La estrategia fiscal de Carlos Alvarado: El hexágono de un fracaso anunciado
Luis Paulino Vargas Solís (*)
1)El proyecto de ley sobre reforma fiscal actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa (expediente 20.580) tan solo aportará nuevos ingresos por un monto de alrededor de 1,5% del PIB (valor total de la producción nacional). Recordemos, por otra parte, que para este año el déficit fiscal muy posiblemente sobrepase el 7% del PIB y que, bajos las tendencias actuales, superaría el 8% en 2019. Sumemos los “ahorros” que doña Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, viene promoviendo, y pongámonos además sumamente optimistas: al cabo, entonces, podríamos hablar de un déficit del 6% en 2019. Es absolutamente imposible que, bajo tales condiciones, se logre frenar el crecimiento de la deuda pública, que es el objetivo mínimo que habría que alcanzar para que la situación fiscal logre emerger del territorio turbulento en que hoy día se mueve. Lograr tal cosa es aún más difícil, teniendo presente el menos que mediocre dinamismo de la economía.
2)El gobierno apuesta, sin embargo, a que aprobado ese proyecto ello servirá como certificado de “buena conducta” que facilite el acceso a financiamiento externo y tasas de interés más reducidas, lo que, a su vez, atenuaría la presión que los pagos de intereses ponen sobre el déficit. Primero, no alimentemos excesivas expectativas: la fama de “buena administradora” de Costa Rica ya está bastante tocada, y el contexto internacional es hoy menos propicio que años atrás, con tasas de interés al alza y corrientes de capital fluyendo de nuevo hacia el norte rico. Pero incluso si apelamos a las hipótesis más optimistas, e imaginamos que se logra colocar deuda externa en condiciones favorables, ello si acaso cubriría la cuarta parte de las necesidades de financiamiento que tendría el gobierno. Quizá se atenúe un poco el efecto, pero podamos dar por descontado que los intereses seguirán jalando hacia arriba el déficit.
3)El dinamismo de la economía, o sea, sus índices de crecimiento, siguen siendo francamente insatisfactorios, con una situación del empleo sumamente deteriorada. En lo fundamental, la situación fiscal que vivimos ha nacido precisamente de esa persistente atonía económica y de los crónicos problemas del empleo. Ello conlleva subvertir las bases principales de las que depende la salud de las finanzas públicas, lo cual se ve agravado por la inequidad de nuestro sistema tributario, los esquemas de exoneración fiscal vigentes y la magnitud del fraude tributario. Por su parte, el ajuste fiscal propuesto, aun siendo limitado, y al ser aplicado sobre una economía muy frágil, tendría un inevitable efecto contractivo, que nos llevaría al borde del estancamiento, agudizaría los problemas del empleo y empeoraría la pobreza. O sea: la propuesta fiscal del gobierno podría estar serruchando la rama sobre la que se sienta: en el intento por extraer recursos de la economía y recortar el gasto público, debilitaría aún más una economía ya debilitada, lo que repercutirá en que, al cabo, los nuevos recursos que se recauden sea menos de los previstos, y el déficit, y por lo tanto la deuda, mayores a lo esperado.
