La Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación (Colper) lamenta el fallecimiento de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena y defensor de los derechos humanos.
Según reseñan los medios de comunicación, Rojas fue asesinado la noche del 18 de marzo en su casa de habitación ubicada Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, horas antes, había estado en la Fiscalía denunciando la usurpación de unas tierras.
“Solicitamos a las autoridades judiciales investigar a profundidad los hechos y dar una respuesta ante este lamentable hecho, además, extender, si es el caso, medidas de protección para la familia y los allegados de Rojas”, indicó la Junta Directiva.
De igual forma, se le pide a la prensa informar con objetividad, apegados a los principios éticos y morales y evitar brindar datos falsos o inexactos que puedan causar confusión, así como respetar el debido proceso.
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), reafirmó que las Universidades Públicas siempre han estado apegadas a las diferentes normativas nacionales, sometidas a la fiscalización y aprobación de los presupuestos por parte de las entidades correspondientes.
El CONARE y las Universidades Públicas desde el año 2015 iniciaron un estudio actuarial, con proyecciones al año 2050, justamente con el objetivo de analizar y tomar medidas sobre sus ingresos y egresos. Esta acción fue iniciada incluso antes de que el Gobierno anunciara que el país se encontraba inmerso en una crisis fiscal, reafirmando el compromiso con la mejora constante y el autoanálisis que realizan las universidades estatales.
Los estudios actuariales han sido la base con la cual las Universidades han planificado una serie de mejoras en su accionar financiero. Algunas de las acciones son: disminución de incentivos, reajuste salarial no mayor a la inflación, restricción de creación de plazas administrativas, la revisión del tope de auxilio de la cesantía y la incorporación de directrices de eficacia y eficiencia para la sostenibilidad financiera, delineando procesos de austeridad dentro de las instituciones.
Por otro lado, ante la afirmación de que el FEES se financia con deuda, es importante aclarar que la decisión de qué financiar con deuda y qué no, es un argumento técnico o político exclusivo del Ministerio de Hacienda. Muestra de lo anterior es el hecho de que la Contraloría General de la República aceptó que los recursos del FEES se podrían asignar presupuestariamente con ingresos ordinarios, sin que eso afecte la deuda total del país. Ejemplo de esto, se tiene que del 2006 al 2011 el Presupuesto Nacional estuvo financiado entre un 30% y un 45% con deuda y el FEES se financió en un100% con ingresos corrientes.
Otro de los temas abordados en la Comisión Especial fue el tema de los superávits, al respecto Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y presidente de CONARE considera que existe un diferendo entre lo que la Contraloría clasifica como superávit libre, que es básicamente lo que no se ha ejecutado en un año, y los compromisos reales de inversión asumidos por las universidades y que se ejecutan en períodos mayores a un año.
“La Contralora y la Ministra de Hacienda han insistido en que los recursos de los superávits libres de las universidades sean transferidos como parte del presupuesto del FEES. Eso no es posible porque llevaría a incumplir con los compromisos contractuales de obras de infraestructura o adquisición de equipo que están en proceso”, afirmó Jensen.
Por su parte, Marcelo Prieto afirmó que ese diferendo hace que se cree una imagen falsa de que las universidades no ejecutan sus presupuestos, pero en la realidad los presupuestos libres son muy pequeños porque las Universidades tienen una alta ejecución presupuestaria. “Nosotros estaríamos de acuerdo con que el Gobierno recoja todos los superávits libres de todas las instituciones públicas, pero de todas, no solo de las universidades, una vez que se aclare y defina bien qué es o qué no es superávit libre y que es superávit comprometido”, concluyó Prieto.
Tras la propuesta de CONARE, la Comisión Legislativa que estudia el FEES concluyó que se trabajará en una revisión para definir de manera efectiva qué es o no un superávit libre, uno comprometido y uno específico.
Además, CONARE enfatizó que los procesos de planificación que realizan las universidades estatales en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Política, con base en el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) incluye los objetivos y estrategias, así como las metas que se aspiran alcanzar en el quinquenio y cuyocumplimiento se evalúa con 114 indicadores.
La Universidad de Costa Rica (UCR), por medio de un pronunciamiento del Consejo Universitario, condenóel homicidio de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena bribri del pueblo de Salitre, perpetrado el pasado 18 de marzo.
En el documento, aprobado en la sesión ordinaria de este jueves 21 de marzo, el Órgano Colegiado exigió al Gobierno de la República una intervención inmediata que garantice la vida de los líderes de los pueblosindígenas en Buenos Aires y, en particular, del Territorio de Salitre, así como las investigaciones pertinentespara que este homicidio no quede en la impunidad.
