La organización Vías Amigables con la Vida Silvestre nos comparte la campaña: ¿Te encontraste un animal silvestre en la calle?, con la cual se sugiere a las personas que en caso de encontrar un animal silvestre en la vía pública, una buena opción es reportarlo al whatsapp 8847 4694 / 8336 3333 o a las redes sociales de dicha organización.
La Universidad de Costa Rica le invita este jueves 10 de octubre al conversatorio: Sociedad, política y Universidades Públicas en la Costa Rica actual, a cargo del Dr. Roberto Ayala de la Escuela de Sociología y el MSc. Roberto Fragomeno de la Escuela de Filosofía.
Instituciones desarrollan investigaciones y capacitaciones relacionadas con este lucrativo fenómeno
La falta de oportunidades obliga a ciertos grupos sociales a optar por el exilio y la migración, procesos que conllevan más vulnerabilidad frente a fenómenos como la trata y el tráfico ilícito de personas. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Anel Kenjekeeva.
Cuatro de las cinco universidades públicas del país reiteraron su compromiso con el estudio y erradicación de la trata y el tráfico ilícito de personas, mediante la firma de un convenio interinstitucional.
El acto se dio en el marco del VI Foro Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que tuvo lugar en la Universidad de Costa Rica (UCR) y congregó a académicos, funcionarios gubernamentales y sociedad civil.
La actividad fue organizada por el Capítulo Costa Rica, del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de personas (ObservaLaTrata), iniciativa académica dedicada al estudio y a la generación de conocimiento sobre este fenómeno.
Según la coordinadora del ObservaLaTrata Capítulo Costa Rica, Mónica Sancho Rueda, el convenio reitera el trabajo que inició en el 2013 la UCR junto con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y al cual han dado continuidad desde entonces.
Hace 3 años se sumaron a la iniciativa la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), dando lugar a un esfuerzo interinstitucional que ya fue concretado por medio de la firma del convenio.
La académica explicó que las cuatro universidades estatales cuentan actualmente con alguna iniciativa que profundiza en el estudio de esta problemática, desde la docencia, la investigación o la acción social.
“Celebramos esta firma que oficializa el compromiso de las universidades estatales para continuar trabajando en la prevención, persecución y erradicación de la trata y el tráfico, como lo han venido haciendo desde hace varios años”, enfatizó Sancho.
El rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, y autoridades de la UNA, la UNED y TEC firmaron el convenio interinstitucional que ratifica el compromiso de las universidades públicas con el estudio de la trata y el tráfico ilícito de personas. Foto: Karla Richmond.
Gobierno y academia articulan trabajo conjunto
El VI Foro Nacional Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes contó con la participación de la directora de la Dirección General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jauberth, quien celebró el fortalecimiento del trabajo con la academia para atender esta problemática.
Por su parte, el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, señaló el deber de la academia por aportar conocimiento en favor de los grandes problemas sociales, dentro de los figura la trata y el tráfico de personas.
“Propiciar espacios de encuentro y formación especializados sobre el tema e impulsar proyectos de investigación que favorezcan la generación de conocimiento nuevo para colaborar con procesos de prevención y capacitación”, enfatizó el jerarca.
La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, denunció la priorización de intereses económicos por parte de los estados, donde «más que administrar la justicia y gestionar la vida, se administra la muerte en razón de los intereses racistas y de clase». Foto: Karla Richmond.
Modelo de desarrollo promueve fenómeno
La presidenta de ObservaLaTrata, María Antonia Chávez, afirmó que lejos consolidar acciones suficientes para la erradicación de esta problemática, prima actualmente una visión criminalizada de la migración y de violación de los derechos humanos.
La investigadora denunció que las políticas impulsadas por organismos gubernamentales e internacionales responden a intereses económicos que “tienen más que ver con gestionar la muerte que la vida”.
Según Chávez, los modelos económicos actuales impiden que ciertos grupos sociales encuentren oportunidades de desarrollo social en sus comunidades y se ven obligados a optar por el exilio o la migración para buscar una mejor vida.
“Si propiciamos que un sector de la población no tenga acceso a sus derechos mínimos para tener una superviviencia digna, estamos propiciando su propia extinción”, dijo la académica, quien señaló la urgencia de atender el tema con políticas públicas que sean posibles de evaluar a corto, mediano y largo plazo.
Este miércoles 9 de octubre de 4 p.m. a 7 p.m. se realizará el conversatorio: Verdades incómodas acerca del cambio climático: jornada ecologista por la justicia climática.
