La Fundación Sanatorio Durán en la celebración del centenario del mismo, se encuentra preparando diversas actividades durante los días jueves 26, sábado 28 y domingo 29 de julio.
Puede ver las diferentes actividades a realizarse en la siguiente imagen.
Enviado por Patricia Salgado.
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Conferencia de Prensa: A las puertas de una nueva colisión de trenes. La Seccional ANEP-Incofer se referirá a las grandes posibilidades de que se presente un nuevo choque de trenes, así como los choques frustrados que se han presentado en el último mes.
En el último mes se registraron tres choques frustrados. Seccional ANEP-INCOFER hace un llamado urgente a la Presidencia Ejecutiva y al Gobierno para adquirir equipo, ya que deja en indefensión a los usuarios y a los trabajadores
La Seccional ANEP-INCOFER denunció en conferencia de prensa la carencia de un sistema de control de trenes en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), situación que podría provocar una colisión de trenes en cualquier momento, similar a la que se presentó el 8 de abril del 2016 en La Sabana, dejando más de cien heridos.
Javier Moreira, Presidente de la seccional ANEP-INCOFER explicó que la operación actual de la red ferroviaria nacional cuenta con una gran cantidad de trenes circulando en un espacio muy reducido de aproximadamente 40 kilómetros entre Cartago y Alajuela, por lo que se hace necesario contar con una herramienta tecnológica para poder controlar el movimiento de trenes y; así evitar colisiones.
“Es importante indicar que en los últimos tres años se han presentado tres choques de trenes que han dejado personas heridas, por lo que es necesario la implementación de este sistema. La preocupación es que después de los accidentes no se haya presentado una acción concreta para evitar esta situación, la cual se puede presentar en cualquier momento”, detalló Moreira.
Declaraciones de Javier Moreira, Presidente ANEP-INCOFER
https://www.dropbox.com/s/kd0gx73xvlutkbd/javier-moreira-sistema-control-de-trenes.mp4?dl=0
La seccional ANEP-Incofer también denunció, que sólo en el último mes se han presentado tres choques frustrados. Uno de ellos en las inmediaciones de la Antigua Aduana y otro en el andén de la UACA, en este último incluso existe un video que circuló por redes sociales.
“Se conoce como choque frustrado cuando los trenes se encuentran en línea de colisión, sin embargo, por alguna razón los maquinistas divisan el otro tren y logran evitar un accidente ferroviario. Esta situación fue la que se presentó hace unos días en Curridabat y la Antigua Aduana, en esta última, incluso existió un pequeño roce entre las maquinas” manifestó Moreira.
Respecto al choque frustrado presentado en las inmediaciones de la UACA en Curridabat, el pasado 6 de julio, la Seccional desmiente la versión proporcionada por el Incofer donde manifestaron que se trató de una falla mecánica de una de las locomotoras y la otra llegó en su asistencia.
“Esa versión es falsa. Si bien es cierto uno de los trenes venía con problemas nunca se coordinó tal asistencia, eso fue un choque frustrado y contamos con las pruebas de audio e incluso mensaje de WhatsApp que así lo demuestran. ”, dijo el Presidente de la Seccional.
Audio de la comunicación que confirma el choque frustrado
Por estas y otros razones la Seccional ANEP-INCOFER manifestó su preocupación por el faltante de este sistema, incluso ya informó dela situación a la Presidencia Ejecutiva de INCOFER, así como a Casa Presidencial, sin embargo no ha recibido una respuesta.
Declaraciones de Jorge López, Seccional Anep-INCOFER se refiera al sistema que se desea implementar, así como lo obsoleto de los actuales sistemas.
https://www.dropbox.com/s/ag3nl03cul10atg/jorge-lopez-sobre-el-sistema.mp4?dl=0
Datos de interés
Estado actual de la línea
Características generales del GAM Linea Alajuela – Basilica: 42 Km / 20 estaciones Linea San Antonio de Belen – Ambos Mares: 14 Km / 11 estaciones Líneas exclusivas de pasajeros 10 trenes diésel actualmente en servicio: 7 Apolo con 2 coches 3 trenes con locomotoras GE y 3 a 7 coches Incofer tiene autorizada la compra de 8 trenes más.
