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Autor: María José Ferlini Cartín

Mapa muestra puntos de acción durante la huelga de oposición al paquete fiscal

Un mapa elaborado por el geógrafo Dani Villalobos muestra los puntos de acción durante la huelga nacional contra el llamado «combo fiscal».

Dany Villalobos es investigador comunitario en un proyecto del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED, y además, es integrante de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua.

El mapa fue compartido en redes digitales por su autor.

Mapa muestra puntos de accion durante la huelga de oposicion al paquete fiscal

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Defraudación fiscal tiene un enorme impacto ambiental

  • Un 70% de los barcos a nivel global que sobreexplotan los mares de forma ilegal se benefician de los paraísos fiscales
  • Un 68% de las ganancias de las empresas responsables de la deforestación se benefician de la opacidad fiscal

 

FECON, 25-9-2018. El Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas no resuelve ni la opacidad fiscal, ni grava la renta global. Por lo tanto, aunque se apruebe este proyecto de ley, las empresas contaminantes en Costa Rica seguirán siendo favorecidas.

El informe de la comisión legislativa encargada de investigar el caso de los Papeles de Panamá, expediente 19.973, identificó 19 vacíos legales que han sido utilizados como portillos para la elusión y la evasión fiscal. Asimismo, generó 19 recomendaciones y señaló 8 proyectos de ley en la corriente legislativa que podrían atacar estos vacíos que crean el déficit en la recaudación de la renta. Aun así, lo que ahora se discute en la Asamblea Legislativa referente a finanzas públicas no incorpora estas recomendaciones. Estos mismos señalamientos hacen que Costa Rica tenga muchas características que lo asemejan a un paraíso fiscal. Incluso la revista Forbes pone a Costa Rica entre los países con alta opacidad fiscal (1).

Además, en Costa Rica el impacto de las industrias contaminantes recarga los servicios de salud; satura las posibilidades de fiscalización ambiental y daña la infraestructura pública de muchas comunidades (sobre todo caminos y acueductos comunitarios). A nivel global, investigadores del Grupo ETC señalan que por cada dólar que se paga por un alimento industrializado se deben pagar otros dos dólares en daños ambientales y a la salud (2).

Una investigación reciente demuestra la relación que tienen la defraudación fiscal y la degradación ambiental (3). El Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo y el programa Global Economic Dynamics and the Biosphere (GEDB), de la Academia de Ciencias sueca, reveló que el 70% de los barcos dedicados a la pesca ilegal han sido puestos bajo la jurisdicción de paraísos fiscales, principalmente Panamá y Belice, operan de que operan en otras latitudes.

Además, esta investigación reveló que el 68% de las ganancias de empresas responsables de la deforestación del Amazonas son canalizadas por medio de paraísos fiscales. Asimismo, traficantes de especies exóticas de flora y fauna también se aprovechan de regímenes con controles fiscales laxos. Estos datos salen a la luz pública luego de la investigación de los Papeles de Panamá, en la que destacaron empresas, políticos y bancos costarricenses.

Empresarios piñeros como Alfredo Volio saltaron a la luz pública como posibles evasores en el caso de los Papeles de Panamá. Volio, quien es propietario de Upala Agrícola S.A. y vicepresidente de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), fue uno de los empresarios costarricenses vinculados al Buffet Mossac Fonseca.

La empresa naranjera y piñera Tico Frut, denunciada en múltiples ocasiones por contaminación y explotación laboral, también consta en los registros de los clientes del buffete de abogados que desde Panamá evadía sus responsabilidades en Costa Rica. Los Papeles de Panamá revelaron que TicoFruit es un complejo de al menos siete sociedades anónimas domiciliadas en Panamá, que tiene relación con el bufete Zürcher Odio Raven, este como enlace de Mossack Fonseca (4).

La sobreexplotación de los mares también está vinculada a empresas que son cómplices del déficit fiscal de nuestro país. La empresa Borda Azul S.A. fue reportada por evadir impuestos por medio del buffet panameño. Pero además, esta compañía atunera es una de las 10 empresas que han recibido más Certificados de Abono Tributario (5).

Como si fuera poco, el Proyecto de Ley para Fortalecer las Finanzas Públicas (Exp. N.° 20.58) en el Artículo 36 recorta el Fondo Especial para Guardacostas, situación que dificultará aún más la tarea de la lucha contra la pesca ilegal y descontrolada en nuestros mares.

