas en salud mental y cuidados paliativos: el Máster Celso Cruz, psicólogo del Hospital San Juan de Dios y docente de la Universidad de Costa Rica, y la Magister Maritza Rodríguez, psicóloga clínica y académica jubilada de la Universidad Nacional.

Durante el programa se abordaron aspectos fundamentales de la ley, como la posibilidad de que las personas, en pleno uso de sus facultades, establezcan por escrito qué intervenciones médicas aceptan o rechazan en caso de no poder expresar su voluntad en el futuro. Esta declaración no puede ser interpretada como eutanasia bajo ninguna circunstancia.

Se enfatizó que la ley permite designar representantes sanitarios titular y suplentes quienes hablarán en nombre de la persona en situaciones médicas críticas. La voluntad anticipada se formaliza mediante documento legal ante notario, en un centro de salud o en la Dirección General del Archivo Nacional, con acompañamiento de testigos no familiares.

Según lo discutido en el programa, el documento se incorpora al expediente clínico (EDUS) y se renueva cada cinco años. La legislación tiene como finalidad humanizar la atención médica, reducir el sufrimiento innecesario y evitar conflictos familiares y éticos entre equipos de salud y personas allegadas.

El Máster Cruz destacó que esta herramienta representa un alivio para el personal sanitario en contextos delicados, permitiendo centrar la atención en la calidad de vida. La Magister Rodríguez recalcó la necesidad de generar educación social sobre el proceso de morir como parte de la vida, superar los mitos que lo rodean y fomentar la toma consciente de decisiones desde una perspectiva bioética.

Pese a su importancia, se señaló que la ley ha tenido poca difusión: a la fecha del programa, solo 23 personas habían registrado sus voluntades anticipadas. Las personas participantes insistieron en la urgencia de abrir espacios educativos y de diálogo para informar a la población sobre esta posibilidad legal.

Puede acceder al video completo del programa en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/share/v/1FmTS6FMam/