El conversatorio tendrá lugar en la Casa Claretiana de Ejercicios Espirituales, Iglesia de Ladrillo, San Fco. de Guadalupe.
Construyendo Justicia Climática y transición energética justa desde el ecologismo
Participan: -De la era petrolera a la era post-petrolera: ambiciones e hipocresías» por Gabriel Rivas. Coecoceiba -Matriz energética en Costa Rica: pasos para una transición energetica justa. Osvaldo Durán, Proal -Lectura desde el ecologismo AL Plan Nacional de Descarbonización. Lo bueno, lo malo, y lo feo. -Propuestas de las comunidades ante la crisis climática. Mariana Porras. FECON
Pronunciamiento del Colectivo de Geografía Crítica “24 de Abril” por motivo del premio “Campeones de la Tierra”, recientemente otorgado a Costa Rica por parte de la ONU
Hablar de ambiente en Costa Rica es una polémica tarea. Por un lado, se ha convertido en un signo de orgullo internacional, un amplificador del nacionalismo y una noticia agradable que nos conforta en medio de nuestras angustias cotidianas. Por otro, es un triste conteo de fracasos, un interminable recuento de las consecuencias más perversas -por lo general ocultas- del modelo de desarrollo y una alerta de que no estamos haciendo las cosas tan bien como nos dicen.
El premio ambiental que el país recibió recientemente en la ONU como “Campeón de la Tierra” es un vergonzoso recordatorio de que estamos escondiendo el polvo debajo de la alfombra. Debajo de la pomposidad de la Pre-COP (a realizarse entre el 8 y el 10 de octubre en Costa Rica) y del aséptico mundo de los organismos ambientales internacionales, estamos escondiendo a los niños y niñas envenenados por agrotóxicos en las escuelas, a las personas que no pueden tomar agua del tubo de sus casas por contaminación, a las áreas protegidas que sirven como corredores logísticos del narcotráfico, a las y los activistas que han sido asesinados por defender el ambiente frente a la voracidad del capital…
Nos dicen que la cobertura boscosa y las áreas protegidas han aumentado en los últimos 30 años y que casi el 100% de nuestra electricidad se genera con “energías limpias”. Sin embargo, detrás de esta fachada, se importan y se queman toneladas de combustible diariamente para alimentar una flotilla de vehículos particulares que crece más rápido que la misma población (en busca del american way of life), se envenenan aguas, suelos, aire y cuerpos por la expansión del agronegocio y se dedican las mejores tierras agrícolas para el cultivo de postres de exportación (primer productor mundial de piña), empujando al país hacia una peligrosa dependencia alimentaria, en donde la comida que se sirve en nuestras mesas, cada vez más, es importada desde otras latitudes. Desde esa perspectiva, no hay contradicción entre protección y destrucción ambiental, sino una perversa y conveniente complementariedad. Detrás de los premios ambientales y el reconocimiento de la “comunidad internacional”, quedan los paisajes y las personas que buscan resistir los efectos de estos fracasos ambientales.
La idea de complementariedad entre protección y destrucción ambiental que proponemos es que, para poder perpetuar la acumulación de capital -destruyendo a su paso el ambiente y los tejidos sociales que cuidan y viven de la naturaleza- el Estado y las grandes empresas requieren de sellos ambientales, de certificaciones, premios y demás cortinas de humo que les permitan continuar con su actividad lucrativa y destructora. Porque, para nadie es un secreto, el tema ambiental se convirtió en una moda, un bonito discurso y un gran negocio. Frente a la incontestable evidencia de una crisis ecológica global (cuya manifestación más dramática es la crisis climática, que amenaza la sobrevivencia misma de la especie humana), lo “verde” se convirtió en políticamente correcto. Inclusive los grandes contaminadores del mundo (sector petrolero, agroindustrial, automovilístico, minero, etc.) reivindican sus prácticas empresariales “sostenibles” para mejorar su imagen, bajo una práctica que ha recibido el nombre de greenwashing o “lavado verde”.
