Hasta el voto de la Sala IV sobre el proyecto fiscal, el capítulo de Garantías Sociales tenía su fundamento en el principio cristiano de justicia social y nuestro Estado se definía como estado social, con el fin, como dice la Constitución, de “procurar una política permanente de solidaridad nacional”. (Art. 74). El otro principio fundamental en materia social que establece la Constitución es que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (…) “y el más adecuado reparto de la riqueza”. (Art. 50). Pues bien, a partir del viernes pasado, el nuevo principio constitucional, según esos magistrados, es el equilibrio de las finanzas públicas.
En consonancia con esta posición el Estado Social queda supeditado a que no se rompa la relación ingresos-egresos del Estado, con lo cual los derechos sociales o individuales, dependerán en el futuro de la “solvencia económica estatal”. Textualmente lo dice: “De manera inexorable, debe existir un equilibrio entre los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda”.
De esta manera los derechos existirán siempre y cuando hayan recursos; por ejemplo, habrá medicinas contra el sida, si la Caja tiene recursos, electricidad en zonas alejadas sin al ICE le genera un equilibrio financiero, clínica de fertilización en vitro si Salud posee dinero o simplemente salarios crecientes si el Ejecutivo tiene plata.
Los magistrados lograron que la austeridad neoliberal adquiriera rango constitucional, el viejo y añorado sueño de Miguel Ángel Rodríguez de incluir un capítulo en la Constitución de Garantías Económica, lo lograron sin discusión alguna nuestros neoliberales con este fallo.
Además, la Sala IV (que ya no es constitucional) da otro paso: el Estado social de derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, es decir, se constriñen las prestaciones sociales y por tanto los derechos a la política de equilibrio presupuestario. Este, sin duda, es un cambio radical en la concepción de los derechos de los habitantes, los cuales ahora deben limitarse a lo que presupuestariamente es posible, con lo cual no habrá avance posible en el futuro.
En fin, la decisión de estos magistrados, es una pieza sacada del neoliberalismo, adosadas con un fuerte tinte inhumano, sin análisis jurídico y alejado de los principios que hasta ahora habían orientado la Constitución y el Estado costarricense.
Imagen tomada de http://dfiscal.blogspot.com
Compartido con SURCOS por Juan Carlos Cruz Barrientos.
Las Asambleas Patrióticas Populares invitan a la 1ra. Asamblea Ramonense de Comités Patrióticos Populares por justicia tributaria y desarrollo social que se realizará este sábado 8 de diciembre en el Museo Regional de Occidente, San Ramón de Alajuela, de 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
Esta actividad es organizada por la Comisión Preparatoria conformada por Comité Cantonal de Huelga “San Ramón en Lucha” de Fuerza Sindical y Popular De Occidente.
Objetivo General:
Consolidar el trabajo de las Asambleas Patrióticas Populares y sus Comités, a través de un análisis de lo realizado y mediante el planteamiento de líneas de trabajo que deberán seguir orientando su desarrollo a partir del autoreconocimiento como Pueblo Soberano. (Art. 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica).
Participantes:
Personas organizadas en los Comités Patrióticos surgidos de las Asambleas Populares contra el Combo Fiscal y por Justicia Tributaria, realizadas en el Cantón San Ramón durante los meses de octubre y noviembre de 2018
Representantes del Cté. Cantonal de Huelga “San Ramón en Lucha”
Representantes observadores del Comité Regional de Huelga de “Fuerza Sindical y Popular de Occidente”
Observadores del “Movimiento Alfredo González Flores”
“Qué los ricos paguen como ricos, y los pobres como pobres…” Alfredo González Flores, 22° Presidente de Costa Rica, 1914 a 1917, derrocado por los mismos intereses que hoy defienden el Combo Fiscal
Aparte del importante desgaste que exhibe esta población, una vez que sus familiares mueren muchas de ellas se quedan sin los subsidios del Estado o un trabajo estable
“Sí puedo decir que hay una satisfacción en las personas, lo hacen con mucha dedicación, no lo ven como una carga, lo que pasa es que es una labor muy agotado, y no se dan cuenta hasta que están quemados”, afirmó la Dra. Segura.
Hijas, hermanas, esposas y nueras: ellas son quienes usualmente cuidan a sus familiares adultos mayores cuando su salud física requiere de un cuido permanente.