 

Notas:

1) Costa Rica dentro de los países con opacidad fiscal. http://forbes.es/business/10095/como-funciona-un-paraiso-fiscal/

2)¿Quién nos alimentará? ¿La red campesina alimentaria o la cadena agroindustrial? http://www.etcgroup.org/es/quien_alimentara

3) Victor Galaz, Beatrice Crona, Alice Dauriach, Jean-Baptiste Jouffray, Henrik Österblom & Jan Fichtner Nature Ecology & Evolutionvolume 2, pages1352–1357 (2018). https://www.nature.com/articles/s41559-018-0497-3

4) https://databasear.com/panama-papers/intermediarios/

5) https://semanariouniversidad.com/investigacion/borda-azul-s-la-fuga-los-cat-paraiso/

 

 

Enviado por FECON.

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Proponen reforma que garantice independencia real de auditoría interna de la CCSS

Rodrigo Arias López compartió con SURCOS la siguiente inquietud que le envió al auditor interno de la Caja Costarricense del Seguro Social.

 

Señor Jorge Arturo Hernández Castañeda

Auditor Interno CCSS

 

Estimado don Jorge Arturo.

Le copio esta respuesta que me envía doña Emma Zúñiga sobre un estudio actuarial del seguro de salud por condición de aseguramiento que la Auditoría que usted dirige recomendó realizar a la Administración de la CCSS hace varios años. También adjunto otros documentos.

Como puede ver don Jorge, uno de los estudios actuariales más importantes del seguro de salud, pues tiene que ver con todas las leyes relacionadas con dicho seguro -Constitución política, Ley 17, ley 5349, ley 7374, entre otras- y por haber sido realizado a solicitud de esa Auditoría, ni siquiera fue conocido por su máximo jefe, la Junta Directiva, a pesar de lo indicado en el artículo 42 de la Ley Constitutiva de la CCSS y otra normativa de control interno. Entiendo que ese estudio actuarial que se realizó al seguro de salud no fue conocido por la máxima instancia de la CCSS porque ni el Director Actuarial, ni el Gerente Financiero, ni la Presidencia Ejecutiva y desafortunadamente entiendo que usted tampoco se lo envió, pues de lo contrario la respuesta de doña Emma hubiera sido otra.

Don Jorge, que pena me da ver como esta respuesta y la que usted me envió hace unos días sobre la gran cantidad de estudios que hace esa Auditoría, sobre los cuales se realizan hasta 7 o más estudios de seguimiento adicionales, durante hasta 5 o más años, y que a las autoridades de la CCSS como dice el dicho «les resbala» y esa Auditoría no puede hacer nada porque, según su respuesta, excede de sus potestades o funciones. Yo comprendo que para usted es muy complicado, pues desafortunadamente en la Ley está establecido que esos a quienes esa Auditoría supervisa son los mismos que ordenan el pago mensual de los salarios, tanto el suyo como el de los demás empleados de la Auditoría. Entonces, aunque en la ley esté establecido que la Auditoría debe actuar con toda objetividad, deja mucho que pensar a los asegurados que financiamos a la CCSS, incluyendo los gastos de esa Auditoría. En efecto, en los artículos 7 y 8 del «REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL» se lee (destacados míos):

«Artículo 7º—Independencia. El Auditor y los demás funcionarios de la Auditoría Interna, deberán ejercer su actividad con total independencia funcional y de criterio respecto a la Junta Directiva y a los demás órganos de la administración activa. De igual forma, la Auditoría Interna al manejar sus recursos; al determinar su planificación y las modificaciones a ésta, deberá estar libre de injerencias provenientes del jerarca o de los titulares subordinados.

Artículo 8º—Objetividad individual y ética profesional. Los funcionarios de la Auditoría Interna tendrán una actitud imparcial y neutral al realizar sus labores, protegiendo así su objetividad individual e independencia de criterio. Deberán, observar las normas éticas que rigen su profesión y evitar los conflictos de intereses que de cualquier forma, puedan afectar sus actuaciones como funcionarios públicos«.