Este secuestro y cooptación del tema ambiental por parte del status quo capitalista no es nuevo. Desde los años 1990 ha logrado imponerse con éxito en los principales centros de gobernanza ambiental mundial una perspectiva que busca hacer compatible la cuestión ambiental con el pensamiento desarrollista y economicista de mercado (primero fue el “desarrollo sostenible” y luego la “economía verde”). Tanto desde la ONU como desde el Banco Mundial, la OCDE y la Unión Europea, las propuestas oficiales que se ofrecen para encontrar salida a la crisis ecológica global se mantienen prisioneras de la ortodoxia del crecimiento económico sin límites. Desde esta perspectiva, la solución a los problemas ambientales radica en innovaciones tecnológicas para mejorar la “eficiencia” y “limpiar” la economía, deliberadamente evadiendo una discusión más profunda sobre modelos de desarrollo y sobre la necesidad de repensar los actuales sistemas de producción y consumo. Pareciera ser que -parafraseando a Hickel y Kallis (2019)-: “lo políticamente aceptable es ecológicamente desastroso, mientras que lo ecológicamente necesario es políticamente imposible”.
Este es el verdadero motivo por el cual Costa Rica ha adquirido tal grado de visibilidad y prestigio internacional en el tema ambiental. La imagen de Costa Rica como “Campeona de la Tierra” ha sido cuidadosamente elaborada desde los agentes nacionales e internacionales del capitalismo verde, como un ejemplo de que sí es posible salvar el planeta sin cambiar las reglas del juego del sistema capitalista. Esto termina siendo una patética fábula que nos cuentan para calmar nuestra conciencia, pero que, en el fondo, ha provocado una profundización de la crisis ecológica global. Se realizan cumbres, conferencias y congresos, se redactan informes y diagnósticos, se firman acuerdos y compromisos internacionales…sin embargo, no cabe duda que estamos peor de lo que estábamos hace 25 años, tanto a nivel nacional como mundial.
Aún más, podríamos decir que Costa Rica ha funcionado desde los años 1990 como una especie de “eco-laboratorio” del capitalismo verde, escenario donde se experimentan nuevas formas de gobernanza ambiental basadas en el mercado. La implementación de este tipo de políticas y programas en materia ambiental, de manera sistemática, ha tendido a excluir a las comunidades y demás actores sociales –sobre todo, aquellos que tienen un posicionamiento crítico o disidente-, como lo demuestra el reciente Plan Nacional de Descarbonización. Más allá de las buenas intenciones y de los puntos rescatables que éste pueda contener, no debemos olvidar que se trata de una propuesta implementada de manera vertical y sin un proceso de consulta ciudadana. Por fuera del glamuroso ambientalismo “de saco y corbata”, quedan excluidos e invisibilizados una diversidad de actores, subjetividades y puntos de vista alternativos que también componen la sociedad costarricense, tales como pueblos indígenas, grupos ecologistas críticos, organizaciones comunales de base, jóvenes en huelga por el clima, entre otros, cuyos aportes mucho podrían ayudar para encontrar solución frente a tan graves problemáticas.
En realidad, si en algo somos campeones mundiales, es en haber logrado ocultar detrás de una cortina de humo verde la sistemática destrucción de ecosistemas y comunidades, propia de un modelo de desarrollo capitalista sin límites, del cual nuestro país no escapa. Somos campeones en eco-marketing, en hacer de lo verde marca, no realidad.
Referencia:
Hickel, J. y Kallis, G. (2019). Is Green Growth Possible? New Political Economy. DOI: 10.1080/13563467.2019.1598964.
El pasado 11 de setiembre, más de treinta personas presentaron una acción de inconstitucionalidad en relación con los procedimientos para elegir los puestos vacantes de la Corte Suprema de Justicia. Esta iniciativa legal recoge una serie de críticas identificadas y propuestas en diversos foros en el país, pero hasta ahora han sido desatendidas por los diputados y las diputadas. A la fecha, Sala Constitucional todavía no ha resuelto la admisibilidad del asunto.
Las personas firmantes, entre las que destacan personalidades provenientes del mundo académico, científico, cultural y de los derechos humanos, solicitaron a la Sala Constitucional ordenar a la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que respete el Derecho de la Constitución costarricense y las obligaciones internacionales sobre este tipo de procesos, incluyendo el lapso máximo para la designación, ya que constantemente incumplen el plazo establecido por la misma Constitución Política para hacer esas designaciones.
Según los y las promoventes, los procedimientos actuales no son transparentes, cambian de manera arbitraria de un concurso a otro, y no cumplen con criterios objetivos de idoneidad. Asimismo, los diputados y las diputadas gozan de una alta discrecionalidad y no rinden cuentas por la elección que realizan, pues ni siquiera justifican o fundamentan la selección de personas que hacen.
