Autor: María José Ferlini Cartín

Luis Paulino Vargas Solís (*)

Consideraciones generales

1) Costa Rica necesita encontrar una solución para el problema del déficit fiscal, cuyos riesgos principales derivan del crecimiento de la deuda, el estrujamiento que ésta pone sobre servicios públicos esenciales y, en especial, las presiones internacionales que todo esto trae consigo.

2) Hablar de déficit fiscal y deuda pública, inevitablemente evoca la idea de “exceso”, de donde se desprende el convencimiento de que es necesario “socarse la faja”, y optar por la austeridad y la contención. Es un “sentido común” muy popular que, dependiendo de las condiciones económicas, puede constituir un grave error.

3) En el período posterior a 2008, ciertamente ha habido un crecimiento de los gastos que excede del crecimiento de la producción nacional. En principio (años 2009-2013) la presión alcista venía principalmente de los rubros de remuneraciones y transferencias. Posteriormente su crecimiento se modera un poco, pero, en cambio, se disparan los gastos por intereses.

4) Con la crisis de 2008-2009, la capacidad de recaudación del Estado se cayó y jamás logró recuperarse, lo cual también abrió un hueco considerable en las finanzas públicas.

5) Durante todo el período posterior a 2008, la economía de Costa Rica crece alrededor de un 25-30% por debajo de sus estándares históricos de largo plazo (período 1983-2008). Por ello, hoy es alrededor de un 14-15% más pequeña de lo que sería si hubiese logrado reinstalar aquellas tendencias históricas. Ello ha tenido dos consecuencias dañinas: agrandó el efecto relativo del aumento de los gastos públicos, y debilitó los ingresos desde sus raíces más fundamentales, toda vez que la anemia crónica de la economía –sobre todo en un contexto de agudos problemas del empleo– inevitablemente impacta sobre la progresión de los ingresos que el gobierno logra captar.

6) En la Costa Rica actual, hay una enorme cantidad de personas que, por más que quisieran, no pueden contribuir con el pago de impuestos, porque o no tienen trabajo o el que tienen es muy mal remunerado. De ahí que podamos decir que más que gastos en “exceso”, lo que tenemos es ingresos insuficientes. Pero se nos propone recortar gastos, poniendo en riesgo el desarrollo futuro del país y creando condiciones para el ahondamiento de la desigualdad, o bien aumentos de impuestos cuyo inapropiado diseño podría hacer que gente que hoy sí tiene trabajo y sí paga sus impuestos, pierda ese trabajo y deje de pagar esos impuestos. Por cierto, los recortes de gasto también harían que la economía, que ya viene lenta, termine de quedar varada, empeorando entonces el empleo y debilitando aún más la recaudación de impuestos.

7) Recortar gastos públicos tendría sentido, si pudiéramos tranquilamente afirmar que todas las necesidades y demandas de la ciudadanía están satisfechas de sobra. Sin la menor duda, no es el caso. Lo cual no niega que haya ineficiencias, entrabamientos burocráticos e incluso vicios y excesos, que deben corregirse. Pero corregir para mejorar es algo muy distinto que mutilar.

8) A lo cual debe sumarse el hecho de que el sistema tributario de Costa Rica está de cabeza: quienes más tienen no contribuyen como se debiera (de hecho defraudan al fisco con pasmosa regularidad), lo que debilita aún más la capacidad recaudatoria del Estado y ahonda la injusticia y la desigualdad.

En resumen estamos necesitando:

1. Condición sine qua non: Reactivar vigorosamente la economía y, sobre todo, el empleo.
2. Avanzar hacia un sistema tributario realmente justo, progresivo, asentado en un diseño moderno.
3. Llevar adelante una reforma del Estado sustantiva, que permita levantar la productividad, la calidad, eficiencia, calidez y eficacia de los servicios públicos y de la institucionalidad pública en general. Esto demanda un proceso participativo y democrático de diálogo transparente, generoso y muy patriótico.

Para reactivar la economía y el empleo

1. No existe ninguna fórmula milagrosa, y definitivamente no se resolverá con las groseras simplezas que se han venido proponiendo (capacitación en el INA; crédito de banca para el desarrollo; “formalizar ‘a güevo’ la informalidad”, etc.).