Las cuidadoras informales -nombre correcto para las que desempeñan esta labor- dejan de lado su vida profesional y hasta personal por un trabajo de jornada continua escasamente remunerado.
“Hay un componente de género bastante fuerte. Culturalmente, se delegan las funciones del cuido a la mujer. Esto hace que haya una persona entre los hermanos o de la familia que está predestinada a cuidar y tiene que postergar sus planes”.
Así lo comentó la Dra. Sofía Segura Cano, docente de la Facultad de Medicina y encargada del TCU-664 “Apoyando al que cuida”, iniciativa que trabaja desde hace dos años con cuidadoras informales de comunidades como Goicoechea, Barva, San Vito de Coto Brus, Cartago, Coronado y Montes de Oca.
La falta de acompañamiento y el vacío legal existente, es parte de lo que dicho proyecto de acción social busca contrarrestar, pues su objetivo es que se reconozca de alguna manera la labor que realizan.
“La persona bajo cuido eventualmente muere y la cuidadora se quedó mucho tiempo sin cotizar, sin desarrollarse profesionalmente e, incluso, sin un plan de vida. Muchas veces dicen: ‘bueno y ahora, ¿qué hago yo?’ Además, si a esto le sumamos que el apoyo de la familia no es siempre el ideal, entonces la situación se complica más”, señaló la Dra. Segura.
El recargo familiar es otra de las desventajas que tienen los y las cuidadoras, pues a esta tarea se le suman los quehaceres domésticos, el encargarse de las citas y la toma de medicamentos. Además, hay una responsabilidad del resto de la familia que en ocasiones se ve saturado con observaciones negativas y sin acompañamiento.
Todo lo anterior deriva en un síndrome conocido como “El de cuidador quemado” que es cuando el o la cuidadora vive en un estado de fatiga constante.
“Se puede decir que ellos toman más medicamentos porque hay un deterioro en su salud, por ejemplo las pastillas para dormir. Por la misma razón que es un trabajo 24/7, ellos al estar cuidando también en la noche, no hay ningún momento en que ellos se desconectan y poco a poco así es como se van quemando, con ese cansancio físico y mental que acumulan”, aclaró la experta.
Una de las maneras con las que el TCU-664 ha tratado de mitigar esta situación es por medio del trabajo en escuelas con niños y sus abuelos. Esto, con el fin de que los más pequeños comiencen a pensar en esta práctica como una tarea compartida en familia.
“Yo que he estoy cuidando a mi hermana, con las charlas y talleres que nos han dado ya uno se va preparando y saber mejor cómo cuidarla. Ya me siento más empoderada, más segura con ella” Teresita Arias, cuidadora.
Esfuerzos Actuales
Según María Nieves Rico, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el papel que debe tomar el Estado de cada país es garantizar el derecho a cuidar y autocuidarse. También, debe procurar un reconocimiento que destaque el valor social y económico de las cuidadoras, a través de capacitaciones, ingresos, protección social y salud mental.
Lo más cerca que está el país a una legislación en este tema, es la Ley 7756 “Beneficios para los responsables de pacientes en fase terminal”. Este texto indica que los trabajadores que hayan cotizado al seguro social al menos seis cuotas, pueden pedir licencia de cuidado. Sin embargo, para la Dra. Segura este tipo de casos no son la norma.
“Estamos hablando de una persona mayor que puede requerir un cuidado y no precisamente está en fase terminal, entonces ¿quién la cuida? En el TCU tengo un caso de una señora que lleva cuidando a los papás por 10 años y eso no es algo que se pueda catalogar dentro de la normativa vigente”, visibiliza la experta.
Actualmente, el TCU-664 acompaña a casi 230 personas solo en Goicoechea, de las cuales cerca del 90% son mujeres. Con ellos se realizan talleres de manejo de medicamentos, primeros auxilios y autocuidado, así como actividades sociales para que se relacionen y acompañen entre sí.
Algunos de los entes que participan de esas jornadas son La Red de Cuido, el Hospital Blanco Cervantes, la Asociación Costarricense de Alzheimer y Otras Demencias Asociadas (Ascada) y la Municipalidad de Cartago. Sin embargo, queda mucho por hacer, pues se necesita una entidad específica para estas mujeres y hombres que dedican su vida al cuido y beneficio de alguien más.