No cree don Jorge Arturo, que las leyes y reglamentos relacionados con este asunto requieren de una reforma para que quienes ordenen el pago de los salarios de los funcionarios de las Auditorías Internas, incluyendo el del Jefe de la Auditoría como es su caso, no sean las mismas instituciones que esas Auditorías auditan, sino otra instancia, a fin de reducir el riesgo de presiones y de conflictos de interés y lograr de manera efectiva los objetivos de control establecidos en la Ley General de Control Interno y en la Ley contra la corrupción y de Enriquecimiento Ilícito de la función Pública? Por ejemplo, podría ser la misma Contraloría General de la República. Esa institución podría cobrar los servicios prestados a las diversas instituciones, incluyendo los que brinde a la CCSS. ¿No le parece que incluso la Auditoría Interna de la CCSS no debería estar en las instalaciones de la CCSS para reducir al máximo el riesgo de injerencias y de posibles conflictos de interés?

Creo que un proyecto de ley se podría justificar de una manera sencilla ante la Asamblea Legislativa. Con solo mostrarle la enorme cantidad de estudios que realiza esa Auditoría, la gran cantidad de informes de seguimiento durante una gran cantidad de años, así como el hecho de que no hay resultados concretos, pues la Administración de la CCSS no les hace caso y la ley, según su respuesta don Jorge, no les permite a ustedes ir más allá. Pero sobre todo don Jorge, en momentos de una crisis de liquidez, no solo de los seguros sociales, en particular del IVM, sino en general, anunciada recientemente por la Presidencia de la República, que la Auditoría Interna de la CCSS gasta casi 5 mil millones de colones al año -tomados de los aportes que realizan los cotizantes a los seguros de salud y pensiones- y sin resultados palpables por los asegurados!! En efecto don Jorge Arturo, si calculamos el valor presente de los gastos de la Auditoría Interna que usted dirige, desde 2010 hasta 2017 (Utilizo la certificación de salarios proporcionada con el oficio DAGP- 0981-2017 del 14 de julio 2017, el año 2017 según lo presupuestado), usando una tasa de interés del 8.5%, se obtiene un monto estimado de 40.122 millones de colones, como puede ver en el cuadro siguiente (en colones).

Gasto auditoria interna ccss

Lo anterior representa un monto promedio superior a los 5 mil millones de colones por año.

Esa suma de 41 mil millones de colones que hemos pagado los asegurados de la CCSS hubiera alcanzado para construir un hospital moderno con equipo médico de alta tecnología, tan necesario en nuestro país!!

¿No le parece don Jorge que es demasiado dinero en época de crisis de liquidez que vive el país y el seguro IVM? ¿No cree que ese gasto representa un despilfarro de recursos visto a la luz de su respuesta emitida en el oficio 53348 del 8 de agosto de 2017?

Don Jorge Arturo, usted de casualidad, ante ese gasto gigantesco que pagamos todos los asegurados de la CCSS para mantener a un órgano incompetente como se desprende de su oficio 53348 del 8 de agosto de 2017, no ha hecho al menos el ejercicio de lo que nosotros -los asegurados de la CCSS- le pagamos anualmente a usted en salarios, aguinaldos y cargas sociales?. Yo me tomé un tiempito para hacer una estimación. A su salario mensual de junio de 2017 de 4.768.252 colones le agregué una estimación del salario escolar, para lo cual tomé el promedio de este salario y su salario de junio de 2016. El aguinaldo lo estimo igual al salario de junio de 2017 y uso un 24,33% de cargas sociales. Note que solo su salario mensual más las cargas sociales suman 7.084.051 colones, que al multiplicar por 12 meses y agregar el salario escolar y el aguinaldo, da como resultado un monto anual de 94.526.892 colones, suma nada despreciable que sale del bolsillo de todos los contribuyentes de la CCSS. Imagínese que esa suma en 10 años de trabajo casi llega a los 1.000 millones de colones!! ¿Y cuánto sería si usamos todos los años que usted ha estado en la CCSS?. No le parece don Jorge Arturo que esta suma lo obliga a usted a sudar la camisa y hasta el pantalón vigilando para que en la CCSS se apliquen y cumplan las leyes como en derecho corresponde en lugar de tirarle la pelota a los asegurados como se desprende de su oficio 53348 del 8 de agosto de 2017? Y es que cuando usted afirma que le corresponde a la administración activa poner en práctica las recomendaciones de la Auditoría cuando esta no recibe respuestas en los plazos indicados, sin que esa Auditoría haga nada para verificar que efectivamente la Administración Activa las cumple, deja mucho que desear. Yo me siento engañado como asegurado, pues le pagamos a usted y a su equipo de trabajo precisamente para que hagan ese trabajo.