2. La economía y el empleo podrían reactivarse si se lograran activar una o varias de las siguientes fuerzas impulsoras:

1. El consumo de la gente (muy improbable, dado el estancamiento de los salarios, los gravísimos problemas del empleo y los altos niveles de deuda de personas y familias).
2. La inversión productiva de las empresas (difícil en el tanto no hayan mercados dinámicos que justifiquen producir más, ni se subsanen los problemas de competitividad –recordemos que estamos en un contexto capitalista– que afecta a buen parte de la planta empresarial costarricense).
3. Las exportaciones y el turismo: ya se han dinamizado tanto como era posible en un contexto mundial algo más favorable. Sin embargo, y dado que el grueso de ese dinamismo se concentra en las zonas francas, el efecto positivo para el resto de la economía –inclusive el empleo y las finanzas públicas– ha sido insignificante.
4. La inversión pública: la cual se mantiene varada, en parte por rigideces burocráticas jamás resueltas, en parte por decisión política derivada de las medidas fiscales de austeridad.

3. De las anteriores, la única opción susceptible de un manejo político directo en el corto plazo, es la inversión pública: darle un buen empujón, planificada de forma tal que, hasta donde resulte posible, maximice su capacidad de generación de empleos y el uso de insumos de producción nacional, lo que a su vez maximizará el efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Esto se dice fácil, pero es mucho más complicado de llevar a cabo. De hecho, solo es posible con base en un gran acuerdo nacional para:

1. Romper cuellos de botella burocráticos y facilitar una fluida coordinación institucional;
2. Desanudar “amarres” legales;
3. Aprovechar expeditamente todos los fondos externos disponibles que no se están utilizando, y movilizar recursos financieros actualmente existentes en fondos de pensiones y asociaciones solidaristas;
4. Establecer un compromiso efectivo y real de cooperación –generosa, patriótica y transparente– entre las diversas instituciones públicas, organizaciones ciudadanas y también las empresas privadas, en especial las que puedan participar en los contratos de construcción de obra pública.

4. Se podría intentar asimismo tratar de reanimar la inversión privada, mediante la orientación prioritaria del crédito y la reducción de las tasas de interés, aunque dadas las condiciones adversas a las que brevemente hice referencia, ello en lo inmediato no sería fácil de lograr.

5. Medidas de carácter más focalizado y puntual podrían contribuir a dinamizar la economía en regiones más deprimidas y empobrecidas:

1. Promoción del turismo interno.
2. Facilitación de mercados regionales para productos agropecuarios, artesanales y de pequeña industria.
3. Fortalecimiento de las cadenas de comercialización que facilite el que esas producciones locales alcancen los mercados urbanos masivos.

6. Todo lo anterior sentaría las bases para un esfuerzo más amplio, que se prolongaría a mediano y largo plazo, encaminado a refundar nuestro aparato productivo sobre nuevas bases que, asimismo, cree las condiciones para un dinamismo sólido y perdurable:

1. Mayores niveles de productividad, con más valor agregado en la producción, densos encadenamientos productivos y mayor contenido de conocimiento.
2. Una economía más diversificada, capaz de aprovechar plenamente sus potencialidades y dotación de recursos productivos, incluyendo las especificidades de cada una de las regiones.
3. Con un desarrollo regionalmente equilibrado y socialmente inclusivo, que democratice la propiedad, abra posibilidades para la participación de las mujeres y distribuya los ingresos equitativamente.
4. Capaz de aprovechar mejor los mercados internacionales a los que hoy se tiene acceso, y de proyectarse a nuevos mercados, hoy escasamente explorados, y que busque maximizar las posibilidades de integración económica, cooperación, inversión conjunta y comercio a nivel centroamericano.
5. Construido de forma democrática y participativa, desde las regiones, las municipalidades y las diversas organizaciones ciudadanas.
6. Meticuloso en grado sumo en todo lo que signifique el cuido de los equilibrios naturales.
7. Asentado, por lo tanto, en una matriz energética renovada, basada en fuentes limpias.