Propuesta a implementar
Implementación de un sistema de señalización ferroviaria en fases que garantice la seguridad en la circulación y optimice la operación de la línea.
Solución de acuerdo a estándares CENELEC y probada en administraciones ferroviarias europeas y americanas.
Sistema de señalización adaptado a las necesidades del GAM basado en Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU).
Fase 1: solución básica que evite accidentes (certificada según normativa CENELEC SIL-4)
Enclavamiento electrónico. Arquitectura descentralizada que ahorre costos en obra civil y cableado.
Puesto de operador ubicado en Estación Atlántico.
Bloqueo automático entre estaciones que evite la circulación de más de un tren al mismo tiempo.
Elementos de campo:
Sistema de detección de tren basado en contadores de ejes
Accionamientos de aguja electrohidráulico.
Señales luminosas de tecnología LED
Fase 2: implementación de un Control de Tráfico Centralizado (CTC)
Objetivo: mejora del rendimiento en la operación en cuanto a:
Seguimiento de cumplimiento de horarios
Formación automática de itinerarios (FAI)
Gestor de rutas y prioridades (GRP)
Enviado por Albino Vargas Barrantes.
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La Rectoría y la Rectoría Adjunta de la Universidad Nacional invitan a la Lección Inaugural II Ciclo 2018: “Autonomía universitaria y responsabilidades sociales: una reflexión”, impartida por la ex rectora de la UNA, Sra. Rose Marie Ruiz Bravo, este próximo 07 de agosto a las 10 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo, Heredia.
Favor confirmar asistencia al teléfono 2277 3419 o al correo electrónico extension@una.cr (Vicerrectoría de Extensión).
Enviado por Alberto Rojas.
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Ocho comunidades de Puntarenas estamos cuestionando un cambio normativo propuesto para la entrega de concesiones mineras en cauces de ríos.
A través de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, varios líderes comunales hemos presentado ante la Asamblea Legislativa una serie de cuestionamientos al proyecto de ley 20 635, que ya afirmó la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo.
Expusimos nuestros criterios en el Encuentro de ASADAS de la Alianza de Comunidades que realizamos en Punta Morales y decidimos actuar, y oponernos cuestionando los alcances del proyecto. Los cuestionamientos que presentamos a los diputados y al Ministerio de Ambiente son los siguientes:
¿Por qué cuestionar el proyecto de ley?
Como parte fundamental de la vida del país, las organizaciones comunales tenemos derecho a participar activamente en las decisiones que pueden afectar nuestro ambiente y territorio.
¿Qué tipos de cambios queremos construir: negativos o positivos?
El proyecto básicamente es una reforma al artículo 39 del actual Código de Minería y sus conexiones. Cambia el periodo de explotación para concesiones temporales en cauces públicos y canteras. Estos tiempos se ampliarían súbitamente de 120 días a 24 meses duplicables, es decir, se pasa de 4 meses a 4 años. La propuesta de cambio es notoriamente exagerada, pero nos preguntamos también ¿es realmente necesario cambiar así la ley, cuando ya se permiten explotaciones temporales para obras públicas? ¿y en favor de quiénes realmente es que se impulsa este cambio?
Primero hay que pensar si en verdad cuatro meses no son ya suficientes para obtener materiales que ayuden a resolver urgencias en obras viales. Cuatro meses de aprovechamiento en situaciones excepcionales son aceptables, pero cuatro años NO, pues el volumen de explotación en un periodo así podría traer mayores afectaciones que beneficios públicos reales.
¿Un portillo más para la corrupción?
El proyecto flexibiliza los permisos para Ministerios, Municipalidades y el CONAVI, con el beneficio también para las empresas que subcontraten estas instituciones. Es decir, podría abrirse aquí un modelo de contratación público-privada muy rentable, para que empresas particulares exploten (y deterioren todavía más) los cauces de nuestros ríos.
Las administraciones municipales no han sido modelo para la gestión de proyectos. Todo lo contrario. La desconfianza sobre a quién llegarán los beneficios de estas explotaciones es la primera reacción que se puede tener. De acuerdo con las experiencias de varias comunidades puntarenenses participantes en la Alianza, la ampliación de las explotaciones no parece que vaya a traer gran beneficio comunal. Y el CONAVI tampoco es un ejemplo de buenas gestiones.