Al mismo tiempo, le demandó el cumplimiento real y efectivo de las medidas cautelares N° 321-12, de los Pueblos Indígenas de Térraba y Salitre, emitidas el 30 de abril de 2015, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales garantizan la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Al respecto, le exigió que identifique a las autoridades de los gobiernos nacional y local, responsables de la no aplicación efectiva de esas medidas que hubieran salvaguardado la vida del líder indígena, y que ejecute las acciones correspondientes.
Para la UCR, el asesinato de Sergio Rojas confirma que el Estado costarricense ha sido incapaz de cumplir con dichas medidas cautelares, convirtiéndose así en el principal responsable de la violación sistemática de derechos humanos que vienen sufriendo las personas indígenas de Salitre.
“El Estado costarricense no ha mostrado la voluntad política ni la capacidad institucional suficientes para desarrollar acciones concretas, dirigidas a resolver los conflictos de tenencia, ocupación y recuperación de tierras en los territorios indígenas del país”, agrega el pronunciamiento.
El Consejo Universitario, en varias oportunidades, había alertado al Estado costarricense sobre la preocupante escalada de la violencia que se ha venido gestando en Buenos Aires, particularmente en el Territorio Indígena de Salitre, producto de las disputas crecientes en torno a la tenencia, ocupación y recuperación de tierras en el territorio.
En el pronunciamiento emitido este jueves, declaró que la UCR, fiel a su misión y a sus principios, seguirá vigilante respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica.
Conjunto de alimentos seleccionados ayudarían a reproducir algunos inadecuados hábitos de consumo presentes en Costa Rica
Las personas no compran ni lo más nutritivo ni los más convenientes, sino lo que pueden comprar. Por este motivo, lo que verdaderamente se necesita es estimular en la población costarricense el consumo de alimentos con alto valor nutricional. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR) manifiesta su inconformidad con la nueva canasta básica tributaria (CBT).
De acuerdo con la posición oficial de la unidad académica, la nueva canasta carece de criterios técnicos nutricionales claros e inclusivos, que respondan a las necesidades de la población según su perfil epidemiológico, así como a la situación alimentaria y nutricional actual que presenta el país.
De igual forma, la Escuela asegura que la CBT, aparte de afectar negativamente las tendencias en la producción, también debilita el acceso y el consumo de alimentos de gran trascendencia para el efectivo cumplimiento del Derecho Humano a la Alimentación, la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
“La canasta básica tributaria define en gran medida qué tipo de alimentos la gente puede o no adquirir. El tributo va a limitar esa accesibilidad. Cuando se habla del derecho a la alimentación, esto incluye una alimentación adecuada en calidad, cantidad e inocuidad. Entonces, no es solamente que los alimentos llenen estómagos, sino que también satisfagan las necesidades nutricionales de la población”, afirmó Viviana Esquivel Solís, directora de la Escuela de Nutrición de la UCR.
La lista de productos que conforman la nueva canasta básica tributaria fue publicada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio el jueves 14 de marzo. La lista está conformada por un total de 189 productos. En ella se incorporaron 14 nuevos artículos y se excluyeron 29 del listado actual.
Entre los productos excluidos, y que por lo tanto serán gravados con el 13% del impuesto de valor agregado (IVA) a partir de julio del 2020, están: el atún en agua, el azúcar moreno, el apio, el brócoli, los panes integrales, el zuchinni, el níspero, la anona, el caimito, la fresa y el arracache.
“En todo esto hay dos aspectos vinculados: la producción y el acceso. Si la población empieza a sentir algunos alimentos muy encarecidos, simplemente no van a consumirlos. Diferentes estudios han demostrado que, cuando las personas pierden poder adquisitivo, lo primero que dejan de comer son vegetales, frutas, lácteos y productos de origen animal, fundamentales para tener una alimentación completa. Pero no solo esto. Si la población se abstiene en su consumo, los productores, que han realizado un trabajo importante para enriquecer las dietas, se verán perjudicados”, indicó Marcela Dumani Echandi, coordinadora de la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN) de la UCR.
Adicional a la situación anterior, varios alimentos emblemáticos de la cultura alimentaria costarricense podrían verse cada vez menos. Algunos son el tacaco, los berros y el zapallo.
Otros productos, que se han intentado introducir a la dieta costarricense por su alto valor nutricional, como el chan, la linaza, el jengibre y las semillas de ayote, al estar gravados podrían también ser menos apetecidos para el consumo.
“El privilegiar unos alimentos sobre otros, lo que va a hacer es distorsionar el consumo y traer repercusiones en la producción. El perfil epidemiológico de Costa Rica refleja que la población requiere un mayor consumo de vegetales, frutas y semillas que son, precisamente, los que más están excluidos”, enfatizó Dumani.