La campaña de recolección tapas plásticas de la UCR logró recolectar más de 1 000 kilos de plástico para construir pasarelas de acceso al mar
La campaña de recolección de tapas continuará durante el 2019 en la UCR. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
Miles de tapas plásticas que podrían haber terminado en los botaderos, los ríos y el mar, ahora tendrán un segundo uso gracias a la colaboración de cientos de personas que se sumaron a la campaña de recolección de tapas de la Universidad de Costa Rica (UCR) en coordinación con la Asociación Proparques, promotora de la iniciativa.
La campaña que inició la UCR en el mes de octubre y finalizó el 5 de diciembre, logró activar 107 puntos de recolección distribuidos en todas las sedes y recintos, con el objetivo de recolectar material para la construcción de pasarelas de acceso al mar para las personas con discapacidad en el Parque Nacional Cahuita.
El Recinto de Grecia, la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y la Sede de Guanacaste fueron las tres unidades que lograron recolectar la mayor cantidad de material gracias a todas las personas que se acercaron a estos puntos a dejar sus tapitas. Como reconocimiento a los tres primeros lugares recibirán un macetero fabricado con madera plástica.
Estudiantes del Programa de Voluntariado apoyaron en la clasificación de una parte de las tapas, según su color, con la guía de Andrea Cartín de la Asociación Pro Parques. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
El cierre de la campaña se realizó el jueves 6 de diciembre frente a la Biblioteca Carlos Monge donde se recibieron las tapas de todas las unidades participantes y se realizó el pesaje del material que fué entregado a la Asociación Pro Parques. Todo ello con la ayuda de los y las estudiantes que colaboraron a través del Programa de Voluntariado.
Este evento mostró una vez más la importancia del Voluntariado, una actividad que realizan miles de personas y que consolida la cohesión social y promover acciones individuales y colectivas impulsando las transformaciones que el mundo necesita para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Posteriormente, con ayuda de voluntarios de otras empresas e instituciones la Asociación se encargará de clasificar las tapas plástica y llevarlas a la recicladora donde se fabricarán las tablas de madera plástica que finalmente se instalarán en el Parque Nacional Cahuita, según explicó Andrea Cartín, representante de esta asociación sin fines de lucro.
Funcionarios de la Biblioteca Carlos Monge Alfaro y muchas más unidades promovieron la recolección de tapas en sus lugares de trabajo, y también entre familiares y amigos (foto Katzy O`neal).
Esta experiencia demuestra que si nos enfocamos en objetivos comunes y sumamos el esfuerzo individual podemos lograr resultados que nos permitan transformar nuestro entorno en un espacio más acogedor, socialmente integrador y ambientalmente sostenible, señaló Marianela Abarca de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA).
La campaña que desarrolló la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), el Programa de Voluntariado con el apoyo de la Oficina de Divulgación e Información (ODI) motivó la participación de toda la comunidad universitaria, además acogió los esfuerzos de otras instituciones educativas como el Colegio Monterrey, el Liceo Francocostarricense y la Universidad Estatal a Distancia, entre otros.
Debido al éxito de la iniciativa. las organizadoras decidieron continuar con la campaña para el año 2019,por lo que se pidió a las unidades mantener sus puntos de recolección activos. Así mismo, se instó una vez más a que las personas rechacen o reduzcan el consumo de plásticos, especialmente aquellos que se utilizan una vez y luego se desechan, pues representan un serio problema de contaminación ambiental y una amenaza a los ecosistemas marinos.
Luca Gomes y su mamá aprovecharon el evento para aprender más sobre el reciclaje de plástico. Aquí observan las pasarelas de madera plástica (foto Katzy O`neal).
La UCR impulsa una serie de medidas para eliminar el plástico de un solo uso en sodas y demás unidades. Conozca algunos ejemplos de ello.
Con el fin de visibilizar la crisis humanitaria que se vive en Nicaragua, un grupo de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses exiliados en Costa Rica efectuarán una “Caravana por la libertad y la Justicia” el próximo domingo 16 de diciembre cuyo destino es La Cruz frontera norte, saliendo de San José a las 5:00 de la mañana. Las personas organizadoras se proponen realizar una caminata desde La Cruz hasta 3 km antes de la línea fronteriza, donde realizarán una serie de actividades culturales.