Hoy, en conferencia de prensa, las y los accionantes se refirieron a la importancia de esta acción que tiene como principal objetivo la defensa de la independencia judicial. Además, expresaron:
“Como habitantes de Costa Rica, tenemos el derecho de contar con jueces y juezas independientes, que tengan la capacidad y las condiciones para juzgar todo tipo de casos sin ningún tipo de presiones. Nos preocupa la falta de objetividad que está caracterizando este tipo de procesos y lo que eso implica para nuestro derecho de acceder a la justicia. No se trata de una acción en contra o a favor de alguien en particular, sino del deseo de mejorar sustancialmente, en forma permanente, un tema que, desde hace décadas ha empezado a afectar la institucionalidad democrática”.
Las y los accionantes hacen un llamado a todas los y las habitantes de Costa Rica para que se sumen a la exigencia de una justicia independiente que salvaguarde nuestros derechos.
Dado en San José, a los 8 días del mes de octubre de 2019.
Por ejemplo Limón ¿por qué las filas interminables de furgones ruidosos y contaminantes si se podría disponer de un moderno y veloz ferrocarril? ¿Por qué los servicios portuarios en manos de una transnacional holandesa con tarifas que duplican y hasta triplican las de JAPDEVA? Sería muy arbitrario atribuírselo a los sindicatos, y, sin embargo, hay quienes, con suprema ligereza, lo hacen, no obstante la obvia contradicción que plantea el hecho de que si tan negativo era el sindicato ¿por qué entonces las tarifas de JAPDEVA era mucho más bajas?
Acaso usted tenga razones muy fundamentadas para criticar a los sindicatos. Y posiblemente yo comparta muchas de esas críticas. Y, sin embargo, ¿cómo negar que el sindicalismo es una institución importantísima en cualquier sociedad que se precie de democrática? O sea: necesitamos que los sindicatos sean mucho mejores de lo que son, precisamente porque la democracia los necesita, como un contrapeso necesario frente al poder del capital. Pero, además, ¿no es cierto que la sindicalización es un muy básico derecho humano? ¿Cómo entonces en la democrática Costa Rica ese derecho le es negado a la gran mayoría de quienes trabajan en el sector privado?
Pero, en fin, ¿es que todo lo malo que pasa en nuestro país es culpa de los sindicatos? Hay gente que insiste en repetir semejante tontería. El gobierno de Alvarado, en particular, se ha dejado decir barbaridades, como atribuir el mal desempeño de la economía y hasta el incremento de asesinatos, a los sindicatos. Ridículo e irresponsable, un verdadero insulto a la inteligencia.
Reitero: usted podría tener razones muy respetables para criticar a los sindicatos. Pero esto de lo que hablo va mucho más allá: es, a decir verdad, una campaña infame y manipuladora.
¿Se ha detenido usted a preguntarse qué hay detrás de todo eso?
Proyecto «Enlace» del Ministerio de Educación Pública y la UCR
La relación del ser humano con el ambiente es un aspecto álgido que reviste gran importancia en el desarrollo tecnocientífico, estableciendo fuertes conexiones con discusiones de carácter ético, social, económico y político que no pueden ser descuidadas en el aprendizaje de la ciencia.
En la sociedad de la información y el conocimiento, la formación científica y tecnológica de las generaciones jóvenes es una cuestión ineludible. Ante esta premisa, el proyecto «Enlace» sumala colaboración de la Universidad de Costa Rica con el Ministerio de Educación Pública, para vincular los proyectos de Acción Socialde la UCR con los centros educativos de primaria y secundaria. El fin es incidir en la disminución del índice de exclusión estudiantil, desde un enfoque integral que aporte al estudiantado las habilidades y conocimientos necesarios para desenvolverse adecuadamente en un entorno social complejo y en constante cambio.
Como parte de dicho proyecto se realizó el «Campamento didáctico para el aprendizaje de la química y sus implicaciones medioambientales», entre el 27 y 29 de setiembre, en la estación experimental de la UCR Alfredo Volio, en Ochomogo de Cartago. Este campamento, dirigido a 18 futuros docentes en formación de la Enseñanza de las Ciencias, de las universidades públicas, buscó fomentar en ellos el análisis de la problemática social y ambiental por contaminación con mercurio y otros metales pesados en el país. El evento retomó el uso de metales pesados como el mercurio en actividades productivas, para orientar a los campistas sobre el aprendizaje de las relaciones entre la química y sus implicaciones en el ambiente.