Si bien el mantenimiento de las vías de comunicación es necesario, cuestionamos que se le puedan abrir canales a más corrupción por haber menos fiscalización. Preferimos la buena planificación en la gestión pública. No apoyamos que se legalice el enriquecimiento privado con recursos públicos, como son los recursos geológicos, al costo de las afectaciones ambientales en nuestras comunidades.
Un retroceso en nuestros derechos ambientales
Nuestros ríos están claramente amenazados de convertirse en minas a cielo abierto por la ampliación próxima de la carretera Cañas-Barranca. El problema no es el aprovechamiento de los materiales, el problema es que se haga sin que los explotadores autorizados tengan que rendir cuentas ambientales, al eximirse de evaluación ambiental. Parece que se piensa ignorar o anular una vez más el principio preventivo.
Aprobar el cambio significaría un gran retroceso en los derechos ambientales de las comunidades costarricenses que valoran y utilizan sus ríos, que son parte del patrimonio público del país. Hemos visto por años el impacto negativo de las concesiones mineras en nuestros ríos, produciéndose efectos como la disminución marcada de los caudales, la sedimentación que altera los flujos y la calidad del agua, e incluso inundaciones por efecto del cambio desmedido de los cauces.
Varias de las comunidades que participan en la Alianza tienen sus pozos a la orilla de los ríos como el Lagarto y Guacimal. Con la eliminación de la evaluación ambiental, desaparece legalmente le posibilidad de oponerse de forma efectiva a las afectaciones que puede provocar la sobreexplotación de los cauces.
Para concluir, les contamos que:
Actualmente vemos claro en Puntarenas los cambios ambientales que van sucediendo por la alteración climática global, que se suma a un pasado de prácticas ambientales inconscientes que dañaron nuestro territorio.
Publicado por http://kioscosambientales.ucr.ac.cr
Alianza de comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.
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Este próximo sábado 28 de julio a la 1 p.m. en el Salón Multiusos, de la Universidad de Costa Rica, sede Arnoldo Ferreto, Pacifico Central, se llevará a cabo el conversatorio “Déficit fiscal: Cuando al Gobierno no le alcanza la plata”, donde se discutirá ¿cuáles son las causas de esa situación y qué consecuencias tiene para nuestras vidas?
Panelista: Dr. Luis Paulino Vargas, Economista, director del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED.
*Entrada gratuita.
Organizado por Coalición Costa Rica, Puntarenas, Cantón Central.
Enviado por Luis Alberto Soto.
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Se ha preguntado usted ¿Cuánto vale un vaso de agua en Costa Rica? ¿Será que se paga igual por el agua potable procedente del tubo de nuestras casas y por el agua embotellada? Veamos los siguientes datos:
*Recordemos que 1 metro cúbico es igual a 1000 litros de agua. Se asume que de 1 litro de agua, salen 4 vasos.
De esta manera, cuando tomas un vaso de agua embotellada, pagas 2000 veces el costo de un vaso de agua potable que llega a nuestro hogar.
Imagen de portada con fines ilustrativos.
Enviado por Luis Bernardo Villalobos.
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Con el compromiso de anunciar acciones en los próximos días, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) emitió un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo nicaragüense
Previo diálogo con la Coordinadora Universitaria de Nicaragua por la Democracia y la Justicia y basada en el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (FEUNA) emitió un pronunciamiento en relación con la situación prevaleciente en el hermano país de Nicaragua, en el cual demanda que:
La presidenta del directorio de la FEUNA, la estudiante María Daniela Alpízar Hidalgo, instó a cada asociación de estudiantes, unidad académica, instituto y consejo a solidarizarse con el pueblo nicaragüense y adherirse al pronunciamiento emitido por la organización estudiantil.
***Mayores detalles con María Daniela Alpízar Hidalgo, presidenta de la Feuna, al 2277 3826 o al 8758-7762.
Enviado por UNA Comunicación.
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La Rectoría y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional (IEM-UNA) invitan a la presentación del libro: Masculinidades en la cultura del fútbol, este próximo martes 24 de julio, a las 9 a.m. en el Auditorio Clodomiro Picado, Campus Omar Dengo UNA.