Para más detalles: Articulación de Movimientos Sociales en Costa Rica, Josué Garay: 8485 6049
Se hace pública la lista de grandes empresas que reportan cero ganancias y no pagan un cinco al fisco. Por favor, no nos quedemos en la anécdota. En esta materia, las aguas profundas son mucho más turbulentas que las superficiales.
1) El fraude fiscal grandote –como el de este tipo de empresas– es un fenómeno de “elusión” más que de evasión. O sea: se gesta en muy sofisticadas firmas de abogados y contadores, con la complicidad de grandes bancos. Mediante estrategias muy agresivas aprovechan cualquier pequeñísimo resquicio de la ley, para evitar el pago de impuestos. La “evasión” la hacen los pequeños, que simplemente caen –muchas veces por necesidad– en incumplimiento directo de la ley. Los grandotes recurren a mecanismos mucho más sofisticados y, por ello mismo, mucho más penumbrosos y retorcidos.
2) Estos grandes defraudadores –y sus abogados y contadores– no tienen en empacho en justificarlo. “Es legal”, dicen, con toda su carota lavada y sin el menor temblor en la voz. Tal cinismo es quizá la mejor prueba de su espíritu delincuencial. Trajeado elegante y exquisitamente perfumado. Pero delincuencial al fin. Porque lo suyo consiste en una operación deliberada tendiente a “exprimir” la ley hasta el límite de sus posibilidades y mucho más allá. Y hacerla decir lo que jamás estuvo en el espíritu del legislador que dijera. Es una operación de fraude planificada con rigor y meticulosidad, y por ello mismo mucho más espernible.
3) Ese fenómeno del “gran fraude” es un negocio –mejor dicho, una mafia– de alcance global: son redes de paraísos fiscales, firmas de abogados y contadores, bancos y diversas entidades financieras opacas. Toda una trama criminal globalizada dedicada a robar y saquear a los pueblos del mundo. No se combate, excepto marginalmente, con legislación y esfuerzos de escala puramente nacional.
4) Los países ricos –destacadamente Europa y Estados Unidos– que se muestran tan severos si de sancionar los incumplimientos tributarios de los pequeños países se trata, en realidad hacen un permanente ejercicio de hipocresía y doble moral, puesto que, de hecho, dentro de sus propios territorios hay grandes paraísos fiscales, donde se oculta la riqueza de los muy-muy ricos y de las grandes corporaciones transnacionales. Nevada, Delaware, Montana, Dakota del Sur, Wyoming y Nueva York son, en lo que a Estados Unidos compete, verdaderos paraísos fiscales. Pero Estados Unidos mismos, como país, y en su integralidad, lo son: por su negativa reiterada a colaborar con otros países en materia tributaria. Dentro de la propia Unión Europea están Luxemburgo, Irlanda e incluso Alemania, que tanto presume de ser ejemplo de orden y rigor. Por ello, mucho del “milagro” económico irlandés es pura ficción, inflada artificialmente por transnacionales que evitan impuestos localizando en Irlanda ganancias que se generaron en otros países. Como también Mónaco, Liechtenstein y diversas islas británicas. Hong Kong…y Suiza, desde luego, quizá el más glamoroso paraíso fiscal del mundo.
5) La competencia ruinosa entre países, cada quien intentado ofrecerle a las transnacionales las más bajas tasas tributarias posibles, es parte de este problema. Ello posibilita que se defraude el fisco de los países que mantienen tasas algo más altas, debilita los sistemas de seguridad social públicos y lanza las cargas impositivas sobre las clases medias y los más pobres.
6) Las grandes empresas –algunas de capital nacional, otras transnacionales– que aparecen en esta infame lista que se dio a conocer el día de hoy, seguramente alegarán que no hay hecho nada fuera de la ley. Son del tipo de ladrones que después de robar exigen que se les agradezca habernos dejado con vida. Y, por su poderío económico, podemos apostar que defraudan gracias a la “colaboración” de sus altamente remunerados asesores en materia jurídica y financiera. De seguro lo suyo es una defraudación que, por lo menos en parte importante, opera a través de esas redes globales a que hago referencia.
7) Si el fraude es global, se le debe combatir globalmente, mediante una vigorosa estrategia de cooperación de alcance planetario y tomando medidas enérgicas de sanción –incluso de proscripción explícita– de todos los paraísos fiscales del mundo.