Un docente de la enseñanza de las ciencias cada vez más consciente de su rol
Las circunstancias actuales en Costa Rica, caracterizadas no solo por la inserción a un mercado mundial del que importamos productos y alimentos con alto contenido de mercurio, sino, también, por la reapertura de un debate sobre la posibilidad de continuar con la producción minera en el país, demanda profesionales de la educación conscientes de esta problemática.
Los futuros docentes analizaron durante el campamento el impacto en el desarrollo sostenible de un manejo adecuado de productos químicos y metales pesados en las actividades cotidianas y productivas locales.
EnCosta Rica, existe mucha desinformación sobre las formas en que comúnmente nos exponemosa los metales pesadosy las consecuencias que su liberación atmosférica le significan al bienestar humano y ambiental. La exposición al mercurio, por ejemplo, en cualquiera de las formas, incluso en pequeñas cantidades, puede resultar tóxica para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, ojos y, especialmente, los riñones, con serias consecuencias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el mercurio es uno de los diez productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública.
Ante esa realidad el proyecto «Enlace» reúne los esfuerzos socioeducativos la Vicerrectoría de Acción Social y la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, así como de la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad San Carlos de Guatemala, la Universidad de Huelva, España, así como también el apoyo de la Asociación Asepro Centroamericana, para la formación de profesionales conscientes de la necesidad de erradicar el uso del mercurio y el combate de sus efectos.
Dicho campamento tuvo un componente de educación ambiental que priorizaba el posicionamiento personal para la toma de decisiones que incidan en la transformación del estudiantado como agentes de cambio social en su entorno comunitario específico. Se trató de una experiencia educativa que les empoderara por medio de la toma de decisiones informadas y coherentes con los principios del desarrollo sostenible.
Esta actividad adquiere propósito y sentido en el marco de una educación científica para una nueva ciudadanía, en el contexto del desarrollo sostenible que plantea el Ministerio de Educación Pública: unaeducación científicaconcebidacomo un proceso integral e integrador, centrado en la persona estudiante como sujeto transformador de la sociedad y del entorno natural.
Estudiantes del Bachillerato en la enseñanza de las ciencias naturales de las universidades públicas costarricenses, preferiblemente con alto interés en nuevas metodologías para la indagación científica y la utilización de las TIC para su desarrollo, trabajaron juntos en esta propuesta.
El campamento fue un espacio propicio para la discusión interdisciplinaria sobre los factores relacionados y posibles soluciones para la problemática de contaminación por metales pesados en el país.
Especialistas presentarán la conferencia »Ciencia del océano y cambio climático en un país en desarrollo»
PreCOP25 se celebrará del 8 al 10 de octubre. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizará la presentación de un grupo de expertos sobre el cambio climático en la PreCOP25, el próximo 9 de octubre, en el Centro Nacional de Convenciones.
“La idea surge de que nosotros como científicos debemos involucrarnos más en la parte de toma de decisiones, nuestro objetivo es llevar la información a las personas de la esfera política que forman parte de la toma de decisiones”, afirmó Celeste Sánchez Noguera, investigadora del Cimar y una de las expositoras en esta reunión, que se efectúa del 8 al 10 de octubre en Heredia, Costa Rica.
Ariel Troisi, de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la Unesco, Ingo Wehrtmann, Celeste Sánchez Noguera, Jimena Samper Villarreal y Jorge Cortés Núñez, del Cimar, y Tayler Clarke, de la Universidad de la Columbia Británica, de Canadá, serán los investigadores encargados de hablar durante el panel.
La acidificación en los océanos, los retos para la ciencia oceánica y la investigación sobre el cambio climático en países en vías de desarrollo, los efectos del cambio climático en la pesquería, el carbono azul y los arrecifes de coral son algunos de los temas que se abordarán en la actividad.
“Cada temática se va a desarrollar en un formato en el que se demuestre el aporte de la ciencia y cuales acciones son importantes que se implementen en este momento” agregó la investigadora.
Sánchez dijo también que la temática general del conversatorio fue seleccionada porque “según todas la proyecciones, las regiones tropicales de los países en vías de desarrollo van ser las primeras en sufrir los efectos del cambio climático en las zonas marino-costeras”.
El PreCOP25 es la reunión previa a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático (COP25), a la que asisten jefes de delegaciones, líderes y representantes nacionales e internacionales de diversos sectores para compartir sus posturas sobre las negociaciones climáticas. Se espera la asistencia de aproximadamente 600 personas.