Reforma tributaria de fondo, moderna, justa y progresiva

1. La reforma tributaria actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa es, en el mejor de los casos, un parche mal puesto y, en el peor, otro retroceso que agrava la inequidad del sistema tributario costarricense. En su mayor parte lo que hace es sustraer recursos del bolsillo de grupos medios y pobres, lo que debilitará aún más el consumo privado y, por lo tanto, ralentizará aún más la economía. La han justificado aduciendo que facilitará tener acceso a créditos externos por $1000 millones. Al momento de escribir esto se ha dado a conocer además, planes para la colación de bonos en los mercados financieros internacionales por $4000 millones. Con ello, sin embargo, lo que se hace es admitir que el problema no está siendo resuelto y que se opta, una vez más, por patear la bola hacia delante, pero además eligiendo la vía que mayor vulnerabilidad puede generar en el mediano y largo plazo: la emisión de deuda en una moneda extranjera que, por lo tanto, Costa Rica no emite ni controla.

2. Teniendo en cuenta que el discurso oficial magnifica las amenazas asociadas al actual problema fiscal, lo que entonces corresponde, de forma proporcional, es exigir que este sea el momento para un verdadero acuerdo nacional alrededor de una reforma sustantiva, y dejar de perder el tiempo con anodinas vagabunderías.

3. Una reforma tributaria seria, debe diseñarse a partir de un criterio central ineludible: que cada quien contribuya según sus posibilidades efectivas, y que los grupos sociales más vulnerables sean protegidos. Esto, que es un imperativo ético y humano ineludible, también es una condición de viabilidad, e incluso una consideración pragmática y de sobrevivencia política. Es así por una cuestión de indispensable legitimidad política, y para empezar a revertir la desigualdad y toda la peligrosa involución que pone en peligro y amenaza destruir la democracia costarricense.

4. Esta reforma debería diseñarse y aplicarse de forma compatible con los esfuerzos de reactivación de la economía y el empleo. Ni cualquier reforma ni cualesquiera tributos resultan entonces apropiados. Evitar, por lo tanto, y en lo posible, los impuestos que compriman el consumo de grupos medios y populares, como los que pudieran penalizar la inversión productiva y frenar la necesaria creación de empleos. Por ello deben priorizarse tributos sobre altos ingresos personales, formas pasivas de riqueza personal, consumo conspicuo, actividades socialmente dañinas y ambientalmente perjudiciales, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero.

5. Equidad horizontal y vertical: es decir, pagarán más quienes más riqueza tienen y mayores ingresos perciben, pero, al mismo tiempo, pagarán igual quienes reciben montos similares de ingreso o controlan cuantías similares de riqueza, independientemente de la fuente de aquellos ingresos o de las características de esta riqueza.

6. Una mayor progresividad sobre los ingresos personales: escalas del 15% en adelante, hasta una tasa marginal del 50% para ingresos muy altos (mayores a 10 millones al mes). Se aplicaría tanto a ingresos provenientes del trabajo, como a ingresos de capital o patrimoniales, a las mismas tasas progresivas. Por ello mismo es importante avanzar hacia la puesta en vigencia del llamado principio de “renta global”, de modo que se tribute sobre la totalidad de los ingresos que una persona recibe, y que se apliquen tasas progresivas y uniformes, independientemente del tipo de ingresos de que se trate.

7. Impuestos sobre grandes herencias, gravadas como un impuesto progresivo sobre ingresos de capital a lo largo de un período suficientemente largo, según las mismas tasas progresivas que se aplicarían a los ingresos del trabajo o del patrimonio o capital, pero a partir de un monto mínimo de herencia (por ejemplo: 200 millones de colones).

8. Impuesto progresivo sobre riquezas o patrimonios personales acumulados (que podrías oscilar entre 0,5 y 1,5% anual), a partir de un mínimo que podría ser de 300 millones de colones.

9. Sobrecargo del 10% sobre impuesto a la renta empresarial para actividades que generen efectos sociales y/o ambientales indeseables.