8) De ahí la urgencia de que la política de combate el fraude tributaria dé el salto: es imprescindible construir una red planetaria de gobiernos y organizaciones ciudadanas que persiga a los ladrones y los exhiba a la luz del día. Y los gobiernos que no colaboran deben ser abiertamente denunciados y visibilizados como tales, algo que la OCDE –al fin y al cabo es solo el “club de los países ricos”– jamás hará, por más que se llenen la boca hablando de estrategia conducentes a combatir el fraude fiscal. Sola una ciudadanía global, empoderada y articulada a nivel planetario, podría lograrlo.
9) Hoy hemos conocido las grandes empresas que –pobrecitas ellas– reportan cero ganancias. Seguimos sin saber los nombres de quienes están detrás de esas empresas. Si son de capital nacional, con más razón. Pero incluso las transnacionales, cuyos representantes y socios locales deben dar la cara. El caso es que los “ricos-realmente-ricos” siguen fuera del radar. Hoy mismo La Nación –en su infatigable y obsesivo ataque contra empleadas y empleados públicos– saca a relucir lo que se les paga a quienes trabajan en la educación (véase aquí), sugiriendo, de forma nada sutil, que son salarios “excesivos”. Con escándalo nos dice: “El 52% de los docentes del MEP reciben salario mayor a ¢1 millón al mes”. Pues vea usted el contraste: hace dos meses, el Semanario Universidad sacó un reportaje sobre el salario reportado a la Caja Costarricense del Seguro Social por los “superricos” (aquí). 271 personas con salarios superiores a 15 millones de colones, inclusive 44 por encima de los 35 millones ¿Quiénes son esas personas? No lo sabemos, y con toda certeza La Nación jamás los publicará.
10) Pero el asunto va mucho más allá, porque, a decir verdad, los ingresos de los “ricos-realmente-ricos” no son salariales, excepto en una porción muy reducida. Sus ingresos vienen de otras fuentes: acciones de empresas; rendimientos de fondos de inversión o fondos inmobiliarios; bonos del gobierno; inversiones en bolsas de valores fuera de Costa Rica, alquileres de edificios de oficinas o de apartamentos, etc. Los datos que el Semanario Universitario publicó eran exclusivamente salariales. No tenemos ni la menor idea de cuánto sea lo que esa gente superrica obtiene de estas otras fuentes ¿Y cuánto pagan de impuestos? Nadie los sabe. Lo dicho: están fuera del radar, protegidos por las leyes, escudados detrás del silencio cómplice de los grandes medios (de los cuales son también propietarios), cobijados por sus amistades políticas de muy alto nivel.
11) Ese es el paso que sigue: visibilizar, con nombres y apellidos, a esas personas y saber, al centavo, cuánto pagan de impuestos.
Infamia neoliberal contra clase trabajadora y un pueblo heroico
El gran empresariado, representado por sus lacayos legislativos utilizando todo tipo de artimañas y maniobras para controlar los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en contubernio con un sector de la prensa servil, a través de las fracciones neoliberales del PAC, PLN y PUSC aprobaron, este 3 de diciembre, en segundo debate el Combo Fiscal.
Este combo fiscal no sólo traerá mayor pobreza y desigualdad social, sino que, para aprobarlo, el trío conservador del PLUSPAC, ha pisoteado la institucionalidad formal costarricense, violentando el equilibrio básico de pesos y contrapesos que toda democracia formal exige.
El combo fiscal golpeará a los sectores más vulnerables con impuestos a los alimentos, medicinas y servicios de salud; impuestos por el uso de servicios como la cultura, recreación y el deporte; que establece una férrea política de austeridad presupuestaria pública para orientar todos los recursos al negocio de la deuda, lo que tendrá un impacto durísimo en materia de inversión social, y como objetivo final, menoscabar seriamente las condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
Esta nueva ley sigue protegiendo las verdaderas estructuras de privilegios y exoneraciones fiscales que benefician a los sectores político empresariales, sin tocar ninguno de los mecanismos que utiliza el gran capital para la evasión y elusión tributaria.
El pueblo trabajador ha combatido, con una hidalguía y un coraje admirable, contra esa casta político-económica, en manifestaciones, movilizaciones y una huelga heroica que llega a sus 86 días, que ha desgastado y deslegitimado social y políticamente al PAC, PLN y PUSC, ese es el precio que han de pagar.