David Esteban Chacón León
Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información
De manera un tanto sorpresiva, Costa Rica, mediante declaraciones hechas por su Presidente, ha anunciado oficialmente que intentará obtener un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las elecciones previstas el próximo 17 de octubre.
Como bien se sabe, el Consejo de Derechos Humanos es la máxima instancia en materia de Derechos Humanos dentro el organigrama de Naciones Unidas, compuesto por 47 Estados (véase composición actual). Se trata de Estados electos por tres años por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, según una repartición geográfica en la que se cuenta, por parte de América Latina y el Caribe, con 8 puestos. Actualmente son ocupados por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Cuba, México, Perú y Uruguay.
Esta entidad fue creada en el 2006 y continúa en parte la labor ejercida desde 1946 por la denominada Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que integraban 53 Estados.
Foto de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, extraída de nota de prensa titulada: «Costa Rica se postula para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para sustituir a Venezuela» (La Tercera, Chile).
Los Estados de América Latina cuyo mandato expira en el 2019 son Brasil y Cuba: mientras que Brasil ha solicitado ser reelecto nuevamente en este 2019 para un nuevo mandato, Cuba ha optado por no hacerlo: véase enlace oficial sobre Estados candidatos a esta elección prevista para la segunda semana de octubre, en la que se cuenta con 15 candidaturas (sin contar con la de Costa Rica) para ocupar 14 vacantes.
Las elecciones recientes por América Latina y el Caribe dentro del Consejo de Derechos Humanos: breve repaso
En el 2018, fueron electos por la región de América Latina y el Caribe, Argentina, Bahamas y Uruguay (véase nota oficial de Naciones Unidas). En el 2017, lo fueron Chile, México y Perú (véase nota oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2016, de dos vacantes para la región en el seno del Consejo de Derechos Humanos, quedaron electos Brasil (con 137 votos a su favor) y Cuba (con 160 votos), no logrando su designación Guatemala (con apenas 82 votos reunidos). En octubre del 2015, lograron su elección Panamá (con 157 votos a favor), Ecuador (152) y Venezuela (131), al tiempo que Bahamas (con 113) no logró ser electa. En el año 2013, fueron electos Cuba (148 votos) y México (135) quedando fuera Uruguay (con tan solo 93 votos). En el año 2012, fueron electos Argentina (176 votos recibidos), Brasil (184) y Venezuela (154).
En la noticia difundida en medios de prensa este 3 de octubre del 2019 (véase por ejemplo nota de Elmundo.cr), se indica que las autoridades de Costa Rica han tomado esta decisión debido a la posibilidad que Venezuela sea electa este próximo 18 de octubre por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta iniciativa contó con el respaldo de diputados, según se desprende en esta otra nota de prensa de Elmundo.cr, y con el apoyo de los últimos Ex Presidentes de Costa Rica (véase nota de prensa del medio digital Delfino.cr). En la noche del mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica circuló un comunicado oficial de prensa, en el que no menciona expresamente a Venezuela, al señalar únicamente que:
«Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.«
En el mismo comunicado de prensa, se precisa que:
«Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades» (Nota 1).
No se tiene claro si se considera por parte de Costa Rica que todos los Estados que integren al Consejo de Derechos Humanos deben respetar los derechos humanos: remitimos a nuestros estimables lectores a la lista de Estados que lo integran en la actualidad para hacerse una idea al respecto, disponible en este enlace oficial de Naciones Unidas.
El denominado «Grupo de Lima» y su comunicado, y las resoluciones recientes sobre Venezuela en Naciones Unidas
En un reciente pronunciamiento del autodenominado «Grupo de Lima» (véase texto del comunicado del 23/09/2019), los 11 Estados que lo conforman (conjuntamente con el representante de Venezuela que consideran legítimo), habían externado que:
«7. Rechazan la candidatura del régimen ilegítimo de Maduro a dicho Consejo, por ser absolutamente contraria a la tarea de protección y defensa de los derechos humanos que compete a ese organismo intergubernamental e instan a la Asamblea General de Naciones Unidas a no apoyar esa candidatura«.
No se desprende del precitado comunicado si el autodenominado «Grupo de Lima» consideró que, además de rechazar la candidatura de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos, había que proponerse buscar una alternativa a esta.