aporte anual de asegurados de la ccss

Imagínese usted el cambio significativo que se tendría si la CCSS anualmente le girara a la Contraloría General de la República esa suma anual de cinco mil millones de colones para que le realicen todo el trabajo de control que ordenan las leyes, sin la presión de tener que auditar a sus propios jefes, ni de recibir instrucciones o directrices de las jefaturas de la CCSS!! Incluso la Contraloría General de la República podría bajarle los costos a la CCSS y con ello a los seguros sociales, ya que al darle el servicio a todas las instituciones del sector público se podrían tener economías de escala de hasta el 50%.

¿Qué le parece don Jorge Arturo que esa Auditoría se ponga una flor en el ojal y elabore un proyecto de ley en el sentido anterior, para que de alguna manera entre al plenario legislativo? Estoy seguro que una importante cantidad de los asegurados de la CCSS que con nuestros aportes mensuales financiamos los gastos de esa Auditoría, incluyendo su salario, veríamos en tal acción una muestra palpable en favor de que nuestros dineros realmente se inviertan para los fines que están establecidos en la Ley General de Control Interno, en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y en la Constitución Política de Costa Rica, todo en beneficio de los seguros sociales y los asegurados.

¿Qué le parece don Jorge Arturo, para que caliente motores, si le solicita a la Dirección Actuarial y a la Gerencia Financiera, que envíen a la Junta Directiva de la CCSS la «Valuación Actuarial del Seguro de salud, 2013» que fue ordenada por esa Auditoría? Note que esa solicitud la hice yo personalmente; sin embargo, viendo el oficio de respuesta GF-3540-2017 / DA-799-2017 del 11 de octubre de 2017, deduzco que se negaron a enviarla, solamente tramitaron la valuación de 2015, a pesar de que desde el año 2010 la Junta Directiva de la CCSS no conoce ningún estudio actuarial del seguro de salud, al menos a esa fecha. Yo creo don Jorge Arturo, que usted no tiene ningún impedimento legal para hacer esto que le solicito. Incluso creo que usted puede enviar de oficio ese estudio actuarial a la Junta Directiva o al menos a su jefe actual, dado que no lo hizo a sus jefes anteriores.

Espero que haga algo al respecto.

 

Cordiales saludos.

Atentamente,

 

Rodrigo Arias López.

 

 

*Imagen con fines ilustrativos.

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Radicalizar la protesta

Marcos Chinchilla Montes

 

En casa tuvimos el gusto de hacer la primera reunión cantonal de San Sebastián del Partido Acción Ciudadana; así, avanzábamos nacionalmente en la inscripción del partido para que participara en sus primeras elecciones nacionales.

Era mucha la esperanza, principalmente, enfrentar la corrupción del bipartidismo, y desarrollar un nuevo derrotero en materia de participación ciudadana, mismo que parecía quedar ampliamente evidenciado en el lema “acción ciudadana”. En muy pocos años, la decepción fue cundiendo entre quienes simpatizábamos por el PAC, y si bien no se le pueden negar logros a sus diputados y al gobierno de Luis Guillermo Solís, se hizo más que evidente el contubernio que existía entre cuadros del PAC, y la dirigencia política y empresarial neoliberal representada en el PLN y el PUSC.

A fin de cuentas, muchas personas nos decantaríamos por otras tiendas partidarias afines y congruentes con la justicia social, la equidad y la distribución de la riqueza.

La marcha del día de hoy, y que pasará a la historia como la de los “cuatro gatos”, será también recordada por el grado de represión ejercida por Carlos Alvarado para evitar que miles de personas lograran arribar a la capital a ejercer su derecho a la participación y la protesta social.

Los reportes que llegan de todo el país son espeluznantes y hacen referencia a la instalación de un estado de terror que procura aplacar cualquier manifestación de participación social contra el Combo Fiscal: buses universitarios detenidos, buses en el caribe y en norte a los que se les bajaron las placas, empresarios autobuseros amenazados de perder sus concesiones si se brindaban servicios a los manifestantes, requisas en el camino. En algún momento del día, el diario La Nación reportó que se le habían bajado las placas a 22 autobuses. Esas acciones policiales no las vemos ni contra uber ni contra la delincuencia, pero si contra quienes tiene el atrevimiento a defender sus derechos.