Llamamos al pueblo, a las organizaciones sociales y sindicales, a organizarse en cada centro de trabajo, en cada barrio, porque ha llegado la hora de sacar del poder formal a los filibusteros; de poner nuestro esfuerzo en un programa de recomposición democrática, de inclusión, justicia social y equidad económica en beneficio de las mayorías.
Desde el BUSSCO señalamos que esta es la hora de la resistencia y la lucha contra el modelo neoliberal, no podrán detener este torrente de dignidad y patriotismo que en los últimos meses ha recorrido, a lo largo y ancho, el territorio nacional.
BUSSCO: ¡RESISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL MODELO NEOLIBERAL!
Federico Abrego, líder ngäbe en Sixaola (foto: Denis Castro Incera).
El diálogo con la población ngäbe es solicitado por la Asamblea Legislativa a la UCR a fin de llevar a cabo un proceso de consulta popular
A solicitud de la Asamblea Legislativa, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica (ECCC-UCR) está realizando un proceso de consulta popular a la comunidad transfronteriza Ngäbe-Buglé (compuesta por cerca de 3 000 habitantes en el distrito de Sixaola) sobre el proyecto Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, expediente N° 20.554.
El Primer Poder de la República pidió el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, específicamente a su énfasis de Comunicación Social.
Tras un viaje corto que no supera las cinco horas desde San José, es fácil acercarse a la línea fronteriza. Apenas un puente que se cruza con tan solo elevar la mirada divide a Costa Rica y Panamá, es allí donde parte de la comunidad milenaria de los Ngäbe-Buglé habita. Para ellos las fronteras son un hecho reciente.
Durante todos sus años de escuela y colegio, los Ngäbe-Buglé cantaron el Himno Nacional de Costa Rica, pero no son portadores de la nacionalidad. Es incluso irónico preguntarles si son costarricenses, pues muy pocos lo son formalmente. Esta es una realidad que evidencia exclusión y que hereda dolor.
Para evitar la exclusión, los padres de Eusebio, de apellido Julián, le prohibieron hablar la lengua gnäbere, tradicionalmente conocida como guaymí, por eso, nunca la aprendió. Él, quien es actualmente asesor cultural de la comunidad y destacado en el Centro de Orientación Indígena (COI) de Sixaola, perdió su lengua, la cual ahora siendo adulto trata de recuperar.
Mujeres de la comunidad Ngäbe en Sixaola desean recuperar el conocimiento de sus prácticas ancestrales (foto: Denis Castro Incera).
El único documento que acredita su existencia es un carné de permiso de trabajo –ya vencido–, que lo tramitó su expatrono y que le supuso además un costo de $30, un precio elevado para una comunidad pobre que a ojos vistas se le deshacen los zapatos al caminar.
Como Eusebio existen miles de personas en la zona, quienes se debaten entre el ser y no ser costarricense, una condición que les limita el acceso a los derechos básicos de salud, educación y trabajo.
Un proyecto de ley para cedular a los ngäbes
El pasado 1.º de diciembre del 2018, un grupo de cerca de 40 estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la Universidad de Costa Rica, ejecutó un total de seis talleres simultáneos, distribuidos en cuatro centros educativos.
La logística enorme del trabajo tenía por objetivo presentar a la comunidad indígena el proyecto de ley N° 20.554 que permitiría regularizar la situación de estos costarricenses sin nacionalidad.
Ese sábado se ejecutó uno de los pasos más relevantes en el proceso de consulta popular. El trabajo –impulsado desde distintos frentes políticos y ejecutado por la Escuela de Comunicación de la UCR– tiene la relevancia de marcar un procedimiento en una tarea que fortalece la democracia.
A partir de las trece horas de ese día, y con un caminar sin prisa, cientos de personas convocadas por sus líderes comunales se acercaron a las escuelas de Sixaola, la Palma, Daytonia y Margarita, para conocer sobre la propuesta legislativa.
Trabajo conjunto entre la comunidad Ngäbe y estudiantes de la Universidad de Costa Rica en Sixaola el pasado 1º de diciembre de 2018 (foto: Denis Castro Incera).
