Autor: María José Ferlini Cartín

Pronunciamiento de organizaciones sociales asociativas, comunitarias, ambientalistas y de economía solidaria en oposición al combo fiscal y en apoyo al movimiento nacional contra el proyecto de ley nº 20.580

Las organizaciones y colectivos sociales, comunitarios, asociativos y de economía solidaria, con presencia en todo el país y como parte del tejido social de base, en profunda reflexión sobre la situación fiscal del país y de la discusión sobre el proyecto fiscal, consideramos:

Consideraciones generales:

• Que la propuesta fiscal expuesta por el gobierno es insuficiente para resolver la situación del país, pues según estimaciones oficiales la reforma aportará menos del 2% del PIB, mientras el déficit fiscal ronda el 6%.
• Además de ser insuficiente, la propuesta se centra principalmente en recaudar fondos a través de nuevos impuestos (IVA y renta) y control del gasto público (regla fiscal), mientras se deja de lado el principal problema de evasión fiscal que ronda el 8% del PIB.
• En relación a lo anterior, consideramos que exonerar de impuestos a zonas francas, empresas transnacionales agrícolas, así como la publicidad en espacios televisivos y radiales manda una señal de compadrazgo entre el gobierno y las grandes empresas. En ese sentido es importante asegurar el aporte real del sector empresarial y la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Demandamos al gobierno no solamente hacer leyes, sino hacer cumplir los mecanismos existentes e incorporar nuevas propuestas.
• Estamos conscientes de la importancia de hacer un mejor uso de los recursos públicos y eliminar los privilegios existentes, pero estamos conscientes de la importancia del trabajo de las personas funcionarias públicos en educación, salud y servicios sociales; por lo que reconocemos que las y los trabajadores no son responsables del actual déficit fiscal.
• En relación a la contención del gasto público y los llamados privilegios del sector público, la solución debe construirse en dialogo incondicional con los sindicatos, a fin de tomar acuerdos comunes y no de manera unilateral como lo está haciendo el gobierno, puesto que la discusión también involucra derechos adquiridos con años de lucha.
• En ese sentido, también creemos importante resaltar el trabajo imprescindible de las universidades públicas, en educación, acompañamiento, acción social e investigación, quienes se ven seriamente afectadas en sus presupuestos (compartiendo fondos con en INA y programas de la red de cuido y ), también por la derogación de la ley que permite el brindar recursos al recinto de la UCR en Paraíso y dejando su definición en manos de diputados y diputadas que lleguen a un supuesto acuerdo y ya no establecido por ley, así como con nuevos impuestos que actualmente no pagan las universidades por ser entes públicos de educación superior.

Consideraciones para el sector:

• Tomando en cuenta que las diversas organizaciones asociativas nos dedicamos a la producción agropecuaria, artesanal y de servicios, con un sentido de solidaridad social y ambiental, redistribuyendo de forma más equitativa los ingresos, y sin fines de lucro, y que los productos y servicios finales aportan al bienestar de las comunidades y territorios, aportamos al cuido del medio ambiente, la cohesión social, la articulación territorial, el acceso a la cultura y la soberanía y seguridad alimentaria, los nuevos impuestos vendrían a encarecer el precio final de los productos haciéndolos poco competitivos en un mercado abierto.
• Que los nuevos impuestos obstaculizan nuestra labor organizativa, productiva y de generación de opciones de empleo, pues al carecer de políticas públicas específicas para el sector y ante la falta de reconocimiento de parte del estado, el plan fiscal nos deja en desventaja de acceso a recursos, mercados y espacios de comercialización frente a los grandes capitales y empresas transnacionales, que gozan de privilegios fiscales y exoneraciones, causando así un proceso de empobrecimiento en los espacios donde participamos de manera activa y con arraigo.
• Que la situación de desventaja y falta de reconocimiento acerca de las particularidades del sector asociativo y de economía solidaria, el actual plan fiscal nos estaría desapareciendo o empujando hacia la informalidad, al no poder asumir los costos en nuevos impuestos y de formalidad exigidos.
• En relación a los impuestos y exoneraciones se propone una tarifa reducida, en algunos casos, y exención en otros, en los servicios utilizados en la producción de productos agropecuarios y agroindustriales; sin embargo, no se traza la diferencia entre la producción de monocultivo para la exportación y la producción alimentaria del país. Demandamos que las empresas piñeras, bananeras, plantaciones de palma y otros monocultivos paguen mayores impuestos y contribuyan en mayor medida, tomando en cuenta los efectos probados y negativos de contaminación de aguas y medio ambiente, acaparamiento de tierras, poca generación de empleo por unidad de producción y su nula contribución a la soberanía y seguridad alimentaria.
• Sobre este mismo tema, con las exenciones no se grava la publicidad en radio y televisión, premiando el monopolio de frecuencias de manera privada, en un contexto donde la sociedad civil organizada ha presentado una propuesta para democratizar los espacios de comunicación e información.
• La propuesta debe incorporar la economía social solidaria en sus particularidades, tomando en cuenta que son organizaciones democráticas, auto gestionadas por sus miembros, con un manejo económico razonable, que invierten recursos en el territorio para su dinamización y cuido; por ello deberían ser incluidas en el régimen de simplificación de Hacienda, poder registrarse como economía solidaria y tener un trato sin privilegios, pero diferenciado por sus características. Que motive a la población a tener su propia actividad económica. Ejemplo: diferenciar las actividades productivas entre emprendimientos y empresas, dándole a los emprendimientos tasas impositivas favorables para el desarrollo hasta alcanzar un capital adecuado que pueda soportar el pago de impuestos y demás formalidades.

Por lo tanto:

1.Rechazamos de plano, el proyecto de ley planteado por el gobierno nº 20580 “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, por su carácter regresivo e injusto que protege a las grandes empresas capitalistas y le cobra a las personas trabajadoras.

2.Rechazamos el tono amenazador y autoritario del gobierno, expresado en las actuaciones de la policía en la provincia de Limón y San José que denota una actitud de maltrato al pueblo.

3.Hacemos un llamado al diálogo incondicional de parte del gobierno, como administrador de turno de las políticas del Estado, con la participación de los diversos sectores de la sociedad civil en una negociación horizontal y transparente que se asegure el aporte de todas las partes involucradas con un sentido de solidaridad y de acuerdo a las posibilidades reales y particularidades de cada sector.

Manifestado en septiembre de 2018 con el respaldo de las organizaciones firmantes:

Red de Economía Social Solidaria de Costa Rica

Ecoferia Dominical

Finca Agroecología Los Gansos

ASOCIACIÓN FAMILIAR AGRÍCOLA RAMONENSE

Cooperativa de vivienda construcción Coovifudam R.L.

Peña Cultural Ramonense

Corriente de Economía Social Solidaria de la Red de Arte y Gestión cultural Comunitaria (GUANARED)

*Imagen con fines ilustrativos, tomada de la nota: UCR Encuentro y VII Feria buscan consolidar economía social solidaria.

Compartido por Carlos Hernández.

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