Hoy, nuestro Estado se asemeja de manera peligrosa más al hondureño, al guatemalteco o al colombiano que persiguen activamente la protesta social, dejando en evidencia, que los sectores hegemónicos en un contubernio vergonzoso con el gobierno de Carlos Alvarado, recurren a la institucionalidad pública para quebrar a la huelga a como sea posible. El miedo que tienen ante la reacción popular, les hace reaccionar desconociendo y persiguiendo elementales derechos de la población.

El germen fundacional del PAC, la participación ciudadana, queda definitivamente mancillada y sepultada con las acciones represoras asumidas por el gobierno. El autismo y autoritarismo del binomio Alvarado-Piza, pero particularmente de los sectores económicos y políticos que mueven los hilos de sus acciones públicas, riñen con una perspectiva societal de democracia y construcción de ciudadanía que ha venido construyendo nuestra sociedad.

Paradójicamente, la insensatez política del gobierno que niega y reprime la participación -recuérdese, que era un tema fundacional en su expresión partidaria- se convirtió en una ejemplar manifestación política que se ha instalado a lo largo y ancho de todo el país durante ya tres semanas, desafiando el autoritarismo y la represión de un gobierno que parece, ya llegó al fondo de su legitimidad.

Como sociedad, nos quedan poco más de tres años y medio en la que el gobierno de Alvarado enfrentará una relación muy tensa, conflictiva y desacreditada con la colectividad; y lo más grave, es que el Combo Fiscal así como está formulado y desean aprobar en la Asamblea Legislativa, es insuficiente no solo para atender el desarrollo de la institucionalidad pública, sino para garantizar el desarrollo a escala humana de nuestra sociedad, lo que supone que junto al aumento de la pobreza, vendrán nuevos Combos Fiscales de naturaleza regresiva.

El gobierno nos empuja a un complejo escenario: radicalizar la protesta, entendida esta como derecho, especialmente cuando ha sido incapaz de incorporar en la matriz societal de representación las aspiraciones de las mayorías. Lamentablemente el gobierno parece que es incapaz de hacer esa lectura política y sigue estando sordo a las demandas populares, aunque todo oídos a favorecer los intereses de los sectores económicos que se niegan a ser parte de un plan fiscal progresivo.

 

Enviado por el autor.

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UCR: El ‘‘vino de Jamaica’’ ejemplifica el encadenamiento del ecosistema innovador en el Caribe

  • Iniciativa de colegiala conectó apoyo del Ministerio de Educación Pública y de la Universidad de Costa Rica para prototipar una bebida llena de identidad caribeña
De izquierda a derecha: los estudiantes Yader Muñoz Hernández, Kimberly Adden Pinnock y Stephen Coleman Wilson muestran su producto, un fermentado a base de flor de Jamaica.
De izquierda a derecha: los estudiantes Yader Muñoz Hernández, Kimberly Adden Pinnock y Stephen Coleman Wilson muestran su producto, un fermentado a base de flor de Jamaica.

Los cursos de Control de Producción y Cinética de Reacción y Reactores Químicos impartidos en la Sede del Caribe de la Universidad de Costa Rica fueron los escenarios de partida de una relación productiva entre un colegio técnico y una incubadora empresarial del Ministerio de Educación Pública en la región.

El producto final fue una bebida fermentada a base de la flor de Jamaica, un proyecto que terminaron formalizando los estudiantes, Kimberly Adden Pinnock, Yader Muñoz Hernández y Stephen Coleman Wilson, quienes ahora desean que su emprendimiento permanezca y enriquezca la zona.

“El valor agregado del proyecto es que rompe el esquema metal, los estudiantes de la Sede creen que estudian para ir a trabajar a San José, pero con este tipo de experiencia se demuestra que es posible trabajar empresas de base tecnológica aquí, eso cambia la mentalidad y la perspectiva del estudiante”, comentó el profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica, José Alberto Castillo Benavides, promotor de este proceso.