Cabe precisar que 24 horas después de este pronunciamiento del «Grupo de Lima«, Venezuela y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas anunciaron la firma de un Memorandum de Entendimiento relativo a asistencia técnica y cooperación en materia de derechos humanos (véase comunicado oficial de Naciones Unidas). En una primera resolución titulada «Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela» del 26 de setiembre, el Consejo de Derechos Humanos acogió con beneplácito esta iniciativa (véase texto completo). En una segunda resolución votada el 27 de setiembre, titulada «Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela«, el Consejo aprobó el establecimiento de un mecanismo de investigación («Fact Finding Mission«) en Venezuela (véase texto de resolución). Una de las dos resoluciones fue mucho más publicitada en los medios internacionales que la otra, y dejamos a nuestros estimables lectores adivinar cuál de las dos.
Costa Rica ante un enorme desafío para su diplomacia
Más allá de las motivaciones que han llevado a las autoridades de Costa Rica a tomar esta repentina decisión, una candidatura/país sometida a un recinto universal como el de Naciones Unidas no debiera de decidirse con tanta premura, ya que se construye siempre con cierta antelación.
Precisamente, un primer reto radica, para Costa Rica, en obtener los apoyos necesarios para lograr ser electa, con muy poco tiempo de preparación para negociarlos con cada uno de los Estados que conforman la Asamblea General de Naciones Unidas.
En el mes de octubre del año 2014, con una candidatura que contó con un tiempo de preparación mucho mayor, Costa Rica no logró ser reelecta frente a las candidaturas de Bolivia, El Salvador y Paraguay. Tuvimos en aquella ocasión la oportunidad de analizar en detalle este frustrado intento de la diplomacia de Costa Rica, en el que Costa Rica logró reunir tan solo 120 votos frente a sus contendores, señalando en conclusión que:
«El anuncio de una reelección siempre debiera hacerse público una vez valoradas las posibilidades de ganar la contienda» (Nota 2).
Desde aquella ocasión (octubre del 2014), Costa Rica ha optado, por alguna razón, por no presentar su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: una actitud que puede sorprender al observador, dada la trayectoria y el amplio reconocimiento del que beneficia Costa Rica a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos.
Nótese que en el 2006, al celebrarse las elecciones para constituir el Consejo de Derechos Humanos por primera vez, sustituyendo a la Comisión de Derechos Humanos, los siguientes Estados de América Latina fueron escogidos: Argentina (158 votos a favor), Brasil (165), Cuba (135), Ecuador (128), Guatemala (142), México (154), Perú (145) y Uruguay (141); no fueron electos ni Colombia (1 solo voto, posiblemente el suyo), ni Costa Rica (6 votos a favor), ni Honduras (3 votos a favor), como tampoco Nicaragua (119 votos) ni Venezuela (101 votos)(véase nota oficial de Naciones Unidas).
Cabe recordar que la última vez que Costa Rica fue electa en el seno del Consejo de Derechos Humanos fue en el 2011, conjuntamente con Chile y Perú: en aquella votación, realizada en el mes de mayo del 2011, Chile recibió 159 votos a favor, Costa Rica 138 y Perú 136, al tiempo que Nicaragua no logró ser electa, recibiendo el apoyo de tan solo 98 Estados miembros de Naciones Unidas.
Una segunda dificultad para Costa Rica, tiene que ver con los intercambios de compromisos que los Estados ya han pactado entre sí en materia de candidaturas, y que pueden ser difícilmente revisados a menos de dos semanas de la elección: algunas candidaturas se anuncian y se negocian con mucho tiempo de antelación y es probable que Venezuela y Brasil ya tengan asegurados gran parte de sus votos. No se trata de semanas o meses, sino en algunos casos, de años (Nota 3).
Brasil anunció su candidatura en diciembre del 2016 y distribuyó en junio del 2019 la listas de sus promesas y compromisos (véase carta oficial del 27/06/2019), mientras que Venezuela lo hizo en setiembre del 2019 (véase carta oficial). Usualmente, las candidaturas por la región son avaladas por el GRULAC (Grupo América Latina y el Caribe en Naciones Unidas), consensuando la designación de los Estados deseosos de presentar su candidatura por la región en función de los escaños liberados año tras año: como indicado anteriormente, puede ocurrir que sean más los postulados que las vacantes.
Finalmente, si bien en el marco regional (OEA – Organización de Estados Americanos), se puede decir que la diplomacia venezolana ha ido perdiendo significativos apoyos en los últimos años, en el marco universal (Naciones Unidas) su margen de maniobra es mucho más amplio, al poder contar con apoyos nada despreciables así como con la influencia que puedan tener varios de sus aliados sobre otros Estados.