4)El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado recientemente diversas propuestas para la reactivación de la economía. Siendo, en general, ideas buenas y necesarias, reflejan confusión respecto de lo que el concepto “reactivación económica” significa. La casi totalidad de lo propuesto, suponiendo que fuese aplicado con rigor y constancia, tendría algún efecto solo al cabo de varios años, y lo que pudiera dar frutos más expeditos (como la simplificación de trámites, infinitas veces mencionada por los sucesivos gobiernos), no tendrían más que consecuencias marginales sobre el desempeño general de la economía. No parece entenderse –lo cual me deja muy perplejo– que la reactivación solo tiene sentido como una cuestión para el corto plazo, un año a lo sumo, como tampoco parece haber claridad sobre cuáles son los mecanismos que realmente pueden reactivar una economía en períodos relativamente cortos. Subrayo: hay que ponerle energía e impulso a la economía ya, ahora mismo, para que ello nos dé el músculo que urgentemente necesitamos para enfrentar el problema fiscal, “sin morir en el intento”. Dentro de los distintos programas anunciados, el que sí es relevante desde el punto de vista de la reactivación es el de inversión pública. Y, según se desprende de las diversas notas de prensa, se trata de montos muy significativos, de hasta más del 6% del PIB. Un programa de obra pública de este tipo –no obstante su excesivo énfasis en lo vial– si podría levantar la economía…a condición de que esa inversión pública se ponga a caminar de inmediato y esté siendo ejecutada en el plazo de pocos meses. Sobre eso, la información disponible no es clara, y teniendo presente –como no podía ser de otra manera– los obstáculos infinitos y la comprobada ineficiencia en la gestión y ejecución de obra pública en Costa Rica, uno no puede alentar mucho optimismo. Más importante que dar cifras muy impresionantes –que es lo que el gobierno ha tratado– hay que explicar muy claramente cómo se romperán esos innumerables cuellos de botella que frenan la inversión pública. Al respecto, el gobierno es omiso. Y, la verdad, yo no veo posibilidad de lograrlo si no es con base en un gran acuerdo y un gran esfuerzo nacional, del que tendrían que ser partícipes –de forma articulada, desprendida y generosa– tanto la institucionalidad pública, como la empresa privada y la ciudadanía organizada.
5)El proyecto fiscal en discusión no solo es limitado en términos de los nuevos recursos que pueda aportar, sino también es retrógrado por sus consecuencias sociales. En la parte tributaria, el núcleo del proyecto es claramente el “impuesto al valor agregado” (IVA), en lo cual el gobierno ha invertido una dosis altísima de capital político. Han hecho incontables malabares para justificarlo. Al cabo, un hecho fundamental sigue siendo incontrovertible: es un impuesto regresivo que agudizará la inequidad social. Decir que es un tributo que “todo el mundo aplica” no aporta mucho. También es cierto que “en todo el mundo” la desigualdad crece y la concentración de la riqueza es cada vez más insultante. La amplísima preferencia por el IVA –que va de la mano con el abandono de la tributación progresiva que sí propicia mayor equidad social– es simplemente parte de ese proceso. El resto de las reformas no alcanzan, ni de lejos, a darle un perfil equitativo a este proyecto: no se logra incrementando las tasas sobre el impuesto al salario que básicamente tocará a sectores medios profesionales asalariados del sector público, mientras que el impuesto a las ganancias y rentas de capital es un mal intento por fingir progresividad donde claramente no la hay. Lo resumo diciendo: este proyecto nació mutilado por el terror que suscita la sola mención de una reforma tributaria justa, progresiva y moderna. Tengamos claro: no es un problema técnico, sino una realidad política: eso, y no más, es lo que permiten los intereses dominantes en la Costa Rica de hoy.
6)El proyecto también incorpora un capítulo llamado de la “regla fiscal”. Analicé esa propuesta con amplitud en un artículo que publiqué en marzo pasado (puede verse aquí). Agrego lo siguiente: esta idea debe ser evaluada a la luz de la “hoja de ruta” que la ministra Rocío Aguilar ha delineado, según la cual en los años sucesivos, el gasto corriente del Gobierno Central (exceptuando intereses) se mantendrá congelado en su nivel de 2018. El presupuesto para 2019, recién presentado, da testimonio de que, en efecto, se quiere cumplir con esa lineamiento. En la medida en que se mantenga esa ruta, al concluir el gobierno de Carlos Alvarado tendríamos una reducción de alrededor del 8 o 9% en el gasto corriente, medido en términos reales, o sea, descontada la inflación. La vigencia de la regla fiscal, en la medida en que efectivamente sea aplicada, ampliaría ese efecto contractivo. El objetivo me parece claro, y lo enuncio no como una observación ideológica, sino como la conclusión a que los datos obliga a llegar: se propone avanzar en un proceso de efectivo achicamiento del Estado, que muy probablemente implicará el debilitamiento, acaso el desmantelamiento, de nuestros sistemas de seguridad social.
(*)Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED),
Presidente Movimiento Diversidad Abelardo Araya
Tomado del blog: http://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com
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