Participan:
Patricia Mora Castellanos, ministra de la Condición de la Mujer INAMU.
Roxana Arroyo, profesora Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad del Posgrado del Estado de Ecuador, vicepresidenta Fundación Justicia y Género.
Julián Solano, presidente Unión de Clubes de Fútbol de Primera División (UNAFUT).
Modera:
Zaira Carvajal Orlich, directora Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).
A propósito del inicio del campeonato nacional de fútbol de invierno y ante el dramático aumento de casos de violencia de género reportados durante partidos, esta publicación cobra especial relevancia al abordar temas como los siguientes:
Las formas de violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres y hacia sí mismos.
“Tener güevos”: la representación masculina del aguante, la valentía y la bravura en el fútbol.
Los otros no masculinos: “putos, maricones, cochones y huecos”.
Reeducando a los aficionados en una vida libre de violencia.
El rol de las federaciones nacionales e internacionales que rigen el fútbol.
Además…
Se presentará la campaña divulgativa de la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG-UNA).
En el acto se hará entrega de un ejemplar de la PIEG-UNA y su plan de acción a las decanaturas de las diferentes facultades de la Universidad.
***Mayores detalles con Carmen Ulate, coordinadora de la PIEG-UNA, a los teléfonos 2277-3974 / 8910-4668 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por Oficina Comunicación UNA.
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Nicolás Boeglin (*)
El pasado 16 de julio, 13 Estados de América Latina difundieron un comunicado conjunto en el que condenaron firmemente los actos de violencia que se viven en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, que ya han costado la vida a más de 300 nicaragüenses, y en el que, entre otros puntos:
«Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares» (véase texto integral en español reproducido al final de esta nota y remisión a su versión en portugués).
A diferencia de los comunicados oficiales elaborados por un solo Estado, en el que puede modular el vocabulario utilizado en función de su cercanía, distancia o bien hostilidad con las autoridades del Estado objeto del comunicado, los comunicados conjuntos obligan a los aparatos diplomáticos de diversos Estados a acordar y a consensuar un texto colectivo.
Una comparación con comunicados similares adoptados a raíz de las crisis políticas internas vividas en Honduras (2009), Paraguay (2012), Venezuela (2014) y Brasil (2016) arrojaría posiblemente interesantes hallazgos con relación a la consistencia de algunos.
Si bien esta profunda crisis política en Nicaragua ha dado lugar a un gran número de opiniones y análisis desde el punto de vista político, desde la perspectiva jurídica han sido mucho menos; o bien, se ha mencionado el derecho internacional «en passant«, sin tener mucha claridad sobre su alcance real en el caso de una situación como la que vive Nicaragua. Los comunicados oficiales conjuntos que se han multiplicado en las últimas semanas a raíz de esta crisis evidencian las reglas que se imponen a los Estados y a las organizaciones internacionales, tal y como lo veremos a continuación.
Este pronunciamiento colectivo suscrito por 13 Estados de América Latina fue precedido un día antes por un comunicado por parte de la Unión Europea – UE- (véase texto oficial) que se lee así:
«The acts of violence against students and civilians in Nicaragua as well as the delays in providing urgent medical assistance for the wounded are deplorable. We expect the authorities to ensure the security of the population and the respect for fundamental rights. All violence must stop now. We reiterate our appeal for a peaceful and democratic solution for the situation in the country in the framework of the national dialogue«.
Además del comunicado de 13 Estados en América Latina y del llamado hecho por los responsables de la política exterior de los 28 Estados Miembros de la UE, una instancia de Naciones Unidas en derechos humanos también alzó la voz: el mismo 17 de julio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en un comunicado oficial (véase texto completo) que:
«La espantosa pérdida de vidas debe detenerse inmediatamente. Es imperativo que el Estado nicaragüense, que tiene obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, garantice el derecho a la vida y la seguridad de la población, así como los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y adopte medidas concretas lo antes posible para terminar la crisis y encontrar una solución pacífica«.
Tal y como se puede apreciar, la presión diplomática sobre las autoridades de Nicaragua se concentró en los últimos días, al conmemorarse el pasado 18 de julio tres meses desde el inicio de las protestas, y al celebrarse el 19 de julio en Nicaragua, en circunstancias muy peculiares, una festividad como el denominado «Día de la Revolución«, conmemorando el triunfo definitivo de la revolución sandinista de julio de 1979.