10. Elevación del impuesto selectivo de consumo al 20% sobre las diversas formas de consumo conspicuo o formas de consumo que propicien la generación de gases de efecto invernadero: autos de lujo; yates; jets privados; joyas; pinturas de muy elevado precio; bebidas alcohólicas muy caras; perfumes exquisitos; etc. Algo similar se aplicaría sobre formas de consumo dañinas para la salud (la comida chatarra, por ejemplo), o para el ambiente (el plástico, por ejemplo).

11. Aprobación del IVA con una tasa del 13%: en la medida en que haya voluntad política de avanzar en una reforma tributaria realmente justa y progresiva, podría justificarse políticamente la aprobación del IVA, sin modificar su tasa actual, con tasas preferenciales para aquellos bienes y servicios considerados prioritarios desde el punto de vista social, y procurando afinar y maximizar las posibilidades del IVA como mecanismo para el control cruzado del fraude fiscal. En todo caso, la aplicación del IVA se pospondría por un plazo de dos años a fin de que no entorpezca los esfuerzos de reactivación de la economía.

12. Combatir decididamente el fraude fiscal: la evitación del pago de impuestos, hasta por un monto que excede del 8% del PIB (según algunos estudios), es a todas luces excesivo, sobre todo cuando la carga tributaria (monto de impuestos respecto del PIB) apenas llega al 13%. Al respecto, cabe considerar políticas como las siguientes:

1. Definir metas cuantitativas explícitas de reducción del fraude, a razón, por ejemplo, del equivalente al 0,75% del PIB al año.
2. Reforzar el personal de la administración tributaria y elevar sus niveles de calificación.
3. Elevar la calidad de la infraestructura informática y tecnológica.
4. Reformas legales que permitan levantar los velos que encubren la riqueza y los ingresos de las personas y familias más adineradas. Es indispensable que se instale en nuestra cultura la convicción de que la transparencia en materia tributaria es un muy básico deber ciudadano.
5. Una política de Estado que promueva una vigorosa cooperación internacional para combatir y sancionar el fraude fiscal, con la meta de llegar a la total proscripción de los paraísos fiscales.

Reforma del Estado sobre bases dialógicas y participativas

1. El sector público de Costa Rica no es excesivamente grande. Por el contrario, es pequeño: lo es respecto de lo que es usual en los países de más alto nivel de vida en el mundo, como claramente lo es respecto de las necesidades y demandas de la ciudadanía, del desarrollo de la economía, la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, y el logro de una efectiva protección de la naturaleza.

2. Revolución de la productividad en el sector público costarricense: es un completo desatino ideológico hablar de recorte o reducción. Lo que corresponde es centrar el esfuerzo en el logro de mayor eficiencia y eficacia; mayor calidad y calidez en los servicios; fluidez organizativa y cooperación interinstitucional; combate enérgico a cualquier forma de corrupción.

3. Es seguramente necesario entrar a estudiar los sistemas de contratación y remuneración en el sector público. Hay incoherencias y algunos excesos, sin que esto signifique que deba imponerse criterios estándar, inapropiados puesto que distintas instituciones atienden distintos problemas y tienen distintos requerimientos. Es indispensable llevar adelante este proceso de forma dialógica y respetuosa, con generosidad y ánimo constructivo por todas las partes. El interés central debería ser uno: tener un personal altamente calificado y muy motivado, comprometido y productivo, remunerado de forma apropiada.

4. ¿Realmente se requiere –como alguna gente lo plantea– fusionar instituciones? No lo creo, o a lo sumo podría tal vez justificarse en casos muy calificados. Lo que sí se requiere es mejorar sustancialmente los mecanismos de cooperación, diálogo y articulación, lo cual también supone desanudar trabas burocráticas y airear espacios feudalizados.

5. Por ello mismo, se requiere reforzar decididamente los dispositivos de rendición de cuentas, participación democrática y control ciudadano. El Estado costarricense debe ser mucho más democrático y el debate sobre las políticas públicas mucho más transparente y participativo, y mucho mejor informado. Costa Rica no puede darse el lujo de permitirse ninguna involución democrática. Por el contrario, nuestro objetivo debe ser avanzar hacia una democracia más plena y participativa, realmente pluralista.

(*) Director Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, CICDE-UNED.

Enviado por el autor.

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