La idea se generó por estudiantes de un colegio técnico, la misma se trasladó a la incubadora de empresas de la zona (atendida por el MEP) y de allí el docente Castillo la presentó a sus estudiantes de la UCR

Como resultado de su paso por los cursos de Ingeniería Química de la Sede del Caribe, se hizo una re ingienería completa al proyecto y se redujo a casi la mitad el tiempo de fermentado que pasó de 40 días a 23. También se resolvió un problema con el sabor del jengibre y se estandarizó el contenido de alcohol.

A esto se le sumó un proceso creativo para diseñar la etiqueta y otros aspectos de mercadeo, que además permitieron a los estudiantes del curso incursionar en esos contenidos. Por esa misma vía de experiencia recibieron un aporte semilla de ¢55 000 aportados de forma personal por el docente, inversión que fue recuperada con la venta de la primera producción.

“Hay una tendencia docente que educa a través del juego, así lo resolvimos ” explica Castillo.

La propuesta busca mejorar la salida del llamado “vino de Jamaica” e incentivar la agroindustria en la región, este tipo de bebida forma parte de la cultura afrocaribeña y se suele beber en las fiestas “Remerber” donde se fabrica el “vino” de forma artesanal. La apuesta es industrializar un poco más el proceso.

Las pruebas de mercado fueron satisfactorias, 20 botellas de la primera producción se vendieron todas en una semana. Ahora el grupo de emprendedores continúa recibiendo asesoría técnica en busca de materializar el emprendimiento.

La experiencia promovida por José Alberto Castillo Benavides se quiere sistematizar para que los estudiantes de la UCR logren potenciar los empredimientos de la zona, que suelen ser muy básicos y no llevan el componente tecnológico. El mensaje es que existe trabajo fuera de los esquemas tradicionales.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Conferencia UNA, Freire en la investigación: una praxis de estudio e investigación

La Vicerrectoría de Docencia de la UNA invita a la conferencia: Freire en la investigación: una praxis de estudio e investigación, impartida por el Dr. Alfredo Ghiso, en la Sala de Exrectores de la Biblioteca Joaquín García Monge, este jueves 27 de setiembre de 2 p.m. a 5 p.m.

Conferencia UNA Freire en la investigacion

 

 

Enviado por M.Sc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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El Banco Central le da crédito al gobierno

Luis Paulino Vargas Solís

 

La economía viene lenta y a rastras. Los problemas del empleo siguen terribles. El crédito al sector privado está casi paralizado y la inflación en niveles muy bajos. Ese es el contexto en el que se da el préstamo de 498 mil millones de colones que el Banco Central concede al gobierno.

Sí, es creación de dinero. Pero creación de dinero es también lo que los bancos comerciales hacen con cada nuevo préstamo que dan sin que ello encienda las alarmas de nadie. Es que en Costa Rica se sigue manejando la tesis obsoleta de que el dinero lo crea el Banco Central, y que los bancos comerciales prestan lo que de previo recibieron como depósito. Pamplinas. Superchería.

Por esta vez, similar a como usualmente lo hacen los bancos comerciales, el Central “crea” dinero para realizar un crédito: dirigido al gobierno, como en otros momentos podría ser destinado a algún banco comercial que tenga problemas de liquidez. En el contexto económico actual, que describí al inicio de este comentario, ello no debería causar ningún problema.

Pero esto sin duda evidencia aquello sobre lo que vengo advirtiendo en forma reiterada: que la percepción de riesgo sobre las finanzas públicas va en ascenso y que por ello al gobierno le resulta cada vez más difícil, y cada vez más caro, obtener financiamiento para cubrir el déficit. Claro que la situación es extremadamente delicada. Lo he enfatizado incontables veces y, por lo tanto, urge tomar medidas en serio. Pero que esos 500 mil millones sean, en sí mismos, un problema…no, por favor, no lo son.

Lo que sí es un problema –grave problema– es la forma como lo ha anunciado el Presidente Alvarado. La situación demanda cautela, prudencia, parsimonia. Es lo que menos ha mostrado Alvarado.

Keynes advertía acerca de los “espíritus animales”, en relación a esas fuerzas irracionales que nacen de los sentimientos humanos y de nuestra ignorancia. Son poderosos y potencialmente destructivos. Lamento mucho que nadie se lo haya advertido al Presidente.

En todo esto, lo realmente dañino viene de las palabras de Alvarado y, sobre todo, de la forma como las dijo.

 

Enviado por el autor.

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