Foto del tablero de votación del 23 de julio del 2014, al votarse una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones creando una comisión de investigación sobre la ofensiva militar isarelí en Gaza (29 votos a favor, 17 abstenciones y un solo voto en contra), extraída de nota nuestra sobre los alcances de esta resolución.
A modo de conclusión
Tal y como indicado con anterioridad, los votos obtenidos para alcanzar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos representan una cifra elevada, debido a las intensas gestiones que despliegan los Estados en su contienda anual en Nueva York: en el 2006 Costa Rica logró reunir 6 votos; en el 2014, 120 votos y en ambos casos no resultó electa. En el 2011, reunió 138 votos y logró su elección.
Para algunos analistas consultados por la prensa costarricense, Costa Rica «no la tiene fácil para ganar un puesto» (véase artículo de CRHoy publicada el 7/10/2019). Una de los dos analistas consultados precisa que:
«No soy muy optimista y me preocupa lo que pueda conllevar un nuevo fracaso diplomático«.
La medición de fuerzas entre Costa Rica y de Venezuela se inició con este anuncio oficial dado a conocer el 3 de octubre, y la tarea para la diplomacia costarricense durante estas dos semanas no será fácil: se observará el resultado de las gestiones diplomáticas de Costa Rica (y de Venezuela) el próximo 17 de octubre, cuando sean llamados a depositar en una única urna sus votos cada uno de los 193 integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo los 11 integrantes del autodenominado «Grupo de Lima«. Nótese que, a diferencia de la OEA, Naciones Unidas reconoce como únicos representantes legítimos de Venezuela a las autoridades encabezadas por el Presidente Nicolás Maduro.
Notas
Nota 1: El texto integral del comunicado oficial de Costa Rica se lee de la siguiente manera: «RELACIONES BILATERALES OCTUBRE 03, 2019 08:49 PM. Costa Rica anuncia candidatura al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. San José, 3 de octubre de 2019.- El Gobierno de Costa Rica anuncia que presentará una candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Con la presentación de dicha candidatura Costa Rica reafirma su tradicional e histórico compromiso en la promoción y protección de los derechos humanos, y al mismo tiempo, expresa su deber de asumir un papel proactivo para lograr que ese asiento en el Consejo sea ocupado por un país que demuestre los más altos estándares en los procesos de promoción y protección de los derechos humanos.
Sería contraproducente que el asiento sea ocupado por países que no tengan como finalidad cooperar con los altos propósitos del Consejo, sino que más bien sean objeto de observación por parte del Consejo y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos.
Se considera sobre todo que esta posibilidad restaría legitimidad al Consejo de Derechos Humanos que exige a los Estados que pretendan formar parte ese órgano aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el Consejo y estar sujetos al mecanismo de Examen Periódico Universal durante el período en que sean miembros.
Costa Rica espera trabajar en conjunto con otros países, y en especial, expresa a la República Federativa del Brasil, su deseo que ambos países sumen sus fortalezas y voluntades.
El Gobierno de Costa Rica agradece, asimismo, el apoyo expresado por señores y señoras ex presidentes de la República, así como de señoras y señores diputados de la Asamblea Legislativa. En este sentido, hace un llamamiento a sumar todos los esfuerzos nacionales a una candidatura que ha recogido la dignidad y defensa de nuestros valores.
La candidatura puede afrontar todos los obstáculos, pero es una lucha que Costa Rica no se puede permitir dejar de dar.
Comunicación Institucional (907 CR Consejo de DDHH) Jueves 3 de octubre de 2019.«
Nota 2: Véase nuestra nota titulada «Bolivia, El Salvador y Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos«, publicada en el sitio especializado de DIPúblico, edición del 27/10/2014.
Nota 3: En la misiva circulada por Costa Rica el 11 de abril del 2011 enviada al Presidente de la Asamblea General (véase texto completo), se indica por parte del Embajador de Costa Rica en Naciones Unidas que:
«La información sobre las promesas y los compromisos de Costa Rica en materia de derechos humanos se distribuyó a todos los Estados Miembros en julio de 2009, cuando el Gobierno anunció la decisión de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el período 2011-2014. Las elecciones al Consejo de Derechos Humanos se celebrarán durante el sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General, el 20 de mayo de 2011«.
(*) Este artículo fue redactado por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.