Precisamente el mismo 18 de julio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua (véase nota con texto completo): el texto fue adoptado por voto, con 21 votos a favor. Esta última votación debe compararse al hecho que el pasado 5 de junio, fue la Asamblea General de la OEA la que aprobó una declaración titulada «Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua» (reproducida integralmente en esta nota nuestra): esta resolución fue adoptada por consenso entre los delegados de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Estos llamados repudiando el uso de la violencia se justifican por la situación algo atípica que se vive en Nicaragua, en la medida en que gran parte de los fallecidos y heridos son civiles y estudiantes protestando sin armas en las calles, víctimas de francotiradores y grupos paramilitares y parapoliciales que actúan encapuchados con la complacencia de las autoridades. La agencia japonesa de cooperación JICA expresó su preocupación al observar vehículos donados por ella en operaciones violentas de las fuerzas de seguridad contra manifestaciones callejeras (véase nota de prensa del 4/07/2018).
Pese al profundo dolor que embarga a muchas familias nicaragüenses tanto dentro como fuera de Nicaragua, desde la perspectiva internacional, estamos ante una situacion de carácter interno: sobre este preciso ámbito, el mismo derecho internacional público prohibe expresamente a otros Estados intervenir en sus asuntos internos. Lo cual no significa que no puedan externar criterio alguno manifestando su profunda preocupación ante determinada situación de violencia mediante comunicados oficiales.
Ello explica que entidades internacionales y Estados procedan a elaborar estos llamados y estos comunicados oficiales, exigiendo el cese de la violencia y la búsqueda de un mecanismo que permita el diálogo en aras de encontrar una salida política a la crisis política que sufre Nicaragua.
Ahora bien, como integrante de la OEA y como Estado parte de varios instrumentos interamericanos de derechos humanos, el Estado de Nicaragua está sometido a las obligaciones que derivan de estos últimos en materia de resguardo del orden público y de garantías otorgadas a manifestantes en vías públicas. Acciones policiales recurriendo a un uso de la fuerza desproporcional e indiscriminado contra manifestantes atentan gravemente contra estas obligaciones, al igual que la falta de investigación y sanción de responsables de hechos violentos y muchas otras actuaciones de las autoridades de Nicaragua evidenciadas en los últimos meses.
Precisamente el pasado 21 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer un detallado informe sobre la situación de violencia que se vive en Nicaragua en el que identifica patrones de conducta de sus autoridades sumamente cuestionables (véase breve nota nuestra con remisión al informe de 91 páginas de la misma ComIDH).
Como parte de las herramientas legales de las que disponen las víctimas en Nicaragua, la CIDH anunció el pasado 12 de julio haber ordenado una serie de medidas cautelares a las autoridades de Nicaragua en aras de resguardar y de proteger la vida de varios líderes sociales y estudiantiles objeto de amenazas y de actos de intimidación (véase comunicado de prensa de la CIDH del 12/07/2018).
Además de las herramientas jurídicas que corresponden al mandato de la CIDH, la crisis en Nicaragua ha dado lugar a la creación de dos entidades que trabajan in situ:
– desde el 24 de junio quedó formalmente instalado el Mecanismo de Seguimiento en Nicaragua (MESENI), ente interamericano que supervisa y que monitorea la situación desde Nicaragua, así como el seguimiento hecho por el Estado a las recomendaciones de la CIDH (véase comunicado oficial de la CIDH del 25/06/2018).
– desde el 2 de julio, quedó constituido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encargado de documentar las acciones violentas en Nicaragua (véase comunicado de la CIDH del 2/07/2018). El mandato del GIEI acordado con las autoridades de Nicaragua es de seis meses, y busca garantizar a las víctimas el derecho a la verdad así como identificar a los responsables de hechos violentos.