En los últimos años, la UCR ha desarrollado propuestas para el mejoramiento de la alimentación de la población. Uno de esos esfuerzos fue la consulta que la Escuela de Nutrición recibió hace 10 meses por parte del diputado Rodolfo Peña Flores.
En ese momento, la UCR aportó criterio técnico para plantear una canasta básica alimentaria, la cual contempla una alimentación que llena las necesidades de energía desde el punto de vista nutricional. En cambio, la CBT incorpora solo los productos consumidos por ciertos sectores, sin velar si estos cubren los requerimientos nutricionales.
Ante el panorama actual, y según el compromiso ético y humanista de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Nutrición solicita el pronto análisis integral de esta canasta y se ofrece como facilitadora de espacios de discusión y reflexión sobre la temática desde la academia.
Hoy jueves 21 de marzo, los trabajadores de la Municipalidad de San José, convocadas por la UNT, se movilizaron a la Alcaldía, a demandar respeto integral a la Convención Colectiva y que se constituya una comisión para revisar el incentivo por peligrosidad.
Compañeros de aseo de vías, hidrología, estructuras, parques y bacheo, se hicieron presentes a la convocatoria.
El Alcalde se comprometió a convocar la próxima semana a los sindicatos a una sesión de trabajo con la Dirección Jurídica de la Municipalidad para analizar los alcances de la ley 9635 en relación con la Convención Colectiva vigente y los derechos adquiridos de los trabajadores que ingresaron a laborar antes de la aprobación de la ley.
Asimismo, en el mes de abril se instalará una comisión para analizar el riesgo de peligrosidad.
¡Sin lucha no hay victoria!
Compartido por Douglas Carrillo en redes digitales.
El pasado 20 de marzo, Gerardo Iglesias, secretario regional para América Latina de la Unión Internacional de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería, Gastronomía, Tabaco y Afines (UITA), se solidarizó con las y los trabajadores de Chiquita Brands Costa Rica, afiliados al Sintracobal, quienes fueron despedidos ilegalmente por la transnacional frutera de capital brasileño.
El dirigente sindical condenó con fuerza la actitud represiva de Chiquita y aseguró que la UITA denunciará a nivel interacional el atropello cometido contra cientos de trabajadores y trabajadoras.
“Aquí el autoritarismo fue feroz y esto habla de la arrogancia y la prepotencia de estas empresas. Vamos a internacionalizar este conflicto y lo vamos a dar a conocer en todas partes del mundo.
No están solos, no están solas y vamos a seguir luchando. Hoy más que nunca hay que tener esperanza”, dijo.
La Universidad de Costa Rica le invita a la mesa redonda: Proyecto para cambiar el sistema de elección de diputaciones en Costa Rica: Pros y contras, en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales, este próximo martes 27 de marzo a las 5:30 p.m.
Nosotros y nosotras los mayores como autoridad tradicional del Pueblo Brörán, condenamos el hecho atroz realizado contra el hermano Sergio Rojas, contra el pueblo Bribri y todos los 24 territorios indígenas que esta acción representa.
Costa Rica lleva más de 40 años sin resolver el tema de saneamiento territorial, de negar la autonomía a los pueblos originarios, de firmar decretos y protocolos que hasta el día de hoy no garantizan el cumplimiento de nuestros derechos.
Desde el 2015, los territorio de Salitre y Térraba cuentan con una medida cautelar MC-321-12 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar nuestra seguridad física, sin embargo, estas medidas no se han cumplido y el Estado hace caso omiso.
El Concejo de Mayores se solidariza con el pueblo Bribri de Salitre, reconocemos esta lucha por la defensa de la tierra y la naturaleza como un esfuerzo colectivo para sobrevivir al ataque racista y genocida del Estado Costarricense que con su actuar niega nuestros derechos.
Sergio merece justicia, los pueblos indígenas merecemos justicia y es por eso que solicitamos a instancias internacionales hacer todas las investigaciones necesarias y llegar hasta las últimas consecuencias.
Exigimos al Estado de Costa Rica asumir su responsabilidad y velar porque se tomen todas las medidas de seguridad para protección de los hermanos y hermanas que habitan en el territorio de Salitre.
Este es un mensaje claro del contexto en el que estamos y a pesar de eso continuaremos nuestra lucha en su memoria y de todos aquellos que marcaron nuestro camino.
Sergio Rojas Ortiz, dirigente indígena, defensor de los derechos de los pueblos indígenas de Costa rica y de la madre Tierra.