En las aulas, el grupo de estudiantes de Comunicación, debidamente preparados, presentó artículo por artículo el proyecto de ley. Antes del inicio de los talleres, los líderes ngäbe fueron quienes introdujeron la dinámica y presentaron los objetivos.
Costa Rica como país firmante desde 1992 del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se comprometió a ofrecer “a los pueblos considerados indígenas, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y cualquiera que sea su situación jurídica, todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.
Pese a lo anterior, se ha avanzado poco en la cedulación de los ngäbe. De 1998 al 2002, un periodo tipo amnistía trató de regular la situación de la comunidad, pero pocos lograron sumarse. Posteriormente, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) intervino en la zona, organizó a la comunidad y dejó bases de trabajo. Hoy, la Universidad de Costa Rica es la institución que está dando seguimiento.
Sin embargo, incluso luego de ese proceso de décadas, si hoy a un ngäbe se le atiende por una enfermedad de emergencia en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no se podrá darle seguimiento en una cita posterior, por no tener cédula; lo mismo ocurre si deben parir, si deben aplicar por un puesto de trabajo o si deben inscribirse como estudiantes. La institucionalidad como un todo no ha sabido reconocerlos, por siglos Costa Rica los ha excluido y sigue haciéndolo.
El profesor Miguel Regueyra Edelman, coordinador del énfasis de Comunicación Social en la Escuela de Comunicación de la UCR, revela que hay testimonios de algunas mujeres a quienes –a punto de parir (con menos de ocho centímetros de dilatación)– se les negó la atención en los centros de salud, y se les subió una ambulancia para irlas a dejar al puente que separa a Costa Rica de Panamá. Un hecho que, sin embargo, ya no volverá a suceder.
La comunidad está informada que desde hace un mes y medio, aproximadamente, la CCSS modificó sus políticas de atención a la comunidad.
En el centro educativo de La Palma en Sixaola se realizó uno de los talleres informativos sobre el proyecto de ley que permitiría la cedulación de una comunidad de cerca de 3 000 personas (foto: Denis Castro Incera).
El profesor Regueyra destaca la relevancia de liderar el proceso de consulta, aunque esta no sea vinculante, como una oportunidad de incidir desde la academia en un proceso vivo que tiene como fin llevar la voz clara y contundente de la comunidad afectada hasta las curules de los diputados que tomarán la decisión sobre ellos.
La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, encabezada por el diputado Enrique Sánchez Carballo, es la última encargada de llevar a buen puerto el proyecto de ley 20.554, el cual finalmente le otorgaría la nacionalidad costarricense a esta comunidad transfronteriza.
Varios años de conocernos
El proceso que llevó a esta primera consulta popular indígena se viene trabajando años atrás y ha conquistado los corazones de estudiantes universitarios que, generación tras generación, se comprometen a realizar acción social en la comunidad.
Esta vez, además, se realizó una reunión entre mujeres ngäbe, en la que ellas hablaron de la necesidad de volver a vestir sus ropas, de tejer sus bolsos y volver a hablar su lengua.
Una generación completa perdió siglos de historia y conocimiento cultural, por la urgencia de estandarizarse, a raíz de la exclusión que sufren en su cotidianidad; pero hoy ellas quieren rescatarlo. Para ello, la docente e investigadora, Yanet Martínez Toledo de la Escuela de Comunicación de la UCR, trabaja en facilitar el espacio para que ellas puedan proceder con el rescate de sus prácticas ancestrales.
Tareas para volver a saber cómo hacer chakeras (bolsos tejidos) y chaquiras (collares), recuperar su comida tradicional y hacer la costura de sus vestidos quedaron en la lista de la agenda de trabajo.
Hace un año la estudiante Karina Elizondo Soto visitó por primera vez la zona, en el marco del mismo proyecto, esta vez regresa para consolidar una de las etapas más importantes: las sesiones informativas sobre el proyecto de ley.
Como ella, también hay estudiantes voluntarios de otras carreras, futuros químicos, informáticos y sobre todo comunicadores sociales siguen allí, en la línea fronteriza tratando de guiar un proceso para que los pueblos logren incidir su realidad social y en la vida política de Costa Rica.
El Colectivo Mujeres por Costa Rica nos invita a que en esta Navidad no le compremos a los evasores de impuestos, y que más bien, apoyemos los emprendimientos nacionales.