Justamente este 19 de julio, el MESENI dio a conocer después de tres semanas de trabajo en Nicaragua sus hallazgos, lo cuales señalan, entre muchos otros aspectos, «la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la Policía Nacional y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques ubicados en diferentes ciudades» así como «el alto grado de apoyo y colaboración entre las fuerzas de la Policía Nacional y los grupos parapoliciales encapuchados caracterizado por la coordinación de acciones tanto para el despliegue de actos de violencia, represión, hostigamiento y persecución contra la población, así como para el levantamiento de los tranques. Adicionalmente, pudo constatar que tanto los agentes policiales como parapoliciales han realizado decenas de detención de personas que han sido referidas a centros de detención de la Policía Nacional» (véase comunicado de prensa de la CIDH del 19/07/2018).
Cabe precisar que, en el ámbito universal, Nicaragua es parte de 12 tratados sobre derechos humanos de Naciones Unidas que preven mecanismos de supervisión y monitoreo al que pueden en algunos casos acudir las víctimas en caso de violaciones específicas de derechos humanos (malos tratos y tortura, discriminación, por ejemplo) o que afecten a una categoría específica de personas (mujeres, niños, comunidades indígenas, entre muchos otros): véase estado oficial de ratificación. Es de notar que Nicaragua acumula desde varios años un atraso significativo con relación a la presentación de informes del Estado a varios comités u órganos de supervisión de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como a solicitudes de mecanismos no convencionales que han emitido recordatorios sin mayor éxito para visitar Nicaragua (véase listado oficial): una señal inequívoca, a la que lamentablemente, muy pocos fuera de Nicaragua, le han prestado la debida atención.
Por el momento, la máxima instancia en derechos humanos dentro de Naciones Unidas como lo es el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por 47 Estados (véase listado oficial de miembros) no ha adoptado ninguna decisión sobre la situación en Nicaragua. Por parte de América Latina, lo integran Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, México, Panamá y Perú y Venezuela.
Ante la coyuntura actual que se vive en Nicaragua y las reacciones suscitadas en el plano internacional, es importante distinguir el ámbito político de lo jurídico. La presión diplomática que ejercen Estados y organizaciones internacionales mediante comunicados intenta poner un freno a la violencia en Nicaragua. A su vez, el sistema interamericano activado monitorea desde fuera pero también a partir de dos entidades in situ, la situación desde la perspectiva de los derechos humanos.
La presión diplomática se ejerce según los usos que conocen bien los aparatos diplomáticos, salvo situaciones singulares que se pueden presentar de manera esporádica. Al respecto que, a pocos días de estallar la crisis política a mediados de abril del 2018 en Nicaragua, sus autoridades cursaron una nota de protesta, aduciendo una indebida injerencia de Costa Rica, al valorar uno de sus altos funcionarios la situación interna en Nicaragua (véase nota nuestra con texto del comunicado de Nicaragua del 20 de abril del 2018).
Como parte de la lectura peculiar que algunos hacen desde Costa Rica de la situación imperante en Nicaragua, un ex Presidente de Costa Rica sugirió este 18 de julio llevar al Presidente de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional (CPI) (véase nota de prensa), sin percatarse (tal vez) que Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma adoptado en 1998, instrumento que cumplió 20 años este 18 de julio (véase listado oficial de Estados Partes).
A modo de conclusión
Como bien es sabido, el derecho internacional público es una rama del derecho que intenta regular las relaciones entre varios Estados o resolver disputas entre varios Estados. En el caso de situaciones internas de violencia que no involucran a otros Estados, el accionar del derecho internacional es limitado, al menos a la fecha, a mecanismos de derechos humanos vigentes en virtud de instrumentos internacionales aceptados por el mismo Estado: el MESENI y la CIDH están documentando y monitoreando la situación en Nicaragua en el marco de las atribuciones que le corresponden acordadas con las autoridades de Nicaragua, mientras el GIEI busca con sus investigadores hacer una realidad el derecho a la verdad de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
Los ofrecimientos que desde el exterior puedan hacer Estados y organizaciones internacionales para intermediar en una crisis política interna y para crear un clima propicio para resolverla son también recomendables, y por ello es que varios de los comunicados conjuntos precitados apuntan en esta precisa dirección.
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Texto completo del comunicado conjunto suscrito este 16 de julio del 2018 por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, difundido desde el sitio oficial de la diplomacia de Argentina (la versión en portugués está disponible en este enlace del sitio del Palacio del Itamaraty en Brasil).
Declaración Especial sobre la situación en la República de Nicaragua lunes 16 de julio de 2018
Los Gobiernos de la República Argentina, República Federativa de Brasil, República de Chile, República de Colombia, República de Costa Rica, República del Ecuador, República de Guatemala, República de Honduras, México, República de Panamá, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay, ante la situación en la República de Nicaragua:
Expresan su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado hasta la fecha la lamentable pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos; la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.
Exigen el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense; y el desmantelamiento de los grupos paramilitares
Instan a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las Partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los Derechos Humanos y el Estado de derecho en ese país;
Apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses;
Agradecen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instan al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);
Hacen un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.
(*)Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Enviado por el autor.
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Silvia Monturiol F. / Periodista UNA
Aportar alternativas viables para directivos en formación y en ejercicio tendientes al mejoramiento permanente de la gestión de centros educativos es el objetivo de una comisión de enlace, conformada por académicos de las carreras de administración educativa de la UNA, la UCR y la UNED.
“Si lo que queremos es educación de calidad, tenemos que apostar por una gestión curricular encauzada a responder a las necesidades e intereses del estudiantado”, afirmó Virgina Cerdas, coordinadora de la carrera de Administración Educativa de la Universidad Nacional (UNA) e integrante de esta comisión interuniversitaria.
En esta dirección, se imparte el curso “Actualización profesional para administradores de la educación”, dirigido a 40 directores en ejercicio de centros educativos de diferentes regiones del país.
Patrocinado por el Colegio de Licenciado y Profesores (Colypro) y coordinado con el Instituto de Desarrollo Profesional (IDEP) del Ministerio de Educación Pública (MEP), este curso incluye tres módulos: Modelos de gestión y política educativa, Gestión curricular y herramientas de mejora y Evaluación para la transformación de la gestión curricular.
El primero de estos módulos bimensuales arrancó, a finales de mayo pasado, con el seminario “Retos en materia de gestión escolar ante la nueva política educativa”, impartido por el especialista Serafín Antúnez, de la Universidad de Barcelona, España, considerado un referente en Hispanoamérica en el campo de la administración educativa.
El segundo módulo inició la última semana de julio por medio de la plataforma virtual de la UNED; mientras que como parte del tercero, a principios de setiembre, se contará con el experto Charles Slater, coordinador del Doctorado en Liderazgo de la Universidad de Long Beach, California, Estados Unidos, quien expondrá sobre el tema Liderazgo para la gestión curricular, en el auditorio del Centro de Investigación y Docencia en Educación (Cide-UNA).
El curso culmina en noviembre con gira a centros educativos con prácticas de gestión exitosas tanto del área metropolitana como de la zona rural.
La académica de la UNA Virginia Cerdas destacó la importancia de ofrecer actualización profesional en este tema, pues considera que la gestión curricular es el eje principal que dinamiza toda la gestión de un centro educativo porque es la que vela para que la oferta educativa sea de calidad y responda a necesidades de cada contexto.
Añadió que la gestión curricular sobrepasa la gestión administrativa para dar sentido al quehacer educativo; “es la razón de ser del centro educativo porque permite una transformación socioeducativa, la cual está ligada al perfil de ciudadano que queremos en el país.
En ese sentido, aseguró que la labor de los directores de los centros educativos es sustantiva; “si tenemos directores que sepan hacer la gestión curricular vamos a tener como consecuencia, centro educativos de calidad que velan por la formación integral del estudiante”.
Desde 2017 se han venido haciendo esfuerzos para abrir espacios de diálogo y reflexión sobre el quehacer de los directivos de los centros educativos, los desafíos que enfrentan y el papel de las universidades como centros de formación para la transformación social.
En este sentido, el año pasado se contó con la participación de la experta argentina Pilar Pozner, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la gestión escolar. La especialista compartió con académicos, estudiantes y directivos escolares en octubre de 2017.
***Mayores detalles con Virginia Cerdas, coordinadora de la carrera de Administración Educativa de la UNA al 8366-4841 o en la Oficina de Comunicación 2277-3067.
Imagen tomada de la nota: LA UNA comparte la producción académica con centros educativos de la zona indígena Curre.
Enviado por Oficina Comunicación, UNA.
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